Propuesta de resolución - B9-0062/2024Propuesta de resolución
B9-0062/2024

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la disolución prevista de estructuras clave de lucha contra la corrupción en Eslovaquia y sus implicaciones para el Estado de Derecho

15.1.2024 - (2023/3021(RSP))

tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno

Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Tomáš Zdechovský, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Paulo Rangel, Javier Zarzalejos, Antonio López‑Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Isabel Benjumea Benjumea, Dolors Montserrat, Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato, Isabel Wiseler‑Lima, Frances Fitzgerald, Andrzej Halicki, Michaela Šojdrová, José Manuel Fernandes, Sandra Kalniete, Carlos Coelho, David Casa, Franc Bogovič, Karolin Braunsberger‑Reinhold, Radan Kanev, Rasa Juknevičienė, Pablo Arias Echeverría, Ana Collado Jiménez, Peter Pollák, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Leopoldo López Gil
en nombre del Grupo PPE
Domènec Ruiz Devesa, Matjaž Nemec, Juan Fernando López Aguilar, Evin Incir, Cyrus Engerer, Javier Moreno Sánchez
en nombre del Grupo S&D
Sophia in ’t Veld, Moritz Körner
en nombre del Grupo Renew
Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
en nombre del Grupo The Left

Procedimiento : 2023/3021(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento :  
B9-0062/2024
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B9-0062/2024
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B9‑0062/2024

Resolución del Parlamento Europeo sobre la disolución prevista de estructuras clave de lucha contra la corrupción en Eslovaquia y sus implicaciones para el Estado de Derecho

(2023/3021(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistos los artículos 2, 4, 6, 7 y 10 del Tratado de la Unión Europea,

 Visto el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

 Vistos los artículos 11, 12, 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

 Vista su Resolución, de 28 de marzo de 2019, sobre la situación del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción en la UE, en particular en Malta y Eslovaquia[1],

 Vista su Resolución, de 19 de abril de 2018, sobre la protección de los periodistas de investigación en Europa: el caso del periodista eslovaco Ján Kuciak y Martina Kušnírová[2],

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de julio de 2023, titulada «Informe sobre el Estado de Derecho en 2023 – La situación del Estado de Derecho en la Unión Europea» (COM(2023)0800),

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

  1. Considerando que, en los últimos años, Eslovaquia ha intensificado sus esfuerzos para luchar contra la corrupción de alto nivel y la delincuencia organizada, con varios antiguos altos cargos acusados de delitos de soborno y resoluciones judiciales firmes; que la Fiscalía Especial, que inició su actividad el 1 de septiembre de 2004, y la policía eslovacas han desempeñado un papel decisivo en el tratamiento de asuntos relacionados con la corrupción y los delitos graves, incluidos los relacionados con el uso indebido de fondos de la Unión;
  2. Considerando que el bajo número de asuntos investigados y la ausencia de un mecanismo eficaz para luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada en Eslovaquia fueron las principales razones de la creación de la Fiscalía Especial en Eslovaquia; que existe una institución especializada similar en otros Estados miembros, incluido el fiscal europeo especializado, de reciente creación, a escala de la Unión, que Eslovaquia respaldó en el Consejo;
  3. Considerando que el nuevo Gobierno ha decidido desmantelar la Fiscalía Especial y reducir las sanciones penales por delitos graves, incluida la corrupción y los delitos medioambientales, modificando el Código Penal mediante un procedimiento legislativo acelerado al inicio de su mandato;
  4. Considerando que el procedimiento acelerado ha eliminado la posibilidad de un debate público significativo y de un proceso democrático en regla; que más de veinte mil ciudadanos han tomado reiteradamente las calles para protestar contra la controvertida propuesta; que más de cien mil ciudadanos han firmado dos peticiones contra las propuestas gubernamentales y el procedimiento legislativo acelerado; que la presidenta eslovaca ha expresado su profunda preocupación por la propuesta y el procedimiento legislativo acelerado, y ha indicado que vetará la ley; que, en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2023, la Comisión recomendó que Eslovaquia garantice una consulta pública eficaz y la participación de las partes interesadas en el proceso legislativo;
  5. Considerando que, a lo largo del proceso legislativo acelerado, el Gobierno eslovaco se ha negado a tener en cuenta los análisis de expertos, las opiniones de la sociedad civil y la Comisión, incluidas preocupaciones graves por la forma en que los cambios propuestos podrían socavar la lucha contra la corrupción;
  6. Considerando que, paralelamente, el ministro del Interior ha efectuado cambios de personal sustanciales y ha anunciado importantes cambios estructurales y organizativos en la policía eslovaca y otras instituciones democráticas independientes, en particular entre los investigadores que trabajan en asuntos de delitos graves y corrupción de alto nivel en la Agencia nacional de lucha contra la delincuencia de Eslovaquia, lo que plantea dudas en cuanto a las motivaciones de dichos cambios; que el Gobierno eslovaco ha sustituido a los miembros del Consejo General del Poder Judicial de la República Eslovaca antes del final de su mandato y sin una justificación adecuada;
  7. Considerando que el Gobierno eslovaco ha propuesto al Parlamento legislación que eliminaría la protección de los denunciantes de irregularidades para los agentes de policía, socavaría la libertad de expresión y limitaría los derechos de todas las personas en Eslovaquia sobre la base de la introducción de valoraciones arbitrarias y subjetivas, en contra de los principios de la Directiva de la Unión sobre la protección de denunciantes[3];
  8. Considerando que la Fiscalía Europea declaró, el 18 de diciembre de 2023, que algunas modificaciones legislativas propuestas por el Gobierno eslovaco en relación con marcos jurídicos y fiscales clave podrían plantear riesgos para la protección efectiva de los intereses financieros de la Unión, así como para su marco de lucha contra la corrupción, y ya no garantizarían que los delitos contra el presupuesto de la UE se castiguen con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias en Eslovaquia; que el desmantelamiento de la Fiscalía Especial podría socavar la colaboración y la coordinación con la Fiscalía Europea, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude;
  9. Considerando que el primer ministro eslovaco recurre a menudo a un lenguaje divisivo a fin de polarizar a la sociedad del país; que un intercambio de puntos de vista respetuoso entre los líderes políticos y todos los ciudadanos, incluidos los estudiantes, es esencial para el buen funcionamiento de la democracia;
  10. Considerando que, en el pasado, los ataques públicos en Eslovaquia de políticos contra periodistas, la sociedad civil y grupos vulnerables han creado un entorno permisivo para la incitación al odio, en el que se han cometido delitos violentos graves, incluidos los asesinatos de Ján Kuciak y Martina Kušnírová; que Ján Kuciak se había especializado en informar sobre la evasión fiscal a gran escala, el fraude fiscal, la corrupción y el blanqueo de capitales, y había efectuado investigaciones sobre varios empresarios con vínculos con políticos de alto nivel; que el asesinato de Ján Kuciak y Martina Kušnírová es uno de los asuntos más complejos que investiga y supervisa la Fiscalía Especial; que existe el riesgo de que el expediente se transfiera a un nuevo fiscal si se desmantela la Fiscalía Especial;
  1. Expresa su profunda preocupación por el proceso legislativo acelerado injustificado utilizado por el Gobierno eslovaco, en especial en lo que respecta a las enmiendas propuestas al Código Penal y a la disolución de la Fiscalía Especial, que amenaza la integridad de los procesos judiciales, debilita la lucha de la Unión contra el fraude y pone en peligro la protección de los intereses financieros de la UE y del medio natural en Eslovaquia; pide al Gobierno eslovaco que reconsidere estas modificaciones a la luz de sus posibles consecuencias para el Estado de Derecho, los intereses financieros de la Unión y el marco de lucha contra la corrupción de la UE; pide al Gobierno eslovaco que respete los principios vinculantes de la Directiva de la Unión sobre la protección de denunciantes y que reconsidere los cambios propuestos en la protección de los denunciantes en Eslovaquia; expresa su especial preocupación por que se prive retroactivamente a los denunciantes de irregularidades de su protección, lo que genera inseguridad jurídica; toma nota de que la oficina eslovaca de protección de los denunciantes ha señalado estas cuestiones a la Comisión;
  2. Recuerda que toda reforma penal debe contener salvaguardias suficientes y adecuadas a fin de garantizar la continuidad y la eficacia de los asuntos penales nuevos y en curso, especialmente en relación con la corrupción de alto nivel, así como de asegurar la independencia del poder judicial y la autonomía de la fiscalía, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión en sucesivos informes sobre el Estado de Derecho; expresa su preocupación por que la reasignación de los asuntos de la Fiscalía Especial pueda dar lugar a retrasos considerables y que algunos asuntos puedan decaer debido a la prescripción; insta al Gobierno a que atienda la persistente petición de reformar el apartado 363 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal eslovaca y a que introduzca la posibilidad de impugnar una decisión de la Fiscalía General de no enjuiciar y otras medidas o salvaguardias para evitar el uso indebido de esta disposición;
  3. Hace hincapié en la necesidad de un proceso público exhaustivo que tenga en cuenta los dictámenes de expertos e instituciones pertinentes, como la Comisión de Venecia, e incluya consultas públicas y con partes interesadas adecuadas a escala nacional y de la Unión sobre cualquier cambio en el actual código penal y en las estructuras encargadas de investigar y enjuiciar delitos graves, incluidos los casos de corrupción en Eslovaquia;
  4. Aboga por un nivel más adecuado de recursos humanos y financieros para los casos de corrupción y una mejor coordinación entre los investigadores y fiscales en materia de corrupción, en consonancia con la recomendación de la Fiscalía Europea, para una investigación más eficaz de los delitos relacionados con la corrupción;
  5. Pide a la Comisión que supervise de cerca y facilite información al respecto, adoptando las medidas necesarias para salvaguardar el Estado de Derecho y la independencia judicial, especialmente en lo que respecta a los casos de corrupción de alto nivel, y para proteger los intereses financieros de la Unión;
  6. Reconoce y apoya el importante papel y el compromiso de los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la protección y la promoción de la democracia y el Estado de Derecho; pide que se implique a las partes interesadas en el proceso legislativo, especialmente en relación con el uso de los procedimientos acelerados;
  7. Rinde homenaje a Ján Kuciak seis años después de su asesinato y a su trabajo fundamental como periodista de investigación; pide a las autoridades eslovacas que garanticen que se imparta justicia;
  8. Insta a todos los dirigentes políticos a que colaboren de manera constructiva y respetuosa con los ciudadanos, defendiendo los principios del debate democrático y respetando las instituciones públicas, el Estado de Derecho y la libertad académica; pide, por tanto, a los responsables gubernamentales que se abstengan de atacar verbalmente a personas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil; subraya el deber de los responsables públicos y gubernamentales de servir a todos los ciudadanos, especialmente en un país con antecedentes de delitos motivados por el odio y en el que un periodista ha sido asesinado;
  9. Condena las observaciones inadecuadas e irrespetuosas formuladas por el primer ministro, entre otros contra un estudiante que participó en una iniciativa para fomentar un intercambio académico sobre la situación del Estado de Derecho en Eslovaquia; pide a los responsables gubernamentales que se abstengan de cuestionar la legitimidad de las decisiones judiciales; expresa su profunda preocupación por los planes anunciados de adoptar legislación que limitaría el espacio cívico, en particular restringiendo el trabajo de las ONG y estigmatizando a las organizaciones que reciben financiación extranjera;
  10. Advierte contra cualquier injerencia política en la independencia editorial y la integridad periodística; observa con preocupación la reestructuración prevista de Radio y Televisión de Eslovaquia, el principal organismo público de radiodifusión del país; subraya la importancia de mantener unos medios de comunicación libres e independientes como piedra angular de una sociedad democrática;
  11. Lamenta la decisión del primer ministro y de varios responsables gubernamentales de poner fin a la comunicación con medios informativos clave, reconociendo que esto constituye un obstáculo significativo para el derecho del público a recibir información pertinente del Gobierno; hace hincapié en que estas acciones restringen la libertad y la transparencia de los medios de comunicación y contribuyen a la difusión de desinformación manipuladora en el espacio público;
  12. Pide al Gobierno eslovaco que defienda el principio de cooperación leal con las instituciones de la Unión;
  13. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

 

Última actualización: 16 de enero de 2024
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