Procedimiento : 2021/2643(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0231/2021

Textos presentados :

B9-0231/2021

Debates :

PV 28/04/2021 - 14
CRE 28/04/2021 - 14

Votaciones :

Textos aprobados :

P9_TA(2021)0160

<Date>{26/04/2021}26.4.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0231/2021</NoDocSe>
PDF 148kWORD 50k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre el quinto aniversario del Acuerdo de Paz en Colombia</Titre>

<DocRef>(2021/2643(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javi López, Marek Belka</Depute>

<Commission>{S&D}en nombre del Grupo S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0227/2021

B9‑0231/2021

Resolución del Parlamento Europeo sobre el quinto aniversario del Acuerdo de Paz en Colombia

(2021/2643(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Visto el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército Popular (FARC-EP) y el Gobierno Nacional de Colombia, de 24 de noviembre de 2016 (el Acuerdo de Paz),

 Vistas sus resoluciones sobre el proceso de paz y la situación de los derechos humanos en Colombia, en particular su última Resolución, de 20 de enero de 2016, en apoyo del proceso de paz en Colombia[1],

 Vistos los lazos especiales que vinculan a la Unión con Colombia, y en particular el Acuerdo Comercial Multipartes entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra, firmado en Bruselas el 26 de junio de 2012[2], así como el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia sobre exención de visados para estancias de corta duración, firmado el 2 de diciembre de 2015[3],

 Vista la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que brinda justicia a las víctimas de violencia, atrocidades masivas y violaciones de los derechos humanos, y es un elemento fundamental del proceso de paz,

 Vista la declaración conjunta, de 9 de febrero de 2021, del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Josep Borrell, y el comisario Janez Lenarčič, sobre la decisión de Colombia de conceder el estatuto de protección temporal a los migrantes venezolanos,

 Visto el informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (ACNUDH), de 10 de febrero de 2021, sobre la situación de los derechos humanos en Colombia,

 Vista la Comunicación del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, de 26 de abril de 2021, por la que se rechazan y condenan los recientes actos de violencia contra comunidades, defensores, líderes y excombatientes,

 Vista la declaración del portavoz sobre la violencia contra los defensores de los derechos humanos, de 26 de febrero de 2021,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP representa un paso importante en la construcción de una paz estable y duradera en el país;

B. Considerando que las FARC-EP están cumpliendo el acuerdo de deponer sus armas y se han convertido en un partido político, llamado Comunes, que tiene la intención de participar plenamente en el proceso democrático;

C. Considerando que Colombia ha sufrido un violento conflicto a manos de varios grupos paramilitares y de guerrilleros durante 53 años, con 9 millones de víctimas, de las cuales más de 240 000 perdieron la vida, 100 000 desaparecieron y 7,7 millones quedaron desplazadas; que Colombia sigue padeciendo violencia generalizada, desapariciones forzadas, secuestros y asesinatos de activistas y defensores de los derechos humanos;

D. Considerando que, en septiembre de 2020, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia certificó que se habían entregado todos los depósitos de armas y explosivos, y que las Naciones Unidas inutilizaron las primeras y el Gobierno colombiano destruyó los segundos; que los antiguos combatientes guerrilleros también avanzan en su proceso de reintegración a la vida civil, y que el sistema jurídico y constitucional de Colombia está adoptando reformas precisas para garantizar que se cumplan los compromisos del acuerdo y que el futuro del país pueda construirse sobre ellos;

E. Considerando que las Naciones Unidas han informado de la necesidad de redoblar los esfuerzos para aplicar el Acuerdo de Paz, ya que en algunas zonas rurales sigue habiendo altos niveles de violencia, con la muerte de defensores de los derechos humanos y de líderes sociales, indígenas y afrocolombianos, la reincorporación de excombatientes a grupos rebeldes y un deterioro significativo de los derechos humanos;

F. Considerando que en 2017 el Gobierno colombiano inició conversaciones formales de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última organización guerrillera activa en Colombia desde el Acuerdo de Paz de 2016, pero que en enero de 2019, poco después de que el ELN hiciera explotar junto a una academia de policía de Bogotá un coche bomba que mató a 22 personas, el Gobierno del presidente Iván Duque puso fin a las conversaciones de paz;

G. Considerando que el Gobierno colombiano ha declarado que no participará en conversaciones de paz hasta que el ELN deje de cometer secuestros, libere a los rehenes y ponga fin a los ataques contra infraestructuras; que el Gobierno ha exigido como condición previa para la celebración de conversaciones de paz que el grupo declare un alto el fuego unilateral, incluida la suspensión de los secuestros y los ataques contra la industria del petróleo y del gas, y que sus combatientes se agrupen bajo observación internacional;

H. Considerando que el ELN ha manifestado su voluntad de poner fin a las hostilidades en el marco de una moratoria de los combates respaldada por las Naciones Unidas, de manera que las organizaciones humanitarias y las autoridades de salud pública puedan hacer frente mejor a la nueva pandemia de coronavirus;

I. Considerando que, en 2020, el 53 % de los defensores de los derechos humanos asesinados en todo el mundo lo fue en Colombia; que el ACNUDH ha registrado los asesinatos de 133 defensores de los derechos humanos y 795 amenazas y ataques contra defensores de los derechos humanos; que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia ha documentado los asesinatos de 73 antiguos miembros de las FARC-EP, lo que supone un total de 248 desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016;

J. Considerando que, en 2020, Colombia fue el país en el que murió el mayor número de defensores del medio ambiente, con 64 homicidios registrados;

K. Considerando que el nivel actual de aplicación del Acuerdo de Paz está acentuando las divisiones políticas y sociales existentes en el país; que alrededor del 30 % de las disposiciones del Acuerdo de Paz se han aplicado plenamente y que alrededor del 20 % aún no ha comenzado a aplicarse; que, entretanto, persisten enormes desafíos en materia de protección de los derechos humanos;

L. Considerando que la Unión y Colombia mantienen un marco de estrecha colaboración política, económica y comercial, establecido en el Memorándum de Entendimiento de noviembre de 2009 y en el Acuerdo Comercial entre Colombia y Perú y la Unión y sus Estados Miembros, cuya aspiración última es no solo potenciar las relaciones económicas y comerciales entre las partes, sino también reforzar la paz, la democracia, el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el bienestar de los ciudadanos;

M. Considerando que a los pocos años de su entrada en vigor, la JEP de Colombia comenzó a tomar medidas para impedir la impunidad de las graves violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado y garantizar que las víctimas reciban reparación e indemnizaciones por dichas violaciones; que, al mismo tiempo, ha avanzado hacia el establecimiento de un diálogo permanente y fluido con las autoridades indígenas; que estos procesos son aún más importantes si se tiene en cuenta que la JEP ha estado funcionando en una atmósfera muy polarizada;

1. Reconoce el esfuerzo político, el realismo y la perseverancia demostrados por el Gobierno de Colombia dirigido por el anterior presidente Juan Manuel Santos y por las FARC-EP para acercar sus antagónicas posturas, creando progresivamente un espacio de compromiso que ha permitido avanzar en la búsqueda de una paz estable y duradera y alcanzar así un acuerdo único en la historia, que pone a las víctimas por encima de cualquier otra consideración y tiene como prioridades la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; reconoce asimismo el importante papel desempeñado por las asociaciones de víctimas, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en la consecución de estos acuerdos;

2. Destaca que el Acuerdo de Paz colombiano es citado a menudo como modelo en todo el mundo debido a su determinación de abordar los problemas que causaron el conflicto y su pronunciada atención a los derechos y la dignidad de las víctimas; recuerda que deben aplicarse todas las partes de un acuerdo tan complejo e innovador, ya que están todas imbricadas en el tratamiento de las causas profundas del conflicto;

3. Destaca que Colombia es un aliado firme de la Unión Europea en América Latina y que es necesario reforzar la asociación bilateral y promover una cooperación multilateral más intensa en ámbitos de interés mutuo;

4. Observa los progresos hechos en ámbitos como los programas de desarrollo rural y la reintegración de excombatientes;

5. Acoge con satisfacción la decisión de Colombia de ofrecer un estatuto de protección temporal a los migrantes venezolanos; subraya que este notable paso debe contribuir a reducir el sufrimiento de los migrantes venezolanos en Colombia, ofreciendo al mismo tiempo oportunidades de mejor asistencia, incluida la vacunación contra la COVID-19, protección y soluciones duraderas;

6. Acoge con satisfacción todas las medidas ya adoptadas por la JEP para crear un futuro, con la consolidación de la paz como núcleo, y pide la JEP que prosiga sus importantes esfuerzos, a pesar de los numerosos problemas;

7. Manifiesta su preocupación por los retrasos de la implementación legislativa y la adopción de cambios en el poder judicial ya acordados, incluidos el Acuerdo de Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz;

8. Rechaza y condena enérgicamente la violencia ejercida contra comunidades, defensores de los derechos humanos, líderes sociales y comunitarios y excombatientes de las FARC-EP, situación que ha empeorado en las últimas semanas;

9. Pide al ELN que ponga fin a los conflictos y abusos y que se comprometa con la paz en Colombia firme y resueltamente y sin más demora; insta al ELN a entablar negociaciones paralelas con el Gobierno colombiano y a que se organice en la misma línea que las FARC-EP;

10. Acoge con satisfacción la recomendación de las Naciones Unidas de que se promuevan cambios estructurales que contribuyan a mejorar la aplicación del Acuerdo de Paz y la situación de los derechos humanos;

11. Aprecia favorablemente las recomendaciones que piden una presencia integrada más fuerte del Estado en los territorios, así como la adopción por parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad de una política pública para desmantelar organizaciones delictivas y la protección de la labor del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR);

12. Reitera su voluntad de prestar asistencia para apoyar la aplicación del Acuerdo de Paz, que debe combinarse con esfuerzos para luchar contra la desigualdad y la pobreza; considera que los grupos que han sufrido de forma desproporcionada el conflicto, como las comunidades afrocolombianas e indígenas, deben recibir un apoyo especial;

13. Manifiesta su preocupación por el impacto de la pandemia de COVID-19, que ha tenido efectos negativos directos en los derechos humanos, el presupuesto asignado a la aplicación del Acuerdo de Paz y la ejecución de agendas y calendarios;

14. Señala que el conflicto se ha agravado en las zonas rurales del país, en las que la violencia se ha disparado y grupos armados criminales y no estatales han tomado el control territorial y social, con efectos devastadores para la agricultura a pequeña escala y las comunidades indígenas y afrodescendientes; observa que se han notificado varios casos de desplazamiento forzoso, reclutamiento forzoso, violencia sexual contra niños y mujeres, matanzas, torturas y otras atrocidades;

15. Observa con especial preocupación los problemas del departamento de Cauca, donde el deterioro de la situación de los derechos humanos y la seguridad es manifiesto, con desplazamientos forzados y ataques contra comunidades y autoridades étnicas, así como el impacto en las autoridades públicas;

16. Señala que estos acontecimientos violentos, que tienen graves repercusiones en la vida de los particulares y las comunidades, se producen en territorios en los que están presentes grupos armados ilegales y organizaciones delictivas, donde existen economías ilícitas, en los que los menores son reclutados por grupos rebeldes y con una limitada presencia del Estado;

17. Recuerda que tiene la máxima importancia garantizar una presencia plena de las instituciones del Estado en los territorios, en particular las entidades jurídicas responsables de la promoción y protección de los derechos humanos;

18. Reitera su solidaridad con todas las víctimas y su intención de seguir ayudando a las comunidades, las autoridades étnicas y las entidades estatales a abordar estas preocupaciones comunes, superar el conflicto y avanzar en la consolidación de la paz;

19. Reconoce la importancia del derecho a la manifestación pacífica y a la protesta social como medio para garantizar la construcción de una sociedad democrática e integradora; pide la aplicación de los protocolos de protesta social y otros mecanismos con arreglo a las normas internacionales para proteger este derecho;

20. Expresa su pleno apoyo al SIVJRNR;

21. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que faciliten una observación internacional de la aplicación del Acuerdo de Paz, y pide que se renueve el mandato del enviado especial para la paz en Colombia;

22. Manifiesta su preocupación ante la represión de los derechos fundamentales y de defensores de los derechos humanos, abogados, manifestantes, periodistas, blogueros, sindicalistas, estudiantes, menores, activistas pro derechos de la mujer, personas LGBTI, organizaciones de la sociedad civil, opositores políticos y minorías; pide al Gobierno colombiano que demuestre que se han hecho progresos en las investigaciones sobre los ataques contra defensores de los derechos humanos, líderes sociales y excombatientes;

23. Pide al Gobierno colombiano que avance en la aplicación de todos los aspectos del Acuerdo de Paz, incluidas las políticas de reforma rural integral y de sustitución de cultivos ilícitos, que demuestre avanzar en el desmantelamiento de grupos neoparamilitares y que garantice su propia viabilidad financiera, demostrando así un compromiso político con la paz y evitando discursos negativos; insta asimismo al Gobierno colombiano a que respalde los esfuerzos del SIVJRNR garantizando que las víctimas sigan siendo su centro de atención;

24. Insta a las autoridades colombianas a que tomen medidas para evitar nuevas matanzas, también mediante la aplicación de los programas de desarrollo del Acuerdo de Paz, como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que deberían dar prioridad a la presencia de instituciones civiles estatales en lugar de aumentar la militarización en las regiones;

25. Insta al Estado colombiano a que garantice la protección y la seguridad de todos los líderes sociales y políticos, los activistas sociales y los defensores del medio ambiente y de las comunidades rurales;

26. Reitera el llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en favor del cese inmediato de las hostilidades a fin de permitir que avancen los esfuerzos de recuperación de la COVID-19 en el país; insta a las autoridades colombianas a que refuercen las medidas para salvaguardar eficazmente las vidas y los derechos de todas las personas en los territorios afectados por el conflicto y la violencia;

27. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Presidencia rotatoria del Consejo, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al Gobierno y al Congreso de la República de Colombia.

 

[1] DO C 11 de 12.1.2018, p. 79.

[2] DO L 354 de 21.12.2012, p. 3.

[3] DO L 333 de 19.12.2015, p. 3.

Última actualización: 28 de abril de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad