Acta literal de los debates

Lunes 12 de mayo de 1997 - Estrasburgo

4. Protección jurídica de los servicios codificados

  El Presidente . – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4‐0119/97) del Sr. Anastassopoulos, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre el Libro Verde de la Comisión acerca de la protección jurídica de los servicios codificados en el mercado interior (consulta sobre la conveniencia de una iniciativa comunitaria).

  Anastassopoulos (PPE), ponente. – (EL) Señor Presidente, uno de los fenómenos que caracterizan nuestra época, que es el uso cada vez más difundido de las nuevas tecnologías junto al aumento de la disponibilidad de frecuencias, ha conducido a la codificación de determinados servicios, fundamentalmente nuevos servicios de radiotelevisión con programas digitales. El acceso a estos programas solamente es posible si se pone y se utiliza un aparato especial ‐el descodificador‐ que se recibe previo pago de un canon. Esta nueva forma de servicios de radiotelevisión ha comenzado a experimentar un especial florecimiento en Europa y en el mundo entero. Sin embargo, su desarrollo, que se examina en el nuevo Libro Verde de la Comisión Europea que está en examen hoy, se ve amenazado por un peligro conocido, la piratería.

Un problema más de la sociedad de la información, se podría decir; porque el Libro Verde, que ya nos ocupa, aborda un tema relacionado con la sociedad de la información, tema que abordamos en forma más general, enfocada hacia el derecho del creador y derechos afines, el pasado septiembre gracias al excelente informe del Sr. Barzanti.

El problema que se está creando presenta mútliples aspectos, ya que afecta a una serie de derechos e intereses que resultan especialmente importantes en el marco del mercado único. Paralelamente a este nuevo y dinámico mercado de programas codificados, se ha ido desarrollando una industria de fabricantes no autorizados de dispositivos de descodificación.

Esta industria pirata, que fabrica y comercializa a precios más bajos que los precios oficiales de los aparatos, ha alcanzado unas dimensiones que la convierten realmente en una amenaza. Por supuesto, es difícil hacer cálculos con respecto al alcance de sus actividades ilegales, pero probablemente no sea exagerado suponer que los aparatos ilegales representan entre el 5 y el 20 % del conjunto de aparatos y más de 200 millones de ecus en pérdidas de ingresos para los operadores que ofrecen servicios codificados. Basta con señalar, señor Presidente, que en sólo cuatro meses, de septiembre de 1996 a principios de 1997, se han producido a través de Internet más de un millón de contactos que hacían publicidad de equipos piratas. El golpe es especialmente grave para la industria cinematográfica europea, ya que el 34 % de sus ingresos están relacionados con esta fuente.

Consideramos necesario que esta piratería se combata eficazmente, en favor del buen funcionamiento del mercado único, del futuro desarrollo de industrias especializadas en nuevas tecnologías, del desarrollo de nuevas formas de comunicación, del fomento de nuevas estrategias comerciales y, sobre todo, en beneficio de la protección de los consumidores y de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. La fabricación de descodificadores con medios técnicos que dificulten la piratería gracias al reforzamiento de la protección resulta tanto costosa, perjudicando así a los consumidores, como ineficaz. La piratería se readapta velozmente y siempre logra neutralizar cualquier sistema de protección aun con las técnicas más avanzadas. Por consiguiente, sólo queda una solución a nivel comunitario del problema, que además ha asumido carácter de emergencia, ya que la piratería florece como nunca.

Las legislaciones de los Estados miembros, que en unos casos tratan la cuestión con disposiciones específicas y en otros remiten a normas generales sobre competencia desleal etc., y que se resumen en dos tipos de enfoque, la protección de los servicios codificados y la prohibición de las denominadas actividades preparatorias, son tan divergentes que la subsidariedad no se puede propugnar en este caso. Por eso, los gobiernos de 13 de los 15 Estados miembros han aceptado en un principio el establecimiento de normas comunitarias armonizadas. De todas formas, no creo que hayan tenido otra opción, ya que, primero, en lo que se refiere las disposiciones internacionales las recomendaciones del Consejo de Europa no tienen carácter vinculante, y segundo, los trabajos realizados en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, aunque pueden llevar a ciertos resultados no se transforman en soluciones legislativas sino de manera extremadamente lenta e ineficaz, debido a las muchas reservas por parte de los gobiernos.

Tampoco será fácil ni sencilla la solución comunitaria, por las siguientes dos razones. Primero, cualquiera que sea la regulación propuesta, tendrá que introducirse en el terreno de la libre circulación de las mercancías y los servicios, tal como la establecen el derecho primario y el derivado y como lo determina la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Se corre el riesgo de que las soluciones propuestas afecten a derechos consolidados. Por lo tanto, será necesario actuar con prudencia y cuidado. Segundo, para que sean eficaces estas soluciones, es necesario además que incluyan el tema de las sanciones. Aquí, evidentemente, se planteará ‐aunque no por primera vez‐ la cuestión de si los Estados miembros aprobarán, y en qué medida, que pasen a un texto legal comunitario normas de derecho penal y procesal, que no encajan en la competencia de la Unión Europea.

Por estos motivos, es decir, por la combinación entre la necesidad de regulación, por un lado, y el carácter complejo que muy probablemente tendrán las soluciones buscadas, el ponente propone la directiva como medio más oportuno, porque en su marco se podrá conseguir mejor y más rápidamente la deseada armonización de las legislaciones nacionales divergentes. Una propuesta de reglamento probablemente sería aún mejor, pero correría el riesgo de quedar atascada. La redacción de esta directiva será sin duda una labor muy penosa, pero con la colaboración de la Comisión, del Parlamento y de los Estados miembros es posible que se lleve a buen fin. La Comisión de Asuntos Jurídicos que me ha hecho el honor de aprobar unánimemente el informe que les estoy presentando insta a la Comisión a que avance rápidamente en esa dirección. Hay que combatir la piratería eficazmente y sin demora.

  Hautala (V), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. – (FI) Señor Presidente, es normal que se generalice el pirateo a medida que en la sociedad de la información van apareciendo más y más servicios de pago destinados a un público selecto. Como representante de la Comisión de Asuntos Económicos, estoy completamente de acuerdo con el ponente en que es necesario lograr algún tipo de reglamentación. Si bien es indudable que se puede intentar buscar soluciones de orden técnico con el fin de evitar las actividades ilícitas, me temo que esto daría lugar a una situación de competitividad que terminaría beneficiando a los piratas.

He propuesto ante la Comisión de Asuntos Económicos que se tome en consideración la adopción no de una directiva, sino incluso de un reglamento, ya que no cabe la menor duda de que éste constituiría un método eficaz de regulación. Sin embargo, también comprendo al autor del informe cuando señala que esta idea representa un gran desafío, cuya aprobación en los distintos Estados miembros no sería en absoluto fácil. Por todo ello desearía apuntar que lo que resulta cuando menos necesario es una directiva que garantice un mínimo nivel de reglamentación.

Este asunto está relacionado también con cuestiones muy difíciles acerca de las indemnizaciones y las sanciones que se deberían establecer a aquellos que hagan un uso ilegal de aparatos decodificadores. A este respecto podremos siempre recurrir a las disposiciones en materia de Derecho penal, si bien, habida cuenta de que los Estados miembros no se muestran demasiado dispuestos a armonizar este apartado, habría que considerar igualmente las indemnizaciones penales a nivel particular.

Antes de llegar a una reglamentación de este tipo, creo que es fundamental que se encuentren respuestas a las cuestiones que, con toda seguridad, nos planteará en breves momentos la Comisión de Medio Ambiente. Esta comisión querrá saber de qué manera la prevención de este tipo de utilización de servicios cerrados podría conducir, por ejemplo, a una concentración. Estamos hablando de la industria del conocimiento, la cual reviste una gran importancia. Es posible que la Comisión no haya respondido aún de manera completamente satisfactoria a estas preguntas.

  Medina Ortega (PSE). – Señor Presidente, el informe del Sr. Anastassopoulos ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Es un primer informe, ya que, en definitiva, se refiere a una consulta sobre el Libro Verde de la Comisión sobre la protección jurídica de los servicios codificados en el mercado interior y está en la línea de la formulación de todo un ordenamiento jurídico elaborado por la Comunidad Europea en materia de protección de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación en general.

Yo creo que nos encontramos ante un nuevo Derecho. Es un nuevo Derecho en el que la Comunidad Europea está, en este momento, desempeñando un papel de vanguardia. Tengo que felicitar a la Comisión por la labor pionera que está llevando a cabo en este terreno y la Comisión habrá apreciado cómo el Parlamento colabora con ella en cada una de esas etapas.

En este momento nos encontramos en una etapa en la que se trata de dar una protección jurídica a este tipo de situaciones. La dificultad con la que nos encontramos es que la protección jurídica, sobre todo la protección jurídico‐penal, es competencia nacional. Al ser competencia nacional, si se opta por la vía de la reglamentación comunitaria, esto supondría la introducción de la Comisión en un ámbito en el que hasta ahora se ha actuado con bastante limitación. Por tanto, yo creo que las recomendaciones del ponente en el sentido de que se siga por la vía de la directiva parecen mucho más adecuadas.

Yo creo que es importante la configuración de este tipo de Derecho ‐ya lo hicieron conjuntamente el Parlamento, la Comisión y el Consejo en las disposiciones comunitarias. Por ejemplo, la Directiva 93/83 sobre la protección de la propiedad intelectual en materia de televisión por cable y satélite marcó ya un hito en esta materia ‐hay que recordar que han transcurrido cuatro años desde la adopción de esta directiva y hasta ahora no se han detectado graves dificultades en su aplicación.

Recientemente, el Parlamento y el Consejo, con la eficaz colaboración de la Comisión, se han puesto de acuerdo sobre la revisión de la Directiva sobre la televisión sin fronteras y, al mismo tiempo, la Directiva 95/47 sobre normas de transmisión de señales de difusión también se encuentra en aplicación. En definitiva, yo creo que todo este ordenamiento jurídico es un ordenamiento nuevo; que el Parlamento apoya las iniciativas de la Comisión; que el Parlamento está invitando a la Comisión a que siga adelante por este camino y que, concretamente en esta materia, la vía adecuada es la vía de la directiva y no la vía del reglamento.

  Mosiek‐Urbahn (PPE). – (DE) Señor Presidente, afortunadamente estamos tratando aquí un informe en favor del cual ha votado de manera unánime la Comisión de Asuntos Jurídicos.

El ponente ha expuesto de manera clara y comprensible todos los puntos relativos a la protección de los servicios codificados en el mercado interior. Hay que destacar la afirmación de que la piratería está floreciendo francamente en todas sus formas conocidas. Se fabrican aparatos decodificadores no autorizados, se lanzan al mercado, se compran, se instalan y, sobre todo, se utilizan. Aparte de esto, se ofertan servicios que están relacionados con la piratería. Se hace publicidad de estos servicios y se prestan para eludir eficazmente los actuales servicios de protección. La piratería constituye un fenómeno transfronterizo y viola al mismo tiempo el derecho de propiedad intelectual. El Libro Verde se ocupa exclusivamente del aspecto de la recepción no permitida de servicios codificados. El análisis de la situación jurídica en los 15 Estados miembros muestra cuán fragmentado está el espacio jurídico en Europa. Algunos países tienen regulaciones específicas, otros países recurren a preceptos jurídicos ya existentes y en muchos otros países no hay, en absoluto, protección alguna. La consecuencia es patente: necesitamos una armonización, tal como lo ha dicho también el ponente. La pregunta es la siguiente: ¿necesitamos una directiva? ¿Necesitamos un reglamento?

El ponente ‐y la Comisión de Asuntos Jurídicos coincide con él‐ es partidario de una directiva, porque para los Estados miembros resulta también manejable con más flexibilidad. Por lo demás, ‐y esto lo reconoce también él mismo‐ habría que lograr una mayor unanimidad en el marco de un reglamento. En este contexto quisiera recordar precisamente el Informe Slim, aprobado recientemente, en el cual lamentamos una vez más, como Parlamento, que se esté aprobando demasiado soft‐law . En consecuencia, aquí debería tener realmente prioridad un reglamento. No obstante, quizá sea más realista ‐al menos a la vista de otros conocimientos obtenidos tras la valoración de la consulta pública realizada a propósito del Libro Verde‐ aspirar, como primer paso, a una directiva.

Suspender los esfuerzos de armonización con el argumento de que, dado el vertiginoso desarrollo técnico, la piratería podrá volver a burlar en breve cualquier tipo de regulación, equivaldría a una declaración de bancarrota. Por el contrario, este argumento debe servir de acicate para llevar a la práctica la protección jurídica tan rápidamente como sea posible.

  De Clercq (ELDR). – (NL) Señor Presidente, me limitaré a tratar dos cuestiones. La lucha contra la piratería y la industria pirata es muy necesaria, pero no tiene que ocuparse tan sólo de los derechos de los empresarios. También es preciso defender las ventajas del consumidor, y estas residen en el precio y la calidad de los servicios ofrecidos. Un mercado bien regulado y liberalizado, como el que queremos, ha de beneficiar al usuario, para que recabar información, aunque sea pagando, esté al alcance de todo el mundo, pues el derecho a la información no puede convertirse en un derecho elitista.

Una segunda cuestión es que hemos de cuidarnos de que, al luchar contra la piratería a nivel europeo, no se desplace el problema. El problema de la piratería se produce a escala mundial, por lo cual es preciso tomar iniciativas a nivel mundial.

Por último, en este sentido no sólo hay una tarea para la OMPI, sino que se trata también de un importante reto para las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio.

  Oreja Aguirre , miembro de la Comisión . – Señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, en primer lugar quisiera agradecer la intervención del ponente, Sr. Anastassopoulos.

Como bien saben, el Libro Verde fue presentado por la Comisión en marzo de 1996. Los resultados de la consulta confirmaron la necesidad de un instrumento jurídico comunitario y la Comisión observa con satisfacción que el Parlamento comparte su punto de vista.

En estos meses, el Libro Verde se ha debatido a fondo en cuatro comisiones del Parlamento, habiendo quedado bien reflejada la calidad de los trabajos en el amplio informe que ha presentado el Sr. Anastassopoulos.

Respecto al curso que ha de darse al Libro Verde, la Comisión comparte la opinión expresada en el proyecto de informe de que el instrumento jurídico más apropiado sería una directiva. La Comisión ya adoptó un claro compromiso sobre el principio de una propuesta legislativa en el programa de trabajo para 1997, que fue presentado por el Presidente Santer en la sesión plenaria de octubre de 1996.

Después de la aprobación del informe del Parlamento, y teniendo en cuenta los resultados positivos de la consulta, la Comisión está en condiciones de presentar una propuesta que permita satisfacer las legítimas expectativas suscitadas por el Libro Verde.

Yo quiero, finalmente, expresarles mi agradecimiento por el claro apoyo recibido y reiterar el compromiso de la Comisión al respecto.

  El Presidente . – Queda cerrado el debate.

La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 h.