Propuesta de resolución - B9-0192/2020Propuesta de resolución
B9-0192/2020
Parlamento europeo

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la reapertura de la instrucción contra el primer ministro de la República Checa por uso indebido de fondos de la Unión y posibles conflictos de intereses

15.6.2020 - (2019/2987(RSP))

tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno

Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský
en nombre del Grupo PPE
Lara Wolters
en nombre del Grupo S&D
Ramona Strugariu
en nombre del Grupo Renew
Viola Von Cramon‑Taubadel
en nombre del Grupo Verts/ALE
Veronika Vrecionová
en nombre del Grupo ECR
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Procedimiento : 2019/2987(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento :  
B9-0192/2020
Textos presentados :
B9-0192/2020
Debates :
Votaciones :
Textos aprobados :

B9‑0192/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre la reapertura de la instrucción contra el primer ministro de la República Checa por uso indebido de fondos de la Unión y posibles conflictos de intereses

(2019/2987(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 13, apartado 2, y el artículo 17, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Vistas sus anteriores decisiones y resoluciones sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018,

– Vistas las investigaciones administrativas realizadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en el proyecto conocido como «Stork Nest» (Nido de Cigüeña) en la República Checa, en las que se detectaron «graves irregularidades»,

– Vista la misión de investigación a la República Checa llevada a cabo por la Comisión de Control Presupuestario durante los días 26 y 27 de marzo de 2014,

– Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2018, sobre los conflictos de intereses y la protección del presupuesto de la Unión en la República Checa[1],

– Vista la Ley n.º 159/2006 de la República Checa, de 16 de marzo de 2006, sobre los conflictos de intereses, cuyo artículo 4(c) entró en vigor en febrero de 2017,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión[2] (el nuevo Reglamento Financiero), que entró en vigor el 2 de agosto de 2018, y en particular su artículo 61,

– Vistos los artículos 144 y 145 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca[3],

– Vistas las preguntas y la denuncia enviadas a la Comisión Europea sobre los posibles conflictos de intereses en la República Checa[4],

– Visto el dictamen del Servicio Jurídico de la Comisión, de 19 de noviembre de 2018, titulado «Impact of Article 61 of the new Financial Regulation (conflict of interests) on payments from the European Structural and Investment (ESI) Funds» (Impacto del artículo 61 del nuevo Reglamento Financiero (conflictos de intereses) en los pagos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE)),

– Vista la conferencia de prensa del fiscal general del Estado, celebrada el 4 de diciembre de 2019, sobre la reapertura de la instrucción contra el primer ministro de la República Checa por uso indebido de fondos de la Unión,

– Visto su debate en el Pleno del 18 de diciembre de 2019 sobre los conflictos de intereses y la corrupción que afectan a la protección de los intereses financieros de la Unión en los Estados miembros,

– Visto su debate en el Pleno del 15 de enero de 2020 sobre la reapertura del proceso contra el primer ministro de la República Checa por uso indebido de fondos de la Unión y posibles conflictos de intereses,

– Vista la misión de investigación a la República Checa llevada a cabo por la Comisión de Control Presupuestario durante los días 26 a 28 de febrero de 2020,

– Vista la Decisión Pl. ÚS 4/17 del Tribunal Constitucional de la República Checa, de 18 de febrero de 2020,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la instrucción penal contra el primer ministro checo Andrej Babiš tras el informe de la OLAF sobre el uso irregular de subvenciones de la Unión destinadas a pequeñas empresas, que fue suspendida dos años después, ha sido reabierta recientemente por el fiscal general de la República Checa; recordando que, como parte del proyecto denominado «Stork Nest», Agrofert creó artificialmente una empresa de tamaño medio, que siguió bajo el control de Agrofert, con el fin de obtener fondos destinados a pequeñas y medianas empresas por un total aproximado de dos millones de euros;

B. Considerando que el fiscal general de la República Checa anunció el abandono de la instrucción penal por «ilegal y prematura», ya que no se había tenido en cuenta el Derecho de la Unión, añadiendo que el proceso de asignación de subvenciones había adolecido de una falta de controles suficientes;

C. Considerando que el artículo 61, apartado 1, del Reglamento Financiero (conjuntamente con el artículo 61, apartado 3) establece:

a) una obligación negativa de los agentes financieros de evitar situaciones de conflictos de intereses relacionadas con el presupuesto de la Unión;

b) una obligación positiva de los agentes financieros de adoptar las medidas oportunas para evitar conflictos de intereses en las funciones que estén bajo su responsabilidad y para hacer frente a situaciones que puedan ser percibidas objetivamente como conflictos de intereses;

D. Considerando que el artículo 63 del Reglamento Financiero impone a los Estados miembros el establecimiento de sistemas de gestión y control que, como exige el artículo 36, apartado 3, sean capaces de prevenir los conflictos de intereses;

E. Considerando que, en febrero de 2017, la Ley n.º 159/2006 de la República Checa sobre los conflictos de intereses fue modificada con la adición de una lista ampliada de actividades prohibidas, que incluye disposiciones que impiden que determinadas empresas participen en la contratación pública, incluso como subcontratistas, o reciban subvenciones; que la Ley tiene por objeto evitar los conflictos de intereses en todas sus formas;

F. Considerando que las normas de contratación pública obligan a los Estados miembros a prevenir los conflictos de intereses (artículo 24 de la Directiva 2014/24/UE[5]), en particular los intereses personales directos o indirectos, y que ya existen normas en vigor para abordar las situaciones percibidas como conflictos de intereses, así como las obligaciones específicas en el marco de la gestión compartida (por ejemplo, el Reglamento (UE) n.º 1303/2013);

G. Considerando que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea[6], «el conflicto de intereses constituye en sí mismo y de forma objetiva una disfunción grave, sin que sea preciso tener en cuenta, para su calificación, las intenciones de los interesados y su buena o mala fe»;

H. Considerando que la Comisión tiene la obligación de suspender los pagos de fondos de la Unión cuando exista una deficiencia grave en el funcionamiento de los sistemas de gestión y control y cuando se revelen irregularidades graves no constatadas, no declaradas y no corregidas en relación con un conflicto de intereses;

I. Considerando que Agrofert es un conglomerado fundado por el primer ministro checo, que se compone de más de 230 empresas y supera los 34 000 empleados (2017); que se ha revelado que el Sr. Babiš es el titular real de Agrofert, la empresa que controla el Grupo Agrofert, que incluye, entre otros, algunos importantes medios de comunicación checos, a través de los fondos fiduciarios AB I y AB II, de los que es tanto fundador como beneficiario único; que, cuando el Sr. Babiš decide disolver estos fondos fiduciarios, recupera la plena propiedad de todos los activos que poseen;

J. Considerando que, en enero y febrero de 2019, varios servicios de la Comisión (DG REGIO / DG EMPL, DG AGRI (DG asociada) realizaron una auditoría coordinada y exhaustiva sobre la aplicación del Derecho nacional y de la Unión; que una auditoría en curso de AGRI está examinando supuestos conflictos de intereses en relación con el ministro de Agricultura checo;

K. Considerando que, en noviembre de 2019, la Comisión envió el informe final de auditoría elaborado por la DG REGIO y la DG EMPL a las autoridades checas, tras las acusaciones de conflictos de intereses en la República Checa sobre la base del artículo 61 del Reglamento Financiero, que se filtró a los medios de comunicación checos;

L. Considerando que la Comisión de Control Presupuestario celebró una reunión a puerta cerrada con el comisario de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn, el 16 de diciembre de 2019;

M. Considerando que el comisario Hahn informó a la Comisión de Control Presupuestario de que la Comisión solo haría públicas las conclusiones de su auditoría una vez que todas las pruebas se hubieran tenido debidamente en cuenta y se hubieran analizado exhaustivamente; que las autoridades checas presentaron sus respuestas al informe final de auditoría elaborado por la DG REGIO el 29 de mayo de 2020;

N. Considerando que la auditoría de la Comisión está aún en curso y, como medida cautelar y hasta que se aclare la situación, no se están realizando pagos con cargo al presupuesto de la Unión en virtud de los Fondos EIE a empresas que sean propiedad directa o indirecta del Sr. Babiš y que pudieran verse implicadas en el supuesto conflicto de intereses;

O. Considerando que la Comisión no está rembolsando a las autoridades checas los pagos efectuados en el marco del Fondo de Desarrollo Rural a los proyectos del Grupo Agrofert susceptibles de verse afectados por el supuesto conflicto de intereses;

P. Considerando que el Parlamento de la República Checa no tiene una visión general sobre las posibles licitaciones públicas, subvenciones checas a nivel nacional o inversiones públicas respaldadas por el Estado de las que el Grupo Agrofert podría seguir beneficiándose;

Q. Considerando que el Grupo Agrofert posee dos de los diarios checos más importantes, Mladá fronta Dnes y Lidové Noviny y controla la cadena de televisión Óčko, así como las emisoras de radio Impuls y RockZone; que, según el informe de la Federación Europea de Periodistas, el Sr. Babiš es el propietario de facto del 30 % de los medios de comunicación privados en la República Checa[7];

R. Considerando que los ingresos del Grupo Agrofert han aumentado considerablemente durante el período en que el Sr. Babiš ha ocupado un cargo público, mientras que, al mismo tiempo, el Grupo Agrofert se ha beneficiado de subvenciones agrícolas de la Unión por un importe total de 970 414 000 CZK en 2016, 1 048 685 000 CZK en 2017 y 973 284 000 CZK en 2018 solo en la República Checa; que el Grupo Agrofert recibió supuestamente subvenciones de los fondos de cohesión de la Unión por un importe de 427 385 000 CZK durante el período 2014-2020 en la República Checa; que el Grupo Agrofert probablemente haya recibido subvenciones adicionales en otros Estados miembros, como Eslovaquia y Alemania;

S. Considerando que el Tribunal Constitucional de la República Checa, en su Decisión Pl. ÚS 4/17, de febrero de 2020, desestimó el recurso presentado por el presidente de la República Checa y diputados del Parlamento de la República Checa sobre la derogación de la Ley checa que define los conflictos de intereses de los funcionarios públicos; que, en esa misma decisión, el Tribunal Constitucional aclaró que las elecciones no deben utilizarse como un medio para tomar el control sobre el Estado con el fin de utilizar o incluso abusar de sus capacidades y recursos;

1. Acoge favorablemente la reapertura de la instrucción penal contra el primer ministro de la República Checa por su participación en el proyecto «Stork Nest»; confía en que el sistema judicial nacional lleve a cabo este proceso de manera independiente y libre de cualquier posible influencia política;

2. Condena cualquier situación potencial de conflictos de intereses que pueda poner en peligro la ejecución del presupuesto de la Unión y socavar la confianza de sus ciudadanos en la gestión correcta del dinero de los contribuyentes de la Unión;

3. Pide a la Comisión, como guardiana de los Tratados, que luche contra todas las formas de conflictos de intereses y que evalúe las medidas preventivas adoptadas por los Estados miembros para evitarlos;

4. Pide a la Comisión que establezca un mecanismo de control para abordar la cuestión de los conflictos de intereses en los Estados miembros y que ponga en marcha una prevención activa de los conflictos de intereses, también mediante la identificación de los beneficiarios finales de las subvenciones de la Unión, como una de sus prioridades;

5. Pide a la Comisión que vele por una política de tolerancia cero frente a los conflictos de intereses y que garantice una rápida recuperación de las subvenciones pagadas potencialmente de forma irregular, respetando al mismo tiempo el Estado de Derecho y los requisitos de procedimiento, y que intervenga con decisión, especialmente cuando las autoridades nacionales no actúen para evitar conflictos de intereses de sus máximos representantes;

6. Hace hincapié en que la legislación nacional en materia de prevención de conflictos de intereses debe ser compatible con la letra y el espíritu del nuevo Reglamento Financiero; pide a la Comisión que proponga directrices comunes para ayudar a los Estados miembros a evitar los conflictos de intereses entre los políticos de alto nivel;

7. Insta al Consejo y al Consejo Europeo a que adopten normas comunes sobre todas las cuestiones relacionadas con los conflictos de intereses y a que impulsen una interpretación común en todos los Estados miembros;

8. Pide a la Comisión que, en caso de incumplimiento de las normas, adopte las medidas adecuadas para proteger el presupuesto de la Unión, que incluyan acciones correctivas para recuperar todos los fondos que hayan sido pagados de forma ilegal o irregular, en su caso;

9. Pide a todos los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para mejorar la transparencia presupuestaria, garantizando que los datos pertinentes relativos a los procedimientos de contratación pública y la adjudicación de contratos financiados con fondos públicos estén disponibles para el público de manera fácil y gratuita;

10. Manifiesta su preocupación por los informes elaborados por distintos departamentos de la Unión acerca del aumento de la influencia política de políticos con intereses creados, cercanos o pertenecientes al gobierno, en la elaboración de la legislación y el uso de fondos públicos, con el objetivo potencial de servir a intereses propios de personas concretas y no del público en general;

11. Lamenta que el primer ministro checo haya participado y siga participando activamente en la ejecución del presupuesto de la Unión en la República Checa desde su cargo de primer ministro (y antiguo presidente del Consejo para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos), al tiempo que sigue controlando el Grupo Agrofert como fundador y beneficiario único de dos fondos fiduciarios, contraviniendo el artículo 61, apartado 1, del Reglamento Financiero, y pone en tela de juicio, por tanto, el ejercicio imparcial y objetivo de sus funciones; expresa su profunda preocupación por los recientes informes de los medios de comunicación[8] en los que se afirma que el primer ministro sigue ejerciendo el control sobre las decisiones empresariales adoptadas en Agrofert;

12. Toma nota de los recientes informes de los medios de comunicación que parecen revelar que el Sr. Babiš y su esposa siguen figurando entre las seis personas activas con una influencia o un control significativos sobre los administradores fiduciarios de un fideicomiso relacionado con la filial de Agrofert en el Reino Unido, GreenChem Solutions Ltd.;

13. Insiste en que un conflicto de intereses al más alto nivel de gobierno de un Estado miembro, si se confirma, no puede tolerarse y debe ser resuelto por la persona o personas afectadas:

a) adoptando medidas que garanticen que esta persona ya no tenga intereses económicos o de otro tipo que entren en el ámbito de aplicación del artículo 61 del Reglamento Financiero en relación con una entidad empresarial;

b) haciendo que las entidades empresariales bajo su control dejen de recibir financiación de los fondos de la Unión, subvenciones públicas o financiación distribuida por el Gobierno nacional;

c) absteniéndose de participar en decisiones que afecten a sus intereses; subraya, no obstante, que, a la vista de las funciones y las competencias del primer ministro y de los miembros de su Gobierno, parece dudoso que dicha medida pueda abordar adecuadamente el conflicto de intereses en la práctica si las personas en cuestión siguen ejerciendo sus funciones públicas, y que dimitir del deber público constituye, por tanto, una manera más adecuada de abordar el conflicto de intereses;

14. Pide a la Comisión que supervise atentamente el proceso de asignación de pagos en la República Checa, especialmente los pagos de fondos de la Unión a empresas que sean propiedad directa o indirecta del primer ministro o de cualquier otro miembro del Gobierno que participe en la ejecución del presupuesto;

15. Pide a la Comisión que evalúe, sin demora injustificada, si los casos en que empresas pertenecientes al Grupo Agrofert siguen recibiendo subvenciones del presupuesto nacional cumplen las normas sobre ayudas estatales; señala estos casos podrían plantear un riesgo de que se produzcan daños económicos, y pide a las autoridades nacionales que evalúen estas situaciones; considera que los contribuyentes checos y de la Unión deben estar debidamente informados de esta situación;

16. Manifiesta su profunda preocupación por los informes[9] sobre la capacidad de las empresas del Grupo Agrofert para transferir artificialmente activos entre sus filiales, cumpliendo así los criterios de admisibilidad para las subvenciones a las pequeñas y medianas empresas, o, por el contrario, fusionar sus operaciones a fin de presentarse como una gran empresa, ganando así licitaciones públicas;

17. Lamenta los informes que señalan que los auditores detectaron graves deficiencias en el funcionamiento de los sistemas de gestión y control en el ámbito de los fondos regionales y de cohesión en la República Checa, por lo que propusieron una corrección financiera de casi el 20 %; pide a la Comisión que evalúe de forma crítica si estos casos representan un uso indebido sistémico de los fondos de la Unión;

18. Manifiesta su preocupación por el perjuicio financiero causado por las deficiencias en los organismos pagadores y los órganos de control nacionales; pide al Consejo, en este contexto, que adopte con urgencia la propuesta de Reglamento sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros;

19. Expresa su profunda preocupación por que el marco jurídico de la República Checa deniegue al Tribunal de Cuentas nacional el derecho a comprobar la regularidad y el rendimiento del gasto público a nivel regional y local, lo que le impide tener una visión de los titulares reales de las estructuras empresariales complejas; lamenta los informes[10] en el sentido de que el Tribunal de Cuentas nacional no realiza controles sistemáticos sobre el terreno de los beneficiarios finales; expresa su preocupación por las observaciones despectivas formuladas por el primer ministro checo en relación con el trabajo del Tribunal de Cuentas checo;

20. Destaca que el desequilibrio político en la composición del Consejo de Supervisión del Fondo Estatal de Intervención Agrícola (SZIF) comporta un riesgo de influencia política, lo que menoscaba la capacidad de realizar auditorías independientes;

21. Expresa su preocupación por los informes en el sentido de que ciertos funcionarios[11] recibieron instrucciones y fueron presionados para no investigar las acusaciones de posibles conflictos de intereses en relación con el Grupo Agrofert y de que se les habrían dado instrucciones para evaluar ofertas comerciales recibidas por Agrofert; manifiesta su profunda preocupación por las informaciones que apuntan a que los funcionarios se enfrentan a consecuencias negativas, como despidos bajo el pretexto de la sistematización, en caso de que se nieguen a seguir dichas órdenes; destaca que estas medidas ponen en tela de juicio la imparcialidad de la administración estatal y el ejercicio independiente de los deberes públicos;

22. Lamenta los indicios sobre deficiencias sistémicas en la detección de conflictos de intereses; deplora que no haya controles cruzados y que las responsabilidades divergentes fomenten estructuras opacas que dificultan una prevención y una detección eficaces de los conflictos de intereses en la República Checa; recuerda que un enfoque positivista, consistente en que los funcionarios públicos deban presentar autodeclaraciones de ausencia de conflictos de intereses, no es suficiente de cara a prevenir de manera eficaz las situaciones de conflictos de intereses; pide a las autoridades checas que aborden estas deficiencias sistémicas sin demora, en particular exigiendo una declaración verificable de ausencia de conflictos de intereses, en la que los funcionarios públicos faciliten una lista de sus intereses financieros respectivos;

23. Lamenta que los fondos de la Unión afectados por correcciones financieras relacionadas con irregularidades puedan reutilizarse sin ninguna otra consecuencia o restricción; opina que dicho sistema pone en peligro los intereses financieros de la Unión; pide a la Comisión, por tanto, que supervise estrechamente la reutilización de los fondos de la Unión y que considere el desarrollo de un sistema en el que las correcciones también vayan acompañadas de restricciones a su reutilización;

24. Toma nota de la Decisión de la Comisión, de 28 de noviembre de 2019, de suspender los importes pertinentes incluidos por las autoridades checas en sus declaraciones intermedias de gastos del Programa de Desarrollo Rural de la República Checa para el T4-2018 y el T1-2019;

25. Observa que la Comisión ha confirmado que efectuó pagos en el marco de la política agrícola común (PAC) correspondientes al ejercicio 2018 a empresas que forman parte del Grupo Agrofert, así como a empresas con el mismo titular real en varios otros Estados miembros fuera de la República Checa; insiste en que la Comisión debe proporcionar a la autoridad responsable de la aprobación de la gestión una visión completa y fiable de todos los pagos efectuados al Grupo Agrofert y a las empresas con el mismo titular real en todos los Estados miembros durante los ejercicios 2018 y 2019;

26. Pide a las autoridades checas que garanticen una distribución justa y equilibrada de los fondos de la Unión, de modo que el dinero de los contribuyentes europeos beneficie a la gran mayoría de la población, tanto económica como socialmente;

27. Manifiesta su preocupación por la aplicación inadecuada de las Directivas (UE) 2015/849[12] y (UE) 2018/843[13] relativas a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (4.ª y 5.ª Directivas contra el blanqueo de capitales); pone de relieve la obligación de transponer plena y correctamente ambas Directivas y de garantizar la plena aplicación de todas las disposiciones, incluidas las relativas a la transparencia de la titularidad real;

28. Insta a la Unidad de Análisis Financiero de la República Checa a que adopte un enfoque más proactivo en la lucha contra los delitos fiscales, el fraude y la corrupción, así como a que garantice unos controles eficaces de los titulares reales por parte de las entidades responsables en virtud de las normas contra el blanqueo de capitales;

29. Lamenta que la autorización, la distribución y la auditoría de los fondos de la Unión en gestión compartida sean procesos complejos y opacos, en los que solo los Estados miembros tienen pleno acceso a los datos, por lo que la Comisión es incapaz de proporcionar al Parlamento a su debido tiempo una visión global cuando se le pide información sobre los pagos a determinados beneficiarios en diversos Estados miembros; hace hincapié en que este hecho obstaculiza seriamente la eficiencia y la capacidad de la Comisión de Control Presupuestario y del Tribunal de Cuentas Europeo para desempeñar sus funciones como entidades de control;

30. Pide a la Comisión que, en plena aceptación del principio de gestión compartida, establezca medios uniformes y normalizados para que los Estados miembros informen sobre los beneficiarios finales de los fondos de la Unión; subraya que la información sobre los beneficiarios finales debe incluir una especificación de los titulares reales de las empresas (personas físicas y jurídicas); pide a la Comisión que proponga un reglamento por el que se establezca un sistema informático que permita a las autoridades de los Estados miembros proporcionar información uniforme y normalizada en tiempo real, asegurando la interoperabilidad con los sistemas de los Estados miembros, a fin de garantizar una mayor transparencia y cooperación entre la Comisión y los Estados miembros, mejorar la rendición de cuentas en lo que se refiere a los pagos y, en particular, contribuir a una detección precoz de los errores sistémicos y del uso indebido;

31. Lamenta que ninguna de las normas que rigen el uso de los fondos agrícolas o de cohesión imponga a las autoridades nacionales la obligación de publicar el titular real último de una persona física, jurídica o de un fideicomiso que se beneficie de los fondos; pide a los colegisladores que presten especial atención a este asunto y lo aborden de manera exhaustiva al decidir futuras normas en materia de transparencia de las subvenciones de la Unión;

32. Insiste en que el registro de la titularidad real solo ha de recoger información plenamente verificada sobre las personas que ejercen el control y en que debe estar plenamente abierto al público;

33. Desaprueba enérgicamente la creación y el establecimiento de estructuras oligárquicas que se aprovechan de los fondos agrícolas y de cohesión de la Unión, mediante las que una pequeña minoría de beneficiarios recibe la gran mayoría de los fondos de la Unión; pide a la Comisión que, junto con los Estados miembros, desarrolle instrumentos jurídicos eficaces para que se respete el Estado de Derecho y se evite el fomento de dichas estructuras;

34. Reitera su preocupación por que los casos de conflictos de intereses perjudiquen los objetivos de la política de cohesión y de la PAC, que tienen una dimensión económica, social y medioambiental importante, y creen una imagen negativa de estas políticas;

35. Pide a la Comisión que presente una propuesta de modificación de las normas de la PAC que favorezca una asignación más justa de los fondos de la Unión, a fin de garantizar que la PAC se asigna equitativamente a agricultores activos que cultiven las tierras y que no dé lugar a acuerdos sobre las tierras que beneficien a un selecto grupo de personas con conexiones en el mundo político ni incentiven prácticas abusivas en las subastas de privatización de suelo de propiedad estatal; toma nota de la propuesta de la Comisión de un nuevo modelo de aplicación, que incluya un límite máximo combinado con un mecanismo de reducción progresiva; opina, no obstante, que un límite máximo, junto con la introducción de una compensación de los costes laborales antes de la limitación, es insuficiente de cara a garantizar una asignación más justa de los pagos directos; respalda, además, la idea de un mecanismo de redistribución obligatoria;

36. Toma nota de que, a menudo, los derechos de propiedad de la tierra no estaban claramente definidos y que las tierras seguían clasificadas como de titularidad estatal bajo la supervisión de la Oficina Estatal del Catastro, que tendía a arrendarlas a grandes explotaciones agrícolas; reconoce los esfuerzos de las autoridades checas por identificar a los propietarios legítimos hasta 2023; insiste en que las subastas de tierras cuyos propietarios legítimos no puedan determinarse deben llevarse a cabo de manera justa, ofreciendo las mismas oportunidades para adquirir la tierra a los pequeños y medianos agricultores y a los jóvenes agricultores;

37. Insta a la Comisión a que presente una propuesta relativa a un importe máximo de pagos directos por persona física titular real de una o varias empresas, a la vez que se aplica una tolerancia cero a quienes se encuentren en una situación de conflicto de intereses; subraya que no debe ser posible recibir subvenciones de la Unión del orden de cientos de millones en un único período del MFP;

38. Insiste en que los responsables del uso indebido de fondos de la Unión deben sufrir las consecuencias, y en caso de correcciones financieras, la carga no debería transferirse a los contribuyentes nacionales; pide a las autoridades nacionales de la República Checa que reclamen las subvenciones abonadas indebidamente a quienes se hayan beneficiado ilegalmente de ellas; opina que debe introducirse una condición habilitadora para la utilización de fondos de la Unión en el próximo período de programación, que exija que las legislaciones nacionales incluyan disposiciones que obliguen al beneficiario responsable a restituir los fondos solicitados erróneamente;

39. Condena enérgicamente el uso público de un lenguaje difamatorio y de incitación al odio contra los participantes en la misión de investigación de los días 26 a 28 de febrero de 2020 por parte del primer ministro durante su conferencia de prensa; considera inaceptable que los diputados al Parlamento Europeo que formaron parte de la misión de investigación de la Comisión de Control Presupuestario en la República Checa recibieran amenazas de muerte y otros ataques verbales en el desempeño de sus responsabilidades como diputados al Parlamento Europeo;

40. Pide a la Comisión de Control Presupuestario que informe al Parlamento sobre los conocimientos relevantes adquiridos durante su misión de investigación e informe a la Comisión y a las autoridades pertinentes en consecuencia;

41. Pide a la Comisión que haga todo lo posible por concluir los procedimientos de auditoría en curso sin retrasos injustificados y que publique sus conclusiones tan pronto como se hayan evaluado debidamente todas las pruebas; alienta al Consejo y al Consejo Europeo a analizar los resultados de estas auditorías y a prestar la debida atención al artículo 61 del Reglamento Financiero por lo que respecta a las negociaciones para el próximo MFP;

42. Pide a la Comisión que haga un seguimiento de las acusaciones de conflictos de intereses no resueltas en otros Estados miembros;

43. Lamenta una vez más que se haya eliminado el informe por países en un segundo informe de la Comisión sobre la lucha contra la corrupción en la Unión (ARES(2017)455202); pide de nuevo a la Comisión que retome ese informe, al margen del Semestre Europeo, sobre la situación de la corrupción en los Estados miembros, incluida una evaluación de la eficacia de los esfuerzos de lucha contra la corrupción respaldados por la Unión; reitera su petición a la Comisión de que no evalúe los esfuerzos de lucha contra la corrupción solo en términos de pérdidas económicas;

44. Destaca la importancia de defender el Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia del poder judicial y la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación como una condición previa para el uso satisfactorio de la financiación de la Unión;

45. Destaca la importancia de unos medios de comunicación públicos independientes y del periodismo de investigación y las organizaciones no gubernamentales que trabajan para fortalecer el Estado de Derecho; subraya, a este respecto, que el apoyo de la Unión a los periodistas independientes y a las organizaciones de la sociedad civil es fundamental, también en el contexto del próximo MFP; expresa su preocupación por la elevada concentración de medios de comunicación privados en la República Checa en manos de unos pocos;

46. Pide a la Comisión que tenga en cuenta las preocupaciones expresadas en la presente Resolución a la hora de supervisar la situación en el contexto del mecanismo del Estado de Derecho;

47. Pide a las autoridades checas que informen lo antes posible a las instituciones de la Unión del resultado de la instrucción reabierta en relación con Stork Nest;

48. Pide al Consejo y al Consejo Europeo que, en consonancia con el artículo 61, apartado 1, del Reglamento Financiero, adopten todas las medidas necesarias y apropiadas para prevenir los conflictos de intereses en el contexto de las negociaciones sobre el futuro presupuesto de la Unión y el próximo marco financiero plurianual;

49. Expresa su solidaridad con los ciudadanos checos que piden equidad, justicia y la resolución de la incompatibilidad entre los intereses empresariales del primer ministro checo y su rol y poderes políticos;

50. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo y al Gobierno y el Parlamento de la República Checa.

Última actualización: 17 de junio de 2020
Aviso jurídico - Política de privacidad