PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la muerte de Mahsa Amini y la represión de los manifestantes en defensa de los derechos de la mujer en Irán
3.10.2022 - (2022/2849(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno
Cornelia Ernst
en nombre del Grupo The Left
Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0434/2022
B9‑0439/2022
Resolución del Parlamento Europeo sobre la muerte de Mahsa Amini y la represión de los manifestantes en defensa de los derechos de la mujer en Irán
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Irán,
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,
– Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
– Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
– Vistas las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas y de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la muerte de Mahsa Amini y la represión de las protestas en Irán,
– Visto el informe del secretario general de las Naciones Unidas, de 4 de agosto de 2021, sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán,
– Vista la declaración sobre Irán del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en nombre de la Unión Europea, de 25 de septiembre de 2022,
– Vistas las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos,
– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,
A. Considerando que, en los últimos meses, la policía de la moral de Irán ha ampliado las patrullas callejeras, que someten a las mujeres que consideran que llevan un «hiyab suelto» a acoso verbal y físico y las detienen; que Mahsa Amini, una mujer iraní de 22 años de la minoría kurda, falleció en prisión tras ser detenida por la policía de la moral, acusada de violar el conservador código de vestimenta del país; que la muerte de Mahsa Amini ha puesto de relieve la opresión y la marginación de las mujeres en Irán y arroja luz sobre los malos tratos infligidos a las minorías étnicas no persianas del país, en particular a su importante población kurda;
B. Considerando que miles de personas han tomado las calles por todo Irán, en particular en Teherán, Isfahán, Karaj, Mashhad, Rasht, Saqqez y Sanandaj, en protesta contra la muerte de Amini; que las mujeres han desempeñado un papel destacado en las protestas, sobre todo agitando y quemando sus velos; que estas protestas son las más importantes en el país desde las manifestaciones de 2019, cuando unas 1 500 personas fueron asesinadas en una represión contra los manifestantes, la confrontación más sangrienta de la historia de la República Islámica de Irán;
C. Considerando que, como consecuencia del régimen de sanciones de los Estados Unidos, de la mala gestión económica por parte del Gobierno y de la corrupción, en particular durante la pandemia de COVID-19, Irán se enfrenta a importantes retos sociales y económicos; que los efectos del cambio climático, que provocó la escasez de agua y electricidad durante el verano, están afectando dramáticamente al país; que cada vez más ciudadanos pasan a vivir por debajo del umbral de la pobreza; que la elevada inflación y el desempleo generalizado han agravado el aumento de las disparidades económicas y de ingresos; que estos factores han alimentado las protestas;
D. Considerando que, a pesar de los reiterados llamamientos a la contención por parte de agentes nacionales e internacionales, incluidos el secretario general de las Naciones Unidas y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la respuesta de las fuerzas policiales y de seguridad iraníes a las manifestaciones ha sido extremadamente desproporcionada y mortífera; que al menos 76 personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad, entre ellas, mujeres y niños, y que cientos de personas han resultado heridas; que, según las informaciones disponibles, más de 1 200 manifestantes han sido detenidos, incluidos defensores de los derechos humanos, abogados, activistas de la sociedad civil y al menos 23 periodistas;
E. Considerando que las protestas han sido especialmente intensas en el noroeste de Irán, donde viven muchos miembros de la minoría kurda del país; que las provincias en las que se concentran los árabes y otras minorías han sufrido durante años tanto dificultades económicas como graves problemas medioambientales, que han sido ignorados por la estrategia de desarrollo centralizada de Irán, lo que ha creado grandes diferencias socioeconómicas entre el centro y la periferia y una distribución desequilibrada de los recursos estatales en el país;
F. Considerando que la Constitución iraní concede a las minorías étnicas los mismos derechos, permitiéndoles utilizar sus lenguas y practicar sus tradiciones; que, no obstante, los miembros de las comunidades minoritarias de Irán siguen siendo objeto de ataques por parte de las autoridades, también por su defensa de los derechos de las minorías, como la educación en la lengua materna; que el artículo 49 de la Constitución iraní se ha utilizado cada vez más para confiscar los bienes de las minorías, en particular de la minoría religiosa bahaí;
G. Considerando que, tras las manifestaciones solidarias en Erbil, capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, las fuerzas iraníes lanzaron ataques con drones y artillería contra esta región en el norte de Irak;
H. Considerando que los estudiantes universitarios iraníes han expresado su solidaridad con los manifestantes contra la muerte de Mahsa boicoteando las clases y protestando contra la represión;
I. Considerando que las autoridades iraníes han aumentado los ataques y la violencia contra los periodistas que cubren las protestas; que al menos 20 periodistas han sido detenidos y muchos han sido citados a interrogatorios y amenazados;
J. Considerando que, desde el inicio de las protestas, las autoridades iraníes han restringido drásticamente el acceso a internet y bloqueado las plataformas de mensajería; que la perturbación de los servicios de comunicaciones ha afectado gravemente la capacidad de las personas para intercambiar información, llevar a cabo actividades económicas y acceder a los servicios públicos;
K. Considerando que, en febrero de 2022, el Parlamento iraní ratificó la sección general del proyecto de ley de protección de los usuarios, restringiendo aún más el entorno informativo y aislando a Irán de la internet mundial; que, entre otras cuestiones, el proyecto de ley delega el control de las pasarelas internacionales en las fuerzas de seguridad y el ejército, y exige que las plataformas de redes sociales cooperen con este último respecto de su vigilancia y censura;
L. Considerando que, el 1 de noviembre de 2021, el Consejo de Guardianes aprobó la Ley sobre la población juvenil y la protección de la familia, que ha tenido consecuencias perjudiciales para el derecho de las mujeres y las niñas a la atención sanitaria sexual y reproductiva;
M. Considerando que el Tribunal Revolucionario de Urmia ha condenado a muerte a las defensoras de los derechos de las personas LGBTQI iraníes Zahra Sedighi Hamedani, de 31 años, y Elham Chubdar, de 24 años, acusadas de «corrupción en la tierra mediante la promoción de la homosexualidad»; que han sido condenadas por motivos discriminatorios vinculados a sus orientaciones sexuales o identidades de género reales o percibidas, a su activismo pacífico en materia de derechos de las personas LGBTQI, también en las redes sociales, y a su asociación con solicitantes de asilo LGBTQI en Irak; que una tercer activista LGBTQI, Soheila Ashrafi, de 52 años, que se encuentra actualmente detenida en la prisión central de Urmia junto con Sedighi Hamedani y Chubdar, a la espera de un veredicto por cargos similares;
1. Expresa su solidaridad con el pueblo iraní que lucha por los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI, los derechos sociales y humanos, y el fin de la corrupción y la mala gestión, así como de la pobreza y la represión; pide al Gobierno y al Parlamento iraníes que aborden urgentemente las razones subyacentes de las protestas y pongan fin inmediatamente a la actual represión;
2. Manifiesta su indignación por la detención de Mahsa Amini y su muerte bajo custodia; destaca que Mahsa Amini es otra víctima de la represión sostenida y la discriminación sistemática contra las mujeres en Irán, así como de la imposición de códigos de vestimenta discriminatorios que privan a las mujeres de su autonomía corporal y de las libertades de opinión, expresión y creencias;
3. Transmite su más sincero pésame y su profunda solidaridad a la familia de Mahsa Amini; pide al Gobierno iraní que garantice una investigación imparcial y eficaz sobre la trágica muerte de Mahsa Amini y las acusaciones de tortura y malos tratos por parte de una autoridad competente independiente que vele, en particular, por que su familia tenga acceso a la verdad y a la justicia;
4. Manifiesta su consternación por la continua represión de las mujeres por oponerse al velo obligatorio e insta al Gobierno iraní a que respete la libertad de las mujeres iraníes de elegir su propia indumentaria; subraya que ha llegado el momento de derogar todas las leyes y reglamentos discriminatorios que imponen la obligatoriedad del hiyab;
5. Lamenta profundamente la falta de avances en la adopción del proyecto de ley sobre la violencia contra las mujeres, presentado al Parlamento iraní en enero de 2021; considera que, si bien todavía son necesarias más mejoras respecto al cumplimiento de las normas internacionales, el proyecto de ley habría introducido algunos cambios positivos y aún puede hacerlo, en particular tipificando como delito la violencia contra las mujeres en Irán;
6. Insta al Gobierno iraní a que derogue inmediatamente la Ley sobre la población juvenil y la protección de la familia, adopte medidas para poner fin a la criminalización del aborto y garantice que todas las mujeres puedan acceder a todos los servicios sanitarios necesarios, incluida la atención sanitaria sexual y reproductiva, de manera segura, asequible y coherente con sus derechos humanos;
7. Pide la liberación inmediata de los manifestantes pacíficos, periodistas y defensores de los derechos humanos detenidos durante las protestas; pide a las autoridades iraníes que velen por que el trato dispensado a manifestantes, periodistas y defensores de los derechos humanos durante su detención cumpla las condiciones establecidas en el Conjunto de Principios de las Naciones Unidas para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, incluido el acceso inmediato de los detenidos a un abogado;
8. Denuncia las medidas represivas contra activistas sindicales y personas que hacen campaña por los derechos de los trabajadores, como la detención, el 1 de mayo de 2022, de 230 profesores que estaban en litigio con las autoridades; pide la liberación de los 23 líderes activistas que siguen detenidos;
9. Denuncia la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad iraníes contra los manifestantes de todo el país que ejercen sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica; expresa su consternación por el hecho de que tantas personas inocentes hayan perdido la vida durante las protestas y expresa su profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas o heridas; insta al Gobierno iraní a que ejerza la máxima contención en la gestión de las protestas, de conformidad con las reglas y normas internacionales pertinentes; exige a las autoridades iraníes a que garanticen la plena aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Irán es parte;
10. Manifiesta su consternación por la magnitud de las muertes en los centros de detención, tanto como consecuencia de la violencia y los malos tratos por parte de los funcionarios, como por la falta de acceso oportuno a la atención médica, lo que es motivo de profunda preocupación;
11. Denuncia la impunidad persistente de las violaciones de los derechos humanos en Irán, incluidas las muertes recurrentes de manifestantes debidas al presunto uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad, en particular en noviembre de 2019, julio de 2021 y mayo de 2022; insta urgentemente a las autoridades iraníes a que adopten medidas concretas para lograr la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos, y a que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de quienes piden cambios;
12. Pide a las autoridades iraníes que lleven a cabo investigaciones rápidas, independientes e imparciales sobre todas las violaciones cometidas, incluidas las matanzas de manifestantes y las denuncias de muertes y malos tratos en los centros de internamiento, e insiste en que los responsables deben rendir cuentas de sus actos;
13. Insta al Gobierno de Irán a que respete el derecho de los iraníes a ejercer la libertad de expresión, reunión y asociación pacíficas y a que, amén de investigar las violaciones que ya se han producido, restrinja severamente el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, conforme a lo previsto en las reglas y normas internacionales pertinentes;
14. Pide a las autoridades iraníes que restablezcan plenamente el acceso a internet, condena todas las medidas destinadas a impedir o perturbar intencionadamente el acceso o la difusión de información en línea, en violación del Derecho internacional en materia de derechos humanos, y pide a Irán que se abstenga de aplicar dichas medidas y las suspenda;
15. Insta a las autoridades iraníes a que pongan fin inmediatamente a la represión contra periodistas que cubren las protestas y a que levanten inmediatamente todas las restricciones al derecho a la información;
16. Expresa su profunda preocupación por los arrestos, detenciones temporales y agresiones físicas de defensores de los derechos humanos durante las protestas, y pide a las autoridades iraníes que liberen inmediata e incondicionalmente a todos los defensores de los derechos humanos detenidos;
17. Pide a las autoridades iraníes que aborden todas las formas de discriminación contra las personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, incluidas las comunidades beluchuán, kurda, árabe, bahaí, cristiana y LGBTQI, y que liberen inmediata e incondicionalmente a todas las personas encarceladas por ejercer su derecho a la libertad de religión o de creencias o por su orientación sexual; pide a las autoridades iraníes que dejen de perseguir a personas sobre la base de sus preferencias u orientaciones sexuales y que dejen de criminalizar a la comunidad LGBTQI en Irán;
18. Expresa su profunda preocupación por la pena de muerte impuesta a Zahra Sedighi Hamedani y a Elham Chubdar, y pide a las autoridades iraníes que revoquen inmediatamente sus condenas y penas de muerte y liberen a las dos mujeres; condena con la máxima firmeza la aplicación de la pena de muerte por relaciones entre personas del mismo sexo, que siguen siendo ilegales en Irán; reitera su firme oposición a la pena de muerte en todas las circunstancias y subraya que no cabe servirse de ninguna justificación moral, jurídica o religiosa; pide a Irán que imponga inmediatamente una moratoria del uso de la pena de muerte, como un paso hacia su abolición;
19. Condena la violación de la integridad territorial de Irak y pide a Irán que ponga fin inmediatamente a los ataques contra el territorio iraquí de población kurda;
20. Pide a las Naciones Unidas, y en particular a su Consejo de Derechos Humanos, que inicien sin demora una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido en las últimas semanas, dirigida por el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Irán, con el objetivo de arrojar luz sobre las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos en el país desde el inicio de las protestas, y pide a Irán que otorgue un acceso pleno y sin restricciones a las personas encargadas de esta investigación;
21. Reitera que el respeto de los derechos humanos es uno de los elementos fundamentales del desarrollo de las relaciones entre la Unión e Irán; pide que se envíe una delegación del Parlamento Europeo a Teherán para expresar su preocupación por los últimos acontecimientos;
22. Pide a la Unión que en sus relaciones bilaterales con Irán aborde las violaciones de los derechos humanos; pide al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que vele por que el Servicio Europeo de Acción Exterior siga planteando cuestiones de derechos humanos en el marco del diálogo de alto nivel entre la Unión e Irán;
23. Pide a la Unión que emprenda todas las iniciativas diplomáticas necesarias para promover un diálogo real y el respeto mutuo, y que evite políticas que amenacen la soberanía y la paz en toda la zona de Oriente Próximo;
24. Apoya las medidas selectivas contra los funcionarios iraníes responsables de graves violaciones de los derechos humanos; hace hincapié en el impacto negativo de las sanciones extraterritoriales unilaterales que los Estados Unidos restablecieron tras retirarse del Plan de Acción Integral Conjunto sobre la situación económica y social en Irán, que han afectado principalmente a los ciudadanos iraníes y al ejercicio de sus derechos económicos y sociales;
25. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Gobierno y al Parlamento de Irán, al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y al Servicio Europeo de Acción Exterior.