PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre los nuevos actos de represión contra la población de Bielorrusia, en particular los casos de Andrzej Poczobut y Ales Bialiatski
8.3.2023 - (2023/2573(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno
Anna Fotyga, Patryk Jaki, Hermann Tertsch, Anna Zalewska, Adam Bielan, Roberts Zīle, Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR
Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0164/2023
B9‑0168/2023
Resolución del Parlamento Europeo sobre los nuevos actos de represión contra la población de Bielorrusia, en particular los casos de Andrzej Poczobut y Ales Bialiatski
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Bielorrusia,
– Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los convenios sobre derechos humanos de los que Bielorrusia es parte,
– Vistas las Conclusiones del Consejo de 12 de octubre de 2020,
– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 21 y 22 de octubre de 2021,
– Vistos los informes elaborados por organizaciones de derechos humanos bielorrusas e internacionales independientes,
– Vistos los informes, de 4 de mayo de 2021 y 20 de julio de 2022, de Anaïs Marin, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el llamamiento de expertos de las Naciones Unidas, de 10 de octubre de 2022, en favor de la liberación inmediata de Ales Bialiatski, galardonado con el premio Nobel encarcelado y otros defensores de los derechos en Bielorrusia,
– Visto el informe, de 4 de marzo de 2022, del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia en vísperas de las elecciones presidenciales de 2020,
– Vista la declaración de los ministros de Asuntos Exteriores del G-7, de 4 de noviembre de 2022, sobre Bielorrusia,
– Vista la declaración del representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, de 13 de julio de 2022, sobre el encarcelamiento pertinaz de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en Bielorrusia,
– Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, de 7 de octubre de 2022, sobre la sentencia judicial de esa misma fecha contra representantes de medios de comunicación independientes,
– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,
A. Considerando que tras las injustas y falseadas elecciones presidenciales de agosto de 2020, el régimen de Lukashenka ha continuado con su represión contra el pueblo de Bielorrusia, en la que se persigue por razones políticas a representantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas de la oposición y muchos otros; que el enjuiciamiento penal sigue constituyendo una de las formas más graves y generalizadas de represión; que las leyes y las sentencias judiciales draconianas siguen siendo ampliamente utilizadas por el usurpador Lukashenka;
B. Considerando que se calcula que más de 40 000 bielorrusos han sido detenidos en algún momento por protestar contra el régimen, mientras que los defensores de los derechos humanos han documentado cientos de casos de torturas y malos tratos, mientras que muchas personas siguen desaparecidas y otras han sido halladas muertas; que, según el Centro de Derechos Humanos de Viasna, al menos 1 456 bielorrusos se encuentran injustamente encarcelados y se enfrentan a penas extremadamente severas por su deseo de vivir en un país libre y democrático; que miles de personas han tenido que huir del país por temor a ser perseguidas;
C. Considerando que continúan las detenciones arbitrarias de personas por ejercer sus derechos civiles, con numerosas detenciones cada día; que Viasna informó de 258 de tales detenciones en febrero de 2023, así como de 195 casos de persecuciones administrativas por motivos políticos, mientras que los jueces dictaron 31 sentencias de prisión administrativa y 11 multas en el mismo período;
D. Considerando que, el 8 de febrero de 2023, un tribunal regional de Grodno condenó a Andrzej Poczobut, periodista y vicepresidente de la Unión de Polacos en Bielorrusia, a ocho años de prisión en una colonia penitenciaria de trabajos forzados; que Poczobut había sido acusado de «realizar un llamamiento a favor de acciones que ponen en peligro la seguridad nacional de Bielorrusia» e «incitar a la hostilidad y al conflicto» después de que fuera detenido el 25 de marzo de 2021 junto con otros miembros de la cúpula de la Unión de Polacos, y que es el único que ha sido juzgado formalmente; que Maria Tiszkowska, Irena Biernacka y Anna Paniszewa, que fueron detenidas con Poczobut, fueron excarceladas en 2021 y deportadas a Polonia, mientras que la presidenta de la Unión de Polacos, Angelika Borys, se encuentra bajo arresto domiciliario desde marzo pasado;
E. Considerando que la farsa de juicio por razones políticas de Andrzej Poczobut y su veredicto constituyen ejemplos inequívocos de las acciones del régimen de Lukashenka dirigidas contra la minoría polaca; que la discriminación sistemática contra la minoría polaca en Bielorrusia se viene produciendo desde hace muchos años e incluye decisiones recientes del régimen bielorruso encaminadas a eliminar la educación en la lengua polaca, los registros domiciliarios de los dirigentes polacos y la destrucción de los cementerios polacos y de las tumbas de poetas, escritores, insurgentes y soldados del Ejército Nacional polaco (Armia Krajowa);
F. Considerando que Lukashenka ha ampliado su campaña contra activistas de derechos humanos y periodistas; que el 3 de marzo de 2023, el Tribunal de Distrito de Lieninski de Minsk dictaminó que se había demostrado plenamente que los defensores de los derechos humanos eran culpables de «contrabando por parte de un grupo organizado» y de «financiación de acciones colectivas que vulneran gravemente el orden público»; que el juez, en una farsa de juicio, condenó al fundador y presidente de Viasna, el premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski, a 10 años en una colonia penitenciaria de seguridad media; que este juez también dictó largas condenas de prisión en una colonia penitenciaria contra el vicepresidente de Viasna y vicepresidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, Valiantsin Stefanovich, el coordinador de la campaña de los Defensores de los Derechos Humanos por unas Elecciones Libres, Uladzimir Labkovich, y el defensor de los derechos humanos Zmitser Salauyou (en rebeldía); que a todos ellos se les impusieron además multas sustanciales; que la jueza Maryna Zapasnik se negó a celebrar el juicio en bielorruso en lugar de ruso y denegó la solicitud de Bialiatski de contar con un intérprete, lo que demuestra la política antibielorrusa del régimen de Lukashenka;
G. Considerando que se reconoce ampliamente que las acusaciones contra Andrzej Poczobut y Ales Bialatski obedecen a motivaciones políticas y pretenden silenciar las voces independientes y suprimir la libertad de expresión y de asociación;
H. Considerando que el 6 de marzo de 2023, la líder de las fuerzas democráticas bielorrusas, Sviatlana Tsijanóuskaya, y otros miembros del Consejo de Coordinación (Pavel Latushka, Volha Kavalkova, Maryia Maroz y Siarhei Dyleuski) fueron condenados en rebeldía por el régimen de Lukashenka, y que a Tsijanóuskaya se le impuso una sentencia de 15 años, a Latushka, de 18 años, y a Kavalkova, Maroz y Dyleuski, sentencias de 12 años por «conspiración para tomar el poder de manera inconstitucional» y por «la creación de una formación extremista y por el llamamiento público a la toma del poder»;
I. Considerando que las sentencias se dictaron días después de que un tribunal bielorruso ampliara en 18 meses la condena a 18 años de prisión del marido de Tsikhanouskaya, Siarhei Tsikhanouski (del canal de YouTube «Country for Life»), acusado de «violar flagrantemente el reglamento interno de un centro penitenciario»;
J. Considerando que Mikalai Statkevich (del partido socialdemócrata bielorruso «Asamblea del Pueblo») y Pavel Seviarynets (de la Democracia Cristiana bielorrusa) han pasado ya más de 1 000 días en prisión;
K. Considerando que el régimen de Lukashenka ha perseguido a organizaciones no gubernamentales y organizaciones de derechos humanos y ha seguido persiguiendo penalmente a activistas democráticos como Leanid Sudalenka, Marfa Rabkova, Andrei Chapiuk y Nasta Loyka;
L. Considerando que, el 17 de octubre de 2022, en un caso motivado políticamente en Bielorrusia, al preso político Mikalai Autukhovich se le impuso una condena de una severidad sin precedentes de 25 años en una colonia penitenciaria de alta seguridad, mientras que otras 11 personas fueron condenadas a penas de prisión de hasta 20 años;
