Procedimiento : 2021/2643(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0228/2021

Textos presentados :

B9-0228/2021

Debates :

PV 28/04/2021 - 14
CRE 28/04/2021 - 14

Votaciones :

PV 29/04/2021 - 19

Textos aprobados :

P9_TA(2021)0160

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9-0228/2021</NoDocSe>
PDF 146kWORD 51k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre el quinto aniversario del Acuerdo de Paz en Colombia</Titre>

<DocRef>(2021/2643(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manu Pineda</Depute>

<Commission>{The Left}en nombre del Grupo The Left</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0228/2021

Resolución del Parlamento Europeo sobre el quinto aniversario del Acuerdo de Paz en Colombia

(2021/2643(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus resoluciones anteriores sobre el proceso de paz y la situación en Colombia,

 Visto el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado por el Gobierno colombiano y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016,

 Vista la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz como mecanismo para garantizar justicia y reparación,

 Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior de 26 de febrero de 2021 sobre Colombia: violencia contra los defensores de los derechos humanos,

 Visto el Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú, firmado el 26 de julio de 2012, al que se adhirió Ecuador el 1 de enero de 2017,

 Visto el informe del secretario general de las Naciones Unidas, de 26 de marzo de 2021, sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia,

 Visto el informe anual del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 10 de febrero de 2021, sobre la situación de los derechos humanos en Colombia,

 Vista la declaración conjunta del sistema de las Naciones Unidas y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, de 17 de agosto de 2020,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) alcanzaron un acuerdo definitivo para terminar un conflicto que duraba más de cincuenta años en 2016, tras cuatro años de negociaciones en La Habana; que ese acuerdo reconoce el derecho del pueblo colombiano a vivir en paz y garantiza el deber del Estado de promover los derechos humanos y asegurar el desarrollo económico y social;

B. Considerando que el Acuerdo Final tenía en cuenta los motivos estructurales del conflicto, les daba respuestas globales en diferentes ámbitos e incluía puntos relativos a un desarrollo rural integral, la participación política y la apertura democrática para construir la paz, el fin del conflicto, una solución al problema de las drogas ilícitas y los derechos de las víctimas; que los acuerdos siguen aplicándose de manera desigual y no han producido los efectos necesarios para crear garantías para la paz;

C. Considerando que el punto relativo a la reforma rural integral, que incluye, entre otras cosas, garantizar el acceso a la tierra, garantizar servicios públicos en zonas rurales y el desarrollo de la agricultura desde la perspectiva de la seguridad alimentaria, tiene el nivel más bajo de ejecución; que las disposiciones relativas a las políticas de género también tienen un bajo nivel de ejecución por parte del Gobierno colombiano;

D. Considerando que el punto relativo a los derechos de las víctimas estipula la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, así como de una Jurisdicción Especial para la Paz, con objeto de investigar y perseguir a los responsables de violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario en el contexto del conflicto; que la reparación de las víctimas y la garantía de la no repetición son elementos fundamentales para asegurar una paz justa y duradera;

E. Considerando que las FARC-EP completaron su proceso de desarme supervisado por las Naciones Unidas en junio de 2017; que, a pesar de lo dispuesto en el Acuerdo Final, el Gobierno colombiano no ha adoptado la política prevista en el Acuerdo de Paz relativa al desmantelamiento de los grupos armados ilegales, las organizaciones criminales y sus redes de apoyo; que la Jurisdicción Especial para la Paz ha manifestado que las medidas adoptadas en este ámbito y para la protección de los defensores de los derechos humanos y excombatientes son insuficientes;

F. Considerando que el poder de los grupos armados no estatales, incluidos grupos de extrema derecha sucesores del paramilitarismo, ha aumentado en los últimos años; que esos grupos han adquirido un control territorial y social en algunas partes del país, con consecuencias especialmente devastadoras para las comunidades agrícolas rurales, los campesinos y las comunidades indígenas y afrodescendientes;

G. Considerando que la Unión desempeña un papel importante en la aplicación del Acuerdo Final, al proporcionar apoyo técnico y financiero a través del Fondo Fiduciario de la UE para Colombia; que esto confiere a la Unión la responsabilidad de seguir de cerca la aplicación del Acuerdo;

H. Considerando que cinco años después de la firma del Acuerdo Final la violencia política sigue siendo frecuente en Colombia; que solo en 2020 fueron asesinados 133 defensores de los derechos humanos y 795 fueron víctimas de amenazas y ataques documentados; que en 2020 el 53 % de los defensores de los derechos humanos asesinados en todo el mundo lo fue en Colombia; que las recomendaciones relativas a la perspectiva de género previstas en los mecanismos de seguridad establecidos por el Acuerdo no se han desarrollado, poniendo aún más en peligro la situación de las mujeres defensoras de los derechos humanos y líderes sociales;

I. Considerando que los asesinatos de excombatientes de las FARC-EP que ejercían un liderazgo social y político tras el Acuerdo han seguido aumentando durante los últimos años, hasta los 248 desde la firma del Acuerdo Final, incluidos 73 en 2020;

J. Considerando que los líderes sindicales y campesinos siguen siendo perseguidos de diferentes maneras en Colombia; que según datos de la Confederación Sindical Internacional (CSI) quince sindicalistas fueron asesinados en Colombia en 2020, cuatro sufrieron intentos de asesinato y 198 recibieron amenazas de muerte;

K. Considerando que Colombia tiene el mayor número de defensores del medio ambiente asesinados del mundo, con 64 casos notificados en 2020; que esos asesinatos se han cometido en un contexto de deforestación creciente, de pulverización aérea y de minería ilegal a gran escala que representan amenazas para la biodiversidad y la sostenibilidad de los recursos hídricos y que tendrán consecuencias irreversibles a escala mundial si no se detienen inmediatamente;

L. Considerando que los grupos criminales y sucesores del paramilitarismo siguen atacando de forma desproporcionada a comunidades afrodescendientes e indígenas; que en 2020 fueron asesinadas en este contexto 53 personas de comunidades indígenas, incluidos 17 indígenas awá asesinados en el departamento de Nariño y 19 indígenas nasa en el departamento del Cauca; que cientos de indígenas y afrodescendientes han sido desplazados por la fuerza durante los últimos años;

M. Considerando que en 2020 se documentaron 76 masacres en Colombia, que representaron 292 muertes, incluidos 24 niños; que el número de masacres ha seguido aumentando y 2020 supone el mayor número desde 2014, antes de la firma del Acuerdo Final;

N. Considerando que la mayoría de los asesinatos, amenazas y ataques en el país quedan impunes; que esto está relacionado con la posición que los grupos armados y sucesores del paramilitarismo siguen ocupando en la estructura social y política del país, así como con otros problemas estructurales como la falta de acceso a la justicia y a otros derechos y servicios en las zonas rurales;

O. Considerando que la Jurisdicción Especial para la Paz publicó un informe el 23 de febrero de 2021 en el revelaba que al menos 6 402 personas fueron asesinadas en Colombia entre 2002 y 2008 en ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército y presentadas falsamente como caídos en combate; que estos casos, conocidos como «falsos positivos», se remontan a décadas atrás y continuaron después de 2008 y, en consecuencia, el número real de sus víctimas es mucho mayor; que los responsables de esta política sistemática deben rendir cuentas;

P. Considerando que en 2020 se notificaron 42 casos de personas muertas durante operaciones policiales o militares o bajo custodia del Estado; que en esos casos el Fiscal General inició investigaciones;

Q. Considerando que las fuerzas policiales utilizaron armas letales en Bogotá durante las protestas contra la violencia policial que tuvieron lugar en septiembre de 2020; que once personas murieron durante la represión de esas protestas; que hubo detenciones arbitrarias, entre las cuales dos supuestas víctimas de violencia sexual, y los periodistas sufrieron ataques violentos por parte de las fuerzas policiales;

R. Considerando que en Colombia hay 8,1 millones de desplazados internos, lo que supone más del 16 % de la población; que 25 366 personas fueron víctimas de desplazamientos masivos en Colombia en 2020, principalmente en los departamentos de Antioquia, Chocó y Nariño; que durante el primer trimestre de 2021 ACNUR ya ha documentado 32 desplazamientos internos masivos que han afectado a 15 937 personas;

S. Considerando que la Unión y Colombia forman parte de un acuerdo comercial multilateral desde 2012, al que se opusieron diferentes sectores de la sociedad colombiana, entre otros motivos, por la situación de violencia y la falta de garantías en materia de derechos humanos; que el artículo 1 del acuerdo estipula que el respeto de los principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y del principio del Estado de Derecho son elementos esenciales del acuerdo; que el acuerdo no está condicionado a su cumplimiento;

T. Considerando que las concesiones otorgadas a empresas multinacionales han tenido y siguen teniendo consecuencias negativas para las poblaciones y territorios en los que se han desarrollado, tanto en lo que respecta al medio ambiente como a los derechos humanos; que las actividades en sectores como la minería, la energía y la agroindustria, algunas de las cuales están dirigidas por empresas de la Unión, siguen desarrollándose sin estudios de impacto social o medioambiental adecuados, con consecuencias como los problemas sanitarios actuales entre los indígenas wayú en el departamento de La Guajira tras el comienzo de la explotación de minas a cielo abierto cerca de sus tierras; que estas situaciones han provocado desplazamientos masivos y han estado relacionadas con violencia de grupos criminales y sucesores del paramilitarismo, como el asesinato el 29 de octubre de 2020 en el departamento de Chocó de la activista medioambiental Juana María Perea Plata, conocida por su oposición a la construcción de un puerto en Tribugá que tendría un efecto devastador sobre el medio ambiente;

U. Considerando que la sociedad colombiana se caracteriza por un  nivel muy elevado de desigualdad; que la pobreza ha aumentado en los últimos años y el 34 % de la población vive en la actualidad por debajo del umbral de pobreza, aunque este porcentaje se duplica en departamentos como Chocó; que las mujeres están en una posición de mayor vulnerabilidad al aumento de la pobreza causada por la pandemia, dada su mayor presencia en el mercado de trabajo informal y la tasa de desempleo entre las mujeres, que casi duplica la de los hombres;

V. Considerando que la pandemia de COVID-19 ha mostrado las consecuencias de la falta de acceso universal a la atención sanitaria en el país, así como la falta de acceso al agua y el saneamiento, que aún es frecuente en determinadas zonas; que el virus ha afectado de forma desproporcionada a la población de zonas rurales y a las comunidades indígenas y afrodescendientes, como refleja el hecho de que el departamento con la tasa más alta de infección y mortalidad es el departamento del Amazonas, que cuenta con una mayoría indígena;

1. Reitera su apoyo total al Acuerdo de Paz colombiano y pide la plena aplicación de todas las disposiciones incluidas en el Acuerdo Final, así como recuerda que sus diferentes partes no pueden tratarse por separado; destaca que la principal responsabilidad del Gobierno y del Estado colombianos es garantizar que se aplique íntegramente como garantía para la paz;

2. Manifiesta su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos y su deterioro durante los últimos cinco años y condena los asesinatos y la violencia que se están produciendo contra excombatientes de las FARC-EP, líderes y representantes de la oposición política, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, activistas del medio ambiente y comunidades indígenas y afrodescendientes; pide al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) y al SEAE que expresen esta preocupación y apliquen mecanismos para el diálogo y la supervisión de la aplicación del Acuerdo Final en sus intercambios con las autoridades colombianas;

3. Apoya el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y sus esfuerzos para garantizar el derecho a la verdad como garantía fundamental de la no repetición, la rendición de cuentas y los derechos de las víctimas, y pide que la Unión siga supervisando todos estos elementos; recuerda que estos son fundamentales para alcanzar la justicia y una paz duradera, como se refleja en el Acuerdo Final; manifiesta su preocupación por las declaraciones de determinadas autoridades públicas colombianas que ponen en cuestión la Jurisdicción Especial para la Paz, una parte central del Acuerdo; pide a todas las partes y componentes de la sociedad colombiana, incluido el sector empresarial privado, que colaboren con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, con el fin de garantizar que pueda cumplir su mandato;

4. Recuerda que el Gobierno colombiano tiene la responsabilidad de proteger a toda su población; deplora la violencia continua, las amenazas y los asesinatos a que se siguen enfrentando diariamente los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales, los activistas del medio ambiente, los sindicalistas y otras personas; pide al Gobierno colombiano que garantice la aplicación del punto 3.4 del Acuerdo Final, que garantiza el derecho a la seguridad de forma integral, en oposición a la política actual del Gobierno de militarizar determinados territorios; deplora los casos de amenazas y ataques contra víctimas del conflicto armado, así como contra sus familias y sus organizaciones, después de haber recurrido a las instituciones que forman parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; deplora el acoso y los ataques sufridos por los defensores de los derechos humanos que participan en procedimientos judiciales  en los que están implicados altos funcionarios del Estado y miembros de las fuerzas armadas;

5. Insta a las autoridades colombianas a adoptar medidas eficaces para desmantelar los grupos criminales y sucesores del paramilitarismo; destaca la necesidad de que las autoridades se aseguren de que no exista impunidad para los paramilitares y garanticen la investigación y el castigo de los crímenes, también en el caso de los encarcelados por otros delitos fuera de Colombia que están volviendo actualmente al país; manifiesta su profunda preocupación por la colusión de estos grupos con los intereses de empresas multinacionales extranjeras, incluidas empresas de la Unión; insiste en que todavía hay que llevar a cabo una investigación exhaustiva de esta cuestión y que se requiere plena transparencia y rendición de cuentas;

6. Insta al Gobierno colombiano a reconocer la atmósfera de persecución que sufren los defensores de los derechos humanos a causa de su trabajo y a adoptar medidas eficaces para resolver la situación; rechaza los intentos de minimizar esta situación alegando la existencia de un clima de violencia generalizado;

7. Insta al Gobierno colombiano a desarrollar todas las disposiciones reflejadas en el Acuerdo, entre otras cosas, llevando a cabo una reforma rural integral, garantizando el acceso a la tierra y otorgando un acceso igual a los servicios públicos y a los derechos para la población de las zonas rurales; pide a las autoridades colombianas que garanticen que todas las medidas desarrolladas en el contexto del Acuerdo de Paz se apliquen con la perspectiva de género y de diversidad sexual que refleja;

8. Recuerda que la participación de grupos de la sociedad civil en el proceso es una parte fundamental del Acuerdo Final y, por tanto, debe garantizarse su participación en el desarrollo, la aplicación y la evaluación de todas las políticas relacionadas con el Acuerdo, incluidas las financiadas por la Unión;

9. Pide al Gobierno colombiano y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que reanuden las negociaciones para avanzar en el logro de la paz en Colombia; considera que el Acuerdo alcanzado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP constituye un ejemplo positivo para resolver el conflicto en curso mediante el diálogo y con plenas garantías para sus víctimas, si se aplica plenamente;

10. Destaca que las causas profundas del conflicto colombiano están relacionadas con la desigualdad y pide, por tanto, que se apliquen medidas concretas para reducir la desigualdad y garantizar un acceso universal a los servicios públicos y a los derechos, en particular para la población rural y las comunidades indígenas y afrodescendientes; insiste en que ese debe ser uno de los objetivos principales de la financiación de la Unión en el contexto actual;

11. Pide a la Comisión que abandone el modelo de fondos fiduciarios, que no garantizan una transparencia ni una rendición de cuentas suficientes sobre el uso de los fondos; pide que la financiación de la Unión para la aplicación del Acuerdo de Paz continúe de un modo que asegure el control democrático, la rendición de cuentas y la participación de las organizaciones de la sociedad civil en todo el proceso; insiste en que todas las formas de ayuda financiera aportada por la Unión a Colombia deben estar sujetas directa o indirectamente a una evaluación de impacto sobre los derechos humanos;

12. Pide la suspensión del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión, dadas las repetidas violaciones de su artículo 1, mediante la activación de su cláusula democrática y de derechos humanos que permite la suspensión total o parcial del acuerdo comercial para productos específicos cuya producción esté estrechamente ligada a la violencia, como ocurre con el aceite de palma o la carne de vacuno; pide que se promueva un nuevo modelo de comercio entre la Unión y Colombia basado en los principios de la sostenibilidad y en la promoción de la producción a pequeña escala y el trabajo con derechos por ambas partes;

13. Manifiesta su preocupación por los niveles alarmantes de deforestación, pulverización aérea y otras actividades perjudiciales para el medio ambiente, como la minería a cielo abierto y a gran escala, que también están teniendo un gran efecto sobre las comunidades locales y contribuyen así al deterioro de la situación; recuerda la participación de empresas multinacionales en actividades destructivas del medio ambiente que han provocado grandes cantidades de violencia en Colombia, y pide la rápida aplicación de una normativa obligatoria y ambiciosa de debida diligencia en la Unión; insta a la Unión y a sus Estados miembros a apoyar en las Naciones Unidas y otros foros internacionales la elaboración de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos; pide a las autoridades colombianas que ratifiquen el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, lo que aumentaría la protección de los defensores del medio ambiente;

14. Pide a las autoridades colombianas que garanticen el derecho de manifestación y de protesta, entre otras cosas, adaptando su legislación para cumplir las normas internacionales sobre el tema establecidas por el Derecho internacional y las diferentes recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre esta cuestión;

15. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno de Colombia y a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

 

Última actualización: 28 de abril de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad