PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación en Burkina Faso tras el golpe de Estado
14.10.2022 - (2022/2865(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno
Marc Botenga
en nombre del Grupo The Left
B9‑0465/2022
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Burkina Faso tras el golpe de Estado
El Parlamento Europeo,
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,
– Vistos la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el protocolo de 1967,
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por Burkina Faso el 4 de enero de 1999,
– Vistos la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por Burkina Faso el 4 de enero de 1999, y el Protocolo Facultativo de la Convención, ratificado por Burkina Faso el 7 de julio de 2010,
– Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ratificada por Burkina Faso el 6 de julio de 1984,
– Vista la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por Burkina Faso el 3 de diciembre de 2009,
– Vista la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Burkina Faso el 14 de octubre de 1987,
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Burkina Faso el 4 de enero de 1999,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Burkina Faso,
– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,
A. Considerando que el país está sumido en la violencia y ha asistido a dos golpes de Estado en ocho meses; Considerando que, el 30 de septiembre, el capitán Ibrahim Traoré derrocó al teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, que había llegado al poder por la fuerza en enero al derrocar al presidente electo, Roch Marc Christian Kaboré;
B. Considerando que, según las autoridades burkinesas, en septiembre de 2022, los atentados terroristas se habían cobrado la muerte de más de 10 000 personas desde 2015; considerando que, según el informe de situación del 3 de octubre de 2022 [1] elaborado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), a fecha de 30 de abril de 2022, Burkina Faso contaba con 1 520 012 desplazados, de los cuales el 59,13 % eran niños y el 23,28 %, mujeres, y había 708 341 alumnos afectados por el cierre de 4 258 escuelas; considerando que, en junio de 2022, había más de 35 657 personas exiliadas en la región; considerando que, en octubre de 2022, había 4,9 millones de personas en situación de necesidad humanitaria; considerando que se necesitan 805,1 millones de dólares para el plan de respuesta humanitaria de 2022 de la OCHA, pero que, por el momento, apenas se ha financiado el 33,3 % de esta suma;
C. Considerando que, en estos últimos meses, los ataques dirigidos contra decenas de civiles y soldados han aumentado en el norte y el este de Burkina Faso, donde las ciudades se encuentran sometidas a un bloqueo por parte de yihadistas; considerando que, el 26 de septiembre, treinta y siete víctimas, entre ellas veintisiete soldados, murieron (según las cifras oficiales) en un ataque a un convoy de suministros que se dirigía a la ciudad de Djibo; considerando que el atentado fue reivindicado por Al-Qaeda y setenta camioneros están desaparecidos (según su sindicato); considerando que este nuevo atentado fue considerado un catalizador del golpe de Estado del 30 de septiembre;
D. Considerando que, al igual que el Sr. Damiba antes que él, Ibrahim Traoré justificó su golpe de Estado por la incapacidad de las autoridades para atajar el continuo deterioro de las condiciones de seguridad; considerando que, según los sindicatos burkineses, este golpe de Estado es también el resultado de la decadencia de un ejército nacional formado por clanes preocupados por los negocios y la gestión del poder;
E. Considerando que, según un decreto firmado por Ibrahim Traoré, el sábado 8 de octubre, el viernes 14 y el sábado 15 de octubre se celebrarán «audiencias nacionales» para propiciar un acuerdo sobre el contenido de la carta de transición y el nombramiento de un presidente de transición antes de la organización de elecciones en 2024; considerando que cada vez más personas abogan por que el presidente de transición sea el propio Ibrahim Traoré;
F. Considerando que la situación de inseguridad en el Sahel es consecuencia de la desestabilización de la región y la proliferación de armas causadas por la invasión de Libia en 2011; considerando que Burkina Faso se enfrenta, al igual que los demás países de la región, a una situación de seguridad cada vez más difícil; considerando que el país sufre un ciclo de atentados terroristas cada vez más frecuentes, sobre todo en el norte del país, cerca de la frontera con Mali y Níger; considerando los riesgos cada vez mayores de comunitarización de la crisis de seguridad, pero también los riesgos de estigmatización y repliegue identitario;
G. Considerando que, en los últimos años, el país ha sufrido una explosión de la violencia de género contra mujeres y niñas; considerando que las amenazas contra las mujeres y los jóvenes son especialmente graves, entre otras, la explotación sexual y económica, la violencia de género, el reclutamiento forzoso y la trata de personas; considerando que las mujeres burkinesas, cuya tasa de acceso a la educación es la mitad que la de los hombres, son las más afectadas por la pobreza extrema;
H. Considerando el aumento del resentimiento contra Francia como Estado y sus símbolos durante los últimos años en la región; considerando que la presencia del ejército francés en el Sahel es cada vez más cuestionada por la población y los dirigentes políticos; considerando que, desde su puesta en marcha en agosto de 2014, la operación Barkhane, dirigida por las fuerzas francesas en cooperación con los países del G5 del Sahel y las Naciones Unidas (MINUSMA), no han podido poner fin a las acciones de grupos terroristas en la región; considerando que cada vez tienen lugar más manifestaciones contra la presencia del ejército francés;
I. Considerando que, a pesar del anuncio realizado en noviembre de 2021 sobre la retirada del secreto de Defensa en torno al asesinato de Thomas Sankara, Francia todavía no ha enviado todos los archivos pertinentes; considerando que el apoyo de Francia al régimen del dictador Blaise Compaoré es uno de los elementos que han contribuido al rechazo hacia las autoridades francesas en el país y en la región;
J. Considerando que Burkina Faso está profundamente afectada por el neocolonialismo y el imperialismo, que se traducen entre otros aspectos en el acaparamiento de recursos y tierras por parte de las multinacionales, así como por la imposición de acuerdos de libre comercio (AAE) que empeoran la situación económica y las reformas neoliberales que resultan dramáticas para el pueblo; considerando que el índice de corrupción continúa siendo elevado en el país; considerando que el cambio neoliberal que se produjo bajo el régimen de Blaise Compaoré (1987-2014) y las relaciones entre el Estado y el sector privado en torno al oro han contribuido de forma decisiva a la situación de inseguridad que se vive actualmente en Burkina Faso;
K. Considerando que en este contexto de rechazo a la antigua potencia colonial, el capitán Traoré ha dejado claro que desea trabajar con otros socios internacionales; considerando que la República Popular China ha expresado su voluntad de colaborar con la comunidad internacional para desempeñar un papel; considerando que el Gobierno ruso y empresas militares privadas, como el Grupo Wagner, intentan obtener provecho de esta situación;
L. Considerando que, con un PIB per cápita de 851 dólares en 2021, Burkina Faso es uno de los países que menos riqueza generan; considerando que el PIB de Burkina Faso en 2021 ascendía a casi 18 300 millones de dólares; considerando que, en 2014, el 43,8 % de la población del país vivía por debajo del umbral de pobreza nacional, según el Banco Mundial; considerando que los indicadores de salud maternoinfantil aún no han alcanzado los índices fijados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social;
M. Considerando que la economía está en gran medida dominada por la agricultura, que emplea a casi el 80 % de la población activa, y más concretamente por el cultivo del algodón; considerando que el país sigue siendo vulnerable, por una parte, a los efectos climáticos asociados a las variaciones pluviométricas, y por otra, a la volatilidad de las cotizaciones mundiales de sus productos de exportación; considerando que, a finales de febrero de 2022, la invasión de Ucrania por parte de Rusia contribuyó a incrementar el precio de los fertilizantes nitrogenados, importados mayoritariamente de Rusia y Bielorrusia, cuyos precios se duplicaron o incluso triplicaron en algunos mercados; considerando que Burkina Faso es el país de la región que presenta la mayor escasez de estos productos; considerando que los agricultores temen consecuencias catastróficas para la campaña agrícola, muy gravemente afectada ya por la violencia yihadista, los efectos del cambio climático y las repercusiones de la pandemia de COVID-19;
N. Considerando que, según el marco integrado de clasificación de la seguridad alimentaria publicado en enero de 2022 [2], se estimó que en el período comprendido entre agosto de 2021 y julio de 2022, 699 000 niños de entre seis y cincuenta y nueve meses sufrirían desnutrición aguda; considerando que, según este informe, el cierre o el mal funcionamiento de las estructuras sanitarias en las provincias donde el acceso humanitario es limitado ha reducido el acceso de la población a la asistencia sanitaria; considerando que el impacto de la pandemia de COVID-19, así como las consecuencias de la guerra en Ucrania y el bloqueo de las materias primas, representan las principales causas de la mala situación nutricional de los más vulnerables, en especial las mujeres y los niños menores de cinco años;
O. Considerando que el Sahel sigue estando en primera línea de la emergencia climática; considerando que, en esta región, las temperaturas aumentan 1,5 veces más que la media mundial, lo que ha agravado los conflictos por los escasos recursos y propiciado el ascenso de grupos armados ajenos a la organización del Estado, entre otras amenazas;
P. Considerando que el país registró un incremento fulgurante de la producción de oro en las décadas de 2000 y 2010, tras el fuerte crecimiento del precio de este mineral y las extraordinarias inversiones realizadas por empresas internacionales como la canadiense True Gold; considerando que, en cinco años, Burkina Faso se ha convertido en el cuarto exportador de oro de África; considerando que esta situación se ha traducido en la explotación de diecisiete minas industriales y en la producción de sesenta toneladas de oro en 2020; considerando que el número de minas artesanales ha aumentado de doscientas en 2003 a más de setecientas en 2014; considerando que las condiciones de trabajo en las minas son pésimas y que los riesgos para la salud y el medio ambiente son elevados; considerando que las explotaciones mineras artesanales de oro, en las que trabajan casi dos millones de personas, registran derrumbes mortales provocados por el uso de explosivos y por las aguas pluviales; considerando que estos yacimientos también son codiciados por los grupos terroristas para la financiación de sus actividades;
Q. Considerando que, desde julio de 2018, las manifestaciones públicas en varios países de África y en la región de París exigen la abolición del franco CFA que, al igual que la deuda y los AAE, perpetúa el dominio de Francia sobre los catorce países que lo utilizan;
R. Considerando que, según un informe del Ministerio de Defensa enviado al Parlamento francés en julio de 2017, los contratos de venta de armas, sistemas de vigilancia por satélite, patrulleras y otros equipos firmados por Francia con países africanos ascendieron a un importe estimado en 1 166 millones de dólares en 2016; considerando que, según los datos oficiales del informe anual de la Unión Europea, desde 2013, los Estados miembros han concedido 506 licencias de equipos militares a Mali y Burkina Faso, por un importe de 205 millones de euros;
S. considerando que se estima que existen unas sesenta filiales burkinesas de empresas francesas privadas (en sentido estricto) y un centenar de empresas burkinesas cuyo capital pertenece a ciudadanos franceses o directamente gestionadas por franceses; considerando que existen empresas de este tipo en la mayoría de los sectores de la economía, como la agricultura (especialmente el algodón con Geocoton), el sector agroalimentario (cervecería Castel, propietaria de Brakina, productor de aceite), la industria de transformación, la industria de la construcción y las obras públicas (Vinci), la logística y el transporte (Air France, grupo Bolloré), el comercio, la distribución (CFAO, Total) los servicios, sobre todo banca (BNP Paribas y Société Générale) y seguros (Allianz y Gras Savoye);
1. Se muestra especialmente preocupado por el clima de creciente violencia e inseguridad en el país desde 2015; toma nota del decreto firmado por Ibrahim Traoré el sábado 8 de octubre sobre la celebración de las «audiencias nacionales» el viernes 14 y el sábado 15 de octubre; insiste en la necesidad de restablecer el orden constitucional lo antes posible y de organizar elecciones libres y transparentes;
2. Condena enérgicamente todos los ataques perpetrados por grupos yihadistas contra civiles, lugares de culto y fuerzas policiales y de defensa; expresa sus condolencias a las víctimas de estos ataques y a sus allegados;
3. Subraya que la lucha contra el terrorismo no puede llevarse a cabo en detrimento de los derechos de la población; pide, por tanto, a las autoridades de Burkina Faso que garanticen el respeto íntegro de los derechos humanos, incluida la libertad de culto, de creencias y de conciencia; pide a las autoridades del país que garanticen la prohibición total y en cualquier tipo de circunstancias de la tortura y los malos tratos, especialmente en las operaciones de lucha contra el terrorismo, y que lleven ante la justicia a los responsables de la comisión de actos violentos;
4. Subraya asimismo que la mejor manera de erradicar el terrorismo es cortando la financiación de los grupos armados y atajando sus causas profundas, que son la pobreza y las desigualdades; considera, en este contexto, que la utilización de mercenarios y empresas de seguridad privada no servirá para solucionar la espiral de violencia;
5. Pide a las autoridades que apoyen y faciliten el trabajo que llevan a cabo las organizaciones humanitarias en Burkina Faso, garantizándoles un acceso humanitario sin obstáculos y permitiéndoles dar a conocer la situación y las necesidades de las personas desplazadas;
6. Hace hincapié en el derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación sin injerencias externas; condena, por tanto, la injerencia y la explotación económica de las potencias exteriores, en particular de la antigua potencia colonial; subraya su oposición a toda forma de neocolonialismo, también en Burkina Faso;
7. Constata el creciente rechazo existente hacia la antigua potencia colonial y hacia la diplomacia europea en el continente; insiste en que la única manera de recuperar la confianza de los pueblos es sustituyendo las relaciones de dominio militar, económico, monetario y político por relaciones en pie de igualdad, basadas en el cumplimiento del Derecho internacional y del principio de no injerencia en los asuntos internos;
8. Considera necesario que la Unión Europea evalúe la eficacia del G5 del Sahel y construya un nuevo marco de relaciones con los países del Sahel, más orientado hacia la defensa de los derechos humanos y el desarrollo económico y social; exige que la cooperación con esta región no esté subordinada a los intereses económicos de las multinacionales; pide que se establezcan nuevos marcos de seguridad en la región, según un planteamiento multidimensional basado en los derechos humanos y el desarrollo;
9. Se opone a las políticas de defensa, a una visión proteccionista de las políticas migratorias y a la externalización de las fronteras de la Unión; exige que el derecho de asilo y el Derecho internacional se respeten íntegramente y en todas las circunstancias;
10. Comparte las críticas de los pueblos y de los dirigentes políticos sobre la incapacidad de las operaciones militares para resolver los problemas de inseguridad; condena de nuevo la invasión ilegal de Libia ejecutada bajo los auspicios de la OTAN, que ha desestabilizado toda la región, ha provocado la proliferación de armas y ha dado lugar a un incremento de los atentados terroristas y de la trata de seres humanos;
11. Insiste en que todos los Estados miembros de la Unión deben cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y abstenerse de aplicar cualquier política que pueda fomentar las violaciones de los derechos humanos en Burkina Faso y el Sahel;
12. Apoya a la sociedad civil de Burkina Faso en sus reivindicaciones de democratización y respeto de los derechos humanos, entre otros, de los derechos sindicales;
13. Comparte las reivindicaciones de los movimientos y movilizaciones que tienen lugar en África y en Europa, y que reclaman el fin del franco CFA y del eco, de los AAE y demás instrumentos de dominio político y económico en África; apoya el llamamiento de los sindicatos burkineses a que el ejército nacional regrese de inmediato a los cuarteles y a la salida de las bases y tropas extranjeras, en especial las francesas, de Burkina Faso;
14. Subraya que Burkina Faso debe tener libertad para cooperar con los países que desee; sin embargo, comparte la posición de los sindicatos burkineses de que Burkina Faso debería diversificar sus asociaciones basándose en el respeto de su soberanía nacional;
15 Toma nota del comienzo, en octubre de 2021, del juicio por la muerte de Thomas Sankara; exige que se dilucide la causa de su fallecimiento y que se juzgue a los responsables; pide que se desclasifiquen lo antes posible todos los documentos clasificados como «secreto de Defensa» por Francia y que se aclare la responsabilidad del Gobierno francés en su asesinato;
16. Reitera la necesidad de que se respete el derecho de Burkina Faso a la soberanía alimentaria, incluido el derecho de los agricultores a producir los alimentos necesarios para el sustento de la población, poniendo fin al acaparamiento de tierras y garantizando el acceso de los agricultores a la tierra, las semillas y el agua;
17. Pide a la comunidad internacional que elimine los obstáculos al desarrollo de Burkina Faso, anulando la deuda y los pagos de intereses que el país sigue atendiendo, e implantando una verdadera cooperación internacional que respete los derechos fundamentales y la soberanía del Estado burkinés; reclama una auditoría de la deuda de Burkina Faso y la cancelación de todas las deudas ilegítimas contraídas con acreedores extranjeros;
18. Invita a la Unión y a sus Estados miembros a que incrementen el apoyo financiero y la ayuda humanitaria al objeto de satisfacer las necesidades urgentes de la población burkinesa y, en particular, de los desplazados y de los refugiados en los países vecinos; Pide que la ayuda de la Unión y de sus Estados miembros se proporcione en forma de subvenciones y no de créditos, para no aumentar la carga de la deuda; lamenta que la mayoría de los Estados miembros de la Unión no hayan alcanzado el objetivo de asignar el 0,7 % de su RNB a la ayuda oficial al desarrollo y que algunos hayan reducido incluso el porcentaje que destinan a esta ayuda;
19. Reitera que las actividades de las empresas europeas que operan en países terceros deben respetar plenamente las normas internacionales en materia de derechos humanos; pide a los Estados miembros que garanticen que las empresas que se rijan por sus legislaciones nacionales, si establecen o llevan a cabo sus actividades en un tercer Estado, permanezcan obligadas a respetar los derechos humanos y a cumplir las normas sindicales, sociales, sanitarias y medioambientales que se les imponen; ruega a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias contra las empresas europeas que no cumplan estas normas o que no indemnicen de manera adecuada a las víctimas de violaciones de los derechos humanos de las que sean directa o indirectamente responsables;
20. Invita en particular a Burkina Faso a que emprenda una investigación independiente sobre las normas sociales y medioambientales que aplican las empresas europeas, en especial en el sector del oro y en la industria agroalimentaria;
21. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión y Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al secretario general de las Naciones Unidas, a las instituciones de la Unión Africana, a la Comunidad del África Oriental, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, a los Estados miembros de la Unión y al presidente y al Parlamento de Burkina Faso.