Procedimiento : 2021/2509(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0113/2021

Textos presentados :

B9-0113/2021

Debates :

PV 10/02/2021 - 12
CRE 10/02/2021 - 12

Votaciones :

PV 11/02/2021 - 17

Textos aprobados :


<Date>{03/02/2021}3.2.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0113/2021</NoDocSe>
PDF 136kWORD 44k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre los retos futuros para los derechos de la mujer: más de veinticinco años después de la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín</Titre>

<DocRef>(2021/2509(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión</Depute>

<Commission>{ECR}en nombre del Grupo ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0113/2021

Resolución del Parlamento Europeo sobre los retos futuros para los derechos de la mujer: más de veinticinco años después de la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín

(2021/2509(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948,

 Vista la Declaración de los Derechos del Niño proclamada por las Naciones Unidas en 1959,

 Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989,

 Visto el Programa de Acción adoptado en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) que se celebró en El Cairo entre el 5 y el 13 de septiembre de 1994, y en particular su punto 8.25,

 Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín los días 4 a 15 de septiembre de 1995,

 Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular su artículo 168, apartado 7,

 Vista su Resolución, de 10 de diciembre de 2013, sobre salud sexual y reproductiva y derechos afines[1],

 Vista la declaración de la comisaria Helena Dalli, de 25 de noviembre de 2020, en la que afirmó que la Unión Europea no tiene competencia en materia de derecho al aborto en los Estados miembros,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que, en el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, tras la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, se afirma que «el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento»;

B. Considerando que el punto 8.25 de la CIPD establece que «[en] ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia»;

C. Considerando que el artículo 168, apartado 7, del TFUE establece que «[la] acción de la Unión en el ámbito de la salud pública respetará las responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a la definición de su política de salud, así como a la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica. Las responsabilidades de los Estados miembros incluyen la gestión de los servicios de salud y de atención médica, así como la asignación de los recursos que se destinan a dichos servicios»;

D. Considerando que, el 10 de diciembre de 2013, el Parlamento observaba que «la formulación y aplicación de políticas en materia de salud sexual y reproductiva y derechos afines, así como en materia de educación sexual en las escuelas, es competencia de los Estados miembros»;

1. Valora positivamente que la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 abordasen una serie de problemas de vital importancia para las mujeres de todo el mundo, entre otros, la pobreza, la educación, la salud, los conflictos armados, la violencia (incluida la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y el aborto forzado) y la toma de decisiones, que siguen representando retos enormes para lograr sociedades justas y prósperas, y destaca que muchas de sus recomendaciones merecen una aplicación adecuada;

2. Señala que, a pesar de que la Plataforma de Acción de Pekín ha abordado una amplia gama de cuestiones, se ha hecho famosa sobre todo por sus posteriores interpretaciones de que la prohibición del aborto da lugar a abortos ilegales, que, por lo tanto, no se realizan de manera segura, y, en última instancia, constituye una violación de los derechos humanos; destaca, a este respecto, el apartado 9 de la Plataforma, que establece lo siguiente: «La aplicación de la presente Plataforma, en particular mediante la promulgación de leyes nacionales y la formulación de estrategias, políticas, programas y prioridades para el desarrollo, incumbe a la responsabilidad soberana de cada Estado»;

3. Recuerda que el programa de acción adoptado en la CIPD, un año antes de la conferencia de Pekín, causó polémica al introducir el concepto de salud y derechos sexuales y reproductivos; observa, no obstante, que en el punto 8.25 se afirma que «[en] ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia» y que «[cualesquiera] medidas o cambios relacionados con el aborto que se introduzcan en el sistema de salud se pueden determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad con el proceso legislativo nacional»;

4. Señala que no existe ningún instrumento de Derecho internacional que reconozca explícitamente el derecho al aborto o la salud y los derechos sexuales y reproductivos, si bien algunas conferencias internacionales organizadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas han servido para promoverlos como si fueran fuentes de Derecho internacional comparables a los Tratados;

5. Reitera que la formulación y aplicación de políticas en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos es competencia exclusiva de los Estados miembros con arreglo a los Tratados;

6. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

[1] DO C 468 de 15.12.2016, p. 66.

Última actualización: 4 de febrero de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad