PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación en el Líbano
14.9.2021 - (2021/2878(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno
Marisa Matias
en nombre del Grupo The Left
B9‑0464/2021
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en el Líbano
El Parlamento Europeo,
– Vista la Carta de las Naciones Unidas,
– Vistos los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales,
– Vistas las declaraciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de su portavoz sobre la situación en el Líbano,
– Vistos los informes del OOPS y del ACNUR sobre la situación en el Líbano,
– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,
A. Considerando que el pueblo libanés tomó las calles el 17 de octubre de 2019 e inició un ciclo de protestas y movilización contra los dirigentes del país que continúa hasta la fecha; que lo que inicialmente se calificaba de protestas contra el aumento de los impuestos sobre productos específicos se convirtió en un movimiento de masas contra el sistema confesional, la corrupción y las políticas económicas neoliberales del país;
B. Considerando que la situación económica libanesa no ha dejado de deteriorarse en los últimos años; que en 2020 se produjo una caída del 40 % del PIB per cápita; que la libra libanesa ha perdido el 90 % de su valor desde 2019, lo que ha provocado una enorme pérdida de poder adquisitivo para la mayoría de la población, paralelamente a un aumento de los precios que ha hecho que el precio de los alimentos básicos se haya incrementado en un 400 %; que, según las Naciones Unidas, el 74 % de la población libanesa vive actualmente en la pobreza, frente al 42 % en 2019; que el desempleo ha alcanzado una cifra récord del 46 %;
C. Considerando que el deterioro de la situación económica y el aumento de la pobreza están generando dificultades para acceder a derechos básicos como la asistencia sanitaria y la vivienda; que, a pesar de la actual pandemia de COVID-19, más de un tercio de la población libanesa no puede acceder a ningún tipo de atención sanitaria o a medicamentos; que la crisis económica ha provocado una situación de escasez de medicamentos en el país; que en las últimas décadas el Líbano ha experimentado oleadas de privatizaciones y una desregulación del mercado que han allanado el camino para esta situación;
D. Considerando que en la actualidad existe una grave escasez de electricidad y gas en el país, lo que está provocando un mayor deterioro de los medios de subsistencia de la población libanesa; que el cierre de las principales centrales eléctricas durante el verano ha provocado apagones generalizados y ha afectado a infraestructuras clave como los hospitales; que la escasez de combustible ha creado tensiones sociales que han provocado brotes de violencia;
E. Considerando que el Líbano es uno de los países más desiguales del mundo, con una de las cifras más altas de multimillonarios per cápita a pesar de los elevados índices de pobreza; que el 10 % más rico posee más del 70 % de la riqueza del país;
F. Considerando que el Líbano ha sufrido una corrupción generalizada, exacerbada por el sistema político confesional, que impide cualquier forma de organización social y política a escala nacional y favorece un enfoque sectario; que algunos partidos políticos han acordado en repetidas ocasiones poner fin al sistema confesional en consonancia con las demandas populares, pero que hasta ahora no lo han hecho;
G. Considerando que, en este contexto de protestas sociales, el 4 de agosto de 2020, una explosión en el puerto de Beirut, causada por el almacenamiento de 2 750 toneladas de nitrato de amonio sin medidas de seguridad adecuadas, causó 218 muertos y más de 7 000 heridos y dejó a unas 300 000 personas sin hogar; que los responsables políticos de esta explosión aún deben rendir cuentas;
H. Considerando que el nitrato de amonio entró en Beirut a bordo del buque Rhosus, con pabellón moldavo, en noviembre de 2013 y se almacenó en los hangares del puerto; que se informó a altos representantes políticos y militares del peligro de la situación y que, sin embargo, no tomaron las medidas adecuadas; que en el Líbano se está llevando a cabo una investigación judicial sobre esta cuestión; que, el 2 de julio de 2021, el juez encargado de esta investigación pidió al Parlamento libanés que suspendiera la inmunidad de tres antiguos ministros que actualmente son parlamentarios en relación con este caso; que el Parlamento libanés aún no ha adoptado ninguna medida;
I. Considerando que más del 70 % de los bienes que se importaban al país entraba por el puerto de Beirut; que la explosión ha tenido un impacto dramático en la disponibilidad de productos básicos, incluidos los alimentos;
J. Considerando que, el 10 de agosto de 2020, el Gobierno presidido por el primer ministro Hasán Diab cayó como consecuencia de la presión popular; que Mustafá Adib y Saad Hariri fueron designados para formar gobierno tras la caída de Hasán Diab, con la participación de Francia y Arabia Saudí en el proceso, pero fracasaron en ello; que el empresario multimillonario Nayib Mikati fue designado por el presidente Michel Aun en julio de 2021 para formar gobierno, y anunció un nuevo gabinete el 10 de septiembre de 2021, compuesto por 24 miembros, de los cuales solo uno es una mujer; que el fiscal general de la región de Monte Líbano ha acusado a Mikati de enriquecimiento ilícito en un asunto aún pendiente;
K. Considerando que, de conformidad con la legislación libanesa, deben celebrarse elecciones generales en mayo de 2022; que el sistema electoral libanés se basa en el sectarismo y no garantiza una representación adecuada de la realidad política del país; que los manifestantes han pedido reiteradamente un sistema electoral nuevo y proporcional;
L. Considerando que, en julio de 2021, el Consejo adoptó un marco para la imposición de sanciones específicas contra personas o entidades libanesas responsables de obstruir o menoscabar el proceso político democrático o la aplicación de planes y reformas aprobados por las autoridades libanesas y respaldados por actores internacionales, o contra personas implicadas en infracciones financieras graves; que este marco todavía no se ha aplicado a ninguna persona ni entidad;
M. Considerando que las autoridades han reprendido con violencia las protestas y que las fuerzas de seguridad han causado la muerte de 11 personas y herido a más de 1 500 desde el inicio de las protestas; que las organizaciones de derechos humanos han denunciado la detención arbitraria y la tortura de manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad; que, el 13 de julio y el 11 de agosto de 2021, las fuerzas de seguridad utilizaron la fuerza para dispersar a docenas de manifestantes, incluidas las víctimas de la explosión del puerto de Beirut y sus familiares, que protestaban por la impunidad de los responsables de la misma;
N. Considerando que las milicias de derechas relacionadas con partidos políticos como las Fuerzas Libanesas también han atacado a manifestantes y fuerzas progresistas que piden el fin de la impunidad; que, el 4 de agosto de 2021, durante las protestas por el aniversario de la explosión del puerto de Beirut, las Fuerzas Libanesas llevaron a cabo un ataque premeditado contra activistas del Partido Comunista que estaban organizando las manifestaciones y participando en ellas;
O. Considerando que el sistema judicial libanés tiene una serie de problemas estructurales derivados de las interferencias políticas directas, y que el derecho a un juicio justo no está garantizado en el país; que en repetidas ocasiones se han llevado a cabo campañas políticas contra fiscales y jueces que se ocupan de casos de corrupción; que se está llevando a cabo una campaña contra el juez Tarek Bitar, encargado del caso de la explosión del puerto de Beirut, con la negativa a cooperar en la investigación como parte de la campaña;
P. Considerando que se han producido graves ataques a la libertad de prensa en el contexto de las protestas, incluidas detenciones injustificadas de periodistas y la censura de los medios de comunicación libaneses;
Q. Considerando que sigue aplicándose el artículo 534 del Código Penal libanés para enjuiciar y detener a las personas LGBTI; que, en algunas zonas del país, los hombres sospechosos de mantener relaciones con personas del mismo sexo son detenidos de forma rutinaria y sometidos a tratos degradantes en las comisarías de policía;
R. Considerando que el ACNUR tiene registrados en el Líbano a más de 850 000 refugiados sirios; que se estima que el número real es el doble, ya que las autoridades libanesas dejaron de permitir al ACNUR registrar a refugiados sirios en 2015; que la población siria del Líbano se ha visto gravemente afectada por la actual crisis económica y que más del 90 % vive en situación de extrema pobreza, frente al 55 % de 2019;
S. Considerando que en el Líbano el OOPS tiene registrados a 479 000 refugiados palestinos, de los que alrededor de la mitad vive en uno de los doce campamentos de refugiados del país y depende de la asistencia del OOPS para su subsistencia; que las condiciones en estos campamentos se han deteriorado y se caracterizan por el hacinamiento y las malas condiciones de alojamiento; que, al no ser formalmente ciudadanos de un Estado, los refugiados palestinos son discriminados en el Líbano y no pueden tener propiedades ni acceder a 39 profesiones;
T. Considerando que el Ejército israelí intenta intimidar sistemáticamente a las autoridades y a la población libanesas realizando vuelos y otros ejercicios militares en el espacio aéreo libanés; que, desde el final de la guerra de 2006, Israel ha seguido lanzando ataques aéreos en el sur del Líbano, el último de ellos el 5 de agosto de 2021; que la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano está presente en el sur del Líbano desde 1978 y fue creada con el mandato de verificar la retirada israelí del Líbano tras su invasión; que, desde el establecimiento de la misión, Israel ha llevado a cabo invasiones militares del país en dos ocasiones más; que Israel ha ocupado de forma continuada desde 1967 una parte del territorio libanés conocido como las Granjas de Shebaa;
1. Expresa su total solidaridad con el pueblo libanés en el contexto actual de solapamiento de crisis sanitaria, política, económica y social; expresa su apoyo a quienes piden justicia social y económica, así como el fin de la corrupción y el sectarismo, en las calles del Líbano;
2. Insiste en que el pueblo libanés debe decidir su propio futuro sin injerencias externas, y recuerda que las crisis actuales están relacionadas con la injerencia extranjera en los asuntos internos del Líbano;
3. Recuerda que las elecciones deben celebrarse en mayo de 2022 y que cualquier intento de posponerlas con la excusa de las crisis actuales sería una forma de perpetuar a las élites actuales que han creado esta situación y de ignorar una vez más la verdadera voluntad del pueblo libanés;
4. Subraya que los manifestantes en Líbano expresan la unidad del pueblo libanés a pesar de su diversidad religiosa y condena a quienes intentan instrumentalizar las protestas para promover sus propios intereses;
5. Condena los violentos ataques a manifestantes, tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de otros grupos armados, y espera que se investiguen adecuadamente todos estos casos y se enjuicie a toda persona encontrada culpable; manifiesta su preocupación por las informaciones sobre el aumento de la violencia policial, también en las comisarías de policía, y de los ataques selectivos contra periodistas y activistas;
6. Insiste en la necesidad de incluir a las organizaciones de la sociedad civil local en el diseño, la planificación, la coordinación, la ejecución y la evaluación de todas las intervenciones de cooperación internacional con las poblaciones tanto libanesa como no libanesa; subraya la necesidad de proteger y promover un espacio civil independiente para los activistas, los defensores de los derechos humanos y las organizaciones locales de la sociedad civil en el contexto actual;
7. Pide que se ponga fin de inmediato a la cultura de impunidad que prevalece en las instituciones libanesas e insta a las autoridades a que eliminen todos los obstáculos a las investigaciones judiciales en curso, en particular en los casos de corrupción;
8. Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que asuman el liderazgo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para garantizar la adopción de una resolución por la que se establezca una investigación internacional e independiente sobre la explosión de Beirut, con el mandato de llevar a cabo una investigación exhaustiva de las infracciones y los abusos relacionados con la explosión y la investigación judicial nacional, y en la que se formulen recomendaciones sobre las medidas necesarias a fin de asegurar que los responsables de estas infracciones y abusos rindan cuentas y abordar los fallos sistémicos subyacentes que condujeron a la explosión y al fracaso de la investigación nacional;
9. Recuerda que la situación actual en el Líbano, incluido el enorme aumento de los precios de los productos básicos, el aumento de la pobreza y la falta de acceso a derechos como la asistencia sanitaria, está directamente vinculada a las políticas neoliberales y de austeridad; advierte contra la adopción de nuevos paquetes de ayuda procedentes de las instituciones financieras internacionales que estén supeditados a una serie de reformas que consolidarían aún más este modelo fallido;
10. Pide que se derogue el artículo 534 del Código Penal libanés y que se ponga fin a todas las formas de violencia y persecución jurídicas e institucionales de las personas LGBTI; pide asimismo la abolición de otras leyes discriminatorias, como las que deniegan a los palestinos los mismos derechos de que disfrutan otros residentes extranjeros;
11. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que creen y aumenten los programas de reasentamiento existentes para los refugiados sirios procedentes del Líbano; recuerda que las deportaciones colectivas violan el Derecho internacional; lamenta los casos de deportaciones forzosas de refugiados sirios por parte de las autoridades libanesas y pide que se ponga fin de inmediato a dichas deportaciones;
12. Pide un apoyo adicional de la Unión al Fondo Humanitario para el Líbano de las Naciones Unidas con el fin de garantizar unas condiciones de acogida de alta calidad y la protección de los refugiados sirios en el Líbano; subraya la necesidad de poner también más recursos a disposición de organizaciones e iniciativas dirigidas a nivel local y de propiedad local que contribuyan a los medios de subsistencia de los refugiados, incluidas iniciativas de investigación que documenten las violaciones de los derechos humanos en el Líbano y en el contexto de los retornos forzosos;
13. Expresa su profunda preocupación por la posible ruptura de la programación de emergencia del OOPS para los refugiados palestinos en el Líbano en 2022 debido a la disminución de las contribuciones al Organismo, y advierte de las posibles consecuencias que esto podría tener; reitera, por lo tanto, su petición de un mayor apoyo al OOPS y su llamamiento de emergencia, dado el papel clave que desempeña para las comunidades palestinas en el Líbano;
14. Pide la retirada inmediata e incondicional israelí de las Granjas de Shebaa y de todos los demás territorios que ocupa Israel;
15. Insiste en la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a las pruebas PCR y a las vacunas contra la COVID-19 a toda la población libanesa y no libanesa en igualdad de condiciones, también en las zonas rurales y semirrurales, y de eliminar la necesidad de disponer de un número de residente para acceder a las vacunas, ya que muchas personas que viven en el Líbano carecen de él;
16. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al presidente del Consejo Europeo, a la presidenta de la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Parlamento del Líbano, al secretario general de las Naciones Unidas, al secretario general de la Unión por el Mediterráneo y a la Liga de los Estados Árabes.