Propuesta de resolución - B9-0167/2022Propuesta de resolución
B9-0167/2022
Parlamento europeo

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la necesidad de una actuación urgente de la Unión para garantizar la seguridad alimentaria a la luz de la agresión rusa contra Ucrania, y de un plan de acción a largo plazo para desarrollar la autonomía alimentaria de la Unión

16.3.2022 - (2022/2593(RSP))

tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno

Martin Häusling, Benoît Biteau, Sarah Wiener, Pär Holmgren, Tilly Metz, Francisco Guerreiro
en nombre del Grupo Verts/ALE

Procedimiento : 2022/2593(RSP)
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B9‑0167/2022

Resolución del Parlamento Europeo sobre la necesidad de una actuación urgente de la Unión para garantizar la seguridad alimentaria a la luz de la agresión rusa contra Ucrania, y de un plan de acción a largo plazo para desarrollar la autonomía alimentaria de la Unión

(2022/2593(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Rusia y Ucrania, y en particular su Resolución, de 16 de diciembre de 2021, sobre la situación en la frontera ucraniana y en los territorios de Ucrania ocupados por Rusia[1],

– Vistas las declaraciones sobre Ucrania de los líderes del Parlamento Europeo, de 16 y 24 de febrero de 2022,

– Vista la declaración del alto representante en nombre de la Unión Europea, de 24 de febrero de 2022, sobre la invasión de Ucrania por parte de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia,

– Vista la declaración conjunta del presidente del Consejo Europeo y de la presidenta de la Comisión, de 24 de febrero de 2022, sobre la agresión militar sin precedentes y no provocada de Rusia contra Ucrania,

– Vistas las recientes declaraciones del presidente de Ucrania y de la presidenta de la Comisión sobre la situación en Ucrania,

– Vista la declaración del G7, de 24 de febrero de 2022,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 24 de febrero de 2022,

– Visto el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013[2],

– Visto el Reglamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, que modifica los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, (UE) n.º 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y (UE) n.º 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión[3],

– Vista su Resolución, de 1 de marzo de 2022, sobre la agresión rusa contra Ucrania[4],

– Vista la declaración de los jefes de Estado o de Gobierno del Consejo Europeo, de 10 de marzo de 2022, sobre la agresión militar rusa contra Ucrania,

– Vista la declaración de la reunión extraordinaria de ministros de agricultura del G7, de 11 de marzo de 2022, sobre la invasión de Ucrania por parte de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la Federación de Rusia lanzó una invasión no provocada e injustificada sobre Ucrania el 24 de febrero de 2022;

B. Considerando que el suministro de agua potable se ha deteriorado en Ucrania, especialmente en las ciudades asediadas o en las zonas que están sufriendo gravemente los bombardeos rusos; que las necesidades humanitarias y en particular las necesidades alimentarias de Ucrania están aumentando y que la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados prevé que cuatro millones de personas abandonarán Ucrania antes de julio de 2022, con otros 6,7 millones de desplazados dentro de Ucrania; que, tras recibir una solicitud oficial de ayuda por parte del Gobierno de Ucrania, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) puso en marcha una operación de emergencia para proporcionar asistencia alimentaria a las personas que huyen del conflicto tanto en Ucrania como en los países vecinos; que, el 7 de marzo de 2022, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) puso en marcha un plan de respuesta rápida para Ucrania, solicitando 50 millones USD para ayudar a 240 000 personas vulnerables de zonas rurales afectadas por la guerra; que, según la FAO, solamente se ha proporcionado el 9 % (4,6 millones USD) de la financiación solicitada, lo que deja un déficit de financiación de 45,4 millones USD (91 %);

C. Considerando que la producción agrícola ucraniana se verá gravemente comprometida por la invasión rusa; que la guerra ya ha provocado importantes problemas en la logística y en las cadenas de abastecimiento agroalimentarias dentro de Ucrania; que las diez regiones en las que se están produciendo enfrentamientos militares representan el 54 % de la superficie de siembra de girasol y el 42 % y el 52 % de las de maíz y trigo, respectivamente; que en las próximas semanas, los agricultores ucranianos deberían empezar a plantar los cultivos y que la intervención militar pone en peligro la cosecha de trigo; que los agricultores ucranianos también están teniendo dificultades para obtener semillas, en particular semillas de maíz y de girasol, lo que pone en peligro, aún más, las futuras cosechas; que la escasez de combustible impide a los agricultores utilizar sus equipos para plantar los cultivos; que los retrasos en la siembra de las semillas puede tener importantes efectos negativos en el rendimiento de los cultivos;

D. Considerando que Ucrania produce una gran cantidad de trigo, maíz, semillas de girasol y aceite de girasol tanto para la alimentación como para los piensos, representando, en particular, el 15 % del mercado mundial de maíz, el 15 % del mercado mundial de cebada, el 10 % del mercado mundial de trigo y el 50 % del mercado mundial de aceite de girasol;

E. Considerando que el mercado mundial de alimentos ya había sufrido importantes perturbaciones por la pandemia de COVID-19, la crisis energética y los fenómenos climáticos adversos antes de la guerra, habiendo alcanzado el índice de precios de la FAO su nivel más alto desde 2011 incluso antes de la invasión; que actualmente las existencias mundiales de trigo se estiman entre 277,9 y 291,1 millones de toneladas y las de maíz entre 280,9 y 302,2 millones de toneladas (según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Consejo Internacional de Cereales y el Sistema de Información sobre los Mercados Agrícolas de la FAO), y las existencias de cereales de la Unión ascienden a unos 30 millones de toneladas (de las cuales 9,58 millones de toneladas son de trigo); que la reducción o la pérdida de las exportaciones ucranianas afectará a los países que dependen en gran medida de su producción, a los países que ya sufren inseguridad alimentaria o a los países que son vulnerables a las crisis de suministro y al aumento de precios, como Egipto, Líbano, Yemen, Etiopía, Afganistán y Siria; que el 90 % del trigo egipcio se importa de Ucrania y Rusia;

F. Considerando que las crisis alimentarias pueden ser provocadas por la especulación sobre los productos alimentarios, además de las presiones sobre los recursos alimenticios provocadas por la demanda de biocarburantes; que, además, los países que son grandes productores y exportadores pueden ejercer presión sobre los países importadores que dependen de sus exportaciones para alimentarse;

G. Considerando que Rusia es uno de los principales exportadores de abonos nitrogenados sintéticos y sus componentes, y Bielorrusia es un importante exportador de abonos potásicos; que los precios del abono nitrogenado dependen en gran medida de los precios del gas natural, un producto para el que Rusia tiene importantes posiciones en el mercado;

H. Considerando que Rusia es el mayor exportador de trigo, con más del 18 % de las exportaciones mundiales; que la situación de las exportaciones rusas sigue siendo incierta, con la reanudación gradual de las exportaciones del mar Negro y la posibilidad de que Rusia establezca ciertas restricciones a la exportación; que, el 9 de marzo de 2022, el Gobierno ucraniano prohibió las exportaciones de productos agrícolas clave, como el centeno, la cebada, el trigo sarraceno, el mijo, el azúcar, la sal y la carne hasta finales de 2022;

I. Considerando que los objetivos de la política agrícola común incluyen la estabilización de los mercados de la Unión, la disponibilidad de la oferta, el desarrollo racional de la producción agrícola en la Unión, y garantizar tanto un nivel de vida justo para la comunidad agrícola de la Unión como precios razonables para los consumidores de esta;

J. Considerando que la Unión es el principal socio comercial de Ucrania; en 2019 más del 40 % del comercio de este país se destinó a la Unión; que Ucrania representa alrededor del 1,1 % del comercio total de la Unión, siendo el decimoctavo socio comercial más importante de la Unión; que las principales importaciones de la Unión procedentes de Ucrania son las materias primas, incluidos los productos agrícolas, los productos químicos y la maquinaria;

K. Considerando que, según las previsiones de la Comisión, la Unión seguirá siendo exportadora neta de cereales; que se prevé una buena cosecha este año, aunque en algunas partes de la Unión se observan las primeras señales de una sequía primaveral;

L. Considerando que alrededor de dos tercios de la producción de cereales de la Unión[5] y el 70 % de la producción de semillas oleaginosas se destina a piensos;

M. Considerando que alrededor del 3 % de la producción de cereales de la Unión[6] y cerca del 40 % de las oleaginosas del mercado de la Unión se destinan a biocarburantes producidos a partir de cultivos; que la proporción de cultivos destinados a biocarburantes producidos a partir de cultivos es mayor en algunos Estados miembros, alcanzando casi el 18 % de la producción alemana; que en 2021, la Unión produjo 4 950 millones de litros de bioetanol (producido a partir de cultivos) y 12 330 millones de litros de biodiésel (producido a partir de aceite vegetal), lo que representa 11 millones de toneladas de cereales y 8,6 millones de toneladas de aceite vegetal que podrían reorientarse hacia el consumo humano y animal;

N. Considerando que los precios de los alimentos han subido en la Unión y en todo el mundo; que, según las Naciones Unidas, los precios mundiales de los alimentos alcanzaron su nivel más alto en febrero de 2022 y han aumentado más del 24 % en un año;

O. Considerando que en algunos sectores, los agricultores se enfrentan desde hace años a graves y persistentes problemas para cubrir sus costes de producción, especialmente en el sector lácteo; que la inflación de los costes de producción y de los insumos de los agricultores ha sido preocupante, sobre todo en lo que respecta a la energía, los fertilizantes y los piensos; que un factor importante de estas subidas de precios es la actual dependencia excesiva del gas importado, incluso de Rusia, para sintetizar los abonos a base de nitrógeno en un proceso muy intensivo en energía, responsable del 2 % de las emisiones de gases de efecto invernadero; que estos incrementos en los costes de producción podrían acarrear enormes dificultades económicas para algunos productores, en particular para los ganaderos que dependen de los piensos importados;

P. Considerando que el aumento de los costes de producción puede conducir a un aumento de los costes para el consumidor, lo que supone una carga importante para los hogares con bajos ingresos al aumentar el gasto en alimentos, especialmente en combinación con el aumento de los precios de la energía;

Q. Considerando que algunos Estados miembros, así como terceros países, han implantado controles a la exportación de productos agrícolas, especialmente cereales y aceites para cocinar;

R. Considerando que las sanciones a Rusia y Bielorrusia afectarán al abastecimiento de insumos agrícolas como el abono; que la Federación de Rusia suspendió las exportaciones de nitrato de amonio el 2 de febrero de 2022 hasta al menos abril de 2022; que las principales empresas navieras han suspendido las operaciones de transporte hacia y desde Rusia; que cada tonelada de abonos o materias primas importadas desde Rusia financia la maquinaria bélica rusa;

S. Considerando que el Pacto Verde Europeo y la Estrategia «De la Granja a la Mesa» adoptan enfoques holísticos no solo para prevenir una crisis climática y de biodiversidad en Europa, sino también para garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y la salud pública, y asegurar que los alimentos sean asequibles, a la vez que se generan rendimientos económicos más justos para los agricultores en la cadena de suministro y valor y se refuerza la posición de los productores primarios mejorando la sostenibilidad, abordando la crisis climática, la salud del suelo y el colapso existencial de los ecosistemas, y aumentando la autonomía de los agricultores y las cadenas de suministro;

T. Considerando que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» esbozó varias iniciativas importantes, incluido un plan de contingencia de la Unión para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria en tiempos de crisis dentro del marco legislativo, con el fin de acelerar aún más la transición hacia un sistema alimentario sostenible para finales de 2023;

U. Considerando que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» tiene como objetivo reducir el uso de insumos agrícolas y, en especial, reducir el uso global de plaguicidas químicos en un 50 %, de los plaguicidas más peligrosos en un 50 %, y de abonos en al menos un 20 % para 2030;

V. Considerando que las superficies de interés ecológico y su continuidad en la política agrícola común a partir de 2022 tienen por objeto impulsar la biodiversidad y, por tanto, las funciones del ecosistema agrícola como la polinización, la depredación de las plagas del ecosistema, la protección del suelo y los ciclos de los nutrientes, el agua y el carbono, reforzando y haciendo más resiliente y productivo todo el ecosistema agrícola; se señala que no es necesario arar ni utilizar pesticidas para prestar estos servicios, que aumentan el rendimiento a largo plazo; que los datos de 2019 sobre las superficies de interés ecológico (SIE) muestran que casi el 3 % de las superficies de cultivos utilizadas para la agricultura eran improductivas, el 2,6 % eran tierras en barbecho, mientras casi el 11 % de las SIE ya se utilizan de forma productiva, por ejemplo, para cultivos de leguminosas;

W. Considerando que el statu quo según el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) y la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, publicado el mismo día de la invasión, muestra una clara tendencia a la disminución de la productividad debido a la simplificación ecológica y al colapso del ecosistema agrícola[7], que está relacionado con la excesiva dependencia de insumos artificiales y los daños colaterales, por ejemplo, la erosión del suelo, la pérdida de la capa vegetal, el descenso de los polinizadores que afecta al rendimiento, la pérdida de especies beneficiosas que sustentan la productividad, la falta de resistencia a las plagas, las sequías y las inundaciones, los efectos que reducen los rendimientos de la producción de la pesca y de la acuicultura y una redistribución de las poblaciones de peces marinos, como también se señala en el Informe especial del IPCC sobre el océano y la criósfera en un clima cambiante, publicado en 2019;

X. Considerando que los ataques a los objetivos del Pacto Verde Europeo y a la transición hacia la sostenibilidad se basan en la suposición de que disminuirá la productividad mientras la biodiversidad funcional se desarrolla o las técnicas agronómicas que utilizan procesos naturales sustituyen las funciones que antes realizaban los insumos sintéticos; que un gran número de estudios científicos independientes y revisados por pares demuestran que la productividad no disminuye en casi dos tercios de los casos, que las pérdidas se limitan a un breve período transitorio y que la productividad incluso aumenta en algunos casos[8];

Y. Considerando que el aumento de la biodiversidad y los servicios asociados proporcionados por la biodiversidad funcional y las especies beneficiosas —polinización, depredadores de plagas, mayor resistencia de los ecosistemas agrícolas frente a la erosión, las sequías y las inundaciones, formación del suelo y reducción del carbono— también son necesarios para reforzar y garantizar la continuidad de la producción alimenticia, al tiempo que aumenta la rentabilidad de los agricultores[9];

Z. Considerando que el margen de maniobra para producir más cereales en Europa es limitado ya que la superficie de tierras retiradas de la producción y actualmente disponibles no supera los 6 millones de hectáreas, de los 100 millones de hectáreas de tierras cultivables, y los rendimientos potenciales son bajos, ya que las superficies retiradas de la producción están en suelo marginal;

AA. Considerando que mantener la alimentación a gran escala de los animales con alimentos o tierra cultivable que de otro modo podrían destinarse al consumo humano es un uso ineficiente de las calorías y hace que la Unión sea un importador neto de calorías[10]; que una clara reducción del consumo de productos de origen animal y una transición hacia una ganadería autosuficiente que alimenta a los animales con pastos y leguminosas de la Unión haría posible que esta pasara de ser un importador neto de calorías a un exportador neto de calorías y que redujera su huella de carbono, y contribuiría a restablecer la biodiversidad, a almacenar carbono en los ecosistemas agrícolas y a reducir la dependencia de la Unión del gas natural y de los combustibles fósiles para la producción de fertilizantes;

AB. Considerando que la resolución de Roma de Vía Campesina en 1996 definió por primera vez la soberanía alimentaria como el derecho de las personas y los países a definir su propias políticas agrícolas y alimentarias; que este concepto pretende que cada país pueda alimentar a su población y ser independiente; que la intención de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de reducir la dependencia de los agricultores de los productos externos se ajusta a esta definición;

AC. Considerando que el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, de 1994, y en particular el Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC) han contribuido a la especialización de las regiones agrícolas; que esta especialización ha dado lugar a regiones con altos niveles de exportaciones y otras que dependen casi totalmente de las importaciones; que esta situación no es resiliente ante las crisis, como las guerras, y es uno de los factores que contribuyen a la actual inestabilidad alimentaria mundial;

A. Emergencias humanitarias

1. Exige a la Federación de Rusia que ponga fin inmediatamente a todas las actividades militares en Ucrania, retire incondicionalmente todas las fuerzas y equipos militares y paramilitares de todo el territorio de Ucrania reconocido internacionalmente y respete plenamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente;

2. Señala que garantizar las cadenas de abastecimiento agroalimentarias y proteger la producción doméstica de alimentos nutritivos será fundamental para evitar una crisis alimentaria;

3. Pide una respuesta inmediata y coordinada y el despliegue del Mecanismo de Protección Civil de la Unión para maximizar el apoyo a Ucrania, especialmente en lo referente a la asistencia humanitaria y la ayuda alimentaria, así como proporcionar corredores humanitarios seguros de la Unión y ofrecer comida y alojamiento a todas las personas que huyen del país; resalta que aunque se calcula que la asistencia humanitaria de la Unión en términos financieros asciende a cerca de 500 millones EUR hasta ahora, se necesita más apoyo; destaca, en particular, que la Unión debe proporcionar asistencia humanitaria al pueblo ucraniano para garantizar la seguridad alimentaria a corto plazo en Ucrania y a todos los refugiados en la Unión a través de los programas de Acción de Cohesión para los Refugiados en Europa (CARE) y Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa, así como contribuir al plan de respuesta rápida de la FAO para Ucrania, aumentando su ayuda financiera; resalta que es necesario encontrar financiación adicional ya que los fondos de la política de cohesión desempeñan un papel primordial para garantizar el desarrollo armonizado de los Estados miembros; pide a la Unión que se coordine con las agencias de las Naciones Unidas y todos los socios sobre el terreno para proporcionar ayuda alimentaria y de subsistencia urgente a las personas afectadas por la guerra en Ucrania;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten sus contribuciones al PMA utilizando la Reserva para Solidaridad y Ayudas de Emergencia prevista en el marco financiero plurianual; señala que la Comisión y los Estados miembros contribuyen al PMA con 465 millones EUR al año y 1 470 millones EUR al año, respectivamente; señala, además, que la Reserva para Solidaridad y Ayudas de Emergencia cuenta con 1 200 millones EUR, de los que el 35 % (420 millones EUR) pueden utilizarse para países no miembros de la Unión Europea; subraya que el importe disponible en la Reserva para Solidaridad y Ayudas de Emergencia podría no ser suficiente y que podría ser necesaria más flexibilidad presupuestaria;

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen con urgencia, en coordinación con los socios internacionales y las instituciones internacionales pertinentes, todos los medios disponibles para evitar cualquier incumplimiento de la balanza de pagos de los países importadores, incluida la financiación directa y la reestructuración de su deuda; destaca la importancia de dar prioridad a la financiación basada en subvenciones como opción por defecto, especialmente para los países menos desarrollados, y no favorecer la combinación de mecanismos de garantía o préstamos en lugar de subvenciones, ya que ello podría aumentar la carga de la deuda;

B. Garantizar la seguridad alimentaria a corto plazo en la Unión

6. Subraya que el actual conflicto en Ucrania está poniendo de manifiesto las vulnerabilidades del sistema alimentario mundial; insta, por tanto, a la Unión a que salvaguarde los derechos de los países en desarrollo a la soberanía alimentaria como medio para lograr la seguridad nutricional, la reducción de la pobreza, unas cadenas de suministro mundiales inclusivas, sostenibles y justas y los mercados locales y regionales, prestando especial atención a la agricultura familiar, con el fin de garantizar el suministro de alimentos asequibles y accesibles;

7. Insta a la Comisión y al Consejo a que mantengan la cláusula general de salvaguardia introducida para la pandemia de COVID-19, que suspende las normas fiscales de los Estados en caso de emergencia;

8. Pide que el grupo de expertos del Mecanismo Europeo de Preparación y Respuesta ante las Crisis de Seguridad Alimentaria, desarrollado tras la pandemia de COVID-19, se reúna de nuevo lo antes posible para debatir las repercusiones de la guerra en la seguridad alimentaria en la Unión y fuera de ella; señala que, originalmente, este órgano debía reunirse a finales de marzo de 2022, lo que sería demasiado tarde para que sus deliberaciones fueran plenamente efectivas;

9. Destaca la importancia de las reservas de alimentos, tanto en la Unión como en los países no perteneciente a ella, para garantizar el acceso a los alimentos en tiempos de inestabilidad; insta a la Comisión a llevar a cabo una evaluación completa de todas las fuentes y reservas de alimentos, tanto públicas como privadas, que están disponibles a nivel de la Unión y a que evalúe los medios para movilizarlas y distribuirlas y para mitigar eficazmente los problemas de disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad, en particular en los países no pertenecientes a la Unión; destaca la necesidad de evaluar, además, la magnitud de las reservas comerciales privadas;

10. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que propongan rápidamente una reunión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO, que sería el foro de coordinación predilecto en la materia, ya que garantiza la representación inclusiva de todos los Estados; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que participen en este foro para garantizar la coordinación internacional, en particular en lo que respecta a las existencias, los biocarburantes y el apoyo financiero a los países importadores;

11. Insta a la Unión Europea a que convoque una reunión de urgencia del Consejo General de la OMC para que tome medidas sobre la regulación de los mercados de materias primas agrícolas a fin de reducir al máximo la especulación de los Estados o las empresas privadas y facilitar el acceso de los países dependientes a los alimentos básicos necesarios para sus poblaciones; subraya que las normas actuales de la OMC en materia de agricultura no permiten a los países aplicar políticas de soberanía alimentaria y cooperación regional e insta a la Comisión a que impulse los cambios necesarios;

12. Reconoce que la especulación del mercado, la manipulación y la negociación de productos alimentarios pueden inflar artificialmente los precios al por mayor y provocar la volatilidad del mercado; pide, en este sentido, la prohibición inmediata y temporal de las prácticas especulativas como la venta en corto, la deuda soberana y las permutas de cobertura por impago, las opciones sobre acciones a «futuro» y la negociación de alta frecuencia de productos alimentarios que pueden dar lugar a la manipulación del mercado, a prácticas predatorias y al mercantilismo; insta a la Comisión y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados a que trabajen con los reguladores nacionales para presentar una propuesta urgente que prohíba temporalmente las ventas en corto y proteja los productos alimentarios en los mercados bursátiles, incluso revisando el régimen de límites de posición de la Unión, actualmente muy permisivo, y que tenga en cuenta la volatilidad a la hora de fijar esos límites de posición; resalta la necesidad de contar con estadísticas transparentes sobre la producción agrícola tanto por parte de los agentes públicos como privados, especialmente teniendo en cuenta la gran concentración del mercado de cereales;

13. Pide que se establezca un apoyo financiero de emergencia para garantizar el acceso a los alimentos de los hogares que viven en la pobreza dentro de la Unión, mediante, entre otros, un aumento de la financiación del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas;

14. Insta a la Comisión a activar el artículo 219 del Reglamento (UE) 1308/2013[11] sobre el uso de la reserva de crisis para estabilizar la producción en la Unión, a condición de que se respeten los criterios de sostenibilidad;

15. Pide un apoyo financiero rápido y adecuado para los agricultores afectados por la crisis, pero insiste en que cualquier apoyo tiene que estar condicionado al cumplimiento de criterios de sostenibilidad, a fin de no empeorar la crisis climática y de biodiversidad ni socavar la base ecológica y los recursos naturales necesarios para la seguridad alimentaria a largo plazo y la continuidad de la producción de alimentos; señala, en este sentido, el papel de las SIE en el aumento de la biodiversidad funcional y de los rendimientos de las zonas de cultivo circundantes hasta en un 36 %; advierte enérgicamente contra el uso de los pesticidas en las SIE, ya que las ganancias de productividad acumuladas se perderán al matar a los depredadores de las plagas y a los polinizadores atraídos por las franjas, así como contra el arado, que provoca la pérdida del carbono acumulado; destaca, en particular, que ninguna de las medidas tomadas durante la crisis de Ucrania debe conducir a un aumento del uso de plaguicidas y fertilizantes artificiales, ni ser el motivo para conceder autorizaciones de emergencia para plaguicidas que han demostrado ser perjudiciales para la salud humana o de los ecosistemas; resalta que la medidas de urgencia deben estar estrictamente limitadas en el tiempo;

16. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a mantener el mercado único de la Unión abierto y a evitar más perturbaciones del mercado, en particular evitando las restricciones a las exportaciones;

17. Destaca la necesidad de utilizar plenamente los programas escolares para garantizar el acceso de los niños desfavorecidos a los alimentos; resalta, además, la utilidad de los programas de contratación pública para fomentar el apoyo público a la compra a pequeños agricultores y productores locales al abastecerse de alimentos nutritivos para su distribución, con el fin de evitar la inseguridad alimentaria;

18. Resalta que cada año se desperdician 88 millones de toneladas de comida en la Unión, cuyos costes asociados se estiman en 143 000 millones de EUR; destaca que abordar el desperdicio de alimentos tendría un efecto positivo inmediato en la seguridad alimentaria; reitera su petición para que se adopten las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos en la Unión en un 30 % de aquí a 2025 y en un 50 % de aquí a 2030, tomando como referencia el año 2014; destaca la necesidad de evitar la pérdida de alimentos durante el almacenamiento, de facilitar la donación de alimentos mediante la aplicación coherente de la legislación de responsabilidad y de fomentar el aprovechamiento de los alimentos; insta a los supermercados, en particular, a que aborden urgentemente el problema del desperdicio de alimentos evitable mediante opciones alternativas como lanzar promociones de precios reducidos y colaborar con los proyectos de la comunidad local, como los bancos de alimentos, para aliviar la pobreza y la inseguridad alimentarias; insta a los Estados miembros a que estudien legislar sobre otras prácticas comerciales desleales que generan desperdicio de alimentos, además de las ya contempladas en la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales[12]; pide que las próximas iniciativas sobre normas de comercialización den prioridad a la reducción del desperdicio de alimentos; destaca que la sobreproducción constante también corre el riesgo de generar desperdicio de alimentos; pide que se mejore el seguimiento de los residuos alimentarios en toda la Unión, en particular los generados en las explotaciones; insta a todos los Estados miembros a crear y poner en marcha programas de prevención del desperdicio de alimentos que integren plenamente los principios de la economía circular y contemplen el fomento de las cadenas alimentarias cortas, en las que disminuye el riesgo de generar desperdicios de alimentos;

C. Garantizar la seguridad alimentaria en la Unión a medio y largo plazo

19. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que establezcan rápidamente medidas de suspensión temporal para la producción y la mezcla de biocarburantes producidos a partir de cultivos, biolíquidos y combustibles de biomasa para garantizar el suministro de alimentos adicionales, estabilizar los mercados mundiales de productos alimentarios y eliminar gradualmente los biocarburantes producidos a partir de cultivos, sin incluir los biocombustibles avanzados, para 2030; insta a la Comisión a que inicie acciones concertadas entre los Estados Unidos y Canadá para que se dé prioridad a los alimentos frente a los biocarburantes producidos a partir de cultivos;

20. Pide que se promueva y simplifique el acceso a las medidas de eficiencia energética para reducir la carga de los costes a los agricultores en términos de insumos energéticos directos, al tiempo que señala que, en la mayoría de los sistemas ganaderos, los piensos son la categoría de uso de energía dominante;

21. Pide que se dé prioridad a los alimentos para las personas frente a los piensos para una población de animales de granja que supera las necesidades alimentarias de la Unión; insta, en particular, a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen por fin un plan proteico ambicioso, centrado en particular en el cultivo de leguminosas, que pueden proporcionar forrajes de cultivo propio y sustituir o reducir el uso de fertilizantes fijando el nitrógeno, y que disminuya la presión sobre los piensos y los costes de producción, avanzando hacia rumiantes que pacen en los pastos; señala que las plantas y animales editados genéticamente están patentados y, por tanto, deben evitarse ya que contribuirían aún más a la concentración del mercado de producción de semillas, plantas y animales y al aumento de los costes de los insumos, además de que no aportan ninguna ventaja sobre los sistemas agroecológicos, que tienen beneficios probados en términos de biodiversidad y del clima a la hora de aliviar la inseguridad alimentaria;

22. Insta a la Comisión a que refuerce aún más el objetivo de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» en cuanto a la reducción del uso de fertilizantes, y a que apoye, mediante todo tipo de políticas adecuadas, las prácticas para hacer más fértiles los suelos a través de medidas de producción propia que garanticen la independencia de las importaciones de fertilizantes o gas, como la rotación de cultivos, el compostaje y el uso de residuos animales dentro de los límites de la Directiva sobre los nitratos[13]; resalta que el uso de fertilizantes constituye aproximadamente el 50 % del uso de energía en la agricultura, si se tiene en cuenta tanto el uso directo como el indirecto; destaca que el aumento de los precios de la energía repercute en el aumento de los precios de los fertilizantes artificiales, lo que significa que el asesoramiento para encontrar alternativas agronómicas puede ser la opción más rentable; destaca la importancia de que los agricultores reciban apoyo técnico de servicios independientes de asesoramiento a las explotaciones para que puedan utilizar las técnicas agroecológicas más adecuadas y eficaces; destaca la capacidad demostrada de la agricultura ecológica para producir alimentos sin el uso de fertilizantes;

23. Advierte enérgicamente contra la utilización cínica de la guerra como una oportunidad para volver a un statu quo disfuncional e intrínsecamente insostenible que está clara y científicamente demostrado que es inadecuado para su propósito, y para no sacrificar nuestra seguridad alimentaria a medio y largo plazo por ganancias a corto plazo como la alimentación del ganado y los fermentadores de biocombustibles;

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24. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al presidente, al Gobierno y al Parlamento de Ucrania y al presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia.

 

Última actualización: 21 de marzo de 2022
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