Procedimiento : 2021/2667(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0521/2021

Textos presentados :

B9-0521/2021

Debates :

PV 20/10/2021 - 7
CRE 20/10/2021 - 7

Votaciones :

PV 21/10/2021 - 2
PV 21/10/2021 - 10
CRE 21/10/2021 - 2

Textos aprobados :

P9_TA(2021)0437

<Date>{13/10/2021}13.10.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0521/2021</NoDocSe>
PDF 292kWORD 90k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras las preguntas con solicitud de respuesta oral B9‑0000/2021 y B9‑0000/2021</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentadas de conformidad con el artículo 136, apartado 5, del Reglamento</TitreRecueil>


<Titre>sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (CP26) en Glasgow (Reino Unido)</Titre>

<DocRef>(2021/2667(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Catherine Griset, Petros Kokkalis</Depute>

<Commission>{ENVI}en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0521/2021

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (CP26) en Glasgow (Reino Unido)

(2021/2667(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto,

 Visto el Acuerdo adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP21) en París el 12 de diciembre de 2015 (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»),

 Vistos la 25.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC (COP25), el 15.º periodo de sesiones de la reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP15) y el segundo periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CMA2), celebrada en Madrid (España), del 2 al 13 de diciembre de 2019,

 Vista la decisión de la Mesa de la CdP de la CMNUCC de 28 de mayo de 2020 junto con el Reino Unido y sus socios italianos, de aplazar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP26) debido a la COVID-19 y de volver a convocarla en Glasgow, Reino Unido, del 1 al 12 de noviembre de 2021,

 Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

 Vista la Cumbre sobre la Adaptación Climática mundial celebrada los días 25 y 26 de enero de 2021,

 Visto el Reglamento (UE) n.º 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2021, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática («Legislación europea sobre el clima»[1],

 Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) en Madrid (España)[2],

 Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental[3],

 Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo[4],

 Vista su Resolución, de 16 de septiembre de 2020, sobre el papel de la UE en la protección y restauración de los bosques del mundo[5],

 Vista su Resolución de 17 de diciembre de 2020 sobre estrategia de adaptación al cambio climático de la UE[6],

 Vista su Resolución, de 28 de abril de 2021, sobre la protección del suelo[7],

 Vista su Resolución, de 9 de junio de 2021, sobre la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030: Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas[8],

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» [COM(2019)0640],

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2020, titulada «Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva» (COM(2020)0098),

 Vista la Comunicación de la Comisión de 24 de febrero de 2021, titulada «Forjar una Europa resiliente frente al cambio climático: la nueva Estrategia de la UE de adaptación al cambio climático» (COM(2021) 0082),

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2021, sobre la estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano (COM(2020)0663),

 Vistas las Conclusiones del Consejo, de 25 de enero de 2021, sobre diplomacia climática y energética - Cumplir la dimensión exterior del Pacto Verde Europeo,

 Vistas las conclusiones del Consejo de 6 de octubre de 2021 sobre los preparativos para las reuniones de la CMNUCC en Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021,

 Visto el Informe de la Evaluación Mundial sobre la Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas, elaborado por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES),

 Vistos el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) acerca del calentamiento global de 1,5 °C, su quinto informe de evaluación y el informe de síntesis correspondiente, así como su informe especial sobre el cambio climático y la tierra, y su informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante,

 Visto el informe del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico de la CMNUCC de 29 de abril de 2021 titulado «Ocean and climate change dialogue to consider how to strengthen adaptation and mitigation action» (Diálogo sobre los océanos y el cambio climático para considerar la manera de reforzar las medidas de adaptación y mitigación),

 Visto el informe de referencia de la Comisión Mundial sobre la Adaptación de 10 de septiembre de 2019 titulado «Adapt now: a global call for leadership on climate resilience» (Adaptarse ya: un llamamiento mundial al liderazgo en materia de resiliencia climática),

 Visto el Informe de síntesis de la CMNUCC de 17 de septiembre de 2021 sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional presentadas en virtud del Acuerdo de París,

 Visto el 11.º informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la disparidad en las emisiones de 9 de diciembre de 2020,

 Visto el informe de la Agencia Internacional de la Energía de mayo de 2021 titulado «Net zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector» (Cero neto para 2050: una hoja de ruta para el sector energético mundial),

 Visto el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) de 18 de febrero de 2021 titulado «Hacer las paces con la naturaleza - Plan científico para hacer frente a las emergencias del clima, la biodiversidad y la contaminación»,

 Visto el informe de la IPBES de 29 de octubre de 2020, titulado «IPBES workshop on biodiversity and pandemics - workshop report» (Taller de la IPBES sobre biodiversidad y pandemias: informe del taller),

 Visto el informe del taller copatrocinado por la IPBES y el GIECC sobre biodiversidad y cambio climático, de 10 de junio de 2021,

 Visto el informe de la Organización Meteorológica Mundial de abril de 2021 sobre el estado del clima mundial en 2020,

 Visto el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,

 Visto el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de 6 de mayo de 2021 titulado «Global Methane Assessment: Benefits and Costs of Mitigating Methane Emissions» (Evaluación mundial del metano: beneficios y costes de la mitigación de las emisiones de metano),

 Vistas las preguntas al Consejo y a la Comisión sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 en Glasgow, Reino Unido (COP26) (O‑000065 – B9‑0000/2021 y O-000066 – B9‑0000/2021),

 Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

 Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

A. Considerando que el Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016; y que a 12 de octubre de 2021 habían depositado ante las Naciones Unidas sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 191 de las 197 Partes en la CMNUCC;

B. Considerando que el 17 de diciembre de 2020, la UE y sus Estados miembros presentaron su contribución determinada a nivel nacional (CDN) actualizada a la CMNUCC, que compromete a la UE a perseguir el objetivo vinculante de una reducción interna neta en toda la economía de al menos el 55 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 en comparación con los niveles de 1990, sin la contribución de créditos internacionales;

C. Considerando que, según el informe sobre la disparidad en las emisiones de 2020, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los compromisos contraídos hasta la fecha por los firmantes del Acuerdo de París no serán suficientes para alcanzar su objetivo común y darán lugar a un calentamiento global superior a 3 °C por encima de los niveles preindustriales; que, lamentablemente, muchas partes de la CMNUCC no han adoptado aún suficientes medidas ni siquiera para encaminarse a cumplir los objetivos de sus CDN y gran parte de los avances logrados se contrarrestan con políticas contraproducentes, como la continuación de las subvenciones destinadas a combustibles fósiles y a la construcción de nuevas centrales de carbón; que, en este contexto, los bucles de retroalimentación natural positiva podrían tener consecuencias catastróficas en lo que atañe al calentamiento global;

D. Considerando que la concentración de los principales gases de efecto invernadero siguió aumentando en 2020 a pesar de la reducción temporal de las emisiones relacionadas con la COVID-19, y que la concentración de dióxido de carbono (CO2) en nuestra atmósfera fue la más alta en más de 3 millones de años, según la Organización Meteorológica Mundial; que 2020 fue uno de los tres años más cálidos registrados, con temperaturas medias superiores en 1,2º C a los niveles preindustriales; que la última década (2011-2020) fue la más cálida registrada hasta la fecha;

E. Considerando que las políticas interiores de la Unión no bastan por sí solas para frenar las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo de París; que es crucial emprender una acción mundial colectiva, inmediata y ambiciosa para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales;

F. Considerando que en el preámbulo del Acuerdo de París se reconoce la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas, incluidos los océanos, y que en el artículo 4, apartado 1, letra d), de la CMNUCC se insta a todas las Partes a fomentar la gestión sostenible, la conservación y el reforzamiento de los sumideros y depósitos de todos los gases de efecto invernadero, inclusive la biomasa, los bosques y los océanos, así como otros ecosistemas terrestres, costeros y marinos; que el artículo 2, apartado 1, letra b), del Acuerdo de París destaca que la adaptación al cambio climático y el desarrollo de resiliencia con bajas emisiones de gases de efecto invernadero deben hacerse de un modo que no comprometa la producción de alimentos; que el informe de la evaluación mundial de la IPBES sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas subraya que el uso sostenible de la naturaleza será crucial para mitigar las interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático y adaptarse a estas;

G. Considerando que los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad representan dos de los principales desafíos y riesgos para las sociedades humanas, pero la mayoría de las políticas hasta la fecha han afrontado por separado los problemas derivados de estos fenómenos;

H. Considerando que las metas de Aichi para la diversidad biológica para 2020 no se alcanzaron, dando lugar a que resulte sumamente urgente que la conservación de la diversidad biológica se expanda rápidamente tanto en ambición como en alcance;

I. Considerando que la conservación de los océanos resulta crucial, no solo por su función de fuente primordial de alimento, sino también por su importancia para el ciclo del carbono, ya que regulan el clima y producen la mayor parte del oxígeno del aire que respiramos; que el informe especial del GIECC sobre el océano y la criosfera especifica que los mecanismos climáticos dependen de la salud de los ecosistemas oceánicos y marinos, afectados actualmente por el calentamiento global, la contaminación, la sobreexplotación de la biodiversidad marina, la acidificación, la desoxigenación y la erosión costera; que el informe también recuerda que, desde 1970, los océanos se han calentado progresivamente y han absorbido más del 90 % del calor excesivo en el sistema climático, y que los océanos son parte de la solución para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a estos; que, por tanto, es necesario reducir las emisiones de GEI y la contaminación de los ecosistemas, así como reforzar los sumideros naturales de carbono;

J. Considerando que las soluciones basadas en la naturaleza y los enfoques basados en los ecosistemas desempeñan un papel esencial en la mitigación del cambio climático y la adaptación a este; que resulta fundamental proteger y restaurar los sumideros naturales de carbono que ya existen y funcionan de manera eficaz, como los depósitos de carbono en los océanos;

K. Considerando que los bosques desempeñan un importante papel en la lucha contra el cambio climático, ya que actúan como sumideros de carbono al absorber alrededor de dos mil millones de toneladas de dióxido de carbono al año; que la protección y consolidación de los bosques del mundo es una de las formas más rentables de acción por el clima, y que, si se aplican plenamente, las medidas de mitigación del cambio climático y adaptación a este basadas en los bosques podrían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en unas quince gigatoneladas anuales de CO2 de aquí a 2050, lo que podría ser suficiente para mantener el calentamiento global bastante por debajo de los 2 °C;

L. Considerando que reducir la deforestación y la degradación forestal puede contribuir a la disminución de las emisiones de GEI causadas por el hombre en gran medida, de 0,4 a 5,8 gigatoneladas de CO2 equivalente cada año[9];

M. Considerando que una cuarta parte del hemisferio norte está cubierta por una capa de suelo permanentemente congelado, conocida asimismo como «permafrost»; que, a causa del aumento de las temperaturas mundiales, el permafrost ártico se está descongelando a un ritmo sin precedentes; que el permafrost constituye una enorme reserva para los gases de efecto invernadero con el potencial para albergar hasta 1 600 gigatoneladas de CO2 (casi el doble del volumen presente actualmente en la atmósfera), pero también metano y óxido nitroso; que su liberación podría acelerar de manera acusada y agravar el calentamiento global[10];

N. Considerando que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cambio climático previsto provocará en torno a 250 000 fallecimientos adicionales al año de aquí a 2030, y que se calcula que los costes de los daños directos a la salud oscilarán entre los 2 000 y los 4 000 millones USD anuales en dicho año;

O. Considerando que la pérdida de biodiversidad asociada a la transformación de los paisajes puede elevar el riesgo de aparición de enfermedades en algunos casos en los que las especies que se adaptan bien a los paisajes dominados por la actividad humana también son capaces de albergar patógenos que entrañan un alto riesgo de transmisión zoonótica;

P. Considerando que la contaminación atmosférica y el cambio climático están estrechamente interrelacionados y comparten algunas de las mismas fuentes antropogénicas; que, según la OMS, se calcula que la contaminación del aire ambiente es responsable de 4,2 millones de fallecimientos al año en todo el mundo por ictus, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias agudas y crónicas;

Q. Considerando que, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, el número de desastres registrados y la escala de las pérdidas económicas casi se han duplicado en los últimos veinte años, debido en gran parte a un aumento significativo de la cifra de catástrofes relacionadas con el clima;

R. Considerando que el cambio climático y sus efectos devastadores ya están influyendo en los patrones migratorios; que, según un estudio del Banco Mundial de 2018, casi un 3 % de la población de las regiones del África subsahariana, Asia meridional y América Latina podría verse obligada a desplazarse dentro de sus propios países para escapar de los efectos de evolución lenta del cambio climático[11]; que, sin unos esfuerzos de adaptación concertados, más de setecientos millones de personas que viven en zonas costeras bajas y en pequeños Estados insulares corren el riesgo de enfrentarse a tormentas más intensas, a inundaciones y, en última instancia, a la pérdida de tierras y a traslados;

S. Considerando que el Acuerdo de París es el primer tratado internacional que reconoce explícitamente el vínculo entre la acción por el clima y los derechos humanos, permitiendo así el uso de los instrumentos jurídicos existentes en materia de derechos humanos para instar a los Estados y a las empresas privadas a que reduzcan las emisiones; que el Acuerdo de París no prevé instrumentos concretos que permitan exigir responsabilidades a los agentes estatales y empresariales por su impacto en el cambio climático y el ejercicio de los derechos humanos;

T. Considerando que el cambio climático también reviste una importante dimensión de derechos humanos, ya que incide de modo directo e indirecto en el disfrute de varios derechos humanos reconocidos universalmente, y que repercute especialmente en grupos vulnerables como las mujeres, los niños, las personas de mayor edad, las personas enfermas, los grupos con rentas bajas y los pueblos indígenas; que tanto la CMNUCC como el Acuerdo de París se basan en la solidaridad intergeneracional y en el compromiso de los Estados para proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras; que el cambio climático agrava los retos que afrontan actualmente los pueblos indígenas y da lugar a una marginación y unas desigualdades culturales, económicas y políticas aún más profundas;

U. Considerando que la acción por el clima es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, adoptados por todos los Estados miembros de dicha organización en 2015 en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;

V. Considerando que en 2009 las Partes de la CMNUCC se comprometieron a movilizar 100 mil millones de USD anuales a partir de 2020, lo que se reafirmó posteriormente en el Acuerdo de París; que, sin embargo, los compromisos efectivos de los países desarrollados siguen estando muy lejos de alcanzar el objetivo colectivo; que han aumentado los efectos del cambio climático y las necesidades que este plantea en los países en desarrollo, en especial en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo;

W. Considerando que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que, para 2030, se necesitarán cada año entre 140 y 300 mil millones USD solo para cubrir las necesidades de adaptación de los países en desarrollo, y que esa cifra se elevará a 280-500 mil millones USD anuales de aquí a 2050[12];

X. Considerando que el desafortunado retraso de un año de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 2020, provocado por el brote de la COVID-19, ofrece una oportunidad única para cambiar de un modelo reactivo a otro proactivo y de precaución y, en última instancia, provocar el cambio transformador necesario; que los nuevos avances científicos deberían servir de base de información y de refuerzo de los vínculos entre ambos programas internacionales y su aplicación a escala nacional;

Y. Considerando que, si bien el mundo se ocupa de los efectos en curso de la pandemia de la COVID-19, la crisis climática no ha desaparecido; que la recuperación económica debe utilizarse como una oportunidad única para acelerar el ritmo de transición hacia la neutralidad climática y garantizar la consecución del objetivo de los 1,5 °C desarrollando un modelo socioeconómico compatible con los límites planetarios, canalizando las inversiones hacia la restauración de los ecosistemas naturales y, de este modo, el refuerzo de la capacidad de adaptación de los ecosistemas, así como hacia
ámbitos prioritarios como la eficiencia energética, la producción sostenible de alimentos, las tecnologías de las energías renovables, las tecnologías de emisión cero innovadoras y sostenibles, y las respectivas infraestructuras necesarias, y apartando las inversiones de actividades que resulten perjudiciales para el clima y el medio ambiente mediante la integración del principio de «no causar un perjuicio significativo» en todas las decisiones de inversión; que en este proceso de transición deben tenerse debidamente en cuenta las diferencias de necesidades y capacidades entre regiones, respetando al mismo tiempo los principios de una transición justa;

Z. Considerando que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, por «cambio sistémico» se entiende un tipo de cambio fundamental, transformador y transversal que comprende transiciones esenciales y la reorientación de los objetivos de los sistemas, los incentivos, las tecnologías y las prácticas y normas sociales, así como de los sistemas de conocimiento y de los enfoques de gobierno; que, en el caso de los sistemas sociales esenciales, esto supone replantear no solo las tecnologías y los procesos de producción, sino también las pautas de consumo y los modos de vida con vistas a adoptar alternativas más sostenibles centradas, por ejemplo, en el bienestar y la resiliencia[13];

AA. Considerando que las soluciones basadas en la naturaleza y los enfoques basados en los ecosistemas tienen el potencial de proporcionar sólidos vínculos políticos entre la CMNUCC, el CDB y el otro Convenio de Río sobre la desertificación, lo que representa una oportunidad para que las Presidencias y Secretarías de los tres acuerdos trabajen de forma conjunta a fin de abordar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad de una manera integrada y coherente;

AB. Considerando que el Pacto Verde Europeo y el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (Next Generation EU) brindan una oportunidad única para reforzar la economía de la Unión y hacerla más innovadora, competitiva y orientada al futuro, favoreciendo así un liderazgo europeo en la economía ecológica y el desarrollo del modelo social europeo y de la economía social de mercado;

AC. Considerando que se prevé que los riesgos que el cambio climático entraña para la salud, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, el abastecimiento de agua y el crecimiento económico sean muy superiores con un calentamiento global de 2 °C; que se espera que la limitación del calentamiento global a 1,5 °C en lugar de a 2 °C reduzca los efectos en los ecosistemas terrestres, costeros y de agua dulce y permita conservar una mayor parte de los servicios que prestan a las personas; que, por tanto, es imprescindible emprender esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales;

AD. Considerando que el liderazgo de la Unión mediante el ejemplo resulta crucial para alentar la participación de terceros países en la lucha contra el cambio climático y, de este modo, aumentar el nivel de ambición mundial en este ámbito;

AE. Considerando que la Unión debe reconocer y cumplir su responsabilidad con respecto a las emisiones históricas de gases de efecto invernadero y al desfase de desarrollo entre el Norte Global y el Sur Global;

AF. Considerando que de conformidad con artículo 2, apartado 1, letra c) del Acuerdo de París, elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero es fundamental para combatir la amenaza que representa el cambio climático;

AG. Considerando que la sensibilización y la participación de los ciudadanos en la acción por el clima van en aumento y que los ciudadanos exigen una mayor intervención de los Gobiernos y medidas ambiciosas para hacer frente al cambio climático;

AH. Considerando que el segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto finalizó el 31 de diciembre de 2020; que se aplazaron las directrices sobre la manera de contabilizar las reducciones de emisiones en el marco de las actividades del mecanismo para un desarrollo limpio a partir del 31 de diciembre de 2020; que se han introducido medidas temporales para prorrogar las actividades de dicho mecanismo después de 2020; que está previsto que la reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto coincida con la celebración de la COP26 en Glasgow;

1. Recuerda que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad figuran entre los retos más importantes para la humanidad y que todos los gobiernos a escala mundial deben hacer cuanto esté en su mano para combatirlos sin demora; subraya que la cooperación internacional, la participación de los agentes no estatales, la solidaridad y una acción coherente fundamentada en la ciencia y
un compromiso inquebrantable con la consecución de ambiciones superiores son necesarios para cumplir nuestra responsabilidad colectiva de limitar el calentamiento global y evitar la pérdida de biodiversidad y, de este modo, salvaguardar el planeta en su conjunto y el bienestar de todos; toma nota, en este sentido, del llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, a todos los Gobiernos del mundo a que declaren un estado de emergencia climática hasta que el planeta haya alcanzado la neutralidad climática;

2. Expresa su preocupación por las conclusiones del informe sobre la disparidad en las emisiones de 2020 del PNUMA, y en particular por el hecho de que, a pesar de una disminución temporal de las emisiones de dióxido de carbono causada por la pandemia de la COVID-19, las emisiones previstas en las CDN incondicionales presentadas, si acaban produciéndose en su totalidad, dejarían al mundo en el camino hacia un incremento de la temperatura de 3,2 °C; acoge favorablemente las actualizaciones de las CDN anunciadas hasta la fecha, que han elevado la ambición climática; observa con preocupación, no obstante, que estas contribuciones seguirán sin ser suficientes para situar a las emisiones en una trayectoria de consecución del objetivo del Acuerdo de París; considera con alarma el informe de síntesis de la CMNUCC sobre las Contribuciones determinadas a nivel nacional de septiembre de 2021, en el que se refiere que, consideradas conjuntamente, todas las CDN presentadas antes del 30 de julio de 2021 implican un incremento notable de las emisiones mundiales de GEI en 2030 en comparación con 2010 (en torno al 16 %); subraya que, según el GIECC, para lograr el objetivo de 1,5 °C es preciso reducir las emisiones mundiales como mínimo en un 45 % de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 2010;

3. Recuerda una reciente resolución de un Tribunal Constitucional según la cual la protección del clima no es una cuestión política, sino que las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente que recoge la Constitución imponen al Estado la obligación constitucional de alcanzar la neutralidad climática;

4. Subraya que, de acuerdo con el informe sobre la disparidad de las emisiones de 2020, una recuperación ecológica de la pandemia podría reducir en torno al 25 % las emisiones de GEI de aquí a 2030, situándolas dentro del rango de emisiones que proporcionan una probabilidad del 66 % de mantener el incremento de las temperaturas por debajo de los 2 °C, si bien tal reducción no bastaría para limitar el calentamiento global a 1,5 °C; subraya, por tanto, que las medidas de recuperación podrían influir notablemente en la consecución de los objetivos del Acuerdo de París; pide a los gobiernos que hagan todo lo posible por procurar una recuperación «verde» al tiempo que refuerzan sus compromisos en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París y mejoran sus CDN antes de la COP26, adoptando políticas basadas en la ciencia; subraya que, de acuerdo con estudios recientes, la consecución del objetivo de temperatura del Acuerdo de París conlleva una política climática «económicamente óptima»[14];

5. Acoge con satisfacción el compromiso del G7 de realizar esfuerzos ambiciosos y acelerados por reducir las emisiones con el fin de mantener al alcance el límite de un aumento de la temperatura de 1,5 °C[15]; recuerda que esto generaría numerosos beneficios complementarios para el medio ambiente, la economía, la sociedad y la salud pública; destaca el creciente número de países que se han comprometido a alcanzar los objetivos de cero emisiones en términos netos de aquí a mediados de siglo; subraya, sin embargo, que estos compromisos deben traducirse urgentemente en políticas, acciones y recursos financieros sólidos a corto plazo, y reflejarse en sus CDN revisadas para su presentación ante la COP26 en forma de objetivos climáticos ampliados para 2030 a fin de que las emisiones mundiales alcancen su máximo tan pronto como sea posible; insta al G20 a que encabece el aumento del nivel de ambición tanto a corto como a largo plazo;

6. Celebra que, transcurridos cinco años desde la entrada en vigor del Acuerdo de París, las mayores economías del mundo se hayan embarcado en una carrera hacia la neutralidad climática; llama la atención sobre el hecho de que los compromisos de cero emisiones netas han de respaldarse con la presentación de estrategias a largo plazo ante la Secretaría de la CMNUCC; subraya la necesidad de traducir tales compromisos en medidas y políticas eficaces a todas las escalas y en todos los sectores;

7. Destaca la importancia de eliminar progresivamente todos los combustibles fósiles tan pronto como resulte posible; reconoce las conclusiones del informe de la Agencia Internacional de la Energía titulado «Net Zero by 2050» (Neutralidad climática de aquí a 2050), que muestra un acusado declive de la demanda de combustibles fósiles, rebatiendo así la necesidad de invertir en el suministro de nuevos combustibles fósiles, y que la consecución del objetivo de 1,5 ºC requiere que no se apruebe ningún yacimiento de petróleo o de gas para su desarrollo, y que no se construyan nuevas minas de carbón ni se amplíen las ya existentes a partir de 2021; apoya el compromiso del G7 de poner fin a la financiación del carbón no sujeto a la limitación de emisiones a finales de 2021; pide a los países del G7 que prediquen con el ejemplo en lo que atañe a la transición energética y que suspendan todas las nuevas inversiones en la extracción de combustibles fósiles; apoya la Presidencia de la COP26, el Reino Unido, y a la Powering Past Coal Alliance en la búsqueda de un acuerdo para detener la construcción de toda nueva central de carbón que no limite las emisiones; reconoce que los combustibles fósiles carecen de un papel a largo plazo en la combinación de fuentes de energía de la UE, y pide a los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, que adopten planes nacionales encaminados a suprimir progresivamente todos los combustibles fósiles tan pronto como resulte posible, con el fin de alcanzar la neutralidad climática en 2050 a más tardar;

8. Manifiesta su profunda preocupación por el creciente interés mundial en las reservas de combustibles fósiles del Ártico, que resultan cada vez más accesibles a medida que la capa de hielo que las recubre disminuye como consecuencia del cambio climático; hace hincapié en la vulnerabilidad de la naturaleza en el Ártico y en la extrema dificultad de limpiar el ecosistema cuando se producen derrames de petróleo a causa de reventones, fugas de oleoductos o accidentes navales; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que soliciten una moratoria mundial de la prospección de petróleo en alta mar en el Ártico;

9. Destaca la necesidad de renovar las coaliciones internacionales para lograr un resultado de elevada integridad medioambiental con un alto nivel de ambición en la COP26; pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren estrechamente con los principales emisores, los países vulnerables frente al cambio climático, los socios transatlánticos y la nueva Presidencia británica de la COP26 para presentar propuestas políticas en dicha conferencia sobre la manera de que los países deben acelerar las actuaciones encaminadas a cerrar la brecha en materia de ambiciones y mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 °C; insta a la Unión a que amplíe sus contactos diplomáticos y a que forje alianzas con los países en desarrollo más vulnerables a fin de tender puentes entre estos y los países desarrollados, lo que históricamente ha sido crucial para lograr los resultados más ambiciosos en las Conferencias de las Partes;

10. Celebra que el Presidente Biden haya tomado medidas para devolver a los Estados Unidos al Acuerdo de París en su primer día de mandato, y su compromiso de recortar las emisiones de GEI de Estados Unidos a la mitad de aquí a 2030 respecto a los niveles de 2005, y de procurar la neutralidad climática de aquí a 2050; espera que los Estados Unidos cumplan sus compromisos mediante la adopción de medidas estratégicas concretas y la reorientación de las corrientes financieras en el momento oportuno; subraya la importancia de la asociación y el liderazgo de la UE y los Estados Unidos para la consecución de los objetivos del Acuerdo de París; destaca que abordar el cambio climático, la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad, promover el crecimiento ecológico y proteger nuestros océanos ocupan un lugar esencial de la nueva agenda transatlántica conjunta, y que la Unión y los Estados Unidos se han comprometido solidariamente a hacer todo lo posible por mantener al alcance el límite de un aumento de la temperatura de 1,5 ºC; reconoce los esfuerzos del Presidente Biden por elevar la ambición mundial respecto a la acción por el clima, también al albergar la Cumbre de Dirigentes sobre el Clima en abril de 2021;

11. Destaca el papel de China como la segunda mayor economía del mundo y el país con el nivel total de emisiones de GEI más elevado; reconoce la disposición de China a actuar como una fuerza constructiva en las negociaciones sobre el clima a escala mundial; observa con especial preocupación, no obstante, que siga dependiendo en gran medida del carbón, y anima a su Gobierno a afanarse por acelerar la transición ecológica como requisito previo esencial para alcanzar los objetivos globales del Acuerdo de París; toma nota del anuncio que el presidente Xi Jinping hizo en septiembre de 2020 de que China alcanzaría el nivel máximo de emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y la neutralidad en carbono antes de 2060; subraya que tales compromisos deben englobar todas las emisiones de GEI; espera que se asuman nuevos compromisos, que se adopten medidas estratégicas concretas, y que se doten los flujos financieros pertinentes para su consecución;

12. Hace hincapié en que, de acuerdo con la IPBES, las causas subyacentes de las pandemias son los mismos cambios medioambientales mundiales que provocan la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, entre ellos, el cambio de uso de la tierra, la expansión e intensificación de la agricultura, el comercio y consumo de flora y fauna silvestres y otros factores; Subraya que la pandemia ha demostrado la importancia de los principios de «Una sola salud» y de «La Salud en Todas las Políticas» en la elaboración de las políticas y que son necesarios cambios transformadores; Recuerda que el Acuerdo de París reconoce en su preámbulo que el «derecho a la salud» es un derecho fundamental; subraya que en el artículo 4, apartado 1, letra f) de la CMNUCC se afirma que «todas las Partes [...] deberán [...] emplear métodos apropiados, por ejemplo evaluaciones del impacto, formulados y determinados a nivel nacional, con miras a reducir al mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente, de los proyectos o medidas emprendidos por las Partes para mitigar el cambio climático o adaptarse a él»; considera que la salud debe estar incluida en los planes nacionales de adaptación y en las comunicaciones nacionales al CMNUCC;

13. Subraya que la consecución de los objetivos del Acuerdo de París y de los relacionados con la neutralidad climática exige una fuerte inversión y una transformación sin precedentes de todos los sectores de nuestras economías; considera que esta transición hacia un nuevo modelo económico sostenible solo puede lograrse si se garantiza una transición justa que combine el progreso social y ecológico, mejore el bienestar de las personas y no deje a nadie atrás;

COP26 en Glasgow

14. Lamenta la falta de avances en la COP25 de Madrid en 2019 y la falta de compromisos y transparencia de algunas Partes; lamenta asimismo que la finalización del Código normativo del Acuerdo de París se haya pospuesto a una CdP posterior, y que el resultado de los debates sobre pérdidas y daños podría haber sido más ambicioso; a pesar de las dificultades organizativas, reconoce los avances realizados en aspectos importantes como la promoción de la dimensión social en la agenda climática y la enorme movilización de los agentes no estatales;

15. Destaca que es fundamental que en la COP26 se alcance un nuevo consenso sobre las acciones y la ambición en materia de clima necesarias para alcanzar la neutralidad climática mundial a mediados de siglo y sobre medidas estratégicas sólidas a corto y medio plazo;

16. Pide a todas las Partes en la CMNUCC, en cooperación con las regiones y los agentes no estatales, y en particular la sociedad civil, que contribuyan de manera constructiva al proceso que conducirá a la COP26, durante el que deben mejorarse las contribuciones determinadas a nivel nacional para garantizar su compatibilidad con el objetivo de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París y los mejores conocimientos científicos disponibles, y que estas contribuciones reflejen el máximo nivel de ambición posible; subraya que, dado que los compromisos actuales no son suficientes para lograr los objetivos del Acuerdo y las emisiones mundiales de GEI deben alcanzar de manera urgente su nivel máximo y posteriormente caer de forma drástica, todas las Partes deben redoblar sus esfuerzos y actualizar sus CDN, con arreglo a los objetivos del Acuerdo de París, y pide especialmente a la UE y a todos los países del G20 que demuestren un liderazgo global en este sentido, y que se comprometan además con la consecución de la neutralidad climática en 2050 a más tardar;

17. Subraya que, según el informe sobre la disparidad en las emisiones de 2020 del PNUMA, las emisiones del 1 % más rico de la población mundial representan más del doble del porcentaje combinado del 50 % más pobre; señala que otros estudios[16] parecen indicar que, dentro de la Unión, el 10 % más rico de los ciudadanos europeos generó casi una tercera parte de las emisiones derivadas del consumo acumuladas de 1990 a 2015 en la Unión, y que, durante el mismo período, las emisiones anuales totales derivadas del consumo del 50 % más pobre la población de la Unión cayeron un 24 %, mientras que las correspondientes al 10 % más rico aumentaron un 3 %; destaca la necesidad de abordar a fondo el tema de la equidad en la aplicación del Acuerdo de París y de que la Unión contenga de manera definitiva y reduzca drásticamente las emisiones de la parte más rica de nuestra sociedad y, al mismo tiempo, preste apoyo a los hogares más pobres al objeto de garantizar una transición justa;

18. Pide a la Comisión que colabore con otros importantes emisores de CO2 para crear una coalición internacional de países por el clima que abra la vía hacia la neutralidad climática, con objetivos comunes sobre la reducción de los gases de efecto invernadero, la consecución de la neutralidad climática de aquí a 2050 a más tardar, la definición de unas normas uniformes para la medición de las emisiones, el establecimiento de unos precios comparables explícitos e implícitos del CO2 en los sectores energético e industrial, y el amparo de los países que están dispuestos a aplicar medidas de protección climática en situación de desventaja competitiva en el plano internacional a través de un mecanismo común de ajuste en frontera por emisiones de carbono;

19. Subraya la necesidad de adoptar medidas reforzadas y coordinadas de descarbonización sectorial mediante la armonización de los objetivos y la colaboración entre las Partes y otros agentes; pide a las Partes que refuercen la Asociación de Marrakech para la Acción Climática Global como espacio para alentar a los agentes no estatales y a las administraciones subnacionales a que emprendan una acción por el clima inmediata basada en los conocimientos científicos y en objetivos ambiciosos y fomenten el aprendizaje conjunto entre distintas circunscripciones, zonas geográficas y sectores para acelerar la acción y la formulación de políticas de apoyo con miras a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París;

20. Subraya la necesidad de que la COP26 resuelva los asuntos pendientes del programa de trabajo del Acuerdo de París al objeto de centrar los próximos cinco años en el perfeccionamiento y el refuerzo de su aplicación y puesta en práctica; insta a todas las Partes a que concluyan las cuestiones pendientes para la finalización del Código normativo del Acuerdo de París, en particular en lo que atañe a la transparencia, los plazos comunes y los mecanismos de cooperación en virtud del artículo 6, con vistas a garantizar la transparencia y una sólida integridad medioambiental y a lograr el máximo nivel de ambición;

21. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aboguen por la formulación de normas internacionales rigurosas y sólidas en relación con el artículo 6 del Acuerdo de París, sobre la base de los Principios de San José; destaca en particular la necesidad de fomentar la cooperación internacional, al tiempo que se evitan todas las formas de doble cómputo, con el fin de asegurar la integridad medioambiental con reducciones de las emisiones reales, adicionales, medibles, permanentes y verificadas de forma independiente, garantizar que ninguna unidad emitida con arreglo al Protocolo de Kioto pueda contabilizarse para las CDN existentes y futuras, y velar por la protección de los derechos humanos; reitera su apoyo a utilizar una parte de los ingresos derivados de los mecanismos del artículo 6 en la financiación del Fondo de Adaptación; reitera asimismo su apoyo a la introducción de un plazo de cinco años y pide a la UE que adopte una posición en apoyo de un acuerdo relativo a un calendario común de cinco años con el fin de acelerar el ritmo de la acción por el clima;

22. Aboga por la puesta en práctica del marco de transparencia ampliado, que consagra los principios de transparencia, precisión, coherencia, compatibilidad e integridad;

23. Pone de relieve que las personas se ven afectadas por el cambio climático de diferentes formas por factores como el género, la edad, la discapacidad, el origen étnico y la pobreza, y que las desigualdades existentes basadas en el género de una persona pueden aumentar la vulnerabilidad de esta a los efectos inevitables del cambio climático, entre ellos los riesgos naturales; celebra, por tanto, la adopción de la versión mejorada del programa de trabajo de Lima sobre el género y su plan de acción sobre el género en la COP25 celebrada en Madrid y solicita su pronta ejecución; considera que la transición hacia una sociedad sostenible ha de llevarse a cabo de forma integradora, justa y equitativa, y que el equilibrio de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas constituyen elementos fundamentales de dicha transición; hace hincapié en la necesidad de procurar una incorporación de la perspectiva de género más eficaz en todos los objetivos y metas pertinentes; reitera su llamamiento a la Comisión para que elabore un plan de acción concreto para cumplir los compromisos del Plan de Acción en materia de Género renovado y que cree un centro de coordinación permanente de la Unión sobre género y cambio climático, con recursos presupuestarios suficientes, para aplicar y supervisar una acción por el clima responsable en materia de género en la Unión y a nivel mundial[17]; cree que esto podría servir como ejemplo para que otras Partes adopten medidas similares;

24. Acoge favorablemente que las Partes tengan cada vez más en cuenta las cuestiones de género en sus CDN, y pide a todas ellas que adopten CDN y una financiación de la lucha contra el cambio climático con perspectiva de género y socialmente justas para impartir justicia climática; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten la coherencia entre el apoyo a la igualdad de género y al clima con instrumentos de acción exterior y a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), en particular mediante el refuerzo de la participación de las mujeres y organizaciones de mujeres en el gobierno y en la toma de decisiones, su acceso a financiación y a programas que respalden el papel de la mujer en la gobernanza climática y sectores concretos como la agricultura y la silvicultura, con especial atención a las mujeres indígenas;

25. Considera con preocupación el posible impacto de las restricciones de los desplazamientos y de otra índole relacionadas con la COVID-19 en una asistencia justa y equilibrada a la COP26; pide a la Presidencia británica de la COP26 que adopte todas las medidas necesarias para garantizar una asistencia amplia e inclusiva, respetando plenamente las medidas sanitarias; considera que debe hacerse todo lo posible para garantizar que todos los países en desarrollo, y en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, puedan participar en la COP26, y solicita a la Presidencia británica que supere las barreras a la participación asociadas a la pandemia;

26. Recuerda la importancia de la participación de todos los países en el proceso de toma de decisiones en el marco de la CMNUCC; destaca que el actual proceso de toma de decisiones en el marco de la CMNUCC debe mejorarse para reforzar la participación de los delegados de países pobres y vulnerables; reitera su petición a la delegación de la Unión Europea en las Conferencias de las Partes de que consolide el compromiso con los delegados de los países vulnerables;

27. Considera que la Unión tiene la responsabilidad histórica de ser el signatario más ambicioso del Acuerdo de París, tanto por sus propios compromisos como por su apoyo a otros, y que debe asumir sus responsabilidades en materia climática y medioambiental y actuar en consecuencia ofreciendo un ejemplo creíble; recuerda el principio de «responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas» que confiere a la Unión y a sus Estados miembros una responsabilidad particular, así como capacidad de actuación;

Una política climática ambiciosa de la UE y una visión a largo plazo

28. Destaca la adopción de la Ley Europea del Clima; espera que el Pacto Verde Europeo y, en particular, el paquete legislativo «Fit for 2030» (Idóneo para 2030) proporcione las medidas necesarias para que la Unión y sus Estados miembros cumplan plenamente lo dispuesto en el Acuerdo de París; considera de suma importancia que la UE predique con el ejemplo y transmita en la COP26 el mensaje inequívoco de que está dispuesta a mejorar su CDN y su contribución al Acuerdo de París y pide el mismo nivel de compromiso a las demás partes;

29. Destaca que parte de la Unión pertenece a las regiones del mundo más afectadas por el cambio climático; señala que la cuenca del Mediterráneo se calienta un 20 % más rápido que la media mundial y que la región es uno de los principales punto críticos del cambio climático del planeta, en el que se prevé que 250 millones de personas sean consideradas «pobres en recursos hídricos» dentro de veinte años[18]; subraya que el Mediterráneo se está convirtiendo en el mar que más rápido se calienta del mundo[19], lo que tiene consecuencias para sectores económicos importantes y para el ecosistema marino en su conjunto que dan lugar a cambios irreversibles para el ecosistema y las especies; pide a la Unión que intervenga con carácter urgente y coopere con sus socios mediterráneos para elaborar medidas ambiciosas de adaptación y liderar las acciones de mitigación;

30. Destaca que el éxito del Pacto Verde Europeo depende de la globalización efectiva de sus normas y preceptos pertinentes en asociación con terceros países; recuerda las Conclusiones del Consejo de enero de 2021 y el objetivo de la Comisión de reforzar el papel de la Unión como agente mundial; pide que se elabore una estrategia diplomática funcional y coherente en relación con el Pacto Verde Europeo antes de la COP27 que se celebrará en África;

31. Subraya la importancia de reducir verdaderamente la huella medioambiental de la Unión para cumplir nuestros compromisos climáticos mundiales; observa, no obstante, que no existe ningún indicador formal en la Unión para medir nuestra huella medioambiental actual y pide a la Comisión y a la Agencia Europea del Medio Ambiente que adopten dicho indicador;

32. Reitera su petición a la Comisión de que, tras la adopción de la Ley Europea del Clima y a la luz del importante papel de los sumideros naturales de carbono para lograr la neutralidad climática, proponga un ambicioso objetivo de la Unión para 2030, basado en datos científicos, para la eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero por sumideros naturales de carbono, que debe ser coherente con la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 y quedar consagrado en la legislación; recuerda, además, que la rápida reducción de las emisiones debe seguir siendo prioritaria;

33. Destaca la necesidad de integrar la ambición en materia de cambio climático en todas las políticas de la Unión; insta a la Comisión a que actualice el modo en que lleva a cabo las evaluaciones de impacto en todos los ámbitos de la formulación de políticas de la UE, con el fin de garantizar la plena aplicación del artículo 6, apartado 4, de la Ley Europea del Clima; considera que las nuevas iniciativas contenidas en la reciente comunicación de la Comisión titulada «Legislar mejor: aunar fuerzas para mejorar la legislación»[20], en particular la inclusión de un análisis basado en el principio de «no causar un perjuicio significativo» en las evaluaciones de impacto, constituyen un primer paso en este sentido;

34. Destaca el papel central de las energías renovables y la eficiencia energética en la transición hacia una economía climáticamente neutra; reconoce el avance logrado en la generación de fuentes de energía renovables; toma nota de la propuesta de la Comisión en la que se revisa la Directiva sobre energías renovables en el marco del paquete de medidas «Objetivo 55», y subraya la importancia de elevar los objetivos relativos a las energías renovables y la eficiencia energética para lograr la neutralidad climática en 2050 a más tardar y cumplir el Acuerdo de París, aprovechando la oportunidad que brinda el actual descenso de los costes de las tecnologías de las energías renovables y de almacenamiento;

35. Toma nota de la propuesta de la Comisión respecto a una revisión del marco de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS) con arreglo al paquete de medidas «Objetivo 55», y subraya la importancia de reforzar los sumideros naturales, promoviendo las soluciones basadas en los ecosistemas, al tiempo que se tiene en cuenta el valor de los diferentes ecosistemas para la biodiversidad, así como la cantidad de carbono que se sigue eliminando y almacenando, con el fin de lograr la neutralidad climática en 2050 a más tardar;

36. Considera que las políticas climáticas y energéticas relacionadas deben reflejar los últimos avances científicos en relación con los ecosistemas y con las distintas reservas de carbono, y su auténtico valor para mitigar el cambio climático y adaptarse a él; opina que las soluciones basadas en la naturaleza y los enfoques basados en los ecosistemas, así como la restauración y la conservación de los ecosistemas y la diversidad biológica son vitales para permitir mitigar el cambio climático y adaptarse a él; pide que se recaben más datos sobre las zonas dentro y fuera de los ecosistemas ricos en carbono y en especies y sobre la calidad de las medidas de gestión de la conservación, protección y restauración para tenerlos en cuenta en la toma de decisiones sobre las prioridades de restauración, así como sobre medidas y políticas para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad;

37. Hace hincapié en que todas las políticas climáticas deben llevarse a cabo con arreglo al principio de una transición justa y al principio de «quien contamina paga», mediante la eliminación progresiva de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, y en estrecha colaboración con todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil, los interlocutores sociales y el sector privado, sin dejar a nadie atrás; considera, por tanto, que una mayor transparencia y una implicación reforzada de los interlocutores sociales y de la sociedad civil en el ámbito local, regional, nacional y de la Unión constituyen una condición necesaria para alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono en todos los sectores de la economía de una manera justa, inclusiva y socialmente sostenible; recuerda que el artículo 10 de la Ley Europea del Clima ofrece instrumentos para la elaboración de hojas de ruta sectoriales orientativas y voluntarias sobre la descarbonización de los sectores que más emisiones generan dentro de la Unión, e insta a la Comisión a que colabore con estos sectores para facilitar la aplicación de estas hojas de ruta;

38. Destaca que las medidas adoptadas para mitigar el cambio climático o adaptarse a él no deben dar lugar a que se agraven los problemas medioambientales existentes o a que se creen otros nuevos en la Unión o en terceros países; llama la atención, a este respecto, sobre los riesgos medioambientales asociados a la creciente demanda de determinadas materias primas críticas necesarias para la transición hacia una economía baja en carbono o para la «ingeniería climática», y pide a la Comisión que, en sus acciones, tome en consideración estos riesgos y, conforme con el principio de precaución, procure minimizarlos;

39. Considera que una aplicación ambiciosa del instrumento de recuperación Next Generation EU en forma de políticas sostenibles presenta diversas ventajas para estimular el crecimiento durante una coyuntura económica desfavorable, como la creación de nuevos puestos de trabajo, la elevación de los multiplicadores presupuestarios a corto plazo y la contribución a un mayor ahorro de costes a largo plazo, y constituye una oportunidad para mostrar a otros países los beneficios que reporta a sus economías; alienta a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros a que aprovechen al máximo su potencial para respaldar la transición ecológica;

40. Subraya que conviene apoyar el crecimiento económico sostenible y el desarrollo de nuevas tecnologías ecológicas, pues contribuyen de forma significativa a la mitigación del cambio climático;

Adaptación al cambio climático; tratamiento de pérdidas y daños

41. Reitera que las medidas de adaptación son una necesidad ineludible para todos los países si pretenden minimizar los efectos negativos del cambio climático y lograr la resiliencia climática y el desarrollo sostenible, habida cuenta de la particular vulnerabilidad a los efectos del cambio climático de los países en desarrollo, en especial los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo; pide a la UE y a los Estados miembros que intensifiquen las medidas de adaptación e involucren a los entes locales para cumplir plenamente los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París, y que velen por que las políticas de adaptación de la UE se correspondan con el liderazgo mundial de la Unión en materia de mitigación del cambio climático; acoge con satisfacción, a este respecto, la nueva Estrategia de Adaptación de la UE, los vínculos con la estrategia de biodiversidad de la Unión y el nuevo marco regulador sobre la adaptación derivado de la Ley Europea del Clima, y pide que se apliquen de manera ambiciosa, incluidos sus componentes internacionales;

42. Destaca que la Estrategia de Adaptación de la UE adoptada por la Comisión el 24 de febrero de 2021 manifiesta la intención de esta última de aumentar los recursos y seguir movilizando la financiación de la adaptación a mayor escala, y que se precisa especial atención para garantizar que los recursos financieros lleguen a las comunidades más vulnerables de los países en desarrollo;

43. Acoge favorablemente el nuevo marco reglamentario de adaptación al cambio climático previsto en el artículo 4 de la Ley Europea del Clima; destaca la necesidad de adoptar medidas normativas complementarias, con hitos y objetivos claros, para mejorar la capacidad de adaptación, reforzar la resiliencia y minimizar la vulnerabilidad al cambio climático;

44. Subraya que, si bien el cambio climático es un problema mundial, cada región se verá afectada de distinta forma y, por tanto, los órganos de las administraciones locales son a menudo los entes más apropiados para elaborar estrategias de adaptación que aborden este fenómeno por su mayor cercanía a los ciudadanos;

45. Hace hincapié en que las infraestructuras ecológicas contribuyen a la adaptación al cambio climático mediante la protección del capital natural, la conservación de los hábitats naturales y de las especies, el buen estado ecológico, la gestión del agua y la seguridad alimentaria;

46. Destaca los efectos medioambientales, sociales y económicos devastadores de la desertificación y la necesidad de adoptar enfoques comunes para prevenir y adaptarse adecuadamente a este fenómeno y abordarlo; en este sentido, subraya la importancia de la disponibilidad de agua en lo que atañe a la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, ya que además de permitir el crecimiento de plantas que capturan y conservan el carbono, el agua en el suelo potencia la vida de los microorganismos, aumentando el contenido de materia orgánica en el suelo y, de manera inherente, propicia una mayor capacidad de retención de carbono en el suelo; destaca la necesidad de prestar especial atención a la gestión del agua en el contexto de la adaptación; subraya la necesidad de que se ejecute de manera rápida y plena la Directiva marco sobre el agua de la UE[21], con el fin de lograr sus objetivos y gestionar mejor este recurso;

47. Pone de relieve que el reconocimiento del auténtico valor del agua y del papel que desempeña en la mitigación del cambio climático y la adaptación a este es fundamental para abordar los efectos del clima en la calidad del agua y lograr la neutralidad climática; reconoce que la diversificación de las fuentes de agua, la eficiencia hídrica, la gestión circular del agua, las soluciones basadas en la naturaleza y las soluciones digitales para el seguimiento, la vigilancia y el análisis del agua, así como el acceso al agua potable y al saneamiento, contribuyen a reducir la contaminación y las emisiones de CO2;

48. Subraya que en el preámbulo del Acuerdo de París se tienen presentes la prioridad fundamental de salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el hambre, y la particular vulnerabilidad de los sistemas de producción de alimentos a los efectos adversos del cambio climático; recuerda que el artículo 2, apartado 1, letra b), del Acuerdo de París dispone que uno de sus objetivos es aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; pide a todas las Partes que tengan debidamente en cuenta la seguridad alimentaria en sus planes nacionales de adaptación;

49. Destaca la importancia de adoptar un enfoque sistémico multirriesgo respecto a la evaluación de los riesgos climáticos y las necesidades y medidas de adaptación, así como la necesidad de mejorar el método para medir el grado de adaptación basada en los riesgos y reforzar el apoyo técnico y financiero prestado a los países para elaborar proyectos financiables que permitan acceder a una mayor financiación de la adaptación;

50. Apoya la revisión del objetivo mundial relativo a la adaptación y subraya la necesidad de traducirlo en resultados medibles basados en una exhaustiva percepción del riesgo en múltiples niveles, la disponibilidad de datos coherentes y comparables y la determinación de los avances cuantitativos y cualitativos logrados en materia de resiliencia a lo largo del tiempo;

51. Pide a la COP26 que ponga plenamente en marcha la Red de Santiago de Pérdidas y Daños creada en la COP25 para que catalice eficazmente la asistencia técnica para que los países en desarrollo eviten, minimicen y aborden las pérdidas y daños y pueda desempeñar funciones basadas en los desafíos y carencias más comunes que afrontan los países en desarrollo, entre ellos la falta de capacidad y la ausencia de financiación y de apoyo; considera que el funcionamiento de la Red de Santiago debe integrarse en las estructuras de la CMNUCC y obtener financiación previsible y fiable de los países desarrollados, sobre la base de las aportaciones de las Partes en la CMNUCC y de los observadores de esta;

52. Observa que el artículo 8 del Acuerdo de París sobre pérdidas y daños establece que las Partes deben cooperar con respecto a las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático; destaca, por consiguiente, la importancia de una acción de apoyo a escala mundial en ámbitos especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático, como las zonas costeras y las islas, y donde la capacidad de adaptación sea limitada;

53. Destaca que el cambio climático y la degradación medioambiental interactúan cada vez más con los factores causantes del desplazamiento de personas; expresa su apoyo al Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos del Mecanismo Internacional de Varsovia (WIM Excom) y le pide que intensifique sus actividades y que vele por una mayor integración de los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo; pide que en futuras Conferencias de las Partes se preste más atención a los desplazamientos provocados por el clima;

Soluciones basadas en la naturaleza y enfoques basados en los ecosistemas respecto al cambio climático

54. Recuerda que el cambio climático es uno de los principales factores de pérdida de biodiversidad y degradación del suelo, y que la pérdida de biodiversidad y el cambio climático están interrelacionados y se refuerzan entre sí, por lo que representan amenazas similares para el planeta; subraya que se prevé que los efectos negativos del cambio climático en la naturaleza y la biodiversidad, en los ecosistemas y en la disponibilidad de agua, los océanos y la seguridad alimentaria serán cruciales en las próximas décadas; reitera que la conservación y restauración rigurosas de los ecosistemas de alto contenido en carbono, como las turberas, humedales y pastizales, así como de los ecosistemas de carbono azul, como las marismas saladas, praderas submarinas y manglares, y de los bosques intactos, constituyen una opción de respuesta con un impacto inmediato, y que reportan una gran variedad de beneficios en materia de mitigación y adaptación; en cambio, cuando se encuentran degradados o destruidos, los ecosistemas de carbono azul emiten el carbono que han almacenado durante siglos a la atmósfera y al océano, y que a continuación se convierte en una fuente de emisiones de GEI; destaca que algunas medidas capaces de mitigar la crisis climática podrían resultar perjudiciales para la biodiversidad, y subraya la necesidad de que dicha crisis y la crisis derivada de la pérdida de biodiversidad se aborden conjuntamente; propone por tanto un programa de trabajo conjunto del CDB y la CMNUCC adecuadamente financiado con el fin de identificar y promover la acción sinérgica;

55. Subraya que, a pesar del consenso creciente en el marco de la CMNUCC y del CDB respecto a la necesidad de una acción integrada a escala nacional y local para abordar conjuntamente tanto la crisis de la biodiversidad como la crisis climática, las soluciones basadas en la naturaleza siguen sin estar presentes en muchas promesas climáticas y estrategias nacionales; considera que una plataforma multilateral sobre soluciones basadas en la naturaleza podría contribuir a reforzar las sinergias entre los convenios internacionales multilaterales sobre biodiversidad y cambio climático y facilitar la consecución de los ODS de las Naciones Unidas;

56. Destaca la necesidad de establecer sinergias entre la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 y las medidas de mitigación del cambio climático y adaptación a él;

57. Recuerda asimismo el papel crucial que desempeña la biodiversidad para que los seres humanos puedan combatir y adaptarse al calentamiento global y elevar su nivel de resiliencia; subraya que los enfoques basados en los ecosistemas, tal como se establecen en el CDB, y las soluciones basadas en la naturaleza aprovechan el potencial de esta y de la biodiversidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudarnos en nuestra adaptación a los efectos del cambio climático, y que son soluciones beneficiosas para todas las partes que conllevan la protección, la restauración, la gestión sostenible y la mejora de los servicios y funciones de los ecosistemas que abordan los retos de la sociedad y promueven el bienestar humano; subraya que las soluciones basadas en la naturaleza pueden resultar más eficaces cuando se planifican a largo plazo en lugar de centrarse exclusivamente en la captura rápida de carbono[22];

58. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Presidencia de la COP26 de poner en marcha el diálogo sobre bosques, agricultura y comercio de productos básicos, que reunirá a los principales países exportadores de productos agrícolas y a los países que consumen dichos productos para debatir la manera de mejorar la sostenibilidad de este proceso; recuerda sus posiciones especificadas en su Resolución sobre un marco jurídico de la Unión para detener e invertir la deforestación[23] mundial impulsada por la Unión, que deben incorporarse a la contribución de la UE; pide a la Comisión que presente urgentemente una propuesta de marco jurídico de la Unión basado en la diligencia debida obligatoria que garantice que las cadenas de valor sean sostenibles y que los productos o mercancías comercializados en la Unión no hayan sido consecuencia de la deforestación, degradación forestal, conversión o degradación de ecosistemas o violaciones de los derechos humanos, ni conlleven dichos fenómenos; señala que ese marco jurídico de la Unión debería extenderse para abarcar los ecosistemas con elevadas reservas de carbono y ricos en biodiversidad distintos de los bosques, como los ecosistemas marinos y costeros, humedales, turberas y sabanas, a fin de evitar que las presiones se desplacen a esos ecosistemas;

59. Llama la atención sobre el hecho de que las emisiones potenciales del permafrost no se tienen plenamente en cuenta en los presupuestos globales de emisiones, y que no se incluyen en las CDN; insiste en la necesidad de acelerar la labor científica para calcular y comunicar con mayor precisión la magnitud probable del incremento de las emisiones de dióxido de carbono y metano resultantes del calentamiento del Ártico para fundamentar mejor las decisiones sobre el aumento del nivel de ambición necesario para mantener la temperatura mundial dentro de los objetivos del Acuerdo de París; pide a la Unión que ponga en marcha y lidere una coalición mundial sobre el permafrost, que tenga por objeto financiar estudios para determinar mejor la situación actual del problema y medidas para frenar cuanto antes el deshielo del permafrost;

60. Resalta la necesidad de cartografiar de forma integral las zonas ricas en carbono y naturaleza, los efectos y la calidad del modo en que se gestionan, la situación de los hábitats y otros factores para tenerlos en cuenta en la adopción de decisiones sobre las prioridades de restauración;

61. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que el mercado de la Unión y sus hábitos de consumo no redunden en perjuicio de los bosques, los ecosistemas naturales y la biodiversidad ni socaven los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales;

62. Reconoce la importancia de la Conferencia sobre Biodiversidad celebrada en Kunming, China, en octubre de 2021 y abril-mayo de 2022; hace hincapié en que se necesita un marco internacional vinculante más sólido y más ambicioso a fin de proteger la biodiversidad mundial, que posee un valor irreemplazable, detener su actual declive y recuperarla en la medida de lo posible; considera que dicho marco debe basarse en objetivos, indicadores cuantificables, mecanismos eficaces de seguimiento y compromisos firmes, que comprendan las contribuciones determinadas a nivel nacional y otros instrumentos adecuados, compromisos financieros y mejores garantías de creación de capacidades, así como un mecanismo de revisión cada cinco años, con especial hincapié en una ambición de nivel elevado y trayectoria ascendente; reitera su petición a la Unión de que ponga empeño en alcanzar el mismo elevado nivel de ambición durante las negociaciones para asegurar unas condiciones de competencia equitativas a nivel mundial, en particular unos objetivos internacionales globales jurídicamente vinculantes de restauración y protección de al menos el 30 % de aquí a 2030, a fin de reflejar las ambiciones interiores de la Unión establecidas en la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030;

63. Destaca, en este contexto, que el examen de la aplicación de los ODS[24] de 2018 concluyó que el marco de seguimiento del ODS 15 no recoge los elementos esenciales relacionados con la calidad que son cruciales para lograr unos resultados más significativos y señaló la necesidad de introducir indicadores adicionales en ámbitos como la integridad de los bosques, la eficacia de la gestión de los espacios protegidos y la integración sustancial de la biodiversidad en otros procesos;

64. Destaca que los mecanismos climáticos dependen de la salud de los ecosistemas oceánicos y marinos, afectados actualmente por el calentamiento global, la contaminación, la sobreexplotación de la biodiversidad marina, la acidificación, la desoxigenación y la erosión costera; destaca asimismo que el GIECC recuerda que el océano es parte de la solución para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a este;

65. Subraya que el marco mundial para la diversidad biológica después de 2020 debe comprometer a las Partes a incorporar soluciones basadas en la naturaleza que protejan y restauren la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas tanto en las estrategias y planes de acción nacionales sobre la biodiversidad como en las CDN para cumplir el Acuerdo de París;

66. Reconoce el importante papel que desempeña la buena salud del suelo en la mitigación del cambio climático al tratarse del mayor sumidero terrestre de carbono; reitera su petición a los Estados miembros de que refuercen la restauración y el uso sostenible del suelo como herramienta para la política climática en sus planes nacionales de energía y clima y, en particular, en las medidas aplicables a los sectores agrícola y de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS), y que preserven, recuperen y consoliden los sumideros de carbono (especialmente en zonas con suelos ricos en carbono, como prados y turberas), además de tomar medidas para promover el uso sostenible del suelo en la política agrícola y para reducir las emisiones de la agricultura; reitera su petición a la Comisión de que presente una propuesta legislativa por la que se establezca un marco jurídico común a escala de la Unión para la protección y el uso sostenible del suelo en el que se aborden todas las principales amenazas para este elemento;

Financiación sostenible en el ámbito del clima

67. Destaca que la Unión y sus Estados miembros son los mayores proveedores de financiación pública para la lucha contra el cambio climático; reconoce la importancia de la financiación de la lucha contra el cambio climático, ya que muchos países en desarrollo disponen de CDN condicionales cuya realización depende del apoyo financiero que obtengan; acoge con satisfacción por tanto la decisión de la COP24 de adoptar un objetivo más ambicioso a partir de 2025, que se sumará al compromiso actual de movilizar 100 000 millones USD al año a partir de 2020; manifiesta, sin embargo, su preocupación por que los compromisos de los países desarrollados continúen estando muy lejos de alcanzar el objetivo colectivo de 100 000 millones USD al año, y pide que se corrija esta brecha; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos para movilizar financiación internacional para la lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo y elaborar una hoja de ruta internacional que esboce la parte del compromiso financiero de 100 000 millones USD que corresponde equitativamente a cada país desarrollado y mecanismos para garantizar que los compromisos se hagan efectivos; confía en que, a partir de 2025, las economías emergentes contribuyan a dicho importe superior de financiación internacional para la lucha contra el cambio climático; en ese contexto, apoya la apertura de negociaciones sobre un nuevo objetivo financiero para el período posterior a 2025, en las que se estudie un enfoque basado en un objetivo general con subobjetivos independientes, incluida una financiación basada en subvenciones, que refleje la creciente gravedad de los efectos del cambio climático y la urgencia de acelerar al máximo la acción por el clima en esta década;

68. Recalca que las corrientes financieras son cruciales para la adaptación al cambio climático; destaca la importancia de llevar a la práctica el objetivo mundial relativo a la adaptación y de movilizar importantes fondos nuevos para la adaptación en países en desarrollo; pide a la Unión y a sus Estados miembros que se comprometan a aumentar significativamente la financiación que destinan a la adaptación para equipararla a la financiación de la mitigación, dando prioridad a la financiación basada en subvenciones, y que preparen unos compromisos adecuados para su presentación en la COP26;

69. Afirma que los ingresos del mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono podrían utilizarse para aumentar la provisión de financiación para la lucha contra el cambio climático a los países en desarrollo, en particular con fines de adaptación, pero también para reducir la intensidad de carbono tanto de sus exportaciones como de sus productos vendidos en el mercado interno;

70. Reconoce la necesidad de avanzar en materia de pérdidas y daños, para lo que se deben obtener recursos adicionales adecuados de fuentes innovadoras de financiación pública en virtud del Mecanismo Internacional de Varsovia y a cuyo efecto la Unión debe apoyar el mandato en el marco de la COP26 de un nuevo grupo de expertos sobre las medidas y el apoyo del Mecanismo Internacional de Varsovia para que estudie y trate de materializar dichas fuentes;

71. Señala que la crisis de la COVID-19 ha demostrado una vez más que dependemos los unos de otros para afrontar los desafíos mundiales y debería considerarse un toque de atención para emprender medidas más ambiciosas y colectivas; destaca la necesidad de desarrollar la resiliencia mediante el aprendizaje de todas las enseñanzas extraídas de la crisis actual en cuanto a la falta de planificación de contingencias y de capacidad de respuesta en situaciones de emergencia; advierte de que la crisis de la COVID-19 está revirtiendo los avances logrados hacia la consecución de los ODS, está acrecentando la pobreza extrema en los países en desarrollo, y ha agravado los niveles de deuda; subraya que, con miras a facilitar una recuperación verde a escala mundial, es necesario ampliar de manera significativa la financiación de la lucha contra el cambio climático y encontrar con urgencia soluciones viables respecto al alivio de la deuda para terceros países en los foros internacionales;

72. Considera esencial que las principales instituciones financieras internacionales adopten y desarrollen con celeridad mecanismos «verdes» de financiación para propiciar una descarbonización satisfactoria de la economía mundial; recuerda el papel del BEI como «banco del clima de la UE» y su hoja de ruta del banco climático recientemente adoptada, y la política actualizada de concesión de préstamos al sector energético; insta a los bancos multilaterales de desarrollo, incluido el BEI, y a las instituciones financieras de desarrollo que financien más inversiones climáticas, armonicen sus carteras con el Acuerdo de París y ayuden a los países en desarrollo a recuperarse de la crisis de la COVID-19 de forma ecológica, integradora y resiliente; apunta a la necesidad de crear plataformas y herramientas para promover y compartir buenas prácticas para la recuperación sostenible y fomentar la colaboración práctica en la tarea de disociar las emisiones de GEI del crecimiento económico, al tiempo que se consolida la prosperidad; aboga por que se elabore y se respalde un acuerdo mundial sobre los principios de las finanzas sostenibles, incluidas las normas contables de sostenibilidad de las Normas Internacionales de Información Financiera;

73. Acoge con satisfacción que el Fondo de Adaptación continúe sirviendo al Acuerdo de París; reconoce la importancia de este fondo para las comunidades más vulnerables al cambio climático y señala que, desde 2010, el fondo ha comprometido más de 830 millones USD para proyectos y programas de adaptación y resiliencia frente al cambio climático, incluidos más de 120 proyectos concretos y localizados en las comunidades más vulnerables de los países en desarrollo de todo el mundo; subraya, no obstante, que este importe no es suficiente, y pide a los países donantes que aumenten de forma significativa sus contribuciones al Fondo de Adaptación con un enfoque más previsible y plurianual;

74. Reitera la necesidad de poner fin urgentemente a las subvenciones a los combustibles fósiles y a las demás subvenciones perjudiciales para el medio ambiente en la UE y en el resto del mundo; señala que las subvenciones a los combustibles fósiles en la UE ascienden a unos 50 000 millones EUR, e insta a todos los Estados miembros a aplicar políticas, plazos y medidas concretos para eliminar gradualmente todas las subvenciones directas e indirectas a tales combustibles de aquí a 2025 a más tardar; pide a las demás Partes que adopten medidas similares;

75. Respalda la labor de la coalición de ministros de Hacienda para la acción por el clima y anima a todos los Gobiernos a adquirir los compromisos de la coalición de adaptar todas las políticas y prácticas dentro del ámbito de competencias de los ministros de Hacienda a los objetivos del Acuerdo de París, así como a adoptar un sistema de tarificación del carbono eficaz, tal como establecen los principios de Helsinki;

76. Resalta el importante papel que el sector privado, incluidas las corporaciones y los mercados financieros, debe desempeñar en situar a la economía en una trayectoria compatible con el Acuerdo de París; acoge con satisfacción la iniciativa del Private Finance Hub (Centro de Financiación Privada) de la COP26, centrada en la creación de un sistema que movilice la financiación privada para apoyar la reestructuración de nuestras economías hacia la reducción a cero de las emisiones netas; reconoce el gran interés y la amplia participación del público en las inversiones sostenibles; celebra la creciente participación de las principales instituciones financieras internacionales en el desarrollo de mecanismos «verdes» de financiación y considera fundamental promover esta tendencia para propiciar una descarbonización satisfactoria de la economía mundial; celebra la creación de la Alianza Financiera de Glasgow para las Cero Emisiones Netas y su compromiso de movilizar las inversiones mundiales necesarias para lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 a más tardar, con arreglo a criterios basados en los conocimientos científicos;

77. Subraya que el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) no ha logrado generar unas reducciones reales y adicionales de las emisiones; invita a las Partes a considerar una terminación inmediata de las actividades del MDL; destaca que la prolongación del MDL socavaría el Acuerdo de París y los esfuerzos colectivos por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero;

78. Subraya que los antiguos créditos generados en el pasado no deben utilizarse con arreglo al Acuerdo de París; subraya asimismo que los créditos antiguos no deben utilizarse para cumplir los objetivos climáticos posteriores a 2020;

79. Subraya la necesidad de seguir desarrollando y promoviendo la divulgación de información financiera relacionada con el clima y la sostenibilidad por parte de las empresas y las entidades financieras;

Esfuerzo global de todos los sectores

80. Pone de relieve que el sector del transporte es el único en el que las emisiones a escala de la UE han aumentado desde 1990 y que esta evolución no es compatible con un objetivo de neutralidad climática a largo plazo, que requiere reducciones mayores y más rápidas de las emisiones de todos los sectores de la sociedad, incluidos los de la aviación y el sector marítimo; considera que, para garantizar la coherencia de las contribuciones determinadas a nivel nacional con los compromisos exigidos por el Acuerdo de París en todos los sectores de la economía, se debe alentar a las Partes a que incluyan las emisiones procedentes del transporte marítimo y aéreo internacional en sus CDN, y a que acuerden y apliquen medidas a nivel internacional, regional y nacional para reducir las emisiones de estos sectores, incluidos los impactos no asociados al CO2 de la aviación; reitera en este contexto la necesidad de regular estos sectores en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de la UE, lo que también podría servir de referente para el trabajo paralelo, apoyando una mayor ambición global a escala internacional, en particular en la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); manifiesta su preocupación por los escasos progresos realizados por dichas organizaciones para abordar las emisiones procedentes del transporte marítimo y aéreo internacional; señala que la aviación genera en torno al 2,1 % de las emisiones mundiales de CO2; pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan cuanto esté en su mano para reforzar el Plan de Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA), y que apoyen la adopción por la OACI del objetivo a largo plazo de reducir las emisiones en el sector salvaguardando al mismo tiempo la autonomía legislativa de la UE en la aplicación de la Directiva del RCDE;

81. Recuerda que, según la Agencia Internacional de la Energía, para alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, todos los turismos nuevos comercializados en el mundo deberían ser vehículos de emisión cero para 2035; destaca asimismo que, con miras a lograr que Europa alcance la neutralidad climática de aquí a 2050, prácticamente todos los automóviles que circulen por las carreteras europeas deberán ser de emisión cero para dicha fecha; hace hincapié en que el sector del transporte puede facilitar considerablemente la implantación de las energías renovables; incide en el papel que puede desempeñar la movilidad eléctrica como forma de integración inteligente de los sectores eléctrico y del transporte al liberar capacidades para la flexibilidad, subrayando la importancia de implantar la carga inteligente por toda la UE;

82. Observa que las emisiones de carbono negro procedentes del transporte marítimo aumentaron un 12 % a escala mundial entre 2012 y 2018 y un 85 % en el Ártico entre 2015 y 2019; destaca que, según las estimaciones, el carbono negro representa en torno a un 21 % de las emisiones del transporte marítimo en una escala de veinte años; considerando la urgencia de abordar el cambio climático, y en particular el ritmo alarmante al que se derrite el Ártico; aboga por una acción inmediata que revierta el aumento actual de las emisiones de carbono negro derivadas del transporte marítimo en el Ártico; lamenta profundamente que la prohibición impuesta por la OMI sobre la utilización de fuelóleo pesado en el Ártico contenga numerosas lagunas y no haya logrado proteger este océano en la práctica; insta a la Comisión a que garantice que todos los buques que hagan escala en los puertos de la Unión y naveguen por el Ártico o cerca de él utilicen combustibles destilados más limpios e instalen filtros de partículas que reduzcan las emisiones de carbono negro en más de un 90 %;

83. Señala que el transporte marítimo representó en 2012 alrededor del 2,5 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero[25]; manifiesta su preocupación por que el transporte marítimo esté exento de los objetivos climáticos tanto internacionales (CMNUCC) como de la Unión, y llama la atención sobre el hecho de que se prevé un aumento de hasta el 50 % de estas emisiones de 2018 a 2050 si no se controlan[26]; celebra que la OMI adoptara en 2018 una estrategia inicial sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los buques, con arreglo a la cual las emisiones deberían alcanzar su máximo lo antes posible y disminuir como mínimo en un 50 % para 2050 con respecto a los niveles de 2008, al tiempo que prosigue sus esfuerzos por eliminarlas por completo de forma progresiva; manifiesta su preocupación, no obstante, por los escasos progresos realizados hasta la fecha e insta a la OMI a avanzar rápidamente en la adopción de medida ambiciosas a corto y medio plazo;

84. Recuerda que las ciudades desempeñan un papel esencial en la reducción de las emisiones de GEI; subraya que las ciudades deben mostrar liderazgo a escala local y mundial en la transición ecológica; pide a la Comisión que estudie medidas concretas para contribuir a una reducción de las emisiones de CO2 de las ciudades, que deberá llevarse a cabo en colaboración con la industria, los ciudadanos y los entes locales; subraya que las ciudades pueden ser la cuna de nuevas tecnologías en los ámbitos de la electrificación, la automatización y la digitalización mediante el apoyo a la innovación y a las iniciativas pioneras;

85. Destaca la necesidad de integrar los esfuerzos con objeto de avanzar tanto en el ámbito del cambio climático como en el de la calidad del aire; considera que es preciso adoptar un enfoque integral para reducir las emisiones en la fuente en todos los sectores, en particular en el transporte marítimo y por carretera, la aviación, las instalaciones industriales, los edificios, la agricultura y la producción de energía, con miras a proteger mejor la salud de nuestros ciudadanos y nuestro planeta;

86. Recuerda que el 23 % de las emisiones mundiales de GEI y en torno al 10 % de las emisiones de GEI de la UE proceden de la agricultura, y reconoce el importante potencial para la reducción de tales emisiones y para una contribución positiva a la lucha contra el cambio climático mediante el incremento de la captura de carbono; subraya que una transición hacia una agricultura regenerativa, unas cadenas de suministro más cortas y unas dietas más saludables, equilibradas y sostenibles, incluso mediante un mayor consumo de plantas y alimentos de origen vegetal producidos de manera sostenible, contribuiría significativamente a reducir las emisiones agrícolas, al tiempo que liberaría presión sobre la tierra y ayudaría a restaurar los ecosistemas;

87. Observa que las grandes ventajas de la agroecología en materia de clima, biodiversidad y seguridad alimentaria han sido reconocidas en los informes del GIECC y la IPBES, por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, y en la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola, dirigida por la FAO; reitera que la agroecología y la agricultura familiar deben situarse en el centro de la acción por el clima;

88. Señala que aproximadamente el 60 % del metano mundial es emitido por fuentes como la agricultura, los vertederos de residuos, las instalaciones de tratamiento de aguas residuales y la producción y el transporte por tubería de combustibles fósiles; recuerda que el metano es un potente GEI, más de 80 veces más potente que el CO2 durante un período de 20 años, y que es el segundo mayor contribuyente al cambio climático, después del dióxido de carbono; destaca, por tanto, la importancia de una reducción inmediata y rápida de las emisiones de metano en esta década como una de las medidas más eficaces de la acción por el clima de la Unión; observa que ya existen numerosas tecnologías y prácticas rentables para mitigar las emisiones de metano, en especial las procedentes del sector energético; destaca que la reducción de las emisiones de metano complementan la necesaria reducción de las emisiones de dióxido de carbono, y que el 15 % de reducción de las emisiones exigido por el Acuerdo de París ya podría alcanzarse con una disminución de las emisiones de metano de bajo coste y técnicamente viable; acoge con satisfacción en este contexto la nueva Estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano presentada por la Comisión en octubre de 2020 e insta a todas las Partes a tomar medidas rápidas y ambiciosas para reducir de forma significativa las emisiones de metano; pide a la Comisión que proponga un marco legislativo justo, exhaustivo y claro que establezca medidas vinculantes y objetivos de reducción del metano que conduzcan a una disminución significativa de las emisiones de dicho gas en la UE de aquí a 2030; invita a la Comisión y a los Estados miembros a liderar la cooperación y la coordinación internacionales en materia de mitigación de las emisiones de metano y a encabezar un acuerdo mundial sobre la reducción de las emisiones de dicho gas en la COP26 que defina nuevas ambiciones en esta tarea en consonancia con el informe del GIECC sobre el calentamiento global de 1,5 °C, el informe de evaluación mundial del metano del PNUMA, y el sexto informe de evaluación del GIECC;

89. Recuerda que, tal como señala la evaluación de impacto del Plan del Objetivo Climático para 2030[27], el objetivo de reducir las emisiones de GEI como mínimo en un 55 % de aquí a 2030 exige abordar las emisiones de metano, en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París;

90. Apoya los esfuerzos de la Comisión en favor de la creación de un marco jurídicamente vinculante a escala internacional en el seno de las Naciones Unidas para reducir las emisiones de metano;

91. Acoge favorablemente la intención anunciada de la Administración estadounidense de Biden y del presidente chino Xi Jinping de ratificar la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, que, junto con la próxima revisión de las normas de la Unión sobre los gases fluorados de efecto invernadero, representa una oportunidad única de acercar el mundo a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París; pide a la Comisión que presente una revisión ambiciosa del Reglamento sobre los gases fluorados de aquí a finales de 2021, con el fin de acelerar la supresión progresiva de los hidrofluorocarburos (HFC);

92. Anima a la UE a adoptar un papel de liderazgo en la promoción de la tarificación del carbono como herramienta de política climática eficaz y parte de un marco regulador más amplio, con el fin de examinar vínculos y otras formas de cooperación con los mecanismos de tarificación del carbono existentes en terceros países y regiones, acelerar las reducciones de emisiones rentables en todo el mundo, y atenuar al mismo tiempo el riesgo de fugas de carbono, lo que debería contribuir a garantizar unas condiciones de competencia equitativas a escala mundial; pide a la Comisión que establezca salvaguardias para garantizar que cualquier vinculación con el RCDE UE siga contribuyendo permanentemente a la mitigación y no socave los compromisos internos de la Unión en materia de emisiones de gases de efecto invernadero; subraya que la creación de un mecanismo de la Unión de ajuste en frontera por emisiones de carbono compatible con la Organización Mundial del Comercio constituye un elemento fundamental del Pacto Verde Europeo y debe ser una prioridad absoluta; subraya que el mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono debe utilizarse como marco de referencia con vistas a una acción por el clima más sólida en la UE y en todo el mundo, garantizando al mismo tiempo una competencia leal entre los productores nacionales de la UE y los productores extranjeros;

93. Destaca la importancia de asumir un firme compromiso contra la deforestación; observa que, aunque la superficie forestal de la Unión ha ido aumentando en los últimos años, en otras regiones, sobre todo en economías emergentes dependientes de productos básicos, la deforestación masiva principalmente debida a los sectores de la agricultura y la ganadería representa un problema que requiere una solución adecuada;

Industria y competitividad

94. Considera que la COP26 es la más importante para los sectores industrial y energético europeos desde la firma del Acuerdo de París en 2015, ya que la Unión ha consagrado una vía para alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050 y ha puesto en marcha el paquete de medidas «Objetivo 55»; cree que la prosperidad económica, la cohesión social, la creación de empleo, el desarrollo industrial sostenible y la política climática deben reforzarse mutuamente; pone de relieve que la lucha contra el cambio climático brinda oportunidades a la industria de la UE que pueden materializarse si los legisladores se comprometen a adoptar una respuesta política adecuada, oportuna, personalizada y basada en la solidaridad; subraya la necesidad de una estrategia global para alcanzar los objetivos fijados para 2030 y años posteriores, armonizando los flujos financieros públicos y privados; considera sumamente importante para la UE garantizar la ventaja derivada de una actuación pionera y predicar con el ejemplo;

95. Subraya que la UE debe hacer todo lo posible para mantener la posición de liderazgo de sus industrias y la competitividad mundial en la transición hacia una economía con cero emisiones netas de GEI; señala que deben utilizarse herramientas políticas disponibles e innovadoras para mantener y ampliar los ámbitos de liderazgo de la Unión; subraya la necesidad de descarbonizar aún más la industria europea y de mantener el apoyo de la UE a este esfuerzo; acoge con satisfacción las iniciativas emprendidas en relación con las cadenas de valor estratégicas; reconoce los efectos positivos para las industrias europeas de la acción temprana en la lucha contra el cambio climático, así como de que la UE sirva como ejemplo en cuanto a la consecución de la neutralidad climática, lo que allana el camino a los países menos avanzados o menos ambiciosos y salvaguarda una ventaja competitiva altamente beneficiosa para las industrias y las empresas de la Unión; subraya la necesidad de establecer acuerdos multilaterales y bilaterales aplicables entre la UE y sus socios con el fin de exportar las normas medioambientales de la Unión y garantizar unas condiciones de competencia equitativas en el comercio y las inversiones; hace hincapié en la necesidad de evitar la deslocalización de la producción y las inversiones en la industria europea debido a unas medidas climáticas menos ambiciosas fuera de la Unión, por lo que anima a los socios internacionales a aunar esfuerzos en la lucha contra el cambio climático; considera que la taxonomía ecológica de la UE debe generar transparencia y claridad para que los gobiernos y las empresas puedan ofrecer incentivos a las inversiones que contribuyan a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París;

96. Reconoce el papel esencial de las pymes, y en particular de las microempresas y las empresas emergentes, para impulsar el empleo y el crecimiento, así como para encabezar el avance en las transiciones digitales y ecológicas; recuerda que las pymes constituyen una parte esencial del tejido económico y social europeo y deben recibir apoyo e incentivos en esta transición por parte de los legisladores, en particular, garantizando el acceso a la financiación para acceder a tecnologías, servicios y procesos sostenibles y simplificando los procedimientos administrativos; considera con preocupación que muchas pymes no sean conscientes aún de las oportunidades de la transición ecológica y, por tanto, aboga por que se resuelva esta laguna de conocimiento, con el apoyo de asesores en materia de sostenibilidad y los servicios de sostenibilidad de la Red Europea para las Empresas;

97. Acoge con satisfacción el compromiso, los esfuerzos y los progresos realizados hasta ahora por los ciudadanos, las comunidades, los municipios, las ciudades, las regiones, las industrias y las instituciones europeos para cumplir las obligaciones del Acuerdo de París; señala, al mismo tiempo, la necesidad de ampliar rápidamente las acciones para estar plenamente en consonancia con el Acuerdo de París; anima, por tanto, a todos los agentes implicados, dentro y fuera de la Unión, a atenerse a estándares más elevados en cuanto a sus ambiciones y su comportamiento para abordar los retos climáticos;

98. Destaca las oportunidades que ofrece una estrategia de crecimiento sólida para la recuperación posterior a la COVID, no solo para superar la crisis económica, sino también para avanzar en el desarrollo de una economía verde y sostenible en la UE mediante la consecución de las transiciones digital y ecológica; observa con preocupación que pasar por alto la ventaja de potenciar este impulso resultaría perjudicial para la industria de la UE, dado el alcance de la transformación industrial necesaria para alcanzar los objetivos de 2030 en un entorno altamente competitivo y de rápido desarrollo;

99. Acoge con satisfacción que varios socios comerciales de la UE hayan introducido el comercio de carbono u otros mecanismos de fijación de precios; acoge con satisfacción un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono de la UE socialmente justo, en consonancia con las propuestas formuladas en la Resolución del Parlamento Europeo sobre un mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono de la UE compatible con la OMC, que incluye el establecimiento de un mecanismo eficaz respecto a la fuga de carbono y su efecto para impulsar un precio mundial del carbono; pide a las Partes en la COP26 que acuerden normas claras, justas y sólidas desde el punto de vista medioambiental y social respecto a los mercados del carbono que ofrezcan contribuciones concretas y cuantificables al desarrollo sostenible;

Política energética

100. Acoge con satisfacción la revisión de la legislación sobre energía en el marco del paquete de medidas «Objetivo 55», con el fin de adecuarla al objetivo ampliado de la Unión de reducir las emisiones en al menos un 55 % de aquí a 2030, y de alcanzar la neutralidad climática en 2050 a más tardar;

101. Recuerda el compromiso de la Unión con el principio de «la eficiencia energética primero»; subraya la importancia de integrar este principio en todas las leyes e iniciativas pertinentes; señala el potencial no aprovechado de la eficiencia energética en sectores como el transporte y los edificios, incluida la calefacción y la refrigeración;

102. Recuerda que en la Unión se gastaron 50 mil millones EUR en subvenciones a combustibles fósiles en 2018, lo que corresponde aproximadamente a un tercio de todas las subvenciones en el sector de la energía en la Unión; considera que las subvenciones a los combustibles fósiles socavan los objetivos del Pacto Verde Europeo y las obligaciones del Acuerdo de París; subraya la necesidad urgente de proporcionar señales de precios más coherentes en todos los sectores energéticos y los Estados miembros, y el hecho de que los costes externos no se internalicen; insta a los Estados miembros y a las demás Partes en la COP26 a que otorguen prioridad a las inversiones en energías e infraestructuras ecológicas y eliminen gradualmente las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles;

103. Cree que, para que la UE alcance la neutralidad climática, su sistema energético debe integrarse y basarse en una prioridad en cascada que comience por aplicar el principio de la eficiencia energética primero, que dé lugar al ahorro de energía, seguido de la descarbonización de los usos finales mediante la electrificación directa, los combustibles de base renovable y, durante una fase de transición, los combustibles con bajas emisiones de carbono para aplicaciones que carezcan de otra alternativa, manteniendo al mismo tiempo la accesibilidad, la asequibilidad y la seguridad del suministro energético mediante el desarrollo de un sistema energético circular, de alta eficiencia energética, integrado, interconectado, resiliente y multimodal;

104. Recuerda la importancia de tener en cuenta la diversidad de desafíos y sistemas energéticos nacionales; destaca la necesidad de una transición justa y reitera la promesa esbozada en el nuevo Pacto Verde de que nadie debe quedarse atrás; le preocupa el hecho de que unos 50 millones de hogares de la UE sigan viviendo en condiciones de pobreza energética; destaca la importancia de la dimensión social de una mayor ambición climática, con arreglo a la cual deben adoptarse políticas para prevenir y poner fin a la pobreza energética lo antes posible; subraya que las políticas energéticas deben llevarse a cabo con arreglo al principio de una transición justa y equitativa, y en estrecha colaboración con la sociedad civil y los interlocutores sociales; considera, por tanto, que la planificación pública y una implicación reforzada de los interlocutores sociales y de la sociedad civil en el ámbito local, nacional y de la Unión son fundamentales para alcanzar la neutralidad climática en todos los sectores de la sociedad de una manera justa, inclusiva y socialmente sostenible;

105. Acoge con satisfacción la adopción de la estrategia europea sobre el hidrógeno, que establece objetivos respecto la instalación de al menos 6 GW de electrolizadores de hidrógeno renovables en la Unión de aquí a 2024 y de 40 GW de electrolizadores de hidrógeno renovables de aquí a 2030; recuerda la necesidad de acelerar la descarbonización de la producción de hidrógeno existente mediante el aumento de la producción de hidrógeno renovable; subraya la importancia de eliminar gradualmente el hidrógeno basado en combustibles fósiles lo antes posible, centrándose en cambio en tecnologías seguras y sostenibles; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que empiecen de inmediato a planificar esta eliminación gradual cuidadosamente, de modo que la producción de hidrógeno a base de combustibles fósiles empiece a disminuir rápidamente, predecible e irreversiblemente y de modo que se evite la prolongación de la vida útil de las instalaciones de producción basadas en combustibles fósiles; señala que varios centros de producción de hidrógeno a base de combustibles fósiles se encuentran en los territorios de transición justa y, por tanto, destaca que se requieren medidas de apoyo eficaces que faciliten la reducción de las emisiones de GEI y contribuyan al reciclaje y a la mejora de la empleabilidad de la población activa local;

106. Acoge con satisfacción la estrategia de la UE en materia de energías renovables marinas y su ambición de aumentar la capacidad de generación de energía marina de Europa a al menos 60 GW de aquí a 2030 y a 340 GW para 2050; subraya la necesidad de garantizar que la ejecución de la estrategia beneficie a toda la Unión, incluidos los Estados miembros sin litoral;

107. Expresa su convencimiento respecto a la necesidad de crear las condiciones para que los consumidores tengan más incentivos para elegir formas de energía más sostenibles y para ser más activos; pide a la Comisión que evalúe las barreras que subsisten al autoconsumo de energías renovables y las comunidades de energías renovables, en particular en los hogares de bajos ingresos o vulnerables;

108. Acoge con satisfacción la iniciativa de revisar la Directiva sobre fiscalidad de la energía (2003/96/CE) para transformarla en un instrumento que ajuste las políticas fiscales a los objetivos en materia de energía y clima de aquí a 2030 y 2050, al tiempo que evalúa los impactos, incluidos los que atañen a los consumidores, la pobreza energética y la pobreza en el transporte; insta a los Estados miembros a considerar la reducción de los impuestos y gravámenes sobre las energías renovables en toda la Unión, según proceda, y a reforzar los incentivos financieros para producir energía renovable;

109. Subraya que, aunque Europa trabaja para cumplir sus ambiciosos objetivos, alcanzar la reducción a cero de las emisiones netas en 2050 a más tardar a escala mundial requerirá una acción global coordinada; destaca que los países en desarrollo requerirán diversos grados de asistencia internacional para lograr su transición ecológica; subraya la importancia de potenciar una estrecha cooperación transfronteriza y la puesta en común de buenas prácticas con socios internacionales en los ámbitos de la formulación de políticas y la ciencia, incluida la transferencia de tecnología, con el fin de promover la eficiencia energética y las inversiones en tecnologías e infraestructuras energéticas sostenibles;

110. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de adoptar un plan de acción para la digitalización del sector energético, con el fin de posicionar a la UE como líder tecnológico y propiciar un sistema energético más integrado con soluciones inteligentes en sectores específicos y con una mejor financiación para el período de 2021-2027; recuerda la importancia de abordar los riesgos de ciberseguridad en el sector de la energía para garantizar la resiliencia de los sistemas energéticos;

Investigación, innovación, tecnologías digitales y política espacial

111. Acoge con satisfacción el papel del programa Horizonte Europa y su contribución a la neutralidad climática; considera que las asociaciones en el marco de Horizonte Europa, incluidas las empresas comunes, fomentarán la colaboración entre los sectores público y privado con el objetivo de contribuir a la consecución de la transición ecológica, garantizando al mismo tiempo la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de innovaciones sostenibles; subraya la importancia de mejorar la comunicación a los ciudadanos respecto a los resultados de los proyectos europeos de I+D y a las nuevas tecnologías, incluidos los proyectos insignia, a fin de aumentar la aceptación pública y hacer más visible el papel de la Unión para sus ciudadanos;

112. Destaca la necesidad de atraer más inversión, tanto pública como privada, en la investigación, la innovación y el despliegue de nuevas tecnologías sostenibles, incluidas las industrias intensivas en mano de obra, en nuevas redes de infraestructuras y proyectos necesarios que contribuyan a los objetivos del Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París;

113. Subraya la importancia de garantizar la coherencia y la uniformidad en los incentivos para fomentar tecnologías innovadoras con el fin de alcanzar los objetivos de 2030 y 2050, abordando el despliegue de tecnologías ya maduras, así como las inversiones en nuevas tecnologías que deben desarrollarse para alcanzar el objetivo de neutralidad climática de la Unión en 2050 a más tardar;

114. Subraya el papel fundamental que pueden desempeñar las tecnologías digitales en el apoyo a la transición ecológica de la UE; subraya que la recuperación de la UE requiere la creación de un marco regulador estable y de incentivos financieros también para los agentes privados, con el fin de establecer y garantizar un avance impulsado por el mercado hacia la investigación, la innovación y el desarrollo de tecnologías sostenibles;

115. Subraya que la digitalización es uno de los factores clave que impulsan la integración de los sistemas energéticos, ya que puede habilitar los flujos dinámicos e interrelacionados de los vectores energéticos, permitir la interconexión de mercados más diversos, y proporcionar los datos necesarios para adecuar la oferta y la demanda; destaca el potencial de las tecnologías digitales para aumentar la eficiencia energética y reducir así las emisiones generales de GEI; recuerda que la Comisión estima que la huella medioambiental de las TIC representa entre el 5 % y el 9 % del consumo mundial de electricidad y más del 2 % de las emisiones mundiales de GEI; subraya que, según un estudio de 2018 sobre inteligencia artificial del Centro Común de Investigación de la Comisión, los centros de datos y la transmisión de datos podrían representar entre el 3 % y el 4 % del consumo total de electricidad de la Unión; destaca que la Comisión prevé un incremento del 28 % del consumo de los centros de datos entre 2018 y 2030; subraya que el 47 % de las emisiones de carbono del sector digital se deben a equipos de consumo, como ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos conectados; pide, por tanto, medidas para reducir la huella de carbono del sector de las TIC garantizando la eficiencia energética y de los recursos, y reitera el objetivo de lograr que los centros de datos sean climáticamente neutros y muy eficientes desde el punto de vista energético a más tardar en 2030, como se establece en la estrategia digital;

116. Recuerda la importancia de la contribución de la I+i a la consecución de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París y los objetivos del Pacto Verde Europeo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la investigación y la innovación y un aumento global de los presupuestos nacionales y de la UE dedicados a la investigación y la innovación en tecnologías energéticas sostenibles y seguras; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de seguir apoyando tecnologías y soluciones innovadoras que contribuyan a un sistema energético integrado y resistente al cambio climático, también aquellas en las que Europa ostenta el liderazgo mundial, y las cadenas de valor con base en la Unión; considera fundamental contar con segmentos clave de las cadenas de valor de la energía renovable dentro de la Unión con el fin de lograr los objetivos climáticos y aportar beneficios económicos significativos a los europeos, y pide medidas adecuadas para apoyar el papel del contenido basado en Europa en la legislación y la cadena de suministro de las fuentes de energía renovable;

Cambio climático y deforestación

117. Cree que la COP26 representa una oportunidad para renovar los esfuerzos encaminados a lograr los objetivos del Acuerdo de París y los ODS de las Naciones Unidas, en particular el ODS 13 (Acción por el clima); considera que la Agenda 2030 debe servir de hoja de ruta hacia un futuro más ecológico, justo y sostenible;

118. Subraya la importancia de un enfoque respecto a los derechos humanos en la acción por el clima para garantizar que todas las medidas respeten y apoyen los derechos humanos de todas las personas;

119. Insta a las Partes en la CMNUCC a que sigan aumentando su ambición en materia de mitigación y adaptación en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París e integren la dimensión de los derechos humanos en sus contribuciones determinadas a nivel nacional y en su comunicación sobre la adaptación; pide a la Secretaría de la CMNUCC que elabore directrices sobre cómo integrar la protección de los derechos humanos en las contribuciones determinadas a nivel nacional y la comunicación sobre la adaptación en colaboración con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;

120. Es consciente de la gran cantidad de pruebas que demuestran que los impactos del cambio climático causan y agravan la escasez de recursos vitales, como las tierras cultivables, dañan o arruinan ecosistemas que sustentan los medios de vida, y aumentan la incidencia y gravedad de las catástrofes naturales, actuando así como impulsores de conflictos, desplazamiento de poblaciones y crisis humanitarias;

121. Destaca que, según el quinto informe de evaluación del GIECC, las formas de conocimiento autóctonas, locales y tradicionales constituyen un recurso fundamental de cara a la adaptación al cambio climático; lamenta que el conocimiento indígena no se utilice de manera efectiva, mientras que el reconocimiento explícito de los pueblos indígenas y tribales y de sus derechos sigue estando ausente de los marcos jurídicos, políticos e institucionales de muchos países, y que su aplicación sigue siendo un problema importante;

122. Insiste en la necesidad imperiosa de incluir en las normas operativas del Mecanismo de Desarrollo Sostenible garantías sólidas de mitigación y protección de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales en todos los proyectos en el marco de este mecanismo; subraya la importancia de aprovechar el conocimiento de las comunidades indígenas y locales sobre la protección del medio ambiente y garantizar que sus voces se escuchen como parte de los esfuerzos internacionales en materia de acción por el clima;

123. Pide a la UE que asuma el liderazgo en la tarea de lograr que los acuerdos de la OMC se ajusten plenamente al Acuerdo de París y de garantizar que sus propios acuerdos de comercio e inversión no planteen ningún obstáculo a la aplicación del Acuerdo de París y a los logros de los ODS de las Naciones Unidas, sino que los apoyen plenamente;

Papel del Parlamento Europeo

124. Considera que debe integrar la delegación de la Unión, puesto que ha de dar su aprobación a los acuerdos internacionales y desempeña un papel fundamental en la aplicación interna del Acuerdo de París en calidad de colegislador; insiste, por consiguiente, en que se le permita asistir a todas las reuniones de coordinación de la Unión durante la COP26 en Glasgow y en que se le garantice el acceso a todos los documentos preparatorios desde el inicio de las negociaciones;

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125. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y a la Secretaría de la CMNUCC, con solicitud de que la distribuya a todas las Partes de dicho Convenio que no sean miembros de la Unión.

 

[1] DO L 243 de 9.7.2021, p. 1.

[2] DO C 232 de 16.6.2021, p. 30.

[3] DO C 232 de 16.6.2021, p. 28.

[4] DO C 270 de 7.7.2021, p. 2.

[5] Textos Aprobados, P9_TA(2020)0212.

[6] Textos Aprobados, P9_TA(2020)0382.

[7] Textos Aprobados, P9_TA(2021)0143.

[8] Textos Aprobados, P9_TA(2021)0277.

[9] Informe del taller copatrocinado por la IPBES y el GIECC sobre biodiversidad y cambio climático, de 10 de junio de 2021.

[10] Natali, S. M., y cols., ‘Permafrost carbon feedbacks threaten global climate goals’, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118 (21), 25 de mayo de 2021.

[11] Rigaud, K. K. y cols., Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration, Grupo del Banco Mundial, 19 de marzo de 2018,

[12] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, «The trillion dollar climate finance challenge (and opportunity)», 27 de junio de 2021.

[13] Agencia Europea del Medio Ambiente, «Building the foundations for fundamental change», 4 de junio de 2021.

[14] Hänsel, M. C., Drupp, M. A., Johansson, D. J. A., Nesje, F., Azar, C., Freeman, M. C., Groom, B. y Sterner, T., «Climate economics support for the UN climate targets», Nature Climate Change, 10, pp. 781-789, 2020.

[15] Comunicado de la cumbre del G7 celebrada en Carbis Bay del 11 al 13 de junio de 2021.

[16] Oxfam, «Confronting carbon inequality in the European Union. Why the European Green Deal must tackle inequality while cutting emissions», 7 de diciembre de 2020.

[17] Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre la estrategia de la Unión Europea para la igualdad de género (Textos Aprobados, P9_TA(2021)0025).

[18] Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change, Risks associated to climate and environmental changes in the Mediterranean region, 2019.

[19] WWF Mediterranean Marine Initiative, The climate change effect in the Mediterranean. Six stories from an overheating sea, Roma, Italia, 2021.

[21] Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).

[22] Informe del taller copatrocinado por la IPBES y el GIECC sobre biodiversidad y cambio climático, de 10 de junio de 2021.

[23] Textos Aprobados, P9_TA(2020)0285.

[24] Foro Político de Alto Nivel, 2018 HLPF Review of SDGs Implementation.

[25] «EU climate action policy: Responding to the global emergency» (La política de acción por el clima de la Unión: responder a la situación de emergencia mundial), Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), marzo de 2021.

[26] EPRS, marzo de 2021.

[27] SWD(2020)0176.

Última actualización: 19 de octubre de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad