PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre los nuevos actos de represión contra la población de Bielorrusia, en particular los casos de Andrzej Poczobut y Ales Bialiatski
8.3.2023 - (2023/2573(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler‑Lima, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Liudas Mažylis, Radosław Sikorski, Milan Zver
en nombre del Grupo PPE
Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0164/2023
B9‑0164/2023
Resolución del Parlamento Europeo sobre los nuevos actos de represión contra la población de Bielorrusia, en particular los casos de Andrzej Poczobut y Ales Bialiatski
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Bielorrusia,
– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 21 y 22 de octubre de 2021,
– Vistas las declaraciones del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Josep Borrell, de 25 de marzo de 2021, sobre la persecución de la Unión de Polacos en Bielorrusia, y, de 17 de enero de 2023, sobre los juicios contra líderes opositores y periodistas,
– Vista la declaración de los ministros de Asuntos Exteriores del G-7, de 4 de noviembre de 2022, a propósito de Bielorrusia,
– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,
A. Considerando que el régimen bielorruso ha perseverado en sus actos de represión contra el pueblo bielorruso, y que representantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas de la oposición y muchos otros han sido perseguidos por motivos políticos; que la persecución penal sigue siendo una de las formas más graves de represión y sigue estando extendida;
B. Considerando que, en marzo de 2023, más de 1 450 personas figuran en la lista de presos políticos bielorrusos que elabora el Centro de Derechos Humanos Viasna; que en febrero de 2023 se añadieron 69 nombres a la lista; que Viasna es consciente de que al menos 2 900 personas han sido condenadas en causas penales por motivos políticos;
C. Considerando que prosiguen las detenciones arbitrarias de personas por ejercer sus derechos civiles; que Viasna informó de 258 detenciones de este tipo en febrero de 2023, además de 195 casos de persecuciones administrativas por motivos políticos; que los jueces dictaron 31 penas de prisión administrativa y 11 multas en el mismo período;
D. Considerando que Ales Bialiatski, un destacado defensor de los derechos humanos y fundador del Centro de Derechos Humanos Viasna, fue detenido el 12 de febrero de 2022 y se encuentra en prisión preventiva; que su juicio por motivos políticos comenzó el 5 de enero de 2023 y concluyó el 3 de marzo de 2023, y que fue condenado a diez años en una colonia penal y a una severa multa; que fue declarado culpable de «contrabando» y de «alterar gravemente el orden público»;
E. Considerando que Andrzej Poczobut, periodista y vicepresidente de la Unión de Polacos en Bielorrusia, fue detenido el 25 de marzo de 2021 y posteriormente condenado a tres años de prisión acusado de insultar públicamente al presidente de Bielorrusia e incitar al odio étnico; que, el 8 de febrero de 2023, el Tribunal Regional de Hrodna le declaró culpable de fomentar acciones destinadas a atentar contra la seguridad nacional de la República de Bielorrusia e incitar a la hostilidad étnica, y lo condenó a ocho años de reclusión en un centro penitenciario de seguridad reforzada;
F. Considerando que los cargos contra Andrzej Poczobut y Ales Bialiatski se consideran en general basados en motivos políticos y destinados a silenciar voces independientes y suprimir la libertad de expresión y asociación;
G. Considerando que las fuerzas políticas democráticas bielorrusas siguen siendo objeto de persecución; que el 17 de enero de 2023 comenzó el juicio por motivos políticos en rebeldía de la jefa del Gabinete de Transición Unido, Svetlana Tijanóuskaya, y de miembros del Consejo de Coordinación, entre ellos, Maria Maroz, Volha Kavalkova, Pavel Latushka y Siarhei Dyleuski; que, el 6 de marzo de 2023 Svetlana Tijanóuskaya fue condenada a quince años de prisión, Pavel Latushka a dieciocho años de prisión y Maria Maroz, Volha Kavalkova y Siarhei Dyleuski a doce años de prisión;
H. Considerando que las autoridades de Bielorrusia han violado reiteradamente los derechos humanos de los ciudadanos bielorrusos, incluidos sus derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación; que la represión sigue afectando a todos los sectores de la sociedad, incluidos el mundo académico, los medios de comunicación y los defensores de los derechos humanos; que la persecución de las personas continúa bajo el pretexto de la lucha contra el extremismo y el terrorismo;
I. Considerando que los presos políticos son objeto de una represión adicional; que esta adopta varias formas, entre ellas, mantener a los presos políticos en condiciones prohibidas de conformidad con las obligaciones internacionales de Bielorrusia, someterlos a sanciones disciplinarias por motivos falsos, encerrarlos en celdas de castigo, elevar el nivel de seguridad para algunos presos políticos y prorrogar arbitrariamente sus penas de reclusión, violar el derecho de los presos políticos a la correspondencia y privarles de visitas familiares con pretextos inverosímiles;
J. Considerando que el régimen ha proseguido sus actos de represión contra abogados en represalia por expresar puntos de vista sobre cuestiones de derechos, representar a clientes en asuntos con motivación política y expresar opiniones contrarias a la guerra en Ucrania; que, desde agosto de 2020, al menos setenta abogados han perdido sus licencias a raíz de decisiones arbitrarias del Ministerio de Justicia o de procedimientos de inhabilitación por motivos políticos; que, en 2022, siete abogados se enfrentaron a acusaciones penales por motivos políticos y siguieron enfrentándose a cargos administrativos, detenciones, registros y acoso;
