Procedimiento : 2021/2643(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0227/2021

Textos presentados :

B9-0227/2021

Debates :

PV 28/04/2021 - 14
CRE 28/04/2021 - 14

Votaciones :

Textos aprobados :

P9_TA(2021)0160

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0227/2021</NoDocSe>
PDF 158kWORD 50k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre el quinto aniversario del Acuerdo de Paz en Colombia</Titre>

<DocRef>(2021/2643(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler‑Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez</Depute>

<Commission>{PPE}en nombre del Grupo PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0227/2021

B9‑0227/2021

Resolución del Parlamento Europeo sobre el quinto aniversario del Acuerdo de Paz en Colombia

(2021/2643(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores resoluciones, en particular su Resolución, de 20 de enero de 2016, en apoyo del proceso de paz en Colombia[1],

 Visto el Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra[2],

 Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, de 1 de octubre de 2015, por la que se nombró a Eamon Gilmore enviado especial de la UE para el proceso de paz en Colombia,

 Visto el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército Popular (FARC-EP) y el Gobierno Nacional de Colombia, firmado el 24 de noviembre de 2016,

 Vistos los informes del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y, en particular, el informe de 26 de marzo de 2021,

 Visto el informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, de 10 de febrero de 2021, sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 

 Vista la declaración conjunta del VP/AR, Josep Borrell, y el comisario Janez Lenarčič, de 9 de febrero de 2021, sobre la decisión de Colombia de conceder el estatuto de protección temporal a los migrantes venezolanos, y la declaración del portavoz del VP/AR, de 26 de febrero de 2021, sobre la violencia contra los defensores de los derechos humanos en Colombia,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que en noviembre de 2021 Colombia conmemorará el quinto aniversario de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC-EP, que puso fin a un conflicto de más de cincuenta años y representa un paso importante en la construcción de una paz estable y duradera en el país;

B. Considerando que el Tribunal Constitucional de Colombia ha estimado que se necesitarán al menos quince años para cumplir el Acuerdo Final, la planificación decenal de la Hoja de Ruta Única y el actual Plan Plurianual de Inversión para la Paz de cuatro años, con recursos de casi 11 500 millones de dólares estadounidenses;

C. Considerando que Colombia es el único país de América Latina que ha mantenido su integridad democrática a pesar de largos períodos de violencia excepcional;

D. Considerando que la Unión y Colombia mantienen un marco de estrecha colaboración política, económica y comercial, establecido en el Memorándum de Entendimiento de noviembre de 2009 y en el Acuerdo Comercial entre Colombia y Perú y la Unión y sus Estados Miembros, cuya aspiración última es no solo potenciar las relaciones económicas y comerciales entre las partes, sino también reforzar la paz, la democracia, el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el bienestar de los ciudadanos; que Colombia es un socio estratégico clave para la estabilidad regional;

E. Considerando que la importante decisión tomada por el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, de mostrar solidaridad mediante la regularización de aproximadamente 1 800 000 migrantes venezolanos residentes en el país a través de permisos migratorios temporales que les permitan registrarse y mejorar su acceso a servicios estatales como la sanidad y la educación, y su integración socioeconómica, reduciendo así su vulnerabilidad; que Colombia y Venezuela comparten más de 2 000 kilómetros de fronteras porosas; que la frontera entre Colombia y Venezuela se compone principalmente de zonas forestales densas y terrenos difíciles, lo que hace que sea proclive a actividades ilícitas y a la delincuencia organizada, y que es donde los disidentes más destacados del proceso de paz con las FARC-EP operan en connivencia con las fuerzas militares y de seguridad del régimen de Maduro y bajo su protección;

F. Considerando que la estrecha cooperación entre Colombia y la Unión también queda ilustrada por la disponibilidad, transparencia y frecuencia de los diálogos con la Unión y el Parlamento Europeo, como ilustra el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia por el que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea;

G. Considerando que esta estrecha relación se extiende a espacios de colaboración internacional en asuntos multilaterales de interés mutuo, como son la lucha por la paz y contra el terrorismo y el narcotráfico;

H. Considerando que el presidente de Colombia, Iván Duque, y el presidente del Partido Comunes (anteriormente Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC), Rodrigo Londoño, se reunieron el 10 de marzo de 2021 para debatir el estado de aplicación del Acuerdo Final; que ambas partes reiteraron su compromiso con el Acuerdo Final y acordaron trabajar conjuntamente para diseñar una hoja de ruta durante el resto del plazo previsto para su aplicación global, así como redoblar sus esfuerzos para reforzar la reintegración de los excombatientes y las garantías de seguridad para ellos;

I. Considerando que, en el Acuerdo Final, las partes acordaron establecer una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que comprendía el establecimiento de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como acuerdos sobre reparaciones para las víctimas, como se reconoce en el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de 10 de febrero de 2021; que el informe de la alta comisionada también elogia al Estado colombiano por adoptar un enfoque basado en los derechos humanos ante la pandemia de COVID-19 y la llegada y acogida de migrantes venezolanos;

J. Considerando que las conversaciones de paz han dado lugar a una reducción significativa del número de muertes y de la violencia en Colombia; que las conversaciones de paz han proporcionado crecimiento y oportunidades a las zonas más afectadas por el conflicto, como demuestran los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) elaborados por las comunidades que habitan dichos territorios;

K. Considerando que los PDET, elaborados por las comunidades de los 170 municipios más afectados por el abandono, la pobreza y la violencia, desempeñan un papel fundamental e histórico;

1. Reitera su apoyo al Acuerdo de Paz en Colombia y acoge con satisfacción el dinamismo y el compromiso de Colombia con la aplicación del Acuerdo Final, así como los progresos realizados en ámbitos como los programas de desarrollo rural (PDET), la defensa de los derechos de las víctimas, la resolución del problema de las drogas ilícitas, la restitución de tierras y la reintegración de antiguos combatientes;

2. Acoge con satisfacción el reciente diálogo mantenido entre las partes; mantiene su disposición a seguir proporcionando toda la asistencia política y financiera posible para apoyar la aplicación integral del Acuerdo de Paz y acompañar la fase posconflicto; acoge con satisfacción la activa participación de las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil, que es fundamental para tener debidamente en cuenta las prioridades expresadas por las víctimas en términos de verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición;

3. Acoge con satisfacción la prórroga de la Ley de Víctimas hasta 2031 y el aumento de su presupuesto, lo que beneficia a más de nueve millones de personas
que están inscritas en el Registro Único de Víctimas; acoge con satisfacción, además, la participación política efectiva de las FARC, ahora Partido Comunes, y los progresos realizados en la reincorporación de casi 14 000 antiguos combatientes, su acceso a las pensiones, la sanidad y la educación y la ampliación del apoyo económico más allá de lo previsto en el Acuerdo; celebra, asimismo, los 2 300 proyectos productivos individuales y colectivos por un total de más de dieciséis millones de dólares estadounidenses;

4. Destaca que 2 974 excombatientes y sus familias viven en los veinticuatro antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR); acoge con satisfacción la adquisición de terrenos por el Gobierno de siete de los antiguos veinticuatro ETCR, con el fin de garantizar la permanencia de estas instalaciones temporales inicialmente previstas hasta 2019 y de garantizar el acceso a la tierra y a la vivienda a los excombatientes, y pide apoyo para esta acción;

5. Reconoce los esfuerzos del Gobierno para combatir la delincuencia y reprimir los ingresos ilícitos de grupos armados organizados y otras organizaciones delictivas que son principalmente responsables de los actos de agresión contra excombatientes; destaca el despliegue de seguridad en los antiguos ETCR y las medidas de protección que dan cobertura a más de 13 000 excombatientes; observa que en 2020 se produjo una disminución (-12 %) de los homicidios contra ellos y que, hasta la fecha, en 2021 se ha producido una disminución significativa del 50 % en comparación con los registrados en el mismo período de 2020; acoge con satisfacción el refuerzo de la Unidad Nacional de Protección, el refuerzo de la Unidad Especial de Investigación y los progresos realizados en la eliminación del 78 % de los asesinatos de excombatientes;

6. Toma nota de los progresos realizados en la Reforma Rural Integral, la incorporación de 1 193 257 hectáreas al Fondo Nacional Agrario y el hecho de que 499 481 hectáreas han sido formalizadas, acordadas e incluidas en el catastro multipropósito, incluido el hecho de que treinta reservas indígenas han comenzado a llevarlo a cabo; destaca los progresos alcanzados en la retirada de minas antipersonas en 129 municipios y la ampliación del plazo para su eliminación hasta 2025;

7. Acoge con satisfacción las correcciones efectuadas por el Gobierno al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que han permitido a las 99 097 familias registradas (36,5 % encabezadas por mujeres y 6,7 % pertenecientes a comunidades étnicas) cumplir con una financiación de 244 millones de dólares estadounidenses;

8. Acoge con satisfacción todas las medidas adoptadas por la JEP para crear un futuro, con la consolidación de la paz y la falta de impunidad como núcleo, y pide a la JEP que prosiga sus importantes esfuerzos, a pesar de los numerosos problemas;

9. Elogia el paso notable y sin precedentes dado por Colombia con la concesión de un estatuto de protección a unos 1 800 000 migrantes venezolanos residentes en el país, que contribuirá a garantizar el disfrute y la protección de sus derechos humanos y a paliar el sufrimiento humano, ofreciéndoles al mismo tiempo oportunidades para recibir una mejor asistencia, incluida la vacunación contra la COVID-19, protección e integración social; pide a la Comisión y al Consejo que aumenten sustancialmente el apoyo político y financiero a Colombia para reforzar la respuesta y aumentar la presión en favor de la restauración de la democracia en Venezuela; espera que la iniciativa de la Unión de contribuir a los esfuerzos regionales para hacer frente a la crisis migratoria allane el camino para un mayor apoyo acorde con la excepcional solidaridad de Colombia, y pide a otros miembros de la comunidad internacional que se unan para apoyar a Colombia en este proceso;

10. Reconoce los esfuerzos para combatir los delitos cometidos por grupos armados organizados y otras organizaciones que son principalmente responsables de los actos de agresión contra excombatientes; toma nota de los progresos realizados en relación con el Plan Estratégico de Seguridad y Protección y en la política de desmantelamiento de grupos armados ilegales;

11. Anima los esfuerzos de las instituciones colombianas para avanzar hacia la garantía de la defensa íntegra y permanente de los derechos humanos, en consonancia con su deber de garantizar la seguridad de sus ciudadanos; destaca la importante disminución de la tasa de homicidios, que pasó de 25 a 23,7 por cada 100 000 habitantes entre 2019 y 2020, como reconoce el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; reconoce el compromiso del Gobierno con la protección de los líderes sociales, los defensores de los derechos humanos y excombatientes y las comunidades remotas;

12. Condena, sin embargo, las matanzas y la violencia perpetradas por grupos delictivos organizados contra defensores de los derechos humanos, excombatientes de las FARC y líderes sociales e indígenas; lamenta que la violencia se centre principalmente en zonas donde la delincuencia organizada es más importante; pide que prosigan las investigaciones rápidas y exhaustivas y que los responsables rindan cuentas;

13. Expresa su preocupación por el hecho de que, a pesar de su obligación de hacerlo, hasta la fecha las antiguas guerrillas no hayan facilitado información sobre las rutas de tráfico de drogas y las fuentes de financiación que sustentan a los grupos criminales que atacan a defensores, líderes y excombatientes;

14. Lamenta que, en el plazo fijado para la entrega de los activos de las antiguas FARC-EP para indemnizar a las víctimas, que expiró el 31 de diciembre de 2020, solo se hubiera entregado el 4 % de lo acordado;

15. Reconoce, como ha hecho la comunidad internacional, que estos actos son perpetrados por grupos delictivos y grupos armados ilegales relacionados con el tráfico de drogas y la minería ilegal; subraya que muchos de estos grupos actúan en connivencia con el régimen venezolano y bajo su protección;

16. Anima al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias en el contexto económico actual para promover cambios estructurales que contribuyan a mejorar la situación general y a maximizar el potencial de los acuerdos de paz para una transformación positiva de la situación de los derechos humanos en Colombia; pide a estas organizaciones de la sociedad civil que cooperen para restablecer la convivencia en reconciliación en Colombia;

17. Acoge con satisfacción el hecho de que la política de Paz con Legalidad sea un pilar del Plan de Recuperación post-COVID para mitigar los efectos de la pandemia en la población rural y las víctimas, y que reforzará el proceso de consolidación de la paz; pide a la Comisión que apoye sus principales compromisos, incluidos los proyectos integradores para impulsar la competitividad de los territorios PDET, el catastro multipropósito, que aborda la falta particularmente compleja de actualización catastral y mejora la gestión de las tierras y las finanzas municipales, y el programa Agricultura por Contrato, que vincula a los pequeños productores con procesos de comercialización fiables;

18. Proclama una vez más que la violencia no es un método legítimo de lucha política, y pide a quienes han compartido esta convicción que abracen la democracia con todas sus consecuencias y exigencias, la primera de las cuales es el abandono definitivo de las armas y la defensa de sus ideas y aspiraciones a través de las normas democráticas y del Estado de Derecho; pide, en este sentido, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que ponga fin a los secuestros, los delitos y los atentados terroristas contra la población en Colombia y que se comprometa firme y decididamente, sin más demora, con la paz en Colombia;

19. Destaca la contribución de la Unión Europea, especialmente a través del Fondo Europeo para la Paz en Colombia, que centra sus recursos en la Reforma Rural Integral y la reintegración, haciendo hincapié en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y la formalización de la propiedad de la tierra; pide a la Comisión y a los Estados miembros que mantengan su apoyo en el marco de los nuevos instrumentos de cooperación durante el nuevo período presupuestario;

20. Resalta la participación del sector privado en el apoyo a las víctimas, la reintegración, la sustitución de cultivos ilícitos y los 170 municipios PDET; pide a la Comisión que intensifique la sinergia entre el acuerdo comercial y los nuevos instrumentos de cooperación destinados a garantizar el acceso al mercado europeo, los intercambios y las inversiones, a fin de garantizar la sostenibilidad de los proyectos productivos y los ingresos de la población beneficiaria y reducir su vulnerabilidad frente a la delincuencia y a las economías ilícitas;

21. Considera que el éxito de la aplicación del Acuerdo de Paz de 2016, como contribución a la paz y a la estabilidad mundiales, seguirá siendo una prioridad clave de unas relaciones bilaterales reforzadas a través del Memorándum de Entendimiento aprobado por el Consejo el pasado mes de enero; alienta, en la misma línea, una mayor cooperación entre la Unión y Colombia con el fin de mejorar los medios de subsistencia tanto de los ciudadanos colombianos como de los ciudadanos de la Unión mediante el refuerzo de las sinergias entre la asociación comercial UE-Colombia y el Acuerdo de Paz;

22. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Presidencia rotatoria del Consejo, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al Gobierno y al Congreso de la República de Colombia,

 

 

[1] DO C 11 de 12.1.2018, p. 79.

[2] DO L 354 de 21.12.2012, p. 3.

Última actualización: 28 de abril de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad