Procedimiento : 2020/2779(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0274/2020

Textos presentados :

B9-0274/2020

Debates :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Votaciones :

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0231

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0274/2020</NoDocSe>
PDF 151kWORD 50k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la situación en Bielorrusia</Titre>

<DocRef>(2020/2779(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń</Depute>

<Commission>{S&D}en nombre del Grupo S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0271/2020

B9‑0274/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Bielorrusia

(2020/2779(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores resoluciones sobre Bielorrusia, en particular las de 4 de octubre de 2018 sobre el deterioro de la libertad de los medios de comunicación[1], de 19 de abril de 2018 sobre Bielorrusia a raíz de las elecciones municipales del 18 de febrero de 2018[2], de 24 de noviembre de 2016 sobre la situación en Bielorrusia tras las elecciones parlamentarias del 11 de septiembre de 2016[3] y de 8 de octubre de 2015 sobre la pena de muerte en Bielorrusia[4],

 Vistas las conclusiones del presidente del Consejo Europeo tras la videoconferencia de los miembros del Consejo Europeo del 19 de agosto de 2020,

 Vistas las declaraciones del alto representante, en nombre de la Unión Europea, de 11 de agosto de 2020 sobre las elecciones presidenciales y de 11 de septiembre de 2020 sobre la escalada de violencia e intimidación contra los miembros del Consejo de Coordinación,

 Vistas las declaraciones del vicepresidente / alto representante (VP/AR), en particular las de 7 de agosto de 2020 con anterioridad a las elecciones presidenciales y de 14 de julio de 2020 sobre la no inscripción de candidatos a la presidencia, así como la declaración conjunta del vicepresidente / alto representante y el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá de 26 de agosto de 2020 y la declaración conjunta del vicepresidente / alto representante y el comisario de Vecindad y Ampliación de 10 de agosto de 2020 sobre las elecciones presidenciales,

 Vistas las declaraciones del portavoz del SEAE, en particular las de 19 de junio de 2020 sobre los recientes acontecimientos previos a las elecciones presidenciales y de 18 de noviembre de 2019 sobre las elecciones parlamentarias en Bielorrusia,

 Vista la Decisión del Consejo de 17 de febrero de 2020 por la que se prorroga el embargo de 2004 por parte de la Unión de armas y de equipamiento que pueda ser destinado a la represión interior en relación con Bielorrusia[5],

 Vista la declaración de la OIDDH de 15 de julio de 2020 en relación con no desplegar una misión de observación de elecciones en Bielorrusia por no haber recibido invitación para ello,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el 9 de agosto de 2020 se celebraron en Bielorrusia unas elecciones presidenciales cuyo período previo estuvo marcado por la represión a escala nacional dirigida contra manifestantes pacíficos, activistas de la sociedad civil, blogueros y periodistas, así como por la grave intimidación de activistas políticos, los constantes obstáculos a la inscripción de candidatos y la creación de comisiones electorales, y la no inscripción de candidatos y su detención, así como la de sus equipos de campaña y simpatizantes;

B. Considerando que no fue posible que una misión de observación de elecciones de la OIDDH observara este proceso electoral como consecuencia de que las autoridades bielorrusas, de manera consciente, no enviaran invitación para ello de manera oportuna, y que simultáneamente a dicho proceso hubo gran número de denuncias de violaciones manifiestas de su correcto transcurso, las cuales constituyen una prueba del falseamiento deliberado de los resultados;

C. Considerando que la campaña electoral y las elecciones presidenciales tuvieron lugar durante la pandemia de COVID‑19, cuyas consecuencias fueron sistemáticamente negadas por los dirigentes políticos y las autoridades bielorrusas, lo que desembocó en que intervinieran periodistas, personal facultativo y ciudadanos anónimos para brindar información fundamental sobre la pandemia y las medidas preventivas necesarias, con lo que quedan demostrados el compromiso social de la población y la vitalidad de la sociedad civil bielorrusa;

D. Considerando que hubo detenciones de candidatos presidenciales, junto con sus equipos de campaña y simpatizantes, sobre la base de falsas acusaciones, mientras que otros candidatos presidenciales asistieron al rechazo de un gran número de firmas en apoyo a su candidatura por parte de la Comisión Electoral Central;

E. Considerando que la jornada electoral se desarrolló sin incidentes, pero que inmediatamente a continuación hubo manifestaciones pacíficas y ordenadas de tamaño nunca visto en la capital, Minsk, así como en muchas otras ciudades de todo el país, contra las violaciones manifiestas del proceso electoral y ante las fidedignas denuncias del colosal falseamiento de los resultados electorales;

F. Considerando que los manifestantes pacíficos, reivindicando su derecho a la representación democrática y a la participación política, exigieron nuevas elecciones, que deberían ser libres y justas y celebrarse con observación electoral internacional;

G. Considerando que, con arreglo a los resultados electorales oficiales anunciados el 10 de agosto por la Comisión Electoral Central de Bielorrusia, el 80,10 % de los votos fueron a parar a Aliaksandr Lukashenka y Sviatlana Tsijanóuskaya obtuvo el 10,12 %, siendo la participación del 84,17 %; que denuncias creíbles a escala nacional e iniciativas en los medios sociales por parte de movimientos de base demuestran que ha habido un fraude electoral a gran escala para favorecer a Aliaksandr Lukashenka; que la Unión, en las Conclusiones del Consejo de 19 de agosto de 2020, rechazó estos resultados electorales oficiales;

H. Considerando que la respuesta de las autoridades bielorrusas ante estas manifestaciones legítimas y pacíficas fueron una violencia desproporcionada, una represión inaceptable y un trato inhumano, incluidas la tortura y la violencia sexual infligidas a personas detenidas durante las manifestaciones; que cientos de manifestantes pacíficos fueron golpeados, se detuvieron a miles y se dio muerte por lo menos a tres; que las autoridades bielorrusas intentaron también sofocar las manifestaciones mediante la escalada paulatina de las detenciones de los líderes de estas;

I. Considerando que los trabajadores de las empresas bielorrusas, incluidas las grandes empresas públicas de diversos sectores de actividad, emprendieron acciones colectivas y crearon comités de huelga en apoyo de las manifestaciones populares contra el fraude electoral, la violencia y la represión por parte de las autoridades estatales; que a partir de ese momento muchos de los dirigentes de estos comités de huelga han sido sometidos a acoso, interrogatorio o detención, donde siguen varios de ellos;

J. Considerando que se creó un Consejo de Coordinación al objeto de que hubiera un interlocutor institucional transitorio para un proceso de diálogo nacional tendente a la organización de unas nuevas elecciones que se celebrarían con arreglo a las normas internacionales y con la observación de elecciones de la OIDDH;

K. Considerando que desde entonces miles de personas han solicitado formar parte del Consejo de Coordinación o han manifestado su apoyo a su petición de nuevas elecciones, y que la totalidad de los principales miembros del Consejo de Coordinación han sufrido acoso, interrogatorios o detenciones; que, como consecuencia de este acoso y amenazas permanentes, las destacadas miembros de la oposición Sviatlana Tsijanóuskaya y Veronika Tsepkalo se han visto obligadas a refugiarse en la Unión Europea; que otra dirigente, María Kalésnikova, fue secuestrada el 8 de septiembre por unos hombres enmascarados en una camioneta sin distintivos; que la premio nobel Sviatlana Alexiévich es la única miembro de la Mesa del Consejo de Coordinación que sigue libre en Bielorrusia; que siguen existiendo serias dudas en lo que a su seguridad respecta;

L. Considerando que el 27 de agosto el presidente de la Federación de Rusia manifestó su apoyo a las autoridades bielorrusas en relación con la represión de la legítima manifestación del descontento ciudadano ofreciéndose a desplegar fuerzas especiales de Policía; que Aliaksandr Lukashenka anunció el 21 de agosto la sustitución de los periodistas de los medios de comunicación estatales en huelga o que habían dimitido por especialistas de medios rusos; que Rusia, China y Turquía han sido de los primeros Estados en felicitar a Aliaksandr Lukashenka por su fraudulenta victoria electoral;

M. Considerando que las autoridades bielorrusas no cejan en su violenta represión de los periodistas independientes, tanto profesionales como ciudadanos, del país e intentan de manera deliberada obstaculizar la información objetiva con el fin de sofocar la preocupación y la condena nacionales e internacionales, entre otros medios retirando la acreditación de prensa de más de una decena de periodistas internacionales el 29 de agosto;

N. Considerando que sigue habiendo manifestaciones pacíficas multitudinarias en la capital y por todo el país a pesar de las múltiples detenciones tanto de destacados miembros de la oposición política y del movimiento de protesta cívica como de ciudadanos anónimos, lo que viene a probar el descontento y la movilización sin precedentes de la sociedad bielorrusa al exigir sus derechos democráticos y el respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos, tal como han declarado sus representantes, en particular Sviatlana Tsijanóuskaya y el resto de miembros del Consejo de Coordinación;

1. Condena con la máxima firmeza la violenta represión por parte de las autoridad bielorrusas de las manifestaciones pacíficas por la justicia, la libertad y la democracia a raíz de las fraudulentas elecciones presidenciales del 9 de agosto; exige a las autoridades bielorrusas que cese de manera inmediata el recurso a la fuerza, la violencia y la represión contra sus conciudadanos y se abstengan de toda acción que se aparte del ineludible camino hacia el necesario diálogo entre el pueblo y sus representantes legítimos, lo que incluye al Consejo de Coordinación, la sociedad civil, las autoridades y los representantes políticos de estas;

2. Pide la puesta en libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos, así como de todas aquellas personas que hayan sido detenidas por participar en las manifestaciones contra los resultados electorales o la violencia ejercida por las autoridades, o por declarar su apoyo a dichas manifestaciones;

3. Rechaza los resultados de las elecciones presidenciales bielorrusas del 9 de agosto y se hace eco de la petición del pueblo de Bielorrusia en el sentido de que se celebren lo antes posible nuevas elecciones, libres y justas, con arreglo a las normas internacionales y con la observación de elecciones de la OIDDH;

4. Expresa su inequívoco apoyo al pueblo de Bielorrusia en sus legítimas demandas y aspiraciones en relación con unas nuevas elecciones libres y justas, las libertades fundamentales y los derechos humanos, la representación democrática, la participación política, la información veraz en cuanto a los resultados electorales y el fin de la represión autoritaria; pide a la Comisión, al VP/AR y al Consejo que, si se les pide, brinden ayuda a la oposición democrática de Bielorrusia, en particular al Consejo de Coordinación dirigido por Sviatlana Tsijanóuskaya, en cuanto legítimos representantes de las demandas del pueblo bielorruso;

5. Solicita la rápida y eficaz investigación y el consecuente enjuiciamiento de todos los autores de la brutal violencia sin parangón contra los manifestantes, sus simpatizantes e inocentes espectadores, incluida toda violencia ejercida por la Policía, las fuerzas especiales y las autoridades políticas bielorrusas; se muestra alarmado por las fidedignas denuncias de que hay fuerzas de combate vestidas de civil o enmascaradas, con uniformes sin distintivos y vehículos sin identificación, que están activas en el territorio bielorruso y tienen parte en la represión interna y los secuestros; pide a las autoridades, tanto bielorrusas como las que puedan corresponder, que expliquen de manera documentada la identidad, función y presencia de estas fuerzas de combate en el territorio de Bielorrusia; condena la continua represión de los periodistas independientes bielorrusos e internacionales; pide a las autoridades bielorrusas que pongan en libertad inmediatamente a todos los periodistas profesionales y ciudadanos que han sido detenidos de manera ilícita, así como que se devuelva de manera integral la acreditación de prensa a aquellos a los que se les haya retirado; subraya el derecho del pueblo bielorruso a disponer de información objetiva de lo que acontece en su país; denuncia el desembarco de especialistas de medios rusos en los medios de comunicación estatales de Bielorrusia;

6. Insta a las autoridades bielorrusas a que cumplan los compromisos internacionales de su país, en particular los derivados de ser un Estado participante en la OSCE en el sentido de celebrar elecciones verdaderamente democráticas y respectar la libertad de expresión y reunión pacífica tanto de iure como de facto;

7. Subraya su firme decisión de cerrar filas con el pueblo bielorruso en su lucha por la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos;

8. Expresa su reconocimiento por la importante aportación llevada a cabo por las valerosas mujeres de Bielorrusia, con Sviatlana Tsijanóuskaya, Veronika Tsepkalo y María Kalésnikova a la cabeza, y sus simpatizantes al prestar voz a las legítimas demandas del pueblo bielorruso y representarlas; señala que son muchos los bielorrusos que consideran a Sviatlana Tsijanóuskaya la vencedora de las elecciones presidenciales; subraya el papel fundamental desempeñado por las mujeres, los estudiantes y los jóvenes en las actual movilización social ante la situación política;

9. Observa con preocupación que, a excepción de Sviatlana Alexiévich, todos los miembros de la Mesa del Consejo de Coordinación han sido o bien detenidos, o bien obligados al exilio; exige la puesta en libertad inmediata de Maxim Znak, María Kalésnikova, Siarhéi Dyleuski y Lilia Ulasava; insiste en que todo diálogo nacional ha de tener lugar contando con la participación plena y sin cortapisas del Consejo de Coordinación; celebra que representantes de los Estados miembros hayan brindado protección a Sviatlana Alexiévich;

10. Es consciente de que el actual movimiento de protesta en Bielorrusia no lo dirige una persona o grupo de personas en concreto que forme parte de la oposición política, sino que se basa en la oposición generalizada al actual régimen y en la legítima demanda de que el pueblo bielorruso disfrute de los mismos derechos fundamentales de democracia y libertad que el resto de ciudadanos del continente europeo;

11. Declara su máximo apoyo a las personas de Bielorrusia que salieron a la calle inmediatamente después de las elecciones presidenciales, no han cejado en sus protestas a pesar de los execrables actos de violencia, represión y trato inhumano por parte de las autoridades bielorrusas, y han seguido manifestándose por las calles de Minsk y de muchas otras ciudades de todo el país desde el momento de las elecciones;

12. Señala la decisiva aportación llevada a cabo por multitud de trabajadores de las empresas públicas de diversos sectores de actividad al emprender acciones colectivas y crear comités de huelga, arriesgándose así a la detención, el despido y la no renovación de contratos de corta duración; pide que se respete el derecho fundamental de los trabajadores bielorrusos a la huelga sin riesgo de despido, detención u otras represalias, en consonancia con los Convenios 87 y 98 de la OIT; se une a las manifestaciones de solidaridad de la Confederación Europea de Sindicatos y se suma al llamamiento de la Confederación Sindical Internacional a la Organización Internacional del Trabajo en el sentido de que intervenga con carácter urgente contra las detenciones y condenas tanto de dirigentes de los comités de huelga como de militantes sindicales independientes al objeto de proteger su libertad de reunión y asociación; manifiesta su apoyo al papel de coordinación desempeñado por el Congreso de Sindicatos Demócratas de Bielorrusia;

13. Solicita al Consejo y al alto representante que sigan mostrando una postura firme y basada en principios hacia las autoridades bielorrusas que esté fundamentada en el compromiso de la Unión con la defensa de los principios de la democracia y el Estado de Derecho, el respeto del Derecho internacional, los derechos humanos universales y las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, de reunión y de asociación, así como en la aplicación de medidas contundentes contra los responsables de la vulneración de estos principios, valores y derechos;

14. Pide al Consejo, a la Comisión y al alto representante que sigan vigilando de cerca la situación en Bielorrusia en lo que respecta a las libertades fundamentales y los derechos humanos; les solicita que aprovechen toda oportunidad que se presente para conminar a las autoridades bielorrusas a que pongan fin de manera inmediata a la violencia, la represión y el trato inhumano, a que pongan en libertad a todos los presos políticos y a todas las personas detenidas arbitrariamente estos últimos meses y semanas, a que investiguen y enjuicien a los responsables del fraude electoral, la violencia, la represión y la tortura, y a que se celebren lo antes posible nuevas elecciones con arreglo a las normas internacionales y con la observación de elecciones de la OIDDH; pide a la OSCE que colabore con las ONG internacionales de derechos humanos y la sociedad civil independiente de Bielorrusia al objeto de dejar constancia de cada uno de los casos de abusos contra los derechos humanos, a fin de facilitar en el futuro el enjuiciamiento completo de todos sus autores;

15. Solicita a los Estados miembros y a sus oficinas consulares en Bielorrusia que brinden apoyo a las víctimas de la violencia y la represión y a sus familias mediante la concesión de visados por razones humanitarias y de estudios; pide en este sentido a la Comisión que actúe con celeridad para la eficaz ejecución de la asistencia financiera de la Unión en apoyo a las víctimas de la represión y a la sociedad civil, así como para una mayor movilización de recursos que los ayude desde el punto de vista físico, psicológico y material;

16. Pide al Consejo que, sin demora y en estrecha coordinación con los socios internacionales, aplique sanciones amplias y efectivas contra todos los autores bielorrusos de fraude electoral, violencia y represión, y que ello se haga en número equivalente, como mínimo, al de personas suprimidas de la lista de sanciones el 25 de febrero de 2016; solicita que entre los sancionados esté Aliaksandr Lukashenka; pide al Consejo que siga el ejemplo de varios Estados miembros vecinos de Bielorrusia, los cuales incluyeron a Lukashenka en su lista de sanciones, y amplíe el grupo propuesto en un primer momento de personas objeto de sanciones en el sentido de añadir una cantidad considerable de cargos públicos, tanto altos como de nivel intermedio, así como empresarios conocidos por su apoyo al régimen o por despedir a sus empleados si participan en las huelgas; solicita al Consejo que imponga sanciones a toda persona o entidad causante de injerencias exteriores en Bielorrusia; anima a todos los miembros del Consejo a que, en su decisión relativa a la imposición de sanciones, den prioridad a los derechos democráticos del pueblo bielorruso sobre otro tipo de intereses en materia de seguridad; pide a la Comisión y al VP/AR que pongan en marcha y apliquen rápidamente el régimen de sanciones de la Unión en materia de derechos humanos;

17. Celebra que, como ha manifestado el VP/AR, la Unión esté dispuesta a adoptar más medidas restrictivas en caso necesario; pide al Consejo que, en caso de que las sanciones específicas a los autores de fraude, violencia y represión no tengan un resultado satisfactorio, se plantee la posibilidad de imponer sanciones económicas más amplias a Bielorrusia centrándose en particular en las empresas públicas más estrechamente vinculadas a los intereses comerciales de las autoridades; insiste en su postura de que dichas sanciones no han en modo alguno de perjudicar ni al pueblo bielorruso ni la evolución de su sociedad civil democrática;

18. Pide a la Comisión, al SEAE y al alto representante que revisen las relaciones entre la Unión y Bielorrusia y que estas pasen de una «colaboración crítica» a una «reevaluación crítica», lo que incluye volver a examinar el papel de Bielorrusia en la Asociación Oriental teniendo para ello en cuenta los siguientes aspectos: la coordinación con los socios internacionales, el diálogo en cuanto a las reformas necesarias, el apoyo socioeconómico a la población, la creación de capacidades para la sociedad civil y el mantenimiento de los contactos interpersonales; reitera su compromiso con el pleno apoyo político, técnico y económico necesario para facilitar la transición política democrática de Bielorrusia en caso de que se le pida, en particular mediante el refuerzo de las relaciones comerciales, una asistencia coordinada a escala internacional en cuanto a las reformas económicas y el pleno apoyo a un mayor fomento de la sociedad civil independiente bielorrusa;

19. Insiste en que la ayuda financiera de la Unión no ha de ir en beneficio más que del pueblo bielorruso, no del régimen en el poder, y debe ayudar a mitigar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID‑19 entre la población, prestar ayuda humanitaria de emergencia a las víctimas de la violencia y la represión y a sus familiares, reforzar la sociedad civil y fomentar los contactos interpersonales; solicita a la Comisión que ponga fin inmediatamente a todo pago directo de ayuda financiera a las autoridades bielorrusas y reoriente toda ayuda de este tipo a la población de Bielorrusia, así como a las ONG, las organizaciones internacionales y los periodistas independientes;

20. Subraya los llamamientos procedentes de ciudadanos bielorrusos y de la comunidad internacional a favor de un proceso de diálogo nacional integrador que desemboque en nuevas elecciones y una representación verdaderamente democrática; pide a la Federación de Rusia que recurra a sus estrechos vínculos políticos con los dirigentes bielorrusos y los anime a entablar un proceso de diálogo libre, justo e integrador en el que se garantice el pleno respeto de los derechos democráticos del pueblo de Bielorrusia en virtud del Derecho internacional, a fin de organizar lo antes posible nuevas elecciones con arreglo a las normas internacionales y con la observación de elecciones de la OIDDH; acoge con gran satisfacción la propuesta del presidente en ejercicio de la OSCE, en coordinación con su sucesora en el cargo, de asistir a Bielorrusia en la organización de un proceso de diálogo, y celebra asimismo que la OIDDH se muestre dispuesta a ayudar a las autoridades bielorrusas a emprender las reformas urgentes necesarias para que la legislación y las prácticas del país se ajusten a las normas democráticas internacionales y a las obligaciones en materia de derechos humanos; insiste en que las autoridades de Bielorrusia acepten el ofrecimiento del presidente en ejercicio de la OSCE y su próxima sucesora en el cargo; pide por tanto a la Comisión y al SEAE que, conjuntamente con la OSCE, definan la ayuda específica que la Unión puede prestar al papel de mediación bajo el mando de la OSCE y se muestra dispuesta a contribuir en el futuro con una delegación del Parlamento Europeo a una misión de observación de elecciones de la OIDDH;

21. Rechaza enérgicamente las continuas intervenciones e injerencias del Estado ruso y de los agentes vinculados a este, en particular en relación con las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación estatales de Bielorrusia; manifiesta su inquebrantable apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial de Bielorrusia y su pueblo; recuerda que las manifestaciones en Bielorrusia tienen un carácter, más que geopolítico, prodemocrático; insta a la Federación de Rusia a que respete el Derecho internacional, la soberanía de Bielorrusia y su propia solicitud de que no se produzca injerencia alguna en Bielorrusia; pide a la Federación de Rusia que, por otra parte, brinde apoyo a las medidas puestas en marcha por la OSCE al objeto de ayudar a Bielorrusia a cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de democracia, libertades fundamentales y derechos humanos;

22. Pide al Consejo que establezca sin mayor demora un mecanismo de sanciones global y eficaz a escala de la Unión que permita perseguir selectivamente a toda persona, agente estatal o no estatal u otra entidad responsable de graves violaciones de los derechos humanos o que haya participado en ellos;

23. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a las autoridades de Bielorrusia.

 

[1] DO C 11 de 13.1.2020, p. 18.

[2] DO C 390 de 18.11.2019, p. 100.

[3] DO C 224 de 27.6.2018, p. 135.

[4] DO C 349 de 17.10.2017, p. 41.

[5] DO L 45 de 18.2.2020, p. 3.

Última actualización: 16 de septiembre de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad