Procedimiento : 2021/2741(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0330/2021

Textos presentados :

B9-0330/2021

Debates :

CRE 08/06/2021 - 11

Votaciones :

PV 10/06/2021 - 15

Textos aprobados :


<Date>{07/06/2021}7.6.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0330/2021</NoDocSe>
PDF 144kWORD 48k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la represión sistemática en Bielorrusia y sus consecuencias para la seguridad europea a raíz de los secuestros llevados a cabo en un avión civil de la Unión interceptado por las autoridades bielorrusas</Titre>

<DocRef>(2021/2741(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Helmut Scholz</Depute>

<Commission>{The Left}en nombre del Grupo The Left</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0330/2021

Resolución del Parlamento Europeo sobre la represión sistemática en Bielorrusia y sus consecuencias para la seguridad europea a raíz de los secuestros llevados a cabo en un avión civil de la Unión interceptado por las autoridades bielorrusas

(2021/2741(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Visto el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 15 de febrero de 2021, sobre la «situación de los derechos humanos en Belarús en el contexto de las elecciones presidenciales de 2020»,

 Vista la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 5 de marzo de 2021, sobre la «situación de los derechos humanos en Belarús en el período previo a las elecciones presidenciales de 2020 y con posterioridad a ellas»,

 Vistos el informe del ponente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) con arreglo al Mecanismo de Moscú sobre presuntas violaciones de los derechos humanos relacionadas con las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020 en Bielorrusia, publicado el 5 de noviembre de 2020, y las recomendaciones que contiene,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que los servicios de seguridad y la agencia de control del tráfico aéreo bielorrusos obligaron al vuelo 4978 de Ryanair, que viajaba de Atenas a Vilna, a aterrizar en Minsk, a raíz de una amenaza de bomba que, entre tanto, ha sido cuestionada; que este último incidente ha dado lugar a una atención creciente del público internacional y a críticas en varios Estados;

B. Considerando que con el aterrizaje forzoso del vuelo de Ryanair se aterrorizó a pasajeros inocentes a bordo y se incumplieron normas fundamentales de seguridad de la aviación civil en general;

C. Considerando que este incidente es el último de una serie de acontecimientos políticos que han suscitado graves preocupaciones en un amplio sector de la sociedad bielorrusa y entre muchos ciudadanos y fuerzas de la oposición, que han estado sometidos a una presión creciente ejercida por el actual régimen de Lukashenko durante al menos nueve meses; que debe considerarse en el contexto de la evolución social, política y económica general en Bielorrusia, que ha generado polarización y divisiones profundas en la sociedad bielorrusa;

D. Considerando que el anuncio de los resultados electorales, el 9 de agosto de 2020, desencadenó protestas masivas que cuestionaban la legitimidad de los resultados; que las investigaciones y conclusiones de las Naciones Unidas y la OSCE confirmaron las informaciones sobre graves violaciones de los derechos humanos y democráticos en Bielorrusia en el período previo a las elecciones presidenciales de 2020 y con posterioridad a ellas, incluidos numerosos actos de tortura; desapariciones forzosas; secuestros y expulsiones arbitrarias, incluida la expulsión arbitraria del territorio de Bielorrusia, por motivos políticos, de miembros del Consejo de Coordinación; detenciones y retenciones arbitrarias, también de menores; actos de violencia sexual y de género; privación arbitraria de la vida; ataques y acoso, intimidación y detención arbitraria de miembros de la oposición política, incluidos miembros del Consejo de Coordinación, defensores de los derechos humanos, representantes de la sociedad civil, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, y personas que intentaban ejercer pacíficamente sus derechos civiles y políticos; denegación del derecho a la libertad de reunión pacífica; y la denegación del derecho a la libertad de opinión y de expresión, tanto en línea como fuera de línea, también mediante ataques a los medios de comunicación y el acoso periódico a periodistas durante el ejercicio de sus funciones legítimas en el marco de asambleas, revocando las acreditaciones de los trabajadores de medios de comunicación extranjeros, bloqueando sitios web de medios de comunicación independientes y cerrando internet;

E. Considerando que, según la Fiscalía General, durante el período comprendido entre agosto de 2020 y abril de 2021 se iniciaron más de tres mil procesos penales relacionados con la organización y la realización de actos y protestas masivos ilegales; que también informó de más de 750 actos de supuesta degradación de edificios y daños a la propiedad, aproximadamente 600 insultos a funcionarios del Gobierno y más de 300 casos de violencia o amenazas de uso de la violencia contra agentes de policía; que las estimaciones indican que más de 300 personas se encuentran detenidas como presos políticos, y que se ha informado de que más de 30 000 personas han sido sometidas a un proceso de detención; que existen numerosas denuncias de presuntas torturas;

F. Considerando que, en el marco de las protestas, periodistas y activistas de las redes sociales y blogueros, en particular, han sido detenidos de forma rutinaria; que cientos de periodistas han sido detenidos, decenas se han enfrentado a retención administrativa y, según se ha informado, han sufrido violencia y, en múltiples casos, han sido multados; considerando la prisión preventiva de periodistas y la presentación de cargos penales en su contra; considerando las numerosas denuncias de revocación por las autoridades de la acreditación de periodistas, incluidos corresponsales de medios de comunicación extranjeros, varios de los cuales han sido detenidos y expulsados de Bielorrusia;

G. Considerando que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros mecanismos internacionales de derechos humanos han puesto de relieve reiteradamente el hecho de que múltiples disposiciones del marco jurídico bielorruso contradicen las reglas y normas internacionales, y que restringen la libertad de expresión tanto en línea como fuera de línea; que las sucesivas modificaciones de la Ley de medios de comunicación de masas han ampliado las restricciones a la concesión de licencias, el control de contenidos y los procedimientos de alerta y suspensión de medios de comunicación respecto de recursos y medios en línea, y han otorgado a las autoridades amplios poderes discrecionales para bloquear sitios web sin resolución judicial;

H. Considerando que en mayo de 2021 se adoptaron modificaciones adicionales de la legislación vigente en materia de medios de comunicación; que estas modificaciones permiten cerrar medios de comunicación sin mediar una audiencia judicial; que los periodistas que cubran actos no autorizados serán considerados participantes; que se prohibirán la retransmisión en directo en línea y la publicación de encuestas por entidades no acreditadas; que se ha ampliado la lista de motivos para denegar la acreditación de prensa, así como la lista de tipos de contenido prohibidos en los medios de comunicación; que todas estas medidas han sido adoptadas por las actuales autoridades gobernantes de Bielorrusia para restringir aún más las libertades de los medios de comunicación, de expresión y de reunión, así como para reducir la transparencia sobre el comportamiento estatal como condición previa necesaria para el funcionamiento democrático de una sociedad;

I. Considerando que tanto Raman Pratasevich como su novia rusa, Sofia Sapega, fueron detenidos durante el aterrizaje forzoso en Minsk de un vuelo de Ryanair de Atenas a Vilna; que el Sr. Pratasevich es periodista de investigación y redactor jefe de Nexta Live, un canal de las redes sociales con sede en Varsovia que publicó información sobre las actividades de la oposición y las manifestaciones, que se ha convertido en la forma preferida de organizar protestas en Bielorrusia; que Raman Pratasevich disfruta del estatuto de refugiado en la Unión;

J. Considerando que Raman Pratasevich declaró, en un vídeo publicado en línea, que goza de buena salud y reconoció haber desempeñado un papel en la organización de protestas masivas en Minsk; que la aparición del Sr. Pratasevich en la televisión estatal bielorrusa no fue tranquilizadora, habida cuenta de las evidentes magulladuras de su rostro y de la alta probabilidad de que su comparecencia no fuera voluntaria, y de que la «confesión» se produjera bajo coacción; que estas confesiones forzadas están prohibidas en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura;

