PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación en el Líbano
5.7.2023 - (2023/2742(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno
Mounir Satouri, Tineke Strik, Nicolae Ştefănuță, Erik Marquardt, Francisco Guerreiro, Margrete Auken, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Jakop G. Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE
Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0323/2023
B9‑0325/2023
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en el Líbano
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre el Líbano,
– Visto el Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra[1],
– Visto el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en el Líbano en 2022,
– Vista la declaración realizada el 1 de noviembre de 2022 por el vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Josep Borrell, sobre la situación política en el Líbano,
– Vista la decisión del Consejo Europeo de 26 de julio de 2022 de ampliar el marco de la UE para sanciones específicas durante un año,
– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,
A Considerando que el Líbano se enfrenta a una crisis económica, financiera, social y política devastadora, con un gran coste humano para su pueblo; que el PIB se ha contraído en casi un 40 % desde 2018, anulando años de crecimiento económico; que la libra libanesa ha perdido hasta el 98 % de su valor desde finales de 2019; que la mayoría de la población libanesa vive actualmente en la pobreza y las autoridades no garantizan el derecho de todos a un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a la alimentación;
B. Considerando que el Líbano cuenta con una sociedad civil dinámica, con numerosos activistas, líderes comunitarios, académicos, artistas y grupos juveniles que se movilizan a favor del cambio y la reforma en todo el país;
C. Considerando que el mandato del Presidente Aoun expiró el 31 de octubre de 2022; que en junio de 2023 Najib Mikati fue nombrado de nuevo primer ministro de un gobierno provisional hasta la formación de un nuevo gobierno; que después de 12 rondas inconclusas de votaciones parlamentarias, la Presidencia del Líbano sigue vacante, impidiendo la formación de un nuevo gobierno y consolidando el bloqueo político; que la alianza de Hizbulá en el Parlamento libanés ha bloqueado repetidamente la conclusión de la votación parlamentaria, abandonando sus escaños después de la primera ronda e impidiendo el cuórum para una segunda ronda;
D. Considerando que las elecciones municipales que debían celebrarse el 31 de mayo de 2023 a más tardar se aplazaron por segundo año consecutivo;
E. Considerando que Riad Salameh, gobernador del banco central del Líbano, ha sido objeto de una serie de investigaciones judiciales en su país y en el extranjero, incluso en seis países europeos, sobre acusaciones que incluyen fraude, blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito; que en mayo de 2023 Francia y Alemania emitieron órdenes internacionales de detención contra Riad Salameh, gobernador del banco central del Líbano; que una delegación judicial con representantes de Francia, Alemania y Luxemburgo abrió una investigación sobre las actividades del Banco Central del Líbano y su Gobernador en enero de 2023; que el 28 de marzo de 2022, Eurojust confirmó que las autoridades de Francia, Alemania y Luxemburgo habían incautado propiedades y embargado activos del Sr. Salameh por valor de 120 millones de euros; que el Sr. Salameh niega haber cometido un delito y se niega a dimitir; que el mandato del Sr. Salameh finaliza en julio de 2023;
F. Considerando que casi tres años después de la explosión del puerto de Beirut en agosto de 2020, no se han producido detenciones importantes de los responsables, ni se ha entablado un diálogo con las familias de las víctimas, ni se ha pedido disculpas o indemnización alguna, mientras que las investigaciones locales realizadas por dos investigadores principales sucesivos han sido interrumpidas activamente por diversos agentes políticos y el poder judicial libanés; que el juez instructor Tarek Bitar ha citado a numerosos funcionarios de alto rango, incluidos generales de los servicios de seguridad, jueces y ex ministros, muchos de los cuales se han negado abiertamente a cooperar; que el 25 de enero de 2023, el fiscal general del Líbano ordenó la liberación de todos los sospechosos detenidos en relación con la explosión catastrófica, eludiendo la investigación;
G. Considerando que la explosión devastadora que se produjo en el puerto de Beirut en agosto de 2020 se cobró la vida de 200 personas, hirió a otras 6 000 y dejó a unas 300 000 personas sin hogar; que la explosión de 2020 se debió a una combinación de corrupción y negligencia, que dio lugar al almacenamiento ilegal de 2 750 toneladas de nitrato de amonio en el puerto;
H. Considerando que el 7 de marzo de 2023, 38 países del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta condenando la obstrucción de la investigación interna sobre la explosión del puerto de Beirut a partir de agosto de 2020, instando al Líbano a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la independencia e imparcialidad del poder judicial y garantizar una investigación transparente e imparcial;
I. Considerando que en enero de 2023 el Tribunal Superior de Londres declaró a Savarto Ltd., una empresa comercial de productos químicos, responsable de fallecimientos, daños personales y daños materiales en una causa interpuesta por el Colegio de Abogados de Beirut en nombre de las víctimas de la explosión, constituyendo el primer veredicto relacionado con la explosión;
J. Considerando que el Líbano celebró elecciones el 15 de mayo de 2022 con una participación del 49,2 %; que 13 nuevos diputados reformistas entraron en el Parlamento como resultado de las elecciones;
K. Considerando que el informe de la Misión de Observación Electoral del Parlamento Europeo a las elecciones parlamentarias libanesas del 15 de mayo de 2022 concluyó que la compra de votos y el clientelismo distorsionaban las condiciones de competencia equitativas, que la campaña se vio empañada por casos de intimidación y una cobertura desigual de los medios de comunicación y que muchas instituciones libanesas estaban financieramente mal equipadas para cumplir su mandato en las elecciones; que el informe pone de relieve que solo ocho de las 118 mujeres que figuran en las listas fueron elegidas para el Parlamento, y que se requieren reformas para reforzar la igualdad de género y la representación de las mujeres con arreglo a los compromisos internacionales del Líbano;
L. Considerando que el 26 de julio de 2022 el Consejo Europeo amplió el marco de sanciones específicas para abordar la situación en el Líbano hasta el 31 de julio de 2023; que dicho marco contempla la posibilidad de imponer sanciones contra las personas y entidades responsables de socavar la democracia o el Estado de Derecho en el Líbano; que el Consejo Europeo aún no ha impuesto sanciones contra personas o entidades en virtud de este marco;
M. Considerando que, según las estimaciones del Gobierno, el Líbano acoge aproximadamente a 1,5 millones de refugiados; que el tamaño real de la población refugiada no está claro, ya que el Gobierno del Líbano suspendió unilateralmente todos los nuevos registros en 2015; que en octubre de 2021 se registraron 882 532 refugiados ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de los cuales 851 717 eran sirios;
N. Considerando que, desde el 5 de abril de 2023, las Fuerzas Armadas libanesas llevan a cabo redadas discriminatorias contra refugiados sirios en todo el país; que la mayoría de los refugiados fueron detenidos y deportados a la frontera sirio-libanesa y entregados a las autoridades sirias sin una orden judicial emitida por un tribunal, sin que se les diera la oportunidad de hablar con un abogado o con el ACNUR, y sin derecho a impugnar su deportación; que muchos de los deportados estaban registrados o eran conocidos por el ACNUR;
O. Considerando que, de acuerdo con la Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR), el régimen sirio ha detenido arbitrariamente a 2 504 refugiados que regresaron a Siria desde 2014, de los que «987 personas permanecen detenidas, incluidas 764 que son ahora clasificadas como desaparecidas por la fuerza»; que el régimen sirio es famoso por violaciones de los derechos humanos como la tortura sistemática, la violencia sexual y la desaparición forzada; que Siria sigue siendo insegura para los retornos, como subraya la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre la República Árabe Siria; que sigue siendo la posición común de la UE que el retorno de los refugiados a Siria sólo puede fomentarse o facilitarse una vez que sean «seguros, voluntarios y dignos»;
1. Expresa su más profunda preocupación por la prolongación de la crisis política, económica, financiera y social en el Líbano, que sigue generando sufrimiento a la población; manifiesta su pleno apoyo a todos los afectados por la crisis actual, incluidas todas las víctimas de la explosión de agosto de 2020 y sus familias;
2. Denuncia la grave responsabilidad de los líderes pasados y presentes en la prolongación y profundización de la crisis y condena en los términos más enérgicos posibles la negligencia criminal que condujo al desastre que el pueblo del Líbano está experimentando; pide al Parlamento libanés, a los partidos políticos y a los agentes que den prioridad a poner fin a la parálisis política en el país, concluyan la elección de un presidente y dejen de perturbar el proceso electoral; invita a los agentes políticos del país a entablar un diálogo significativo con vistas a adoptar medidas inmediatas hacia reformas vitales que garanticen la adopción de medidas anticorrupción, una política macroeconómica, un poder judicial independiente y sistemas sanitarios y educativos más integradores;
3. Denuncia en los términos más enérgicos posibles el hecho de que casi tres años después de la explosión del puerto de Beirut los agentes políticos en el Líbano siguen evitando la rendición de cuentas e impiden activamente la labor del juez de instrucción Tarek Bitar con demandas y amenazas físicas contra él, así como con diversas técnicas de bloqueo; insta a los políticos libaneses y a los altos cargos del poder judicial, en particular al Fiscal General Ghassan Oueidat, a que cesen inmediatamente de obstruir el trabajo del juez de instrucción, detengan la campaña de difamación en su contra y cooperen constructivamente con su investigación;
4. Lamenta el aplazamiento de las elecciones municipales que debían celebrarse antes del 31 de mayo de 2023; insta al Ministerio del Interior y a los ayuntamientos a que se comprometan a celebrar las elecciones municipales en los próximos seis meses y a que procedan a los preparativos en consecuencia; al tiempo que insiste en que es responsabilidad del Gobierno reservar el presupuesto necesario para la celebración de elecciones municipales, pide a la Comisión y a los Estados miembros que ofrezcan financiación electoral específica;
5. Expresa su grave preocupación por la escalada de la retórica contra los refugiados por parte de los partidos políticos y ministros libaneses, que explotan a este colectivo como chivos expiatorios del agravamiento de la crisis económica autoinfligida;
6. Insta al Líbano a detener inmediatamente las deportaciones sumarias a Siria, que conculcan el principio de no devolución, y a abstenerse de imponer medidas discriminatorias e incitar al odio contra los refugiados sirios;
7. Pide al Consejo Europeo y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que emitan inmediatamente sanciones contra determinados miembros de la élite política del Líbano que obstaculicen activamente la formación de un gobierno, dificulten la ejecución de reformas críticas o participen en actividades de enriquecimiento ilegal, así como contra personas y entidades responsables de graves violaciones de la legislación internacional sobre derechos humanos como consecuencia de la explosión de Beirut, incluida la obstrucción activa de la justicia;
8. Reitera su urgente llamamiento a la Unión y a sus Estados miembros, especialmente los que posean vínculos estrechos con el Líbano, para que asuman urgentemente el liderazgo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para garantizar la adopción de una resolución por la que se establezca una misión de investigación internacional e independiente sobre la explosión de Beirut, con el mandato de llevar a cabo una investigación exhaustiva de las violaciones y los abusos de los derechos humanos relacionados con la explosión y la investigación judicial nacional, y en la que se formulen recomendaciones sobre las medidas necesarias a fin de asegurar que los responsables de estas violaciones y abusos sean considerados responsables y abordar los fallos sistémicos subyacentes que condujeron a la explosión y al fracaso de la investigación nacional;
9. Anima a los Estados miembros de la UE a ayudar a las familias de las víctimas de la explosión en el puerto de Beirut a explorar las posibilidades de presentar demandas ante los tribunales nacionales extranjeros, así como las posibilidades de enjuiciar a los políticos acusados de atrocidades bajo jurisdicción universal;
10. Acoge con satisfacción las investigaciones de la delegación judicial europea sobre las actividades del Gobernador del Banco Central libanés y anima a los Estados miembros de la UE a intensificar las investigaciones sobre la suerte de los funcionarios libaneses amasados en su territorio;
11. Reitera su llamamiento al Vicepresidente/Alto Representante, al SEAE y a los Estados miembros para que sigan presionando firmemente a los representantes políticos del Líbano para que asuman responsabilidades y lleven a cabo reformas, por ejemplo condicionando el apoyo estructural a gran escala a la ejecución de cambios reales, incluidas medidas contra la corrupción, la contratación pública transparente y basada en normas, la política macroeconómica, un poder judicial independiente y unos sistemas de asistencia sanitaria y educación más integradores;
12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen la asistencia humanitaria al Líbano centrándose en los servicios públicos básicos, como la salud, la educación y el apoyo a las comunidades empobrecidas, incluidos los refugiados;
13. Pide a la UE y a sus Estados miembros que apoyen a los activistas de base y a los agentes de la sociedad civil en el Líbano que respalden los esfuerzos humanitarios y de estabilización de abajo arriba y puedan llevar a cabo las reformas; elogia las iniciativas de las comunidades locales y de la sociedad civil destinadas a establecer mecanismos locales para prestar ayuda, mejorar los servicios y redefinir los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos y del Gobierno;
14. Considera que, aunque el apoyo financiero continuado de la UE a los refugiados y las comunidades de acogida es vital, es necesario un compromiso mucho más firme con el reparto de responsabilidades por parte de los Estados miembros de la UE, como el reasentamiento, los programas de admisión humanitaria, la reagrupación familiar simplificada y una normativa más flexible en materia de visados, para que los refugiados puedan solicitar protección más allá de la región vecina inmediata;
15. Expresa su preocupación por los numerosos casos de mala gestión y fraude relacionados con proyectos financiados por la UE debido a la falta de transparencia, supervisión, criterios de selección y licitación deficientes y mantenimiento de registros, como en el caso del apoyo de la UE a la gestión de residuos sólidos en el Líbano; reitera su llamamiento a la Comisión para que refuerce la asunción de responsabilidades y el seguimiento de los proyectos financiados por la UE en el Líbano, también mediante el acceso del público al seguimiento y la evaluación de los proyectos, y la comunicación transparente sobre las responsabilidades en caso de retrasos o fallos de los proyectos; pide al Tribunal de Cuentas Europeo y a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude que examinen e investiguen estos casos de mala gestión; pide que se investigue y examine la posible complicidad de intermediarios establecidos en la Unión en los flujos financieros ilícitos procedentes del Líbano hacia la Unión Europea;
16. Destaca las terribles condiciones, la pobreza y la marginación de los refugiados palestinos en el Líbano, que dependen principalmente del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) por sus necesidades y servicios básicos; expresa su preocupación por la posible incapacidad del OOPS para mantener el apoyo a los más vulnerables, dada la importante insuficiencia de financiación en su llamamiento de urgencia para 2023;
17. Pide a la Comisión Europea que aumente su inversión en energías renovables en el Líbano, en particular en energía solar, ya que puede contribuir a superar la crisis eléctrica inducida por el gobierno al tiempo que reduce las elevadas emisiones de CO2 y la contaminación atmosférica causadas por los generadores diésel;
18. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas, al secretario general de la Liga de los Estados Árabes, al presidente de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo y al Gobierno y el Parlamento del Líbano.
- [1] DO L 143 de 30.5.2006, p. 2.