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Debates
Miércoles 15 de diciembre de 1999 - Estrasburgo Edición DO

13. Especie bovina y carne de vacuno: identificación, registro y etiquetado
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  El Presidente. - De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0101/1999) del Sr. Papayannakis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 820/97 del Consejo por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y los productos a base de carne de vacuno (COM(1999) 487 - C5-0241/1999 - 1999/0205(COD)).

Tiene la palabra el Sr. Goodwill para una cuestión de orden.

 
  
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  Goodwill (PPE-DE). - (EN) Señor Presidente, sobre una cuestión de orden: aunque esta noche no nos acompaña el representante del Consejo, permítaseme preguntar si la Comisión o un representante de la secretaría del Parlamento conocen los informes de una agencia de prensa que he visto, según los cuales ayer se adoptó en el Consejo la decisión de prorrogar el plan voluntario durante 12 meses, con lo que se pasó por alto el procedimiento de codecisión y este debate y la votación de mañana resultan irrelevantes.

 
  
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  El Presidente. - Tiene la palabra el Sr. Graefe zu Baringdorf para una cuestión de orden.

 
  
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  Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE). - (DE) Señor Presidente, voy a referirme a la misma cuestión. No pienso que el debate de hoy y la votación prevista para mañana se vuelvan superfluos, todo lo contrario. Pero en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural quisiera que se nos aclarara -como no está presente el Consejo agradecería que lo hiciera el Comisario Byrne antes de iniciarse el debate- cómo han de interpretarse las declaraciones y las conclusiones del Consejo que tenemos delante. Parece haberse acordado que si nosotros presentamos enmiendas a la propuesta de reglamento de la Comisión el Consejo no aprobará el procedimiento simplificado, a saber la aprobación del procedimiento de postergación en el marco de la codecisión. En tal caso, aprobaría otra propuesta de la Comisión elaborada de conformidad con el antiguo Reglamento 820 y provista de una disposición de aplicación que estipula que en el marco de dicha disposición de aplicación tendrá lugar un aplazamiento de un año. Según parece, el Consejo ha decidido aprobar esa propuesta en cuanto la Comisión la presente formalmente.

En resumen, todos los indicios apuntan a que la Comisión está actuando por una doble vía. Señor Byrne, habida cuenta de que nos encontramos en pleno procedimiento de codecisión, obviamente nos interesa saber si la Comisión esquiva esa codecisión por medio de un doble procedimiento, anunciando una vía alternativa al Consejo.

Quisiera saber si usted aprueba esta conducta del Consejo que supedita la aprobación del procedimiento simplificado en el marco de la codecisión a la condición de que el Parlamento no haga valer su derecho de modificar la propuesta que la Comisión presenta al Consejo, todo ello para concluir que si decidimos ejercer nuestro derecho nos excluimos del procedimiento de codecisión. Me gustaría que el Comisario aclarase este asunto antes de que se proceda al debate. Señor Comisario, lamento que sea usted quien tenga que responder a esta pregunta, pero el Consejo no está presente y nos gustaría recibir una respuesta antes de la discusión y la votación de mañana. Insisto, considero absolutamente necesario que procedamos al debate y que mañana votemos y aprobemos el informe. A ese respecto, me distancio del orador anterior, pero coincido con él en que el asunto ha de aclararse.

 
  
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  Byrne, Comisión. - (EN) Señor Presidente, no estoy del todo seguro de lo que se me pide que haga a estas alturas. Si lo desean usted y los diputados al Parlamento, podría referirme a las cuestiones para las que he venido; si no, podría responder, en la medida de mis posibilidades, a las preguntas que han formulado los dos oradores anteriores sobre las cuestiones planteadas ayer en el Consejo. Como ha señalado muy atinadamente el Sr. Graefe zu Baringdorf, no estoy aquí para responder en nombre del Consejo, pero, en la medida en que pueda ayudar al Parlamento, tendré mucho gusto en hacerlo.

Tengo conmigo una copia de las conclusiones que ayer propuso la Presidencia. Antes de leer ese documento, quisiera señalar que lo que voy a leer representa una orientación política adoptada por el Consejo ayer. El Consejo reconoció que hoy se iba a examinar esa cuestión en el Parlamento. Así, pues, aplazó cualquier decisión al respecto hasta que el Parlamento haya examinado esa cuestión. Después ese asunto pasará a uno de los Consejos antes del final del año, teniendo en cuenta la decisión que adopte el Parlamento hoy. Pero, si sirve de ayuda al Parlamento, tendría mucho gusto en leer ese documento que representa una orientación política más que una conclusión o una decisión del Consejo de ayer.

El Consejo, después de haber examinado la propuesta de la Comisión encaminada a aplazar durante un año (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000) la introducción de un sistema obligatorio de etiquetado de la carne de bovino y mantener durante ese período el plan de etiquetado voluntario establecido en el Reglamento (CE) nº 820/97, ha adoptado las siguientes conclusiones:

1) El Consejo acuerda la siguiente orientación común: la propuesta de la Comisión es aceptable sin otra modificación que la adición del artículo 37 a la letra b) del apartado 4 del artículo 152 como fundamento jurídico;

2) En caso de que el dictamen que emita el Parlamento Europeo en la primera lectura del procedimiento de codecisión corresponda a la orientación común mencionada, el Consejo aceptará ese resultado y, por tanto, aprobará el acto propuesto así modificado;

3) De lo contrario, no se podría aprobar el acto legislativo antes del 31 de diciembre de 1999;

4) El Consejo toma nota de que, en ese hipotético caso, la Comisión se propone presentar una propuesta con el mismo objetivo, pero basada en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento (CE) nº 820/97;

5) El Consejo ha examinado un documento de trabajo preparado por los servicios de la Comisión al respecto -14015/99- y ha tomado nota de la existencia de una gran mayoría a favor del fondo del texto;

6) Si la Comisión presentara una propuesta oficial de Reglamento del Consejo correspondiente al texto del documento de trabajo que recibió el apoyo del Consejo, éste aprobará dicho reglamento propuesto antes del 31 de diciembre de 1999;

7) El Consejo hará todo lo posible para lograr lo antes posible, y en consulta con el Parlamento Europeo, la adopción de una decisión sobre la disposición relativa al etiquetado.

Ésa es la orientación del Consejo de Agricultura de ayer. Se abstuvo de adoptar una decisión como deferencia para con el debate del Parlamento que hoy se celebra aquí y el Parlamento puede adoptar la decisión mañana.

 
  
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  Papayannakis (GUE/NGL ), ponente. – (EL) Señor Presidente, después del texto que acaba de leernos el Sr. Byrne, texto que tengo aquí conmigo, realmente, tendría mucho menos sentido el debate que mantenemos. Señor Byrne, no es verdad que no haya tomado decisiones el Consejo. El Consejo ha decidido una prórroga de un año. Y lo ha dicho. El Consejo ha decidido que sabe que la Comisión –es decir, ustedes– les harán llegar otra solución, que nosotros desconocemos. Ustedes la conocen, ellos saben que ustedes se la harán llegar, y que además será buena, y la aprobará antes del 31 de diciembre, y la aprobará sin codecisión. Y eso también es una decisión del Consejo. Por consiguiente, ustedes nos están tomando el pelo.

Señorías, a pesar de todo, tengo que presentarles mi ponencia. En 1997, aprobamos el Reglamento 820. Prevé la ordenación y registro del vacuno –era la crisis de las «vacas locas»–, lo que se decidió y es obligatorio desde el 1 de julio de 1997. Prevé el etiquetado de la carne y sus derivados. Opcionalmente hasta el 31 de diciembre de 1999, obligatoriamente desde el 1 de enero del 2000. Les llamo la atención, para ser precisos, sobre el hecho de que el régimen opcional de cada país, o de ciertos países, no se convierte así sin más en el régimen general obligatorio de toda la Unión. El paso de uno a otro régimen requiere la aprobación de normas generales de aplicación que debería haber preparado la Comisión y que deberían haberse aprobado antes del 1 de enero del 2000. Hoy todavía no se ha aprobado nada. En consecuencia, a partir del 1 de enero del 2000, lógicamente, tendremos una especie de vacío legal, caos, confusión en el mercado. ¿Por qué? Porque los estados miembros se han retrasado en el envío de los informes que debían remitir a la Comisión, y porque la Comisión no ha hecho su trabajo. Y llega la Comisión el 15 de noviembre y nos dice: «No hemos podido concluir, por favor, una prórroga de un año.» Pero, añade que eso se hará sobre una nueva base legal, como de hecho debe hacerse después del Tratado de Amsterdam, según el artículo 152 del Tratado.

Todo esto pone al Parlamento en una posición muy difícil, señor Presidente. O aceptamos tal cual lo que nos dice la Comisión–prorroga un año y recurrimos más tarde a la codecisión para los reglamentos de aplicación–, o presentamos enmiendas, pero entonces, tal y como nos dice el Consejo, las enmiendas no pueden ser aceptadas. Ya nos lo ha dicho. Y si no pueden ser aceptadas, seguimos teniendo problemas. ¿Qué hemos hecho nosotros en la Comisión de Medio Ambiente? Hemos dirigido, por supuesto, la crítica correspondiente, creo que merecida, y que debe ser excepcionalmente fuerte, a la Comisión y al Consejo. No aceptamos la prórroga de un año. Proponemos un plazo máximo de ocho meses. Y con enmiendas, por supuesto, aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente, señor Presidente, sustancialmente coincidimos también nosotros con las propuestas de dejar a un lado la codecisión, de manera que no perdamos tiempo y la obligatoriedad sea una realidad lo antes posible. El Consejo ya hemos visto lo que ha decidido: da por supuesto que nada de esto es posible. Desde ahora tiene claro lo de la prórroga de un año, y espera las famosas propuestas que la Comisión tiene en el bolsillo y que solucionarán el problema de la aplicación.

Creo, señor Presidente, que la situación es fea y complicada. No creo que ninguno de los procedimientos propuestos garantice que nos dirigiremos con mayor rapidez hacia la aplicación obligatoria del etiquetado. Supongo que el Consejo celebrará próximamente alguna reunión extraordinaria –antes de las Navidades probablemente– y algo hará para evitar el vacío, el caos y la incertidumbre. En cualquier caso, la codecisión, tal vez con cierta responsabilidad también por nuestra parte, queda obviada. Creo, señor Presidente, que después de esto sería muy lógico pensar en que acudiéramos incluso al Tribunal, puesto que estamos ante violaciones claras de la legislación.

Personalmente, pienso, que nada nos garantiza avanzar con más rapidez. Propongo, no obstante, la solución de la Comisión de Medio Ambiente y hago votos por que vayamos con la mayor prontitud, aun mediante un procedimiento dudoso, hacia el etiquetado obligatorio. Hemos visto hoy la importancia que reviste para la resolución de las diferencias entre los países miembros. Y, sobre todo –y esto es lo que más nos preocupa a nosotros–, la importancia que reviste para la protección de los consumidores. Si vemos que no avanzamos ni siquiera con estas dudosas soluciones de urgencia, considero inevitable que acabemos recurriendo al Tribunal, siempre, claro está, que en este Parlamento haya una mayoría con el coraje político y la determinación de hacerlo.

 
  
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  Kindermann (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.- (DE) Señor Presidente, estimados colegas, la cuestión del etiquetado de la carne de vacuno ya se debatió en el Pleno en febrero de 1997. En aquel entonces el Parlamento se pronunció a favor de la inmediata introducción de un sistema de etiquetado obligatorio. Sin embargo, el Consejo prefirió empezar por un etiquetado facultativo y decidió aplazar el sistema obligatorio hasta enero del año 2000. Ahora nos instan a que aprobemos un nuevo aplazamiento de un año puesto que se han producido retrasos en la aplicación del Reglamento 820/97, actualmente vigente. Los únicos responsables de estos retrasos son los Estados miembros y la Comisión.

Según la Comisión, el retraso es debido a que los informes de trabajos en curso de los Estados miembros, que sientan las bases para la normativa general de un sistema obligatorio, se han presentado demasiado tarde. Pero en nuestra opinión, la Comisión y los Estados miembros no han trabajado consecuentemente para que el sistema obligatorio de etiquetado de la carne de vacuno pueda entrar en vigor en la fecha prevista. La Comisión ha de preguntarse por qué ha tardado tanto en llamar al orden a los Estados miembros. A fin de cuentas, éstos estaban obligados a crear las condiciones necesarias para un sistema fiable de identificación de la procedencia de los bovinos y garantizar el correcto funcionamiento de sus bases de datos electrónicas para el 31 de diciembre del año en curso.

Tampoco podemos aceptar el argumento aducido por la Comisión de que el retraso en la presentación de su propuesta se debe a que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas aún no se ha pronunciado sobre la demanda presentada contra el Consejo con respecto al fundamento jurídico del Reglamento 820/97. Incluso si ya hubiera dictado sentencia habría sido harto difícil llevar a buen término un procedimiento de codecisión en esta materia.

No podemos aprobar sin reservas un nuevo aplazamiento de un año, puesto que nadie nos garantiza que el año próximo por esas mismas fechas no se nos vuelva a obligar a conceder otro aplazamiento porque determinados Estados miembros no hayan hecho sus deberes. Estamos dispuestos a otorgar una prórroga de ocho meses para que los Estados miembros puedan recuperar el tiempo perdido, pero el 1 de septiembre del año 2000 el sistema obligatorio debe introducirse definitivamente en todos los Estados miembros y para todos los comerciantes de carne de bovino. De este modo, la Comisión dispone del tiempo necesario para presentar disposiciones de aplicación respecto a este sistema obligatorio. Y al mismo tiempo el Parlamento Europeo y el Consejo pueden elaborar una nueva versión del Reglamento 820/97 a través de un procedimiento de codecisión. Gracias a este procedimiento, el sistema obligatorio podrá introducirse antes de la fecha prevista en la propuesta de la Comisión y todas las partes implicadas tendrán tiempo suficiente para alcanzar una solución duradera y satisfactoria.

Para finalizar quisiera reiterar mi gratitud hacia todos los colegas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política de los Consumidores por haber dado luz verde a las enmiendas presentadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Considero fundamental que el Parlamento Europeo hable hoy con una sola voz y emita una señal unívoca con respecto a este tema crucial para los consumidores. Asimismo quiero volver a dar las gracias a todos los colaboradores y a la Secretaría por su buena disposición y la premura con la que han realizado su trabajo.

 
  
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  Goodwill (PPE-DE). - (EN) Los últimos decenios del siglo XX han estado jalonados por una serie de sustos alimentarios. En muchos casos los motivos auténticos de preocupación resultan desorbitados, cuando los medios de comunicación se lanzan como fieras y raras veces dejan que los hechos les impidan presentar una historia espectacular. Tal vez no dispongamos de suficientes periodistas con formación científica y que puedan expresar en cifras cuestiones como la del riesgo o tal vez un titular sensacional en portada que aumente la venta de un periódico sea -como sospecho yo- más importante que dar información a los consumidores para que puedan adoptar sus decisiones a la hora de comprar.

El etiquetado de los productos es una forma importante de contrarrestar esa mala información. Naturalmente, es posible ir demasiado lejos y ofrecer datos técnicos que, en lugar de informar, confundan. Cuando se examinan los detalles de esta y otras directivas, espero que tengamos presente el caso de una madre que tire de dos o tres niños irritables por el supermercado y no tenga tiempo para leer una detallada hoja de datos. Necesita ver de un vistazo la información sobre la procedencia, el método de producción y otros detalles de forma sencilla y no ambigua.

Actualmente, el etiquetado de los alimentos es, en el mejor de los casos, ambiguo y, en los peores, deliberadamente engañoso. Por ejemplo, estaríamos justificados en pensar que una panceta con la etiqueta “empaquetada en el Reino Unido” ha sido producida en Gran Bretaña con arreglo a las más estrictas normas de seguridad, pero no es así. Y un pastel de carne que lleve la etiqueta "producto del Reino Unido" puede contener carne de bovino de Botswana, Zimbabwe o cualquier otra parte del mundo. Eso no basta. Las normas relativas al etiquetado deben resolver esos problemas.

Ahora paso a la intolerable situación en que nos encontramos hoy respecto de la prórroga del plan voluntario de etiquetado de la carne de bovino. ¿Cuál sería la actitud de la UE, si fuera una empresa, y no un país, la que optara por pasar por alto la legislación que otras empresas similares cumplieran? Se desataría toda la fuerza de la ley, naturalmente. Estamos en una situación en la que 12 de los 15 Estados miembros no han introducido un sistema voluntario de etiquetado de la carne de bovino, por lo que no están en condiciones de pasar a un sistema obligatorio en enero. La Comisión acusa a los Estados miembros de no haber facilitado información sobre la falta de adopción de medidas a tiempo para que siguieran los procedimientos democráticos apropiados. Sin embargo, debería haber sido consciente de cómo estaba evolucionando la situación y estoy seguro de que unas pocas llamadas de teléfono habrían puesto al tanto en seguida a la Comisión. Hoy, pese a que se pidió a la Comisión de Agricultura y a la Comisión de Medio Ambiente de este Parlamento que examinaran la posibilidad de esa prórroga y a que las enmiendas propuestas eran prácticas y razonables y se podrían haber aprobado con arreglo a la codecisión, el Consejo ha decidido pasar por alto esta Asamblea y cambiar el fundamento jurídico para esa decisión. Se trata de un insulto a los diputados al Parlamento Europeo.

Por último, es particularmente importante que los consumidores sepan de dónde procede la carne de bovino que consumen. Después de la crisis de la EEB, debemos hacer que a los ciudadanos les resulte fácil identificar la carne de bovino más segura disponible, que es, naturalmente, la británica.

Permítaseme también instar al Comisario Byrne a que introduzca un plan de compensación para los ganaderos británicos que se están viendo afectados por la acción ilegal del Gobierno francés. Se podrá recuperar el costo de dicho plan cuando los franceses, con la misma seguridad con la que el día sigue a la noche, pierdan su litigio ante los tribunales. Los ganaderos británicos necesitan ayuda ahora, no la promesa de una indemnización más adelante, cuando algunos de ellos estén en la ruina y ya no se pueda ayudarlos.

 
  
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  Whitehead (PSE). - (EN) Señor Presidente, volvemos hoy por segunda vez a ocuparnos de la grave crisis de la carne de bovino, de su inocuidad y de su circulación por esta Unión en virtud de la legalidad vigente. Todos nosotros creemos que necesitamos las medidas prometidas ya por la Comisión en 1997. Las necesitamos en particular a causa de la crisis por la que atravesamos. La cuestión de la identificación de los productos de carne de bovino y la certeza de que son fiables es tan fundamental para la divergencia entre Francia y la Unión Europea como las preocupaciones por la inocuidad que han abrigado en los dos últimos años la Comisión de Agricultura y la Comisión de Medio Ambiente.

Quiero felicitar al Sr. Papayannakis por su paciencia en las últimas semanas. A todos nos preocupa el aparente fait accompli en la declaración hecha por el Consejo. Si no tenemos flexibilidad en materia de enmiendas, estamos celebrando este debate en un vacío legislativo. Vemos que el Reglamento nº 820/97 se nos escapa de las manos para caer en una ciénaga de prácticas voluntarias observadas a medias y sin perspectivas inmediatas para el plan obligatorio, que, como saben todos los diputados a esta Asamblea, es necesario. Es en parte el resultado de la inercia de los Estados miembros. Pero no puedo eximir a la Comisión de sus responsabilidades. Son muy anteriores a la llegada del Sr. Byrne a su cargo. Pero ahora, como es él quien tiene que aclarar este embrollo, tiene que decirnos cómo va a hacerlo.

Las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor iban encaminadas a remediarlo con una reducción de ocho meses como máximo. Algunas de nuestras enmiendas aclaraban y fortalecían el artículo 152 como fundamento jurídico.

Hoy el Consejo insta a que se añada el artículo 37 al fundamento jurídico. No cabe duda de que se trata de una cuestión de salud y protección del consumidor. Quiero que el Comisario Byrne me diga que defenderá todo lo que entrañaba el artículo 152, una vez que se añadió al Tratado. Todo su sentido es el de concedernos el derecho a intervenir, el derecho a ser consultados y a participar en el proceso de codecisión. Ahora se nos está arrebatando dicho derecho tan recientemente concedido al Parlamento después de Amsterdam. Ése ha sido el cri de coeur del Sr. Papayannakis en todos nuestros debates en la Comisión de Medio Ambiente. Es un estado de cosas absolutamente escandaloso que estemos aquí sentados en una Asamblea parlamentaria con el noventa por ciento de sus escaños vacíos, una semana antes de Navidad, examinando un reglamento que nadie sabe cómo y cuándo entrará en vigor, con un Consejo que nos está tratando con desprecio. No creo que esto esté bien. Tampoco creo que el Sr. Byrne lo crea.

 
  
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  Busk (ELDR). – (DA) Señor Presidente, resulta moralmente reprobable y absolutamente inaceptable que la Comisión Europea quiera dar carpetazo a la justificada exigencia de los consumidores de conocer el origen de los alimentos que todos comemos. El Parlamento Europeo debe apretar las clavijas en este asunto y garantizar que el etiquetado de la carne de vacuno y el registro del ganado se pongan en práctica en todos los países de la UE. Los gobiernos de los países de la UE ya decidieron en el Consejo en 1997 poner en práctica un etiquetado y un registro. Lamentable sólo se ha hecho en unos pocos países, mientras que en otros países está costando muchísimo poner en marcha esta decisión. En estos países ni siquiera se ha comenzado a construir el sistema de etiquetado.

Al Grupo Liberal le parece fundamental que no sólo se conserve la confianza de los consumidores, sino que también se aumente, que se proteja la salud pública y que la calidad de los alimentos sea alta. De ahí que resulte absolutamente inaceptable que la Comisión no haya arreglado este importante ámbito. Los consumidores deben poder confiar en que la calidad de la carne de vacuno que compran esté en orden y esto sólo es posible siguiendo al animal desde su nacimiento hasta el momento en que la carne de vacuno acaba sobre la mesa. Lo cual quiere decir que tanto el país de origen, el país donde fue sacrificada, el matadero como la empresa cárnica deben ser conocidos.

La propuesta de la Comisión por la que se aplaza el etiquetado y registro obligatorio es absolutamente inadmisible. Respaldamos el dictamen del Sr. Kindermann y además, esperamos que se destinen al menos 15 millones de € a este fin, pues es urgente que pongamos las cosas en su sitio.

 
  
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  Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE). - (DE) Señor Presidente, señor Byrne, usted nos ha comunicado la decisión del Consejo. Y aunque, como usted ha dicho con razón, en principio corresponde al Consejo informarnos al respecto, quisiera referirme al punto siete. Estipula que conviene implantar cuanto antes un sistema de etiquetado en colaboración con el PE. Este fragmento me parece francamente cínico puesto que en este documento el Parlamento Europeo queda una vez más apartado del procedimiento de codeterminación y codecisión. Se repite la situación de 1997. En aquel entonces la Comisión nos propuso el procedimiento de codecisión. El Parlamento y la Comisión presentaron una propuesta. En aquella ocasión también nos esforzamos mucho y luego el Consejo rechazó nuestra propuesta por unanimidad y adoptó una decisión sin consultar al Parlamento.

Esta vez se ha hecho responsable el Consejo y no ha cumplido. No ha aplicado el artículo 19 en el que el mismo Consejo establece que las disposiciones de aplicación deben estar disponibles el 1 de enero del año 2000. Y una vez más se ha llamado a la puerta del Parlamento. Y una vez más hemos cumplido con nuestro deber. No hemos protestado ni nos hemos negado, hemos puesto manos a la obra y hemos trabajado. En este contexto quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Papayannakis, al Sr. Kindermann, ponente de la Comisión de Agricultura, y también a la administración y al servicio jurídico. ¡Todos se han esmerado! La coordinación entre la Comisión de Agricultura y la Comisión de Medio Ambiente ha sido muy buena. Hemos deliberado con la Comisión. Siempre hemos puesto todas las cartas sobre la mesa y hemos dicho: aquí estamos, participaremos en este proceso. Y el resultado es: ¡lo tomáis o lo dejáis! Para entrar a formar parte del proceso tenéis que desvincularos del contenido del mismo, porque, de lo contrario, no podremos dar nuestro consentimiento.

Señor Byrne, usted ha dicho que la decisión reside en el Parlamento. La decisión reside en el Parlamento quiere decir lo siguiente. Si aprobamos lo que ustedes nos han presentado, el asunto sigue adelante; si presentamos enmiendas fundadas en las que hemos trabajado mucho deciden sin contar con nosotros. Es ésta una ofensa del Consejo al Parlamento que no estamos dispuestos a tolerar.

Ahora me referiré al papel de la Comisión. La Comisión nos dijo: no nos queda tiempo para elaborar las disposiciones de aplicación. ¡Por favor, concédannos un margen mayor! Les damos más tiempo y ¿cuál es el resultado? Como aparentemente no les convienen nuestras modificaciones presentan otra propuesta en la que introducen el sistema obligatorio de conformidad con el artículo 19, al tiempo que proponen que el sistema facultativo se prorrogue un año más. De este modo, excluyen al Parlamento de este proceso. ¡Es otra ofensa para el Parlamento que no podemos tolerar! En nuestra opinión, este aplazamiento no es legal puesto que el artículo 19 no se presta a ello. Nos encontramos en un procedimiento posterior a la decisión de 1997 y lo más probable es que volvamos a encontrarnos en un procedimiento posterior a la decisión actual. Sin embargo, por el bien del consumidor debería haberse elaborado previa consulta al Parlamento un plan de trabajo para garantizar una correcta aplicación del sistema de identificación obligatorio dentro del plazo establecido.

 
  
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  Hyland (UEN). - (EN) Señor Presidente, acojo con beneplácito esta oportunidad para hacer una breve contribución a este debate y comenzar con la observación de que una solución pronta y satisfactoria de la controversia sobre la inocuidad de los alimentos reviste importancia primordial para los consumidores, para nuestros ganaderos y, de hecho, para la industria alimentaria.

Ya las secuelas de la EEB han costado a los ganaderos millones de libras y han dejado a los consumidores confusos y perplejos. Sin pretender minimizar la gravedad de la situación, las repercusiones en la confianza de los consumidores han sido mucho mayores, en mi opinión, que la amenaza real a la salud pública. Por esa razón debemos disipar rápidamente toda duda sobre la inocuidad de todos los alimentos, incluida la carne de bovino, mediante un programa creíble y totalmente transparente de rastreabilidad. Los retrasos a estas alturas son inaceptables, por lo que el Parlamento debe mantener la presión sobre el Consejo y los Estados miembros para que cumplan plenamente nuestras leyes alimentarias revisadas.

Se ha acordado aceptar la recomendación del Comité Científico como base para todas las decisiones sobre el aspecto de la producción de alimentos relativo a la salud pública. No hacerlo sería, en mi opinión, politizar innecesariamente lo que ahora es una prioridad para el orden del día de la UE y, desde luego, no contribuiría precisamente a restablecer la confianza de los consumidores y los ganaderos. Yo ya asistí a todo un debate anterior sobre este asunto y podríamos preguntarnos si el Parlamento está unido a la hora de aceptar el principio básico de las recomendaciones del Comité Científico.

Desde la perspectiva de los consumidores, el etiquetado forma parte, naturalmente, de la resolución de este problema. Debe ser claro y comprensible: observación que se ha formulado aquí en muchas ocasiones. Pero no es la respuesta para el aspecto de la producción de alimentos relativo a la salud pública.

Creo que nuestros ganaderos -y, si se me permite decirlo así, en particular los irlandeses- no tienen dificultad para suministrar un producto de la mayor calidad e inocuidad. En muchos sentidos se los ha convertido en los chivos expiatorios en la presente controversia y, desde luego, están pagando un precio elevado por una crisis de la que no fueron responsables directos.

Acojo con el mayor beneplácito la orientación adoptada por el nuevo Comisario, Sr. Byrne, y su compromiso con la creación de una agencia de seguridad alimentaria de la UE. Sé, señor Comisario, que está usted haciendo todo lo posible para llevar a buen término esa propuesta y es muy importante que lo haga.

El modelo agrario europeo, basado en las explotaciones familiares, aporta, en mi opinión, la infraestructura necesaria para dar a nuestros consumidores calidad y selección. Nuestra Comisión de Agricultura y, de hecho, también el Parlamento han debatido esa concepción del modelo agrario y se han pronunciado a favor de ella, lo que se ha reflejado en las propuestas de la Agenda 2000.

Quiero formular la observación de que, con nuestro deseo de proteger a los consumidores, debemos ser igualmente cuidadosos para no reglamentar excesivamente un sector que tiene la capacidad para producir muy diversos alimentos de calidad. En mi opinión, no hay un substituto para la carne de bovino, cordero y cerdo de calidad producida por los ganaderos europeos. En las negociaciones comerciales que aún no han comenzado en Seattle, en las que nuestros competidores en el comercio mundial tendrán gran interés en frustrar nuestros esfuerzos para que nuestro sector agropecuario y alimentario tenga una base sólida y competitiva, se tiene que reflejar ese hecho.

 
  
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  Keppelhoff-Wiechert (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, señor Comisario, con respecto al etiquetado de la carne de vacuno no estamos debatiendo los contenidos sino el calendario que habría de adoptarse. Asimismo estamos discutiendo la conducta del Consejo y el comportamiento y la postura de la Comisión. Para el etiquetado de la carne de vacuno la Comisión nos ha presentado dos propuestas. La primera estipula que los Estados miembros deben implantar la identificación obligatoria de la carne de vacuno a partir del 1 de enero del año 2001. La segunda propuesta establece que se aplicará una normativa transitoria, es decir, un sistema de identificación facultativo, hasta el 31 de diciembre del año 2000.

El calendario propuesto por la Comisión ha de rechazarse por el bien del consumidor. A mi modo de ver, el Sr. Kindermann ha presentado un plan de trabajo convincente. Propone que el Parlamento Europeo apruebe el etiquetado facultativo hasta el 31 de agosto del año 2000 y exige que el sistema obligatorio se introduzca lo antes posible. Es la única manera de que podamos emitir una señal unívoca en dirección al consumidor desconcertado. No podemos aceptar que una vez más el eslabón más lento de la cadena acabe imponiendo el ritmo del plan de trabajo. Tampoco podemos aceptar que la nueva Comisión se siga amparando en la vieja táctica del retraso. Porque desde mi punto de vista es lo que está haciendo. El retraso en la aplicación del presente reglamento no es únicamente atribuible a la Comisión y algunos Estados Miembros. En otras palabras, este procedimiento no habría sido necesario si la Comisión hubiera actuado a tiempo en su momento. Es más, de conformidad con el Reglamento 820/97 actualmente en vigor el sistema obligatorio ha de introducirse el 1 de enero del año 2000. A fin de justificar la demora la Comisión aduce a modo de pretexto el argumento de que los Estados miembros han entregado con retraso los informes imprescindibles sobre la aplicación de sistemas de etiquetado. Me pregunto realmente si los Estados miembros modélicos volverán a ser castigados.

¡No podemos tolerar que la Comisión continúe jugando al gato y al ratón! Señor Byrne, ha de saber que ninguno de nosotros se puede permitir modales de esta índole. Debe tener en cuenta que realmente deseamos decidir sobre este informe mediante el procedimiento de codecisión. Son absolutamente prioritarios los intereses del consumidor. Por todo ello opino que mañana en la votación debemos apoyar el calendario propuesto por el Sr. Kindermann. Con ese plan de trabajo realmente podremos emitir una señal dirigida a los consumidores desconcertados. Todos tenemos que ser conscientes de que estamos aquí sentados como representantes de la población y que, por tanto, hemos sido elegidos por los consumidores. Y somos nosotros, los diputados, quienes, fuera de las instituciones, tenemos que dar la cara en las discusiones con nuestros ciudadanos. Me da la impresión de que el Consejo se ha distanciado bastante de todo esto.

 
  
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  Izquierdo Rojo (PSE). - Señor Presidente, el Parlamento Europeo está a favor de estas medidas y se ha demostrado también que está a favor de operar con flexibilidad para que estas medidas se apliquen de una manera eficaz. Pero el Parlamento Europeo está en contra de que se utilicen los plazos de tiempo como coartada para que esta medida no llegue a aplicarse nunca.

El enrocamiento que está demostrando el Consejo y su clandestinidad con el Parlamento, señor Presidente, están haciendo crecer las sospechas en este sentido hasta delatarle.

Ni comparto la euforia de quienes piensan que con las etiquetas se va a acabar el fraude alimentario ni tampoco los temores de quienes piensan que esto supone una renacionalización. Simplemente, es una medida que va a ofrecer más información a los consumidores. Y eso, señor Presidente, es mucho, en un momento en el que, en la Unión Europea, se ha erosionado la confianza en la seguridad alimentaria.

Por eso, constatamos que el Consejo se ha equivocado de plano, y debe rectificar cuanto antes.

 
  
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  Staes (Verts/ALE). – (NL) Presidente, estimados colegas, estimado señor Comisario, la semana pasada se celebró en Gante la jornada anual de la BAMST. Estas siglas corresponden a la Belgian Association for Meat Science and Technology. El tema en esta ocasión estaba dedicado a un método utilizado para garantizar la calidad de la carne y la de los productos cárnicos en general. El docente Jan Van Hoof expuso cuál era la situación en Bélgica en cuanto a la aplicación de este método y la Federación belga puede dar, finalmente, una buena noticia. Junto con Francia y Finlandia somos los únicos países que estamos preparados para la ejecución de la presente directiva. Sin embargo, lo que la Comisión y el Consejo tratan de presentarnos hoy, excede toda imaginación. Respaldo las observaciones de todos aquéllos que se han pronunciado en el debate. Con razón las Comisiones de Agricultura y Medio Ambiente se resisten conjuntamente a que se suspendan las propuestas de la Comisión. Nos parece inaceptable que un reglamento obligatorio se aplace tres años. Ya ha pasado un año. Debe quedar claro que queremos el reglamento obligatorio el 1 de septiembre. El Consejo ya está advertido. Y si es necesario iremos al Tribunal de Justicia. Se ha producido una violación del derecho comunitario, una grave ofensa. Apelo a todos los colegas para que aprueben de forma integral el informe del ponente Papayannakis. Debemos abordar este asunto seriamente. Las etiquetas obligatorias deben servir como arma para aquéllos que quieran restaurar la confianza del consumidor en los productos cárnicos. Es preferible que entre en vigor el uso de esas etiquetas ahora y no más adelante.

 
  
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  Daul (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, como soy el último en intervenir, no repetiré lo que todos los demás han dicho. Esta noche desearía ante todo, puesto que no somos muchos, puesto que estamos entre nosotros, responder a mi colega británico, sin querer iniciar una polémica.

Ya he dicho en este recinto que los ganaderos británicos e irlandeses atraviesan una situación difícil: es preciso ayudarles. Habrá que identificar al país que debe pagar y han de hacerse las cuentas conjuntamente. Si Francia debe pagar – será el Tribunal el que quizá lo diga – los políticos asumirán sus responsabilidades. Pero tampoco debemos olvidar que aquellos que no han respetado las normas sobre el tratamiento de las harinas y que nos han conducido a esta situación también deben pagar. No habrá, ciertamente, que olvidarlos.

Señor Comisario, desearía simplemente que no se cuestionara el compromiso político de 1997. ¿Por qué el Consejo da marcha atrás? ¿Cuáles son los grupos de presión? Desde el momento en que sabemos lo que ha ocurrido en el sector de la carne de toda Europa y lo que aún ocurre en otros países, me formulo interrogantes. ¿Existen grupos de presión que obligan a dar marcha atrás, a revisar lo que se ha realizado para clarificar las cosas, con respecto al sector, al etiquetado y también al consumidor?

¿Puede decirnos, señor Comisario, qué propuestas ha presentado al Consejo? Porque, normalmente, si no me equivoco, la Comisión presenta propuestas al Consejo cuando hay discusiones, como ocurrió ayer.

¿Cómo quiere usted que el ciudadano consumidor comprenda esta marcha atrás? ¿Por que el Consejo rechaza la propuesta del Parlamento? No se trata, ciertamente, de medidas presupuestarias. Pienso que el Consejo está en contra de la indicación del lugar del sacrificio y del código de trazabilidad, y asumirá solo sus responsabilidades. Hoy estoy de acuerdo con mis colegas en que el Parlamento debe hacerlo saber. Cuento, pues, con usted, a pesar de todo, señor Comisario: confío, y este será el regalo de fin de año, de finales de 1999, en que no decepcionará de esta manera al Parlamento –así lo espero–, en el momento de entrar en el año 2000. Aún está a tiempo de intervenir y todavía puede conseguir que el Consejo cambie de opinión.

El segundo punto sobre el que deseaba llamar su atención, antes de empezar el año 2000, es el siguiente: no esperemos hasta noviembre, como hemos hecho este año, para poner sobre la mesa el reglamento definitivo, que debe permitir una aplicación inmediata, como lo establece, por otra parte, el excelente informe del Sr. Papayannakis.

 
  
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  Byrne, Comisión. - (EN) Permítaseme comenzar disculpándome por haber llegado con retraso esta tarde. Por desgracia, las condiciones atmosféricas en Bruselas ha obligado a la cancelación del vuelo de esta mañana y, por esa razón, no he podido estar presente en persona para informar al Parlamento sobre la controversia relativa a la EEB. Sé que eso ha obligado a cambiar el programa de trabajo del Parlamento, razón por la cual este importante debate se está celebrando a esta avanzada hora de la noche. Se me ha informado sobre toda la labor de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre esta propuesta. Quisiera felicitar al Sr. Papayannakis, el ponente, y al Sr. Kindermann, redactor de la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.

Lo que tenemos ante nosotros es la propuesta de la Comisión de prorrogar los requisitos vigentes para el etiquetado voluntario con arreglo al Reglamento (CE) nº 820/97 durante un año más. Sé perfectamente que el Parlamento está muy descontento porque no exista un régimen de etiquetado obligatorio, como estaba previsto, a partir del 1 de enero de 2000. Tomo nota de que se ha propuesto una enmienda en la que se critica a la Comisión y a algunos Estados miembros por este retraso. Sin embargo, ha habido razones válidas y justificadas para ello. En primer lugar, los Estados miembros no presentaron a tiempo los informes requeridos sobre las disposiciones vigentes. En segundo lugar, no todos los Estados miembros estarán en condiciones de establecer sistemas fiables de registro e identificación para todos los animales. Por último, la última Comisión, a raíz de su dimisión, adoptó la decisión de no presentar iniciativa política importante alguna y, según tengo entendido, el Parlamento aceptó esa propuesta.

Así, pues, esta Comisión afrontó una situación muy difícil. El plazo -el 1 de enero de 2000- era demasiado justo para acordar una propuesta en la que se formularan normas generales para un sistema obligatorio que se aplicase a partir de esa fecha. Sencillamente, aun con la mejor voluntad del mundo, no se puede cumplir dicho plazo. Se ha hecho la propuesta conforme al procedimiento de codecisión, pero el acuerdo entre las instituciones comunitarias requerirá varios meses. Es el tiempo mínimo necesario para acordar cuestiones tan importantes.

En esas circunstancias, la Comisión presentó también una segunda propuesta para prorrogar las disposiciones voluntarias vigentes establecidas en el Reglamento (CE) nº 820/97, también conforme al procedimiento de codecisión. Así, pues, afronta también el plazo, muy apremiante, del 1 de enero de 2000. El imperativo estriba en lograr un acuerdo total en la próxima semana, más o menos.

Ayer el Consejo examinó esa segunda propuesta de la Comisión para prorrogar el régimen vigente. El Consejo acordó una orientación sobre esta propuesta con una sola modificación -la adición del artículo 37 al artículo 152- al fundamento jurídico. Se trata, desde luego, de una modificación importante que, en mi opinión, no propicia una conclusión rápida del procedimiento de codecisión. Cualquier enmienda del Parlamento a la propuesta de la Comisión que sea contraria a la orientación acordada ayer por el Consejo bloqueará con la misma seguridad los avances hacia la consecución de un acuerdo antes del final de este año.

En vista de ello, el Parlamento y la Comisión se encuentran en una situación muy difícil. Sus Señorías han de conocer perfectamente las consecuencias. En estas circunstancias, la Comisión tiene la obligación de actuar. Como ya se ha señalado, la Comisión, para evitar un vacío legal, se vería obligada a presentar una tercera propuesta, que estaría basada en el artículo 19 del vigente Reglamento (CE) nº 820/97 y prorrogaría las disposiciones vigentes sobre el etiquetado voluntario.

Mi intención sería la de examinar detenidamente las enmiendas de Sus Señorías con vistas a examinar en qué medida se pueden aceptar. A este respecto debo subrayar que ciertas enmiendas encaminadas a reducir los retrasos contribuyen a mejorar la protección del consumidor, cosa que me satisface profundamente. En este marco puedo aceptar las enmiendas encaminadas a reducir el período durante el que pueden continuar las disposiciones vigentes a ocho meses.

Sin embargo, no puedo aceptar las enmiendas de Sus Señorías sobre la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2000 del etiquetado relativo al lugar del sacrificio. Me complace mucho esa enmienda y expresaré al Consejo el profundo deseo de que la examine en su posición común. De hecho, ayer en el Consejo señalé a su atención que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor había presentado una enmienda el lunes. Sin embargo, prácticamente no hubo apoyo. Además, tal vez se abordara mejor esa disposición en la propuesta principal sobre las normas generales, que actualmente tienen también ante sí el Consejo y el Parlamento.

La Comisión no puede aceptar la enmienda propuesta de suprimir el requisito de un debate real entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión sobre la propuesta principal basada en el artículo 152 del Tratado. Ésa sería la consecuencia, si se aprobara esa enmienda: el Parlamento haría dejación de su deber de participar en ese debate.

Quisiera añadir que aún no ha concluido el debate respecto de la propuesta de la Comisión sobre las normas generales de aplicación de un régimen obligatorio. En ese marco es en el que debería celebrarse el debate principal. Es lamentable que los debates sobre esas cuestiones tan complejas e importantes hayan debido celebrarse en el marco de una decisión urgente con un plazo casi imposible de cumplir.

La Comisión opina que el artículo 152 es el fundamento jurídico idóneo. Se trata de una cuestión extraordinariamente importante e impugnada y que actualmente tiene ante sí el Tribunal de Justicia. Sobre esa cuestión, la Comisión no puede aceptar la adición del artículo 37.

Los Estados miembros tienen poco o ningún deseo de un sistema totalmente obligatorio que entre en vigor el 1 de enero de 2000. No podemos desconocer esa realidad, como tampoco podemos suponer que tenemos una idea mejor de las obligaciones que entraña que los Estados miembros. Éstos pueden optar por imponer un etiquetado obligatorio de la carne de bovino nacido, criado y sacrificado en su territorio. Sólo tres han seguido esa opción.

La Comisión es partidaria de un etiquetado completo y obligatorio. Así, pues, se propone que entre en vigor el 1 de enero de 2001 respecto del lugar de sacrificio y, además, a partir del 1 de enero de 2003 respecto del lugar de nacimiento y de engorde. Puedo asegurar a Sus Señorías que estoy comprometido con esta propuesta y con la cuestión del etiquetado obligatorio. Me propongo ocuparme de ello en el período de tiempo en que ocupe mi cargo y hacerlo rápidamente.

Pasando a algunas de las cuestiones planteadas por algunos de Sus Señorías, voy a intentar darles respuesta.

En relación con la cuestión planteada por el Sr. Papayannakis, cuando ha dicho: "Está usted intentando engañarnos aquí", no sé si no habrán cometido algún error los intérpretes. Quisiera hacer una interpretación benévola de esas palabras, porque se prestan a la interpretación de que estoy intentando inducir a error al Parlamento. Ésa, como sabe Su Señoría, señor Papayannakis, es una de las acusaciones más graves que se pueden hacer contra cualquier persona. Si ésa era su intención, la rechazo y me contraría. Siempre he tenido una actitud transparente con el Parlamento. El primer día que acudí aquí, cuando hablé en mis audiciones en septiembre, dije con toda claridad que me proponía ser transparente con el Parlamento. En el breve período que llevo de Comisario, he comparecido en muchas ocasiones ante el Pleno del Parlamento. También he comparecido ante las comisiones de esta Asamblea en diversas ocasiones. En todo este tiempo nunca se me ha achacado eso. No lo acepto.

 
  
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  Papayannakis (GUE/NGL), ponente. – (EL) Señor Comisario, sería para mi la cosa más fácil del mundo pedirle perdón directamente. No creo que haya entendido usted bien lo que he dicho. No acostumbro a recurrir al insulto en los debates políticos. No sé qué es lo que le han traducido, pero, desde luego, no pretendía ofenderlo a usted, de ninguna de las maneras.

En todo caso, señor Comisario, sigue en pie una cuestión que es el corazón político de mi pregunta y, si le parece bien, le ruego que vuelva sobre ello. ¿Decidió o no decidió ayer el Consejo una prórroga de un año? ¿Decidió o no decidió ayer el Consejo obviar la opinión del Parlamento? Estas preguntas, señor Comisario, no son insultos. Son constataciones muy serias de las prácticas del Consejo. Y está claro que usted no tiene, al fin y al cabo, ningún motivo para oficiar de abogado del Consejo.

Repito, pues, de ninguna de las maneras deseo menoscabar su honor y su reputación y si usted lo ha entendido así o si yo le he dado por cualquier razón motivo para entenderlo así, le ruego que me perdone. En todo caso, repito, la cuestión es cómo interpretamos lo que hizo ayer el Consejo. No tiene usted ninguna necesidad de intentar defenderlo.

 
  
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  Byrne, Comisión. - (EN) Me complace decir que acepto la explicación y la disculpa ofrecidas por el Sr. Papayannakis y la elegancia con la que lo ha hecho. Achaquémoslo a problemas de interpretación.

En respuesta a la pregunta de Su Señoría, he de decir que tiene toda la razón. No estoy aquí para responder por el Consejo y lo único que puedo decir es que he leído las conclusiones del Consejo de ayer. Debo decir que el Consejo no las adoptó como su decisión, sino que dijo que ésa era su opinión, su orientación, pero dijo claramente que tendría que esperar al resultado de la decisión del Parlamento mañana sobre esa cuestión antes de votar sobre ella y aprobar una posición. Por esa razón, tengo entendido que esa cuestión volverá a uno de los Consejos antes del final de este año para que se ultime, teniendo presente lo que el Parlamento haya dicho hoy y lo que vote y decida mañana.

 
  
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  El Presidente. - Muchas gracias, señor Comisario.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas.

 
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