M. Considerando que entre enero y octubre de 2022, la Asociación Bielorrusa de Periodistas (BAJ) documentó 93 casos de detenciones arbitrarias, redadas, multas y detenciones administrativas de periodistas, y que en 28 de estos casos se efectuaron encarcelamientos por cargos delictivos falsos que van desde «insultar al presidente», a la «traición» y la «conspiración para tomar el poder del Estado»; que, según la BAJ, en octubre de 2022, al menos 29 medios de comunicación independientes habían sido designados como «extremistas» y clausurados por las autoridades; que, como resultado de la represión total contra los medios de comunicación independientes, la libertad de expresión ha dejado de existir en Bielorrusia, y que el régimen ejerce una vigilancia total de Internet;
N. Considerando que el régimen ha continuado con sus actos de represión contra abogados en represalia por expresar opiniones en materia de derechos, representar a clientes en casos de motivación política y pronunciarse en contra de la guerra en Ucrania; que, desde agosto de 2020, al menos 70 abogados han perdido su licencia a raíz de decisiones arbitrarias del Ministerio de Justicia o de procedimientos de inhabilitación por motivos políticos; que en 2022 siete abogados se enfrentaron a cargos penales por motivos políticos y siguieron enfrentándose a cargos administrativos, detenciones, registros y situaciones de acoso;
O. Considerando que los presos políticos son objeto de una represión adicional; que este abuso consiste en actuaciones como las de mantener a los presos políticos en condiciones prohibidas con arreglo a las obligaciones internacionales asumidas por Bielorrusia, someterlos a sanciones disciplinarias por motivos falsos, encerrarlos en celdas de castigo, elevar el nivel de seguridad aplicado a algunos presos políticos, y prorrogar arbitrariamente su pena de reclusión, conculcar su derecho a la correspondencia, y privarles de visitas familiares con pretextos descabellados;
P. Considerando que los presos políticos, como Palina Sharenda-Panasiuk, activista de la Campaña Cívica Europea de Bielorrusia, son sometidos a un trato inhumano, como la exposición a bajas temperaturas, el hambre y la privación de sueño; que a finales de febrero no se disponía de información sobre el paradero de Palina Sharenda-Panasiuk;
Q. Considerando que las autoridades de Lukashenka han asaltado las oficinas de varios sindicatos independientes y han detenido al menos a 14 de sus dirigentes y miembros acusados de «organizar actividades que vulneran gravemente el orden público»; que, en julio de 2022, el Tribunal Supremo de Bielorrusia clausuró cuatro importantes sindicatos independientes y el Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia;
R. Considerando que el régimen de Lukashenka sigue adoptando medidas que restringen los derechos de los bielorrusos residentes en el extranjero; que, en 2022 y 2023, 58 personas fueron detenidas tras regresar a Bielorrusia por su participación en las protestas de 2020 o por compartir en las redes sociales contenidos considerados «extremistas»;
S. Considerando que, a pesar de los miles de casos de brutalidad policial, incluido el asesinato de manifestantes, denunciados desde agosto de 2020, el régimen ha promovido y recompensado activamente a los responsables de tales actos;
T. Considerando que Lukashenka continúa su política de rusificación de Bielorrusia con el objetivo estratégico de marginar y destruir las expresiones de identidad nacional bielorrusa, incluidas la lengua y la cultura, mediante detenciones y arrestos arbitrarios y sometiendo a un tratamiento especialmente brutal a personalidades culturales como escritores, artistas y músicos y, en general, a aquéllos que hablen en bielorruso en público; que esta política conlleva asimismo la prohibición de símbolos nacionales e históricos de Bielorrusia, como la bandera blanquirroja y la Pahonia (el auténtico blasón histórico de la Bielorrusia independiente), así como el cierre de editoriales, escuelas privadas y cursos de lengua bielorrusa;
U. Considerando que los que expresan sentimientos contrarios a la guerra o participan en otras actividades de protesta siguen siendo perseguidos; que desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, los bielorrusos han protestado contra la guerra, han organizado mítines y piquetes, han interrumpido el tráfico ferroviario para ralentizar el desplazamiento de los equipos militares rusos, han difundido información sobre acciones militares y se han unido a las fuerzas ucranianas para combatir al agresor;
V. Considerando que Bielorrusia es el único país de Europa que aplica la pena capital y que recientemente ha anunciado que se llevarán a cabo ejecuciones de opositores políticos al régimen;
W. Considerando que, desde 2021, Lukashenka ha mantenido sus ataques híbridos contra la UE mediante la instrumentalización de los migrantes y la trata de seres humanos;
X. Considerando que el régimen de Lukashenka en Bielorrusia está posibilitando y apoyando directamente la agresión militar rusa contra Ucrania, entre otras vías, permitiendo a Rusia atacar a Ucrania desde el territorio bielorruso, en particular, mediante el lanzamiento de misiles balísticos, facilitando el estacionamiento y el transporte de personal militar ruso, así como el almacenamiento, el suministro y el transporte de equipos y armamento militares, incluidas armas pesadas, autorizando que aeronaves militares rusas vuelen a Ucrania desde el espacio aéreo bielorruso y a través de este, y proporcionando puntos de repostaje;
Y. Considerando que la estrategia de Putin con respecto a Bielorrusia significa el aislamiento de la sociedad bielorrusa del mundo libre con el fin de ocupar completamente e incorporar a Bielorrusia a la Federación de Rusia;
Z. Considerando que el 1 de marzo de 2023 se inauguró en Bruselas la Misión de la Bielorrusia Democrática en una ceremonia a la que asistió Sviatlana Tsijanóuskaya;
1. Reafirma su solidaridad con los ciudadanos de Bielorrusia, que sigue manifestándose por una Bielorrusia soberana, libre y democrática, poniendo en riesgo su libertad y cada vez más su propia vida, y exige la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y de todas las personas detenidas, encarceladas o condenadas arbitrariamente por motivos políticos, y que se retiren todos los cargos contra ellos, así como su plena rehabilitación e indemnización económica por los daños sufridos como consecuencia de su detención ilegítima; pide que se ponga fin a la violencia estatal; reconoce la decisión del pueblo de Bielorrusia de elegir a Sviatlana Tsijanóuskaya como su líder democrático;
2. Rechaza categóricamente la injerencia de la Federación Rusa en los asuntos internos de Bielorrusia, especialmente después de las elecciones presidenciales amañadas de 2020, cuando la Federación Rusa brindó todo el apoyo necesario al régimen de Lukashenka para aplastar las protestas pacíficas y ahogar a la nación mediante una represión draconiana;
3. Condena la injusta sentencia dictada por el tribunal de un estado totalitario contra Andrzej Poczobut; pide el cese de las acciones dirigidas contra la minoría polaca y la liberación inmediata e incondicional de Andrzej Poczobut, así como de otros miembros de la Unión de Polacos;
4. Exige la liberación inmediata e incondicional del ganador del Premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski, así como de todos los demás defensores de los derechos humanos y de los presos políticos en Bielorrusia;
5. Condena las recientes decisiones adoptadas por las autoridades de Lukashenka encaminadas a cerrar las escuelas polacas y a eliminar la educación en lengua polaca, así como a destruir los cementerios y el patrimonio polacos;
6. Exige con firmeza y determinación que Bielorrusia se atenga a los principios aplicables del Derecho y los convenios internacionales;
7. Subraya que el usurpador Lukashenka y su séquito deberían ser retirados del poder y enjuiciados por sus crímenes contra el pueblo de Bielorrusia; pide a los Estados miembros y a la UE que adopten todas las medidas necesarias en las instituciones internacionales, y que inicien procedimientos ante la Corte Penal Internacional u otros tribunales o juzgados internacionales pertinentes, con el fin de apoyar la investigación y el enjuiciamiento de las acciones relacionadas con la guerra rusa de agresión contra Ucrania como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad perpetrados por los responsables políticos en Bielorrusia, en particular por Aliaksandr Lukashenka; apoya la labor de la International Accountability Platform for Belarus (Plataforma Internacional de Rendición de Cuentas para Bielorrusia); invita a la Cruz Roja Internacional y a otras organizaciones a trabajar para mejorar las condiciones de los presos políticos;
8. Rechaza la legitimidad y la legalidad de los acuerdos internacionales suscritos por Lukashenka desde que perdió las elecciones presidenciales de 2020, especialmente los firmados con Rusia que socavan la soberanía de Bielorrusia y someten a su gobierno a un control cada vez más amplio y estricto por parte del Kremlin;
9. Condena el uso indebido del territorio, el espacio aéreo y la infraestructura bielorrusos por parte de Rusia con el fin de emprender una invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, así como el uso continuado del territorio bielorruso por Rusia para continuar con su guerra, contra la voluntad del pueblo bielorruso, pero con el consentimiento y la participación activa del régimen de Lukashenka; exige la retirada inmediata de las tropas rusas que llegaron a Bielorrusia antes de la invasión de Ucrania y cuya presencia en el territorio bielorruso se ha ampliado desde entonces; subraya que Lukashenka y su séquito son responsables del delito de agresión contra Ucrania; acoge con satisfacción las medidas adoptadas por la sociedad bielorrusa para oponerse al uso del territorio de Bielorrusia para la invasión rusa de Ucrania; expresa su apoyo al Regimiento Kastuś Kalinoŭski que lucha contra el imperialismo ruso en Ucrania;
10. Condena los esfuerzos de Lukashenka por erradicar la cultura bielorrusa y rusificar la nación; pide a la UE que apoye a las organizaciones culturales bielorrusas independientes, como teatros, coros, escuelas, bandas folclóricas y artistas, y que promueva la recuperación de la lengua bielorrusa;
11. Reitera que el pueblo de Bielorrusia está representado por la Líder de la Bielorrusia Democrática, Sviatlana Tsijanóuskaya, el Gabinete de Transición Unido de Bielorrusia y el Consejo de Coordinación; pide a la UE y a la comunidad internacional que tomen medidas para permitir al pueblo de Bielorrusia, que actualmente no tiene voz en actos de alto nivel donde se debaten y deciden los intereses bielorrusos, estar representado en estos actos; subraya que, dado que es la representante legítima elegida por el pueblo bielorruso, Sviatlana Tsijanóuskaya debe ser invitada a tales actos para que los intereses bielorrusos estén representados; apoya al Gabinete de Transición Unido y al Consejo de Coordinación; apoya los objetivos de estas organizaciones representativas democráticas, que pretenden defender la independencia y la soberanía de la República de Bielorrusia, poner fin a la ocupación de facto del país, restablecer la legalidad constitucional y el Estado de Derecho, desarrollar y aplicar medidas para impedir la retención ilegal del poder, garantizar la transición de la dictadura a la democracia, crear las condiciones para unas elecciones justas y libres, y desarrollar y aplicar las soluciones necesarias para garantizar un cambio democrático en Bielorrusia y el futuro euroatlántico del país;
12. Acoge con satisfacción la creación de un grupo de contacto en el seno del Consejo de Europa en cooperación con las fuerzas democráticas y la sociedad civil bielorrusas; pide que las instituciones de la UE, los Estados miembros y las organizaciones internacionales formalicen la cooperación con los representantes democráticos de Bielorrusia;
13. Acoge con satisfacción la reciente apertura de la Misión de la Bielorrusia Democrática en Bruselas en presencia de la líder bielorrusa, Sviatlana Tsijanóuskaya;
14. Subraya la importancia de la redacción del Memorando de Acuerdo con la Bielorrusia Democrática, representada por Sviatlana Tsijanóuskaya;
15. Acoge con satisfacción el apoyo de la UE y de sus Estados miembros, en particular Polonia y Lituania, que han prestado asistencia y protección a la población de Bielorrusia que se vio obligada a huir del país, y pide a la Comisión que respalde aún más estos esfuerzos;
16. Rechaza categóricamente el reconocimiento de la ley de Lukashenka para privar a los bielorrusos de la ciudadanía, y pide a la Comisión que siga apoyando los esfuerzos del Gabinete de Transición Unido de Bielorrusia para resolver los problemas de los bielorrusos que se han visto obligados a abandonar su país, incluida la expedición de un documento de viaje oficialmente reconocido y válido para desplazamientos internacionales a los ciudadanos bielorrusos, y la expedición de visados de emergencia para abandonar Bielorrusia en caso necesario;
17. Pide a la Comisión que refuerce el apoyo al desarrollo de capacidades de los sindicatos independientes de Bielorrusia, los medios de comunicación libres, la sociedad civil y los activistas en favor de la democracia, tanto en Bielorrusia como en el exilio; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan apoyando a la sociedad civil bielorrusa, a los medios de comunicación independientes y a los partidos y estructuras políticos democráticos, incluido el Consejo de Coordinación y el Gabinete de Transición Unido; pide a las fuerzas democráticas bielorrusas que mantengan y promuevan la unidad sobre la base del objetivo de una Bielorrusia libre, democrática e independiente;
18. Reclama a la Comisión y a los Estados miembros que presten apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad civil en Bielorrusia, que se enfrentarán a una severa represión, en particular mediante la expedición de visados de emergencia para abandonar Bielorrusia en caso necesario;
19. Condena enérgicamente la represión, las torturas y los malos tratos que sufren los ciudadanos pacíficos de Bielorrusia, la represión de los dirigentes sindicales y la supresión de los medios de comunicación y de internet; anima a la Organización Internacional del Trabajo a invocar el artículo 33 de su constitución en respuesta a la grave violación de los derechos de los sindicatos y a la represión contra los dirigentes sindicales;
20. Pide que todas las sanciones impuestas contra Rusia se reproduzcan estrictamente en el caso Bielorrusia y que todas las futuras rondas de sanciones se apliquen adecuadamente; pide la inclusión en la lista de sanciones de todos los representantes del régimen antidemocrático de Lukashenka, como jueces, fiscales, milicianos y funcionarios del KGB, así como propagandistas y otros que sirvan como herramientas para que el dictador oprima al pueblo de Bielorrusia y facilite la guerra de agresión de Rusia; pide que se incluya la potasa, la principal fuente de ingresos del régimen, en la lista de sanciones;
21. Acoge con satisfacción la apertura de la Misión para la Bielorrusia Democrática en Bruselas; pide a las instituciones de la UE que presten un apoyo sustancial, tanto financiero como técnico, a la Misión y que participen en proyectos centrados en Bielorrusia y su sociedad civil;
22. Pide a la Comisión que cree un grupo de trabajo que abra un diálogo sobre políticas con los representantes de la Bielorrusia Democrática con el fin de trabajar en un acuerdo multisectorial global que constituya la base de la cooperación con una Bielorrusia democrática una vez que el régimen actual deje de ocupar el poder; reitera que esta medida debe ir acompañada de un plan de recursos financieros y administrativos que debe aplicarse para llevar a cabo y financiar las reformas necesarias en el país una vez que sea posible (un Plan Marshall para Bielorrusia);
23. Pide la institucionalización de la participación de la Bielorrusia Democrática en la Asociación Oriental y el apoyo a la recién establecida Misión de la Bielorrusia Democrática en Bruselas; solicita además que se invite a los representantes del pueblo de Bielorrusia a la próxima Cumbre de la Comunidad Política Europea; pide la designación de un enviado de la UE para la Bielorrusia Democrática;
24. Apoya la celebración del 25 de marzo, aniversario de la proclamación de la independencia bielorrusa en 1918, como el Día Internacional de la Solidaridad con la Bielorrusia Democrática;
25. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, al G-20, a las Naciones Unidas, a la Organización Internacional del Trabajo, a la Cruz Roja Internacional, a la República de Bielorrusia, a la Federación de Rusia y a los representantes de las fuerzas democráticas bielorrusas.