PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la lucha contra la impunidad por los crímenes de guerra en Ucrania
13.5.2022 - (2022/2655(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno
Anna Fotyga, Angel Dzhambazki, Anna Zalewska, Beata Kempa, Bogdan Rzońca, Charlie Weimers, Dominik Tarczyński, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca, Hermann Tertsch, Jacek Saryusz‑Wolski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski
en nombre del Grupo ECR
Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0281/2022
B9‑0285/2022
Resolución del Parlamento Europeo sobre la lucha contra la impunidad por los crímenes de guerra en Ucrania
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania,
– Vista la Declaración de los jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en Versalles, sobre la agresión militar rusa contra Ucrania, de 10 y 11 de marzo de 2022,
– Vista la declaración de los líderes del G7, de 8 de mayo de 2022,
– Vista la declaración de la Comisión, de 25 de abril de 2022, sobre los crímenes de guerra perpetrados por Rusia,
– Vista la declaración conjunta del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y el ex primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, de 4 de marzo de 2022, en la que pedían la creación de un tribunal especial para sancionar el crimen de agresión contra Ucrania,
– Vistos los principios de Núremberg desarrollados por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, que determinan lo que constituye un crimen de guerra,
– Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI),
– Vista la Carta de las Naciones Unidas,
– Vistos el Acta final de Helsinki, de 1 de agosto de 1975, y los documentos posteriores,
– Vistas las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 2 de marzo de 2022, sobre la agresión contra Ucrania, y de 24 de marzo de 2022, sobre las consecuencias humanitarias de la agresión contra Ucrania,
– Vista la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,
– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,
A. Considerando que, desde la invasión injustificada de la República de Ucrania por parte de la Federación de Rusia, la consiguiente guerra se ha intensificado de forma continua y ha ocasionado un aumento de las víctimas y el armamento militar; que, entre 2014 y principios de 2022, la guerra se saldó con 14 000 víctimas civiles, y decenas de miles más desde el comienzo de la actual invasión; que, desde el 24 de febrero, al menos 226 niños han muerto y 417 han resultado heridos;
B. Considerando que el ejército ruso sigue efectuando bombardeos deliberados y ataques aéreos contra zonas residenciales e infraestructuras urbanas, como hospitales, escuelas, guarderías y zonas residenciales, que han supuesto la destrucción total o casi total de Mariúpol, Volnovaja y otras ciudades y pueblos;
C. Considerando que los soldados rusos siguen cometiendo crímenes de guerra y saquean, violan y ejecutan a civiles, e incluso disparan contra personas que intentan huir de las zonas de conflicto a través de corredores humanitarios establecidos previamente;
D. Considerando que las fuerzas rusas han atacado deliberadamente zonas donde la gente se refugiaba de la guerra, como el teatro y el hospital de maternidad de Mariúpol, la estación de tren de Kramatorsk y muchos otros lugares, a pesar de tener pleno conocimiento de la presencia de civiles y de que sus objetivos no tenían importancia militar;
E. Considerando que las fuerzas rusas están empleando de forma generalizada munición de racimo, interrumpiendo corredores humanitarios previamente acordados, lanzando ofensivas contra centrales nucleares y atacando monumentos, museos, iglesias y otros bienes culturales;
F. Considerando que las actuales ejecuciones masivas de civiles en las afueras de la capital de Ucrania, como en Bucha, la destrucción casi total de la ciudad de Mariúpol y el exterminio de sus heroicos habitantes, y las deportaciones masivas, junto con atrocidades similares cometidas por la Unión Soviética, como la masacre de Katyn, el genocidio del Gran Terror, las deportaciones masivas y el Holodomor, fueron autorizadas por altos cargos políticos y militares de Rusia;
G. Considerando que los países vecinos están lidiando con una enorme afluencia de refugiados que huyen de Ucrania, en concreto más de 3,2 millones han llegado a Polonia, más de 880 000 a Rumanía, más de 570 000 a Hungría, 450 000 a la República de Moldavia, 400 000 a Eslovaquia y 300 000 a Chequia;
H. Considerando que las autoridades ucranianas, así como los centros gubernamentales y no gubernamentales de otros países, están recopilando toda la información disponible sobre los crímenes de guerra cometidos por la Federación de Rusia en Ucrania;
I. Considerando que los crímenes de guerra perpetrados por la Federación de Rusia se ajustan a la definición de genocidio que figura en el artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio;
J. Considerando que muchos líderes de la UE y de sus Estados miembros, los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y otras organizaciones y países han visitado lugares donde Rusia ha cometido crímenes de guerra espantosos y han visto muestras del trato más cruel y violento que ha sufrido la población civil en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial;
K. Considerando que los líderes políticos y militares rusos responsables de crímenes de guerra actuales nunca fueron castigados por las atrocidades similares que cometieron anteriormente en Chechenia o Siria;
L. Considerando que más de 6,5 millones de personas, entre ellos 2,5 millones de niños, son desplazados internos en Ucrania;
M. Considerando que la Fiscalía General de Ucrania, dirigida por Iryna Venediktova, ha registrado más de 10 700 delitos desde que comenzó la guerra, y que ahora se han presentado algunos casos, o están preparados para su presentación, en un momento decisivo tras dos meses de guerra;
N. Considerando que, el 5 de abril de 2022, Alemania, Eslovaquia, España, Estonia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza y Ucrania declararon su intención de iniciar investigaciones sobre los crímenes de guerra perpetrados durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania de 2022, invocando el principio de competencia universal;
O. Considerando que al menos cuarenta y tres Estados remitieron la situación en Ucrania al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), que anunció, el 2 de marzo de 2022, la apertura de una investigación sobre la situación en Ucrania sobre la base de las remisiones recibidas; que ni Rusia ni Ucrania son Estados Parte del Estatuto de Roma de la CPI; que la Corte Internacional de Justicia dictaminó, el 16 de marzo, que Rusia «debe suspender inmediatamente las operaciones militares» iniciadas el 24 de febrero de 2022 en Ucrania;
P. Considerando que Ucrania, Lituania y Polonia establecieron el equipo conjunto de investigación (ECI) para facilitar la investigación y el enjuiciamiento de supuestos delitos internacionales básicos en jurisdicciones nacionales e internacionales, con la participación de Eurojust y la Fiscalía de la CPI;
Q. Considerando que, el 4 de marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas votó a favor de crear la comisión internacional de investigación sobre Ucrania con el mandato de investigar las violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario en el contexto de la invasión rusa de Ucrania de 2022;
R. Considerando que un tribunal especial es un tribunal penal establecido ad hoc por las Naciones Unidas con el fin de investigar delitos internacionales básicos (crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio) en un conflicto concreto; que las atrocidades que Rusia ha cometido en Ucrania y la invasión de Rusia en general cumplen todos los criterios necesarios para el establecimiento de un tribunal especial;
S. Considerando que las sanciones están teniendo efecto, pero que la compra de combustibles fósiles por parte de algunos países de la UE a Rusia sigue proporcionando al régimen medios que contribuyen a financiar la guerra;
T. Considerando que estudios académicos demuestran que la prohibición de las importaciones de combustibles fósiles procedentes de Rusia tendría repercusiones en el crecimiento económico de la Unión equivalentes a unas pérdidas estimadas inferiores al 3 % del PIB, mientras que las pérdidas potenciales para la economía rusa durante el mismo período ascenderían al 30 % del PIB y serían decisivas para detener la agresión rusa;
U. Considerando que la UE, así como el Reino Unido, los Estados Unidos y otros países, han congelado cantidades sustanciales de activos y fondos rusos;
1. Condena en los términos más enérgicos la guerra de agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania, así como la participación de Bielorrusia en esta guerra, y exige a Rusia que ponga fin inmediatamente a todas las actividades militares en Ucrania y que retire incondicionalmente todas las fuerzas y equipos militares de todo el territorio de Ucrania reconocido internacionalmente;
2. Subraya que la agresión militar y la invasión constituyen una grave violación del Derecho internacional, en particular del Convenio de Ginebra y sus protocolos adicionales y la Carta de las Naciones Unidas, y pide a la Federación de Rusia que vuelva a cumplir los deberes que le incumben como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad y que respete sus compromisos en virtud del Acta Final de Helsinki, la Carta de París para una Nueva Europa y el Memorando de Budapest sobre Garantías de Seguridad; considera que la invasión rusa de Ucrania es un ataque no solo contra un Estado soberano, sino también contra los principios y el mecanismo de cooperación y seguridad en Europa y el orden internacional basado en normas, tal como se definen en la Carta de las Naciones Unidas;
3. Expresa su escándalo e indignación por las atrocidades denunciadas, incluidas las violaciones y ejecuciones de civiles, los desplazamientos forzosos, los saqueos y ataques a infraestructuras civiles, como hospitales, instalaciones médicas, escuelas, refugios y ambulancias, y el tiroteo de civiles que intentan huir de las zonas de conflicto por los corredores humanitarios acordados previamente con el consentimiento de las fuerzas armadas rusas en varias ciudades ucranianas ocupadas, como Bucha; insiste en que los autores de crímenes de guerra y otras violaciones graves, así como los funcionarios del Gobierno y dirigentes militares responsables a todos los niveles, e incluso al rango más alto, deben rendir cuentas de sus actos; reitera su pleno apoyo a la investigación iniciada por la Fiscalía de la CPI sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, así como la labor de la comisión de investigación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
4. Acoge con satisfacción y apoya plenamente la labor de los fiscales e investigadores ucranianos para llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y pide a los Estados miembros de la UE, la comunidad internacional y las instituciones pertinentes que presten toda la ayuda a las autoridades ucranianas en este proceso;
5. Pide a los Estados miembros de la UE y a la comunidad internacional, en estrecha cooperación con Ucrania, que establezcan de manera urgente y ad hoc un tribunal penal internacional especial para investigar y procesar el crimen de agresión perpetrado por los líderes políticos y militares de la Federación de Rusia, y que proporcionen el apoyo financiero necesario al tribunal;
6. Pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que tomen todas las medidas necesarias mediante las instituciones y los procedimientos internacionales, en la CPI o en otros tribunales y cortes internacionales competentes, para que las acciones de Vladimir Putin y Aliaksandr Lukashenka se procesen como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y para enjuiciar a los líderes políticos y militares, así como a los soldados del ejército y los mercenarios; pide a las autoridades competentes de todos los Estados que faciliten las investigaciones y la cooperación en relación con los supuestos crímenes internacionales cometidos en el territorio de Ucrania como consecuencia de la invasión rusa a fin de garantizar la justicia y la rendición de cuentas;
7. Expresa su máximo apoyo a la decisión de la Fiscalía de la CPI de abrir una investigación sobre los supuestos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Ucrania, y subraya la importancia de trabajar y avanzar rápidamente para obtener las pruebas necesarias; exige, por lo tanto, que se preste apoyo financiero y práctico para contribuir a la importante labor de la CPI;
8. Condena enérgicamente la retórica rusa que apunta a un posible recurso al uso de armas de destrucción masiva por parte de la Federación de Rusia y hace hincapié en que cualquier despliegue de este tipo sería inaceptable y tendría las más graves consecuencias; condena, además, la toma por parte de las fuerzas rusas de instalaciones y emplazamientos nucleares activos o en desuso en el territorio de Ucrania, y hace hincapié en que la buena gestión de estas instalaciones es una cuestión sanitaria crucial para toda la región; subraya el papel fundamental del Organismo Internacional de Energía Atómica a la hora de garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares en Ucrania; apoya el llamamiento de las autoridades ucranianas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que adopte inmediatamente medidas para desmilitarizar la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil y permitir que el OIEA asuma inmediatamente el pleno control del emplazamiento de la central nuclear;
9. Pide que se aplique, cuanto antes, un embargo total e inmediato a las importaciones rusas de petróleo, carbón, combustible nuclear y gas; que se renuncie por completo a Nord Stream 1 y 2; y que se presente un plan para seguir garantizando la seguridad del suministro energético de Europa a corto plazo y la independencia total de los combustibles fósiles rusos a medio y largo plazo;
10. Expresa su total solidaridad con el pueblo ucraniano y sus fuertes aspiraciones por seguir transformando su país en un Estado europeo democrático y próspero; pide, por lo tanto, a las instituciones de la UE que concedan de inmediato a Ucrania el estatuto de país candidato a la UE, de conformidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea;
11. Reitera su apoyo incondicional a la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente;
12. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que establezcan urgentemente un instrumento jurídico que permita confiscar los activos y fondos rusos congelados para que puedan utilizarse como indemnizaciones y para la reconstrucción de Ucrania;
13. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al secretario general de las Naciones Unidas, al fiscal general de la Corte Penal Internacional Tribunal, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros de la UE, al presidente, al Gobierno y el Parlamento de Ucrania, y al presidente, el Gobierno y el Parlamento de la Federación de Rusia.