Propuesta de resolución - B9-0165/2023Propuesta de resolución
B9-0165/2023

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre los nuevos actos de represión contra la población de Bielorrusia, en particular los casos de Andrzej Poczobut y Ales Bialiatski

8.3.2023 - (2023/2573(RSP))

tras una declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno

Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Karin Karlsbro, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein, Hilde Vautmans
en nombre del Grupo Renew

Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0164/2023

Procedimiento : 2023/2573(RSP)
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B9-0165/2023
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B9-0165/2023
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B9‑0165/2023

Resolución del Parlamento Europeo sobre los nuevos actos de represión contra la población de Bielorrusia, en particular los casos de Andrzej Poczobut y Ales Bialiatski

(2023/2573(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Bielorrusia,

 Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y todos los demás convenios sobre derechos humanos de los que Bielorrusia es parte,

 Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 21 y 22 de octubre de 2021,

 Vistas las declaraciones del vicepresidente de la Comisión y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, de 25 de marzo de 2021, sobre los ataques dirigidos contra la Unión de Polacos en Bielorrusia, de 17 de enero de 2023 sobre los juicios a líderes de la oposición y periodistas, y de 3 de marzo de 2023 sobre la condena de Ales Bialiatski y otros defensores de los derechos humanos,

 Vista la declaración del 7 de octubre de 2022 del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre la sentencia judicial contra representantes de medios de comunicación independientes,

 Vistos los informes, de 4 de mayo de 2021 y 20 de julio de 2022, de Anaïs Marin, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el llamamiento de expertos de las Naciones Unidas, de 10 de octubre de 2022, en favor de la liberación inmediata de Ales Bialiatski, galardonado con el premio Nobel encarcelado y otros defensores de los derechos en Bielorrusia,

 Vistas las declaraciones de Teresa Ribeiro, representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, de 15 de septiembre de 2022 sobre el encarcelamiento continuado de periodistas en Bielorrusia, y de 7 de octubre de 2022 sobre la persistente persecución de los profesionales de los medios de comunicación bielorrusos,

 Visto el comentario del 3 de marzo de 2023 de la portavoz de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ravina Shamdasani, sobre la condena a los defensores de los derechos humanos en Bielorrusia,

 Vista la declaración de los ministros de Asuntos Exteriores del G-7 sobre Bielorrusia, de 4 de noviembre de 2022,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el régimen bielorruso ha continuado con su represión contra el pueblo de Bielorrusia, en la que se persigue por razones políticas a representantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas de la oposición y muchos otros; que el enjuiciamiento penal sigue constituyendo una de las formas más graves de represión y continúa siendo generalizada;

B. Considerando que, en marzo de 2023, figuraban más de 1 450 personas en la lista mantenida por el Centro de Derechos Humanos de Viasna de presos políticos bielorrusos, incluidos el Premio Sájarov y el ganador del Premio Nobel Ales Bialiatski;

C. Considerando que Ales Bialiatski, destacado defensor de los derechos humanos y fundador del Centro de Derechos Humanos de Viasna, fue detenido el 12 de febrero de 2022 y actualmente se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio; que, el 5 de enero de 2023, se iniciaron juicios por motivos políticos contra los defensores de los derechos humanos Ales Bialiatski, ganador del Premio Nobel y presidente de Viasna, Valiantsin Stefanovich, miembro del Centro de Derechos Humanos de Viasna, Uladzimir Labkovich, coordinador de la campaña «Defensores de los derechos humanos para unas elecciones libres», y Zmitser Salauyou; que la fiscalía pedía penas de prisión severas contra estos defensores de los derechos humanos; que Ales Bialiatski, Valiantsin Stefanovich, Zmitser Salauyou y Uladzimir Labkovich fueron condenados a 10, 9, 8 y 7 años de prisión, respectivamente, el 3 de marzo de 2023;

D. Considerando que Andrzej Poczobut, periodista y miembro de la Unión de Polacos en Bielorrusia, fue detenido el 18 de marzo de 2021 y posteriormente condenado a tres años de prisión acusado de «insultar públicamente al presidente de Bielorrusia» e «incitar al odio étnico»; que el 8 de febrero de 2023 el Tribunal Regional de Hrodna le declaró culpable de fomentar acciones encaminadas a menoscabar la seguridad nacional de la República de Bielorrusia e incitar a la hostilidad étnica, y le condenó a ocho años de prisión;

E. Considerando que se reconoce ampliamente que las acusaciones contra Andrzej Poczobut y Ales Bialatski obedecen a motivaciones políticas y pretenden silenciar las voces independientes y suprimir la libertad de expresión y de asociación;

F. Considerando que el 6 de marzo de 2023 el Tribunal de la Ciudad de Minsk condenó en rebeldía a la líder de la oposición democrática bielorrusa y jefa del Gabinete de Transición Unido, Sviatlana Tsijanóuskaya, a 15 años de prisión; que el tribunal también condenó a otras personalidades del Consejo de Coordinación, a saber, Paviel Latushka, a 18 años de prisión, y a Maryia Maroz, Volha Kavalkova y Siarhei Dyleuski, a 12 años de prisión cada uno;

G. Considerando que las autoridades de Bielorrusia han violado reiteradamente los derechos humanos de los ciudadanos del país, incluido el derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación; que la represión sigue afectando a todos los sectores de la sociedad, incluidos el mundo académico, los medios de comunicación y los defensores de los derechos humanos;

H. Considerando que el régimen de Lukashenka sigue actuando contra abogados que defienden a presos políticos, como Vital Brahinets, quien, debido a su defensa de varios presos políticos, incluido Ales Bialiatski, fue condenado a ocho años de prisión;

I. Considerando que las autoridades de Lukashenka sigue adoptando medidas que restringen los derechos de los bielorrusos residentes en el extranjero; que, en 2022 y 2023, 58 personas fueron detenidas tras regresar a Bielorrusia por su participación en las protestas de 2020 o por compartir en las redes sociales contenidos considerados «extremistas»;

J. Considerando que el régimen bielorruso sigue restringiendo gravemente la libertad de asociación; que, en diciembre de 2022, el Gobierno bielorruso presentó al Parlamento un proyecto de ley por el que se modifica la Ley de partidos políticos, que dificulta enormemente las condiciones para la existencia de tales partidos;

K. Considerando que el régimen de Lukashenka ha adoptado medidas cada vez más represivas contra las minorías nacionales en Bielorrusia, en particular las minorías polaca y lituana, incluido el cierre de las escuelas que imparten clases en las lenguas minoritarias nacionales;

L. Considerando que, según la Asociación Bielorrusa de Periodistas, el discurso público se ha suprimido casi por completo y se reprime gravemente a los medios de comunicación;

M. Considerando que el Gobierno bielorruso puso en marcha el programa denominado «La vuelta a casa», que consiste en «invitar» a los bielorrusos que han abandonado el país en los últimos años a regresar a Bielorrusia, con la promesa de que no serán perseguidos siempre que realicen una confesión oficial; que muchos bielorrusos que han regresado a su país han sido detenidos, perseguidos y en ocasiones condenados a penas de prisión porque participaron en protestas, publicaron comentarios en las redes sociales criticando el régimen de Lukashenka o efectuaron donaciones a víctimas de la represión en Bielorrusia;

N. Considerando que la persecución administrativa es uno de los instrumentos que utiliza el régimen de Lukashenka para silenciar a la oposición y a todas las voces que cuestionan al régimen; que, en enero de 2023, el Centro de Derechos Humanos de Viasna informó de al menos 350 detenciones y 141 casos de persecución administrativa por motivos políticos;

O. Considerando que se sigue persiguiendo a los sindicatos independientes; que en enero de 2023, los dirigentes de sindicatos independientes Henadz Fiadynich y Vasil Berasneu fueron condenados a nueve años de prisión, mientras que a Vatslau Areshka se le condenó a ocho años; que en febrero de 2023 los miembros del grupo Rabochy Rukh (Movimiento de los Trabajadores) Siarhei Shelest, Uladzimir Zhurauka, Andrei Paheryla, Hanna Ablab, Aliaksandr Hashnikau, Siarhei Dziuba, Ihar Mints, Valiantsin Tseranevich, Siarhei Shametska y Aliaksandr Kapshul fueron acusados de alta traición y de crear y participar en una organización extremista y fueron condenados a entre 11 y 15 años de prisión; que el Ministerio del Interior de Bielorrusia sigue añadiendo activistas y dirigentes del movimiento sindical democrático a listas de extremistas y terroristas; que las listas de «formaciones extremistas» y de «extremistas y terroristas» se han ampliado en gran medida;

P. Considerando que diversos representantes de las fuerzas democráticas siguen detenidos en condiciones inhumanas; que los presos políticos siguen denunciando el deterioro de las condiciones de salud, humillaciones y malos tratos;

Q. Considerando que la UE ha impuesto sanciones a personas y entidades responsables de la represión en Bielorrusia y ha prestado apoyo a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes en dicho país;

R. Considerando que las autoridades de Bielorrusia siguen apoyando la guerra injustificada de agresión de Rusia contra Ucrania, al permitir que Rusia utilice el territorio bielorruso para lanzar ataques militares contra Ucrania;

S. Considerando que, en febrero de 2023, las autoridades bielorrusas anunciaron planes para conectar a la red la central nuclear bielorrusa en Astravyets y posteriormente encargar la segunda unidad de potencia de esta central; que la construcción de la central nuclear bielorrusa se llevó a cabo contraviniendo normas técnicas y convenios internacionales, y registró numerosos incidentes de seguridad, lo que suscitó serias dudas respecto a la seguridad de la instalación;

1. Sigue condenando en los términos más enérgicos la represión en curso contra la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los activistas políticos en Bielorrusia ejercida, entre otras vías, mediante juicios por motivos políticos;

2. Sigue pidiendo que se ponga fin inmediatamente a la represión, así como la liberación incondicional de todos los presos políticos y de todas las personas detenidas, encarceladas o condenadas arbitrariamente por motivos políticos, y que se retiren todos los cargos contra ellos, así como su plena rehabilitación e indemnización económica por los daños sufridos como consecuencia de su detención; insta a las autoridades bielorrusas a detener todo acto de represión, persecución, tortura y malos tratos contra el pueblo de Bielorrusia, y recuerda a las autoridades sus obligaciones de respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos bielorrusos, incluido el derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación;

3. Sigue apoyando firmemente al pueblo de Bielorrusia, que continúa luchando por un país libre, democrático y soberano a pesar de la grave represión;

4. Reprueba la detención y la condena de Andrzej Poczobut y la detención y el juicio de Ales Bialiatski y los miembros de Viasna Valiantsin Stefanovic y Uladzimir Labkovich; denuncia la condena de Ales Bialiatski, Valiantsin Stefanovich, Zmitser Salauyou y Uladzimir Labkovich a 10, 9, 8 y 7 años de prisión, respectivamente; denuncia las numerosas violaciones de su derecho a un juicio justo y pide su liberación inmediata e incondicional, así como su rehabilitación plena y su indemnización;

5. Condena la sentencia en rebeldía de Sviatlana Tsijanóuskaya, líder de la oposición democrática bielorrusa y jefa del Gabinete de Transición Unido, y de otros integrantes del Consejo de Coordinación, a saber, Paviel Latushka, Maryia Maroz, Volha Kavalkova y Siarhei Dyleuski; insta a los Estados miembros, sobre todo a aquéllos en los que residen actualmente estas personas, a garantizar su seguridad y protección frente al régimen de Lukashenka;

6. Reitera su firme condena de la participación de Bielorrusia en la guerra de agresión injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania; condena la retórica beligerante de los líderes bielorrusos contra Ucrania; reitera que Lukashenka y otros altos cargos bielorrusos comparten la responsabilidad asociada a los crímenes de guerra cometidos en Ucrania y deben rendir cuentas ante los tribunales internacionales pertinentes; expresa su apoyo a los voluntarios y partisanos bielorrusos que luchan por la independencia de Bielorrusia y ayudan a Ucrania a defenderse de la agresión de Rusia;

7. Pide a la UE y a sus Estados miembros que refuercen las sanciones de la Unión contra las personas y entidades responsables de la represión en Bielorrusia y velen por su correcta ejecución; lamenta que Bielorrusia no haya sido incluida en el 10.º paquete de sanciones contra Rusia y los partidarios de su guerra ilegal de agresión contra Ucrania; pide la adopción de sanciones creíbles contra las personas y entidades bielorrusas que apoyan la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, así como de las medidas necesarias para evitar la elusión de las sanciones de la UE contra Rusia a través de Bielorrusia;

8. Condena la Ley de ciudadanía, sancionada por Aliaksandr Lukashenka, que abre la posibilidad de privar de su ciudadanía a los bielorrusos que residen en el extranjero; subraya que las autoridades bielorrusas violan el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que Bielorrusia es parte, que salvaguarda el derecho a la nacionalidad y prohíbe su privación arbitraria; insta a las autoridades bielorrusas a que suspendan el programa «La vuelta a casa»;

9. Condena el intenso acoso y la persecución de los sindicatos; denuncia las sentencias dictadas por motivos políticos contra los dirigentes de sindicatos independientes Henadz Fiadynich, Vasil Berasneu y Vatslau Areshka, que ilustran un completo desprecio por sus derechos humanos y constituyen violaciones flagrantes de los convenios laborales internacionales;

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan apoyando a la sociedad civil bielorrusa, a los medios de comunicación independientes y a los grupos y estructuras políticos democráticos, incluido el Consejo de Coordinación y el Gabinete de Transición Unido; pide a las fuerzas democráticas bielorrusas que mantengan y promuevan la unidad sobre la base del objetivo de una Bielorrusia libre, democrática e independiente;

11. Invita a la Conferencia de Presidentes a considerar la posibilidad de invitar al Consejo de Coordinación y al Gobierno de Transición Unido a representar a Bielorrusia en la Asamblea Parlamentaria Euronest y en las reuniones conexas de manera permanente;

12. Condena los esfuerzos del régimen de Lukashenka por suprimir la cultura bielorrusa y por rusificar a la nación bielorrusa; pide a la UE que apoye la cultura y las organizaciones culturales bielorrusas;

13. Condena la persecución de los grupos minoritarios nacionales en Bielorrusia y de sus representantes; pide a las autoridades bielorrusas que supriman todas las medidas adoptadas contra las minorías nacionales y respeten sus derechos, incluido su derecho a la educación en lenguas minoritarias;

14. Pide a las instituciones de la UE que sigan apoyando los esfuerzos de los Estados miembros por proteger y acoger a los bielorrusos obligados a huir de su país; pide a las instituciones de la UE que apoyen la recién creada Misión de la Bielorrusia Democrática en Bruselas y las embajadas populares de Bielorrusia;

15. Subraya la importancia de reforzar la unidad de la UE en lo que respecta a Bielorrusia, también en lo que atañe al aislamiento diplomático del régimen actual; manifiesta, en este contexto, su disconformidad con la visita realizada el 13 de febrero a Minsk por el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, que contravino la política de la UE en relación con Bielorrusia, y desaprueba que algunos Estados miembros sigan expidiendo visados Schengen a personas cercanas a Aliaksandr Lukashenka;

16. Expresa su profunda preocupación por los planes relativos a la puesta en marcha de la Unidad 2 de la central nuclear bielorrusa en Astravyets, así como por los planes para construir una segunda central nuclear en Bielorrusia, dada la insegura construcción de la central de Astravyets, que se llevó a cabo infringiendo diversas normas técnicas y convenios internacionales;

17. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a las autoridades de la República de Bielorrusia, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al secretario general de las Naciones Unidas.

 

Última actualización: 13 de marzo de 2023
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