K. Considerando que las autoridades bielorrusas siguen adoptando medidas que restringen los derechos de los bielorrusos que viven en el extranjero; que, en 2022 y 2023, 58 personas fueron detenidas tras regresar a Bielorrusia por su participación en las protestas de 2020 o por compartir contenidos considerados «extremistas» en las redes sociales;
L. Considerando que el régimen de Lukashenka ha adoptado medidas cada vez más represivas contra las minorías nacionales en Bielorrusia, en particular contra la minoría polaca, incluido el cierre de escuelas que enseñan en esta lengua nacional minoritaria, así como contra organizaciones que representan a la minoría polaca, como la Unión de Polacos en Bielorrusia; que el régimen de Lukashenka distorsiona la verdad y la memoria históricas al difundir mentiras sobre supuestas atrocidades cometidas contra bielorrusos durante la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente después por el Estado secreto polaco; que la discriminación sistemática contra la minoría nacional polaca se viene produciendo desde hace muchos años;
M. Considerando que el 1 de marzo de 2023 se inauguró en Bruselas la oficina oficial de la Bielorrusia democrática, en una ceremonia a la que asistió Svetlana Tijanóuskaya;
N. Considerando que el régimen ilegítimo sigue reprimiendo la libertad de religión y creencias; que el régimen prohibió el culto en la Iglesia de la Nueva Vida de Minsk y detuvo al pastor de esta iglesia Viachaslau Hancharenka, así como al pastor Antoni Bokun; que, el 26 de septiembre de 2022, Minsk Heritage, la agencia inmobiliaria que controla el edificio de la Iglesia Roja, católica, ordenó a la parroquia que retirara todas sus propiedades del edificio a raíz de un incendio en circunstancias no aclaradas;
O. Considerando que, según el Consejo de Coordinación, solo en 2022 ocho sacerdotes católicos romanos, tres sacerdotes católicos griegos, seis sacerdotes ortodoxos y siete pastores protestantes se enfrentaron a diversas formas de presión del régimen ilegítimo, desde multas hasta largas penas de prisión, entre ellos Siarhei Rezanovich, que fue condenado a dieciséis años de prisión en una colonia penal en condiciones estrictas; que a los prisioneros políticos se les deniega sistemáticamente el acceso a la literatura religiosa y las visitas de sacerdotes o pastores;
P. Considerando que, el 7 de septiembre de 2022, el Comité de Ministros del Consejo de Europa invitó a la secretaria general del Consejo de Europa a crear un grupo de contacto sobre Bielorrusia en cooperación con representantes de las fuerzas democráticas y de la sociedad civil bielorrusas;
1. Reafirma su solidaridad con los ciudadanos de Bielorrusia que siguen manifestándose por una Bielorrusia soberana, libre y democrática, poniendo en riesgo su libertad y cada vez más su propia vida, y exige la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y de todas las personas detenidas, encarceladas o condenadas arbitrariamente por motivos políticos, y que se retiren todos los cargos contra ellos, así como su plena rehabilitación e indemnización económica por los daños sufridos como consecuencia de su detención ilegítima; pide que se ponga fin a la violencia estatal;
2. Reitera su condena, en los términos más enérgicos posibles, de la represión en curso contra la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los activistas políticos en Bielorrusia, también a través de juicios por motivos políticos; condena la represión sistemática ejercida por el régimen de Lukashenka contra civiles, que ha obligado a miles de bielorrusos a huir del país desde las elecciones amañadas del 9 de agosto de 2020; reitera que la campaña de represión sistemática en curso y el desplazamiento forzoso de civiles constituyen graves violaciones de los derechos humanos;
3. Condena la detención y condena de Andrzej Poczobut y Ales Bialiatski; denuncia las numerosas violaciones de su derecho a un juicio justo y pide su liberación inmediata e incondicional, así como su plena rehabilitación y una indemnización;
4. Denuncia que los juicios por motivos políticos se celebran a puerta cerrada y sin las debidas garantías procesales, lo que infringe las obligaciones y compromisos internacionales del país y tiene como resultado la imposición de sentencias duras e injustificadas a los líderes de la oposición;
5. Condena la persecución de la minoría nacional polaca en Bielorrusia y de sus representantes; pide a las autoridades bielorrusas que pongan fin a todas las medidas adoptadas contra la minoría nacional polaca y que respeten sus derechos, incluido el derecho a la educación en polaco;
6. Reitera su firme condena de la participación de Bielorrusia en la guerra de agresión injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania y del apoyo que presta, también a través del llamado referéndum que restablece el estatuto nuclear del país, pero también permitiendo la circulación de tropas y armas, el uso del espacio aéreo del país, el repostaje y el almacenamiento de munición militar; reconoce que Bielorrusia es un cómplice del apoyo estatal al terrorismo y el cómplice de un Estado que utiliza medios terroristas;
7. Condena la retórica beligerante utilizada por los dirigentes bielorrusos contra Ucrania y la difusión masiva de propaganda y desinformación sobre la guerra de agresión; reitera que Lukashenka y otros altos cargos bielorrusos comparten la responsabilidad de los crímenes de guerra cometidos en Ucrania y deben rendir cuentas ante los tribunales internacionales pertinentes y el tribunal especial propuesto para el crimen de agresión contra Ucrania; expresa su apoyo a los voluntarios y rebeldes bielorrusos que luchan por la independencia de Bielorrusia y ayudan a Ucrania en su defensa frente a la guerra de agresión rusa;
8. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que endurezcan las sanciones de la Unión contra las personas y entidades responsables de la represión sistemática en Bielorrusia, que garanticen su correcta aplicación y que aborden las lagunas en la aplicación de las sanciones; pide que todas las sanciones impuestas a Rusia por la guerra de agresión contra Ucrania se apliquen de manera estrictamente idéntica a Bielorrusia;
9. Reclama a la Comisión y a los Estados miembros que presten apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad civil en Bielorrusia, que se enfrentarán a una severa represión, en particular mediante la expedición de visados de emergencia para abandonar Bielorrusia en caso necesario;
10. Pide a la Comisión que refuerce el apoyo al desarrollo de capacidades de los sindicatos independientes de Bielorrusia, los medios de comunicación libres, la sociedad civil y los activistas en favor de la democracia, tanto en Bielorrusia como en el exilio; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan prestando apoyo a la sociedad civil bielorrusa, a los medios de comunicación independientes y a los grupos y estructuras políticos democráticos, por ejemplo, el Consejo de Coordinación y el Gabinete de Transición Unido; pide a las fuerzas democráticas bielorrusas que mantengan y promuevan la unidad sobre la base de su objetivo de una Bielorrusia libre, democrática e independiente;
11. Subraya la necesidad de una investigación exhaustiva sobre los crímenes cometidos por el régimen de Lukashenka contra el pueblo de Bielorrusia; pide a los Estados miembros que apliquen activamente el principio de jurisdicción universal y preparen procedimientos judiciales contra altos cargos bielorrusos responsables o cómplices de actos sistemáticos de violencia y represión y crímenes contra la humanidad, incluido Aliaksandr Lukashenka;
12. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y al Servicio Europeo de Acción Exterior que cooperen con socios internacionales, como el Mecanismo de Moscú de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como con los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil sobre el terreno, a fin de garantizar el seguimiento, la documentación y la notificación de las violaciones de los derechos humanos y la consiguiente rendición de cuentas y justicia para las víctimas;
13. Pide a las instituciones de la Unión que adopten todas las medidas necesarias en las instituciones y procedimientos internacionales y en la Corte Penal Internacional u otras jurisdicciones o tribunales internacionales pertinentes para apoyar la investigación y el enjuiciamiento de los actos relativos a la guerra rusa de agresión contra Ucrania perpetrados por los responsables políticos, en particular Aliaksandr Lukashenka, como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad;
14. Pide a la Comisión que cree un grupo de trabajo que abrirá un diálogo político con los representantes de la Bielorrusia democrática con vistas a trabajar en un acuerdo multisectorial global que constituya la base de la cooperación con una Bielorrusia democrática una vez que el régimen actual deje de estar en el poder; reitera que ello debe ir acompañado de un plan de recursos financieros y administrativos, que debe aplicarse a fin de llevar a cabo y financiar las reformas necesarias en el país una vez que sea posible; subraya la importancia de la recién creada oficina de la Bielorrusia democrática en Bruselas, que debe servir como una importante misión diplomática de facto;
15. Reitera la importancia de formalizar la relación entre las fuerzas democráticas bielorrusas y el Parlamento con el fin de reforzar la representación bielorrusa en la escena internacional y en el trabajo de las organizaciones internacionales; subraya, a este respecto, la creación del Gabinete de Transición de Bielorrusia y del Consejo de Coordinación como socios de confianza y constructivos a la hora de abordar los retos que afectan a las relaciones regionales y bilaterales entre la Unión y Bielorrusia; pide, por tanto, que se renueve la participación de los representantes democráticos oficiales de Bielorrusia en la Asamblea Parlamentaria Euronest y en la Delegación para las Relaciones con Bielorrusia;
16. Reitera su condena de la reciente decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de permitir que los deportistas bielorrusos compitan bajo bandera neutral en las pruebas de clasificación para los Juegos Olímpicos de París de 2024, lo que contraviene el aislamiento pluridimensional de Bielorrusia por la comunidad internacional y será utilizado por el régimen con fines propagandísticos; pide a los Estados miembros y a la comunidad internacional que presionen al COI para que revoque esta decisión, que resulta embarazosa para el mundo internacional del deporte, y que adopten una posición similar sobre cualquier otro acontecimiento deportivo, cultural o científico;
17. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a las autoridades de la República de Bielorrusia y a los representantes de la oposición democrática bielorrusa.