Procedimiento : 2020/2616(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0147/2020

Textos presentados :

B9-0147/2020

Debates :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Votaciones :

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0054

<Date>{14/04/2020}14.4.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0147/2020</NoDocSe>
PDF 173kWORD 61k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Philippe Lamberts</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}en nombre del Grupo Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0143/2020

B9‑0147/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias

(2020/2616(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la crisis de la COVID-19, que se ha cobrado más de cien mil vidas en todo el mundo, más de la mitad de las cuales en la Unión, y que ha obligado a restricciones extraordinarias de la actividad económica y social, representa un choque exógeno y simétrico para los sistemas sanitarios, las sociedades y las economías de la Unión de proporciones sin precedentes y que exige una respuesta de la Unión de una magnitud, un alcance y una solidaridad también sin precedentes;

B. Considerando que la confianza en la Unión por parte de sus habitantes dependerá fundamentalmente de la voluntad y la capacidad de esta y de sus Estados miembros para colaborar a fin de garantizar que los costes sanitarios, sociales y económicos de la crisis queden mitigados en la medida de lo posible y que los asuman quienes tengan mayor capacidad de hacerlo;

C. Considerando que la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 hasta el momento se ha caracterizado por la falta de coordinación entre los Estados miembros en cuanto a medidas de salud pública, como las restricciones a la circulación de personas en el interior de cada país y a través de las fronteras y la suspensión de otros derechos y normas;

D. Considerando que los Estados miembros que han sufrido las repercusiones de salud pública y económicas más graves no han recibido suficiente apoyo logístico, material y financiero de aquellos Estados miembros en condiciones de facilitarlos;

E. que no deben verse obstaculizados los esfuerzos de ningún Estado miembro para hacer frente a las consecuencias en materia de salud pública, sociales y económicas derivadas de la COVID-19 por la perspectiva de una deuda adicional insostenible o de condiciones estrictas para la asistencia financiera, excepto la obligación de utilizarla para gastos relacionados con la crisis;

F. Considerando que la crisis de la COVID-19 en el interior de las fronteras de la Unión no significa que esta pueda desentenderse de sus responsabilidades para con las personas que lo necesitan dentro y fuera de sus fronteras;

G. Considerando que la crisis de la COVID-19 ha revelado una falta fundamental de resiliencia en la Unión y en el sistema económico internacional, en especial en relación con las cadenas de suministro largas y los sistemas de entrega «justo a tiempo» de productos médicos clave y otros bienes esenciales, que debe subsanarse a fin de mitigar los efectos de tales crisis;

H. Considerando que el Pacto Verde Europeo, lejos de ser un lujo a la luz de la crisis, debe ser la piedra angular de un programa de inversión masiva y de transformación que ayude a la Unión a recuperarse económicamente de la crisis y a construir la resiliencia ambiental, social y económica que prepare a la Unión para el futuro;

Una respuesta unida y decidida a una crisis compartida

1. Expresa su más profunda solidaridad con todas las personas infectadas por el virus y que están luchando por su vida, así como a sus familiares y amigos; comparte el dolor de quienes han perdido a sus seres queridos por el virus;

2. Aplaude a las decenas de miles de personas, profesionales médicos y de otros servicios esenciales, a las organizaciones de la sociedad civil y a voluntarios a título individual, que dedican su tiempo a ayudar, a menudo poniendo en grave peligro su propio bienestar, a los afectados por la COVID-19 en toda la Unión;

3. Celebra las muestras de solidaridad de que ha sido testigo entre países y regiones; lamenta profundamente, al mismo tiempo, la falta de solidaridad mostrada por determinados Estados miembros durante esta crisis, en especial hacia aquellos Estados miembros afectados más gravemente por la situación actual;

4. Elogia la creatividad y la velocidad en la respuesta a la crisis que han mostrado numerosas empresas del sector privado; lamenta, no obstante, los intentos de algunos de proteger o promover intereses privados restringidos en detrimento de la lucha contra la COVID-19, o de sacar partido de los miedos legítimos de la población;

5. Reconoce que esta crisis, como las que la precedieron, subraya el papel fundamental del Estado como garante del interés general de nuestras sociedades, en especial como asegurador e inversor en última instancia para familias y empresas por igual;

6. Hace hincapié en que, en este momento crítico, todas las personas que viven en la Unión esperan y merecen garantías de que los dirigentes políticos a todos los niveles de elaboración de políticas actuarán con decisión y con plena solidaridad mutua para hacer todo lo que sea necesario para superar la amenaza común planteada por la COVID-19 para nuestras sociedades y economías;

7. Afirma que las deficiencias de nuestra respuesta colectiva a esta crisis, ahora y en el futuro, pueden dañar sin remedio a la cohesión de nuestras sociedades, la fuerza de nuestras democracias, la propia existencia del proyecto europeo y nuestra capacidad colectiva para hacer frente a los desafíos ambientales que seguiremos afrontando durante mucho tiempo en el futuro;

8. Recuerda que el bienestar de su población es la auténtica razón de ser de la Unión y, por tanto, insiste firmemente en que todas las medidas adoptadas deben tener como prioridad las necesidades de las personas, regiones y países más afectados por los aspectos médicos, sociales y económicos de la crisis de la COVID-19 con objeto de garantizar que nadie se quede atrás y que se reduzcan, y no aumenten, las desigualdades por la respuesta a la crisis o la falta de respuesta;

9. Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que se atrevan a pensar más allá de los límites institucionales autoimpuestos y se muestren unidos, valientes y creativos para encontrar y proporcionar los medios médicos, sociales y económicos para superar la COVID-19; celebra, en este sentido, las medidas ya adoptadas, como la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por la Comisión y el plan de estímulo del BCE, el programa de compras de emergencia frente a la pandemia, de 750 000 millones de euros;

10. Insiste en que el mercado único, lejos de ser un obstáculo, puede y debe utilizarse para salvar vidas facilitando la circulación de bienes, servicios y trabajadores esenciales;

11. Rechaza enérgicamente cualquier renuncia por causa de esta crisis a logros democráticos, sociales, económicos y ambientales que tanto les costó alcanzar la Unión y sus Estados miembros, e insiste en cambio en que se redoblen los esfuerzos para profundizar en dichos logros;

12. Condena cualquier intento de los Gobiernos de la Unión o de terceros países, mediante medidas de emergencia o de propaganda, por aprovechar la crisis de la COVID-19 como excusa para restringir o distorsionar los derechos fundamentales y la democracia a fin de defender limitados intereses políticos nacionales o mundiales a través de medidas que no se justifican por los efectos de la COVID-19 ni son proporcionales a estos; insta a la Comisión y al Consejo a que se opongan con determinación a tal comportamiento;

13. Pide que, al recuperarse de la crisis, las instituciones de la Unión, en estrecha cooperación con los Estados miembros, adopten las medidas necesarias para detectar rápidamente y subsanar realmente las carencias puestas de manifiesto en los mecanismos de la Unión para una respuesta unida y eficaz a las crisis; subraya que ello implica mejorar no solo la preparación, la toma de decisiones y el reparto de recursos y cargas en el ámbito de la Unión, sino también, lo que es más importante, la resiliencia estructural subyacente frente a crisis importantes que afectan a las economías y a los servicios públicos de la Unión;

14. Insiste en que el Pacto Verde Europeo y la estrategia digital europea deben tener un papel destacado en la estrategia de recuperación tras la crisis; hace hincapié en que un programa de inversión reforzado para crear nuevas infraestructuras físicas y digitales y sistemas altamente eficientes en el uso de recursos para la producción, distribución y reutilización o reutilización de energía, alimentos, bienes y servicios mejorará enormemente la resiliencia de la Unión frente a futuras emergencias sanitarias, económicas y geopolíticas;

Protección de quienes viven en la Unión, en especial los más vulnerables, ante los efectos de la crisis

15. Subraya que resulta fundamental que las instituciones de la Unión coordinen la información, las decisiones y las acciones clave de los Estados miembros destinadas a proteger a los más vulnerables ante los devastadores efectos sociales y económicos de la crisis de la COVID-19 e insiste en que, en estos momentos, debe ser una prioridad;

16. Celebra las iniciativas de solidaridad, tales como poner en común e intercambiar información y recursos médicos, que han llevado a cabo varios países y regiones en las últimas semanas; lamenta profundamente, sin embargo, la falta de actos de solidaridad rápidos y colectivos de los Estados miembros de la Unión, en especial con Italia, cuya petición de suministros médicos no obtuvo respuesta, y con España, también gravemente afectada por la situación actual;

17. Pide que los Estados miembros y las instituciones de la Unión se coordinen, junto con los países vecinos, para garantizar la producción y distribución más estratégicas de suministros médicos, el intercambio de información y de conocimientos técnicos, el apoyo económico y la continuación de la libre circulación de mercancías con miras a garantizar que se cubren las necesidades básicas;

18. Hace hincapié en que la Unión debe ayudar a los Gobiernos de los Estados miembros a poner en común las mejores prácticas y a prestar apoyo específico a aquellos grupos y personas aislados socialmente, las personas con problemas de salud previos, sin hogar, de más edad, los reclusos y aquellos grupos, como el romaní, marginados o que sufren discriminación y desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria; destaca, en especial, que debe garantizarse la continuidad en la prestación de asistencia personal y atención a las personas con discapacidad;

19. Insta a la Unión y a los Estados miembros a que apliquen medidas específicas para proteger a las personas sin hogar y a que proporcionen ayuda económica a ONG y autoridades locales que prestan asistencia en primera línea;

20. Insiste en que la Comisión y los Gobiernos de los Estados miembros deben garantizar que la información relativa a la salud y a la seguridad pública general se presenta de manera clara y sencilla, también en formatos accesibles y utilizables por personas con discapacidad;

21. Pide que las instituciones de la Unión y los Estados miembros pongan todos los medios posibles de apoyo financiero a disposición de los cientos de miles de personas de toda la Unión cuyo medio de vida se ha perdido o se ha deteriorado en gran medida por culpa de la crisis, y que les permitan acceder realmente a dichos medios;

22. Insiste en que las instituciones de la Unión y los Estados miembros se aseguren de que las ayudas financieras públicas concedidas a las empresas para luchar contra los efectos económicos de la COVID-19 se concedan únicamente si la financiación se utiliza en beneficio de sus empleados, y si las empresas beneficiarias se abstienen de abonar dividendos o de recomprar valores mientras reciban dicho apoyo;

23. Insta a la Comisión a que se asegure de que los Estados miembros aplican las normas vigentes en materia de telecomunicaciones, que exigen que tengan acceso a un servicio de internet de banda ancha asequible y adecuado todos aquellos que deben trabajar desde casa, además de los niños y estudiantes que necesitan estudiar, y aquellos que deben mantenerse en aislamiento; insiste en que debe garantizarse para todos el acceso a los servicios digitales necesarios para el trabajo, la educación, la información esencial, los suministros esenciales y los servicios públicos o privados esenciales, independientemente de su situación social o económica;

24. Toma nota del aumento del número de ciberataques contra personas, organizaciones e infraestructuras críticas que ha denunciado Europol, las nuevas formas de fraude dirigidas especialmente a personas vulnerables, como las personas de edad avanzada, y del incremento de la venta de productos médicos y sanitarios, así como equipos de protección personal y medicamentos falsificados y de mala calidad como consecuencia de la escasez de suministros; pide a la Comisión y a los Estados miembros que introduzcan urgentemente medidas preventivas, también mediante campañas de prevención social en los medios de comunicación, prestando especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad;

25. Destaca la importancia de garantizar que el público en general esté informado continua y correctamente sobre fraudes, en especial durante la pandemia de COVID-19; destaca la necesidad de sensibilizar al respecto;

26. Hace hincapié en que las políticas que se apliquen para combatir esta emergencia sanitaria, en especial el requisito de permanecer en casa, deben incluir una perspectiva de género y de protección de los menores centrada en ámbitos en los que las mujeres y los niños se ven afectados de manera desproporcionada por el brote de coronavirus; considera importante garantizar, en especial, que los servicios para las víctimas de violencia permanezcan abiertos y disponibles, y que las denuncias de violencia de género no se consideren menos importantes ni queden desatendidas en este periodo; estima que las medidas especiales deben incluir el refuerzo de los servicios de asistencia, la organización de redes de apoyo y una campaña pública de información supervisada por la Comisión con objeto de informar a las víctimas y a los testigos de violencia doméstica sobre sus derechos; recuerda la situación específica de los niños migrantes, en especial en puntos críticos de Grecia, muy vulnerables a la pandemia debido a sus condiciones de vida; pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta los derechos de los niños y sus necesidades específicas al adoptar medidas sociales y económicas y posteriores a la COVID-19;

27. Pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros para planificar un levantamiento gradual, pragmático, científico y coordinado a escala de la Unión de las medidas de distanciamiento físico y demás restricciones temporales, incluidas las que se están aplicando en las fronteras entre los Estados miembros; lamenta que algunos Estados miembros hayan adoptado medidas unilaterales a este respecto, que amenazan con debilitar las estrategias de otros Estados miembros;

28. Pide que la Unión actúe para proteger a las personas vulnerables, como los refugiados y los solicitantes de asilo, que se encuentran atrapadas en condiciones deplorables en las fronteras de la Unión, en campamentos en los que resulta imposible respetar las medidas de distanciamiento físico, y que deben ser inmediatamente trasladadas a lugares seguros en los Estados miembros donde puedan acceder a atención sanitaria, independientemente de su situación de residencia;

Solidaridad y responsabilidad internacional y derechos humanos

29. Acoge con satisfacción las medidas de apoyo a los países de los Balcanes Occidentales y la Asociación Oriental que ya ha adoptado la Unión y cuya continuidad debería asegurarse mediante iniciativas a largo plazo; pide, en particular, que los países de los Balcanes Occidentales puedan acceder al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y queden excluidos del régimen temporal de autorización de las exportaciones de equipos de protección; insiste en que, en general, dicho régimen de autorización de las exportaciones debe seguir siendo temporal y no debe prorrogarse;

30. Pide a la Unión que refuerce su respuesta en el ámbito de la ayuda humanitaria y al desarrollo, en particular para financiar suministros sanitarios y médicos y ayuda alimentaria de emergencia, y que permita a los Estados africanos adoptar medidas de alcance local para apoyar a las empresas y evitar su quiebra; reclama la integración transversal de precauciones relativas al coronavirus en todas las medidas de ayuda humanitaria para garantizar que la prestación de la ayuda no entrañe riesgos adicionales para las personas más vulnerables y que se disponga sobre el terreno de una infraestructura de higiene mínima; pide que se tengan especialmente en cuenta las necesidades de las mujeres en la respuesta global a la pandemia, ya que, pese a ser quienes más carga soportan en la crisis, rara vez están representadas en la negociación de las medidas de respuesta;

31. Subraya la gran vulnerabilidad de las poblaciones que viven en zonas de conflicto y la necesidad de una respuesta concertada de prevención y reacción frente al virus; considera que la Unión ha de promover activamente el llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas en favor de un alto el fuego mundial inmediato y entablar un diálogo con las partes en conflicto con miras a que atiendan a este llamamiento, respeten el Derecho internacional humanitario y encuentren soluciones políticas duraderas a los enfrentamientos; cree que, como parte de dicho esfuerzo, es necesario que se creen corredores humanitarios y se imponga temporalmente el alto el fuego para garantizar la entrega de ayuda y prestar asistencia a las personas que se encuentran en campos de desplazados internos y refugiados; recuerda, en este contexto, los principios humanitarios fundamentales, entre los que figuran la neutralidad y la imparcialidad;

32. Apoya el llamamiento de los veinticuatro relatores especiales de las Naciones Unidas para que se garantice que las medidas de protección frente a la COVID-19 que ponen en riesgo los derechos humanos sean proporcionadas, necesarias, no discriminatorias y temporales y pide a la Unión que cree un mecanismo público de derechos humanos de alcance mundial en el marco de la COVID-19 para supervisar las restricciones y violaciones de los derechos humanos como consecuencia del brote de COVID-19 en cada país;

33. Propone la celebración de un período extraordinario de sesiones del CDH sobre las repercusiones de la COVID-19 en los derechos humanos y pide a la Unión que participe en una campaña mundial en favor de la puesta en libertad de delincuentes de bajo riesgo, en particular de las personas vulnerables, los presos políticos y los defensores de los derechos humanos que están actualmente en prisión, a fin de reducir el riesgo de exposición al virus en cárceles masificadas;

34. Lamenta los intentos de ciertos Gobiernos de sacarle partido a la crisis de la COVID-19 para consolidar su autoritarismo; condena, en particular, todos los casos de censura, detención e intimidación de periodistas, opositores, profesionales sanitarios y otras personas por criticar la respuesta de su Gobierno; pide a la Unión y a los Estados miembros que tomen medidas al respecto tanto de manera bilateral como, en cuanto tengan la oportunidad, en los foros internacionales y ejerzan presión para que estas personas sean liberadas; pide a todos los Estados que utilizan tecnologías de vigilancia digital para luchar contra la pandemia que respeten escrupulosamente las normas internacionales en materia de derechos humanos; insta a todos los Gobiernos a que garanticen un acceso no discriminatorio a la atención sanitaria;

35. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que atiendan a la petición del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) de que se suspendan todos los pagos de deuda de los países más pobres a otros Estados, así como a la petición de los ministros de Finanzas africanos de que se suspendan todos los pagos de intereses en 2020 y todos los pagos de principal e intereses de los Estados en situación de fragilidad; considera que todos los pagos destinados al servicio de la deuda externa (principal, intereses y tasas) con vencimiento en 2020 deben cancelarse de forma permanente y que la concesión de ayuda financiera de emergencia no debe generar deuda;

36. Subraya la necesidad de replantearse la cuestión de la deuda soberana de los países en desarrollo; recalca la importancia de crear un mecanismo en el seno de las Naciones Unidas para reestructurar la deuda pública y garantizar que los países dispongan de fondos suficientes para reforzar su respuesta de salud pública; hace hincapié en que, en las circunstancias actuales, deben suavizarse o incluso suspenderse temporalmente las condiciones acordadas con el FMI; recuerda que los fondos de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial exigieron recortes presupuestarios en los servicios públicos, incluido el sector de la salud, y de este modo contribuyeron al deterioro de los sistemas sanitarios y educativos de los países en desarrollo y aumentaron su vulnerabilidad ante las epidemias;

37. Hace hincapié en que la Unión debe colaborar todo lo posible con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales para dar una respuesta médica eficaz y crear un mecanismo para combatir las enfermedades peligrosas y poner en común los avances en el desarrollo de vacunas; insiste en la inclusión de Taiwán en los trabajos de la OMS;

38. Reitera que la Unión tiene una responsabilidad especial en la promoción del derecho a una cobertura sanitaria universal como parte de la Estrategia de la UE para África, cuya prioridad debería ser la realización de los derechos humanos básicos, en especial el acceso universal a servicios básicos de salud, aguas y saneamiento;

Normas de comercio internacional

39. Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de suspender todos los aranceles a la importación de equipos de protección individual, productos sanitarios y otros suministros médicos directamente relacionados;

40. Insta a la Comisión a que pida a los Estados miembros que expidan licencias obligatorias o estatales que suspendan el efecto monopolístico de las patentes y permitan a otros actores fabricar y suministrar productos farmacéuticos necesarios protegidos por patentes, y que faciliten la importación de medicamentos fabricados en el extranjero bajo licencias obligatorias; pide a la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que emita una comunicación dirigida a los miembros de la OMC para que suavicen el requisito, introducido en la modificación de 2003 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de que las licencias obligatorias se utilicen «predominantemente» para abastecer los mercados locales, a fin de permitir las importaciones desde otros países del medicamentos fabricados bajo licencias obligatorias, en especial desde los países que disponen de grandes capacidades de fabricación;

41. Pide a la Comisión que suspenda las normas de la Unión sobre la protección de los datos obtenidos en ensayos clínicos y la concesión de derechos de exclusividad comercial, habida cuenta de que ambas modalidades de normas interfieren con la utilización eficaz de las licencias obligatorias, a fin de permitir a los fabricantes de posibles genéricos emplear datos clínicos existentes para apoyar sus solicitudes de aprobación rápida; considera que deben suspenderse temporalmente cualesquiera disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC+ contenidas en los acuerdos comerciales de la Unión que hagan referencia a la exclusividad de los datos;

42. Pide a los Estados miembros que apoyen la petición del Gobierno de Costa Rica a la OMS de que se pongan en común de forma voluntaria derechos de propiedad intelectual relacionados con el coronavirus (como patentes, datos de ensayos reglamentarios, conocimientos técnicos y derechos de autor y de diseño);

Proteger nuestras democracias en la Unión

43. Se congratula de que algunos Estados miembros hayan declarado que las medidas de emergencia deben limitarse a lo estrictamente necesario, ser proporcionadas y de naturaleza temporal, estar sujetas a un control periódico y respetar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales y las obligaciones derivadas del Derecho internacional, y que no deben coartar la libertad de expresión ni la libertad de prensa; lamenta que en la declaración no se citen ejemplos concretos;

44. Condena la Ley húngara XII de 2020 sobre la contención del coronavirus, que confiere al Gobierno competencias para gobernar por decreto, limitándose a informar al Parlamento húngaro, sin ni siquiera consultarlo, e imponer penas draconianas a la difusión de lo que el Gobierno considere desinformación, así como otros actos legislativos en fase de preparación; considera que dicha ley es contraria a los Tratados y los valores de la Unión y, por consiguiente, pide a la Comisión que reconozca explícitamente esta deriva como un ataque autoritario a la democracia húngara y que utilice plenamente todos los instrumentos disponibles para abordarlo;

45. Expresa su preocupación por el proyecto de ley polaca sobre normas especiales para celebrar las elecciones generales del presidente de la República de Polonia en 2020; recuerda que el proyecto modifica completamente las normas electorales un mes antes de las elecciones; considera que el proyecto es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional polaco y al Código de buenas prácticas en materia electoral de la Comisión de Venecia; cree que, en la situación actual, celebrar elecciones presidenciales en Polonia en el mes de mayo podría socavar el principio de unas elecciones equitativas y libres;

46. Insta a la Comisión a que vigile con mayor atención las medidas de emergencia adoptadas por los Estados miembros y su aplicación para garantizar que se respetan los valores fundamentales de la Unión e insiste en que la Comisión y el Consejo deben adoptar medidas firmes —como incoar procedimientos de infracción acelerados, demandar medidas provisionales ante el Tribunal de Justicia, estudiar la adopción de medidas presupuestarias, invocar el Marco del Estado de Derecho y adoptar medidas adicionales en virtud del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE)— contra los intentos de abusar de la situación de emergencia ocasionada por el coronavirus para restringir la democracia y silenciar las voces críticas con los Gobiernos autoritarios; reitera su llamamiento al Consejo para que se asegure de que en las audiencias contempladas en el artículo 7, apartado 1, del TUE relativas a Hungría y Polonia también se traten los últimos acontecimientos; solicita que la Comisión de Venecia emita un dictamen en relación con la Ley húngara XII de 2020 sobre la contención del coronavirus y el proyecto de ley polaca sobre normas especiales para celebrar las elecciones generales del presidente de la República de Polonia en 2020;

47. Insiste en que las acciones de los Gobiernos y la Comisión deben estar sometidas en todo momento a un estricto control público y parlamentario, a fin de garantizar que se respeten como legítimas; hace hincapié, por consiguiente, en que los Parlamentos deben encontrar maneras de seguir funcionando al tiempo que aplican eficazmente las recomendaciones en materia de salud pública relativas a la COVID-19; considera que el Parlamento debe convertirse en un paradigma de cómo, en casos urgentes, el trabajo y las votaciones por vía electrónica pueden preservar la democracia europea en la situación de emergencia ocasionada por la COVID-19;

48. Acoge con satisfacción la declaración del Comité Europeo de Protección de Datos respecto al tratamiento de datos personales; subraya que, aunque los datos anonimizados y agregados, incluidos los procedentes de las redes de telefonía móvil, podrían ser útiles para evaluar la eficacia de las medidas de distanciamiento, efectuar un seguimiento individualizado basado en estos datos resulta innecesario, injustificable e ineficaz en comparación con otras opciones perfectamente viables para controlar las tasas de infección, como la obligación de llevar mascarillas en espacios públicos cerrados y el refuerzo generalizado de los laboratorios donde se llevan a cabo pruebas de detección de antígenos y anticuerpos mediante una coordinación a escala de la Unión; insiste, además, en que es fundamental garantizar el control democrático y parlamentario y definir claramente el período de validez de las medidas de emergencia que permiten la utilización de datos personales, así como velar por que estas medidas se retiren en cuanto disminuya su eficacia en la lucha contra la crisis de la COVID-19;

49. Toma nota con satisfacción de la presentación del marco paneuropeo para el rastreo de contactos con infectados a través de los teléfonos inteligentes, desarrollado por un consorcio de ciento treinta investigadores de diecisiete organismos y denominado «Pan-European Privacy Protecting Proximity Tracing (PEPP-PT)» (Rastreo de proximidad paneuropeo con garantías de privacidad); celebra este enfoque por considerarlo un ejemplo del concepto de privacidad desde el diseño, del modo europeo de utilizar la tecnología y de cómo resolver los problemas de la sociedad respetando los derechos fundamentales; señala, no obstante, que la evaluación final del marco PEPP-PT dependerá de las especificaciones técnicas exactas, y que los servidores centrales en los que se intercambien los códigos de proximidad aleatorizados para informar a los usuarios de que han estado en el radio de infección de una persona que posteriormente ha dado positivo en las pruebas del SARS-CoV-2, no deben ni necesitan conocer ningún identificador estable de los usuarios, se trate o no de pseudónimos; pide a los desarrolladores que mejoren el marco de manera que respete plenamente el principio de la protección de datos desde el diseño, tal como exige el Reglamento General de Protección de Datos;

50. Hace hincapié en que cualquier aplicación informática que trate datos personales en el contexto de la lucha contra la pandemia de COVID-19 y que trate de cualquier modo datos sobre infecciones u otros datos con fines de prevención de una enfermedad estaría comprendida en el ámbito de aplicación de la definición de «producto sanitario» con arreglo a la Directiva del Consejo sobre los productos sanitarios y, por tanto, tendría que cumplir los requisitos que se establecen en ella, incluida la declaración de conformidad; pide a la Comisión que aclare la situación de tales aplicaciones en el contexto de su propuesta legislativa de modificación del Reglamento sobre los productos sanitarios de 2017, que empezará a aplicarse el 26 de mayo de 2020;

51. Insta a la Comisión a contrarrestar la agresiva actividad propagandística de Rusia y China, que explotan la pandemia de COVID-19 para debilitar a la Unión y sembrar desconfianza hacia ella en la población local; considera fundamental una comunicación eficaz acerca del apoyo financiero, técnico y médico de la Unión;

Proteger y aprovechar al máximo los beneficios del mercado único y la unión monetaria

52. Pide que los Estados miembros que están afectados más gravemente, como lo están Italia y España actualmente, reciban una ayuda financiera sin tener que soportar solos la carga de la futura deuda relacionada con la crisis y sin verse sujetos a condiciones de austeridad;

53. Toma nota de la reciente propuesta relativa al SURE (apoyo temporal para mitigar el riesgo de desempleo en caso de emergencia) como paso en la dirección correcta, pero considera que está excesivamente limitada en volumen y posibilidades de utilización de los fondos y, lo que es más importante, aporta un apoyo limitado a los destinatarios finales, pues consiste en préstamos que a largo plazo serán deuda y una carga de déficit para los Estados miembros beneficiarios; Expresa asimismo su preocupación ante la posibilidad de que la propuesta actual de la Comisión carezca de condiciones en cuanto al acceso no discriminatorio, la calidad y el importe de la ayuda aportada por los regímenes nacionales al trabajo a corto plazo así como al alcance geográfico, e insta a los Estados miembros y a la Comisión a que modifiquen el Reglamento propuesto para integrar estos elementos;

54. Insta a los Estados miembros y las instituciones de la Unión a trabajar juntos con urgencia para establecer unos instrumentos «coronabonos» que contribuyan a obtener la financiación necesaria para las necesidades inmediatas de atención sanitaria y la recuperación económica subsiguiente, y a garantizar el reparto de la carga común en respuesta a un choque simétrico; subraya que la propuesta relativa al SURE muestra que hay modalidades y una base legal para establecer un fondo específico de la Unión que pueda emitir bonos de este tipo para hacer frente a las consecuencias económicas de la COVID-19;

55. Pide a la Comisión que aplique un procedimiento acelerado a los «coronabonos» presentando una propuesta de fondo específico (el «fondo coronavirus de la Unión») con una base legal que garantice los poderes de codecisión del Parlamento y la rendición de cuentas democrática a los niveles de la Unión y nacional, y que pueda captar al menos un billón de euros en los mercados de capitales mediante la emisión de bonos cuyos ingresos se utilizarán para aportar financiación a los Estados miembros en proporción al impacto del brote de coronavirus, medido conforme a indicadores transparentes y acordados en común; pide asimismo que el reembolso de estos bonos se garantice mediante contribuciones de los Estados miembros, en proporción a su cuota del PIB de la Unión; pone de relieve que, idealmente, estas contribuciones deberían adoptar la forma de nuevos recursos propios de la Unión; insiste en que los fondos desembolsados deben utilizarse para cubrir el gasto necesario para hacer frente a las consecuencias de salud pública, sociales y económicas de la crisis de la COVID-19, respetando el Acuerdo de París y los compromisos climáticos de la Unión;

56. Destaca que, como medida a corto plazo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad debe extender de inmediato líneas de crédito precautorias a los países que soliciten acceso al mismo a fin de hacer frente a necesidades de financiación a corto plazo y hacer frente a las consecuencias inmediatas de la COVID-19; hace hincapié en que esta financiación no debe estar sujeta a condiciones de austeridad;

57. Insta a los Estados miembros a que lleguen con rapidez a un acuerdo sobre una inyección significativa de capital en el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para que pueda aportar cuanto antes su sustancial capacidad de intervención para paliar el impacto económico de la COVID-19, en particular mediante el establecimiento de una nueva línea de crédito del BEI para garantizar liquidez permanente a las pequeñas y medianas empresas (pymes);

58. Recomienda que sea posible prestar más ayuda a las pymes cambiando las normas de contratación pública para que sea posible que las empresas locales sean favorecidas en las licitaciones públicas;

59. Cree firmemente que la solidaridad, en particular el apoyo financiero, debe extenderse también a nuestros vecinos, especialmente a los países de los Balcanes Occidentales, que están esforzándose para adherirse a la Unión en el futuro;

60. Acoge con satisfacción la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus de la Comisión, el paquete estructural y de inversión europeo y la revisión del Reglamento sobre disposiciones comunes como primeros pasos importantes, pero insiste en que las instituciones de la Unión y los Estados miembros deben ir mucho más allá y localizar y desplegar de inmediato hasta el último céntimo no asignado del presupuesto de la Unión y movilizar todos los fondos no comprometidos del presupuesto de la Unión, ya correspondan a la política agrícola común, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización o al Fondo Social Europeo, para atender a las necesidades médicas, sociales y económicas de la lucha contra la COVID-19; opina que debe dedicarse una atención especial a las necesidades de los países que ya sufrían económicamente antes de la COVID-19;

61. Insta a las instituciones de la Unión a que actúen con rapidez para permitir un incremento significativo de los programas y los fondos movilizados en el marco de la respuesta de la Unión a la crisis del COVID-19; Indica que, a principios del año 2020, en el presupuesto de la Unión había márgenes e instrumentos de flexibilidad por más de 4 000 millones de euros, que deben movilizarse urgentemente; destaca que ninguna región de la Unión debe quedar rezagada; acoge con satisfacción, por lo tanto, los proyectos de presupuestos rectificativos 1 y 2, que se dirigen en la dirección adecuada;

62. Insta a las instituciones de la Unión a que adopten lo antes posible y como muy tarde antes del receso de verano una revisión al alza del Reglamento relativo al MFP a fin de permitir un incremento significativo de los programas y los fondos movilizados en el marco de la respuesta de la Unión a la crisis de la COVID-19;

63. Pide que las instituciones de la Unión acuerden un marco financiero plurianual con un volumen total de 1 324 000 000 000 euros en reconocimiento de la necesidad, puesta de manifiesto por la crisis de la COVID-19, de que la Unión tenga una mayor resiliencia presupuestaria; pide asimismo que se acuerde un paquete de estímulo, además del acuerdo sobre el importe mencionado (que deberá incluirse en el presupuesto de la Unión), con el fin de contribuir a abordar la crisis de salud pública, económica y social a corto y medio plazo y de aumentar la resiliencia y hacer frente a la crisis medioambiental a medio y largo plazo;

64. Reconoce la necesidad de movilizar fondos adicionales con rapidez y sin trabas burocráticas para ayudar a los Estados miembros a cubrir las necesidades de la lucha contra la COVID-19 y sus consecuencias, pero destaca que deberán investigarse posibles usos indebidos de estos fondos y sancionarse una vez pasada la crisis inmediata; considera, por lo tanto, que un MFP reforzado debe incluir recursos adecuados para la Fiscalía Europa, a fin de permitirle ganarse la confianza de los ciudadanos, luchar contra el fraude, incautarse de activos y, con ello, ser neutral en términos presupuestarios a medio plazo; pide que su presupuesto se financie desde la rúbrica 7 («Administración pública europea»), análogamente al Supervisor Europeo de Protección de Datos, el Servicio Europeo de Acción Exterior o el Defensor del Pueblo Europeo, a fin de reforzar su independencia;

65. Insiste en que la Unión debe garantizar una mayor visibilidad y una mayor predecibilidad del presupuesto europeo antes del verano, y si no llega a un acuerdo sobre el necesario incremento de volumen, debe adoptar con rapidez un plan de contingencia a fin de evitar el cierre general de los programas de la Unión a finales de 2020;

Mercado único

66. Solicita que, si bien pueden ser aceptables medidas temporales en las fronteras en casos específicos y siempre que sean adecuadas, proporcionadas y limitadas en el tiempo, la Comisión vele por que dichas medidas no conculquen los derechos de libre circulación, en particular el principio de no discriminación;

67. Insiste en que no deben limitarse los desplazamientos transfronterizos de los trabajadores de primera línea en sectores clave de la lucha contra la COVID-19, en particular los profesionales sanitarios y de cuidados de las personas de edad avanzada, pero también los de quienes trabajan en el sector alimentario, como los temporeros agrícolas, y debe garantizarse su atención sanitaria; Insiste, asimismo, en que las medidas en las fronteras no afectan al derecho de asilo ni al derecho de reunificación familiar ni tienen como consecuencia que no se permita el tránsito a las personas para volver a su país de origen;

68. Destaca que las fronteras deben permanecer abiertas al comercio, en particular para el suministro de alimentos; pone de relieve que la necesidad de temporeros agrícolas transfronterizos puede hacerse aún más acuciante si, como muchos prevén, se produce una segunda oleada de la COVID-19 coincidiendo con la época de la cosecha;

69. Insta a la UE y a sus Estados miembros a que garanticen que los controles fronterizos se practican con rapidez, de manera que no se echen a perder productos frescos;

70. Indica que mientras no esté bajo control la situación de largas colas y denegaciones de entrada en determinadas fronteras de los Estados miembros y entre estos y terceros países, deben suspenderse todas las exportaciones de animales vivos a países terceros y todos los transportes de animales vivos de más de ocho horas de duración entre Estados miembros;

Proteger el futuro social, económico y medioambiental de la Unión Europea

71. Está convencido de que la crisis de la COVID-19 refuerza la necesidad absoluta de iniciativas transformadoras, como un Pacto Verde Europeo más profundo y más audaz, que incluya una mejora de gran alcance de las instituciones sociales y económicas de Europa; insiste en que la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad no solamente es una necesidad absoluta para preservar la capacidad de nuestras sociedades para prosperar en nuestro planeta, sino que además ofrece precisamente la creación de empleo y el desarrollo económico generalizados que son necesarios para la recuperación económica del choque de la COVID-19;

72. Insta a la Comisión a que empiece a trabajar de inmediato en el establecimiento de un paquete de inversión para la recuperación ecológica a escala de la Unión que vaya más allá del actual Plan de inversiones sostenibles en términos de ambición, alcance y volumen, y que se financie a través de nuevos instrumentos y recursos propios así como de capacidades reforzadas del presupuesto de la Unión, el MEDE y el BEI, apoyados por la capacidad del BCE de adquisición de activos;

73. Insiste en que el paquete de inversión para la recuperación ecológica debe ser un proyecto verdaderamente transformador que no solo aspire a cumplir los compromisos medioambientales de la Unión necesarios para preservar el sistema que sustenta la vida de la humanidad, sino también a transformar todo nuestro sistema socioeconómico para abordar la peligrosa falta de resiliencia de los servicios públicos y el sistema agrícola, económico y financiero que socava el bienestar sostenible de la población de la Unión;

74. Destaca que la crisis de la COVID-19 ha dejado claro una vez más que la Unión Europea y la zona del euro en particular carecen de los instrumentos de gobernanza económica que permiten cambiar el destino de los fondos para dirigirlos a donde son necesarios para estabilizar las condiciones económicas; insiste en que por ello es clave que en las reformas en curso de la gobernanza de la unión económica y monetaria se tenga en cuenta la necesidad de estabilización (en particular las reformas del instrumento presupuestario de convergencia y competitividad y los planes referentes a un sistema de reaseguro para los regímenes nacionales de seguridad social);

75. Reconoce la necesidad de proteger y desarrollar de nuevo los servicios públicos de manera que garanticen las necesidades básicas de la población y la transición ecológica y aseguren la aplicación del pilar social; Considera fundamental asegurar la resiliencia ante futuras crisis para velar en toda la Unión por la protección y la garantía de los servicios públicos relacionados con la educación, el acceso a aire y agua limpios, energía y transportes públicos así como las protecciones sociales; considera que ha llegado el momento para introducir una garantía sanitaria europea y mayores competencias en sanidad pública al nivel de la Unión; destaca que debe incluirse entre los asuntos que deben tratarse en la Convención sobre el Futuro de Europa el debate sobre lo que cabe considerar necesidades básicas que deben satisfacerse mediante servicios públicos o protegerse como parte de los bienes comunes;

76. Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que acudan a la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) para lanzar una revisión en profundidad de la ciencia sobre los vínculos entre pandemias como la COVID-19, la peste porcina, el MERS y el SARS, causadas por patógenos que se transmiten de animales a humanos, y la degradación de la biodiversidad, la deforestación y otros cambios en el uso de la tierra, a fin de informar a los responsables de las políticas respecto de estrategias de biodiversidad que reduzcan al mínimo el riesgo de este tipo de zoonosis;

77. Decide constituir una comisión parlamentaria especial dotada del mandato y los poderes necesarios para extraer las lecciones de la crisis y de las respuestas ante ella en toda la Unión, a fin de equiparnos mejor colectivamente para hacer frente a futuros desafíos de igual magnitud, sea cual sea su origen, y para que el Parlamento pueda presentar sus recomendaciones a la Comisión y el Consejo;

78. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

 

Última actualización: 15 de abril de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad