Procedimiento : 2020/2780(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0265/2020

Textos presentados :

B9-0265/2020

Debates :

PV 15/09/2020 - 11
CRE 15/09/2020 - 11

Votaciones :

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0240

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0265/2020</NoDocSe>
PDF 149kWORD 50k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la COVID-19: coordinación a escala de la Unión de las evaluaciones sanitarias y la clasificación del riesgo, y consecuencias para el espacio Schengen y el mercado único</Titre>

<DocRef>(2020/2780(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Sara Cerdas</Depute>

<Commission>{S&D}en nombre del Grupo S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0257/2020

B9‑0265/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre la COVID-19: coordinación a escala de la Unión de las evaluaciones sanitarias y la clasificación del riesgo, y consecuencias para el espacio Schengen y el mercado único

(2020/2780(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

 Visto el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como sus artículos 4, 6, 9, 114, 153, 169 y 191,

 Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su artículo 35,

 Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID‑19 y sus consecuencias[1],

 Vista su Resolución, de 10 de julio de 2020, sobre la estrategia de salud pública de la Unión Europea después de la COVID-19[2],

 Visto el artículo 67, apartado 2, del TFUE, que establece que la Unión debe constituir un espacio de libertad, seguridad y justicia que «[g]arantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores»,

 Visto el artículo 21, apartado 1, del TFUE, que establece que todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros,

 Vista la Carta de los Derechos Fundamentales, incluido su artículo 45, que establece que todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros,

 Visto el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen)[3],

 Vista la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros[4] (Directiva sobre la libre circulación), así como el principio de no discriminación que en ella se consagra,

 Vista su Resolución, de 19 de junio de 2020, sobre la situación en el espacio Schengen tras el brote de COVID‑19[5],

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la pandemia de COVID-19 ha pasado de la fase aguda a la fase crónica de gestión de riesgos;

B. Considerando que la intensidad de propagación del virus varía enormemente de un Estado miembro a otro y de una región a otra dentro del mismo país;

C. Considerando que todavía no hay ninguna vacuna eficaz disponible;

D. Considerando que los diferentes enfoques en cuanto a la recopilación de datos sobre la COVID-19 en la Unión dificultan la comparación de datos;

E. Considerando que, de momento, la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 ha demostrado una falta de coordinación entre los Estados miembros y entre sus regiones en cuanto a las medidas de salud pública, como las restricciones a la libre circulación de bienes y servicios y a la libre circulación de personas, en el interior de cada país y a través de las fronteras, y la suspensión de otros derechos y normas;

F. Considerando que los Estados miembros se han organizado sin consultarse, a escala nacional (medidas de barrera, instrucciones de cuarentena y aislamiento, cribado, asistencia y territorialización), lo que ha dado lugar a grandes disparidades en el seno de la Unión Europea;

G. Considerando que muchos europeos se han visto sujetos sistemáticamente a normas diferentes en función no solo de su lugar de residencia, sino también del lugar al que habían viajado; que esta falta de coordinación durante el período estival provocó una desorganización de los controles y las medidas en las fronteras, así como dentro de los aeropuertos, puertos y estaciones de tren;

H. Considerando que la crisis de la COVID-19 no solo ha tenido importantes repercusiones sanitarias, sino también consecuencias negativas muy significativas en los intercambios económicos, sociales, científicos, turísticos y culturales;

I. Considerando que la prestación de asistencia sanitaria es, ante todo, una competencia nacional, pero que la salud pública es una competencia compartida entre los Estados miembros y la Unión;

J. Considerando que sigue habiendo margen para que la Unión Europea mejore la ejecución de la política de salud pública dentro de los actuales parámetros de los Tratados; que las disposiciones en materia de salud pública en virtud de los Tratados siguen estando en gran medida infrautilizadas en cuanto a su posible uso para el cumplimiento de compromisos; que, en este contexto, su Resolución de 10 de julio de 2020 pidió la creación de una Unión Europea de la Salud;

K. Considerando que las amenazas transfronterizas solo pueden abordarse conjuntamente y, por lo tanto, exigen cooperación, coordinación y solidaridad dentro de la Unión;

L. Considerando que las medidas adoptadas por los Estados miembros deben respetar siempre los derechos fundamentales de todos y cada uno de los europeos; que esas medidas han de ser necesarias, proporcionadas y temporales; que la solidaridad entre los Estados miembros no es una opción, sino una obligación en virtud de los Tratados y parte integrante de nuestros valores europeos;

M. Considerando que la Comisión ya ha dado los primeros pasos mediante la adopción de diversos paquetes de medidas, comunicaciones y estrategias, incluida la reciente propuesta de Recomendación del Consejo, de 4 de septiembre de 2020, sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19 (COM(2020)0499);

N. Considerando que el Consejo debe apoyar esta Recomendación y establecer las medidas necesarias para garantizar que los Estados miembros coordinen sus decisiones y acciones en un esfuerzo por detener o limitar la propagación del virus;

O. Considerando que el Parlamento, como colegislador y única institución elegida directamente por los ciudadanos de la Unión, debe ser incorporado como parte integrante y esencial de todos los debates sobre la coordinación de la Unión para hacer frente a esta crisis sanitaria;

P. Considerando que la Unión debe extraer lecciones de lo acontecido desde el inicio de la crisis y ha de crear urgentemente una Unión Europea de la Salud;

1. Hace especial hincapié en la necesidad de una gestión sanitaria compartida y coordinada para combatir eficazmente esta pandemia;

2. Señala la importancia de tranquilizar a los ciudadanos en cuanto a la coherencia de las medidas adoptadas por los diferentes Estados miembros, lo que ayudará a convencerlos para que las cumplan;

3. Recuerda que la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión es un derecho fundamental consagrado en los Tratados de la Unión y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

4. Subraya que este derecho únicamente puede restringirse por razones específicas y limitadas de interés público, a saber, la protección de la salud pública, el orden público y la seguridad pública;

5. Insiste en que esas restricciones deben aplicarse de conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión, en particular la proporcionalidad y la no discriminación;

6. Insta a los Estados miembros a que adopten únicamente medidas necesarias, coordinadas y proporcionadas cuando restrinjan los desplazamientos, tras una evaluación cuidadosa de su eficacia para resolver el problema de salud pública, siguiendo la misma metodología, así como las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), para la recopilación de datos sobre salud y utilizando los mismos criterios para la evaluación y el seguimiento del riesgo de pandemia;

7. Señala que el ECDC sigue subrayando las disparidades en la recopilación y la notificación de datos por parte de los Estados miembros; lamenta que esta falta de armonización nos impida tener una visión clara y completa de la propagación del virus en Europa y aplicar acciones y medidas en consonancia;

8. Observa que cada Estado miembro ha seguido las recomendaciones de su propio comité científico sin coordinarse en ningún modo con los demás Estados miembros ni con la Comisión;

9. Pide a la Comisión que promueva una metodología común, eficaz y oportuna para la recopilación de datos relativos a la salud y para la contabilización y la notificación del número de casos y de fallecidos;

10. Insta a los Estados miembros a que adopten la misma definición de caso probable, posible y positivo de COVID-19 y de fallecimiento por COVID-19;

11. Reconoce la importancia de las tasas de incidencia acumulada a la hora de evaluar la propagación del virus, pero insiste también en la necesidad de evaluar la situación teniendo en cuenta otros criterios de salud, como la tasa de pruebas, la tasa de pruebas positivas, las tasas de hospitalización y las tasas de ocupación de las unidades de cuidados intensivos;

12. Subraya que estos criterios sanitarios comunes permitirán a los Estados miembros y a la Comisión llevar a cabo un análisis común del riesgo epidemiológico a escala de la Unión;

13. Estima que el ECDC debe poder evaluar adecuada y eficazmente el riesgo de propagación del virus y publicar un mapa actualizado diariamente, o al menos semanalmente, del riesgo basado en un código de colores común, establecido de acuerdo con la información recopilada y facilitada por los Estados miembros;

14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen un sólido sistema europeo de información epidemiológica en función de los distintos niveles NUTS (1, 2 y 3), gestionado por el ECDC a escala de la Unión; cree que este sistema normalizaría los datos epidemiológicos y sanitarios en todos los Estados miembros y tendría que actualizarse con los últimos avances digitales en el suministro e interpretación de los datos;

15. Apoya el código de colores propuesto por la Comisión en su última propuesta de Recomendación del Consejo; considera que los umbrales propuestos (verde, naranja, rojo y gris) facilitarán la circulación dentro de la Unión, ofrecerán a los ciudadanos una información más transparente y garantizarán una mayor previsibilidad;

16. Acoge con gran satisfacción el enfoque regional propuesto por la Comisión; considera que la cartografía de riesgos del ECDC debe realizarse a escala regional y no solo nacional; pide, por tanto, a los Estados miembros que transmitan diariamente al ECDC los datos recopilados por las autoridades públicas regionales;

17. Recuerda que el ECDC ha recomendado que los Estados miembros apliquen medidas de referencia mínimas para evitar la propagación del virus, como las medidas higiénicas, el distanciamiento físico y la limitación de las concentraciones, el uso de mascarillas en entornos específicos, las disposiciones de teletrabajo, las pruebas masivas, el aislamiento de los casos, la cuarentena de los contactos estrechos y la protección de las personas vulnerables;

18. Pide a los Estados miembros que sigan las recomendaciones del ECDC antes mencionadas y definan un marco común de medidas sanitarias que las autoridades públicas de las zonas afectadas deban adoptar para detener la propagación de la pandemia;

19. Reconoce que las autoridades públicas deben evaluar y compartir medidas adicionales si aumenta el ritmo de transmisión, incluidas las intervenciones que limiten el movimiento de la población, reduzcan el número de contactos por persona, eviten concentraciones masivas, presten especial atención a las zonas de alto riesgo, cierren escuelas o recomienden que las personas «permanezcan en casa»;

20. Considera que dicho marco reforzaría la confianza mutua entre los Estados miembros y entre las zonas afectadas y evitaría medidas de respuesta restrictivas; pide a los Estados miembros que presten especial atención a las especificidades de las regiones transfronterizas e insistan en la necesidad de cooperar a escala local y regional;

21. Estima que, en caso de una zona de propagación transfronteriza activa, las autoridades públicas deben establecer conjuntamente mecanismos sanitarios que permitan una coordinación y un intercambio de información en tiempo real;

22. Subraya que una aplicación coordinada de medidas sanitarias a ambos lados de las fronteras resulta esencial para garantizar su coherencia, su eficacia y el apoyo por parte de la población;

23. Pide la adopción y la aplicación de una estrategia de pruebas común en todos los Estados miembros, especialmente en las regiones transfronterizas;

24. Considera que los Estados miembros deben ponerse de acuerdo sobre el número mínimo de pruebas que deben realizarse por día en función del color de la zona afectada y teniendo en cuenta el tamaño de la población de la zona;

25. Subraya que la comparabilidad de los resultados de las pruebas permitirá el reconocimiento recíproco entre países;

26. Pide a los Estados miembros que reconozcan mutuamente los resultados de las pruebas de infección por COVID-19 realizadas por organismos sanitarios certificados en otros Estados miembros;

27. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que acuerden un período de cuarentena común, sobre la base de los últimos datos científicos y teniendo en cuenta la evaluación del ECDC;

28. Pide a los Estados miembros que adopten un protocolo común para el seguimiento de los casos asintomáticos y para las medidas relativas al aislamiento de los pacientes que hayan dado positivo por COVID-19, así como para el aislamiento de los contactos de dichos pacientes;

29. Acoge con satisfacción el uso de formularios de localización de pasajeros; considera que debe utilizarse una versión digital de la información sobre la localización de los pasajeros con el fin de simplificar el tratamiento, garantizando al mismo tiempo la igualdad de acceso a todos los ciudadanos y la confidencialidad del almacenamiento de dichos datos;

30. Subraya que la metodología y los criterios comunes adoptados y los mapas elaborados por el ECDC deben facilitar un enfoque coordinado de los procesos de toma de decisiones de los Estados miembros y garantizar que las decisiones adoptadas por los Estados miembros sean coherentes y estén bien coordinadas;

31. Recuerda que proporcionar al público información clara, oportuna y completa es crucial con vistas a limitar los efectos de las restricciones a la libre circulación establecidas y garantizar la previsibilidad, la seguridad jurídica y el cumplimiento por parte de los ciudadanos;

32. Apunta que la crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de reforzar el mercado único, especialmente mediante la reintegración de las cadenas de suministro dentro de la Unión, sin adoptar medidas proteccionistas y manteniendo la producción de productos esenciales como medicamentos, productos farmacéuticos y equipos médicos;

33. Subraya la necesidad de garantizar un mercado único eficiente, resiliente y preparado para el futuro, en el que los productos esenciales para los ciudadanos sigan produciéndose y entregándose en toda la Unión y poniéndose a disposición de todos los ciudadanos;

34. Pide a la Comisión que simplifique, acelere y flexibilice la contratación pública para los proveedores, destacando la importancia de la contratación pública conjunta por lo que respecta a los medicamentos, equipos médicos y equipos de protección individual, a fin de garantizar su disponibilidad en todas las regiones, incluidas las zonas rurales y periféricas;

35. Recuerda que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto las deficiencias en la protección de los consumidores debido a la proliferación de estafas y productos inseguros, en particular en línea; destaca la necesidad de abordar estas deficiencias, especialmente en lo relativo a la seguridad de los productos, mediante la revisión de la Directiva sobre seguridad general de los productos para tener en cuenta el impacto de las tecnologías emergentes, y de garantizar que el mercado único digital sea justo y seguro para todos mediante la próxima norma sobre servicios digitales, de modo que las plataformas en línea puedan adoptar las medidas adecuadas contra dichos productos; destaca, además, que para lograr un mercado único digital plenamente operativo es necesaria una combinación de protección digital de los consumidores y cadenas de suministro apoyadas en tecnologías digitales;

36. Subraya que los consumidores deben estar bien informados acerca de sus derechos y de las opciones de que disponen al adquirir bienes o servicios, especialmente en tiempos de crisis; insta a la Comisión y a los Estados miembros a encabezar los esfuerzos para facilitar información fiable y adecuada de manera fácilmente accesible para los consumidores de toda la Unión;

37. Pide que se mantengan las medidas de protección de los consumidores contra las restricciones impuestas por determinadas compañías aéreas y operadores turísticos en relación con las solicitudes de reembolso de los viajes afectados;

38. Subraya que la crisis de la COVID-19 no debe utilizarse como excusa para posponer, menoscabar o cancelar la aplicación de diversas normas industriales y de productos, incluidas las destinadas a promover la sostenibilidad; hace hincapié en que esta crisis debe considerarse más bien como una oportunidad para mejorar el mercado único de manera que promueva una producción y un consumo sostenibles; pide que se apoyen los nuevos modelos empresariales sostenibles y que se introduzcan cambios fundamentales en los ya existentes, como la promoción de sistemas de arrendamiento financiero, alquiler y uso compartido o del sector de la reutilización, salvaguardando al mismo tiempo los derechos de los trabajadores y las normas de protección de los consumidores, así como que se prohíban las prácticas de obsolescencia programada; recuerda que debe garantizarse la asequibilidad del mercado único, de modo que la transformación en un mercado único sostenible sea justa y no deje a nadie atrás;

39. Reitera la posición expresada en su Resolución, de 19 de junio de 2020, sobre la situación en el espacio Schengen tras el brote de COVID-19; pide a los Estados miembros que garanticen un retorno rápido a un espacio Schengen plenamente operativo sin restricciones a la libre circulación; pide a las autoridades de todos los Estados miembros que levanten los controles en las fronteras interiores restablecidos en el contexto de la COVID-19; condena el uso de restricciones discriminatorias al derecho de entrada por parte de las autoridades húngaras y pide a la Comisión que incoe lo antes posible un procedimiento de infracción al respecto;

40. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

[1] Textos Aprobados, P9_TA(2020)0054.

[2] Textos Aprobados, P9_TA(2020)0205.

[3] DO L 77 de 23.3.2016, p. 1.

[4] DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.

[5] Textos Aprobados, P9_TA(2020)0175.

Última actualización: 16 de septiembre de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad