Procedimiento : 2020/2616(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0148/2020

Textos presentados :

B9-0148/2020

Debates :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Votaciones :

Textos aprobados :


<Date>{14/04/2020}14.4.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0148/2020</NoDocSe>
PDF 205kWORD 66k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID‑19 y sus consecuencias</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manon Aubry, Martin Schirdewan</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}en nombre del Grupo GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0148/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID‑19 y sus consecuencias

(2020/2616(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas la evaluación de riesgos del brote de COVID‑19 realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la que se declara que el riesgo de propagación y el riesgo de repercusión de la COVID‑19 son muy elevados a nivel mundial y se califica el brote de pandemia,

 Visto el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la OMS para el nuevo coronavirus,

 Vistas la evaluación rápida de riesgos del brote de coronavirus realizada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y sus actualizaciones,

 Vistos los informes más recientes del ECDC sobre amenazas de enfermedades transmisibles y sus directrices en materia de salud pública en relación con la COVID‑19,

 Vista la Decisión n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y por la que se deroga la Decisión n.º 2119/98/CE[1],

 Vista la Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión[2],

 Vista la Carta Social Europea revisada del Consejo de Europa, de 3 de mayo de 1996,

 Visto el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento, el Consejo y la Comisión en noviembre de 2017,

 Vista la Declaración de los ministros de Hacienda de la UE, de 23 de marzo de 2020, sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento a la luz de la crisis del COVID‑19,

 Vista la propuesta de la Comisión, de 2 de abril de 2020, de Reglamento del Consejo relativo a la creación de un Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID‑19 (COM(2020)0139),

 Vista la evaluación preliminar de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 18 de marzo de 2020, titulada «El COVID‑19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas»,

 Visto el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (Pacto Presupuestario),

 Vistas las declaraciones del Banco Central Europeo de 12 y 18 de marzo de 2020[3],

 Visto el recorte de los tipos de interés anunciado por la Reserva Federal el 3 de marzo de 2020[4],

 Vista la declaración del Eurogrupo de 4 de marzo de 2020[5],

 Vista la declaración del Consejo Europeo de 26 de marzo de 2020[6],

 Vista la evaluación económica provisional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de 2 de marzo de 2020[7],

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

 Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

 Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la solidaridad mundial para luchar contra la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID‑19),

 Vista la actualización del informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo sobre el impacto de la COVID‑19 en los países en desarrollo,

 Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental[8],

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el nuevo coronavirus, notificado por primera vez en Wuhan en diciembre de 2019 y conocido actualmente como el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS-CoV-2), junto con la enfermedad asociada él, la COVID‑19, se ha propagado por todo el mundo y ha sido calificado oficialmente como pandemia;

B. Considerando que los sistemas públicos de asistencia sanitaria están sometidos a una gran presión para garantizar una asistencia adecuada a todos los pacientes; que estos sistemas reciben cada vez menos fondos y han sido descuidados como consecuencia de los procesos de liberalización y privatización, por un lado, y de las medidas de austeridad de la derecha, por otro; que, por consiguiente, tienen menos capacidad para funcionar en situaciones tanto normales como anormales, y también durante el actual brote de COVID‑19; que en todos los Estados miembros se constata una escasez preocupante de camas en las unidades de cuidados intensivos, equipos de protección individual, medicamentos y productos sanitarios; que esta escasez varía considerablemente entre los distintos países;

C. Considerando que la pandemia de COVID‑19 ha sacado a la luz las consecuencias de las políticas neoliberales de la Unión y la falta de coordinación y solidaridad entre los Estados miembros en tiempos de crisis sanitaria, lo que también ha retrasado la adopción de las medidas necesarias para ayudar a los Estados miembros que atraviesan graves dificultades e impulsar la recuperación económica y social; que la Unión no ha logrado promover una estrategia común para luchar contra el virus con el fin de evitar la competencia entre Estados miembros para hacerse con los escasos recursos sanitarios;

D. Considerando que la OIT ha afirmado que la crisis económica y laboral acelerada por la pandemia de COVID‑19 podría conllevar la pérdida de 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo en todo el mundo en el segundo trimestre de 2020;

E. Considerando que la pandemia de COVID‑19 ha tenido un impacto radical y perturbador en los sistemas económicos de los Estados miembros y ha provocado perturbaciones en la sociedad, especialmente en el caso de los grupos vulnerables y en lo que se refiere a los ingresos y los derechos de los trabajadores; que la cobertura de la negociación colectiva está disminuyendo en toda la Unión;

F. Considerando que el Banco Central Europeo se ha comprometido a establecer un programa de compras de emergencia en caso de pandemia, dotado con 750 000 millones de euros, para adquirir valores de los sectores privado y público, lo que aliviará parcialmente la deuda pública durante la crisis, así como a aportar 120 000 millones de euros en medidas de expansión cuantitativa y 20 000 millones de euros en compras de deuda;

G. Considerando que la Comisión ha decidido activar la «cláusula general de salvaguardia» establecida en las normas de déficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para intentar fomentar el gasto público por parte de los Estados miembros, pero no ha derogado el Pacto;

H. Considerando que tanto la propia epidemia como la crisis económica y social resultante son problemas mundiales; que, ahora más que nunca, la competencia debe sustituirse por la solidaridad y la cooperación a escala mundial;

I. Considerando que el cambio climático y la destrucción de hábitats naturales y la pérdida de biodiversidad que continúan a escala mundial aumentan considerablemente el riesgo de que se produzcan enfermedades zoonóticas; que el brote de COVID‑19 no debe utilizarse en ningún caso como excusa para justificar retrasos en la lucha contra la emergencia climática y medioambiental; que urge emprender una reconstrucción ecológica y social de nuestra sociedad y nuestra economía después del brote;

J. Considerando que las medidas adoptadas por los Gobiernos deben respetar siempre los derechos fundamentales de todas y cada una de las personas; que esas medidas han de ser necesarias, proporcionadas y temporales;

K. Considerando que, el 30 de marzo de 2020, el Parlamento de Hungría aprobó una ley por la que se otorga a Viktor Orbán y a su Gobierno un mandato parlamentario para que gobiernen por decreto de forma indefinida, así como la posibilidad de imponer penas de hasta cinco años de prisión a los periodistas que cubren la pandemia;

L. Considerando que la introducción o prórroga de los controles en las fronteras interiores afecta al derecho de libre circulación y al espacio Schengen en su conjunto; que las restricciones de viaje no deben afectar al derecho a solicitar asilo y han de respetar las obligaciones relativas al acceso a la protección internacional, en especial el principio de no devolución, y los derechos fundamentales, tal como se establece en el artículo 4 del Código de Fronteras Schengen;

M. Considerando que, desde el 17 de marzo de 2020, se ha impuesto el confinamiento en los campamentos de las cinco islas del mar Egeo y que en ellos se encuentran atrapados 40 000 solicitantes de asilo que viven en centros extremadamente masificados, en condiciones inhumanas y degradantes, lo que les expone a un mayor riesgo de contraer la COVID‑19; que la COVID‑19 también entraña un grave riesgo para las personas alojadas en centros de internamiento de inmigrantes previos a la expulsión; que los migrantes indocumentados se encuentran entre los más expuestos a la COVID‑19 y entre los menos protegidos, dado que en la mayoría de los Estados miembros las personas en situación de migración irregular no tienen acceso a la asistencia sanitaria primaria;

CRISIS SANITARIA

Garantizar cuidados y suministros esenciales

1. Lamenta las muertes relacionadas con la COVID‑19, expresa su empatía con los parientes de las víctimas, con los pacientes que actualmente están afectados por el coronavirus y con las personas en cuarentena y autoaislamiento, y manifiesta su solidaridad con los países y regiones más afectados en todo el mundo;

2. Aplaude y da las gracias a los profesionales sanitarios que han estado trabajando incansablemente y en condiciones especialmente difíciles para luchar contra la propagación del virus y tratar a los pacientes de COVID‑19; pide a los Estados miembros que garanticen recursos, equipos de protección y personal suficientes en todos los niveles de sus sistemas de asistencia sanitaria; valora y aplaude los esfuerzos de todos los demás trabajadores esenciales que han permitido el funcionamiento de nuestra sociedad corriendo riesgos para su salud personal y la de sus seres queridos; reconoce que, en muchos casos, son precisamente esas personas las que han sufrido privaciones, ataques a sus salarios y sus derechos, en particular a través de las recomendaciones y las políticas neoliberales de la Unión, y falta de reconocimiento durante muchos años; pide que se preste especial atención a los sectores agrícola y alimentario, que dependen sobremanera del trabajo estacional de los migrantes; pide que se defiendan los derechos y solicita un aumento de los salarios y la protección social para todos los trabajadores, en consonancia con la evolución de la tecnología y la producción; solicita una mejora sustancial de las condiciones de vida y de trabajo de todos los trabajadores y sus familias;

3. Lamenta la tardía reacción de la Unión a la hora de hacer frente a la pandemia y manifiesta su honda preocupación por la falta de solidaridad mostrada por algunos Estados miembros y por la propia Unión para con los más afectados por la crisis; destaca la necesidad de una coordinación y una planificación eficaces a escala de la Unión que prevean una mejor asignación de los recursos existentes para ayudar a los países más necesitados y la movilización de los sectores público y privado para producir y compartir mascarillas, respiradores, pruebas y medicamentos, con el fin de invertir las relaciones de dependencia que ha revelado el brote y de prestar apoyo a los sistemas sanitarios nacionales en las distintas fases de la pandemia, incluyendo directrices sobre las medidas que deben adoptar las autoridades nacionales, regionales y locales; pide a todos los Estados miembros que estén en condiciones de hacerlo que envíen médicos, enfermeros y recursos médicos a las regiones más afectadas y que acojan a pacientes de esas regiones;

4. Expresa su profunda preocupación por el desabastecimiento mundial, europeo y nacional de equipos de protección individual, kits de diagnóstico, productos sanitarios y medicamentos como consecuencia de unas políticas de almacenamiento reducido y de la externalización de su producción fuera de la Unión Europea y de los Estados miembros; subraya que este desabastecimiento es especialmente preocupante en el caso de los profesionales médicos y sociales que están en primera línea de la lucha contra el virus y en contacto directo con los pacientes, así como en el caso de los grupos económicamente vulnerables; pide a los Estados miembros que den muestras de solidaridad y garanticen la disponibilidad de equipos de protección individual para los profesionales sanitarios en toda la Unión; acoge favorablemente los procedimientos de contratación pública conjuntos y acelerados que ha iniciado la Comisión con los Estados miembros, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que presenten un plan para desarrollar los sectores productivos estratégicos de cada Estado miembro de forma coordinada y cohesionada; pide a los Estados miembros que nacionalicen o requisen los centros de producción cuando sea preciso para fabricar todos los productos sanitarios necesarios; pide a la Comisión que haga pleno uso de todas las posibilidades que ofrece el Mecanismo de Protección Civil de la Unión para garantizar un abastecimiento adecuado en el futuro;

5. Destaca la importancia que reviste una entrega rápida de todos los medicamentos y productos sanitarios; pide que se instauren inmediatamente corredores verdes en los pasos fronterizos para los camiones que transportan esos medicamentos y productos sanitarios y que se dé prioridad absoluta e inmediata a estos vehículos;

6. Manifiesta su preocupación por la protección de los trabajadores no esenciales, que deberían dejar de trabajar durante el confinamiento; pide a los Estados miembros que suspendan las actividades no esenciales; pide a la Comisión que coordine un enfoque conjunto de los Estados miembros y una lista de las actividades esenciales que deben llevarse a cabo durante la cuarentena con equipos de protección individual suficientes, y que aconseje a todos los demás trabajadores que se queden en casa;

7. Solicita un enfoque coordinado para el posconfinamiento en la Unión, a fin de evitar un repunte del virus; insta a los Estados miembros a que elaboren conjuntamente criterios para levantar la cuarentena y otras medidas de emergencia y a que revoquen esas medidas de forma coordinada y sobre la base de la protección de la vida humana;

8. Pide a los Estados miembros que se esfuercen por mejorar la cooperación, la planificación y la interconexión entre sí en lo que respecta a los sistemas sanitarios; sugiere que se aplique un sistema reforzado de reconocimiento mutuo de los pagos directos entre los distintos sistemas sanitarios de los Estados miembros; pide que se cree un marco sanitario coordinado para garantizar la cooperación entre los Estados miembros y la aplicación de políticas sólidas; pide a la Unión que preste apoyo a los sistemas sanitarios nacionales, dentro del respeto de las competencias y la soberanía nacionales; pide a la Comisión que coordine un enfoque conjunto para subsanar las deficiencias de los sistemas de asistencia sanitaria que ha evidenciado la crisis de la COVID‑19, contribuyendo, entre otras cosas, a la elaboración de normas comunes sólidas en materia de asistencia sanitaria; solicita la creación de un Fondo Sanitario destinado a mejorar el apoyo a los miles de dirigentes regionales y locales que tienen dificultades para prestar servicios públicos de asistencia sanitaria a escala local;

9. Manifiesta su honda preocupación por el modo en que la pandemia de COVID‑19 ha alterado el acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva y ha obstaculizado la capacidad de las autoridades de los Estados miembros para responder a la violencia de género;

10. Pide a los Estados miembros que reconozcan que muchos trabajadores sanitarios podrían estar traumatizados por los acontecimientos actuales y que les garanticen una atención adecuada; pide a la Comisión que proporcione los fondos necesarios para reforzar la protección de las estructuras y unidades de atención sanitaria física y psíquica y que emprenda una campaña de información y concienciación pública para apoyar a todos los ciudadanos, en particular a los grupos vulnerables expuestos a la incertidumbre, al aislamiento y a la violencia;

11. Destaca la importancia de la labor realizada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA); pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que el ECDC y la EMA disponen de recursos suficientes, ahora y en el futuro marco financiero plurianual (MFP), especialmente en lo que se refiere a su personal; reitera que los recortes precedentes de 20 empleados a tiempo completo del ECDC deben, al menos, revertirse inmediatamente; hace hincapié en que el personal debe ser preferiblemente permanente y no contractual; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen el papel y las competencias del ECDC con el fin de garantizar una mejor aceptación de sus recomendaciones y directrices;

12. Insiste en la necesidad de efectuar una evaluación exhaustiva del brote de COVID‑19 y de la respuesta a la pandemia a escala mundial, de la Unión y de los Estados miembros, con objeto de aprender de los fallos de las políticas neoliberales y de austeridad y de reforzar los sistemas sanitarios públicos en su función tanto curativa como preventiva, de manera que estén mejor equipados y financiados para hacer frente a una futura epidemia; destaca la importancia de recopilar datos no personales actualizados y pertinentes a este respecto;

13. Acoge con satisfacción los 47,5 millones de euros asignados a la investigación necesaria y urgente con miras al desarrollo de una vacuna contra la COVID‑19, su tratamiento y su diagnóstico, con el fin de prevenir la propagación del coronavirus; subraya la importancia de contar con suficientes fondos de la Unión para la preparación y la respuesta al brote de COVID‑19, como el Archivo Europeo de Virus Global (EVAg), el proyecto Prepare y la red GloPID-R de colaboración global en investigación para la prevención de enfermedades infecciosas;

14. Pide a la Comisión que se asegure de que, si se destinan fondos públicos de la Unión a la investigación, los resultados de dicha investigación no estén protegidos por derechos de propiedad intelectual y se garantice que los productos desarrollados tengan un precio asequible para los pacientes; subraya la importancia de las actividades e instituciones públicas de investigación y desarrollo, así como de la cooperación a escala internacional, al tiempo que expresa su preocupación por el papel dominante de las empresas multinacionales en el sector farmacéutico; insta a todas las empresas farmacéuticas a que pongan en común sus datos y sus conocimientos en un esfuerzo colectivo para hallar, probar, desarrollar y producir tratamientos para contener la enfermedad;

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que eviten repetir los errores del pasado, en particular el hecho de que después del brote de síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés) se aparcó la investigación sobre una vacuna, si bien una continuación de esta investigación podría haber acelerado en gran medida los esfuerzos en curso para hallar una vacuna, puesto que ambos virus están estrechamente relacionados; solicita garantías de que la investigación actual sobre vacunas no se detendrá cuando se supere la epidemia de COVID‑19;

16. Hace hincapié en que el refuerzo de la prestación pública de asistencia sanitaria universal es la mejor manera de luchar contra las epidemias mundiales y proteger a nuestras sociedades, y destaca que la salud pública debe estar en manos del sector público o sin ánimo de lucro para no depender del mercado; pide la constitución de empresas farmacéuticas de titularidad pública; pide la preservación de los sistemas sanitarios públicos y un aumento sustancial de su financiación para garantizar el acceso universal a hospitales, centros de atención a las personas mayores, servicios sanitarios locales y medicamentos de buena calidad, y que se respeten los derechos de las personas con discapacidad; lamenta que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y las recomendaciones específicas por país en el marco del Semestre Europeo hayan llevado a los Estados miembros a recortar la financiación de sus sistemas sanitarios para cumplir criterios de convergencia nominales; pide a todos los Estados miembros que pongan fin a todo recorte presupuestario y que inviertan masivamente en sus sistemas públicos de asistencia sanitaria, también cuando siga desarrollándose la crisis económica;

CRISIS SOCIAL

Salvar el empleo, los ingresos y la protección social

17. Toma nota de la propuesta de la Comisión, de 2 de abril de 2020, de Reglamento del Consejo relativo a la creación de un Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE); pide que el nuevo instrumento garantice el empleo, los salarios y los derechos laborales de los trabajadores; lamenta, sin embargo, que el SURE siga siendo un mecanismo voluntario y que su financiación se limite a los préstamos, en lugar adoptar la forma de subvenciones públicas, con una recaudación por medio de los mercados financieros, lo que permitirá a los bancos privados beneficiarse de la crisis e incrementar la deuda de los Estados miembros; hace hincapié en que el uso de este instrumento no debe conducir a una pérdida de ingresos de los trabajadores;

18. Pide a los Estados miembros que utilicen plenamente el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para mitigar el impacto de la crisis en los trabajadores despedidos y los grupos más vulnerables; pide a la Comisión que prepare inmediatamente medidas de contingencia para evitar el cierre de programas del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización el 31 de diciembre de 2020 si no puede alcanzarse a tiempo un acuerdo sobre el MFP;

19. Pide a los Estados miembros que inviertan en servicios públicos de interés general, en particular en la asistencia sanitaria, la educación, la atención a la infancia, la atención las personas de edad avanzada y las residencias de ancianos, la atención a las personas sin hogar y la vivienda, con el fin de mitigar la crisis social y mejorar las condiciones de vida de los grupos desfavorecidos, entre ellos las personas en riesgo de pobreza o exclusión social;

20. Pide a los Estados miembros que prohíban los desahucios y permitan a todos los desempleados y prestatarios de ingresos medios que se enfrenten a dificultades económicas suspender los pagos relativos a los préstamos para vivienda y alquileres mientras dure la crisis, sin gastos bancarios adicionales;

21. Pide a los Estados miembros que promuevan el diálogo social y la negociación colectiva a la hora de abordar la crisis de la COVID‑19 y que velen por que los interlocutores sociales participen plenamente en el diseño y la aplicación de las medidas adoptadas; pide a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para salvaguardar los puestos de trabajo, las condiciones laborales y los salarios, incluidas las medidas para el trabajo a tiempo parcial, los mecanismos de compensación de renta y otras medidas similares; denuncia los intentos de algunos Estados miembros y empresas de aprovechar la situación para atacar los derechos y las condiciones de los trabajadores; pide a los Estados miembros que consulten a los sindicatos y trabajadores con el fin de definir medidas de salud y seguridad en el trabajo contra la propagación de la epidemia de COVID‑19 y detener las actividades no esenciales con vistas a proteger a los trabajadores contra el contagio;

22. Pide a los Estados miembros que amplíen el período de duración y suspendan las condiciones para recibir prestaciones por desempleo hasta que se logre la plena recuperación económica; considera que debe prestarse especial atención a la protección de las personas más alejadas del mercado laboral;

23. Pide a los Estados miembros que, con sujeción a condiciones sociales y medioambientales, asuman la responsabilidad como pagador último, haciéndose cargo directamente de las facturas de las pequeñas y medianas empresas y financiando medidas para preservar puestos de trabajo y proteger las rentas, como los subsidios salariales; pide a los Estados miembros que subvencionen los acuerdos de reducción del tiempo de trabajo para que la remuneración sea íntegra, así como la concesión de prórrogas de las bajas por enfermedad remuneradas y la reducción del horario laboral de los trabajadores con hijos y familiares dependientes a cargo, manteniendo al mismo tiempo una remuneración a tiempo completo; pide a los Estados miembros que pongan fin a las actividades de las plataformas digitales y que amplíen las medidas de protección a los falsos autónomos y a todos los demás trabajadores no convencionales, incluidos los trabajadores de plataformas, con el objetivo de sustituir todos los ingresos perdidos;

24. Subraya que toda ayuda financiera a empresas privadas debe estar condicionada a que no se produzca en ella despido alguno y a que se protejan los niveles existentes de las condiciones de trabajo; insta a los Estados miembros a que prohíban temporalmente el reparto de dividendos de las sociedades a sus accionistas y a que congelen todos los aumentos de ingresos de consejeros delegados y las bonificaciones a directivos; opina que, cuando el Estado rescate una empresa privada de un sector estratégico, debe convertirse en propietario de parte de esta, a fin de garantizar la sostenibilidad y la eficiencia, así como velar por que el dinero de los contribuyentes pueda recuperarse tras la crisis;

25. Destaca que los rescates deben cumplir unas condiciones estrictas por lo que se refiere a las normas medioambientales, sociales y fiscales y la diligencia debida en materia de derechos humanos a lo largo de las cadenas de suministro y la transparencia fiscal; hace hincapié en que no deben concederse subvenciones a proyectos de combustibles fósiles ni proyectos altamente contaminantes;

26. Pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que garanticen, cuando proceda y como medida temporal, que todos los trabajadores tengan la opción de teletrabajar y los medios para ello; expresa a este respecto su preocupación por la brecha digital, y pide que se revise el plan europeo de despliegue de internet para la igualdad de acceso a la red 4G de todas las personas y desde cualquier lugar;

27. Destaca que debe prestarse especial atención a los trabajadores desplazados que están bloqueados en otros Estados miembros, sin posibilidad de autoconfinamiento, y que a menudo no tienen acceso a una retribución por reducción del tiempo de trabajo o al seguro de enfermedad; insta a los Estados miembros a que garanticen la seguridad y la asistencia sanitaria de los trabajadores desplazados que se encuentren en su territorio; exige la derogación de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores[9];

28. Denuncia los fenómenos de la explotación de la escasez y el mercado negro, así como el fuerte incremento del precio de desinfectantes, toallitas de desinfección y máscaras; pide a los Estados miembros que regulen los precios de los productos esenciales; hace hincapié en la necesidad de reforzar el papel y la responsabilidad de las plataformas en línea, que deben ser corresponsables de ofrecer a la venta productos no conformes y fraudulentos; pide a la Comisión que, a fin de evitar subidas de precios drásticas y repentinas de productos esenciales en los mercados en línea, incluya en la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales[10] la fijación de precios exorbitantes de productos esenciales; lamenta que algunas aseguradoras se nieguen a realizar pagos por la interrupción de la actividad empresarial;

29. Insta a la Comisión a que ofrezca ayuda financiera a los sectores cultural y creativo, también a través de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus, y pide a los Estados miembros que garanticen el acceso a medidas de compensación para todos los profesionales de la cultura, incluidos los periodistas independientes;

Recuperación y justicia social

30. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que eliminen todos los obstáculos a la negociación colectiva y que aborden el persistente declive de la cobertura de la negociación colectiva; opina que la negociación colectiva o los acuerdos tripartitos son, con mucho, los mejores instrumentos para garantizar una recuperación democrática y socialmente justa en la que «no se deje atrás a nadie», sobre la base de la creación de puestos de trabajo de calidad y la transición hacia formas de empleo de duración indefinida;

31. Pide a la Comisión que introduzca una exención clara para los falsos autónomos, como los trabajadores de plataformas, de las normas de competencia de la Unión, con el fin de permitir que dichos trabajadores accedan a la negociación colectiva sin que se les considere un cártel;

32. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que todas las medidas de estímulo y todos los rescates aborden la pérdida de ingresos, protección social y derechos de pensión de las mujeres como consecuencia de la carga asistencial; pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que adopten acuerdos de trabajo que promuevan la redistribución de la carga asistencial dentro de las familias sin pérdida de ingresos o disminución del nivel salarial;

33. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que desarrollen medidas de salud y seguridad en el trabajo sensibles con respecto al género específicamente dirigidas a los sectores de primera línea, con vistas a prevenir futuros brotes; recuerda que la mayoría de las profesiones de primera línea tienen una sobrerrepresentación de mujeres, como es el caso de los enfermeros y otros profesionales de la salud, los trabajadores farmacéuticos, los cajeros de supermercado, los profesores, los educadores infantiles, los cuidadores de ancianos y el personal de limpieza;

34. Pide a la Comisión que presente una propuesta sobre un régimen europeo permanente de reaseguro de desempleo basado en subvenciones y en el principio de reparto de riesgos, y no en la condicionalidad de los préstamos; hace hincapié en que toda medida adoptada en esta senda debe garantizar una convergencia progresiva de los derechos laborales, rechazando toda armonización que desencadene una carrera a la baja de las condiciones de vida y de trabajo;

35. Pide a la Unión que se adhiera a la Carta Social Europea revisada y adopte medidas inmediatas para su aplicación; pide a todos los Estados miembros que ratifiquen la Carta revisada;

CRISIS ECONÓMICA

Asistencia económica esencial

36. Lamenta la respuesta tardía e inadecuada a la crisis ofrecida por el Eurogrupo el 9 de abril de 2020; observa que esta reunión pone de manifiesto las contradicciones existentes dentro de la Unión, así como la terrible falta de solidaridad y de medidas adecuadas a la dimensión de los problemas a los que se enfrentan los Estados miembros y las personas; considera que el paquete total por importe de 500 000 millones de euros es extremadamente débil, habida cuenta de las crecientes necesidades; se opone al restringido ámbito de aplicación, la limitada capacidad, la condicionalidad y la supervisión asociadas a los 240 000 millones de euros con cargo al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE); lamenta que la solución presentada sea un fondo de recuperación vago e impreciso;

37. Acoge con satisfacción la decisión de activar la «cláusula general de salvaguardia» del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; pide la derogación permanente del Pacto, así como la derogación de todo el marco de gobernanza económica de la Unión, incluido el Semestre Europeo y el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, que limitan y condicionan el margen de maniobra de los Estados miembros para promover sus estrategias sociales, públicas y de desarrollo productivo; considera inadecuado que las instituciones de la Unión emitan recomendaciones específicas por país en medio de una crisis sin precedentes, especialmente sobre situaciones presupuestarias que afectan al gasto en servicios sociales y sanitarios en los Estados miembros; pide que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se sustituya tras la crisis por un pacto por el empleo y el desarrollo de carácter sostenible;

38. Exige la suspensión inmediata y permanente del procedimiento de desequilibrio macroeconómico, para que los Gobiernos puedan gastar (también con préstamos) el importe necesario para afrontar este reto sin miedo a ser sancionados;

39. Pide a los Estados miembros que hagan todo lo necesario para proteger el empleo y los ingresos, y que garanticen el acceso universal a los servicios públicos, en particular los servicios sociales y sanitarios, aunque ello signifique que, en última instancia, no se alcancen los objetivos presupuestarios a medio plazo;

40. Solicita a las instituciones de la Unión, en particular al Banco Central Europeo (BCE), que actúen con urgencia para evitar el desarrollo de una nueva crisis financiera y de deuda soberana; destaca, en este sentido, que el BCE debe comprometerse a actuar como prestamista de última instancia de los Estados miembros, y no solo de los bancos, haciendo que sus programas de compra de bonos soberanos sean incondicionales e ilimitados y estén basados en las necesidades de gasto de los Estados miembros, y no en la actual clave para la suscripción de capital;

41. Pide al BCE que identifique y compre todos los bonos del Estado relacionados con la COVID‑19 y que cancele totalmente la deuda vinculada al coronavirus emitida por los Estados miembros durante el brote de COVID‑19 y el período de respuesta a sus repercusiones económicas y sociales;

42. Pide la creación inmediata de bonos COVID‑19 y bonos del Pacto Verde de la Unión emitidos por el BCE o garantizados por un programa de compra del BCE que debe ser incondicional y que permitirá a los Estados miembros recuperarse rápidamente de la crisis, así como transformar sus economías sin dejar atrás a nadie; señala que los bonos COVID‑19 deben ser perpetuos y sin intereses para constituir una creación de dinero permanente capaz de compensar una perturbación económica extraordinaria; opina que estos bonos también podrían ser emitidos por el futuro fondo de recuperación europeo o el Banco Europeo de Inversiones (BEI), siempre y cuando se emitan sin condiciones macroeconómicas o de otra índole y el BCE los compre inmediatamente;

43. Destaca que, dado que las líneas de crédito actuales del MEDE para los Estados miembros están sujetas a una condicionalidad establecida similar a la de los rescates o los memorandos de la troika, se necesita un nuevo mecanismo que permita ofrecer líneas de crédito incondicionales y sin intereses a los Estados miembros que necesiten financiación;

44. Exige que el BCE reoriente sus políticas de expansión cuantitativa, en particular su programa de compras de bonos corporativos, para que esté condicionado al compromiso de las empresas con la plena protección del empleo, los trabajadores, los derechos y los ingresos y los objetivos del Acuerdo de París;

45. Pide al BCE que estudie la necesidad de proporcionar liquidez directamente a las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos sin recurrir a los bancos como intermediarios; destaca que el BCE debe identificar las lecciones extraídas de la crisis y solicitar a la Comisión que proponga una revisión de sus estatutos con el fin de aumentar la capacidad del banco de apoyar el gasto público;

46. Pide una regulación más estricta de los mercados financieros para prevenir los ataques especulativos, y destaca que debe prohibirse la venta en corto y que deben prohibirse temporalmente el reparto de dividendos, las bonificaciones y las recompras en todo el mercado único;

47. Toma nota de la creación del fondo de garantía paneuropeo del BEI, dotado con 200 000 millones de euros; exige que el BEI utilice su máximo potencial para apoyar a las empresas de titularidad pública y también para proporcionar fondos a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas, condicionados al compromiso de las empresas con la protección del empleo, los derechos y los ingresos;

48. Pide la movilización inmediata de los 4 000 millones de euros correspondientes a los márgenes no asignados y la flexibilidad disponibles en el presupuesto de 2020;

49. Insiste en que la Comisión adopte todas las medidas necesarias para asignar los 3 000 millones de euros disponibles procedentes del excedente presupuestario de 2019 y orientarlos hacia la lucha contra la COVID‑19 y sus repercusiones económicas y sociales;

50. Recuerda que los principios de la política de cohesión deben preservarse durante la crisis del coronavirus, garantizando la máxima flexibilidad y que no se efectúen transferencias desde regiones en transición o menos desarrolladas a otras regiones;

51. Pide la mejora, la movilización y la reorientación inmediatas de los fondos; subraya que, para impulsar los esfuerzos presupuestarios, los Estados miembros deben tener acceso inmediato a los Fondos Estructurales de la Unión, incluido el Fondo Europeo de Solidaridad, con el objetivo de responder a la crisis; hace hincapié en que debe mejorarse el presupuesto actual de la Unión y en que deben reorientarse fondos adicionales para financiar la cohesión, pudiendo disponer de ellos los Estados miembros en función de las necesidades;

52. Pide que, cuando sea necesario, se lleven a cabo controles de capital para ralentizar las fugas masivas de capitales de economías en desarrollo y emergentes que se han venido produciendo desde el inicio de la pandemia;

53. Pide la adopción inmediata de una excepción sanitaria en todos los acuerdos comerciales con respecto al acceso a patentes para maquinaria de uso médico y medicamentos, y que no se impongan restricciones a la posibilidad de que los Estados intervengan en el sector de la sanidad pública; pide la inmediata congelación de todas las negociaciones de nuevos acuerdos de libre comercio y un programa de revisión de los acuerdos que ya han entrado en vigor, con el fin de responder a los desafíos actuales, incluido un capítulo adicional que permita las ayudas estatales para hacer frente a la pandemia;

Recuperación verde y socialmente justa

54. Pide a la Comisión que, en su revisión de las normas sobre ayudas estatales, prevea la posibilidad de una intervención pública y democrática del Estado en la economía que promueva el desarrollo, la justicia social y la satisfacción de las necesidades sociales, incluidas todas las medidas necesarias para lograr una recuperación verde y socialmente justa;

55. Destaca que este brote ha puesto de manifiesto la extrema vulnerabilidad de la economía globalizada, caracterizada por largas cadenas comerciales controladas por multinacionales y los que especulan con los precios, y por la dependencia económica de la Unión de la producción en terceros países; señala la imperiosa necesidad de relocalizar la producción y la industria en cada Estado miembro y fomentar el desarrollo de los sectores productivos de cada país con un sector público fuerte, especialmente en el caso de sectores estratégicos que son demasiado importantes para dejárselos al mercado, como los medicamentos, los productos sanitarios, los equipos de protección individual y los dispositivos médicos; pide a la Comisión que aumente drásticamente su apoyo a la financiación pública, la investigación y la innovación en estos ámbitos;

56. Recalca que el brote de COVID‑19 no debe aprovecharse en modo alguno como excusa para justificar retrasos en la lucha contra la emergencia medioambiental y climática; pide a la Comisión y al Consejo que trabajen sin descanso y con rapidez en una Ley del Clima y un Plan de Acción para la Economía Circular realmente ambiciosos, y que sigan buscando el mayor grado de ambición en todos los componentes del Pacto Verde, como la Estrategia «de la granja a la mesa», la Estrategia sobre la Biodiversidad y las propuestas legislativas anunciadas; recalca que esas estrategias y esa legislación deben hacerse públicas sin retrasos injustificados;

57. Observa con preocupación cómo el aumento de las temperaturas en el planeta, la destrucción de hábitats y de la biodiversidad y las actuales prácticas de la humanidad en la agricultura, el comercio y el consumo de animales pueden exacerbar gravemente el riesgo de enfermedades zoonóticas; subraya la necesidad de intensificar drásticamente los esfuerzos para detener el calentamiento global y la pérdida de hábitats y de la biodiversidad; pide a la Comisión que incluya en la Ley del Clima el objetivo de reducción de un 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, la consecución de la neutralidad en carbono antes de 2040 y la rápida eliminación gradual de las subvenciones a los combustibles fósiles; pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen los esfuerzos encaminados a hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible; pide a los Estados miembros inversiones considerables en la ampliación de reservas naturales, parques y espacios verdes y abiertos, también dentro de las ciudades y alrededor de ellas;

58. Pone de relieve la intensa interconexión entre la pandemia de COVID‑19, la consiguiente recesión económica, la emergencia climática y la desigualdad extrema; pide a la Comisión que aumente el presupuesto del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible hasta los 2 billones de euros, con los que se financiará un Pacto Social y Verde Europeo destinado a crear millones de puestos de trabajo, mejorar la cohesión social y la capacidad de los sistemas sanitarios para responder a futuras pandemias, y abordar la emergencia climática; insiste en que el dinero público debe destinarse a proyectos públicos y generar beneficios públicos;

59. Recalca que nuestra sociedad debe salir de esta crisis con una resiliencia reforzada, a fin de poder hacer frente a futuras perturbaciones; destaca que esto solo puede conseguirse con una transición plenamente justa a una sociedad y una economía sostenibles; pide a la Comisión y a los Estados miembros que se comprometan de forma inequívoca con una «reinicialización» ecológica de nuestra sociedad y que garanticen que el Pacto Verde Europeo proporcione un plan rector genuinamente verde, de modo que la economía, cuando vuelva a arrancar, proteja la salud pública, salvaguarde la protección social y el bienestar y garantice un futuro sostenible para todos;

60. Pide que se protejan los hábitats silvestres para mitigar el riesgo de pérdida de biodiversidad y que se controle a los animales que pueden contagiar a los seres humanos; pide un estrecho seguimiento de las enfermedades emergentes, especialmente las causadas por microbiomas animales, incluidos los vectores significativos de agentes patógenos de importancia humana y veterinaria; pide que se sigan realizando estudios sobre brotes epidémicos recientes y remotos; pide que se realicen estudios sobre las repercusiones de las actividades humanas en los cambios del microbioma animal;

61. Pide a la Comisión que proponga un nuevo MFP 2021-2027 que sea ambicioso y contemple una mayor financiación para las políticas en materia de cohesión, clima y salud, y señala que la propuesta de la Comisión del 1,11 % de la renta nacional bruta de la UE-27, o incluso el 1,3 % del Parlamento, no son suficientes para hacer frente a la presente crisis; exige que los incrementos presupuestarios para control de fronteras y defensa se reorienten en su integridad a la política de cohesión;

62. Exige a la Comisión que se ponga a trabajar de inmediato en la elaboración y reorientación de un nuevo plan de contingencia para el MFP, preparando un presupuesto de contingencia, válido durante al menos un año a partir de junio de 2021, y contemplando la duplicación de los recursos en comparación con los créditos de compromiso previstos para este año; destaca que este presupuesto debe explorar nuevas vías para ampliar nuestros recursos y encontrar nuevos modos e instrumentos para superar la inminente recesión causada por la COVID‑19, y también debe respetar las normas de flexibilidad y la concentración de recursos en la política de cohesión que se han establecido para el presupuesto 2020; pone de relieve el papel institucional del Parlamento como colegislador frente a cualquier intento de desvirtuar ese papel;

63. Pide al BEI que aplique el Plan Europeo de Inversiones teniendo como principal objetivo la reactivación de la economía por medio del Pacto Social y Verde, así como un programa de desarrollo de la infraestructura social;

64. Pide un proceso de reestructuración de la deuda para los Estados miembros muy endeudados, a fin de que dispongan de un margen de maniobra presupuestario suficiente para promover las inversiones que requieren la lucha contra la recesión económica y el fortalecimiento de los servicios públicos;

65. Destaca que la Unión y sus Estados miembro necesitarán generar nuevos recursos para financiar la recuperación; recalca que la recuperación no será socialmente justa a menos que se financie con recursos presupuestarios progresivos y redistributivos; pide un aumento de los impuestos tanto para las grandes empresas como para las personas físicas con grandes fortunas; pide a los Estados miembros, a este respecto, que aumenten los tipos del impuesto de sociedades, con tipos más elevados para las sociedades más rentables, especialmente las del sector financiero que se hayan beneficiado de transacciones especulativas y a corto plazo, y que creen un impuesto sobre los beneficios extraordinarios; pide a los Estados miembros que creen un impuesto sobre el patrimonio neto de las personas físicas con mayores fortunas;

66. Pide al Consejo que se comprometa a que la Unión disponga de más financiación con el fin conectar de forma productiva el Fondo de Recuperación con un MFP 2021-2027 avanzado, reforzado y reorientado, y que dote de directrices al Fondo, que proporcionará recursos a los Estados miembros, regiones y personas más vulnerables para que puedan hacer frente de manera sostenible a las divergencias y desigualdades sociales y entre países y regiones;

67. Pide a la Comisión que suspenda parcialmente los procedimientos de infracción de las normas de la Unión en materia de IVA a fin de permitir a los Estados miembros reducir los tipos del IVA para productos esenciales o añadir estos productos a la lista de artículos exentos del IVA; pide a la Comisión que proponga una revisión de la Directiva sobre el IVA[11] para dotar de mayor progresividad a las normas de la Unión que rigen este impuesto; 

68. Insta a los Estados miembros que participan en el procedimiento de cooperación reforzada a que lleguen a un acuerdo sobre la adopción de un impuesto sobre las transacciones financieras (ITF); destaca que lo más adecuado sería una solución que englobe a toda la Unión, por lo que pide a la Comisión que proponga un nuevo ITF a todos los Estados miembros;

69. Pone de relieve la solidaridad internacional que está surgiendo en esta época de crisis —y de la que han hecho gala, entre otros países, China, Cuba y Venezuela— y pide que esta solidaridad se amplíe también a otras crisis, como los desplazamientos por motivos climáticos y las catástrofes naturales; considera que la comunidad internacional debe mostrar la misma solidaridad con terceros países, en particular para abordar la financiación de las pérdidas y daños causadas por el cambio climático y la adaptación y la lucha contra dicho cambio, así como otros llamamientos a la solidaridad del Sur Global; pide, por estas razones, el fin inmediato de las sanciones y los bloqueos económicos aplicados a terceros países que ponen en peligro la salud y el bienestar de la población durante esta pandemia;

70. Pide a los Estados miembros que cumplan su compromiso colectivo y presten ayuda oficial al desarrollo a los países en desarrollo; solicita la asignación de más fondos a todos los instrumentos de la Unión destinados a la ayuda exterior, humanitaria y al desarrollo, así como un presupuesto para ayudar a los países en desarrollo a aplicar políticas que fortalezcan sus sistemas públicos de asistencia sanitaria y para facilitar todo el apoyo material, médico, humano y técnico necesario para hacer frente al brote del coronavirus; pide que se apoye a los países en desarrollo en la fabricación de equipos médicos; destaca la necesidad de cambiar el nuevo MFP en función de estas necesidades provocadas por la situación de emergencia y de asignar mayores recursos; pide a la Unión que apoye el alivio de la deuda bilateral, multilateral y comercial, y la renuncia al cobro de intereses a todos los países en desarrollo, especialmente los países africanos de renta baja y media, durante un período de dos o tres años;

71. Destaca que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial deben garantizar el acceso a la financiación a los países con dificultades financieras sin discriminación ni condicionalidad ni «programas de ajuste estructural» que debiliten los sistemas sanitarios e impidan a los Estados responder a las crisis; subraya que el FMI y el Banco Mundial deben cancelar el pago de deudas y establecer mecanismos para la condonación de deudas, en particular en el caso de países empobrecidos que necesitan todos sus recursos para garantizar el derecho a la salud y otros derechos humanos y en los casos de deuda odiosa;

72. Pide a la Comisión que encabece la labor de intensificar los esfuerzos internacionales en pos de una cooperación sanitaria mundial realmente justa y solidaria, adaptada a los retos de nuestro tiempo y dotada de instrumentos eficaces y preventivos de alerta en caso de pandemia, prevención de crisis sanitarias y mecanismos para el intercambio de patentes, vacunas y equipos médicos;

73. Solicita que la OMS facilite la puesta en marcha a nivel internacional, y en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la Organización Mundial de Comercio, de una Iniciativa Especial de Cooperación Internacional en favor del acceso de todos los seres humanos, en cuanto derecho fundamental, a los medicamentos, la asistencia sanitaria pública, la alimentación y el agua; pide a la Comisión que se coordine con las Naciones Unidas, a través de su fondo de donantes múltiples contra el coronavirus, con el fin de ayudar a los países en desarrollo con sistemas de salud deficientes a superar la crisis;

CRISIS DEMOCRÁTICA

Tutela de los derechos fundamentales

74. Subraya que los ciudadanos tienen derecho a la tutela de sus derechos fundamentales en todo momento, también en situaciones de emergencia, y destaca el derecho fundamental de acceso libre y equitativo a una sanidad pública de calidad; recuerda que la OMS ha declarado que entre los principios fundamentales de los derechos humanos y la salud se cuentan, entre otros, la igualdad y la no discriminación, y exige que todos sus miembros los respeten escrupulosamente;

75. Pide a todos los Estados miembros que garanticen el acceso de todas las personas a la asistencia sanitaria, tanto preventiva como curativa, independientemente de su situación como inmigrantes o de su nivel de ingresos; pide a los Estados miembros que adopten medidas suplementarias de protección social para apoyar a quienes se vean afectados de forma desproporcionada por la crisis, incluidas las mujeres, que ya se encuentran en una posición socioeconómica desfavorecida, asumen una mayor responsabilidad en los cuidados de otras personas y viven con un riesgo de violencia de género más elevado, dando prioridad en todas las facetas de sus políticas públicas a la lucha contra la violencia ejercida por la pareja; reitera sus llamamientos al Consejo para que finalice urgentemente la ratificación del Convenio de Estambul por parte de la Unión; pide a los Estados miembros que adopten medidas para proteger a las víctimas de violencia doméstica, especialmente las mujeres y los niños, estableciendo sistemas de alerta, líneas directas y servicios de emergencia, creando vías seguras para que las mujeres busquen ayuda y garantizando la disponibilidad efectiva de instalaciones y refugios de protección contra la violencia; pide a los Estados miembros que garanticen de manera efectiva el acceso de todas las mujeres y niñas a los servicios de salud sexual y reproductiva durante la pandemia de COVID‑19, especialmente el acceso seguro al aborto, y muestra su firme rechazo a cualquier intento de hacer retroceder los derechos de las personas LGBTI; condena, en este contexto, los intentos de reforzar la criminalización del aborto en Polonia, así como los ataques a los derechos de los transexuales en Hungría;

76. Pide a los Estados miembros que adopten medidas proporcionadas, necesarias y no discriminatorias para combatir la COVID‑19, que deben ser de carácter temporal, estar sujetas a plazos claros y obligatorios y ser objeto de control parlamentario y que no deben servir de excusa para actuaciones represivas so pretexto de proteger la salud;

77. Condena enérgicamente la Ley de Emergencia aprobada por el Parlamento húngaro el 30 de marzo de 2020, que otorga poderes ilimitados a Viktor Orbán y su Gobierno y le da carta blanca para restringir los derechos fundamentales; insta a la Comisión y al Consejo a que tomen medidas inmediatas contra estas actuaciones y a que utilicen todas las herramientas y procedimientos a su alcance para asegurarse de que Hungría cumple plenamente el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE); insta al Consejo a celebrar una reunión extraordinaria en abril con el fin de debatir esta cuestión concreta, así como para garantizar que se aborde inmediatamente en las audiencias previstas en el artículo 7, apartado 1, del TUE;

78. Manifiesta su profunda preocupación por la adopción de medidas de vigilancia para luchar contra la propagación del virus, incluida la obtención de datos de los operadores de telecomunicaciones o las aplicaciones de teléfonos inteligentes sobre la ubicación de los usuarios a fin de seguir los movimientos de la población o detectar a personas potencialmente positivas; insta a la Comisión a que haga un estrecho seguimiento de las medidas nacionales que pueden afectar a nuestra intimidad y a la protección de datos y a que consulte al Supervisor Europeo de Protección de Datos antes de adoptar iniciativas en este ámbito; destaca que todas las medidas que restrinjan nuestra intimidad y la protección de datos deben ser legales, eficaces frente a los riesgos para la vida y la salud pública y estrictamente proporcionadas, y solo deben utilizarse con fines de salud pública y estar sujetas a plazos estrictos; destaca que las iniciativas de emergencia no deben abocar a una vigilancia generalizada una vez pasada la crisis, y pide garantías a este respecto; subraya asimismo que este apoyo digital en la lucha contra el virus solo puede ser fructífero si se complementa con pruebas de detección a gran escala;

79. Insta a todos los Estados miembros a que garanticen el derecho de asilo, a que ofrezcan instalaciones de acogida abiertas, adecuadas y dignas a los solicitantes de asilo en las que se puedan adoptar todas las medidas preventivas, incluido el distanciamiento social, a que suspendan todas las decisiones de retorno y todas las deportaciones, a que pongan fin al internamiento de determinados tipos de inmigrantes, a que prorroguen automáticamente los permisos de residencia de los migrantes indocumentados, como se ha hecho en Portugal, y a que amplíen los plazos vigentes en la legislación de extranjería; insta a la Comisión a que incluya estas exigencias en sus directrices a los Estados miembros y a que colabore con las autoridades griegas para evacuar los campamentos de las islas griegas, también mediante el envío de solicitantes de asilo a otros Estados miembros en concepto de reubicación o reagrupación familiar;

80. Manifiesta su profunda preocupación por la decisión de las autoridades italianas y maltesas de aprovechar la pandemia de COVID‑19 para declarar que sus puertos no son seguros; muestra su alarma ante el hecho de que dichas autoridades no hayan asistido a las personas en peligro en sus zonas de búsqueda y salvamento, a pesar de los llamamientos que recibieron; recuerda que deben encontrarse soluciones para proteger la vida y la salud tanto de las personas que se encuentran en peligro en el mar como de las que se encuentran en tierra; pide a los Estados miembros que cumplan las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho internacional de asistir a los buques en peligro y proporcionar un lugar de desembarco para las personas rescatadas en el mar, incluidas las rescatadas por embarcaciones de la sociedad civil y buques mercantes; recuerda su llamamiento para que la Unión establezca una operación proactiva de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central;

81. Insta a los Estados miembros a que solo adopten medidas necesarias, coordinadas y proporcionadas cuando se trate de restringir los desplazamientos o de establecer y prorrogar los controles en las fronteras interiores, medidas que deben ir precedidas de una cuidadosa evaluación de su eficacia para resolver los problemas de salud pública y basarse en las normas jurídicas vigentes, a saber, el Código de Fronteras Schengen y la Directiva relativa a la libertad de circulación, respetando plenamente la Carta de los Derechos Fundamentales; recuerda que las personas que requieren protección internacional están exentas de la lista de nacionales de terceros países cuyo acceso al espacio Schengen no está autorizado, e insta a los Estados miembros y a la Comisión a que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que así ocurra en la práctica; insta a la Comisión a que supervise la legalidad, proporcionalidad y coherencia de todas las medidas adoptadas y a que garantice, al menos, su evaluación a posteriori, con vistas a una reinstauración de un espacio Schengen plenamente funcional y del pleno respeto del derecho a la libre circulación;

82. Muestra su preocupación por la situación en las cárceles y centros de detención, donde está en peligro la salud de más de 1,5 millones de personas en Europa; insta a que se refuerce la asistencia médica y se promueva la adopción de las medidas recomendadas por la OMS y el Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura; insta a los Estados miembros a que permitan la liberación anticipada de presos, en particular en el caso de delincuentes de bajo riesgo y de las personas de edad avanzada o más vulnerables, y a que recurran en mayor medida a medidas no privativas de la libertad; pide a los Estados miembros que adopten las medidas preventivas oportunas para garantizar el respeto del derecho de los presos a comunicarse con sus familias;

83. Destaca que la pandemia de COVID‑19 ha aumentado los casos de racismo y discriminación en la Unión; lamenta las políticas racistas y las numerosas ocasiones en que los representantes políticos se han valido de chivos expiatorios en varios Estados miembros, lo que ha dado lugar a un aumento de la violencia contra los migrantes, los refugiados y las minorías; destaca la necesidad de abordar la cuestión de los delitos motivados por el odio mediante el fomento de un marco legislativo eficaz en cada uno de los Estados miembros; insta a la Comisión y a su presidenta a que condenen la violencia contra la población romaní, incluidas las expulsiones colectivas, por parte de las autoridades locales y regionales de varios Estados miembros durante la pandemia;

84. Recalca que todas las medidas aplicadas por la Comisión deben estar sometidas a control parlamentario; pone de relieve la necesidad de que el Parlamento participe en los procesos de toma de decisiones y, por lo tanto, pide que se revoquen las decisiones adoptadas para obviar la intervención de sus representantes;

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85. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Banco Central Europeo, así como a los Gobiernos, Parlamentos e interlocutores sociales de los Estados miembros.

 

[1] DO L 293 de 5.11.2013, p. 1.

[2] DO L 347 de 20.12.2013, p. 924.

[3] https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.es.html.

 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html.

[6] https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf.

[8] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0078.

[9] Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1996 sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 18 de 21.1.1997, p. 1).

[10] Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22).

[11] Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).

Última actualización: 15 de abril de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad