PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación en Bielorrusia tras un año de protestas y de represión violenta
4.10.2021 - (2021/2881(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno
Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Jan Zahradil, Hermann Tertsch, Assita Kanko, Ladislav Ilčić, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Eugen Jurzyca
en nombre del Grupo ECR
B9‑0496/2021
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Bielorrusia tras un año de protestas y de represión violenta
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Bielorrusia,
– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 25 de junio de 2021,
– Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los convenios sobre derechos humanos de los que Bielorrusia es parte,
– Vista la declaración del alto representante en nombre de la Unión Europea, de 30 de julio de 2021, sobre la instrumentalización de migrantes y refugiados por parte del régimen,
– Vista la declaración conjunta, de 9 de agosto de 2021, sobre el primer aniversario de las elecciones presidenciales fraudulentas en Bielorrusia,
– Vista la declaración de los primeros ministros de Lituania, Letonia, Estonia y Polonia, de 23 de agosto de 2021,
– Vista la Declaración del VP/AR, de 7 de septiembre de 2021, sobre la sentencia impuesta a María Kalésnikava y Maksim Znak,
– Vista la declaración de los ministros de Asuntos Exteriores del G-7 de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos de América, y del alto representante de la Unión Europea,
– Vistas la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 13 de julio de 2021, sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia,
– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,
A. Considerando que el 9 de agosto de 2021 se cumplió el primer aniversario de las elecciones presidenciales fraudulentas en Bielorrusia y que, sin embargo, no ha cesado la brutal represión del régimen contra personalidades de la oposición, medios de comunicación independientes y representantes de la sociedad civil;
B. Considerando que la Unión y sus Estados miembros apoyan plenamente la aspiración del pueblo bielorruso a un futuro democrático, próspero, libre e independiente;
C. Considerando que la situación de los derechos humanos en Bielorrusia sigue deteriorándose, con más de 670 presos políticos, mientras que el régimen sigue reprimiendo a los ciudadanos bielorrusos pacíficos, muchos de los cuales son acosados, privados de libertad y condenados por expresar su oposición al régimen;
D. Considerando que Aliaksandr Lukashenka prosigue su campaña contra la minoría polaca, tras el encarcelamiento de Andżelika Borys y Andrzej Poczobut, dos líderes de la comunidad polaca, el ataque de escuelas de lengua polaca y la campaña de propaganda basada en hechos históricos falsos;
E. Considerando que, en septiembre de 2021, un tribunal bielorruso condenó a una de las personalidades más prominentes de la oposición, María Kalésnikava, a once años de prisión; que Maksim Znak, un destacado abogado que también participó pacíficamente en la campaña electoral, fue condenado a diez años de prisión;
F. Considerando que la presión ejercida sobre los sindicatos bielorrusos ha aumentado considerablemente en las últimas semanas, y que dirigentes y miembros de la Unión Sindical Independiente de Bielorrusia y del Congreso de Sindicatos Demócratas de Bielorrusia han sido detenidos, multados y sometidos a registros por el KGB; que, en el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2021, se considera a Bielorrusia uno de los peores países para los trabajadores;
G. Considerando que los Estados miembros, en particular Polonia y Lituania, han proporcionado refugio, tratamientos médicos y becas a miles de solicitantes de asilo que huyen de la persecución de Lukashenka por sus aspiraciones democráticas;
H. Considerando que el dictador Aliaksandr Lukashenka, con el apoyo del Kremlin, está dispuesto a utilizar cualquier medio para permanecer en el poder, incluso la más bárbara instrumentalización de los migrantes;
I. Considerando que los representantes del régimen han anunciado públicamente que se han previsto varias operaciones especiales en Europa contra destacadas personalidades de la oposición; que Vitali Shishov, jefe de la Casa de Bielorrusia en Ucrania, fue hallado muerto cerca de su domicilio en Kiev;
J. Considerando que Lukashenka advirtió en julio de que Bielorrusia ya no impediría la entrada en la Unión de solicitantes de asilo, estupefacientes e, incluso, materiales nucleares;
K. Considerando que Aliaksandr Lukashenka ha sugerido que cese la obligación de Bielorrusia de aceptar la devolución de refugiados y ha presentado al Parlamento bielorruso un proyecto de ley sobre la suspensión de esta obligación;
L. Considerando que, en los últimos meses, un número cada vez mayor de migrantes han transitado por Bielorrusia con el apoyo activo de las autoridades bielorrusas, con el fin de entrar en la Unión y llegar a países como Alemania, Francia o el Reino Unido, mientras que el número de personas que presentan solicitudes de asilo en Polonia, Letonia y Lituania es muy limitado; que el cruce ilegal de fronteras desde Bielorrusia constituye un ataque híbrido sin precedentes contra la Unión por parte del régimen de Lukashenka;
M. Considerando que, desde agosto de 2021, se han producido más de 10 000 intentos de cruce ilegal de fronteras desde la frontera entre Polonia y Bielorrusia hacia el territorio de la Unión; que más de 1 200 migrantes, en su mayoría procedentes de Irak y Afganistán, han sido detenidos; que se desconoce la identidad de un gran número de estos migrantes y es necesario que muchos de ellos se sometan a un exhaustivo control de seguridad;
N. Considerando que la situación en toda la frontera de la Unión con Bielorrusia sigue siendo tensa, con un gran número de provocaciones por parte de oficiales y soldados bielorrusos;
O. Considerando que Polonia, Lituania y Letonia han respondido a la creciente presión migratoria ilegal creada por el régimen de Lukashenka enviando más tropas, aumentando los controles fronterizos y declarando un estado de emergencia temporal en todas sus fronteras, que también constituyen la frontera exterior de la Unión; que Lituania, Letonia, Estonia y Polonia han decidido modernizar todo el sistema de control fronterizo, entre otras cosas levantando vallas en las fronteras exteriores de la Unión para evitar el cruce ilegal de fronteras u otras provocaciones híbridas, como el caso del secuestro de Eston Kohver;
P. Considerando que los migrantes en la frontera de Bielorrusia se enfrentan a unas condiciones difíciles, ya que las autoridades bielorrusas siguen rechazando toda ayuda en forma de alimentos, agua, ropa y medicamentos ofrecidos desde el lado polaco y lituano de la frontera; que se ha informado en repetidas ocasiones de que algunos de los migrantes se encuentran en muy malas condiciones físicas y de que muchos de ellos han dado resultados positivos en la prueba de COVID-19; que se ha informado de que los agentes policiales bielorrusos han entregado estupefacientes a los migrantes para incitarlos a cruzar las fronteras;
Q. Considerando que cinco personas han muerto intentando entrar en la Unión desde Bielorrusia cruzando la frontera con Polonia y Lituania a través de una zona de densos bosques y pantanos; que el empeoramiento de las condiciones meteorológicas hace aún más peligroso el riesgo de hipotermia y agotamiento; que el primer ministro polaco ha declarado que las autoridades polacas intentarán salvar vidas y garantizar la salud de todos los migrantes ilegales que crucen la frontera con Polonia y que sean hallados a tiempo;
R. Considerando que la instrumentalización de los migrantes por parte del régimen bielorruso tiene por objeto perturbar la unidad de la Unión y amenaza la seguridad regional de la Unión, y que el Consejo la ha condenado enérgicamente en su Declaración de 30 de julio de 2021; que la Comisión ha confirmado que está preparando un nuevo paquete de sanciones contra Bielorrusia en relación con el flujo migratorio a través de las fronteras de dicho país; que el Estado bielorruso no solo está implicado en la expedición de visados turísticos a los migrantes, trasladándolos a Minsk y después hasta la frontera, sino que también les pide sumas dinerarias que terminan en los bolsillos de las personas más cercanas a Lukashenka;
S. Considerando que, en septiembre de 2021, Rusia y Bielorrusia llevaron a cabo el ejercicio militar «Zapad 2021», el mayor ejercicio militar en suelo europeo de los últimos 40 años, en el que participaron unas 200 000 tropas y más de 80 aeronaves y helicópteros;
T. Considerando que Rusia y Bielorrusia han establecido un centro conjunto de formación de fuerzas aéreas y defensa aérea en Grodno, a menos de 15 km de la frontera con Polonia;
U. Considerando que, el 9 de septiembre de 2021, los presidentes Lukashenka y Putin se reunieron en Moscú y anunciaron la aprobación de otros veintiocho programas de integración en el ámbito económico y fiscal, así como la creación de una «esfera de defensa conjunta», lo que supone dar un paso más hacia la fusión de las fuerzas armadas bielorrusas y rusas y el posible despliegue permanente de las tropas rusas en Bielorrusia;
V. Considerando que, tras el reciente y mortífero tiroteo en Minsk, que se cobró la vida de un informático y un agente de la KGB, más de cien personas que habían comentado el acontecimiento en las redes sociales fueron detenidas por el régimen;
1. Reitera su no reconocimiento de la elección de Aliaksandr Lukashenka como presidente de Bielorrusia y considera ilegítimo el régimen actual en este país; sigue apoyando al pueblo de Bielorrusia en sus demandas de elecciones libres y justas, democracia, libertades fundamentales y derechos humanos;
2. Condena enérgicamente los continuos actos de represión contra el pueblo de Bielorrusia, la censura de los medios de comunicación y de internet, así como el acoso y la intimidación de defensores de los derechos humanos, periodistas, blogueros, personalidades de la oposición y otras voces independientes en Bielorrusia;
3. Reitera su llamamiento en favor de la liberación incondicional de todos los presos políticos, incluidos Andżelika Borys y Andrzej Poczobut, y condena los actos de represión y las acciones hostiles llevados a cabo por las autoridades contra los representantes de la minoría polaca y el sistema escolar polaco en Bielorrusia;
4. Apoya la nominación de las periodistas del canal televisivo Belsat, Ekaterina Andreeva y Daría Chultsova, que están cumpliendo condenas en un centro penitenciario de Bielorrusia, para el premio de Periodista del Año del Festival Europa PRIX; manifiesta su preocupación por los actos de represión contra periodistas expulsados u obligados a emigrar del país;
5. Reitera la necesidad de que todos los Estados miembros adopten una posición unificada en la respuesta al terrorismo estatal orquestado por el régimen de Aliaksandr Lukashenka y apoyado por el Kremlin; subraya la importancia para la Unión de contrarrestar la desinformación sobre la situación en Bielorrusia dentro de la Unión y otras formas de amenazas híbridas creadas por terceros a este respecto, así como la tendencia actual de utilizar a los migrantes como arma contra la Unión; espera que los medios de comunicación occidentales se abstengan, en este sentido, de legitimar a Aliaksandr Lukashenka y de convertirse en una fuente adicional de propaganda del régimen, como ocurrió con la reciente entrevista de la CNN al dictador; pide, además, a la luz de las recientes detenciones de usuarios de las redes sociales, a las empresas informáticas pertinentes que aumenten el nivel de protección de sus consumidores contra la vigilancia;
6. Condena enérgicamente la instrumentalización de migrantes y refugiados por parte del régimen de Lukashenka y apoya los esfuerzos de los Estados miembros por gestionar eficazmente los flujos migratorios con el fin de proteger las fronteras exteriores de la Unión; pide a la Unión, a sus Estados miembros y a las organizaciones internacionales que redoblen sus esfuerzos para desmantelar estos flujos de trata de seres humanos ordenados por el Estado, en particular ejerciendo presión diplomática sobre los países de origen de los migrantes e imponiendo sanciones a los funcionarios, personas y entidades bielorrusas implicados, así como a las redes delictivas internacionales que operan en el territorio de la Unión y que se encargan de los traslados a los destinos finales;
7. Manifiesta su preocupación por las muertes de personas en la frontera entre Bielorrusia y la Unión y expresa su solidaridad con las familias y los allegados de los fallecidos; condena la negativa de la parte bielorrusa a aceptar la ayuda humanitaria ofrecida por Polonia, Lituania y Letonia a los refugiados bloqueados en la frontera, e insta a Bielorrusia a que deje de utilizar a los migrantes como instrumento de presión sobre la Unión, asuma su responsabilidad y cumpla sus obligaciones jurídicas internacionales con respecto a ellos;
8. Pide a la Unión que amplíe las sanciones contra el régimen bielorruso, dirigiéndolas contra funcionarios que hayan participado en el fraude electoral y las violaciones de los derechos humanos en Bielorrusia o que sean responsables de la actual crisis migratoria; subraya la necesidad de dirigirse también contra las empresas que apoyan el régimen de Lukashenka, incluida la industria de la potasa, y de introducir sanciones sectoriales y la prohibición de importar bienes que a menudo son producidos por reclusos de los centros penitenciarios; pide, además, que se congele por completo toda cooperación con el sector público en Bielorrusia, y que se sustituya por apoyo al sector privado, la sociedad civil y las organizaciones que trabajan fuera del país con el fin de respaldar los movimientos democráticos;
9. Subraya que las sanciones deben seguir ampliándose y mantenerse en vigor hasta que se consiga lo siguiente: que se libere a las personas encarceladas en Bielorrusia por sus actividades en favor de la democracia; que se retiren los cargos por motivos políticos contra todas las personalidades de la oposición y periodistas independientes de Bielorrusia; que se asuman responsabilidades en relación con todos los casos de asesinato y desaparición de líderes de la oposición y periodistas en Bielorrusia; que cesen todas las formas de acoso y represión contra los medios de comunicación independientes, los sindicatos independientes, las organizaciones no gubernamentales y religiosas (incluidos sus dirigentes y sus miembros) y la oposición política en Bielorrusia; que se celebren en el país elecciones presidenciales y legislativas libres y justas, de conformidad con los compromisos de la OSCE y con la participación de observadores internacionales;
10. Expresa su profunda preocupación por el reciente ejercicio militar conjunto «Zapad 2021» entre Rusia y Bielorrusia, de una magnitud sin precedentes y que se acompañó de la creación de una fuerza aérea conjunta y de un centro de formación en defensa aérea y el anuncio de una mayor integración de las fuerzas armadas de ambas partes;
11. Cree firmemente que Rusia, como principal fuente de apoyo político, financiero y logístico de Lukashenka, también debe ser considerada responsable de la brutal represión contra el pueblo de Bielorrusia y la instrumentalización de los migrantes; pide a la Comisión que investigue todos los medios extranjeros de apoyo ofrecidos al régimen de Lukashenka, en particular por parte de Rusia y China;
12. Denuncia cualquier intento de integrar Bielorrusia en Rusia, ya que dicha integración sería ejecutada por un dirigente ilegítimo contra la voluntad del pueblo bielorruso; pide, por tanto, a los Estados miembros y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) que afirmen claramente que dicha acción no será tolerada;
13. Reprueba las condenas bielorrusas de las principales personalidades de la oposición María Kalésnikava y Maksim Znak; pide a las autoridades bielorrusas que liberen a todos los presos políticos y pongan fin a la persecución de periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil; pide una investigación completa y exhaustiva del asesinato del activista bielorruso Vitali Shishov en Kiev;
14. Lamenta la asignación incondicional de derechos especiales de giro del FMI de 910 millones de dólares estadounidenses (USD), que no beneficiará al pueblo de Bielorrusia, sino más bien los intereses del líder ilegítimo del país; opina que dichos acuerdos del FMI, sin ninguna condicionalidad en materia de derechos humanos, pueden socavar las sanciones destinadas a presionar al régimen y servir para apoyar el objetivo de Rusia de mantener a Lukashenka en el poder;
15. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a la Organización de Aviación Civil Internacional y a las autoridades de la República de Bielorrusia y de la Federación de Rusia.