PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación en Túnez
18.10.2021 - (2021/2903(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno
Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo The Left
Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0523/2021
B9‑0523/2021
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Túnez
El Parlamento Europeo,
– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,
A. Considerando que Túnez es uno de los países prioritarios de la política europea de vecindad de la Unión Europea; que la Unión y Túnez han expresado su deseo de entrar en una nueva fase de relaciones bilaterales basada en valores comunes y en el compromiso mutuo de reforzar los lazos políticos, económicos y culturales;
B. Considerando que Túnez sigue sufriendo presiones socioeconómicas extraordinarias, en particular debido a la pandemia de COVID‑19; que Túnez ha experimentado un acusado descenso de su crecimiento económico, tras llegar a esta crisis con un crecimiento lento y unos niveles de deuda cada vez mayores; que el desempleo pasó del 15 % antes de la pandemia al 17, 8 % a finales del primer trimestre de 2021; que el desempleo sigue afectando especialmente a las mujeres (24,9 %) y a los jóvenes de entre 15 y 24 años (40,8 %); que la pobreza y la vulnerabilidad se han exacerbado en el contexto de la pandemia, y que se está invirtiendo la tendencia a la reducción de la pobreza observada en los últimos años;
C. Considerando que el décimo aniversario de la revolución tunecina se caracterizó por numerosas manifestaciones repartidas por todo el país, ya que los objetivos y las promesas de la revolución de 2011 siguen sin cumplirse para los tunecinos; que el sistema tunecino de democracia parlamentaria, apoyado firmemente por el Parlamento Europeo, conoce importantes dificultades; que no se ha avanzado en las reformas socioeconómicas prometidas ni en la reforma del sector de la justicia y la seguridad; que las instituciones no han conseguido luchar eficazmente contra la corrupción;
D. Considerando que, tras meses de tensiones políticas, el deterioro de las condiciones económicas, las manifestaciones multitudinarias y el fuerte aumento de las tasas de infección y mortalidad por la COVID-19, el presidente tunecino Kais Said destituyó al primer ministro Hichem Mechichi y suspendió la actividad de la Asamblea de Representantes del Pueblo invocando los poderes de emergencia previstos en el artículo 80 de la Constitución tunecina;
E. Considerando que el 23 de agosto el presidente Said prorrogó la suspensión del Parlamento, a pesar de que la Constitución establece que el Parlamento no puede ser suspendido por un período superior a un mes, lo que ha causado una gran inquietud en la sociedad civil;
F. Considerando que el 22 de septiembre el presidente Said promulgó un decreto que le confiere plenos poderes presidenciales; que, de conformidad con el Decreto Presidencial n.º 117, se suspendió la Constitución de 2014, con excepción del preámbulo y los dos primeros capítulos, relativos a las disposiciones generales y a los derechos y libertades; que las disposiciones transitorias confieren al presidente de la República la prerrogativa exclusiva de legislar en todos los ámbitos, como la organización de la justicia y el poder judicial, la organización de la información y la prensa, la organización y financiación de partidos políticos, sindicatos, asociaciones, organizaciones y colegios profesionales, así como la organización de las fuerzas de seguridad y aduaneras, del Derecho electoral, de las libertades y los derechos humanos, del estatuto personal, de las entidades locales y de la ley orgánica relativa al presupuesto;
G. Considerando que este decreto echa por tierra el principio universal de supremacía de la Constitución, al situar a los decretos leyes presidenciales por encima de esta; que no será posible recurrir contra los decretos presidenciales; que aún no se ha creado el Tribunal Constitucional previsto en la Constitución de 2014, que hubiera sido responsable de velar por la legalidad de la invocación del artículo 80 de la Constitución tunecina por parte del presidente Said;
H. Considerando que las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales han alertado sobre las decisiones unilaterales adoptadas por el presidente Kais Said, han reafirmado su firme compromiso con los principios democráticos y han mostrado su profunda preocupación por la falta de salvaguardias;
I. Considerando que, el 29 de septiembre, el presidente Said nombró primera ministra a Najla Bouden Romdhane; que Najla Bouden Romdhane es la primera mujer en ocupar ese cargo en Túnez y en el mundo árabe;
J. Considerando que la composición del nuevo Gobierno de Najla Bouden Romdhane fue aprobada el 11 de octubre;
K. Considerando que el presidente Said ha anunciado una hoja de ruta para establecer «un verdadero régimen democrático en el que el pueblo tenga realmente la soberanía», que será elaborada bajo la responsabilidad del presidente y con el apoyo de una comisión;
L. Considerando que, según la Comisión Electoral, Kais Said ganó las elecciones presidenciales con más del 72 % de los votos y recibió el voto de 2,77 millones de tunecinos, la mayoría de los cuales son jóvenes de entre 18 y 25 años; que Kais Said sigue contando con un amplio respaldo popular en las encuestas; que, tras su victoria electoral, los tunecinos esperan el cambio prometido en la lucha contra la corrupción, la eliminación del nepotismo y la consecución de la justicia y del desarrollo de las regiones interiores marginadas, cuya población lleva muchos siendo víctima de la pobreza y el desempleo; que, desde la llegada al poder de Said, la situación ha empeorado, en particular como consecuencia de la pandemia de COVID‑19, que ha puesto en grandes dificultades a la sanidad pública y ha perturbado profundamente la actividad económica, lo que se añade a una tasa de desempleo en aumento y reduce los ingresos de un país que ya estaba en una situación complicada y cuya economía se está hundiendo; que los conflictos políticos en el Parlamento, las muestras de violencia y las alteraciones violentas entre los representantes han alejado a los tunecinos de la vida política parlamentaria y a los políticos de su país;
M. Considerando que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son delito en Túnez y que, a pesar de la protección jurídica general relativa a la dignidad y la lucha contra la discriminación y el acoso, las personas LGBTQI+ tienen que afrontar en Túnez una violencia generalizada, incluidas amenazas de muerte y violaciones; que las personas LGBTQI+ también son víctimas de violencia y tratos degradantes infligidos por funcionarios públicos;
N. Considerando que es necesario reforzar las asociaciones existentes y, al mismo tiempo, desarrollar una auténtica asociación a través de la cual se tengan en cuenta los intereses de las comunidades de ambas orillas del Mediterráneo; que esta asociación debe estar concebida para trabajar, en particular, en las desigualdades sociales y regionales de Túnez;
1. Manifiesta su preocupación por el difícil desafío al que se enfrenta la transición democrática de Túnez; pide al presidente tunecino que reanude la actividad de la Asamblea de Representantes del Pueblo y garantice el Estado de Derecho;
2. Pide, consciente de la profunda división del sistema político actual que ha impedido el establecimiento de una mayoría, que toda reforma de ese sistema se lleve a cabo respetando plenamente el orden constitucional, en particular la separación de poderes, y garantizando plenamente las libertades fundamentales y los derechos humanos;
3. Destaca que los derechos de las personas LGBTQI + son derechos humanos y pide al Gobierno tunecino que despenalice las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y vele por que los funcionarios públicos dispensen un trato digno a las personas LGTBQI+;
4. Destaca la necesidad de un diálogo nacional, en particular un diálogo social con la participación de los interlocutores sociales y otras organizaciones legítimas de la sociedad civil, con el fin de superar la crisis política y constitucional; resalta, a este respecto, el importante y constructivo papel que ha desempeñado en este proceso la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT) y la comunidad sindical en su conjunto; recalca la importancia de implicar, en especial, a los jóvenes y a las mujeres en este diálogo;
5. Recuerda el importante papel del Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral del Parlamento Europeo en la consolidación de un diálogo entre la sociedad civil y los dirigentes políticos del país;
6. Muestra su preocupación por las actuales dificultades socioeconómicas y presupuestarias y la necesidad imperiosa de que Túnez aplique reformas adecuadas destinadas a impulsar el empleo y desarrollar un crecimiento social, sostenible e integrador; lamenta que la Unión no haya cumplido las expectativas suscitadas al establecer la asociación privilegiada con Túnez;
7. Advierte de que, en este momento crucial para Túnez, las medidas estructurales vinculadas a la ayuda macrofinanciera no contribuyen a reforzar la senda democrática del país;
8. Manifiesta su inquietud por las repercusiones en la ya frágil economía local tunecina del actual proyecto de acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo negociado entre la Unión y Túnez; considera que este instrumento es arcaico, ha sido contestado enérgicamente por la sociedad civil tunecina y no responde a los problemas urgentes a que se enfrenta actualmente el país;
9. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que mantengan su compromiso de trabajar con el pueblo tunecino para promover la democracia, el desarrollo económico sostenible y el progreso social, también en los ámbitos del comercio, la inversión, el turismo y la cultura; pide a la Unión y a sus Estados miembros que movilicen recursos para responder a las expectativas del pueblo tunecino, al tiempo que insiste en que todo apoyo financiero a Túnez debe ir acompañado del restablecimiento de la actividad de la Asamblea de Representantes del Pueblo y del respeto del Estado de Derecho y de los derechos civiles y humanos; insiste en que la base de la cooperación sigue siendo el respeto de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos democráticos y los derechos humanos; reitera su llamamiento para que se establezcan mecanismos de seguimiento del respeto de las libertades fundamentales, la igualdad de género y otras cuestiones relacionadas con los derechos humanos, con plena participación de la sociedad civil;
10. Destaca la necesidad de fomentar la inversión y el desarrollo en todos los sectores de la economía y la sociedad del país, en particular la creación de empleo y el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad accesibles a todos;
11. Apoya las asociaciones con los Estados miembros de la Unión que promuevan enfoques descentralizados, así como los proyectos de cooperación de las autoridades de los Estados miembros que contribuyan al desarrollo de la gobernanza regional y local en Túnez, así como las asociaciones e intercambios de buenas prácticas con la ciudades y comunidades locales de la Unión; pide un mayor apoyo de la Unión a la sociedad civil en las regiones, sobre la base de las iniciativas existentes que hayan resultado fructíferas;
12. Pide a la Unión que ayude a Túnez a obtener vacunas y equipos médicos suficientes para superar la crisis sanitaria que viene afectando al país desde hace tiempo;
13. Reafirma que la libertad de la prensa y los medios de comunicación, la libertad de expresión en línea, también para los blogueros, y fuera de línea, y la libertad de reunión son elementos fundamentales y pilares indispensables de la democracia y de una sociedad abierta y pluralista; alienta la elaboración de normas de buenas prácticas en el sector de los medios de comunicación, de modo que queden realmente reflejados el periodismo de investigación y el periodismo diferenciado; pone de relieve los efectos positivos del acceso sin censura a internet y a los medios digitales y sociales; saluda el panorama dinámico y abierto de los medios de comunicación en línea en Túnez;
14. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno de la República de Túnez y al presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo de Túnez.