K. Considerando que, en respuesta al aterrizaje forzoso del vuelo de Ryanair, la Unión ha impuesto sanciones adicionales, incluidas sanciones económicas selectivas;

L. Considerando que, a pesar de la represión ejercida contra sindicalistas y trabajadores por su participación en protestas, las organizaciones de trabajadores han pedido que se levanten las sanciones económicas contra las empresas bielorrusas, porque creen que tales sanciones podrían dar lugar a la pérdida de puestos de trabajo, a un descenso de los salarios y a nuevas restricciones de sus derechos laborales;

1. Denuncia el aterrizaje forzoso del vuelo 4978 de Ryanair en Minsk el 23 de mayo de 2021 y pide a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que investigue urgentemente este incidente; insta a las autoridades bielorrusas a que cooperen con las instituciones internacionales de transporte aéreo, en particular la OACI, en la investigación de los acontecimientos relacionados con el aterrizaje del vuelo 4978 de Ryanair, con vistas a aclarar plenamente lo ocurrido; toma nota de las afirmaciones de las autoridades bielorrusas de que están dispuestas a hacerlo;

2. Manifiesta su preocupación por la tendencia de diversos Estados a interferir por razones políticas en el transporte aéreo internacional y sus reglas y normas acordadas internacionalmente, como en el caso reciente de Bielorrusia y en casos anteriores de otros Estados; recuerda a todos los Estados su obligación de respetar el Derecho internacional en lo que respecta a las normas internacionales sobre transporte aéreo; pide a la Unión que no aplique un doble rasero cuando reaccione ante estos incidentes;

3. Condena los procesos judiciales en curso contra voces críticas, manifestantes y activistas de la sociedad civil en Bielorrusia; observa con profunda preocupación el elevado número de casos penales relacionados con la organización y la realización de actos y protestas masivos ilegales; pide a las autoridades bielorrusas que pongan fin a esta práctica de inmediato y cambien de rumbo drásticamente; destaca que esta política socava las normas y valores básicos de la sociedad bielorrusa, así como su cohesión;

4. Pide a todas las fuerzas de Bielorrusia y a la comunidad internacional que estudien formas de diálogo y mediación con el fin de volver al diálogo nacional entre todas las fuerzas políticas, sin exclusión de nadie, sobre cómo avanzar;

5. Pide a las autoridades bielorrusas que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos y democráticos; expresa su preocupación por la intención de aplazar un año y medio, hasta finales de 2023, las elecciones a los consejos regionales de diputados;

6. Condena los procesos judiciales en curso contra periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación; pide a las autoridades bielorrusas que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos, incluida la libertad de prensa y la libertad de expresión; observa con profunda preocupación que la detención de Raman Pratasevich y Sofia Sapega es señal de una escalada extremadamente preocupante de la represión contra personas que expresan su crítica, incluidas las que viven en el extranjero; pide la liberación de todos los periodistas y trabajadores de medios de comunicación detenidos en el marco de las protestas;

7. Pide a las autoridades de Bielorrusia que liberen inmediatamente a Raman Pratasevich y Sofia Sapega y les permitan abandonar el país;

8. Pide la liberación urgente de todos los presos políticos y de todos los detenidos en el marco de las protestas postelectorales;

9. Reitera su posición de principio de que el Derecho internacional debe respetarse en su totalidad, a saber, el Derecho internacional en materia de derechos humanos y la disposición de la Carta de las Naciones Unidas relativa a los principios de las relaciones internacionales, incluido el derecho soberano del pueblo a elegir su futuro sin injerencias extranjeras ni procedimientos para imponer sanciones; rechaza y denuncia el doble rasero en la evaluación y aplicación de dichas normas;

10. Toma nota del apoyo internacional a la protesta de la sociedad civil bielorrusa que se esfuerza por superar el bloqueo y encontrar una solución a la profunda crisis;

11. Subraya que la espiral de imponer cada vez más sanciones no es una alternativa razonable a la aceptación de la política anterior del régimen de Lukashenko destinada a equilibrar selectivamente la creciente intensidad de las relaciones con la Federación de Rusia, por una parte, y la intensificación de las relaciones con la UE, por otra, con el único objetivo de garantizar la continuidad del poder político del régimen; observa que ambas políticas han fracasado y han dado lugar a tensiones regionales y a una represión cada vez mayores en Bielorrusia;

12. Pide a la UE que colabore con la OSCE y las Naciones Unidas para poner fin a la confrontación en Bielorrusia y volver a un diálogo nacional; insta a todos los socios internacionales a que respeten el derecho del pueblo bielorruso a decidir su senda de desarrollo sin presiones ni injerencias externas;

13. Expresa su preocupación por el impacto negativo de las sanciones económicas ya impuestas —o previstas— por la UE al conjunto del pueblo bielorruso; rechaza, por tanto, las sanciones económicas; hace hincapié en que amenazan con agravar la brecha en la sociedad bielorrusa, contribuyendo al empeoramiento de la situación social de muchas personas en el país, y que no contribuirán a la vuelta a la democracia y la reconciliación de la sociedad bielorrusa;

14. Expresa su reconocimiento de las medidas restrictivas selectivas contra políticos responsables u otras personas declaradas culpables de violación de los derechos humanos y responsables de la opresión de quienes luchan por una sociedad democrática y un debate plurales, ejerciendo sus derechos políticos y sociales, incluidas la huelga y la libertad de expresión;

15. Expresa su preocupación por el aumento de las tensiones en la región; lamenta las declaraciones y políticas de Lituania y Polonia que alimentan la confrontación en la región; pide a todas las partes implicadas que actúen con moderación y dejen de alimentar el conflicto interno en Bielorrusia;

16. Pide a la UE que respete el deseo sostenido de la mayoría del pueblo bielorruso de proseguir la cooperación y las relaciones amistosas y mutuamente ventajosas de su Estado soberano tanto con la UE y todos sus Estados miembros como con la Federación de Rusia: recuerda que las relaciones entre Bielorrusia y Rusia están profundamente arraigadas, en particular, en las experiencias del siglo XX, y han influido en los procesos de transición que comenzaron en todos los nuevos Estados independientes de la antigua URSS tras la disolución de la Unión Soviética: subraya que estos aspectos siguen influyendo en estas sociedades en transición e influyen en las expectativas y derechos concretos de los ciudadanos para determinar el futuro de su Estado y su sociedad;

17. Subraya la necesidad de reorientar la política de la Asociación Oriental de la UE; pide que se ponga fin a las políticas que obligan a los países de la región a elegir entre cooperar con la UE o con la Federación de Rusia; recuerda que Bielorrusia, mucho antes de que estallara el conflicto actual, decidió establecer una relación especial con la Federación de Rusia y cooperar en el seno de la Unión Económica Euroasiática;

18. Destaca la urgente necesidad de un diálogo regional, que incluya a Rusia y a la UE, destinado a reducir las tensiones políticas en la región, restablecer la confianza y promover unas relaciones económicas, comerciales y culturales mutuamente fructíferas y permitir a todas las partes interesadas civiles determinar las propias estructuras políticas, constitucionales y jurídicas;

19. Observa con gran preocupación la concentración militar en las fronteras entre la UE y Rusia; expresa su preocupación por el hecho de que la inestabilidad política en Bielorrusia se sume a la confrontación militar entre la OTAN y Rusia; pide la retirada de las fuerzas de la OTAN de las fronteras de Rusia y el inicio de las negociaciones de desarme con vistas a poner fin a la concentración militar en Europa y reducir el creciente peligro de guerra;

20. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Parlamentos y a los Gobiernos de los Estados miembros y al Gobierno de Bielorrusia.

Última actualización: 9 de junio de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad