Propuesta de resolución - B9-0455/2022Propuesta de resolución
B9-0455/2022

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la muerte de Mahsa Amini y la represión de los manifestantes en defensa de los derechos de la mujer en Irán

4.10.2022 - (2022/2849(RSP))

tras una declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento

Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Charlie Weimers, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Dominik Tarczyński, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza, Patryk Jaki, Beata Mazurek, Ladislav Ilčić, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra
en nombre del Grupo ECR

Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0434/2022

Procedimiento : 2022/2849(RSP)
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B9-0455/2022
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B9-0455/2022
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B9‑0455/2022

Resolución del Parlamento Europeo sobre la muerte de Mahsa Amini y la represión de los manifestantes en defensa de los derechos de la mujer en Irán

(2022/2849(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores resoluciones sobre Irán, en particular la de 17 de febrero de 2022 sobre la pena de muerte en Irán[1], la de 8 de julio de 2021 sobre el caso de Ahmadreza Djalali en Irán[2], la de 17 de diciembre de 2020 sobre Irán, y en particular sobre el caso de Nasrin Sotudeh, galardonada con el Premio Sájarov 2012[3], la de 19 de septiembre de 2019 sobre Irán, y en particular sobre la situación de los defensores de los derechos de la mujer y de los nacionales de la Unión con doble nacionalidad encarcelados[4], y la de 19 de diciembre de 2019 sobre la violenta represión de las recientes protestas en Irán[5],

 Vista la declaración, de 19 de septiembre de 2022, del portavoz de la vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), sobre la muerte de Mahsa Amini,

 Vista la declaración de los expertos de las Naciones Unidas, de 22 de septiembre de 2022, sobre la muerte de Mahsa Amini,

 Vistos el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/584 del Consejo, de 12 de abril de 2021, de aplicación del Reglamento (UE) n.o 359/2011 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Irán[6], y la Decisión de Ejecución (PESC) 2021/585 del Consejo, de 12 de abril de 2021, que aplica la Decisión 2011/235/PESC relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Irán[7],

 Visto el régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos (Ley Magnitski de la UE), de 7 de diciembre de 2020,

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

 Visto el Pacto Internacional de Derechos y Civiles y Políticos de 1966,

 Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que Mahsa Amini, una mujer kurda-iraní de 22 años, también conocida por su nombre kurdo Jhina, fue detenida el 13 de septiembre por supuestamente llevar su hiyab puesto «de manera indebida»; que Mahsa Amini fue golpeada durante su detención, falleciendo tres días más tarde, a saber el 16 de septiembre de 2022; que las autoridades iraníes sostienen que su muerte obedeció a causas naturales; que no se ha llevado a cabo una investigación adecuada; que los médicos impidieron al padre de la víctima ver su cuerpo y el informe de la autopsia;

B. Considerando que miles de iraníes se han echado a las calles para protestar por la muerte de Mahsa Amini en más de 120 ciudades de más de 30 provincias del país, en particular en Teherán, Isfahán, Karaj, Mashhad, Rasht, Saqqes y Sanandaj; que los dirigentes y las autoridades iraníes han advertido de que actuarán con dureza y determinación contra los participantes en las protestas; que las fuerzas de seguridad han respondido de forma excesiva y desproporcionada, utilizando munición real, pistolas de balines y gases lacrimógenos contra los manifestantes;

C. Considerando que las protestas han continuado pese a la brutal represión ejercida por las autoridades iraníes, que incluye el cierre de internet y e importantes restricciones a las plataformas de redes sociales Instagram, Whatsapp y LinkedIn; que al menos 133 personas han sido asesinadas, incluidos niños, y más de 1 200 personas han sido detenidas, incluidos activistas políticos, periodistas, deportistas y famosos;

D. Considerando que, durante las protestas, muchas mujeres se quitaron su hiyab o se cortaron el pelo en protesta por la muerte de Mahsa Amini; que en 1983 se impuso el velo obligatorio en Irán; que desde entonces las mujeres han sido acosadas, detenidas, encarceladas, torturadas, azotadas y asesinadas;

E. Considerando que las protestas también han unido a personas de diferentes orígenes religiosos y étnicos y están lideradas por numerosos activistas estudiantiles y muchos mujeres y hombres veinteañeros de clase media, extracción urbana y buena formación académica, que expresan su apoyo a los derechos de las mujeres y a las libertades fundamentales; que las protestas y huelgas en más de 100 universidades se han convertido en manifestaciones callejeras en todo el país, al salir los estudiantes de los campus y unirse a las protestas;

F. Considerando que el 30 de septiembre de 2022 el Ministerio de Inteligencia y Seguridad iraní (MOIS) afirmó haber detenido en los últimos días a nueve extranjeros, incluidos alemanes, polacos, franceses, italianos, neerlandeses y suecos, por su supuesta participación en las protestas; que el MOIS afirmó que estaba vigilando estrechamente a embajadas extranjeras cuyos agentes supuestamente habían participado en las recientes protestas y advirtió, entre otros, a diplomáticos alemanes, franceses, británicos y suecos; que los ciudadanos con doble nacionalidad iraní y europea siguen siendo detenidos, sometidos a juicios injustos, encarcelados en régimen de aislamiento y condenados en base a acusaciones de espionaje falsas y vagas;

G. Considerando que el 30 de septiembre de 2022 el MOIS declaró que había detenido a 49 miembros de la Organización Popular Mojahedin en Irán, a los que acusaba de organizar actos terrorismo y vandalismo y de generar noticias falsas para incitar a disturbios: que el MOIS dijo también haber detenido a 77 agentes de grupos disidentes kurdos, tres líderes de la fe bahaí, dos supuestos agentes de esta confesión para los medios de comunicación y 92 partidarios de la antigua monarquía Pahlavi;

H. Considerando que las protestas en Irán han dado lugar a un aumento de la vigilancia y la intimidación por parte de los servicios de inteligencia iraníes contra la diáspora iraní en todos los Estados miembros, en clara violación de los derechos civiles de ciudadanos europeos;

I. Considerando que los tribunales iraníes, y en particular los tribunales revolucionarios, no suelen brindar juicios justos y aceptan las confesiones obtenidas bajo tortura como pruebas; que las autoridades también restringen sistemáticamente el acceso de los detenidos a la asistencia letrada, en particular durante el período de investigación;

J. Considerando que la situación de los derechos humanos en Irán se está deteriorando cada vez más, y que los expertos de las Naciones Unidas han expresado su alarma ante la creciente persecución de la religión y las creencias sobre el terreno; que el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica está incluido en las listas de sanciones de la Unión y de los EE. UU. por su participación en violaciones graves de los derechos humanos;

K. Considerando que, según diversas informaciones, cada año son brutalmente asesinadas en Irán entre 400 y 500 mujeres en los denominados «crímenes de honor»; que, en virtud del Código Penal iraní, estos «crímenes de honor» están permitidos en determinadas circunstancias sin imposición de pena alguna; que con frecuencia no se hace justicia ni a hombres y a mujeres en los delitos cometidos contra ellos en nombre del «honor»;

L. Considerando que en Irán persiste la persecución religiosa, incluidas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de miembros de minorías religiosas; que los aproximadamente 500 000 cristianos de Irán sufren una discriminación generalizada, pese a representar menos del 1 % de la población iraní; que los cristianos practicantes y los conversos del islam al cristianismo o a cualquier otra confesión se exponen a persecución religiosa; que otras minorías religiosas, como los bahaíes o los yarsaníes sufíes, también son objeto de persecución; que ser musulmán es un requisito para la mayoría de los empleos públicos;

M. Considerando que Ebrahim Raisi, elegido presidente de Irán en junio de 2021 y que figura en la lista de sanciones de los Estados Unidos, ejerció anteriormente como máximo responsable del poder judicial iraní, pese a tener un historial bien documentado de graves violaciones de los derechos humanos; que la victoria de Ebrahim Raisi fue orquestada por las instituciones de la República Islámica en unas elecciones que no fueron totalmente libres ni justas; que únicamente 7 de los 592 candidatos recibieron el visto bueno para presentarse a la presidencia del Consejo de Guardianes; que ninguno de los candidatos eran mujeres, miembros de grupos minoritarios ni personas con opiniones opuestas a las del régimen;

N. Considerando que durante el mandato de Ebrahim Raisi como líder del poder judicial iraní desde principios de 2019 al menos tres presos políticos han sido ejecutados, varios han sido asesinados en prisión o han fallecido por falta de atención médica y muchos de ellos han sido condenados a muerte en Teherán y Shiraz; que se han denunciado múltiples casos de tortura de presos políticos y de detenidos durante las protestas; que Ebrahim Raisi también fue miembro de una «comisión de la muerte» que llevó a cabo ejecuciones sumarias de hasta 5 000 presos políticos en 1988;

O. Considerando que el doctor Ahmadreza Djalali, un nacional sueco-iraní, fue detenido en octubre de 2017 tras visitar Irán para asistir a talleres sobre medicina en situaciones de catástrofe; que el doctor Djalali ha sido condenado a muerte en Irán por falsos cargos de espionaje y se enfrenta a una ejecución inminente; que fue sometido a una enorme presión y a confesiones falsas bajo tortura; que problemas médicos le han impedido alimentarse adecuadamente, lo que le ha provocado una dramática pérdida de peso; que su detención ha sido utilizada por Irán como medio de presión en sus negociaciones con la comunidad internacional y las autoridades belgas;

P. Considerando que el 12 de diciembre de 2020 fue ejecutado en Irán el periodista Ruhollah Zam; que Zam, que estaba exiliado en Francia, fue atraído hacia Irak y posteriormente extraditado ilegalmente a Irán para que fuera ejecutado;

Q. Considerando que, el 12 de septiembre de 2020, las autoridades iraníes ejecutaron al luchador de lucha libre Navid Afkari tras acusarle de delitos que él negó categóricamente; que sus hermanos, Vahid y Habib, permanecen en prisión y han sido condenados a largas penas; que el 23 de agosto de 2022 se supo que Vahid Afkari había sido amenazado con ser condenado a muerte;

R. Considerando que el 27 de septiembre de 2022 se supo que el grupo hacktivista Anonymous tenía en su poder documentos del Banco Nacional de Irán que demostraban que la República Islámica había blanqueado enormes sumas de dinero a través de personas corruptas en Europa;

S. Considerando que el 28 de septiembre de 2022 el ejército iraní disparó casi un centenar de misiles y lanzó drones suicidas contra bases militares pertenecientes al Partido Democrático Kurdo de Irán ubicadas en el Kurdistán iraquí, matando a 13 personas e hiriendo a otras 58;

T. Considerando que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha declarado que en los últimos años Irán ha seguido siendo el mayor patrocinador mundial del terrorismo, al proporcionar apoyo político, financiero, operativo y logístico a toda una serie de grupos incluidos tanto en la lista de terroristas de la Unión como en la lista estadounidense de organizaciones terroristas extranjeras;

U. Considerando que el 22 de septiembre de 2022 la Oficina de Control Exterior (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló a la «policía de la moral» de Irán por sus abusos y violencia contra las mujeres iraníes y por violación de los derechos de manifestantes pacíficos iraníes; que la OFAC también señala al MOIS, al ejército de tierra, a las fuerzas de resistencia Basij y a los cuerpos policiales; que esta decisión se adoptó en virtud del Decreto n.º 13553, que impone sanciones a determinadas personas por violaciones graves de los derechos humanos por parte del Gobierno de Irán;

V. Considerando que el 26 de septiembre de 2022 el sistema de satélites Starlink de Elon Musk activó su servicio de banda ancha por satélite en Irán después de que Estados Unidos permitiera a las empresas privadas ofrecer a Irán acceso a internet sin censura durante las protestas en curso; que el acceso abierto a internet nace de la activación de Starlink en Ucrania tras la agresión de Rusia contra este país; que Irán ha proporcionado a Rusia drones para ser utilizados en su guerra contra Ucrania en una supuesta contrapartida por la compra de aviones de combate rusos avanzados Sujhoi-35 (Su-35) para modernizar su propia fuerza aérea, actualmente envejecida;

W. Considerando que el 7 de diciembre de 2020 el Consejo adoptó un Reglamento por el que se establece el régimen de sanciones de la Unión de alcance mundial en materia de derechos humanos; que el 12 de abril de 2011 se adoptaron por primera vez las medidas restrictivas por violaciones graves de los derechos humanos en Irán, medidas que se han ido prorrogando cada año;

X. Considerando que las negociaciones sobre la renovación del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) están en curso y que al parecer no se espera ningún acuerdo antes de las elecciones de mitad de mandato de los Estados Unidos; que prosiguen las conversaciones sobre la investigación de garantías iniciada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tras encontrar restos de uranio en tres emplazamientos no declarados en Irán;

Y. Considerando que la agresión rusa contra Ucrania ha dado lugar a una intensificación de las relaciones entre Teherán y Moscú; que, en este contexto, se tienen noticias de un posible mecanismo para permitir a Rusia eludir las sanciones contra ella mediante un sistema de «permuta» en el que Teherán recibirá petróleo ruso a cambio de que Irán venda su propio petróleo a clientes rusos, así como de otros esfuerzos conjuntos para eludir las sanciones internacionales;

1. Lamenta la muerte de Mahsa Amini y transmite sus condolencias a su familia y a sus amigos; pide una investigación rápida, imparcial y efectiva de su muerte por parte de una autoridad competente independiente en cooperación con las organizaciones internacionales;

2. Expresa su apoyo tanto a las jóvenes iraníes que lideran las protestas como a las que participan en ellas pese a las dificultades y las repercusiones personales a las que se enfrentan; condena enérgicamente la violencia y la discriminación contra las mujeres en Irán y lamenta que las mujeres se vean obligadas a llevar velo contra su voluntad, so pena de sufrir represalias violentas o incluso de ser asesinadas; pide que se ponga fin a las leyes discriminatorias y a los requisitos indumentarios para las mujeres en Irán, incluido el hiyab obligatorio;

3. Condena enérgicamente la violenta represión ejercida por las autoridades iraníes contra los manifestantes; lamenta la consiguiente pérdida de vidas humanas, así como los heridos como consecuencia de las protestas, y transmite sus condolencias a las víctimas y a sus familias; pide a las autoridades iraníes que se abstengan de utilizar una fuerza desproporcionada contra manifestantes pacíficos y subraya que todas las graves acusaciones de violencia contra los manifestantes deben investigarse de forma exhaustiva e independiente;

4. Pide la liberación de todos los manifestantes detenidos, así como de todos los activistas de derechos humanos, periodistas y otros presos de conciencia detenidos ilegalmente en Irán, y pide que se retiren todos los cargos contra ellos; reitera su apoyo a las aspiraciones del pueblo iraní, que desea vivir en un país libre, integrador y democrático que respete sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales;

5. Expresa su profunda preocupación por las noticias de la detención de nueve ciudadanos europeos en Irán, entre los cuales nacionales alemanes, polacos, franceses, italianos, neerlandeses y suecos, así como por las amenazas públicas de MOIS contra las embajadas alemana, francesa, británica y sueca, entre otras; exige la liberación inmediata de estos ciudadanos europeos y la retirada de todos los cargos contra ellos;

6. Pide al VP/AR Josep Borrell y al Servicio Europeo de Acción Exterior que denuncien públicamente la represión contra las mujeres, los defensores de los derechos humanos y las minorías en Irán y que pidan la liberación de los ciudadanos europeos detenidos y de los manifestantes pacíficos iraníes; recuerda que el respeto de los derechos humanos es un componente fundamental para el desarrollo de las relaciones entre la UE e Irán, y pide al VP/AR Borrell que haga hincapié en que cualquier mejora de las relaciones económicas con Irán está condicionada al fin de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por Irán;

7. Condena la interrupción y la censura de Internet por parte de las autoridades iraníes como parte de su represión contra las protestas; acoge con satisfacción la activación de Starlink en Irán y la decisión de los Estados Unidos de permitir a las empresas privadas ofrecer a Irán acceso a internet sin censura durante las protestas actuales; insta a los Estados miembros y a las empresas europeas a que adopten medidas similares para facilitar el acceso a internet en Irán;

8. Reitera su firme condena por el deterioro continuo de la situación de los derechos humanos en Irán, también para las personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, debido a una discriminación sistemática en los ámbitos político, económico, social y cultural;

9. Pide a las autoridades iraníes que erradiquen todas las formas de discriminación contra las personas pertenecientes a minorías, estén o no reconocidas oficialmente, que respeten los derechos y libertades fundamentales de las minorías étnicas y religiosas, incluida la libertad de conciencia y el pleno ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones con todos los demás ciudadanos;

10. Condena enérgicamente el creciente uso de la pena de muerte por parte de las autoridades iraníes en los últimos años; lamenta la alarmante escalada del uso por Irán de la pena de muerte contra manifestantes, disidentes y miembros de grupos minoritarios mediante abuso del sistema de justicia penal para reprimir actividades pacíficas que promueven y defienden los derechos humanos; pide a las autoridades iraníes que dejen inmediatamente de aplicar la pena de muerte y avancen hacia su abolición;

11. Expresa su profunda preocupación por la situación de Ahmadreza Djalali, Vahid Afkari y todos los demás encarcelados ilegalmente en Irán; reitera su llamamiento en favor de la liberación incondicional de estas personas y de que se retiren todos los cargos contra ellas; Exige a las autoridades iraníes que garanticen la protección de los derechos de los presos y detenidos en todo momento, incluido el de recibir una atención médica adecuada y el pleno acceso a sus familias y a los abogados de su elección; reitera su llamamiento a Irán para que acepte las solicitudes de visitas de representantes de organizaciones internacionales; pide a las autoridades iraníes que dejen de amenazar a la familia de Ahmadreza Djalali en Irán y Suecia;

12. Condena enérgicamente el ataque del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, sin provocación previa, en la provincia iraquí de Erbil, y subraya que estos ataques indiscriminados amenazan a civiles inocentes y a la estabilidad de la región; subraya el papel desestabilizador del régimen iraní en toda la región y denuncia que el régimen es responsable de la muerte de cientos de miles de civiles en Irán, Siria, Yemen e Irak; condena enérgicamente la cooperación de Irán con Rusia y el que Irán esté enviando suministros para la guerra rusa contra Ucrania;

13. Expresa su consternación y su profunda preocupación por el hecho de que la Comisión haya financiado o cofinanciado campañas que trivializan el uso del velo islámico, incluida la campaña del Consejo de Europa cofinanciada por la Comisión, en la que se afirma que «la belleza está en la diversidad, al igual que la libertad está en el hiyab»; insta a las instituciones europeas a no financiar ni cofinanciar ninguna campaña futura que pueda promover el hiyab islámico o ejercer cualquier tipo de presión sobre las mujeres y niñas musulmanas para que se sientan obligadas a llevarlo;

14. Celebra la adopción por parte del Consejo del régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos (Ley Magnitski de la UE), que constituye un instrumento importante para que la Unión sancione a los infractores de los derechos humanos; pide al Consejo que imponga sanciones en respuesta a las violaciones graves de los derechos humanos, incluidos los actos de represión, la vigilancia de las telecomunicaciones y todas las violaciones perpetradas contra civiles iraníes;

15. Pide al Consejo que prepare medidas selectivas contra la «policía de la moral» iraní —cuyos agentes participaron en la muerte de Mahsa Amini, han cometido graves violaciones de los derechos humanos contra manifestantes, y son responsables de ejecuciones y detenciones arbitrarias de ciudadanos con doble nacionalidad y extranjeros en Irán—, y contra los jueces que han condenado a muerte a periodistas, defensores de los derechos humanos, disidentes políticos y activistas; pide que se retire a los embajadores de los Estados miembros en Irán; reitera que no deben levantarse las sanciones contra los líderes del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica;

16. Pide al VP/AR que suspenda todas las negociaciones sobre el PAIC a la luz de las conclusiones de la investigación del OIEA y del comportamiento hostil de Teherán tanto en la región como en la escena mundial;

17. Pide que se lleve a cabo una investigación independiente sobre el papel de Ebrahim Raisi en asesinatos, desapariciones forzadas y torturas que constituyen crímenes contra la humanidad;

18. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al líder supremo de la República Islámica de Irán, al presidente de la República Islámica de Irán, a los miembros del Parlamento de la República Islámica de Irán y a la familia de Mahsa Amini.

 

Última actualización: 5 de octubre de 2022
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