<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0214/2020</NoDocSe>
PDF 157kWORD 53k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la situación humanitaria en Venezuela y la crisis migratoria y de los refugiados</Titre>

<DocRef>(2019/2952(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga</Depute>

<Commission>{ECR}en nombre del Grupo ECR</Commission>

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B9‑0214/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación humanitaria en Venezuela y la crisis migratoria y de los refugiados

(2019/2952(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Venezuela,

 Vista la declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) de 16 de junio de 2020 sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) de 10 de junio de 2020 relativa a los candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), la decisión del TSJ de 12 de junio relativa a la designación de dichos rectores y la decisión de 15 de junio por la que se suspendió la actual junta directiva del partido político Acción Democrática,

 Vista la pandemia mundial de COVID‑19,

 Vista la declaración de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de 5 de enero de 2020 sobre la situación en Venezuela,

 Vista la declaración de Josep Borrell de 21 de diciembre de 2019, en ese momento recientemente nombrado VP/AR,

 Vista la declaración del VP/AR, en nombre de la Unión, de 9 de enero de 2020 sobre los últimos acontecimientos en relación con la Asamblea Nacional,

 Vista la Decisión del Consejo, de 11 de noviembre de 2019, por la que se prorrogan las sanciones contra Venezuela por un año, adoptada a la luz de la actual crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela, que incluye acciones persistentes que socavan la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos,

 Vista la Decisión del Consejo, de 27 de septiembre de 2019, en la que la Unión incluyó en la lista de personas sujetas a sanciones a siete miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad e inteligencia venezolanas implicados en torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos,

 Vistos el informe sobre Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), de 4 de julio de 2019, y la actualización oral realizada con motivo del 42.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos celebrado en Ginebra el 9 de septiembre de 2019,

 Vista la declaración de la VP/AR de 18 de junio de 2019, en la que la Unión subraya su honda preocupación por el agravamiento de la situación política y humanitaria en Venezuela,

 Vista la declaración de la VP/AR de 4 de abril de 2019 sobre la decisión tomada por la Asamblea Nacional Constituyente, no reconocida, de retirar la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó en Venezuela,

 Vista las declaraciones de la VP/AR de 10 de enero de 2019, 26 de enero de 2019, 24 de febrero de 2019 y 28 de marzo de 2019 sobre Venezuela,

 Vista la declaración de la VP/AR de 2 de marzo de 2019, en la que la Unión insiste en que cualquier medida que pudiese poner en peligro la libertad, seguridad o integridad personal de Juan Guaidó representaría una gran escalada de las tensiones y suscitaría la firme condena de la comunidad internacional,

 Vista la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los migrantes y refugiados venezolanos del 26 de mayo de 2020,

 Vista la decisión del Grupo Internacional de Contacto en el sentido de rechazar en cuanto ilegítima la designación por parte del TSJ de las nuevas autoridades del CNE,

 Vista la decisión del TSJ de 16 de junio de 2020,

 Vista la carta abierta de Juan Guaidó a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español, en la que reconviene a este y lo acusa de estar «legitimando las trampas del dictador para disfrazar de elecciones una auténtica farsa, prevista para diciembre»,

 Vista la Decisión (PESC) 2020/898 del Consejo, de 29 de junio de 2020, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2017/2074 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela,

 Vista la ratificación del Estatuto de Roma por Venezuela el 7 de junio de 2000,

 Vista la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que Venezuela lleva años inmersa en una profunda crisis económica, en la que la hiperinflación es uno de los principales problemas; que estos últimos meses el país ha vivido una escalada de violencia y graves violaciones de los derechos humanos bajo el mando del presidente ilegítimo, Nicolás Maduro, lo cual está agravando aún más la actual crisis humanitaria política, económica, institucional y social, que ha forzado a más de cinco millones de venezolanos a abandonar su país, en el que la población se ve obligada a enfrentarse a la cada vez mayor escasez de medicamentos, agua y alimentos, así como a los apagones, lo cual provoca una desesperación generalizada, y a la falta de información inherente a los problemas de acceso a medios de comunicación libres o a la ausencia de estos; que la pandemia mundial de COVID‑19 se ha sumado para empeorar por añadidura de manera radical la situación en Venezuela, que se ha visto agravada aún más por el descenso de los precios, en particular los del petróleo;

B. Considerando que, el 26 de mayo de 2020, la Unión y el Gobierno de España, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de la Organización Internacional para las Migraciones, convocaron la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los migrantes y refugiados venezolanos; que los donantes internacionales se comprometieron a aportar 2 544 millones de euros, de los que solamente 595 millones de euros son subvenciones directas, a fin de ayudar en esta crisis sin precedentes; que estos préstamos son condicionales y tienen por objeto prestar asistencia a los enormes flujos migratorios de venezolanos que buscan refugio en países vecinos; que con 595 millones de euros no bastará para hacer frente a una crisis sin precedentes que se ha extendido a los países vecinos;

C. Considerando que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la crisis de los refugiados venezolanos es la segunda mayor del mundo después de la de Siria; que, dada la gravedad de la situación, Colombia ha establecido un centro de migración en su frontera con Venezuela para intentar gestionar esta afluencia migratoria;

D. Considerando que previamente a estos acontecimientos hubo una campaña de terror y la denominada Operación Alacrán, y que aquellos que se oponen al régimen de Nicolás Maduro siguen sufriendo el acoso y la persecución política; que se ha despojado a diputados de la Asamblea Nacional de la inmunidad parlamentaria, muchos de ellos han sido detenidos y otros se han visto obligados a abandonar el país o refugiarse en misiones diplomáticas; que el recurso enérgico y constante a la coacción y la fuerza, reafirmadas por deseo del presidente usurpador Nicolás Maduro, supone una clara voluntad de laminar la legalidad en todos los sentidos como idea y como práctica; que la comunidad internacional tiene noticia de por lo menos once ciudadanos europeos que al parecer están detenidos ilegalmente en Venezuela en cuanto presos políticos; que desde 2014 hay más de trescientos presos políticos sometidos a torturas y en condiciones de vida inhumanas;

E. Considerando que los actos de violencia perpetrados por el Gobierno de Nicolás Maduro al objeto de impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela han provocado una escalada aún mayor de un enfrentamiento que se ha acelerado de forma constante en los últimos años; que, entre las personas a las que se despojó de la inmunidad, se encontraba Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, lo que constituyó un intento de socavar la oposición; que el Gobierno de Nicolás Maduro sigue socavando la autoridad y la capacidad de la Asamblea Nacional legítima y democrática para llevar a cabo su función y desempeñar su mandato, que cuenta con el respaldo del pueblo venezolano, de manera eficaz y sin obstáculos; que los países objeto de sanciones deben proporcionar información transparente, aceptar la ayuda humanitaria internacional y dar prioridad a las necesidades y los derechos de las capas más vulnerables de la población, nada de lo cual ha hecho el Gobierno de Venezuela;

F. Considerando que, el 26 de mayo de 2020, el TSJ, bajo el control del régimen, ratificó injustificadamente a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional; que en enero de 2020 se celebró un período de sesiones ilegal en el que se impidió a la inmensa mayoría de los representantes democráticos asistir y, por ende, votar, en manifiesto incumplimiento de los debidos cauces legales y los principios constitucionales democráticos; que tales decisiones ilegales de este órgano controlado por el régimen han llevado al Consejo de la Unión a imponer sanciones a once altos cargos más responsables de este acto, entre ellos Luis Parra;

G. Considerando que las últimas decisiones del TSJ han alterado radicalmente el Estado de Derecho y los valores democráticos, en particular una decisión de 10 de junio por la que se concede al Comité de Postulaciones Electorales, establecido el pasado mes de noviembre en el seno de la Asamblea Nacional, un plazo de setenta y dos horas para consignar el listado de candidatos a rectores del CNE; que el 13 de junio de 2020, el TSJ, bajo el control del régimen, designó a nuevos miembros del CNE con el único objetivo de conformar una autoridad electoral adicta al régimen, vulnerando de este modo el Derecho constitucional del país y socavando la credibilidad tanto del CNE como del próximo proceso electoral; que a continuación suspendió la actual junta directiva de Acción Democrática, uno de los principales partidos de la oposición y miembro del grupo opositor G4, y la sustituyó por una mesa directiva ad hoc; que, de conformidad con los artículos 187 y 296 de la Constitución venezolana, tales designaciones son competencia exclusiva de la Asamblea Nacional, órgano elegido democráticamente por el pueblo venezolano; que los altos cargos responsables de estas decisiones también han sido incluidos en la lista de sanciones de la Unión; que, el 1 de julio de 2020, actuando de manera fraudulenta, el ilegítimo Gobierno de Nicolás Maduro anunció que el 6 de diciembre se celebrarían en el país elecciones parlamentarias;

H. Considerando que el régimen de Nicolás Maduro ha atacado de manera virulenta a los partidos políticos Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo mediante una persecución sistemática basada en sentencias del ilegítimo TSJ por las que se despoja a estos partidos de sus actuales juntas directivas nacionales en contra de la voluntad de sus miembros; que el régimen de Nicolás Maduro ha definido a Voluntad Popular, un partido político democrático, como organización terrorista;

I. Considerando que el régimen de Nicolás Maduro sigue prestando apoyo a movimientos izquierdistas revolucionarios y anticapitalistas en todo el mundo; que hay partidos políticos y líderes en Europa que también han recibido esta financiación ilegal; que el 15 de junio de 2020 el diario español ABC publicó documentos clasificados que se remontan a 2010 según los cuales el régimen de Venezuela autorizó financiar el Movimiento 5 Estrellas de Italia; que la injerencia de Venezuela en las elecciones europeas no es algo que se limite al Movimiento 5 Estrellas; que se ha publicado que el Gobierno de Venezuela envió una maleta con 3,5 millones de euros en efectivo al líder de este partido, Gianroberto Casaleggio;

J. Considerando que hay otros partidos políticos, como Podemos en España, que han recibido fondos venezolanos, según el informe de 2008 titulado «Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela», firmado por Hugo Chávez y en el que se indica el pago de siete millones de euros a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS);

K. Considerando que el antiguo embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, que prestó servicio durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se enfrenta a acusaciones de soborno y malversación por permitir la injerencia del régimen venezolano en los asuntos políticos y electorales nacionales a lo largo de su mandato como embajador por un importe de 35 millones de euros;

L. Considerando que el Consejo ha incluido a once destacados altos cargos venezolanos en la lista de personas sujetas a medidas restrictivas, a saber, prohibición de viajar e inmovilización de bienes, por el papel desempeñado en los actos tendentes a socavar el Estado de Derecho y la democracia en Venezuela; que otros motivos para incluir a estas personas en la lista fueron asimismo «la incoación de procesos penales por motivos políticos y la obstrucción a una solución política y democrática a la crisis en Venezuela, así como graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de libertades fundamentales, como la libertad de prensa y la libertad de expresión»;

M. Considerando que, según se informa, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid‑Barajas el 20 de enero de 2020 con cuarenta maletas en la bodega de un avión fletado por Sky Valet a pesar de formar parte de la lista de personas sujetas a sanciones aprobada por el Consejo en 2018, lo que debería impedirle entrar en el territorio de la Unión o transitar por este; que el ministro español de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha dado hasta seis versiones distintas de este hecho;

N. Considerando que el año pasado los Estados Unidos avisaron a los banqueros, agentes, operadores económicos e intermediarios de que no comerciaran con oro, petróleo u otras materias primas de Venezuela arrebatadas al pueblo venezolano por la mafia de Nicolás Maduro; que el Gobierno de Nicolás Maduro optó por vender parte de las reservas de oro del Banco Central de Venezuela a sus aliados de Turquía, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos; que el 12 de junio fue detenido en Cabo Verde Alex Saab, una figura clave de la red de Nicolás Maduro y firme aliado que ha sido acusado de sobornar a altos cargos venezolanos y de derivar a cuentas extranjeras más de 350 millones de dólares, y de quien se sospecha que ayudó a Nicolás Maduro a maquinar un acuerdo con Irán para obtener petróleo, trabajadores y abastecimientos para Venezuela a cambio de nueve toneladas de oro con un valor de 500 millones de dólares; que ya en 2018 Alex Saab participó de manera muy destacada en las buenas relaciones entre el régimen venezolano de Nicolás Maduro y Turquía cuando estuvo a cargo del envío a este último país de 900 millones de dólares en oro, parte de los cuales acabaron en Teherán, vulnerando así las sanciones impuestas por los Estados Unidos; que se ha aprobado la orden de extradición solicitada por fiscales de Estados Unidos para que Alex Saab se enfrente en este país a acusaciones de blanqueo de capitales;

O. Considerando que el 28 de junio Nicolás Maduro, presidente ilegítimo de Venezuela, ordenó la expulsión de la embajadora de la Unión al anunciar que tenía setenta y dos horas para salir del país; que Nicolás Maduro ha amenazado asimismo con más represalias al embajador de España y atacado virulentamente a la Unión Europea por las sanciones impuestas a altos cargos venezolanos de su régimen acusando a la Unión de tratarse de «conspiradores»;

P. Considerando que a raíz de la crisis diplomática como consecuencia de la declaración el 29 de junio en la que el ilegítimo régimen de Nicolás Maduro anunciaba la expulsión de Caracas de la embajadora de la Unión, se realizó una declaración conjunta sin precedentes únicamente tras el intercambio de puntos de vista del VP/AR, Josep Borrell, con Jorge Arreaza, miembro del Gobierno ilegal de Nicolás Maduro, lo que podría interpretarse como el reconocimiento de un Gobierno ilegítimo que la Unión considera no haber respaldado en vista de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y el funcionamiento democrático, constitucional y transparente de la Asamblea Nacional liderada por el presidente legítimo, Juan Guaidó;

1. Condena enérgicamente las medidas represivas del Gobierno de Nicolás Maduro y pide que se acabe con todo rastro de ilegalidad; el uso indiscriminado y continuo de la coacción y la fuerza, y la reiterada reafirmación de un presidente fraudulento e ilegítimo; expresa su solidaridad con las personas de Venezuela víctimas de la brutal dictadura del régimen de Nicolás Maduro;

2. Reitera su suma preocupación a la vista de la escalada de la violencia y la grave situación de emergencia a la que se asiste en Venezuela, que mantiene a las personas bajo una fuerte amenaza; expresa una vez más su gran inquietud a la vista de esta grave situación de emergencia, que está poniendo en serio peligro la vida de todos los venezolanos; llama la atención sobre la intensificación de la crisis migratoria en toda la región y elogia a los países vecinos por los esfuerzos realizados y la solidaridad mostrada;

3. Subraya que el régimen de Nicolás Maduro se ha convertido en la principal y más impredecible amenaza para la seguridad y la estabilidad del subcontinente al amenazar la integridad y la estabilidad de los países vecinos;

4. Condena enérgicamente las vulneraciones sistemáticas del funcionamiento democrático, constitucional y transparente el país, que han provocado una aceleración aún mayor de la crisis migratoria en toda la región, en particular en la coyuntura de la lucha contra la pandemia; alaba los esfuerzos y la solidaridad mostrados por los países vecinos; pide a la Comisión que continúe colaborando con dichos países no solo aportando asistencia humanitaria, sino también facilitando más recursos y a través de la política de desarrollo; acoge con satisfacción las promesas de donación y los esfuerzos desplegados en la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos; subraya no obstante que el hecho de que las principales promesas de donación sean préstamos y no subvenciones directas no se ajusta a los objetivos previstos;

5. Rechaza con firmeza las vulneraciones del funcionamiento democrático, constitucional y transparente de la Asamblea Nacional, así como los actos de intimidación, la violencia y las decisiones arbitrarias ejercidas contra sus diputados; denuncia la designación antidemocrática de nuevos miembros del CNE y el hecho de que se despoje a partidos de sus juntas directivas en contra de la voluntad de sus miembros; pide que se adopten con carácter inmediato medidas tendentes a reforzar el hecho de que únicamente aquellos diputados señalados por el presidente interino legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, están legitimados para ejercer la representación diplomática de Venezuela ante la Unión, así como que la Unión investigue aquellos casos en los que al parecer ha habido una injerencia directa de Venezuela en procesos electorales europeos;

6. Exige la liberación inmediata de los presos políticos detenidos arbitrariamente, los cuales al parecer se encuentran en cárceles retenidos ilegalmente en condiciones terribles y sufriendo torturas;

7. Reitera su pleno apoyo a la Asamblea Nacional, que es el único órgano democrático elegido legítimamente que sigue existiendo en Venezuela y cuyos poderes han de respetarse, incluidas las prerrogativas y la seguridad de sus miembros; reitera que, como resultado de la votación transparente y democrática de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó es el presidente legítimo de la Asamblea Nacional y el presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el artículo 233 de la Constitución de Venezuela; condena la creación ilegal de la denominada «nueva» autoridad electoral por parte del TSJ, bajo el control del régimen; insiste en que solo se puede lograr una solución política pacífica si se respetan plenamente las prerrogativas constitucionales de la Asamblea Nacional; subraya que el Parlamento Europeo no reconocerá ninguna decisión ni resolución que adopten unilateralmente esos órganos ilegítimos;

8. Condena enérgicamente que el régimen de Nicolás Maduro socave una y otra vez la integridad, la credibilidad y la transparencia de los procesos electorales, en particular tras múltiples casos de manipulación, numerosas irregularidades y fraudes en diferentes elecciones celebradas en algunas democracias latinoamericanas, lo que ha provocado protestas y enfrentamientos que se han cobrado innumerables vidas de civiles inocentes; denuncia la designación antidemocrática de nuevos miembros del CNE;

9. Recuerda que el respeto de las instituciones y de los principios democráticos y la defensa del Estado de Derecho son condiciones esenciales para encontrar una solución a la crisis en Venezuela para beneficio de su población; insta, por consiguiente, a que se creen unas condiciones que permitan la celebración de elecciones presidenciales y legislativas libres, transparentes y creíbles basadas en un calendario fijo, unas condiciones justas para todas las partes, transparencia y la presencia de observadores internacionales dignos de crédito como única manera de salir de la crisis;

10. Hace hincapié en la necesidad de adoptar medidas eficaces e inmediatas contra la alianza entre Venezuela e Irán, cuyo máximo exponente es la utilización de Venezuela por parte de Hizbulá como plataforma para sus actividades y estrategias expansionistas en toda Latinoamérica mediante numerosas actividades ilegales, incluido el blanqueo de capitales; recuerda la flagrante violación del embargo de armas por parte de Teherán al enviar cinco petroleros a Venezuela en el marco de su expansionismo estratégico, lo que resultó en la reacción de los Estados Unidos;

11. Manifiesta, al igual que en el caso de Irán, una gran preocupación por el apoyo de Rusia al régimen venezolano que respalda a Nicolás Maduro y, en particular, por el envío de expertos, incluidos asesores militares y técnicos;

12. Expresa su inquietud ante el hecho de que las fuerzas policiales y el servicio de inteligencia militar de Cuba sean el elemento estratégico que ha hecho posible la supervivencia del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, lo que constituye una injerencia política y militar extranjera en Venezuela intolerable;

13. Manifiesta su preocupación por que Delcy Rodríguez, aun estando sujeta a las medidas restrictivas de la Unión, pudiera entrar en el espacio Schengen el pasado mes de febrero y reunirse con las autoridades españolas; solicita que el VP/AR se dirija a las autoridades españolas para exigir que estos hechos se investiguen y aclaren de manera transparente y exhaustiva;

14. Respalda la reciente decisión del Consejo de incluir otros once nombres en la lista de sanciones de la Unión, lo que no perjudica a la población venezolana, y pide que se amplíen al objeto de contribuir a la estabilización de la situación de los derechos humanos y la democracia en el país, la cual actualmente no hace más que seguir deteriorándose; insta a las autoridades de la Unión a que garantice de manera coherente el cumplimiento de la limitación de movimiento y la inmovilización de bienes de toda aquella persona que esté incluida en la lista de sanciones; expresa su profunda preocupación por el escándalo de corrupción en torno al embajador de España Raúl Morodo y el resto de agentes implicados en el escándalo de corrupción en un sentido más amplio, e insta a que se ejerciten acciones judiciales en relación con este asunto y el resto de asuntos de interés y los responsables comparezcan ante la justicia;

15. Expresa su profunda preocupación por la decisión de Nicolás Maduro de expulsar a la embajadora de la Unión de Caracas como represalia por las sanciones impuestas a once altos cargos venezolanos responsables de violaciones graves de los derechos humanos;

16. Denuncia la galopante corrupción que se ha convertido en parte intrínseca del régimen de Nicolás Maduro; se muestra preocupado por las noticias en cuanto a la financiación extranjera directa de partidos políticos de la Unión por parte del régimen de Nicolás Maduro y pide que se investigue de manera rápida e imparcial a este respecto; condena asimismo todas las acciones llevadas a cabo en los países vecinos y en otros países de Latinoamérica por parte de agentes por encargo del régimen de Nicolás Maduro al objeto de desestabilizar la democracia y el Estado de Derecho, además de agravar la crisis global;

17. Pide la puesta en libertad inmediata de todos los presos políticos y el fin de la tortura, de los malos tratos y del acoso a los opositores políticos, los defensores de los derechos humanos y los manifestantes pacíficos, así como el retorno de las personas que se han visto obligadas injustamente a exiliarse;

18. Apoya plenamente las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los delitos generalizados, las ejecuciones extrajudiciales y los actos represivos perpetrados por el régimen venezolano; insta a la Unión a que se adhiera a la iniciativa de varios Estados Parte en la CPI de investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el ilegítimo Gobierno de Nicolás Maduro, con el fin de que los responsables rindan cuentas;

19. Solicita el envío de una misión de investigación al país para evaluar la situación;

20. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al presidente interino legítimo de la República y de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a los Gobiernos y Parlamentos de los países del Grupo de Lima, a la Asamblea Parlamentaria Euro‑Latinoamericana y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

Última actualización: 8 de julio de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad