PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre el reconocimiento de la Federación de Rusia como Estado promotor del terrorismo
16.11.2022 - (2022/2896(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno
Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Bernard Guetta, Vlad Gheorghe, Hilde Vautmans, Georgios Kyrtsos, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
en nombre del Grupo Renew
Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0482/2022
B9‑0482/2022
Resolución del Parlamento Europeo sobre el reconocimiento de la Federación de Rusia como Estado promotor del terrorismo
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Rusia y Ucrania, incluida su Resolución, de 25 de noviembre de 2021, sobre violaciones de los derechos humanos por parte de empresas militares y de seguridad privadas, en particular el Grupo Wagner[1],
– Visto el marco jurídico internacional para la prevención y la lucha contra el terrorismo,
– Visto el marco jurídico de la Unión contra el terrorismo, en particular la Posición Común 2001/931/PESC y el Reglamento (CE) n.º 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo[2],
– Vistas las observaciones del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en el debate extraordinario celebrado el 1 de marzo de 2022 en el Parlamento Europeo sobre la agresión rusa contra Ucrania,
– Vista la declaración, de 14 de marzo de 2022, realizada por Zbigniew Rau, presidente en ejercicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que calificó los ataques del Gobierno de la Federación de Rusia contra civiles inocentes e infraestructuras civiles en Ucrania como «terrorismo de Estado»,
– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,
A. Considerando que Rusia, bajo el régimen dictatorial de Vladímir Putin, ha continuado su guerra de agresión ilegal, no provocada e injustificada contra Ucrania;
B. Considerando que las fuerzas y unidades paramilitares rusas han atacado sistemáticamente a civiles en Ucrania, como muestran las masacres de civiles en ciudades como Bucha e Irpin, el ataque deliberado a un teatro de Mariúpol en el que murieron cientos de personas, el ataque contra la estación de tren de Kramatorsk, que mató a sesenta civiles, el ataque a un centro comercial en Kremenchuk, que causó la muerte de diecinueve civiles, y el ataque contra un convoy de coches civiles en la región de Zaporiyia, en el que perdieron la vida al menos treinta personas;
C. Considerando que, hasta la fecha, los ataques con misiles y artillería rusos han dañado o destruido 60 982 infraestructuras civiles en toda Ucrania, incluidos 42 818 edificios residenciales y casas, 1 960 centros educativos, 396 centros médicos, 392 edificios culturales y 87 edificios religiosos;
D. Considerando que, desde el inicio de su guerra de agresión, la Federación de Rusia ha cometido 457 crímenes contra periodistas y medios de comunicación en Ucrania, según los datos de seguimiento recopilados por el Instituto de Información de Masas de Ucrania; que, hasta octubre de 2022, los ocupantes rusos han matado a más de cuarenta periodistas ucranianos y extranjeros;
E. Considerando que las fuerzas rusas siguen atacando deliberadamente las infraestructuras críticas ucranianas en todo el país con el fin de aterrorizar a la población y privarla del acceso al gas, la electricidad, el agua, internet y otros bienes y servicios básicos, lo que resulta especialmente devastador dada la proximidad del invierno;
F. Considerando que Rusia ocupa la central nuclear de Zaporiyia desde marzo de 2022, lo que supone una grave amenaza para la seguridad y la protección de la central; que Rusia ha secuestrado a los trabajadores de la central nuclear y los ha obligado a trabajar; que Rusia ha almacenado equipo militar en la central eléctrica y ha abierto fuego en las inmediaciones de la central; que Rusia también ha puesto en peligro la seguridad y la protección de la central nuclear de Chernóbil;
G. Considerando que los grupos de derechos humanos y las misiones internacionales de observación han documentado exhaustivamente las numerosas atrocidades cometidas por las fuerzas armadas rusas y sus representantes contra civiles ucranianos, incluidas mujeres y niños, como ejecuciones sumarias, torturas, violaciones y detenciones masivas en los denominados centros de filtración, así como adopciones forzosas de niños ucranianos y deportaciones forzosas; que el número de crímenes de guerra documentados en Ucrania se acerca a los 40 000 y se espera que esta cifra aumente una vez que se documenten los crímenes de guerra en las zonas liberadas recientemente de la región de Jersón;
H. Considerando que Rusia ha incumplido reiteradamente sus compromisos de respetar el Derecho internacional humanitario, en particular la Convención de Ginebra, y sigue tratando a los prisioneros de guerra de manera inhumana, en particular torturándolos y negándoles el tratamiento médico, y que está impidiendo el acceso a organizaciones humanitarias internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja;
I. Considerando que funcionarios rusos han amenazado reiteradamente con utilizar armas nucleares para defender los intereses de Rusia en Ucrania;
J. Considerando que las fuerzas armadas rusas y los grupos rusos controlados por el Estado, como el Grupo Wagner, han atacado repetidamente a civiles en muchos otros lugares, también durante la segunda guerra chechena, la guerra entre Rusia y Georgia de 2008 y la guerra civil siria, así como durante los conflictos actuales en la República Centroafricana y Mali; que el Grupo Wagner recibe un importante apoyo político, económico y logístico de las autoridades rusas, en particular del Ministerio de Defensa ruso;
K. Considerando que, durante muchos años, Rusia ha apoyado y financiado a regímenes y organizaciones terroristas y es el mayor proveedor de armas del régimen de Assad en Siria, y que ha perpetrado ataques en países soberanos y en su propio territorio, como el envenenamiento con agentes neurotóxicos de la familia Skripal en el Reino Unido, el envenenamiento de Alexéi Navalni y el bombardeo de depósitos de municiones en la República Checa en 2014;
L. Considerando que Rusia también está librando una guerra de información activa, difundiendo desinformación sobre Ucrania, llevando a cabo operaciones especiales para desestabilizar la sociedad de Ucrania y desacreditando las relaciones con los socios internacionales de Ucrania;
M. Considerando que el Estado ruso sigue negando su responsabilidad por el derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines, que causó 298 víctimas mortales, y se niega a colaborar con los órganos judiciales internacionales;
N. Considerando que la Unión mantiene una lista de personas, grupos y entidades implicados en actos terroristas que son objeto de sanciones, pero que no dispone de un marco jurídico para designar a un Estado como promotor del terrorismo, a diferencia de países como los Estados Unidos y Canadá;
O. Considerando que, en los últimos meses, los Parlamentos de Lituania, Letonia y Estonia, el Senado polaco y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa han adoptado resoluciones en las que declaran a Rusia como Estado promotor del terrorismo o declaran que el régimen ruso actual es un régimen terrorista;
P. Considerando que la Resolución del Senado de los Estados Unidos, de 27 de julio de 2022, y la Resolución de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de 12 de mayo de 2022, instaban al Departamento de Estado a que designara a la Federación de Rusia como Estado promotor del terrorismo;
1. Condena con la máxima firmeza los crímenes de guerra y los actos terroristas cometidos contra civiles por la Federación de Rusia y sus representantes en pos de sus objetivos políticos destructivos en Ucrania y en el territorio de otros países, y reconoce a Rusia como un Estado promotor del terrorismo y como un Estado que utiliza medios terroristas;
2. Denuncia la ocupación rusa de la central nuclear de Zaporiyia, destinada a aterrorizar a la población ucraniana, y condena a Rusia por haber convertido las centrales nucleares en objetivos militares;
3. Expresa su solidaridad con el pueblo ucraniano y las demás víctimas de la agresión de Rusia;
4. Pide al Consejo que incluya al Grupo Wagner, así como a otros grupos armados, milicias o representantes financiados por Rusia, en la lista de la Unión de personas, grupos y entidades implicados en actos terroristas;
5. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que elaboren un marco jurídico de la Unión para la designación de los Estados como «promotores del terrorismo», lo que activaría a una serie de medidas restrictivas importantes contra esos países y tendría profundas implicaciones de carácter restrictivo para las relaciones de la Unión con esos países; pide al Consejo que considere a continuación la posibilidad de añadir a la Federación de Rusia a una lista de la Unión de Estados promotores del terrorismo;
6. Señala que los Estados, los agentes no estatales y las personas que apoyan y posibilitan la agresión militar de Rusia, así como el refuerzo de la capacidad militar rusa, deben rendir cuentas; reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que apoyen todos los procesos internacionales y nacionales legítimos que investiguen los crímenes cometidos en el marco de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, con vistas a exigir responsabilidades a todos los autores y proporcionar el apoyo adecuado para la creación de un tribunal especial que se ocupe del crimen de agresión de Rusia contra Ucrania; pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que incluyan el crimen de agresión en sus legislaciones nacionales; insta a la Unión y a los Estados miembros a que sigan prestando apoyo a las investigaciones en curso en el marco de las competencias de la Corte Penal Internacional; destaca la necesidad de que la Unión garantice la inclusión de una perspectiva de género en estas investigaciones, incluido el enjuiciamiento de los delitos de violencia sexual contra las mujeres, que también pueden constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad;
7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen en pro de la creación de un mecanismo internacional integral de indemnización, que incluya un registro internacional de daños, y que cooperen activamente con las autoridades ucranianas en este asunto;
8. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que prohíban el uso público y la exhibición de símbolos relacionados con la agresión militar y los crímenes de guerra de Rusia de tal modo que se exprese apoyo o se justifiquen dichas actividades;
9. Elogia la labor de periodistas ucranianos e internacionales que cuentan al mundo la verdad sobre la guerra en Ucrania, a menudo arriesgando sus propias vidas; pide que se investiguen los crímenes cometidos por Rusia contra periodistas en Ucrania y las actividades de quienes participan en campañas delictivas de desinformación que forman parte integrante de la guerra a gran escala contra Ucrania;
10. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a las Naciones Unidas, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a la Corte Penal Internacional, al presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia, y al presidente, al Gobierno y al Parlamento de Ucrania.