Procedimiento : 2020/2777(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0282/2020

Textos presentados :

B9-0282/2020

Debates :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Votaciones :

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0232

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0282/2020</NoDocSe>
PDF 152kWORD 49k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre Rusia, en particular el envenenamiento de Alexéi Navalny</Titre>

<DocRef>(2020/2777(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad‑Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu</Depute>

<Commission>{Renew}en nombre del Grupo Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0280/2020

B9‑0282/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre Rusia, en particular el envenenamiento de Alexéi Navalny

(2020/2777(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores resoluciones y recomendaciones sobre Rusia, y en particular su Resolución, de 13 de marzo de 2014, sobre Rusia: condena de manifestantes que participaron en los sucesos de la plaza Bolótnaya[1], su Recomendación al Consejo, de 2 de abril de 2014, sobre el establecimiento de restricciones comunes en materia de visados a los funcionarios rusos implicados en el caso Serguéi Magnitski[2], y sus Resoluciones de 15 de enero de 2015 sobre Rusia, en particular sobre el caso de Alexéi Navalny[3], de 12 de marzo de 2015 sobre el asesinato del líder opositor ruso Borís Nemtsov y la situación de la democracia en Rusia[4], y de 6 de abril de 2017 sobre Rusia: la detención de Alexéi Navalny y otros manifestantes[5],

 Vista la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción (Convención sobre las Armas Químicas), que prohíbe el empleo, el desarrollo, la producción, el almacenamiento y la transferencia de armas químicas,

 Vistas la Constitución rusa, y en particular su artículo 29, que protege la libertad de expresión, y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que Rusia se ha comprometido a respetar como miembro del Consejo de Europa, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y de las Naciones Unidas,

 Vistos el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los que la Federación de Rusia es parte, que disponen que nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes,

 Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el 20 de agosto de 2020, en un vuelo de Tomsk a Moscú, Alexéi Navalny se puso enfermo y empezó a mostrar síntomas de envenenamiento; que, tras su traslado a Alemania, el 2 de septiembre el Gobierno alemán anunció oficialmente que el análisis toxicológico realizado por expertos médicos y un laboratorio especializado de Alemania demuestra sin lugar a dudas que Alexéi Navalny fue envenenado por un agente químico neurotóxico perteneciente al grupo novichok;

B. Considerando que Alexéi Navalny está ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Berlín y que su estado es grave;

C. Considerando que los agentes neurotóxicos pertenecientes al grupo novichok son agentes neurotóxicos de origen militar desarrollados por la Unión Soviética y la Federación de Rusia y se utilizaron recientemente en el ataque cometido en marzo de 2018 contra Serguéi Skripal, antiguo agente de inteligencia ruso, y su hija Yulia en Salisbury (Reino Unido); que el ataque también provocó la muerte accidental de Dawn Sturgess, que residía en Amesbury;

D. Considerando que la Federación de Rusia, como miembro de pleno derecho del Consejo de Europa y signataria de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se ha comprometido a respetar los principios de la democracia, el Estado de Derecho, las libertades fundamentales y los derechos humanos; que la Unión Europea ha ofrecido reiteradamente asistencia y asesoramiento adicionales a Rusia para ayudar al país a modernizar y respetar su ordenamiento constitucional y jurídico, en consonancia con las normas del Consejo de Europa;

E. Considerando que la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sus precursores están prohibidos en virtud de la Convención sobre las Armas Químicas, de la que la Federación de Rusia es parte;

F. Considerando que este reciente intento de asesinato no es sino el último ejemplo del retroceso muy grave en la protección de los derechos humanos y el respeto de los principios democráticos adoptados de común acuerdo y del Estado de Derecho en la Federación de Rusia;

G. Considerando que, el 8 de septiembre, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al Gobierno de la Federación de Rusia a realizar o cooperar plenamente con una investigación exhaustiva, transparente, independiente e imparcial;

H. Considerando que los ministros de Asuntos Exteriores del G-7 han condenado el envenenamiento confirmado de Alexéi Navalny y han pedido a Rusia que aclare urgentemente y con total transparencia quién es el responsable del ataque;

I. Considerando que, según la organización de derechos humanos Memorial, en la Federación de Rusia hay al menos sesenta presos políticos y se persigue a otras personas aunque no estén encarceladas;

J. Considerando que, entre el 25 de junio y el 1 de julio de 2020, Rusia celebró, de manera precipitada en el contexto de la pandemia de COVID‑19, un referéndum sobre la reforma constitucional que, según el organismo de vigilancia electoral ruso Golos, no cumplía las normas rusas ni internacionales y se vio empañado por múltiples irregularidades en la preparación de la votación, durante la propia votación y durante el recuento de los votos;

K. Considerando que en Rusia no hay elecciones libres y justas y que los partidos y candidatos de la oposición son perseguidos, intimidados y excluidos constantemente de la participación política; que, el 7 de septiembre de 2020, trece candidatos del partido Yábloko fueron excluidos de las elecciones al Ayuntamiento de Osinovo con motivo de su participación activa en el movimiento Dioxinovo, que se opone a la construcción de una instalación de incineración; que, al día siguiente, los apartamentos de tres candidatos de Yábloko a ayuntamientos y parlamentos regionales —Ruslán Zinatullin, Irina Maltseva y Serguéi Maksimenko— fueron registrados y ellos mismos fueron detenidos para ser sometidos a un interrogatorio;

L. Considerando que, según el informe sobre la libertad en el mundo de 2020, en Rusia no hay medios de comunicación independientes y los periodistas rusos se enfrentan a amenazas constantes, acoso, intimidación, detenciones y ataques potencialmente mortales, así como al estigma de ser calificados de agentes extranjeros; que, según la ONG internacional Justice for Journalists, el número de ciberataques y amenazas no físicos contra periodistas de que se tiene noticia pasó de 70 incidentes en 2017 a más de 160 en 2019; que, el 23 de julio de 2020, Dmitri Nizovtsev, corresponsal de Shtab Naválnogo, un canal de información de YouTube propiedad de Alexéi Navalny, fue agredido en su casa, en la ciudad oriental de Jabárovsk, tras la difusión en directo de las protestas en curso en la ciudad;

M. Considerando que, tanto a nivel nacional como en el extranjero, Rusia está llevando a cabo campañas masivas de desinformación y propaganda contra la Unión Europea y sus Estados miembros en un intento por minar el debate democrático y exacerbar la polarización social, entregarse al revisionismo histórico y mejorar su propia imagen en el contexto de la COVID‑19;

1. Condena con la máxima firmeza el intento de asesinato de Alexéi Navalny;

2. Pide a la Federación de Rusia que investigue exhaustivamente y de manera transparente e imparcial el intento de asesinato de Alexéi Navalny y que lleve ante la justicia a los responsables, cualquiera que sea el nivel en el que recaiga la responsabilidad última;

3. Pide a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) que investigue el uso de armas químicas en el envenenamiento de Alexéi Navalny, y pide al Gobierno ruso que coopere plenamente en la investigación y facilite inmediatamente a la OPAQ información íntegra y completa sobre su programa novichok; destaca, a este respecto, la decisión adoptada por la OPAQ en diciembre de 2019 de añadir los agentes pertenecientes al grupo novichok a la lista de sustancias estrechamente controladas, que también contó con el apoyo de la Federación de Rusia;

4. Expresa su plena solidaridad a Alexéi Navalny; condena los reiterados esfuerzos de las autoridades rusas por acallarle y por contrarrestar los esfuerzos realizados por su organización para sensibilizar y luchar contra la corrupción en las instituciones públicas y entre los representantes políticos y titulares de cargos públicos;

5. Pide a los Estados miembros y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que, en caso de que las instituciones rusas no colaboren inmediatamente, utilicen todos los instrumentos de que disponen para hacer frente al uso y la proliferación de armas químicas, incluido el recurso a medidas restrictivas;

6. Lamenta las campañas de desinformación y propaganda emprendidas por Rusia, en constante aumento, y destaca la importancia de adoptar contramedidas y acciones eficaces para desmentirlas;

7. Pide a las autoridades rusas que pongan fin a todos los actos de acoso, también a escala judicial, de los que son objeto opositores políticos, periodistas y activistas políticos de la sociedad civil en la Federación de Rusia, y que velen por que estas personas puedan ejercer sus actividades legítimas sin traba alguna en cualquier circunstancia;

8. Recuerda que la libertad de opinión y expresión es un derecho y no un privilegio y que este derecho, junto a los derechos a la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, desempeña un papel decisivo en el nacimiento y la existencia de un sistema realmente democrático;

9. Recuerda que es importante que Rusia cumpla plenamente sus obligaciones jurídicas internacionales como parte en la Convención sobre las Armas Químicas y como miembro del Consejo de Europa y de la OSCE y que respete los derechos humanos fundamentales y el Estado de Derecho consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; reitera que el derecho de voto de Rusia en el Consejo de Europa estuvo suspendido durante cinco años, hasta junio de 2019, como consecuencia de la anexión ilegal de Crimea; pide al Consejo de Europa que suspenda de nuevo el derecho de voto de la Federación de Rusia hasta que se investigue debidamente el caso Navalny;

10. Pide al Consejo, a los Estados miembros y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (vicepresidente / alto representante) que aceleren la definición de un régimen ambicioso de sanciones en materia de derechos humanos en forma de Ley Magnitski europea;

11. Pide a los Estados miembros que, de no existir una investigación rusa creíble sobre el intento de asesinato de Alexéi Navalny, estudien la posibilidad de adoptar nuevas medidas restrictivas contra la Federación de Rusia;

12. Pide a los Estados miembros implicados que se retiren del proyecto de gasoducto Nord Stream 2 si la Federación de Rusia no cumple su obligación de investigar el delito contra Alexéi Navalny de manera imparcial y eficaz;

13. Pide al vicepresidente / alto representante y al SEAE que velen por que los casos de todas las personas condenadas por motivos políticos se aborden en las consultas entre la Unión y Rusia en materia de derechos humanos, una vez que estas se reanuden, y que pidan formalmente a los representantes rusos en el marco de estas consultas que se pronuncien caso por caso; pide a los presidentes del Consejo y de la Comisión, así como al vicepresidente / alto representante, que continúen haciendo un seguimiento atento de estos casos y planteen estas cuestiones en el marco de distintos formatos y encuentros con Rusia, y que informen al Parlamento sobre los intercambios de puntos de vista mantenidos con las autoridades de la Federación de Rusia;

14. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y al presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia.

 

[1] DO C 378 de 9.11.2017, p. 250.

[2] DO C 408 de 30.11.2017, p. 43.

[3] DO C 300 de 18.8.2016, p. 2.

[4] DO C 316 de 30.8.2016, p. 126.

[5] DO C 298 de 23.8.2018, p. 56.

Última actualización: 16 de septiembre de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad