Acta literal de los debates

Miércoles 6 de septiembre de 2000 - Estrasburgo

1. Derecho a la reagrupación familiar

PRESIDENCIA DEL SR. IMBENI
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 9.00 horas)⁽¹⁾

  Αlavanos (GUE/NGL) . – (EL) Señor Presidente, quiero mencionar algo en mi opinión importante: para venir ayer a Estrasburgo tomé el vuelo número 165, Αtenas - Fráncfort, de Οlympic. Cuando el avión de Olympic aterrizó en Fráncfort fue rodeado por policías alemanes. Ninguno de ellos hablaba ninguna lengua que no fuera el alemán, y no podíamos salir del avión si no mostrábamos a los policías alemanes nuestros pasaportes. Recuerdo que tanto Grecia como Alemania y Francia son países que pertenecen al espacio Schengen.

Lo malo es que este caso no constituye una excepción; a juzgar por la información que he recibido, es algo que ocurre sistemáticamente en el aeropuerto de Fráncfort con los aviones procedentes de Grecia. Y yo, miembro del Parlamento Europeo, donde hemos votado tantas veces a propósito de Schengen, considero una ofensa y un desprecio para con nuestra labor el hecho de que las autoridades alemanas violen sistemáticamente la legislación sobre la libre circulación de las personas. Y, como quiera que es algo que afecta a los desplazamientos de los miembros del Parlamento Europeo, quisiera que la Presidencia del Parlamento emprendiera las iniciativas pertinentes, al objeto de que podamos venir a Estrasburgo como personas que pertenecen a la Unión Europea y a Schengen.

  El Presidente. - Señor Alavanos, pienso que como mínimo la Sra. Presidenta transmitirá el contenido de su intervención a las autoridades alemanas y a la administración aeroportuaria de Frankfort para que – no sé cuáles pueden ser los motivos de la práctica actual – nos faciliten al menos una explicación o, alternativamente, se ponga fin a esta práctica que, coincido con usted, no tiene mucho que ver con las normas de Schengen.

  Hannan (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, el lunes, en mi ausencia y sin notificación previa, el Sr. Murphy, dirigente del Grupo Socialista británico, hizo unas afirmaciones sobre mi participación en la campaña danesa del euro en favor del "no". Tuvo la precaución de no acusarme de nada, pero a pesar de ello ha logrado dar la impresión de que, en cierto modo, estoy bajo sospecha. Quisiera hacer constar que mi participación en el referéndum danés ha estado completamente desvinculada de mi trabajo en esta Asamblea y que nunca he infringido ninguna norma parlamentaria. A diferencia de la campaña danesa en favor del "sí", la campaña en favor del "no" no puede depender de los fondos de los contribuyentes ni de las subvenciones de la Unión Europea.

Es vergonzoso que el Sr. Murphy haya intentado dar la impresión de que estoy siendo investigado, a pesar de que no ha presentado ninguna prueba y ni siquiera ha hecho acusaciones contra mí. No es justo que los diputados sean sometidos a este tipo de insinuaciones sin fundamento. Quisiera pedirle, señor Presidente, que insista en que el Sr. Murphy me acuse directamente o se disculpe.

  El Presidente. - Señor Hannan, evidentemente, el Sr. Murphy es libre de decidir cómo y si va a responder.

  Dupuis (TDI). – (IT) Señor Presidente, con frecuencia nos quejamos de la actitud del Consejo para con nosotros. Quiero destacar un hecho de signo radicalmente distinto que ocurrió ayer durante el debate sobre las prioridades políticas en materia de política exterior. Escuchamos sendas declaraciones del Presidente en ejercicio del Consejo y del Comisario que fueron seguidas de un debate. Al cierre de éste, por la rigidez cuando menos total de la Presidencia, el Presidente en ejercicio del Consejo y el Comisario Patten no pudieron contestar a las muchas preguntas que se formularon en un debate bastante intenso. Pues bien, no entiendo a este Parlamento que se queja de la actitud del Consejo. Ayer el Presidente en ejercicio del Consejo estuvo aquí de las 9.00 a las 19.000 horas, cuando los diputados presentes no eran especialmente numerosos – y, de hecho, impedimos que tanto el Consejo como la Comisión contestaran a unas preguntas sumamente importantes que habían sido formuladas por los diputados. Lo ocurrido no lo encuentro muy correcto, es más: roza el límite de la buena educación.

  El Presidente. - Señor Dupuis, no creo que se haya tratado de una actitud rígida del Presidente de la sesión, sino de un qui pro quo, de un malentendido entre el Presidente de la sesión y los representantes del Consejo y de la Comisión.

  Blak (PSE). – (DA) Señor Presidente, estoy bastante sorprendido ante las palabras de nuestro colega inglés, Sr. Hannan, pues en los medios de comunicación daneses se ha presentado como diputado al Parlamento Europeo. Si hubiera aparecido a título particular, habría pasado sin más dentro de la campaña danesa. En resumen, creo que el Sr. Hannan debería quedarse en su casa en Inglaterra ocupándose de sus propios asuntos y dejarnos a nosotros resolver nuestros asuntos en Dinamarca. No necesitamos a este tipo de gente que hace el idiota en Dinamarca.

  Murphy (PSE). – (EN) Señor Presidente, no quiero demorar la marcha de los trabajos de la Asamblea, pero me parece que el Sr. Hannan protesta demasiado. Hice una solicitud muy sencilla el lunes. El Presidente accedió a mi solicitud y remitió la cuestión a los Cuestores. Pero mientras el Sr. Hannan se encuentra presente en la Asamblea esta mañana, quizá podría ofrecernos garantías de que hará una nueva anotación en su declaración de intereses financieros para indicar la procedencia de los fondos. La población danesa tiene derecho a conocer antes del referéndum del 28 de septiembre de dónde proceden los fondos para la campaña en favor del "no".

  El Presidente. – Bien, no podemos continuar el debate ni tampoco convertir este Pleno en un apéndice del debate que precede al referendo danés. Ya hemos comprendido cuál es el fondo de la cuestión. Cada uno se comportará como considere más oportuno.

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0201/2000) del Sr. Watson, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(1999) 638 – C50077/2000 – 1999/0258 (CNS)) sobre el derecho a la reagrupación familiar.

  Watson (ELDR), ponente - (EN) Señor Presidente, para comenzar, quisiera expresar mi agradecimiento a la Sra. Klamt, que era la ponente original designada por la comisión, que tengo el honor de presidir, para el examen de este asunto. La Sra. Klamt realizó unos esfuerzos muy considerables sobre la propuesta de directiva del Consejo sobre el derecho a la reagrupación familiar. Merece que se le reconozca el mérito por la labor que hemos realizado. Deseo felicitarla por ello.

He heredado esta cornucopia en particular en mi calidad de presidente de la comisión, porque la Sra. Klamt sintió al final de las votaciones en comisión que no podía seguir apoyando el texto tal y como había quedado y, por ello, soy yo el que hoy lo presenta a la Asamblea.

Quisiera elogiar a la Comisión Europea porque se trata de un informe sumamente bien argumentado y bien presentado, redactado en un tiempo récord, teniendo en cuenta la relativa falta de medios de los departamentos involucrados y las peticiones establecidas en el Consejo Europeo de Tampere el pasado año. La Comisión ha presentado un excelente proyecto de directiva que permitirá a los nacionales de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro de la Unión residir en un Estado miembro distinto, como debe ser, si queremos establecer una auténtica zona de libertad, seguridad y justicia.

La Comisión ha dicho, muy acertadamente en mi opinión, que el objetivo de inmigración cero al que se hizo referencia en el pasado debate comunitario nunca fue realista y ha intentado, en cambio, presentar propuestas realistas para la protección de los derechos de los nacionales de terceros países de conformidad con los numerosos tratados internacionales que han suscrito los Estados miembros, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los convenios internacionales de 1966 sobre los derechos civiles y políticos y sobre los derechos económicos y sociales.

Ha habido un reconocimiento muy claro de la importancia de la inmigración legal. También se ha reconocido la importancia de la familia como unidad, y la importancia de lograr la integración de los nacionales de terceros países que residen legalmente en los Estados miembros de la UE constituye toda la base de estas propuestas.

En mi comisión hemos tenido en cuenta una serie de ámbitos polémicos, sin olvidar la cuestión del derecho a traer a los ascendientes a la unidad familiar. La propuesta de la Comisión reconoce de manera muy clara la diferencia de trato legal que reciben los ascendientes y los descendientes. Es evidente que en el contexto del marco jurídico internacional debe hacerse mención del Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño. Este convenio exige a los Estados que garanticen que el niño no es separado de sus padres. No existe ningún convenio similar que trate sobre los ascendientes, pero no hay ninguna duda de que si queremos hacer honor a nuestros ideales humanitarios, deberemos proporcionar la oportunidad a los nacionales de terceros países de incorporar a la unidad familiar a los descendientes que dependan de ellos. Esta cuestión ha sido objeto de debate en comisión. Me complace comprobar que se ha presentado una serie de enmiendas al informe final; en particular, las enmiendas 18 hasta 23, que proponen un compromiso sobre este particular.

Permítanme presentar brevemente algunas de las enmiendas que incluye el informe de la comisión. La enmienda 3 analiza la necesidad de datos y reconoce que para poder hacer una evaluación eficaz de la situación en los Estados miembros, la Comisión necesitará más información de aquellos. La enmienda 5 trata sobre los ascendientes. Ésta ha sido superada ahora en cierto modo por las enmiendas de compromiso 18 hasta 23. La enmienda 6 reconoce los problemas claramente reales a los que se enfrentan actualmente las administraciones de los Estados miembros por la carga de trabajo creada por las solicitudes de reagrupación familiar.

La enmienda 9 contempla el derecho de los Estados miembros a introducir disposiciones más favorables que las establecidas en las directivas e insiste en que estas nuevas normas no deberán reducir los actuales niveles de protección. La enmienda 11 trata sobre las causas por las que un Estado miembro puede denegar la entrada de un miembro de la familia, a saber, por razones de orden público, seguridad interior y salud pública. Nuestra enmienda intenta insistir en que cualquier Estado miembro que desea denegar la entrada por dichos motivos debe proporcionar una justificación detallada.

No deseo comentar las 66 enmiendas presentadas a mi informe, aunque quisiera decir que se trata de un ámbito muy complicado. El Parlamento dispone de relativamente poco tiempo para examinarlo e inevitablemente en comisión no se han alcanzado todos los compromisos necesarios para llegar a un resultado favorable. Por consiguiente, quisiera instar a sus Señorías a que estudien detenidamente las enmiendas que han sido presentadas en el Pleno con vistas a lograr los compromisos que nos permitan avanzar de una manera eficaz y humanitaria.

  Berger (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. – (DE) Señor Presidente, como ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos mi tarea, en comparación con la de las y los colegas de la comisión competente para el fondo, ha sido relativamente fácil y deseo felicitar a todas y todos los colegas de dicha comisión por el resultado, aunque tengamos que debatir ahora aquí en el Pleno sobre algunas enmiendas de compromiso.

La tarea de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha sido en este contexto sencilla porque desde una perspectiva jurídica el proyecto de directiva presentado apenas plantea problemas y el margen de configuración política no es tampoco demasiado grande. También quiero alabar expresamente la calidad logística del proyecto de directiva, lo que no se puede decir de todos los proyectos de directiva. Con el nuevo artículo 63 del Tratado de la UE es ahora tarea de la Comunidad regular la cuestión de la reunificación familiar y la Comunidad tiene que adoptar estas medidas en concordancia con las normas de derecho internacional, en especial, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los otros instrumentos de derecho internacional que han sido mencionados ya por el presidente de nuestra comisión.

El derecho al respeto a la vida familiar es un derecho humano universal. No se puede dividir ni se puede reservar exclusivamente a los ciudadanos de la Unión. Especialmente en unos tiempos en los que estamos elaborando una Carta Europea de los Derechos Fundamentales, esto sería un enfoque muy problemático.

Si se quiere regular en el ámbito comunitario el sector de la reagrupación familiar, entonces se deberán cerrar algunas lagunas incomprensibles y, en parte, absurdas que existen en la situación jurídica actual. Esto es en especial aplicable al derecho de los mismos ciudadanos de la Unión a vivir junto con sus familiares procedentes de un tercer Estado en el Estado en que residen y no poder solamente formar una familia con ellos si hacen uso de la libertad de circulación estableciéndose en otro Estado de la Unión Europea.

Por ello, desde un punto de vista jurídico solamente se puede saludar esta directiva y es de esperar que no se modifique en el Parlamento y sobre todo en el Consejo la esencia del proyecto originario de la Comisión.

  Klamt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, en principio todos están de acuerdo en que unas fronteras interiores abiertas obligan a una política de inmigración y de asilo armonizada en toda Europa. La Comisión ha presentado un primer proyecto de iniciativa de ley en este campo que afecta al derecho de la reunificación familiar. Lamentablemente, ha olvidado insertar este proyecto de directiva en un concepto global. ¿De qué sirve saber qué familiares tienen el derecho de entrar y permanecer en la UE si no se sabe qué grupos de inmigrantes y que motivos de inmigración deben regularse y de qué modo?

Además, debemos votar sobre una iniciativa de ley para la que faltan los fundamentos más elementales. No disponemos de una evaluación común de la evolución demográfica ni sabemos qué repercusiones va a tener esta iniciativa de ley sobre cada uno de los Estados miembros. La ausencia de una estrategia global y de bases estadísticas no son desgraciadamente los únicos puntos de crítica. La Comisión mezcla la inmigración por motivos económicos con el asilo. Soy de la opinión de que la reagrupación familiar para los asilados y refugiados necesita una regulación diferente a la destinada a los inmigrantes. A alguien que es expulsado de su patria se le deben aplicar unas normas diferentes a las que se aplican a quien emigra por razones económicas.

Es necesario realizar una clara diferenciación entre asilados y refugiados, por un lado, e inmigración, es decir, economic migration, por otro. Esto permitiría regulaciones que hiciesen justicia a las personas y a su situación. Una gran parte de mis enmiendas apunta a esa distinción.

Otro problema del presente proyecto de directiva es la ampliación del concepto de familia. Se quiere conceder también el derecho a reagrupación familiar a los abuelos, a los hijos mayores de edad y a las parejas no casadas. Aquí se muestra el dilema: falta un concepto global para el campo de la inmigración. La reagrupación familiar es actualmente la única posibilidad legal de inmigrar. Las normas previstas para la reagrupación familiar son de una amplísima interpretación, lo que abre las puertas a abusos incontrolados.

Plantéense solamente la siguiente pregunta: ¿quién decide y en base a qué criterios sobre si se alega engañosamente una relación de pareja con la finalidad de inmigrar? Por ello, en todas mis enmiendas exijo que se dé preferencia al núcleo de la familia. Otro error sustancial consiste en que la propuesta de la Comisión no prevé en absoluto medidas para la integración. No se puede ir a buscar personas a un país extranjero sin crear las condiciones previas para una convivencia pacífica y amistosa entre extranjeros y nacionales.

Para finalizar, hay que constatar que con una directiva como la presente nos cerramos el camino para debatir de un modo objetivo y eficaz sobre la totalidad del campo de la inmigración. Si las ciudadanas y ciudadanos tienen la sensación de que son arrollados por una oleada de inmigración reaccionan con rechazo.

Si creamos unas normas transparentes y comprensibles aumentará la aceptación para integrar a extranjeros. Con unas soluciones razonables y razonadas podremos controlar problemas como el de la xenofobia o el del envejecimiento en la Unión Europea. Pero este proyecto de directiva es un enfoque pésimo para lograrlo. Muchas gracias.

(Aplausos)

  Terrón i Cusí (PSE). - Señor Presidente, lamento las palabras de la Sra. Klamt. Yo quería empezar felicitando a la Comisión y al Comisario Vitorino por esta propuesta que me parece muy completa, bien trabajada y oportuna casi un año después de la cumbre de Tampere. Se trata de dilucidar hoy, en este Parlamento, si queremos que los inmigrantes y los refugiados que residen legalmente entre nosotros lo hagan con sus familias, con la puerta abierta a una vida normal y a una integración plena en nuestra sociedad o si vamos a seguir alimentando el mito de que entre nosotros hay conciudadanos que lo son de modo provisional y cuyo destino final es volver a las hipotéticas casas de donde salieron.

Me parece que el tema es lo suficientemente importante como para que se haga un esfuerzo de consenso. Todos los Grupos estuvimos de acuerdo en comisión, menos el PPE. Me gustaría que hoy diésemos el mensaje a la gente que vive entre nosotros de que puede hacerlo con su derecho reconocido a vivir en familia. Mi Grupo, Señor Presidente, tiene esta intención, aunque también quisiera pedir, en nombre de mi Grupo, que la Comisión piense dos veces un aspecto incluido en la actual Directiva. Hemos aplicado estas normas que hoy debatimos también a las personas que están bajo protección subsidiaria. Desafortunadamente, en la Unión Europea no hay criterios homogéneos, no hay una política armonizada de asilo. Por lo tanto, hay situaciones muy diferentes en muchos países, y en este pequeño punto sí estaría de acuerdo con la Sra. Klamt.

No se trata de que estas personas sean rechazadas -tienen el derecho a vivir en familia- sino de que la Comisión pensara en ello dos veces y que fuesen objeto de una futura directiva que incluiría a las personas bajo protección temporal y subsidiaria, en espera de la futura armonización de las políticas de asilo en la Unión. Por lo demás, felicito a la Comisión y espero que obtenga un buen y nutrido apoyo en esta Asamblea.

  Ludford (ELDR). - (EN) Señor Presidente, el Grupo ELDR respalda el presente informe como componente básico en la construcción del ámbito de libertad, seguridad y justicia y en seguimiento de la cumbre de Tampere que, acertadamente, dio prioridad al establecimiento de los derechos de libre circulación para los nacionales de terceros países que residen legalmente en la UE. Es una injusticia a la que hay que poner remedio.

Al igual que la Sra. Terrón i Cusí, me sorprende la postura del Grupo PPE, que normalmente hace mucho hincapié en los valores de la familia y, sin embargo, hoy está debilitando a la familia al oponerse a la reagrupación que contribuirá a la integración social de dichos emigrantes que residen legalmente. Eso nos parece perverso.

Retomando algunos puntos específicos del informe, en primer lugar, sobre la inclusión de los beneficiarios de la protección subsidiaria. Esperaremos hasta oír al Sr. Vitorino, pero se rumorea que la Comisión aceptará enmiendas para excluir a dichos beneficiarios. El Grupo ELDR lo lamentaría porque pensamos que, al igual que en el caso de los refugiados, debería incluirse a los beneficiarios de la protección subsidiaria. Son residentes de larga duración, no son análogos a los beneficiarios de la protección temporal. Estaremos atentos al debate porque nuestro mayor deseo es conseguir que se apruebe la parte fundamental de esta propuesta.

Respecto a los ascendientes, consideramos que la enmienda 20 es superflua porque en el artículo 9 de la propuesta se contempla el derecho general de todos los solicitantes a solicitar una evaluación no discriminatoria de los medios de vida. No obstante, estamos dispuestos a examinar este extremo si ello contribuye a salvar el informe.

Es importante que exista claridad absoluta en lo que respecta a las parejas de hecho. La propuesta no obligará a los Estados miembros a reconocer legalmente a las parejas de hecho, pero si lo hacen, deberán tratar a las parejas de hecho como si fueran esposos. Ha habido mucha información errónea al respecto, suscitada en parte por los Conservadores del Reino Unido; en la prensa sensacionalista han aparecido titulares sobre complots vergonzosos de la UE para obligar al Reino Unido a aceptar a los amantes gay de los refugiados. Esta actitud provoca prejuicios homofóbicos, lo cual deploro.

  Ceyhun (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, hoy vamos a votar sobre un informe que ha encrespado los ánimos políticos en algunos Estados de la UE. La Comisión y el Comisario Vitorino han realizado un trabajo muy bueno por lo que quiero expresarles aquí mis felicitaciones en nombre de mi Grupo político.

En su reunión especial de Tampere, el Consejo Europeo subrayó que la Unión Europea tenía que garantizar un trato justo de los pertenecientes a terceros Estados y la Comisión aplica ahora esta resolución. Esta directiva es en sí concluyente y debería aplicarse lo antes posible. Lamentablemente, había y sigue habiendo aún reservas frente a la inclusión en esta directiva de los refugiados con una protección temporal así como frente al reconocimiento de las relaciones del mismo sexo como base para la reagrupación familiar.

Este enfrentamiento muestra de nuevo que la política de integración y de migración sigue siendo aún lamentablemente un tema delicado en la Unión Europea. Se juega aquí de mucho. Se quiere lograr que los familiares de terceros Estados que viven separados puedan reunirse. Se trata pues de un objetivo que todos deberíamos apoyar precisamente cuando se trata de niños y estos niños –tanto si son de refugiados o inmigrantes- deben tener también una perspectiva en la Unión Europea.

En el debate político se está creando por el contrario un ambiente opuesto a esta directiva. Espero que la mayoría de nuestra Asamblea apoye la directiva en la forma presentada por las Comisión. Sé que mis colegas socialistas esperan una declaración del Sr. Vitorino con la esperanza de que bajo la presión de ciertos ministros de Asuntos Interiores de la UE se sacrifique a los refugiados en esta directiva. Lamento esta decisión y el hecho de que en esta Asamblea parece que los ministros del interior tienen más que decir que los diputados que deberían actuar siguiendo sus consciencias.

Por este motivo, apelo de nuevo para apoyar esta directiva de la Comisión y mandar por fin una señal para una política de integración moderna, humana y adecuada a los tiempos. Espero que los socialistas no lleguen a este deal con los conservadores.

  Sylla (GUE/NGL). – (FR) Señor Presidente, sin que sirva de precedente, desearía felicitar a la Comisión por el trabajo serio y equilibrado llevado a cabo porque, demasiado a menudo, cuando abordamos las cuestiones relacionadas con la inmigración, las pasiones, los desbordamientos, las segundas intenciones politicas nos impiden reflexionar con objetividad y progresar.

Tratando en profundidad la cuestión del derecho a vivir en familia, definiendo las condiciones precisas de su aplicación, el texto permite llevar a cabo un verdadero debate. Lejos de levantar recelos apriorísticos, como se hace a menudo con aquellos que desean vivir junto a su familia e hijos, el texto reconoce, por el contrario, la legitimidad de ese derecho como tal aunque efectivamente fuera preciso hoy que este derecho pudiese también ser válido para los homosexuales, sin menospreciar ninguna categoría como acaba de decir mi colega en lo que concierne a los demandantes de asilo.

El texto pone de manifiesto también que existen hoy muchos tipos de familia en nuestras sociedades, especialmente ciertas formas de concubinato, y que por lo tanto no hay lugar a la discriminación de los inmigrantes que hicieran lo mismo. El texto contribuye así a dar un verdadero sentido a la palabra “integración”. Esta propuesta de directiva de armonización de las legislaciones de los Estados miembros tendrá como ventaja dar una protección y una estabilidad jurídica a los inmigrantes y sobre todo evitarles estar sometidos a las fluctuaciones politicas nacionales.

Quisiera por lo tanto que los próximos trabajos de la Comisión y del Parlamento se inspiren en este ejemplo. Quizás así podremos hablar mucho más de igualdad de derechos y de la aportación, a menudo positiva, de la inmigración, ocupándonos de las cuestiones esenciales para la integración y la lucha contra el paro, la precariedad, las violencias y discriminaciones de las que los inmigrantes pueden ser víctimas.

La inmigración no es un problema. En cambio, tendríamos que decidirnos a hablar de los verdaderos problemas que son los desequilibrios entre el Norte y el Sur que empujan a menudo a los hombres y mujeres a huir de la miseria. Tendríamos igualmente que reconocer que los flujos de inmigrantes hacia los países de la Unión siguen siendo más o menos constantes desde hace dos décadas. Dicho de otro modo, cuando los estados han puesto en pie leyes restrictivas no han hecho disminuir el número global de entradas, sencillamente han hecho disminuir el número de inmigrantes legales y aumentado y fabricado ilegales.

Este proyecto de directiva, apoyándose en dichos valores tendrá no sólo consecuencias positivas para los inmigrantes y sus familias sino también una verdadera fuerza simbólica para la acogida y la integración. Desearía sinceramente que, para los trabajos que sigan a este, podamos observar la misma línea directriz.

  Gollnisch (TDI). – (FR) Señor Presidente, estimados colegas, el texto que nos ha sido propuesto, como por otra parte el conjunto de la política de inmigración que siguen las instituciones europeas, da muestras de un derrotero preocupante.

Desde luego había razones para temer que una cierta forma de capitalismo importase, de algún modo, trabajadores, separándolos de su familia de origen con todos los riesgos de desarraigo que ello podía implicar, pero hoy en día hemos ido mucho más allá en esta situación.

Lo que no eran nada más que contratos provisionales de trabajo –y eso en los mejores casos – tiende a convertirse en una implantación definitiva. Lo que era definitivo para una persona tiende a convertirse en definitivo para todos aquellos que puedan rodearle. La familia cercana primero, pero también la familia lejana y esa familia lejana, sabemos bien que es numerosa teniendo en cuenta las estructuras sociales de los países de origen, países en los que por otra parte el estado civil sólo existe en una forma bastante rudimentaria. Y después de la familia lejana, los hermanos, los primos, los sobrinos, los padres, los abuelos, se pasa a la familia polígama. De la familia polígama –puesto que por qué privilegiar simplemente los lazos familiares– se pasa al concubinato y a menudo, como acaba de proponer el anterior orador, el Sr. Sylla, se pasará a la simple asociación homosexual. Todo ello da una idea de los riesgos considerables de deriva de esta política.

Vamos a llegar a lo que, por otra parte, tenemos ante nuestros ojos. Es una verdadera inmigración de población, suicida, organizada por los Estados miembros y que también organizan las instituciones europeas. A todas luces, es el suicidio de Europa. La única solución digna de ese nombre consiste en organizar la reagrupación familiar, pero organizándola desde el país de origen y con el apoyo de la política de cooperación en la cual esos medios deberían ser utilizados.

(Aplausos)

  Hager (NI). – (DE) Señor Presidente, aún consternado por la permanente condena previa de Austria por parte de los otros 14 Estados miembros, quiero decir sobre el presente informe que lamento el modo con que se ha tratado en la comisión competente para el fondo, un modo que ha hecho que la Sra. Ponente –un acontecimiento más bien poco usual- no pudiese identificarse al final con el resultado y haya retirado su nombre. No se han tratado objetivamente y por motivos políticos e ideológicos se han barrido sencillamente enmiendas muy justificadas de la Sra. ponente, quien las ha expuesto y justificado hoy de nuevo así como también otros miembros de la Comisión.

En la valoración de este injusto asunto me remito, entre otras, a la resolución de la Conferencia de Gobernadores Civiles de Austria del 17 de mayo del 2000, quienes han rechazado de modo unánime por encima de fronteras partidistas el proyecto de directiva en esta forma. Lamento el modo de proceder en la comisión porque creo que utilizar el método de la imposición a la fuerza precisamente en un sector tan sensible daña más que beneficia.

  Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, el documento que se nos ha presentado, al igual que el informe, nos pretende dar gato por liebre. Liebre por fuera pero gato por dentro. Daríamos con entusiasmo nuestro voto afirmativo a la reagrupación familiar pues es algo profundamente humano y además es el núcleo de un elemento integrador, pero aquí se trata de una cosa muy diferente. Lo que aquí se pretende es abrir un debate político social sobre hasta qué punto se puede ampliar el círculo de los autorizados a la reagrupación más allá del núcleo familiar.

Presenta la propuesta de las parejas no casadas, cuyos padres y niños deben poder venir y según la propuesta le basta incluso declaraciones de testigos en el país de origen para probar una relación de pareja, sea del tipo que sea. Esto significa para los niños o padres que vengan derechos como para los ciudadanos de la Unión en el campo de la formación, laboral y social. Los traficantes de personas, los falsificadores de documentos le estarán agradecidos por apoyar esta propuesta y la población –de esto puede estar seguro- reaccionará con indignación.

Introduce además la propuesta relativa a varios matrimonios, es decir, se acepta a la primera mujer con niños y parientes en orden ascendiente pero también dice en este documento que naturalmente es posible traer a la siguiente esposa y su descendencia si así lo exige el bienestar de los niños. La cuestión que se deriva de ello es la siguiente: ¿hasta dónde se deben abrir las puertas de par en par a la inmigración incontrolada?

Para nosotros esta no es una propuesta aceptable. Falta el concepto global, faltan bases estadísticas, falta una diferenciación y además va más allá del Tratado de Amsterdam que exige que se tenga en cuenta la capacidad de integración de los Estados. Solamente daremos nuestro voto afirmativo al presente documento si se siguen nuestras enmiendas y nuestra línea política.

(Aplausos de la derecha)

  Hazan (PSE). – (FR) Señor Presidente, tras los recientes acontecimientos de Dover donde 29 inmigrantes clandestinos chinos han perecido asfixiados, el drama de la inmigración ilegal y los medios para afrontala se han convertido en un problema de primera importancia del cual la Unión Europea debe ocuparse hoy imperativamente.

Esta problemática nos invita especialmente a trabajar en un tema particularmente sensible, como es la elaboración y la armonización de una política europea de inmigración que constituirá una de las cuestiones más importantes del siglo XXI. En este sentido, la propuesta de directiva de la Comisión Europea que nos ha sido sometida, relativa al establecimiento de un derecho a la reagrupación familiar es plenamente pertinente y quiero agradecer y felicitar especialmente a la Comisión que bajo los auspicios del Comisario Vitorino ha elaborado este texto.

El derecho a la reagrupación familiar es un elemento esencial en la realización de una vida familiar normal, es por otra parte lo que dispone desde hace mucho tiempo el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, según la cual toda persona tiene derecho al respeto de su vida familiar. Pero también es una cuestión especialmente sensible, teniendo en cuenta la diferencia entre las legislaciones de los diferentes Estados, porque puede chocar con las nociones de soberanía, y aquí está, precisamente, el desafío que se ha lanzado al Parlamento europeo para conseguir ir más allá de estas divergencias.

El proyecto de directiva sobre el cual se nos solicita hoy nuestra opinión constituye, desde mi punto de vista, un texto de primera importancia, que debe recibir el apoyo firme y definitivo del Parlamento Europeo, en la medida en que este texto ofrece verdaderas perspectivas para una inmigración legal, de la cual les recuerdo que la inmigración familiar constituye la mayoría. Lo hemos dicho, esta directiva representa el primer ejemplo de esta construcción en la línea del Tratado de Ámsterdam y del Consejo Europeo de Tampere, de ahí su importancia.

Quiero recordar igualmente que el mundo moderno presenta muchas ventajas, pero que existen importantes riesgos de exclusión de ciertas categorías de población, entre las cuales figuran los extranjeros, y que mi deber como demócrata europeo es estar especialmente atento.

La directiva propuesta por la Comisión permite, en condiciones plenamente satisfactorias, pero con garantías necesarias –con todas las garantías necesarias– dar un gran paso. Nunca se ha contemplado, por ejemplo, autorizar los reagrupamientos polígamos tal y como acabo de oír. Eso es totalmente inexacto. Recordémoslo, se trata del primer texto que se ha producido en el proceso de comunitarización del pilar de “Justicia y Asuntos Interiores” al hilo del Tratado de Ámsterdam y del Consejo de Tampere de noviembre pasado. Recordémoslo también, sólo se trata de establecer un derecho a la reagrupación familiar y de acabar son esa concepción de la reagrupación familiar que hace de esta un privilegio.

La apuesta es hermosa y acorde con la construcción de la Europa de los ciudadanos que deseamos para seguir construyendo Europa. Nos toca, queridos colegas, aprovechar de esta oportunidad para conseguirlo.

(Aplausos)

  Krivine (GUE/NGL). – (FR) Señor Presidente, creo efectivamente que este proyecto de directiva es un paso adelante. Dicho esto, el procedimiento de reagrupación familiar está todavía sometido a condiciones restrictivas. Creo que se debería insistir sobre el hecho de que, a pesar de todo, son el paro y la precariedad los que deberían estar prohibidos y no el derecho de un inmigrante o de una inmigrante a vivir con los suyos cuando no puede demostrar que dispone de suficientes recursos o de una vivienda adecuada.

Mientras la sociedad evoluciona lentamente para los nacionales, pero evoluciona a pesar de todo, cf. la votación del PACS en Francia, para los inmigrantes el concepto de la familia sigue siendo rígido. Las legislaciones en vigor prevén suprimir el derecho de residencia en caso de ruptura de la vida en común, prohibiendo el hecho al divorcio y, como se ha dicho antes, las parejas de homosexuales siguen sin estar reconocidas. Bajo el pretexto de luchar contra la poligamia se condena a las segundas esposas o concubinas y a sus hijos a la clandestinidad y a una dependencia mayor.

Por lo, tanto hay que liberar la reagrupación familiar de los arcaísmos que todavía existen y que son el resultado de un control excesivo de la inmigración. Pero para concluir, diré que felizmente el informe del Sr. Watson constituye un auténtico progreso, despues del trabajo llevado a cabo en comisión sobre el informe inicial de la Sra. Klamt. Debo decir que cuando escucho los discursos racistas, reaccionarios e inadmisibles del Sr. Gollnisch tengo ganas de votar a favor de este informe. Es una cuestión de dignidad.

  Nassauer (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, al contrario de una opinión ampliamente difundida y también del debate que tiene lugar aquí esta mañana, en esta directiva no se trata de realizar una definición vinculante del concepto de familia para toda la Unión Europea. Por el contrario, se trata de determinar exactamente quién debe estar autorizado a la reagrupación familiar en función de relaciones de parentesco en caso de inmigración.

Nadie pone en duda que las familias tienen el derecho a vivir juntas. Pero de lo que se trata es de dónde se traza el límite de la familia. Yo tengo por ejemplo una mujer y dos hijos y estos tienen también hijos; y tengo hermanos, tíos y tías. Si cuento a todas las personas con las que convivo estrechamente son 25. Estimado Sr. Comisario Vitorino, si yo solicitase asilo por ejemplo en Portugal no podría reclamar poder vivir allí con 25 familiares. Tiene que haber pues un límite razonable. Este es el problema decisivo de esta directiva. También hay que diferenciar si alguien se encuentra en la Unión Europea por un tiempo determinado o de modo permanente. Tengo que decir claramente que esta propuesta de directiva amplía la reagrupación familiar mucho más allá de lo que hasta ahora es usual en los Estados miembros de la Unión Europea. Es una señal adicional para inmigrar que va a tener naturalmente unas considerables repercusiones.

Y estas repercusiones son muy diferentes para los Estados que tienen una elevada tasa de inmigración, como p. ej., Austria, Alemania o los Estados del Benelux, que para Estados como Portugal, Finlandia u otros que no tienen tanto que ver con la inmigración. Como ello va unido a una dramática ampliación de la reagrupación familiar, uno de los motivos de mayor peso, no podemos dar nuestro voto favorable a esta directiva. Por ello, señor Comisario, con todo el respeto por su trabajo, aliento la esperanza de que su propuesta no logre en el Consejo la necesaria unanimidad.

(Aplausos)

  Κaramanou (PSE). – (EL) Señor Presidente, quisiera ante todo felicitar calurosamente a la Comisión Europea y especialmente al Comisario Vitorino por una propuesta legislativa extraordinariamente positiva, que regula la cuestión del reagrupamiento familiar. Por fin algo se mueve en Europa después de décadas de carencia absoluta de política migratoria europea, y, sobre todo, después de tantos años de negativa de los ciudadanos europeos a reconocer a los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en la Unión Europea los derechos humanos fundamentales.

El reconocimiento del derecho a la vida familiar constituye uno de los presupuestos fundamentales para la incorporación de los refugiados y los emigrantes a la vida social del país en que residen. Desgraciadamente, en este Parlamento son precisamente aquellos que enaltecen y ensalzan a la familia como valor supremo los que la sabotean, y eso es justamente lo que ocurre ahora con esta propuesta de directiva sobre el reagrupamiento de las familias de los refugiados y los emigrantes. El fariseísmo y la hipocresía son las características principales de esta ala del Parlamento y lo hemos vivido repetidamente.

Quisiera, no obstante, decir que soy consciente de las vacilaciones de muchos gobiernos, el mío incluido, a propósito de esta directiva. Es verdad que países como Alemania, a los que han acudido millones de refugiados y emigrantes, asumirán una carga muy pesada. Al mismo tiempo, sin embargo, quisiera recordar y subrayar la enorme contribución de los inmigrantes al desarrollo económico de nuestros países, a través del trabajo y a través de los impuestos. Las cargas sociales a las que se refieren los censores de la propuesta pueden reducirse si los refugiados y sus familiares tienen derecho al trabajo, tal y como prevé la propuesta de la Comisión.

Finalmente, quisiera, señor Presidente, que quedara claro que esta directiva define muy pocas condiciones y los gobiernos mantienen el derecho a establecer las condiciones más adecuadas para el reagrupamiento de las familias.

  von Boetticher (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, por primera vez en todo mi tiempo como diputado en esta Asamblea me alegra hoy la certeza de que el Consejo va a considerar una posición sin sentido y peligrosa del Parlamento como se merece, es decir, no teniéndola en absoluto en cuenta.

Señor Comisario Vitorino, a pesar de todo lo que aprecio su persona, lo que siempre he expresado en esta Asamblea, tengo que decir que el documento de la Comisión se caracteriza por una ignorancia punible de la situación en aquellos países miembros que precisamente en los años pasados han brindado con generosidad acogida y protección a muchos refugiados y asilados. Usted exige demasiado a nuestra sociedad y se expone al peligro de crear el caldo de cultivo para algo que siempre hemos combatido en esta Asamblea. Los diputados liberales y socialdemócratas de los grandes Estados miembros, pues hasta ahora sólo he escuchado a oradores de los pequeños Estados miembros de este lado, tienen que preguntarse si aún tienen alguna relación con los electores, si son conscientes de las consecuencias y si han comprendido que más poder del Parlamento significa también una mayor responsabilidad en estas cuestiones.

Los tiempos en los que se podían articular aquí sin consecuencias sueños de mejora del mundo ya han pasado. Me gustaría ver cómo van a justificar la resolución de hoy ante sus ciudadanos. Muchos de ustedes han aprobado esta propuesta solamente porque saben que el Consejo no la aprobará jamás de este modo. Me parece indigno. Esto contradice nuestra tarea y el mandato que hemos recibido de los electores.

Voy a referirme aún brevemente a lo que usted ha dicho en varias ocasiones sacudiendo la cabeza. Lea el apartado 2 del artículo 3. Allí se dice lo siguiente: por ello aunque se prohibe la venida de varias esposas y sus hijos sin embargo, está permitida la venida de una esposa y sus hijos. Esto significa que yo puedo haberme casado con alguien aquí en los Estados miembros y que en determinados casos puedo hacer venir al menos a una mujer. Esto significa que existe un permiso. Así es. Así se puede ...

(Exclamación)

... no, si lo interpreta jurídicamente se puede interpretar exactamente así. Esto deja vía libre a todas las posibilidades de interpretación. Aquí sólo se puede hacer una cosa: rechazar esta propuesta.

  Vitorino, Comisión. - (PT) Señor Presidente y Señorías, desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam ésta es la primera vez que el Parlamento Europeo es consultado sobre una propuesta de directiva de la Comisión al Consejo en materia de migración legal de personas oriundas de terceros países.

Por eso, es una señal de las profundas modificaciones institucionales que se introdujeron con el Tratado y consideradas prioritarias en el orden del día político europeo por los Jefes de Estado o de Gobierno en el Consejo Europeo de Tampere. La Comisión consideró que mediante una propuesta de regrupamiento familiar era como debíamos iniciar esta andadura, este esfuerzo considerable de construcción de una política europea común de inmigración. Y quisiera comenzar diciendo por qué hemos elegido ese tema: para responder a una observación crítica de la Sra. Klamt, a la que yo, independientemente de las divergencias de opinión, quisiera felicitar por la labor que ha llevado a cabo como primera ponente de este asunto.

Creo que el reagrupamiento familiar es un concepto profundamente coherente con las obligaciones que todos los Estados miembros contrajeron en el plano del derecho internacional desde hace varios decenios. Desde la referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos a los Pactos Internacionales en el ámbito de las Naciones Unidas de 1966, al propio Convenio Europeo de Derechos Humanos, en todos esos instrumentos de derecho internacional se consagra la protección de la familia como un elemento esencial de la garantía de la paz social. Creo que nadie puede negar que la reunificación familiar es también un instrumento importante de integración de los inmigrantes de terceros países en las sociedades de acogida. Eso mismo ha sido reconocido sucesivamente por los órganos de la Unión Europea. Es decir, que desde 1993 el Consejo ha dedicado constante atención a la cuestión del reagrupamiento familiar. Y hay que reconocer que, en términos cuantitativos, esa cuestión del reagrupamiento familiar es pertinente, porque representa hoy una de las principales causas de inmigración para los países europeos.

No es la directiva la que crea esa corriente migratoria, lo que la directiva pretende es regular una realidad que está en el terreno. Por eso, quien no quiera comprender que esta directiva va encaminada a formular normas jurídicas para abordar una situación que ya está en el terreno y quiera responsabilizar a la Comisión de estar inventando una nueva dinámica migratoria comete una injusticia en el análisis de la realidad a que nos dirigimos.

Por eso, la Comisión pensó que el reagrupamiento familiar merecía un trato prioritario en relación con otras formas de inmigración legal. No se trata de decidir sobre la entrada y la residencia para fines económicos ni de la inmigración de trabajadores ni de la inmigración de estudiantes. Se trata, a nuestro entender, de reglamentar una forma de admisión diferente que responde a valores -en particular, de protección de la familia- y a un objetivo político estratégico, el fomento de la integración de los ciudadanos de terceros países, que ya viven legalmente en la Unión, en las sociedades de acogida. Partimos de un principio, que es discutible, pero mientras no se demuestre lo contrario, creo que es demostrable. Es que el regrupamiento familiar es un factor que fomenta la estabilidad personal del emigrado, ya que la vida en familia constituye siempre un instrumento importante de apoyo a la integración en los países de acogida.

Los Jefes de Estado o de Gobierno en Tampere subrayaron, por lo demás, de forma unánime la necesidad de garantizar un trato equitativo a los ciudadanos de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros de la Unión. Y subrayaron también que es necesario aplicar paralelamente una política más dinámica de integración y que esa política debería tener la ambición de ofrecer a los ciudadanos de terceros países derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión. Ésos son, Señorías, los valores y los compromisos políticos sobre los cuales preparó la Comisión su propuesta. Y quisiera subrayar que la Comisión propuso una iniciativa en la que el reagrupamiento familiar está concebido como un derecho. Pero no es un derecho absoluto de los ciudadanos de terceros países que residan en los países de la Unión y de forma legal. Es, al contrario, un derecho sujeto a condiciones, ya sean de índole procesal o condiciones materiales en cuanto a la formulación del estatuto de los miembros de la familia en el país en el que sean admitidos y en cuanto a los derechos de que disfrutan.

Y yo estoy dispuesto a examinar esta propuesta en todas sus consecuencias. Entre otras cosas porque la Presidencia francesa consideró, por lo demás, que este asunto es fundamental durante su semestre. Y nosotros, por nuestra parte, estamos dispuestos a introducir lo más rápidamente posible una propuesta modificada para que podamos alcanzar un resultado positivo durante la Presidencia francesa.

Quisiera expresar mi agradecimiento a todos los diputados que han participado en el debate. Ha sido un debate, aquí como en la Comisión, vivo, a veces apasionado incluso, porque versa sobre un asunto delicado, en el que hay, naturalmente, una gran fuerza de proyección de las realidades nacionales. Es difícil encontrar un punto común en el nivel europeo. Pero este debate tiene sobre todo una característica fundamental. Es que ya no es un debate sobre declaraciones de intenciones, es un debate sobre normas, normas jurídicas vinculantes, que se deberán aplicar. Por eso, es natural que sea un debate vivo, apasionado incluso, y un debate en el que haya divergencias.

La Comisión va a conceder la mayor importancia al dictamen de sus Señorías. Y quisiera felicitar al Sr. Watson por el trabajo que ha hecho al presentar un informe en las difíciles circunstancias en que se ha celebrado este debate.

Y quisiera exponer ante sus Señorías cuál es la posición de la Comisión sobre las cuestiones políticas más difíciles de esta directiva.

En primer lugar, en cuanto al ámbito de aplicación de la propuesta, la Comisión considera que los refugiados deben estar incluidos en su ámbito de aplicación, porque no sería comprensible, desde el punto de vista político, que se reconociese a los inmigrantes económicos un derecho al reagrupamiento familiar que no reconocemos a los refugiados reconocidos conforme a la Convención de Ginebra. Pero reconozco que es necesario excluir a los beneficiarios de la protección temporal o de la subsidiaria. No se trata de una modificación de la cuestión de principio. Estoy convencido de que cierto tipo de beneficiarios de la protección temporal o subsidiaria también deberán tener derecho al reagrupamiento familiar. Pero reconozco que la ausencia de armonización del concepto en el nivel europeo y sobre todo la intención de la Comisión de presentar al Parlamento y al Consejo una directiva sobre protección temporal y subsidiaria el próximo año permitirá tratar el derecho al reagrupamiento familiar en esa directiva muy próximamente. Por eso admitimos que se modificara la propuesta en el sentido de excluir a los beneficiarios de la protección temporal o subsidiaria.

En cuanto a las cuestiones relativas al concepto de familia: quisiera decir con toda claridad que la Comisión, en esta propuesta, no se injiere en la definición del concepto de familia. Esta propuesta recoge íntegramente la competencia que cada Estado miembro tiene para definir lo que es la familia. Y la cuestión, por ejemplo, de las uniones de hecho. Esta propuesta no dice que todos los Estados miembros estarán obligados a reconocer la unión de hecho y a admitir a los miembros de una unión de hecho en todas las circunstancias. Lo que decimos es sólo esto: que en aquellos países en los que las uniones de hecho, en su derecho interno y para sus ciudadanos, estén equiparadas al matrimonio, en esos países, se deben reconocer también esas uniones de hecho para el reagrupamiento familiar de los ciudadanos de terceros países. Y, por eso, quisiera decir claramente que en esta propuesta no hay indicación alguna de que se deba favorecer el reagrupamiento de familias poligámicas. Disculpen: ?el texto es claro! ?No es posible promover la llegada de una segunda esposa! Y se hace sólo una excepción en el caso de los hijos de un segundo matrimonio, si los intereses del niño así lo aconsejaran. Pero, ¿?cómo tratar a los hijos de un segundo matrimonio de forma diferente a los hijos de un primer matrimonio o a los hijos de una unión de hecho? No soy un subvertidor de valores morales, pero considero que debemos poner por encima de todo los intereses de los niños.

Por último, señor Presidente, la Comisión está dispuesta a aceptar un conjunto de otras enmiendas y modificaciones referentes a los derechos de los miembros de la familia, a las condiciones y aclaración de las condiciones para el reagrupamiento familiar, la situación en que el reagrupante puede adquirir un estatuto autónomo y en cuanto a las normas de procedimiento. Antes de la votación se hará esa indicación exhaustiva.

Quisiera concluir diciendo que, naturalmente, ésta es una operación que origina un debate. El debate con el Consejo no va a ser fácil, como no lo fue el debate con el Parlamento Europeo. Respeto la opinión de todos sus Señorías. Me gustaría que el dictamen del Parlamento Europeo tuviera un apoyo lo más amplio posible. Y espero que -independientemente de nuestras diferencias de opinión, que son naturales, podríamos decir que son útiles, que son esenciales para la democracia- sea posible que, una vez aprobada esta directiva, todos podamos aunar esfuerzos para resolver esta cuestión esencial que tenemos sobre la mesa -cómo formular un régimen jurídico claro y transparente que garantice la integración de los inmigrantes legales en los países de acogida-, porque esa integración es la clave para el éxito de una política común de inmigración a escala europea.

  El Presidente. – Muchas gracias, señor Comisario.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

(1) Atribución del poder deliberante a las comisiones (artículo 62 del Reglamento): cf. Acta.

2. Medidas especiales para el desplazamiento y residencia de ciudadanos de la Unión

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-207/200) de la Sra. Boumediene-Thiery, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre el informe de la Comisión sobre la aplicación de las Directivas 90/364, 90/365 y 93/96 (derecho de residencia) y sobre la comunicación de la Comisión relativa a las medidas especiales en materia de desplazamiento y de residencia de los ciudadanos de la Unión, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública (Directiva 64/221/CEE) (COM(1999) 127, COM(1999) 372 – C5-0177/1999, C5-0178/1999 – 1999/257 (COS))

  Boumediene-Thiery (Verts/ALE), ponente. –(FR) Señor Presidente, estimados colegas, quisiera en primer lugar dar las gracias a todos aquellos que han contribuido con sus reflexiones a alimentar el debate. Antes de entrar en la exposición de mi informe, quisiera empezar por una pregunta que no cesa de acuciarme. Esta última constituye en mi opinión el corazón de la problemática de mi informe y determinará la orientación de nuestra votación. Esta pregunta es: ¿Qué significa realmente la ciudadanía europea? ¿Se trata de una sencilla expresión dirigida a vender Europa o queremos realmente poner un contenido bajo ese vocablo?

Hoy la ciudadanía sigue siendo un concepto vacío de contenido para la mayoría de los habitantes de Europa. Si queremos hacer de Europa algo distinto de una zona de librecambio, tendremos que afanarnos para que aquella supere su estatus de mero concepto y cobre arraigo en la vida cotidiana de los residentes de Europa. Quisiera, por cierto, plantear el debate en dicha perspectiva. Las directivas examinadas atañen a los nacionales comunitarios, pero deben hacerse algunas adaptaciones en favor de los nacionales de terceros países.

Mediante este informe se trata de hacer balance de la realidad de la libre circulación y residencia de las personas en la Unión. Desde el punto de vista de los Tratados, me situo en la doble perspectiva del artículo 14, relativo a libre circulación de las personas, y de los artículos 17 y 18, relativos a la ciudadanía europea. Sin embargo, aunque los países miembros han llevado a cabo enormes progresos para la libre circulación de las mercancías, de los servicios y de los capitales, esta claro que seguimos estando muy lejos de ello respecto de las personas.

Un breve repaso histórico y el contenido de las directivas: originariamente la ibre circulación estaba reservada a las personas que ejercían una actividad económica. En junio de 1990 el Consejo adoptó tres propuestas de directivas de la Comisión para extender ese derecho a todos los nacionales de los Estados miembros, aunque no ejerciesen una actividad económica. Recordaré únicamente las grandes orientaciones de estas directivas. Para los jubilados y demás inactivos, el derecho de residencia esta abierto para aquellos que dispongan de un seguro médico y de medios económicos suficientes. Para los estudiantes las condiciones son la matriculación en un institución reconocida y el disfrute de un seguro médico. En ambos casos los cónyuges y los hijos a su cargo pueden acompañar al titular y eventualmente trabajar.

La trasposición de las directivas ha sido doblemente problemática. Por un lado, los Estados miembros han traspuesto estas directivas con mucho retraso. Por otro lado, prácticamente la totalidad de los Estados ha adoptado una mala trasposición de estas directivas. Por cierto, la Comisión ha tenido que iniciar catorce procedimientos de infracción. La Comisión apunta que: “Algunos ciudadanos de la Unión se han visto, por culpa de una trasposición defectuosa de las directivas, privados de algunos de sus derechos o se han visto enfrentado a dificultades administrativas injustificadas.”

Hagamos una evaluación completa de la situación. Este derecho a la libre circulación y residencia, confirmado en el Tratado de Maastrich, ha sido violado por consideraciones económicas. La noción de recursos suficientes es interpretada de forma abusiva por las administraciones. ¿Qué ingresos hay que tomar en cuenta para valorar los recursos? ¿Qué justificantes? Cómo reflejar una situación financiera que varía y que depende a veces de la ayuda aportada por el cónyuge. A causa de procedimientos de reconocimiento largos y difíciles, a menudo es necesario hacer una suscripción de un segundo seguro médico en el país de acogida. Cuando no se corresponde con los cánones del trabajo asalariado es difícil obtener un derecho de residencia, y en consecuencia a la inestabilidad de la situación profesional se añade la precariedad del título de residencia.

En cuanto a las medidas especiales justificadas por razones de orden público, la Comisión da cuenta de numerosas interpretaciones abusivas, tales como la condena penal que justifica un extrañamiento sistemático y la expulsión. Por último, los procedimientos administrativos son demasiado largos –más de seis meses– y siguen siendo costosos cuando se impone una renovación frecuente: a menudo una vigencia de dos años en lugar de 5 normalmente.

Para paliar esos problemas, presento aquí las principales medidas preconizadas. Nuestra primera propuesta es solicitar a la Comisión que prepare una directiva-marco que adoptaría una posición partiendo del derecho fundamental de circular y de residir libremente a fin de organizarlo, en lugar de partir de una perspectiva por categorías que necesariamente genera ambigüedades. Después siempre será posible introducir todo un arsenal de medidas específicas para ayudar a los ciudadanos en función de su propia situación. Esta refundición de las directivas existentes debe disociar de toda consideración económica el derecho fundamental de circular y de residir. Estas medidas deben ser concomitantes con una auténtica simplificación de los trámites administrativos y con la gratuidad de los documentos. Una medida transitoria en la puesta en pie de estos dispositivos puede ser la introducción de un permiso de residencia de un año para todos los demandantes. Es indispensable la armonización de los sistemas de protección social y de jubilación. Por último, tratándose de medidas especiales justificadas por razones de orden público, no podemos más que hacer un llamamiento a los Estados, a fin de que restrinjan su interpretación y pongan término a la doble pena y protejan de la expulsión a ciertos grupos.

Permítanme, para terminar, algunas precisiones. Los derechos deben estar vinculados a la persona y desplazarse con ella. Los ciudadanos de terceros países que viven y trabajan legalmente en un Estado miembro deben beneficiarse de los mismos derechos que los ciudadanos europeos. Es una pena, por cierto, que el Consejo no dé ninguna continuidad a esta propuesta de ciudadanía y de residencia.

En conclusión, espero haberles convencido de apoyar una perspectiva resueltamente ciudadana de la libertad de circulación y de residencia que constituye una apuesta fundamental para la creación de una conciencia europea. En el momento en el cual el porvenir de Europa es noticia y en el cual estamos examinanado una futura carta de los derechos fundamentales, debemos apoyar todo proyecto de espacio de libertad, de justicia y de igualdad donde todos los residentes, mercancías, capitales y servicios circulen libremente en la Unión. Quizás haya llegado el momento de que los hombres adquieran los mismos derechos que los productos que consumen.

  Wallis (ELDR), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. – (EN) Deseo felicitar a la ponente. Estamos tratando aquí sobre la revisión, que ya debería haberse realizado hace mucho tiempo, de varias directivas sobre el derecho de residencia de personas no activas económicamente. Mi punto de partida, al igual que el de la ponente, es que deberíamos dotar de auténtico significado la ciudadanía de la Unión. La realidad sigue aún muy lejos de lo estipulado en el Tratado de que todo ciudadano tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

Quiero referirme a la experiencia de varios estudiantes de idiomas procedentes de otros Estados miembros en mi circunscripción. Todos ellos han recibido una carta tipo de nuestra oficina local de la Seguridad Social en la que se les pide que acudan a una entrevista de dos horas a la que deberán llevar el mayor número posible de una lista no exhaustiva de aproximadamente veinte documentos tales como pasaporte, extractos bancarios o recibos del hogar para "establecer su identidad". Cuando solicité más detalles al respecto, me dijeron que no era una cuestión que afectara a la UE, porque la misma carta sería enviada a los residentes británicos. No puedo imaginarme en qué circunstancias. Y que el tiempo previsto de dos horas, lo que resulta aún más ridículo, había sido pensado para evitarles que les pusieran una multa de estacionamiento en el aparcamiento local.

No me gustaría que ningún ciudadano fuera tratado del mismo modo que dichos estudiantes. La historia de las directivas que tratan sobre los derechos de residencia de las personas no activas económicamente es muy triste: no aplicación, procedimientos por infracción y todo un mosaico de trámites diferentes y pesados. Un saco de patatas puede circular por Europa con mayor facilidad que un ciudadano. Si queremos apelar a nuestros ciudadanos y si queremos que el derecho fundamental de la libre circulación sea una realidad, hace falta sencillamente una tipificación rápida de este ámbito del Derecho comunitario, algo que ya debería haberse hecho hace mucho tiempo. Entonces y sólo entonces se hará realidad la declaración del Tratado sobre la ciudadanía de la Unión y dejará de ser mera palabrería.

  Schmid, Herman (GUE/NGL), ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. – (SV) Señor Presidente, en la UE se habla mucho de los derechos humanos, pero, en la práctica, a menudo se confunden los derechos de los ciudadanos con el dinero. El que tiene un empleo y puede vivir de él está protegido por las leyes, pero existen grandes grupos que carecen de trabajo y, en consecuencia, de derechos.

Puede tratarse de estudiantes, que deben demostrar que realmente estudian, o de pensionistas, que tienen que demostrar que reciben una pensión o tienen un patrimonio a la hora de desplazarse. También pueden ser ciudadanos de terceros países, y especialmente sus parientes, que no pueden acompañar al que ha conseguido un trabajo al otro lado de la frontera.

Esto significa que todavía se discrimina a los económicamente débiles. En el informe se proponen importantes mejoras para esos grupos que, en la práctica, son más numerosos que lo que pudiera creerse. Esas personas tendrán más facilidades para desplazarse y mejor derecho a residir en otros países.

En este contexto, también quisiera mencionar que el derecho a la libre circulación en el mercado laboral y el derecho de residencia no son la misma cosa. Actualmente hay muchos trabajadores que realizan trabajos en otros países miembros, con contratos de trabajo temporales, y que carecen del derecho a residencia. Para aquellos que no tienen un ingreso seguro u otra forma de patrimonio, el derecho de residencia es prácticamente inexistente.

La libre circulación de los trabajadores está garantizada por las normas del mercado interior. Sin embargo, para la mayoría de las personas es más importante que se garantice su derecho a la residencia, incluido el derecho a seguir residiendo en el mismo sitio cuando ya no les sea posible trabajar para su sustento. Aquí se necesitaría una profunda reforma y sería provechoso que ésta se realizase ahora, cuando las economías de los países miembros parecen ir mejor que antes.

  Mayer, Hans-Peter (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Peticiones. – (DE) Señor Presidente, el informe de la Sra. Boumediene-Thiery trata sobre problemas a los que se refiere la Comisión en su informe sobre la situación existente en la aplicación de las normas sobre el derecho de residencia. Sin embargo, la Sra. Boumediene-Thiery desea en este contexto que el ámbito de aplicación del derecho de residencia se amplíe a nacionales de terceros Estados.

Se ha solicitado a la Comisión de Peticiones que emita una opinión ya que se trata de una instancia especial que se ocupa directamente de los problemas de nuestros ciudadanos. Lamentablemente, aún surgen con demasiada frecuencia obstáculos a los derechos de la ciudadanía de la Unión; por lo que lo apoyo expresamente. En primer lugar, las normas jurídicas comunitarias sobre el derecho de residencia se aplican con titubeos. Sobre todo, las instancias subordinadas de los Estados miembros no conocen en la mayoría de los casos las correspondientes regulaciones. En segundo lugar, surgen gigantescas limitaciones y problemas en el reconocimiento de diplomas. ¿De qué me sirve un derecho de residencia si no poseo el derecho a ejercer en el país de residencia la profesión que he aprendido? En tercer lugar, surgen problemas debidos a la no adaptación de las normas a la libertad de circulación de las personas o las normas de seguridad social al cambiante mercado laboral. No puede ser que no se me devuelvan los costes por prestaciones médicas en el extranjero solamente porque no tenga el formulario adecuado.

Señor Presidente, tenemos normas sobre el derecho de residencia de ciudadanos de la Unión en otros Estados miembros pero que aún no se aplican totalmente. Continuamente se presentan casos en los que se hace imposible a un ciudadano de la Unión la residencia en otro Estado miembro. Instemos pues a los Estados miembros de la Unión para que apliquen sin demora las normas comunitarias existentes además antes de que empecemos a pensar en ampliar tales derechos a terceros Estados.

  Hernández Mollar (PPE-DE). - Señor Presidente, en caso de que no se aceptaran las enmiendas que presentamos al informe de la Sra. Boumediene, mi Grupo parlamentario votará en contra por razones que, entiendo, son de fondo.

Las directivas que hoy estamos debatiendo se refieren a la libre circulación y a la residencia de estudiantes y personas que han cesado su actividad profesional o no activas que, además, son beneficiarias de pensiones de invalidez, vejez o subsidio -todos ellos ciudadanos comunitarios-, además de las excepciones previstas en otra directiva sobre la expulsión por razones de orden público, seguridad o salud pública.

El problema es que la Sra. Boumediene amplía a los ciudadanos de terceros países el ámbito de aplicación de estas directivas. Por ejemplo, el apartado 20 de la resolución extiende la reagrupación familiar a familiares no comunitarios, ascendientes o descendientes, que no están a cargo del residente, lo que ampliaría la admisión sin límites. Asimismo, la equiparación de las parejas de hecho a los matrimonios, que en el caso de los ciudadanos comunitarios no plantearía muchos problemas dada la diversidad de la legislación, sí los plantearía en el caso de los ciudadanos de terceros países porque acarrearía auténticas dificultades para acreditar la convivencia estable. Ello daría lugar a los llamados matrimonios blancos o de conveniencia, con el consiguiente fraude.

Por otra parte, entiendo que toda la casuística que hace referencia a los trabajadores migrantes está fuera del contexto de este debate, no tanto por el fondo sino porque no procede en el estudio de estas directivas.

Es necesario -como dice la Comisión- mejorar el nivel de información para que los ciudadanos europeos conozcan con claridad meridiana cuáles son sus derechos para moverse libremente en el mercado interior, y ello, con normas claras, concisas y concretas, y utilizando las nuevas tecnologías de comunicación, como Internet, la televisión, o los medios de información locales y regionales. No me parece buen procedimiento, señor Comisario, la sugerencia de que las respuestas a las preguntas parlamentarias lleguen a los distintos ciudadanos a través de las comunicaciones que se estimen oportunas. Me parece un procedimiento poco práctico, entre otras cosas porque ni los parlamentarios, a veces, leen esas respuestas.

Es necesario también eliminar el papeleo absurdo para justificar la condición y la cuantía de la pensión. Creo que una tarjeta de identidad del pensionista o el recurso a la informática deberían suplir las acreditaciones engorrosas. Y lo mismo se aplicaría a los estudiantes. Para facilitar su movilidad hay que evitarles costes innecesarios y hacer compatible su residencia con sus períodos de estudio o aprendizaje.

Finalmente, quiero también destacar que no tiene sentido, como se hace en el apartado 6 de la resolución, vincular el orden público al espacio Schengen en una propuesta dirigida a los ciudadanos de la Unión Europea, a los que no se aplica el acervo de Schengen sino las directivas comunitarias, en particular las relativas al orden público.

Entiendo que se hace necesario, para poner al día esta legislación, refundir los textos mediante un nuevo reglamento y simplificar los obstáculos a la libre circulación y a la residencia de los ciudadanos comunitarios.

  Van Lancker (PSE). - (NL) Señor Presidente, colegas, permítanme comenzar agradeciendo el continuado esfuerzo realizado por la Comisión Europea con el fin de mantener el derecho de residencia en un lugar destacado del orden del día en el marco de la libre circulación de personas en Europa, lo que ha quedado de nuevo patente con estas dos comunicaciones. En segundo lugar, desearía felicitar a la ponente por su informe. Ella, compañera Hernández Mollar, ha optado por un enfoque amplio en torno al derecho de residencia de todos los ciudadanos, incluyendo a los trabajadores y a los ciudadanos de terceros países, para los que ya existen propuestas encima de la mesa. Mi Grupo apoya este enfoque porque, a pesar de todas las iniciativas de la Comisión, a pesar del informe Veil, a pesar del programa de acción, a pesar de las iniciativas legislativas, las propuestas no salen de la mesa del Consejo y los avances son escasos.

Quisiera tratar cuatro puntos concretos en el marco del presente debate. En primer lugar, el mercado laboral europeo necesita últimamente cada vez más movilidad y existe un número creciente de empresas que no logra cubrir sus vacantes. Por este motivo resulta incomprensible que existan tantas trabas en relación con la libre circulación de las personas y el derecho de residencia, especialmente en los casos referidos a contratos temporales, personas que trabajan a tiempo parcial y desempleados que buscan trabajo en otro país. En segundo lugar, mi Grupo también defiende una visión abierta de la ciudadanía europea, lo que, en nuestra opinión, también significa que quienes no trabajan, los jubilados y estudiantes deben poder ejercer su derecho de residencia, cumpliendo obviamente determinadas condiciones. Las trabas que determinados Estados miembros ponen en este momento, compañeros, nos permiten concluir que determinados Estados miembros no desean en absoluto la ciudadanía europea. En tercer lugar, una ciudadanía que no discrimine en virtud del modelo familiar. Las personas que convivan, los solteros, incluyendo a los homosexuales y lesbianas, de los países en los que se reconozcan estos modelos de convivencia, también deben hacer valer su derecho de residencia ya que, de lo contrario, negaríamos a miles de personas el derecho a vivir en familia.

Por último, una visión de la ciudadanía que deje las puertas abiertas a los ciudadanos de terceros países que vivan en la Unión Europea de forma legal y prolongada sin ningún tipo de discriminación.

Por consiguiente, apoyamos el informe de la compañera Boumediene sin ningún tipo de reserva. Esperamos que la Comisión siga denunciando los incumplimientos y la lamentable traslación que realizan los Estados miembros y, ante todo, espero, compañeros, de todo corazón, que el Consejo tenga de una vez por todas el valor para afrontar el debate acerca de la libre circulación de las personas.

  Ludford (ELDR). – (EN) Señor Presidente, afortunadamente, el Derecho comunitario ha experimentado un cambio durante los últimos 30 años; hemos pasado de la libre circulación de las personas como tema puramente económico – el desplazamiento funcional – a considerarlo un derecho personal. Esto ha dado lugar a mucha retórica sobre la Europa de los ciudadanos, pero a pocos cambios en la mentalidad o las administraciones de los Estados miembros, como ha señalado la Sra. Wallis.

Al decir esto, no estoy pasando por alto los beneficios económicos de la libre circulación. El informe de la Sra. Boumediene-Thiery señala – y la felicito por la calidad del mismo – que al facilitar la circulación se fomenta el dinamismo y la competitividad económica. ¿Por qué, entonces, ignora el Derecho este principio? Pero lo esencial para los Liberales es si los Estados miembros creen en la idea de la ciudadanía europea y la respetan, no sólo permitiendo la circulación a los ciudadanos de un Estado miembro y a sus familiares, sino también reconociendo esos mismos derechos, en la medida posible, a los nacionales de terceros países que residen legalmente y a sus familias – algo que lamentablemente no está contemplado en el informe de la Comisión.

Resulta muy enervante cuando el Consejo de Ministros y los distintos gobiernos se retuercen las manos ante la baja participación en las elecciones europeas, lanzan campañas con globos y bolsas de plástico sobre la Europa de los ciudadanos e intentan ganarse el voto de la ciudadanía en las campañas precias a las elecciones, pero se aferran a los trámites con múltiples obstáculos cuando esos ciudadanos tienen el descaro de hacer valer su derecho legal europeo a circular libremente.

En cualquier caso, estas normas son demasiado complicadas. Necesitamos una revisión completa para agilizar y dotar de total transparencia el ejercicio de la libre circulación. Eso no es pedir demasiado. Como decía la Sra. Wallis, debería ser igual de fácil para las personas cruzar fronteras como lo es para artilugios o patatas.

  Krivine (GUE/NGL). – (FR) Señor Presidente, apoyamos el informe de la Sra. Boumediene. Efectivamente, ha llegado el momento de respetar la igualdad de derechos y de acabar con la lógica de desconfianza frente a la inmigración. Los estados se permiten negar la residencia a los estudiantes extranjeros, aunque estos últimos estén inscritos en centros homologados, si consideran que éstos han cambiado de orientación o no progresan suficientemente rápido, lo que debería competer a las autoridades universitarias. Esta lógica de desconfianza genera la referencia obsesiva al orden público y la práctica escandalosa de la doble pena. Para un mismo delito, además de la cárcel, un extranjero se ve sistemáticamente enfrentado a una prohibición de entrada en el territorio. Este extrañamiento viola el principio de igualdad ante la ley reconocido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, artículo 7. Es importante, por último, facilitar la concesión y la renovación de un título de residencia duradero para el emigrante, porque la precariedad de la residencia alimenta el empleo precario, las discriminaciones y la sobreexplotación. Finalmente, ha llegado el momento de promover una ciudadanía europea fundada en la residencia. El derecho de voto debe ser ampliado a los nacionales extracomunitarios si se quiere hacer retroceder la xenofobia y el racismo en Europa.

  Angelilli (UEN). – (IT) Señor Presidente, como ya han indicado los oradores que han hablado antes que yo, el derecho a la libre circulación, a pesar de que se considera uno de los aspectos más importantes del derecho fundamental de la ciudadanía europea, es un derecho que con frecuencia encuentra muchas limitaciones y de ello da fe el gran número de peticiones al Parlamento Europeo relacionadas con este asunto.

Quiero detenerme ante todo en un aspecto en el que insiste el informe, esto es, la necesidad de luchar contra todas las interpretaciones injustas y excesivamente restrictivas del concepto de orden público de algunos Estados miembros. Por ejemplo, una persona que reside en un país desde su infancia o, en todo caso, durante años y, en consecuencia, tiene vínculos culturales, sociales y familiares consolidados en ese país, no debería ser expulsada si no es culpable de un delito considerado realmente grave por la legislación penal del país de residencia. Lamentablemente, con frecuencia ocurre lo contrario.

Otro punto en el cual quiero detenerme se refiere a los miembros de algunas familias reales como, por ejemplo, la italiana, los cuales, pese a no constituir una amenaza para la seguridad nacional, no pueden gozar plenamente de su legítimo derecho a la libre circulación. Considero que ha llegado el momento de enfrentarse seriamente a estos problemas, así como de salvar los obstáculos a la libre circulación, ya que – como se decía – en Europa las mercancías o las patatas quizás pueden circular más fácilmente que los ciudadanos.

  Tannock (PPE-DE). – (EN) La libertad de desplazamiento y de residencia es un derecho consagrado en los Tratados europeos y garantizado a todos los ciudadanos y sólo debería ser denegado en casos excepcionales cuando exista un peligro real para la seguridad pública. Por consiguiente, resulta tanto más extraordinario que 50 años después de la firma del Convenio sobre los Derechos Humanos, que irónicamente fue suscrito en Roma, y un año después de que el Tratado de Amsterdam confirmara dichos derechos, a una familia europea que ha estado involucrada durante mil años en la historia del continente se le nieguen los derechos fundamentales a los que se ha referido mi colega.

El informe Watson exige estos derechos a la reagrupación familiar y el informe Boumediene-Thiery a la libre circulación y residencia, incluso para nacionales de terceros países e incluso también para delincuentes condenados. Esta familia, como se ha dicho, es la antigua casa real de Saboya de Italia y también se están cometiendo violaciones menores contra las casas reales de Austria y Grecia por parte de sus respectivos gobiernos.

El artículo 13 de transición de la Constitución italiana, absurdamente denominado "de transición", pero que sigue en vigor al cabo de 53 años, no es sólo una violación de los Tratados Europeos, sino que además discrimina por razón de sexo en el sentido de que es aplicable únicamente a los descendientes reales varones, con independencia del número de generaciones que los separen del monarca constitucional Rey Víctor Manuel, considerado culpable de haber firmado leyes fascistas inaceptables en tiempo de guerra.

Irónicamente, los descendientes de Mussolini no sólo están autorizados a residir en Italia, sino que uno de ellos ocupa un escaño en el Parlamento italiano. Este artículo es vergonzoso y obsoleto y todos los diputados al Parlamento, incluso aquéllos con sentimientos antimonárquicos, deberían unirse a mi llamamiento al Gobierno italiano para que permita a una familia europea inocente regresar a su tierra natal, donde no representa ninguna amenaza imaginable para la seguridad pública ni para la estabilidad de la República Italiana.

Sólo podemos pedir más derechos para los ciudadanos europeos si se respetan los derechos de todos, con independencia de su origen y sin discriminación. Este asunto va mucho más allá de familias individuales y va derecho al corazón del respeto de la Unión por sus propias leyes y tratados. O tenemos una Unión Europea basada en el Derecho o no. Por consiguiente, recomiendo a esta Asamblea mi enmienda 14.

PRESIDENCIA DEL SR. SCHMID
Vicepresidente

  Ford (PSE). – (EN) Permítanme felicitar a la Sra. Boumediene-Thiery por su informe sobre las medidas especiales para ciudadanos de la Unión en materia de desplazamiento y de residencia, medidas que se justifican por motivos de orden público, seguridad o salud pública. Es un informe excelente. Lamentablemente, lo único que puedo hacer en dos minutos es hablar sobre algunos de sus defectos. En primer lugar, la Comisión ha omitido el tema de los entre 12 y 14 millones de nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión que actualmente sufren discriminación y que, salvo en los Estados insulares de la Unión, pueden desplazarse libremente de hecho, aunque no pueden hacerlo legalmente, lo que, naturalmente, da lugar a situaciones de explotación y de utilización ilegal.

Con todo el debido respeto por la ponente, debo decir que existen también otros ámbitos problemáticos de los que no se ha ocupado en su informe, uno de los cuales es el tema del vandalismo relacionado con el fútbol. Generalmente, estoy a favor de la libre circulación, pero creo que deben existir limitaciones. Normalmente no creo que deba denegarse el libre desplazamiento a personas que no han sido condenadas por ningún delito, pero existe un problema que se ha pasado por alto a nivel comunitario. Convendría recurrir a Europol para impedir la libre circulación de personas que han sido condenadas por delitos relacionados con el fútbol para garantizar que no vuelvan a ocasionar los mismos problemas que en la anterior Copa del Mundo y en los campeonatos europeos. También creo que convendría invocar las disposiciones para impedir, por motivos de seguridad, que se desplacen libremente los neonazis alemanes que viajan a Dinamarca para producir material propagandístico en el que se niega el Holocausto, con la clara intención de volverlo a importar a Alemania, país en el que está práctica es ilegal. Espero que el Gobierno danés haga uso de las disposiciones en este caso.

Asimismo, debemos garantizar que no se abusa del sistema. Naturalmente espero que no se restrinja de ningún modo el libre desplazamiento de personas que tienen la desgracia de ser seropositivas por motivos de salud pública.

Estoy de acuerdo, en principio, con el Sr. Tannock. Naturalmente, las familias reales de Europa deberían poder desplazarse libremente. No obstante, discrepo con sus prioridades. Cuando pasamos por alto los derechos de entre 12 y 14 millones de residentes legales, los derechos de dos familias resultan comparativamente insignificantes.

  Coelho (PPE-DE). - (PT) Señor Presidente, quisiera comenzar expresando mi concordancia con todos cuantos han subrayado que el asunto que estamos examinando tiene que ver con lo esencial de la ciudadanía europea. Podríamos decir que este derecho contribuye a una expresión práctica y concreta del concepto de ciudadanía europea, en que el gran imperativo que afrontamos en este momento es el de hacer de este derecho legalmente reconocido una realidad práctica aplicada en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Concuerdo también con quienes han subrayado que la transposición de estas directivas se ha hecho de forma mucho más lenta o incluso incorrecta, en algunos casos. Por otro lado, tendremos también que afrontar las dificultades suscitadas por la aplicación de la directiva relativa a las medidas especiales en materia de traslado y residencia de ciudadanos de la Unión, justificadas por razones de carácter público, seguridad pública o salud pública, en que deberán existir directrices de orientación no sólo para los Estados miembros, que hasta el momento han hecho una interpretación bastante diversa de las disposiciones de la directiva, sino también para los ciudadanos en relación con los derechos que se les confieren.

Los Estados miembros pueden imponer restricciones al derecho de libre circulación de los ciudadanos comunitarios, en particular en materia de entrada en su territorio y expulsión de él, así como de la expedición o renovación de autorización de residencia, siempre que esté justificada por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Pero en una Unión Europea basada en el Estado de derecho, en el respeto de los derechos humanos y, en particular, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en breve, en una Carta de Derechos Fundamentales, no pueden abusar de esas prerrogativas. Y en ese sentido es en el que esas medidas de excepción a la libre circulación fueron objeto de una interpretación restrictiva.

Por último, señor Presidente, quisiera convenir con mi colega Hernández Mollar, cuando ha manifestado el apoyo a la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y del Mercado Interior en el sentido de que se intente integrar los diversos textos en un sólo reglamento directamente aplicable, que sería un primer documento relativo a la ciudadanía europea y que daría toda la información necesaria no sólo a los ciudadanos respecto de sus derechos de ciudadanía, sino también a los servicios administrativos de cada uno de los Estados miembros encargados de aplicar la legislación vigente.

  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, como ya ha indicado el Sr. Hernández Mollar – a quien le agradezco el entusiasmo con que ha acogido la enmienda 15 que he presentado – considero que este informe se ha de rechazar en caso de que no se aceptaran las enmiendas del Grupo del Partido Popular Europeo.

Suscribo la enmienda 14 del Sr. Tannock que respalda la libre circulación de los herederos de las monarquías italiana y griega y apoya a la monarquía.

Con la enmienda 15 apoyo personalmente a los pensionistas porque esta propuesta al mismo tiempo que facilita la circulación de los ciudadanos no comunitarios en Europa, mantiene las dificultades de circulación en el territorio europeo de sus ciudadanos, en particular de los discapacitados.

Al salir del aeropuerto de Bregado Orio al Serio para viajar a Estrasburgo, me encontré con un pensionista muy mayor - 80 años – que me manifestó su deseo de ir a París, donde le acogería su hija, pero que no podía hacerlo, so pena la pérdida de la pensión social italiana, su único medio de vida. Otra persona, totalmente inválida, dijo que quería ir a Londres, pero que no podía hacerlo porque, de lo contrario, perdería su pensión. Por último, otra persona, discapacitada - incluso en silla de ruedas - dijo que quería ir a vivir con su hermano, pero que si lo hacía perdía el subsidio para el acompañante.

En consecuencia, nuestro objetivo debe ser la libre circulación de los ciudadanos discapacitados y de los pensionistas en Europa.

  El Presidente. – Estimado colega Fatuzzo, me ha hecho recapacitar mucho sobre adónde voy a viajar en mi vejez.

Tiene la palabra el Comisario Vitorino.

  Vitorino, Comisión. –(FR) Señor Presidente, en nombre de la Comisión, quisiera en primer lugar felicitar a la Sra. Boumeediene-Thiery y todos los que han participado en este debate. Efectivamente creo que para la Comisión, la instauración de la ciudadanía europea ha creado un entorno jurídico y político nuevo y por nuestra parte tenemos la intención de extraer todas las consecuencias prácticas tanto en el campo legislativo como en el campo de la acción administrativa cotidiana. La Comisión cuenta mucho con el apoyo del Parlamento Europeo en este momento.

En lo que concierne a la propuesta de resolución que acaban ustedes de presentar, quisiera únicamente abordar dos o tres cuestiones que han sido dirigidas directamente a la Comisión. Las tres directivas sobre el derecho de residencia de los inactivos ha permitido, estoy seguro, a miles de ciudadanos de la Unión beneficiarse de ese derecho sin tener problemas particulares. Sin embargo, subsisten casos de mala aplicación de las directivas. Ahora bien,puedo asegurarles que la Comisión interviene siempre –e intenta hacerlo con rigor en cualquier circunstancia-, aunque su intervención no es siempre visible y en el caso de que no se haya podido obtener ningún acuerdo, no duda en enviar dictámenes motivados a los estados concernidos. Las quejas de los ciudadanos que obtienen una respuesta administrativa satisfactoria por medio de procedimientos extra-judiciales se cuentan por centenares.

Sin embargo, la acción de la Comisión se aplica también a la legislación de los Estados miembros. En mi opinión, se podrían citar varios casos en los que esta intervención ha desembocado en una modificación de la legislación de los Estados miembros e incluso, a veces, en el examen por el Tribunal de Justicia de cuestiones para las cuales ha dado soluciones positivas. Tampoco faltan los ejemplos en el ámbito de la utilización abusiva, por parte de los Estados miembros, de la noción de orden público, sobre todo en lo que respecta a su propio territorio, en los que concierne a personas con nacionalidad de otros Estados miembros. Puedo segurarles, sin embargo, que ahora el número de casos es limitado y que frente a tales casos la Comisión Europea no deja nunca de adoptar las medidas que se imponen conforme al derecho comunitario.

No obstante, no se puede pretender que la aplicación estricta del derecho comunitario baste para eliminar los obstáculos para la libre circulación de los ciudadanos de la Unión, teniendo en cuenta el gran número de obstáculos que subsisten a causa de las lagunas que existen a nivel del derecho comunitario, que ya han sido identificadas en el segundo informe de la Comisión sobre la ciudadanía europea y en el informe del Grupo de alto nivel sobre la libre circulación de personas presidido por la Sra. Veil y presentado a la Comisión en 1997.

Por otra parte, quisiera llamar su atención sobre el hecho de que hemos debatido esta mañana la directiva sobre la reagrupación familiar y que las conclusiones de Tampere prevén la obligación para la Comisión de presentar una propuesta sobre el reconocimiento de las condiciones de entrada, de admisión, de residencia así como sobre el debate del estatuto jurídico de los nacionales de terceros países residentes legales en la Unión. Trabajamos actualmente en ese sentido.

Por todas esas razones la Comisión comparte la opinión, que ha sido expresada por varios miembros del Parlamento, sobre la necesidad de una refundición global de los textos existentes en el marco de un solo instrumento jurídico que organice y garantice el ejercicio sin trabas de la libre circulación y de la residencia. Esta refundición que, por otra parte, está inscrita en el programa de acción de la Comisión para este año 2000, está ya en curso de preparación. Ésta parte de la idea de que el disfrute de los derechos de circulación y de residencia debe disociarse de la antigua referencia a la situación económica de los beneficiarios, para estar vinculada de ahora en adelante a un concepto y a un estatuto derivado directamente de la importancia de la ciudadanía europea.

La unicidad del estatuto de ciudadano de la Unión sólo puede llevar a la necesidad de un régimen general único de circulación y de residencia, que responda a la exigencia del contenido de la ciudadanía de la Unión conforme a las aspiraciones políticas de la Unión.

  El Presidente. – Queda cerrado el debate.

La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

3. Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día sigue la recomendación para segunda lectura (A5-0196/2000) de la Sra. Schörling, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor sobre la posición común del Consejo (C5-0180/2000 - 1996/0304(COD)) en lo tocante a la aprobación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

  Schörling (Verts/ALE), ponente. – (SV) Señor Presidente, me alegra mucho que se me haya confiado la ponencia para la segunda lectura de la directiva SEA que, en mi opinión, constituye un importante paso hacia una nueva actitud en la política medioambiental. Doy las gracias por su excelente trabajo a los colegas de la Comisión de Medio Ambiente, de la Comisión y, especialmente, a la Presidencia portuguesa.

Esta propuesta de directiva se ocupa de las evaluaciones medioambientales, en inglés SEA, que, en pocas palabras, implican un proceso sistemático para identificar, analizar y evaluar las consecuencias y probables efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Esto deberá hacerse en la fase de planificación, tan temprano como sea posible, para poder buscar soluciones alternativas antes de seguir adelante en el proceso de decisión. Se redactará un informe medioambiental que estará a disposición de las autoridades responsables del medio ambiente, de la opinión pública y de las organizaciones medioambientales, a quienes se dará un plazo razonable para que emitan sus juicios sobre el informe.

Esta directiva es muy importante para el conjunto de la política medioambiental comunitaria, ya que se contará con un instrumento que facilitará el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Tratado y en otros acuerdos acerca del desarrollo sostenible y de la aplicación del principio de la cautela. Una política medioambiental moderna debería evitar la aparición de daños ecológicos y minimizar sus efectos. Actualmente, a menudo se intenta identificar y repara los daños cuando éstos ya se han producido. Tenemos que acostumbrarnos a evitar y disminuir los efectos negativos de los planes y programas en el medio ambiente, desde la etapa de planificación. La directiva SEA constituye un paso muy importante hacia esa nueva actitud.

Desgraciadamente, en esta directiva no se incluye al sector político, a pesar de que la Comisión lo incluyó en su propuesta original de 1991 y de que todos los expertos en la materia estiman que es obvio que forme parte de una SEA, de una evaluación medioambiental estratégica. No ha sido posible conseguirlo en el Consejo, pero la Comisión de Medio Ambiente ha creído oportuno incluir al sector político en la revisión que se hará dentro de cinco años. Esto se menciona en las enmiendas 2 y 21.

Un argumento decisivo que se hizo valer cuando la Comisión finalmente presentó esta propuesta en 1996 fue que las evaluaciones hechas en la fase de preparación llegan muy tarde en el proceso de toma de decisión. Éste es uno de los puntos esenciales de la directiva, es decir, que hay que acelerar en el proceso de toma de decisiones.

El Parlamento Europeo manifestó muchas objeciones en la primera lectura, se dijo que era una propuesta que iba en la dirección adecuada pero que era muy insuficiente en muchos aspectos. El Parlamento presentó 29 enmiendas, de las cuales 15 se encuentran, en mayor o menor medida, en la posición común.

Para que una SEA llegue a ser un instrumento útil, la directiva debe ser suficientemente amplia y el informe medioambiental tiene que ser, obviamente, de gran calidad. El Consejo ha empeorado el texto de la postura común en muchos aspectos, especialmente en lo concerniente a la amplitud de la directiva y a la definición de las materias que ésta comprende. La Comisión también expresó su enérgica crítica a la postura común, ya que ésta es muy limitada en comparación con el texto original.

La Comisión de Medio Ambiente ha intentado restablecer el equilibrio, entre otras cosas, mediante las enmiendas 6 y 7, que abarcan un marco más amplio, ya que no se circunscriben solamente a los planes y programas contenidos en el Proyecto EIA, o MKV en sueco. No permiten que se exceptúen categorías enteras de planes y programas. Tampoco podemos aceptar que queden exceptuados de las evaluaciones SEA los planes de financiación y todo el sector de la defensa. De esto se ocupa la enmienda 10 que señala que también los Fondos estructurales deben someterse a la SEA la próxima vez. Otras enmiendas que mejoran la directiva se refieren a una mayor apertura y transparencia y a la necesidad de colaboración con países ajenos a la Unión.

Me sorprende mucho la enmienda 26 del Sr. Nassauer y de otros 29 diputados para rechazar la postura común. En la tramitación en la comisión no se aludió siquiera a esta posibilidad. Está claro que tienen el perfecto derecho a proponerlo, pero, ¿opinan realmente que la política de medio ambiente de la UE es un postizo que carece de obligatoriedad? ¿Va a ignorar el Parlamento Europeo el texto del Tratado, los acuerdos de Cardiff, el quinto programa medioambiental, etcétera? Sinceramente, opino que la propuesta no es seria.

Las enmiendas 11 y 13 también me preocupan un poco. Especialmente en la 11 se dice que los países miembros definirán el nivel de aplicación de la SEA si los planes y programas forman parte de un sistema jerarquizado. Así se pone en entredicho la esencia misma de la SEA y espero que esas enmiendas no prosperen.

  Bowis (PPE-DE). - (EN) Señor Presidente, ésta es una medida pequeña, pero importante, para ampliar la responsabilidad de los Estados miembros en lo relativo a la realización de evaluaciones ambientales estratégicas en el marco de los programas, así como de los planes reales en los que la aplicación tendría o podría tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente. Todos los Estados miembros han votado a favor de la posición común, pero algunos han hecho saber que no estarían dispuestos a ir mucho más allá de eso. Nuestro deber es aclarar y presentar enmiendas responsables y, en nombre del Grupo PPE-DE, felicito a la ponente, Sra. Schörling, por la labor que ha realizado y las consultas que ha dirigido a nuestro Grupo. No obstante, rechazaremos algunas de sus enmiendas, a saber, aquellas que intentan ampliar el ámbito de aplicación del sistema a todos los planes financieros, la defensa nacional y los casos de emergencia civil, a la consulta más allá de lo que es razonable y a las políticas generales a las que ha hecho referencia, que se convierten más en una lista de deseos que en propuestas firmes.

No obstante, estamos de acuerdo en que no tiene sentido excluir los proyectos financiados en su totalidad o en parte por la Unión Europea, especialmente los Fondos estructurales, y ciertamente estamos de acuerdo en la conveniencia de hablar con los Estados vecinos que no pertenecen a la Unión Europea. Estamos de acuerdo en que debería existir un nivel adecuado de notificación, no sólo sobre los peligros para el medio ambiente detectados por la evaluación, sino también sobre las medidas que se proponen adoptar para mitigar o eliminar dichos riesgos. Naturalmente deberemos estudiar la enmienda 26, presentada en nombre de algunos de nuestros colegas alemanes, que rechaza la posición común. Comprendo las preocupaciones de los colegas de Alemania y de algunas zonas de Italia, que son el resultado del modo en que algunos gobiernos y gobiernos regionales han decidido aplicar dichas evaluaciones. Dichos gobiernos están perjudicando la reputación de las evaluaciones medioambientales y de Europa como consecuencia de lo que no son más que sus propios excesos, y deben estudiar detenidamente sus políticas nacionales.

Pero ésta es una medida subsidiaria que deja los detalles a los Estados miembros. No se trata del largo brazo de Europa que amplía el control hasta llegar a temas de planificación local. No obstante, sí garantiza que, especialmente en nuestras fronteras respectivas, nuestra planificación tenga en cuenta la calidad del medio ambiente dentro y más allá de nuestras fronteras a la hora de aprobar acuerdos marco de planificación. Creemos que eso es bueno y, por consiguiente, mi Grupo PPE-DE no apoyará la enmienda 26 y votará a favor de la posición común. También votaremos a favor de las enmiendas que hemos respaldado en comisión y a favor de una enmienda aclaratoria que ha sido presentado después, pero nos opondremos a las enmiendas que creemos que van demasiado lejos en términos de lo que es deseable, práctico y aceptable.

  Sacconi (PSE). – (IT) Señor Presidente, la directiva que estamos a punto de votar representa un importante paso adelante. La obligatoriedad del estudio de evaluación ambiental de los planes territoriales en una fase muy precoz permite, de hecho, integrar totalmente las problemáticas medioambientales a partir de la elaboración de los planes y de los programas de gestión territorial. Por fin la Unión ha comprendido que no hay que limitarse a curar a posteriori los daños producidos por una planificación miope, sino que estos se han de prevenir desde el principio.

Las enmiendas aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente han aportado significativas mejoras a la posición común del Consejo.

En primer lugar, se ha afirmado que para ejercer una influencia eficaz en las costumbres nacionales, el ámbito de aplicación de la directiva debe ser lo más amplio posible. En este contexto, considero que los planes y proyectos financiados por los Fondos estructurales deben incluirse totalmente en el ámbito de aplicación de la directiva, dado que en la práctica, sobre todo en las regiones atrasadas, representan la totalidad de los programas realizados.

En segundo lugar, se ha restablecido el principio de consulta y de información del público y de las organizaciones implicadas durante todo el proceso de evaluación, de acuerdo con el Convenio de Aarhus.

En consecuencia, y globalmente, considero que se trata de un buen texto. Comprendo las preocupaciones de los diputados procedentes de Estados cuyo modelo estatal es de tipo federal, que temen una sobrecarga de trabajo para las autoridades locales. Sin embargo, estimo que las modificaciones aportadas, en particular con las enmiendas 19, 29 y 31, son suficientes para evitar la yuxtaposición de las dos directivas y para garantizar, por el contrario, el respeto al medio ambiente.

  Olsson (ELDR). – (SV) Señor Presidente, todos los días nos encontramos con manifestaciones del cambio medioambiental. El domingo pasado escuché en un programa de radio que la parte central de Suecia debería prepararse para recibir un 50 por ciento más de lluvia en los próximos años. De una u otra manera los temas medioambientales están siempre presentes en la opinión pública y deberían también estarlo en el trabajo político. Por eso quiero felicitar a la Sra. Schörling por este excelente informe que destaca la importancia de considerar los aspectos medioambientales desde las fases iniciales. En principio, la preocupación por los asuntos medioambientales debería empapar todas las actividades, especialmente, quizás, las económicas.

Es obvio que en relación con los planes de construcción, etcétera, es importante que, tal como se propone en este informe, se tomen en consideración los aspectos medioambientales con la mayor antelación posible, para evitar errores y mayores costes y para encontrar rápidamente el camino adecuado.

Opino que es muy importante y provechoso que la Sra. Schörling diga que hay que ampliar el ámbito de la directiva. Es importante que las evaluaciones medioambientales comprendan a las actividades económicas. Es evidente que la UE, que destina una gran parte de su presupuesto a la agricultura y a la política regional, a los Fondos estructurales, evalúe estos sectores desde el punto de vista medioambiental. No podemos hacerlo inmediatamente, pero sí en cuanto se inicien nuevos planes. Es inadmisible que la UE actualmente subvencione actividades en estos sectores que, en otros contextos, son combatidas por atentar contra el medio ambiente.

Tenemos que intentar crear un sistema en el que pensemos ecológicamente desde el comienzo, aun tratándose de asuntos económicos. Este tema es muy amplio e importante. Intuyo que gran parte de esta Asamblea no está de acuerdo conmigo, pero mi Grupo y yo respaldamos plenamente a la Sra. Schörling.

  González Álvarez (GUE/NGL). - Señor Presidente, voy a referirme brevemente a cuatro temas que fueron muy debatidos en la Comisión de Medio Ambiente. Nosotros estamos básicamente a favor de la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente y su ponente.

Respecto a la inclusión de algunos de los sectores en la directiva, en particular la industria extractiva y la de defensa, nos parece que no pueden quedar al margen. Naturalmente, con la precaución que sea necesaria.

También deseo hacer hincapié en la inclusión de la gestión de los recursos hídricos. Muy pronto en España se presentará un plan ambicioso del Gobierno, el Plan Hidrológico Nacional, que tendrá un impacto indudable en los lugares donde se ponga en práctica. Nos parece imprescindible que se hagan estos estudios de evaluación.

También es muy importante para nosotros el papel del público, la transparencia. Hay una Directiva sobre el derecho a la información, la nº 313, que ha sido incumplida reiteradamente por los Estados y las autoridades locales y regionales.

Asimismo, debe incluirse la calidad de los estudios y el tema de la salud entre los sectores afectados significativos. Una buena calidad medioambiental y una buena salud están relacionadas íntimamente.

  Hyland (UEN). - (EN) Señor Presidente, acojo con satisfacción la oportunidad de hacer una breve contribución a este debate y, al hacerla, reconocer el papel positivo del Parlamento en la elaboración del plan de medidas de protección medioambiental, lo más estrictas posibles. La gestión medioambiental incluye, naturalmente, el factor de los costes, pero también el de los beneficios económicos, que aunque no son fácilmente cuantificables, existen no obstante.

La directiva presentada, que exige una evaluación ambiental antes de la adopción de un plan regional o comarcal, tiene sentido desde el punto de vista medioambiental y económico. En el pasado hemos asistido, con demasiada frecuencia, al fracaso de planes de desarrollo muy costosos debido a consideraciones medioambientales que no habían sido tenidas en cuenta en la fase inicial de planificación.

Por último, quisiera hacer un llamamiento a los profesionales de la planificación para que utilicen su sentido común y tengan en cuenta las opiniones de los representantes públicos y de los grupos comunitarios. El enfoque clásico, como los que hemos visto con demasiada frecuencia, no siempre ha servido para cumplir las exigencias de los ciudadanos en este importante ámbito. La planificación no puede convertirse en dominio único de los que tienen un título universitario. Los diputados elegidos deben preocuparse más y mostrar mayor interés en la elaboración de las políticas de desarrollo que, a fin de cuentas, afectarán a los ciudadanos de la Unión.

  Blokland (EDD). - (NL) Señor Presidente, la evaluación de impacto ambiental es un instrumento para que las administraciones evalúen si las propuestas políticas, los planes y los programas se ajustan al concepto de desarrollo sostenible. De este modo logramos que el medio ambiente se integre mejor en la economía, considerando asimismo las decisiones de carácter macroeconómico que deben preceder a una evaluación de impacto medioambiental. Por este motivo resulta importante que las administraciones públicas sean conscientes de la utilidad de evitar al máximo que se produzcan daños medioambientales.

Asimismo resulta clave que fijemos con claridad para qué planes resulta necesaria la evaluación de impacto ambiental y para cuáles no. El Consejo se ha ocupado de este aspecto de forma intensiva. La presentación de propuestas política, incluyendo la evaluación de impacto ambiental, a las administraciones públicas resulta positiva. En tal caso, las administraciones públicas podrán decidir que un plan, programa o propuesta política se paralice y se detenga a tiempo o que se sustituya por una alternativa más respetuosa con el medio ambiente.

Por otra parte, existe el grave riesgo de que se deba efectuar una evaluación de impacto medioambiental para un número excesivo de planes y programas. Si se investigan exhaustivamente planes y programas que apenas presentan impactos ambientales, derrocharemos nuestras energías. Y lo que es peor; este instrumento perderá así su validez como tal. Por ello, la inclusión de todos los planes financieros, tal y como propone la Comisión de Medio Ambiente, es excesiva en este sentido.

  Myller (PSE). – (FI) Señor Presidente, la mejor forma de integrar las cuestiones medioambientales en todos los ámbitos de la política es incluir los puntos de vista ecológicos lo antes posible en los primeros pasos de la planificación. De este modo eludiremos los problemas que tenemos hoy por hoy a la hora de concertar el aprovechamiento del suelo, las actividades comerciales y las expectativas de los ciudadanos. Existen parámetros estratégicos de evaluación del impacto medioambiental tanto para la planificación física del suelo, como para programas relacionados, por ejemplo, con la agricultura, el transporte, el turismo y la energía. Con el fin de estar en condiciones de concertar entre sí todas estas importantes cuestiones y para ser capaces de proceder aplicando criterios de sostenibilidad desde los puntos de vista ecológico y social, son necesarios planes que contemplen el futuro a largo plazo de una manera adecuada, tanto en cuanto puedan servir como verdaderas referencias para otros tipos de medidas. En este sentido, debemos dar las gracias al ponente de este informe por su excelente trabajo.

Es muy natural que todos los programas, planes y medidas de los Fondos Estructurales sean tomados en cuenta a la hora de revisar este asunto. También es importante que se proceda de la forma adecuada en los diferentes ámbitos, no de modo demasiado complejo y burocrático, sino de manera que siempre sean tenidas en cuenta todas las novedades de las que se vaya teniendo noticia. En este sentido, quizás hayan aparecido temores exagerados en cuanto a la existencia de duplicaciones en las acciones; no obstante, deseo que, tras este debate, estos aspectos del informe queden concretados de la mejor forma posible.

  Lange (PSE). – (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, este es un nuevo instrumento de conformidad con el artículo 6 del Tratado de Amsterdam relativo a la integración de las políticas de medio ambiente en otros campos. Es aún una tierna plantita y todos queremos que crezca con un éxito. También quiero que sea un éxito entre las ciudadanas y ciudadanos y por ello a veces me planteo las preguntas que aquellos también se plantean. Si veo la propuesta del Consejo estoy seguro de que un ciudadano se planteará la siguiente pregunta: ¿cómo puede ser que se examine algo después de que la Unión Europea ha extraído los planes y proyectos que son financiados por la misma Unión Europea? ¡Esto no puede ser! Y yo comparto esta opinión. Se tiene que ampliar el ámbito de aplicación a campos que son financiados por la Unión Europea.

En segundo lugar, el ciudadano precisamente en la República Federal de Alemania quizás se preguntará porqué en el ámbito del país, en el ámbito federal y en el ámbito provincial y municipal se examina prolongándose en consecuencia los procedimientos. Creo que esto no es defendible. Lo importante es el fondo y no que se examine de nuevo lo mismo en todos los niveles. Por ello, debemos decir claramente que hay que evitar la duplicación de trabajos por lo que apoyo expresamente la enmienda 31 de Guido Sacconi.

El ciudadano quizás se plantee también una tercera pregunta: ¿porqué no ocurre nada después de que se ha examinado y quizás se han mostrado determinadas consecuencias? Tenemos que mostrar claramente que la regulación es también vinculante. No puede ser que se lleve a cabo un examen y que el resultado se archive desapareciendo en los cajones. Necesitamos un compromiso vinculante en el sentido de que se van a aplicar también los resultados que se obtengan. Por ello, apoyo expresamente las enmiendas nº 17 y 18 para que podamos imponer algo más de vinculatoriedad a la aplicación de medidas de protección del medio ambiente tras el examen. En este sentido deseo mucho éxito al informe de la Sra. Schörling.

  De Palacio, Comisión. – Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, dar las gracias a la ponente por su posición constructiva, abierta al diálogo con todas las partes interesadas -incluidos los servicios de la Comisión-, que espero permita que al final consigamos todos un resultado positivo sobre esta directiva. Quiero, además, resaltar la calidad del informe que estamos debatiendo hoy y quiero hablar de los que, en mi opinión, son los problemas más importantes que se han planteado al hilo de las distintas enmiendas presentadas y de las intervenciones de los distintos parlamentarios, a los cuales agradezco sinceramente sus explicaciones y sus puntos de vista.

En primer lugar yo señalaría, entre las cuestiones clave, aquellas enmiendas que suponen ampliar el ámbito de aplicación de la futura directiva. La posición común distingue claramente entre los planes para los cuales la evaluación ambiental estratégica es obligatoria y aquellos para los cuales es necesario hacer una selección, un cribado. La Comisión se inclina por este planteamiento, a condición de que la posición común se mejore, porque entendemos que, de otro modo, sería insuficiente.

En primer lugar, debe haber un equilibrio entre los planes para los que esta evaluación ambiental estratégica es obligatoria y aquellos para los cuales, sin embargo, hay que hacer una selección.

En segundo lugar, el ámbito de aplicación de la directiva tiene que ser, en cualquier caso, lo suficientemente amplio e incluir sistemáticamente aquellos planes que tienen un impacto significativo en el medio ambiente.

De ahí que la Comisión apoye con entusiasmo algunas de las enmiendas del Parlamento que amplían el ámbito de aplicación de esta directiva y lo hacen de una manera equilibrada, como por ejemplo la enmienda nº 5 en sus partes segunda y quinta, a la que, además de la ponente, han hecho referencia varios oradores, como por ejemplo la Sra. González, y en la que se propone incluir también las actividades extractivas, y la enmienda nº 6.

Sin embargo, entendemos que algunas enmiendas van demasiado lejos y reclaman la evaluación ambiental estratégica para planes que, muy probablemente, no tendrán un impacto significativo en el medio ambiente. Por ejemplo, la enmienda nº 5, en su parte cuarta, haría obligatorias estas evaluaciones para todos los planes de los sectores enunciados en la directiva; la enmienda nº 10, en su parte tercera, supondría una carga innecesaria para los Estados miembros.

Algunas enmiendas limitan aún más el ámbito de aplicación y, realmente, contradicen lo que acabo de señalar. Algunas enmiendas reducirían el ámbito de aplicación, como la nº 3, que limita el ámbito de aplicación a los planes financiados por la UE, o las enmiendas nº 11 y 31, que permiten a los Estados elegir el nivel o niveles de planificación con que se realizarán estos estudios ambientales estratégicos. De esta forma, quedaría excluido un gran número de planes con impacto en el medio ambiente. Ahora bien, si el Parlamento adoptara estas enmiendas junto con las que incluyen en el ámbito de aplicación los planes que no tienen un impacto significativo, me parece que, al final, obtendríamos un texto internamente incoherente.

Estas enmiendas parecen estar inspiradas por el temor a duplicar la evaluación. Temor que, en mi opinión, no está lo suficientemente justificado. La planificación suele realizarse a diversos niveles y cada uno tiene su propia especificidad. La realización de evaluaciones a diversos niveles de planificación no es una duplicación de la evaluación, especialmente con las salvaguardias ya incluidas en los artículos 4, 5 y 10 de la posición común que, precisamente, pretenden evitar esas duplicaciones a las que, por ejemplo, se refería el Sr. Lange.

En tercer lugar, señalaría las enmiendas que establecen los procedimientos de cribado y la definición del alcance de la evaluación -las nº 7, 8 y 13-, los procedimientos de planificación y programación del cribado y de definición del alcance de la evaluación y requieren que se realice un cribado caso por caso, con la participación del público en todos los casos. Creo que el objetivo del cribado y de la definición del alcance de la evaluación es determinar de forma rápida y eficaz qué planes y qué problemas ambientales son los más pertinentes. Establecer la mejor forma de tratar estos temas requerirá experiencia práctica. Por lo tanto, entendemos que es demasiado pronto para establecer que todas las circunstancias justifican un cribado y un alcance amplio. De ahí que, al incorporar en su legislación nacional las disposiciones sobre el cribado y la definición del alcance, entendemos que los Estados miembros pueden ir más allá que los requisitos de la directiva y, en ese sentido, no aceptaremos estas enmiendas.

Tampoco aceptaremos la enmienda que supone el rechazo de la posición común -la enmienda nº 26- que contradice otros planteamientos. No creo que sea necesario señalar que esta directiva sobre la evaluación ambiental estratégica es un instrumento clave para la integración del medio ambiente en las políticas y para fomentar el desarrollo duradero en la Unión Europea. Entiendo que el rechazo de la posición común significaría un golpe grave contra estos principios que están en el corazón de los Tratados y deben inspirar todas nuestras políticas.

Entiendo que a algunos de ustedes puede parecerles insuficiente, pero hay que saber que, a veces, lo perfecto puede ser enemigo de lo bueno. Yo entiendo que hay que buscar algo aceptable que suponga un paso adelante, en lugar de llegar a una situación de bloqueo. Señor Presidente, tras examinar cuidadosamente todas las enmiendas, yo diría que la Comisión puede aceptar las enmiendas nº 1, 5 (en sus partes segunda y quinta), 6, 12, 28 (en su parte primera) y 29. Que las enmiendas nº 9 (en la parte que se refiere al requisito de justificar que la evaluación ambiental estratégica no es necesaria), 10 (en sus partes primera y segunda), 15, 17, 18, 20, 23, 24 y 25 son aceptables en principio, pero con cierta reelaboración de su enunciado. Sin embargo, la Comisión no puede, en ningún caso, aceptar las enmiendas nº 2, 3, 4, 5 (en sus partes primera, tercera y cuarta), 7, 8, 9 (en la parte sobre el requisito de justificar la necesidad de una evaluación ambiental estratégica), 10 (en su parte tercera), 11, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 26, 27, 28 (en su parte segunda), 30 y 31.

  El Presidente. – Muchas gracias, señora Comisaria.

Queda cerrado el debate.

La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

4. Instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0213/2000) del Sr. Bouwman, en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación sobre el proyecto aprobado por dicho Comité de Conciliación de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (C5-0348/2000 - 1998/0249(COD)) sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga.

  Bouwman (Verts/ALE), ponente. - (NL) Señor Presidente, Señora Comisaria, estimados asistentes, estamos debatiendo una directiva, de las cuales surgirán más este año, cuyo objetivo es la lucha contra la contaminación marítima. Obviamente, me remito a las directivas Erika que se tratarán más adelante. Quizás, la presidencia francesa pudiera empezar esta temporada de una forma magnífica si consigue que el Parlamento adopte esta directiva, concretamente lo referido a la conciliación entre el Consejo y el Parlamento. Por este motivo, quiero expresar mi gratitud a los representantes del Consejo, a la presidencia portuguesa que también participó y, en la última fase, también a la presidencia francesa, a la Comisión y a los colaboradores y compañeros del comité de conciliación.

El eje de la propuesta consiste obviamente, tal y como debatimos con anterioridad, en que los barcos tienen la obligación de identificarse y entregar sus residuos. Los puertos tienen la obligación de establecer un plan de tratamiento de residuos y garantizar la existencia instalaciones de tratamiento de residuos o de organizaciones que realicen esta labor. Todo ello sirve para prevenir que el gran problema existente, o sea, la contaminación marítima, se agrave aún más. Un estudio reciente llevado a cabo por KIMO Coast Watch indica que sigue creciendo la montaña de residuos en playas, que el mar sigue contaminándose, que existen tecnologías avanzadas que permiten introducir los lodos urbanos en el agua marítima, etcétera.

Si nos fijamos en las instalaciones de tratamiento de residuos existentes en determinados puertos, se detecta una disminución de las entregas de residuos en lugar de un aumento. Oficialmente, los residuos se deben entregar conforme a las convenciones de Marpol y otras convenciones, aunque en la práctica esto no ocurre así. Este es el motivo por el que la Comisión ha acertado presentando una directiva que ha sido recientemente objeto de conciliación.

Quizás debamos explicar en este sentido cuál ha sido el resultado de la negociación, ya que, al fin y al cabo, nosotros hemos participado en la iniciativa, lo que deberemos analizar de forma conjunta para que después podamos decidir en este Parlamento si la aprobamos o la rechazamos. El elemento clave fue, en definitiva, la financiación, lo cual no deja de ser importante. Tiene su importancia ya que esperamos que la implantación de un sistema de financiación, con independencia de las obligaciones existentes, fomente la entrega de residuos por parte de los barcos. Por este motivo hemos mantenido un prolongado debate con el Consejo y hemos contado con la valiosa ayuda de la Comisión para lograr que de alguna manera se integraran estímulos económicos en la directiva.

El Parlamento había optado por un 90% que de alguna forma se recaudaría a través de las tasas portuarias. Durante la negociación celebrada en el seno del comité, se introdujeron matizaciones en el debate aunque finalmente se decidió aceptar la propuesta. El Consejo decidió no incluir la palabra "significativo" ni mencionar ningún porcentaje. Sin embargo, al final resulta importante tratar este tema, teniendo en cuenta la cláusula de revisión que se había debatido en una fase anterior.

¿Por qué resulta importante este porcentaje? Por la sencilla razón de que sin mantenemos el principio de que el que contamina paga, los barcos pueden pagar en puerto u optar simplemente por verter los residuos en el mar. Se puede decir que este principio no resulta efectivo en este caso. Por este motivo lo hemos desestimado y opinamos que la recogida se debe producir tal y como se indica en este momento. El porcentaje del 30% sobre el que se ha alcanzado un acuerdo, tal y como se interpreta al menos en la declaración de la Comisión, puede contar con nuestra aprobación, teniendo en cuenta la cláusula de revisión que también se ha aprobado y habiéndose acordado que, transcurridos tres años de la entrada en vigor de la directiva, se efectuará una nueva evaluación y se analizará si se ha producido un aumento en las entregas de residuos o si la situación da lugar a una posible ampliación del porcentaje o revisión del sistema. Nos podemos mostrar de acuerda con esta postura.

Quizás debamos indicar que hemos sido capaces de alcanzar un consenso acerca del 25% de inspecciones que pretendíamos y en lo que respecta a una disposición referida a los retrasos que puedan producirse en la entrega de residuos, en lo que prevalecerá principalmente la legislación nacional.

Se han contemplado algunas excepciones para embarcaciones pequeñas, basadas sobre todo en el número de pasajeros en lugar de la eslora: doce. Esto significa que no tienen obligación de presentar una declaración aunque obviamente sí deben entregar los residuos. Los puertos pequeños van a tener que realizar un esfuerzo considerable en el futuro inmediato para cumplir lo dispuesto en esta directiva.

Por último se puede decir que, en lo que respecta a los barcos de vela tradicionales para los que, en principio, propusimos que quedaran exentos mediante la elaboración de una lista específica, hemos acordado aprobar la inclusión de la convención de Marpol en relación con las aguas residuales.

De nuevo quiero expresar mi agradecimiento a todos y, en especial, a mis colegas.

  Jarzembowski (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señora Vicepresidenta, estimados colegas, el Grupo del PPE apoya con una reserva si bien con alegría el resultado, pues a la postre la nueva directiva supone un avance para la protección de los mares y para unas condiciones marco justas entre los puertos en la Unión. La importancia de la directiva radica en primer lugar y preferentemente en que todos los Estados miembros se comprometen a garantizar por fin en todos los puertos en los que sea necesario la construcción en el plazo de dos años de instalaciones portuarias receptoras de desechos. Además, se obliga a los capitanes a hacer uso de tales instalaciones. Espero que en base a estas dos obligaciones se reduzca el vertido ilegal de desechos en los mares y mejore la protección ambiental de los mares y también la competencia entre los puertos.

Creo que el procedimiento de conciliación ha tenido al final éxito pues hemos logrado que los barcos, con independencia del uso real que hagan de la instalación, tengan que realizar una aportación esencial a los costes. Como Parlamento habríamos preferido que se hubiese aceptado nuestra exigencia de que “esencial” supone al menos el 90% pues de este modo no existiría ya ningún estímulo financiero para seguir vertiendo sencillamente los desechos al mar. Pues, en cualquier caso se pagarían los costes, es decir, se podrían utilizar también las instalaciones. Pero el Consejo no ha logrado ponerse de acuerdo sobre esta regulación consecuente no special fee: de ahí nuestra reserva frente a esta regulación. Esperamos que si los vertidos continúan haciéndose al mar, la Comisión proponga una enmienda cuando se realice la revisión en tres años.

Sin embargo, señora Vicepresidenta, estamos satisfechos de que con su declaración –que a la postre es esencial-, se haya establecido por así decirlo al menos un 30% de coincidencia de opinión entre el Consejo y el Parlamento y esperamos que el Consejo trate también su declaración del modo correspondiente.

En segundo lugar, tal como ha expuesto ya mi colega, hemos logrado otros dos éxitos en el sentido de la protección de los mares y de los ciudadanos de la Unión Europea. Pues, en primer lugar, hemos establecido que el 25% de todos los buques mercantes sean controlados realmente en lo que se refiere a una eliminación adecuada de los desechos; MARPOL está muy bien, pero no si sólo se encuentra en la estantería de libros. Sólo si se controla realmente si se ha realizado la eliminación se protegerán los mares.

También hemos sometido a presión a los Estados miembros para que cumplan realmente su obligación de construir las instalaciones portuarias receptoras de desechos: hemos logrado que los Estados miembros tengan que indemnizar para el caso de que los barcos tengan que permanecer innecesariamente en los puertos sólo porque no existen instalaciones receptoras de desechos o porque sean insuficientes. Por tanto, los barcos tendrán que pagar pero también estarán protegidos.

Señor Presidente, para finalizar quiero felicitar en nombre de mi Grupo político al presidente de la comisión, el Sr. Hatzidakis, y al ponente, el Sr. Bouwman, por el modo en que han llevado las negociaciones.

  El Presidente. – Muchas gracias, señor Jarzembowski, me habría sorprendido que el Sr. Piecyk no hubiese querido intervenir ahora durante tres minutos.

  Piecyk (PSE). – (DE) Señor Presidente, y a mí me habría sorprendido que usted no hubiese seguido dirigiendo esta sesión. Se trata de un buen día para los mares en Europa y también para usted personalmente, señor Presidente, pues sé que es un apasionado submarinista. Si puede bucear en Europa en aguas aún más limpias nos alegramos todos juntos. Pero se trata en primer lugar de los mares.

Creo que nos podemos felicitar recíprocamente. Podemos felicitar al ponente, Theo Bouwman y también a la delegación pues hemos logrado mejorar una directiva o una posición común del Consejo en aspectos esenciales. Se había aguado y creo que el Parlamento ha logrado que se establezcan unas normas claras, además para todos.

Primero: se ha dicho que todos los puertos deben disponer de instalaciones para desechos y residuos de carga. ¡Un importante avance! Segundo: todos los barcos tienen que pagar, además independientemente del uso real que hagan. Este es realmente el nuevo principio que se ha introducido aquí. No se trata de sumas pequeñas sino importantes. Está claro que con un 30% no se puede estar satisfecho al 100%. Está totalmente claro. Sin embargo, con el 30% se ha introducido y establecido el principio “sistema libre de tasas especiales”. Sin duda, puede aún mejorarse pero nadie puede eludir este principio.

Tercero: todos tienen que controlar al menos el 25% de los barcos. En este sentido, creo que debemos instar a los Estados miembros para que vayan más allá del 25%. Debemos animarles a una competencia para controlar más. Hemos constatado con tanta frecuencia en los buques que se encuentran en los puertos –p. ej., en el caso del “Erika” u otros barcos- que el control es una de las cuestiones decisivas. Si no se llevan a cabo, todas las demás regulaciones no sirven de nada.

El sentido de estas directivas es que la eliminación delictiva de residuos en alta mar ya no merezca tanto la pena como era el caso en tiempos anteriores. También creo que la contaminación de los mares no se debe seguir considerando como un delito menor. Los mares de Europa van a estar más limpios beneficiándose de ello la flora y la fauna así como la pesca. Esta directiva beneficia también en gran medida al turismo, pues sin unas playas limpias apenas se puede mantener el turismo. Por ello, se trata de un buen día para los mares de Europa y también para usted, señor Presidente.

(Aplausos)

  Van Dam (EDD). - (NL) Señor Presidente, señora comisaria, colegas, desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el Parlamento Europeo goza de capacidad de co-decisión en temas de transporte, entre otros asuntos. De este modo, las diferencias de criterio entre el Consejo y el Parlamento que se producen con regularidad ya no se deben solucionar unilateralmente. Este procedimiento ha demostrado que no se trata de un planteamiento teórico.

Las condiciones para el vertido de residuos por parte de las embarcaciones en los puertos comunitarios se han sometido a un intenso debate. El Parlamento ya manifestó en el pasado que no se podía obviar una serie de elementos. Afortunadamente, el Consejo ha admitido mayoritariamente la conveniencia de estos aspectos, en algunos casos tras ejercer cierta presión.

Sin embargo, hasta el último momento se han mantenido las diferencias en torno a un punto: las contribuciones propias de las embarcaciones a los gastos de recogida de residuos. El Parlamento Europeo mantenía el criterio de que el usuario debía correr con la mayor parte de los gastos que ocasionaba. En este sentido debía existir la posibilidad de aplicar tarifas diferenciadas para no fomentar los vertidos ilegales en ningún caso. La conclusión fue un porcentaje de aportación propia muy superior al 50%.

Si observo el resultado de la negociación, el porcentaje acordado no se parece en nada al planteado. Lamento esta circunstancia. Sin embargo, opino que el mero hecho de citar un porcentaje constituye un paso en la dirección adecuada.

Por este motivo aprobaré este informe, aunque no de forma categórica. En este sentido quisiera agradecer el gran esfuerzo realizado por el ponente en esta labor.

  Hatzidakis (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, es tal vez la primera vez que hablando en este Parlamento no tengo que expresar ninguna inquietud o preocupación a propósito del objeto de debate, porque estoy plenamente de acuerdo con el resultado de la conciliación y quisiera felicitar tanto al Sr. Bouwman, y a los demás colegas que han participado en la comisión de conciliación, como a la Sra. de Palacio y sus servicios, porque todos juntos hemos trabajado y hemos obtenido este positivo resultado para los ciudadanos de Europa. Pienso que el resultado de nuestro trabajo se pone en última instancia al servicio de la calidad de nuestros mares, al servicio del turismo, al servicio de la calidad de vida de los ciudadanos de Europa. Es un paso adelante. Pienso que defendemos así el medio ambiente más eficazmente de lo que lo hacíamos hasta ahora; sin que, naturalmente, yo excluya que pueda hacerse mejor. Pero aquí estamos; si comprobamos que el sistema no funciona tan eficazmente como creíamos que podía funcionar, podemos revisarlo.

Quisiera decir, dada la oportunidad, ya que estamos ante una conciliación, que como presidente de la comisión habría deseado evitar en la medida de lo posible estos procedimientos. Para ello, sin embargo, es necesaria la colaboración del Consejo, que deberá abandonar la tradición de secretismo y hablar más abiertamente y colaborar mejor con el Parlamento, de suerte que avancen más rápidamente tanto el trabajo de la Comisión como el nuestro, especialmente en el ámbito de mi comisión, en el que hay muchos asuntos que afectan directamente a los ciudadanos. Espero que con la Presidencia francesa esta tradición cambie. Nosotros, en cualquier caso, estamos dispuestos a una colaboración más estrecha y a propiciar un progreso más rápido de todos nuestros trabajos, los del Consejo, los de la Comisión y los del Parlamento.

  Μastorakis (PSE). – (EL) Señor Presidente, señorías, como nuevo diputado que soy, he sido designado por primera vez miembro de la comisión de conciliación y debo confesar que he quedado satisfecho por este procedimiento, al ver a los representantes de las instituciones principales de la Unión Europea buscar el justo equilibrio, es decir combinar lo deseable y lo factible, tomando en consideración las condiciones y posibilidades reales, que no son, claro está, las mismas en todos los puertos de Europa.

Especialmente en el capital asunto de las tasas, lo significativo es que se ha acordado, con excepciones razonables, una contribución de los buques —utilicen o no las instalaciones— a los costes de gestión de los residuos en un porcentaje que evitará que muchos puertos y buques puedan encontrarse en situaciones difíciles. Es evidente que de este modo se reduce sustancialmente el incentivo de verter residuos en alta mar y se le brinda a cada puerto la posibilidad de mantener una política de tarifas. No olvidemos, por ejemplo, que los puertos europeos del Mediterráneo tienen enfrente como competidores los puertos norteafricanos, circunstancia que no se da en los puertos del Báltico o del Mar del Norte. Por otra parte, se asegura la posibilidad de modificar el sistema de cobertura de los costes si durante los primeros años de aplicación se considera necesario.

Lo esencial es que con la aprobación del plan común debatido entrará en vigor la directiva que protegerá nuestros mares y nuestras costas de la contaminación que causan los buques, y, además, mejoraremos la imagen de la Unión Europea como modelo por su política medioambiental, como ejemplo para todo el resto del mundo, con el sentido siempre de la medida.

  Stenmarck (PPE-DE). – (SV) Señor Presidente, después de una lucha de muchos años vamos a tomar la decisión definitiva sobre las instalaciones receptoras que permitirán, entre otras cosas, reunir los residuos de petróleo en los puertos, en lugar de arrojarlos al mar. Éste es, sin duda, un enorme paso en la dirección correcta.

Al mismo tiempo resulta inquietante que hasta el final hubiese quienes se opusiesen a esta sensata medida. Esto lo demuestra el hecho de que se solicitase una tercera lectura, que se formase un comité de conciliación y que el Consejo de Ministros no demostrase gran interés en esta materia. Con esto digo también que lo que hemos conseguido hoy es un pacto.

En la propuesta original los derechos portuarios cubrían casi todos los costes, de acuerdo al sistema existente en el mar Báltico. Esto significa que había una motivación para que los barcos dejasen sus residuos de petróleo en el puerto en lugar de arrojarlos al mar. Ahora, tan sólo una parte de los costes será cubierta de esta manera, mientras que una gran parte de ellos será un coste añadido para los navieros.

En mi opinión, todavía falta ver los efectos de esta iniciativa. Creo que es muy importante que estemos preparados para seguir su desarrollo y para adoptar nuevas medidas si fuese necesario. Por eso serán muy interesantes la evaluación y el control de las naves del Comité de Conciliación.

  Watts (PSE). - (EN) Señor Presidente, en primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Bouwman, por los esfuerzos que ha dedicado durante tanto tiempo a las negociaciones de esta propuesta tan satisfactoria que – como han dicho todos los colegas que han intervenido hasta ahora – reducirá de manera drástica el volumen de desechos contaminantes que se arrojan ilegalmente en los mares que rodean Europa. Hagamos un alto y reflexionemos sobre la magnitud del problema.

El Sr. Bouwman se ha referido, muy acertadamente, al Erika. Fue realmente una tragedia de enormes proporciones, con consecuencias importantes y quizá perdurables, pero el volumen de los vertidos intencionados de los buques petroleros a lo largo de nuestras costas hace palidecer la cantidad de crudo que derramó el Erika. Ése es precisamente el problema que esta propuesta en particular intenta atajar. Estoy encantado de que, al garantizar que los Estados miembros proporcionarán instalaciones adecuadas en todos sus puertos, sus buques y patrones estarán obligados a utilizarlos, que el sistema de tasas sea justo y equilibrado y, sobre todo, que el 25% de los buques sean inspeccionados para garantizar que se cumplen dichos requisitos.

Acojo con especial satisfacción la revisión en un plazo de tres años, porque mi única preocupación es que los Estados miembros apliquen esta legislación que ahora han suscrito. Como de sobras sabrá el Sr. Jarzembowski, en varios Estados miembros, el Estado rector del puerto no inspeccionará el 25% de los buques. Si no han podido hacerlo hasta ahora, ¿cómo podemos saber que lo harán en el futuro? Éste es el reto al que deberemos enfrentarnos: garantizar que cumplen este acuerdo tan valioso que, ojalá, respaldaremos esta semana.

  Savary (PSE). – (FR) Señor Presidente, quisiera en primer lugar felicitar a nuestra colega, Theo Bouwman, por el resultado, largo tiempo incierto, de este texto. Creo que es, en primer lugar, una gran fecha marítima. Algunos de nuestros colegas lo han señalado, constituye un acto preliminar para el paquete marítimo Erika, y en muchos aspectos propone solucionar un problema que es todavía más grave, es decir esos actos de piratería ecológica que se denominan “desgasificaciones” y que vierten en nuestras costas hidrocarburos y muchos residuos. También es una victoria del Parlamento sobre las reticencias del Consejo, por qué no decirlo, en la imposición de un sistema de tarificaciones que deriva del sentido común. El principio de que quien contamina paga no funciona para el caso, porque el que contamina no puede ser identificado.

Por lo tanto, si queremos regular esta cuestión habrá que ir hacia un sistema de exacciones universal, obligatorio, ligado al acto del tratamiento de los residuos. Yo soy de los que, como parlamentario francés, he obrado incluso en contra de la sensibilidad de su gobierno en este expediente o en contra de sus reservas, para que este expediente tuviese éxito. Soy de aquellos que se felicitan de este compromiso. Pero hace falta que ese compromiso no sea una escapatoria, que sea puesto en marcha y que es controle estrictamente su aplicación a nivel de los Estados miembros.

A este respecto, quisiera expresarles la posición de un francés que ha obrado a pesar de las reticencias de su gobierno. Está claro que ese texto favorece hoy a los grandes puertos y desfavorece a los pequeños que no están equipados. Por lo tanto, invito a la Comisión a que, eventualmente en el marco de los Fondos estructurales o de cualquier otro crédito, ayude a los Estados miembros a equipar los pequeños puertos, porque los pequeños puertos son también elementos importantes de la ordenación del territorio y de las economías regionales y locales. Y creo que si se proporciona una ayuda de equipamiento en instalaciones de tratamiento de residuos para los pequeños puertos, se garantizará el éxito de esta directiva.

  Thors (ELDR). – (SV) Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la ponente por este buen resultado. No es algo que acostumbre a hacer aquí en el Parlamento, pero, cuando hay motivos, expreso mis agradecimientos a los ponentes y a las demás personas que han trabajado en los informes.

Como señalo mi colega el Sr. Stenmarck, conocemos este sistema a raíz de la cooperación báltica. Desde marzo de 1988 la Recomendación del Mar Báltico presupone la existencia de un sistema similar a éste. Sin embargo, quisiera decir que ciertas partes del acuerdo son decepcionantes desde la perspectiva báltica. También quisiera referirme a la ley aprobada en Finlandia en la que se dice que el monto de las tasas no debe depender de la cantidad de residuos que se depositen en los puertos. Desde el 1 de junio tenemos en Finlandia un sistema de tasas de esta naturaleza para los depósitos de residuos de petróleo. En este aspecto, el acuerdo nos ha decepcionado.

En los últimos días nos han llegado informaciones que indican que, en relación con la eutrofia de las aguas, los vertidos intencionados o fortuitos de los buques constituyen la mayor fuente de contaminación en el mar Báltico. Estamos acostumbrados a que el principio de que quien ensucia paga no funciona tratándose del petróleo, pero hay problemas en cuanto a los elementos que afectan la eutrofia de las aguas.

Somos conscientes de que las organizaciones portuarias europeas han presionado, ya que constantemente se han opuesto a esta propuesta. Por eso, a pesar de ello, el resultado es bueno. No obstante, el seguimiento que se haga será de extraordinaria importancia. La Comisaria ha reconocido su gran interés por los mares y por el medio ambiente. Es importante que el seguimiento sea realizado con seriedad para que se adopten medidas complementarias en caso de ser éstas necesarias. Éste es un primer paso, pero me doy cuenta de que es importante que las normas que rigen en el mar Báltico sean más duras, ya que éste es, quizás, el mar interior más delicado de Europa.

  Gollnisch (TDI). – (FR) Señor Presidente, el informe de nuestro colega Bouwman, resultante de un largo procedimiento, se ha puesto de mayor actualidad en Francia como consecuencia del naufragio, sobrevenido entretanto, del petrolero Erika, durante el cual el ministro de medio ambiente competente no estimó necesario interrumpir sus vacaciones.

Este informe participa positivamente en la prevención de la contaminación ya que trata de las instalaciones de desgasificación. Las desgasificaciones están menos mediatizadas que los naufragios, pero no por ello dejan de representar la mayor parte de las contaminaciones.

Hay que reconocer, sin embargo, que una legislación comunitaria no sería necesaria si los Estados miembros de la Unión, que en su totalidad son partícipes de la Convención internacional para la prevención de la contaminación de los navíos, llamada Marpol, hubiesen adoptado las disposiciones necesarias. Tampoco es suficiente con acusar a los armadores o a los capitanes poco escrupulosos –ciertamente los hay– se debe tener en cuenta el hecho de que los vaciados portuarios son a menudo imposibles por la falta de las instalaciones necesarias y que asimismo el problema del almacenamiento es muy difícil de resolver, problema que plantea a su vez el del tratamiento de los residuos.

Nos cuesta creer, por otra parte, que en una época en la que las instalaciones agrícolas son vigiladas por satélite, sea tan difícil atrapar a un barco desgasificando en pleno mar.

Votaremos, no obstante, a favor de este informe porque parece ir en el sentido de una mejor prevención de la contaminación y que, queriendo ser general, deja a los Estados miembros cierto margen en la elección de los medios de aplicación.

  De Palacio, Comisión. - Señor Presidente, señoras y señores diputados, para mí es una satisfacción participar hoy en el debate sobre la aprobación de la directiva sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga.

En primer lugar, como ya han hecho los anteriores oradores, quiero felicitar al ponente, Sr. Bouwman, por la magnífica labor realizada. Durante este tiempo, ha sido capaz de combinar firmeza, flexibilidad e inteligencia para obtener un resultado aceptable para todas las instituciones y que sirva para mejorar la limpieza de nuestros mares.

Debo decir, por ejemplo, que este mismo verano una de las noticias en el país que mejor conozco, España, era que las costas del sur se veían afectadas por la contaminación producida por la limpieza de fondos de unos petroleros en aguas internacionales. Este es uno de los 100.000 casos que a lo largo del año se producen en las costas europeas. De lo que se trata es de ver cómo podemos, si no acabar totalmente -porque creo que para ello habrá que plantearse lo que es el Derecho del Mar que, en gran medida, arranca de lo que eran los mares en los siglos XVII y XVIII cuando nada tenían que ver con la situación actual-, sí paliar o limitar al máximo, donde tengamos la capacidad, estos efectos perniciosos para nuestros mares.

Creo que hemos llegado a un punto que supone un gran avance y que mejorará sensiblemente el medio ambiente marino frente a la contaminación deliberada de algunos buques -porque no todos hacen este tipo de prácticas- en nuestras costas.

Esta directiva cuenta en su versión actual con el apoyo de todo el mundo. Con el apoyo de los armadores porque les permitirá disponer de instalaciones para sus residuos, que en algunos puertos europeos ya existen pero lamentablemente no en todos, muy especialmente en los pequeños puertos, donde habrá que llevar a cabo una importante inversión por parte de los Estados miembros. Con el apoyo de los puertos, porque les permitirá evitar que sus inversiones en instalaciones de este tipo supongan una desventaja competitiva, como lamentablemente ha sido el caso algunas veces, pues hay puertos que hacían esfuerzos importantes y otros no. Con el apoyo de los sectores más sensibilizados por el problema de los residuos y la lucha por un desarrollo duradero. Creo que toda la Asamblea aquí presente y también los representantes del Consejo y de la Comisión nos podemos contar entre ellos, no sólo los ecologistas sino todas las personas preocupadas por este tipo de problemas.

Entendemos que cuestiones como la planificación de la gestión de residuos, las obligaciones de entrega de los buques, la notificación previa, los controles -25% de los controles- una tarificación que incentive la utilización de las instalaciones portuarias para limpiar los fondos de los buques, contribuirán necesariamente a reducir la contaminación marina. Y desde luego, cuenta con el apoyo de las tres instituciones, la Comisión, el Consejo y el Parlamento, porque sabemos que supondrá algo positivo para nuestros ciudadanos.

Hubiera sido lamentable que no hubiéramos sido capaces de obtener este acuerdo, deseado y esperado por todos. Quiero agradecer al Consejo su flexibilidad, su voluntad constructiva, y al Parlamento también, muy especialmente a su ponente, el trabajo realizado a lo largo de este tiempo y en la conciliación. La Comisión ha adquirido unos compromisos que han facilitado este acuerdo, que suponen especificar que “significativo” quiere decir que al menos un 30% de los costes de la limpieza de fondos portuarios debe estar cubierto de una manera general, se utilicen o no esas instalaciones portuarias. Y si a lo largo de los próximos tres años, vemos que en los Estados miembros las acciones no son suficientes y no se obtienen los resultados deseados, la Comisión se reserva la posibilidad de presentar una nueva directiva que establezca claramente el porcentaje mínimo que debe ser asumido por las tasas generales o por una tasa obligatoria de limpieza en los distintos puertos europeos. Es responsabilidad de la Comisión, también, verificar que ese control del 25%, otra pieza clave en esta directiva, será efectuado por los Estados miembros.

Insisto, de nuevo, en mi agradecimiento a la Asamblea por mantenerse firme en la necesidad de un mecanismo reforzado de revisión del sistema de tasas, que indudablemente nos permitirá seguir adelante y hacer un estudio pormenorizado del desarrollo del sistema actual que hemos puesto en marcha y de las consecuencias para el medio ambiente.

Señor Presidente, se ha dicho ya que, a lo largo de los debates, hemos padecido el impacto de la tragedia del Erika, pero la limpieza de fondos supone más de un Erika al año en las costas europeas. Por lo tanto, hoy damos un gran paso adelante. Eso no quita para que sigamos adelante en cuestiones relacionadas con los petroleros y la seguridad en el tráfico de materiales contaminantes, como el petróleo o sus derivados, cuestiones que esperamos que próximamente no sólo avancen en esta Asamblea y en el Consejo, sino también que se completen mediante iniciativas suplementarias que, según lo anunciado por la Comisión, se presentarán en fecha próxima.

  El Presidente. – Muchas gracias, señora Comisaria.

Queda cerrado el debate.

La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

(La sesión se interrumpe a las 11.55 horas y se reanuda a las 12.00 horas)

PRESIDENCIA DE LA SRA. FONTAINE
Presidenta

La Presidenta. – La palabra es para el Sr. Provan para una moción de procedimiento.

  Provan (PPE-DE). – (EN) Señora Presidenta, permítame abusar de su buena voluntad y de la buena voluntad del Parlamento durante un momento para dar la bienvenida a una delegación de Kazajstán que se encuentra en la tribuna oficial. Hoy y mañana estarán en el Parlamento para sensibilizarnos sobre el programa de pruebas nucleares del antiguo imperio soviético, que ha tenido un impacto no sólo grave, sino de enormes proporciones en su país. Entre los años 1949 y 1990 se han realizado 607 explosiones nucleares en la atmósfera. Estas explosiones han devastado por completo una parte de su país, y espero que el Parlamento les brinde una audición comprensiva en el seminario que celebrarán aquí esta tarde. Se enfrentan a enormes dificultades para llamar la atención del mundo sobre este antiguo problema soviético. Asimismo trataremos sobre los problemas del submarino que se hundió recientemente, otra parte del legado nuclear que nos ha dejado la Unión Soviética.

  La Presidenta. – Gracias Sr. Provan, saludo con mucho gusto a esta delegación.

⁂

5. VOTACIONES

Procedimiento sin informe

Propuesta de decisión del Consejo relativa a la conclusión de un acuerdo entre la Comunidad y Malta conllevando la adopción de las condiciones y modalidades de la participación de Malta en programas comunitarios en los campos de la formación, la educación y la juventud (COM(2000) 416 – C5-0372/2000 – 2000/0176(CNS)) (Comisión de cultura, juventud, educación, medios de comunicación y deportes)

(El Parlamento adopta la decisión)

⁂

Informe (A5-0213/2000) del Sr. Bouwman, en nombre de la delegación del Parlamento en el comité de conciliación, sobre el proyecto común, aprobado por el comité de conciliación, de la directiva del Consejo sobre las instalaciones portuarias de recepción de los residuos de explotación y cargamento (C5-0348/2000 – 1998/0249(COD))

(El Parlamento aprueba el proyecto común)

⁂

Recomendación para la segunda lectura (A5-0206/2000), en nombre de la Comisión de asuntos exteriores, derechos humanos, seguridad común y política de defensa, relativa a la posición común fijada por el Consejo con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento europeo y del Consejo sobre la puesta en marcha de acciones con vistas al desarrollo económico y social de Turquía (7492/1/2000 REV – C5-0325/2000 – 1998/0300(COD)) (Ponente: Sr. Morillon)

  De Palacio, Comisión. – Señora Presidenta, la Comisión puede aceptar las tres enmiendas propuestas por el Parlamento en la segunda lectura correspondiente al informe del Sr. Morillon.

(La Presidenta declara aprobada la posición común así modificada)

⁂

Recomendación para la segunda lectura (A5-0196/2000), en nombre de la Comisión de medio ambiente, sanidad pública y política de los consumidores, concerniente la posición común fijada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento y del Consejo relativa a la evaluación de las incidencias de ciertos planes y programas sobre el medio ambiente (5683/1/2000 – C5-0180/2000 – 1996/0304(COD))

(ponente: Sra. Schörling)

  De Palacio, Comisión. – Señora Presidenta, en lo que se refiere a este informe, podemos aceptar las enmiendas nº 1, 5 (en sus partes segunda y quinta), 6, 12, 28 (en su parte primera) y 29.

Podemos aceptar, en principio, con algunas modificaciones del texto, las enmiendas nº 9 (en su parte relativa al requisito de justificar que el estudio ambiental estratégico no es necesario), 10 (en sus partes primera y segunda), 15, 17, 18, 20, 23, 24 y 25.

Por otro lado, la Comisión no puede aceptar -es decir, rechaza- las enmiendas nº 2, 3, 4, 5 (en sus partes primera, tercera y cuarta), 7, 8, 9 (en la parte sobre el requisito de justificar la necesidad de una evaluación ambiental estratégica), 10 (en su parte tercera), 11, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 26, 27, 28 (en su parte segunda), 30 y 31.

(La Presidenta declara aprobada la posición común así modificada)

⁂

Informe (A5-0204/2000) del Sr. Valdivieso de Cué, en nombre de la Comisión de industria, comercio exterior, investigación y energía, sobre la propuesta de reglamento del Consejo modificando el reglamento (CE) 1488/96 relativo a las medidas financieras y técnicas de acompañamiento (MEDA) a la reforma de las estructuras económicas y sociales en el marco del acuerdo euromediterráneo (COM(1999) 494 – C5-0023/2000 – 1999/0214(CNS))

(El Parlamento adopta la resolución legislativa)

⁂

Informe (A5-0194/2000) del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativa a la conclusión del protocolo que fija las posibilidades de pesca y de contrapartida financiera previstas en el acuerdo entre la Comunidad económica europea y el gobierno de la República de Guinea sobre la pesca a lo largo de la costa guineana, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2001 (COM(2000)304 – C5-0315/2000 – 2000/0154(CNS))

(El Parlamento adopta la resolución legislativa)

⁂

Informe (A5-0188/2000) del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la conclusión del protocolo que define para el período comprendido entre el 3 de diciembre de 1999 y el 3 de diciembre de 2002, las posibilidades de pesca y contrapartida financiera previstas en el acuerdo entre la Comunidad y el Gobierno de Mauricio sobre la pesca en aguas de Mauricio (COM(2000)229 – C5-0253/2000 – 2000/0094(CNS))

(El Parlamento adopta la resolución legislativa)

⁂

Informe (A5-0201/2000) del Sr. Watson, en nombre de la Comisión de las libertades y derechos de los ciudadanos, justicia y asuntos de interior, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa al derecho al reagrupamiento familiar (COM(1999)638 – C5-0077/2000 – 1999/0258(CNS))

Antes del comienzo de la votación

  Gollnisch (TDI). –(FR) Señora Presidenta, queridos colegas, tengo el honor de proponerles una moción de devolución a la comisión de este informe en virtud del artículo 144 de nuestro reglamento.

No volveré sobre las disposiciones relativas al debate, pero creo que es en efecto necesario que la comisión estudie de nuevo el informe. No es un secreto para nadie que su elaboración ha sido difícil, que el ponente designado inicialmente, la Sra. Eva Klamt, finalmente se retiró y que no quiso que su nombre fuese asociado a este informe, lo que nos ha valido la presentación del mismo por el Sr. Watson.

Tres incertidumbres justifican, en mi opinión, esta devolución a la comisión: una incertidumbre sobre la noción de reagrupamiento familiar: ¿Es aplicable a los residentes permanentes, a los refugiados, a los residentes provisionales?

Una incertidumbre sobre la noción de familia: ¿Se trata de familia nuclear, legítima, ampliada, polígama, de concubinos... (movimientos diversos)

Pero, mis queridos colegas, esta enumeración deriva de sus propias intervenciones. En la medida en que incluso se ha pedido la inclusión de las familias “homosexuales”, no veo por qué protestan ustedes.

Finalmente, una incertidumbre sobre la noción de control tal y como está enunciada en la opinión de la Comisión jurídica: ¿Este control debe hacerse únicamente bajo presunción, presunción fundada? ¿Debe ser dirigido, puntual? Todas estas nociones deben ser precisadas y es la razón por la cual, Señora, tengo el honor de presentar esta moción de devolución a la comisión.

  La Presidenta. – Una colega desea intervenir en contra.

  Terrón i Cusí (PSE). - Señora Presidenta, no puedo comprender qué es lo que quiere el PPE. Entiendo que la posición de algunos diputados es contraria a la directiva que vamos a votar, pero la votación en la Comisión de Libertades Públicas fue de clara mayoría a favor de esta directiva. Esta mañana hemos tenido un debate muy fructífero con el Comisario y yo creo que, casi un año después de la cumbre de Tampere, no aprobar la primera propuesta de directiva de armonización en materia de justicia e interior en el campo de la inmigración que nos presenta la Comisión resultaría inexplicable y no hay ninguna razón para ello.

Entiendo que hay diputados cuya posición es completamente contraria al derecho de los inmigrantes a vivir en familia, pero no es la posición mayoritaria de esta Asamblea, tal como quedó reflejado en la Comisión de Libertades Públicas. Por tanto, pido que se siga adelante con la votación de esta propuesta de la Comisión.

  La Presidenta. – Gracias, Señora Terrón i Cusí.

Propongo a nuestro ponente, si así lo desea, que se exprese.

  Watson (ELDR), presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. – (EN) Señora Presidenta, me opongo a la devolución a comisión. Hago constar que nadie del grupo del Sr. Gollnisch planteó en ningún momento en comisión ninguna pregunta sobre la definición de reagrupación ni de la familia ni del control. Este asunto ha sido debatido plenamente en comisión y ha sido debatido aquí en el Pleno esta mañana. No veo ningún motivo por el que no debamos proceder a la votación.

Le debo una disculpa, señora Presidenta, porque sospecho que no tiene delante la opinión del ponente sobre todas las distintas enmiendas. Si es así, estaré encantado en explicar a la Asamblea, antes de la votación, cuál es mi posición con respecto a las enmiendas presentadas en comisión. Pero en lo que respecta a las enmiendas presentadas en el Pleno, debido a que han sido objeto de un debate de última hora, las dejaré todas ellas al buen criterio de la Asamblea.

  La Presidenta. – Gracias, Señor Watson. Está muy claro.

(El Parlamento rechaza la solucitud de devolución a la comisión)

Antes de la votación sobre la propuesta de la Comisión.

  Gebhardt (PSE). – (DE) Señora Presidenta, perdone que interrumpa pero quiero plantear una pregunta al Sr. Vitorino antes de pasar a la votación final. Usted ha dicho esta mañana que va a apoyar la enmienda nº 19 cuando se vote aquí sobre la misma. Solamente quiero tener la confirmación de que va a recoger realmente esta enmienda nº 19.

  Watson (ELDR). - (EN) Señora Presidenta, quisiera preguntar al Sr. Comisario si podría darnos a conocer, antes de la votación final sobre la resolución legislativa, cuáles son las enmiendas que aceptará de entre aquéllas aprobadas esta mañana por el Parlamento.

  Vitorino. Comisión. – (FR) Señora Presidenta, debo decirle que la votación se ha realizado a tal velocidad que he intentado hacer lo posible para seguir su capacidad de decisión. Sobre las enmiendas que han sido aprobadas, la Comisión tiene dudas sobre la enmienda 9 y creo que deberíamos reconsiderar nuestra posición. Le prometo que lo pensaremos.

En lo que se refiere a la enmienda 19, que ha sido adoptada, y que pide mantener a los refugiados en la propuesta de directiva, pero excluir de esta directiva el reagrupamiento familiar a las personas que sean objeto de una protección temporal o de una protección subsidiaria, mantengo la posición que ya he expresado durante el debate. Consideramos que debemos solamente incluir en esta directiva a los refugiados reconocidos en el Convenio de Ginebra. Las cuestiones relativas al reagrupamiento familiar de personas que se benefician de una protección temporal y de la protección subsidiaria deben ser estudiadas en un instrumento jurídico autónomo, que la Comisión ya está preparando y que presentará al Parlamento y al Consejo el año próximo.

(El Parlamento adopta la resolución legislativa)

⁂

Propuesta de resolución (B5-0658/2000) del Sr. Luís Queiró, en nombre del grupo UEN, sobre las prioridades de la Unión en materia de acciones exteriores.

  Barón Crespo (PSE). – Señora Presidenta, antes de la votación querría dirigirme a usted y solicitar que, visto que un Grupo político que no participó en las negociaciones para el texto de transacción ha firmado dicho texto, diera las instrucciones oportunas al servicio correspondiente de la administración para que esta corruptela no se vuelva a producir. Hay que admitir el derecho de todos los grupos a expresarse en el Pleno, pero el texto, en principio, es de los grupos que lo han negociado. Si alguno se quiere sumar a él se requiere el acuerdo de todos los grupos que han elaborado el texto de transacción.

  Dupuis (TDI). – (FR) Señora Presidenta, el procedimiento de compromiso es un procedimiento ad hoc que no forma parte de las reglas de nuestro Parlamento. Sin embargo, una vez que un texto ha sido presentado, corresponde secundarlo a todos los parlamentarios que lo deseenº. En consecuencia, creo que la objeción planteada por el presidente Barón Crespo no se sostiene.

  Barón Crespo (PSE). - Señora Presidenta, los diputados y los grupos tienen la posibilidad de expresarse en el Pleno, pero la propuesta es de los que la han realizado y no debe ser objeto de una apropiación indebida, que puede originar confusión sobre un tema tan importante y sobre posibles alianzas no deseadas con la extrema derecha.

  La Presidenta. – Señor Barón Crespo, como usted sabe, no existe un artículo del reglamento que precise este detalle, pero es costumbre que aquellos que han presentado el texto acepten la firma. Es la costumbre que siempre ha estado en vigor en nuestro Parlamento.

(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución)

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Propuesta de resolución común⁽¹⁾ sobre las prioridades de la Unión en materia de acciones exteriores

(El Parlamento adopta la resolución)⁽²⁾

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Propuesta de resolución común⁽³⁾ sobre la creación de un Observatorio de mutaciones industriales

Antes del comienzo de la votación

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  Goebbels (PSE). –(FR) Señora Presidenta, me gustaría preguntar a los colegas del Grupo PPE y liberal si pretenden mantener su propuesta de resolución. Ésta contiene efectivamente contrasentidos flagrantes y tiene una guerra de retraso. La discusión que mantuvimos ayer por la noche ha puesto de manifiesto que tanto la Comisión como el Consejo apoyan la creación de un Observatorio de mutaciones industriales. De hecho, usted, señora Presidenta, lo pidió en nuestro nombre a todos en el Consejo Eropeo de Lisboa. No podemos votar una resolución en la cual los Grupos dicen que ni el Consejo, ni la Comisión aprueban la idea de la creación de un Observatorio europeo de las mutaciones industriales. Es un flagrante contrasentido y creo que en buena lógica, los dos Grupos deberían retirar su propuesta de resolución.

  La Presidenta. – No veo indicios en ese sentido. Sí, Señora Plooij-van Gorsel, tiene la palabra.

  Plooij-van Gorsel (ELDR). - (NL) Señora Presidenta, no existe ningún motivo para retirar la resolución y, por lo tanto, no lo haremos.

(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución común)

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Propuesta de resolución (B5-0653/2000), del Sr. Chischester, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la creación de un Observatorio europeo de mutaciones industriales.

(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución)

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Propuesta de resolución (B5-0656/2000) de la Sra. Plooij-van Gorsel y el Sr. Clegg, en nombre del Grupo ELDR, sobre la creación de un Observatorio europeo de mutaciones industriales.

(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución)⁽⁴⁾

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Informe (A5-0209/2000) del Sr. Veltroni, en nombre de la Comisión de cultura, juventud, educación, medios de comunicación y deporte, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité económico y social y al Comité de las regiones – Principios y líneas directrices de la política audiovisual de la Comunidad en la era numérica (COM(1999) 657 - C5-0144/2000 - 2000/2087(COS)

(El Parlamento adopta la resolución)

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Informe (A5-0199/2000) del Sr. Heaton-Harris, en nombre de la Comisión de cultura, juventud, educación, medios de comunicación y deporte, sobre el informe de la Comisión “Investigación sobre la situación socioeconómica de los estudiantes Erasmus” (COM(2000) 4 - C5-0146/2000 - 2000/2089(COS))

(El Parlamento adopta la resolución)

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Informe (A5-0207/2000) de la Sra. Boumediene-Thiery, en nombre de la Comisión de las libertades y de los derechos de los ciudadanos, justicia y asuntos de interior, sobre el informe de la Comisión sobre la aplicación de las directivas 90/364, 90/365 y 93/96 (derecho de estancia) y sobre la comunicación de la Comisión sobre las medidas especiales relativas al desplazamiento y la estancia de los ciudadanos de la Unión que están justificadas por razones de orden público, seguridad pública o salud pública (COM(1999) 127, COM(1999) 372 - C5-0177/1999, C5-0178/1999 - 1999/2157(COS))

(El Parlamento adopta la resolución)

EXPLICACIONES DE VOTO

- Informe Bouwman (A5-0213/2000)

  Meijer (GUE/NGL). - (NL) Señora Presidenta, los acontecimientos que se han producido en torno al informe Bowman demuestran lo poco clara que resulta la toma de decisiones en Europa y los complejos compromisos a los que lleva. El Parlamento se encontraba dividido entre partidarios de dos soluciones diferentes. Finalmente, se logró una mayoría a favor de una de dichas soluciones, una mayoría a la que también pertenecía el grupo de Izquierda Unida Europea. En un contexto administrativo normal, el dictamen del Parlamento sería la conclusión definitiva pero no así en la Unión Europea. Aquí se deben producir una conciliación.

El procedimiento de conciliación entre el Consejo y el Parlamento ha desembocado en un compromiso bastante insignificante si no se tiene en cuenta la declaración de la Comisión. En dicha declaración se indica cómo explica la Comisión la palabra "sustancial" del artículo 8, apartado 1. Sustancial parece referirse en este caso al 30%, aunque no pueda indicarse así en el texto. Desde el principio, la lucha se planteó entre el 90% que reclamaba la mayoría y el 0% de la minoría. Esto nos ha llevado a un porcentaje que se encuentra más cercano al 0 que al 30 y que, además, no puede citarse abiertamente. Todos estamos en este momento de acuerdo en que los residuos y los resto de carga de los barcos no deben acabar en el mar, aunque existen grandes diferencias en torno al modo en que se debe producir la recogida de los residuos de los barcos y, especialmente, en torno al modo en que se debe financiar esta labor. En la zona del Mar del Norte y del Mar Báltico, se prefería que la financiación procediera de una tasa general para todos los barcos que evitara que se produjera una ventaja económica por no entregar los residuos en los lugares designados a tal efecto de forma oficial. Por el contrario, alrededor del Mediterráneo se prefería que se pagara en función de la cantidad de residuos recogidos. En lugar de desarrollar ambos sistemas por separado y comparar las consecuencias medioambientales de ambos, se trata de llegar de forma forzada a una solución unitaria. De este modo se perjudica el modelo nórdico. Sería mejor si se estableciera una regulación por mar en lugar de una para toda la Unión. Sin la Unión Europea, hubiera resultado más sencillo establecer una regulación entre grupos independientes de países en función del mar. En este caso, la existencia de la Unión Europea no ha resultado productiva a la hora de hallar una solución común que tenga efectos transfronterizos. Sin embargo, mi Grupo ha votado a favor porque considera que esta normativa es mejor que nada. Espero que dentro de algunos años se produzca una revisión que permita lograr los objetivos iniciales establecidos en el informe Bouwman.

  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señora Presidenta, a los pensionistas y a las personas mayores les gusta que el mar esté limpio y, por lo tanto, como representante de los Pensionistas en este Parlamento, he votado a favor de la directiva orientada a convertir el mar en más limpio, especialmente cerca de los puertos.

Todavía guardo en la memoria lo que me sucedía cuando siendo joven me bañaba en el mar en Génova, mi ciudad natal, y a menudo volvía a la playa lleno de alquitrán como el personaje de tebeos, Calimero, que siempre está todo negro y justamente se queja de ello.

Con esta directiva por fin se organiza la recogida de residuos de los barcos cuando atracan en los puertos, y esto es algo positivo. He votado a favor, aunque habría sido mejor regular lo que sucede en los puertos del Mediterráneo de los demás países. A través del programa MEDA, por ejemplo, se dan muchas ayudas a los países de la cuenca del Mediterráneo: también a ellos se les debería pedir que organizaran la recogida de residuos en sus puertos.

  Caudron (PSE), por escrito. – (FR) He tenido ya la ocasión de manifestarme durante el período de sesión plenaria de marzo sobre este asunto que, en esa fecha, estaba muy candente ya que el debate sobre la seguridad marítima tras el naufragio del Erika era de lo más agitado. Hoy, si bien las discusiones se llevan de manera más serena, no son por ello menos importantes.

En efecto, los ciudadanos europeos están profundamente preocupados por la contaminación de los mares y de las costas de los Estados miembros. El Parlamento Europeo se ha hecho eco de esta legítima preocupación y ha enmendado la directiva que proponía la Comisión Europea sobre la gestión de los residuos de los barcos para concienciar a los Estados miembros. De esta manera, sugirió como alternativa el principio de quien contamina paga, principio del cual sólo podemos constatar su ineficacia, la instauración de un sistema de pago de un canon para todos los barcos cada vez que pasen por puerto, hagan uso o no de las instalaciones de almacenamiento de residuos. Este canon serviría para financiar en un 90% tales instalaciones. Este sistema incitaría a los barcos a descargar sus residuos en los puertos y no a desgasificar en pleno mar. Era evidente que el Consejo no iba a aceptar tal propuesta. Las discusiones han continuado consecuentemente en el seno del Comité de conciliación.

El acuerdo al que llegaron los negociadores del Parlamento europeo y el Consejo es el siguiente: todos los barcos que hagan escala en un puerto comunitario ahn de contribuir de manera significativa (la Comisión, en una declaración aneja, considera que esto representa al menos un 30% de los costes), se haga uso o no de las instalaciones. La parte de los costes que, llegado el caso, no esté cubierta por el canon, sería sufragada sobre la base de los tipos y de las cantidades de los residuos de explotación efectivamente depositados por el navío.

Además, en los tres años siguientes a la implantación de la directiva la Comisión someterá un informe de evaluación del impacto de la diversidad de recaudación de los costes sobre el medio marino. A la luz de esta evaluación, someterá, en caso necesario, una propuesta de enmienda de la presente directiva, introduciendo un sistema que prevea el pago por parte de todos los barcos que hagan escala en un puerto comunitario, utilicen o no las instalaciones de recepción, de un porcentaje apropiado que cubra al menos un tercio de los costes de las instalaciones portuarias de recepción.

Estoy satisfecho del compromiso al que hemos llegado. Esta directiva constituye un paso significativo en el establecimiento de una estrategia más eficaz para la protección de los espacios marinos.

  Darras (PSE), por escrito. –(FR) Estamos hoy aquí en la última etapa de la elaboración de esta propuesta de directiva, y, aunque el resultado de la conciliación no me satisface completamente, no puedo sino aprobar este compromiso que, hay que reconocerlo, honra al Parlamento Europeo, su dominio y madurez con respecto al procedimiento legislativo de la Unión Europea.

Efectivamente, consciente de lo intempestivo de las salvajes desgasificaciones en el mar, o incluso del inadmisible comportamiento de ciertas tripulaciones que se aprovechan de un trágico accidente para descargar sus residuos adicionales con total impunidad, agravando así la contaminación marina, la Comisión Europea propone concentrar su actuación sobre las instalaciones de los puertos europeos. Se debe equipar todos los puertos de instalaciones susceptibles de atender los residuos de los barcos y al mismo tiempo, hacer soportar a todo barco que haga escala en uno de esos puertos los gastos de recepción y de tratamiento de residuos (en un 90% para el Parlamento pero, finalmente, tras el compromiso con el Consejo, en al menos un 30%), utilice o no utilice las instalaciones.

Se trata aquí de un primer paso en el reconocimiento del principio del “que contamina paga”. Paso -cuán necesario- pero todavía insuficiente. No nos engañemos. Si tenemos verdadero interés en limpiar los océanos, y en preservar el equilibrio natural para las futuras generaciones, deberemos pensar en medidas más radicales, particularmente en el nivel de financiación de estas instalaciones y en la necesidad de evitar distorsiones de la competencia entre puertos. En una palabra, deberemos pensar en un verdadero servicio público de tratamiento de los residuos.

Por el momento, no puedo sino recomendar a nuestro Parlamento la aprobación los resultados de esta conciliación.

  Piétrasanta (Verts/ALE), por escrito. –(FR) El Grupo de los Verdes/Ale está satisfecho del hecho de que a propuesta del ponente, miembro del Grupo, se hayan previsto disposiciones más restrictivas para el establecimiento de instalaciones de recuperación y tratamiento de residuos de los barcos. Particularmente, es importante que una tasa que permita compensar al menos el 30% del coste sea obligatoria para cada unidad de transporte. Efectivamente, no se trata, con el pretexto de construir “barcos ecológicos” capaces de eliminar sus residuos en el mar, esencialmente mediante incineración, de que este comportamiento sin posibilidad real de control permita eludir la legislación anticontaminación: Descarga de hidrocarburos supuestamente incinerados así como residuos domésticos, ausencia de selección y contribución al efecto invernadero.

Estas propuestas van en el sentido de las propuestas de la próxima directiva anticontaminación marina de la cual soy ponente en la Comisión de industria, comercio exterior, investigación y energía.

Éstas últimas propician, además, un comportamiento homogéneo de los barcos en el espacio marítimo europeo y contribuyen al equipamiento necesario en los puertos de la Unión y a la financiación de todas las instalaciones. Estas disposiciones deben acompañarse de un control riguroso y de un seguimiento del comportamiento de los buques, especialmente merced a los sistemas Equasis y Galileo, que la Pesidencia francesa está decidida a promover en el plazo más breve.

- Recomendación Morillon (A5-0206/2000)

  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señora Presidenta, he votado a favor. Cuando este verano viajé a Turquía como turista para visitar la ciudad descubierta por Schliemann, la mítica Troya de la Ilíada, se me acercó un viejo pensionista turco que me había reconocido y que acompañándome durante la visita a las ruinas de Troya me preguntó: “¿Por qué, al debatir la directiva Morillon, no se han aceptado las enmiendas en que se instaba a Turquía a no construir centrales nucleares o por lo menos a hacer todo lo posible para que no contaminen, a resolver el problema de los kurdos, a abrogar la pena de muerte? ¿Por qué no se incluyeron claramente estos puntos en el texto?”

Esto es lo que, en parte, reprocho al texto que hemos votado.

  Speroni (TDI). – (IT) Señora Presidenta, no he votado a favor, pues considero que las ayudas no están vinculadas adecuadamente ni a un verdadero cambio del Estado turco, ni a una verdadera protección de los derechos humanos, ni tampoco a una verdadera protección de las minorías. Cierto que hay que ayudar a los países que necesitan ayuda, pero, por otro lado, es oportuno pedirles previamente que respeten lo que he mencionado.

  Alavanos (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El Parlamento Europeo debe insistir en las tres enmiendas:

- por la exclusión de la energía nuclear de las zonas de Turquía más expuestas a terremotos, en relación con el sistema productivo;

- por la protección de la identidad cultural y la abolición de la pena de muerte;

- por la contribución a la solución del problema kurdo.

Por ello he votado a favor de estas enmiendas.

Creo, sin embargo, que el Parlamento Europeo debería haber insistido en su posición sobre las enmiendas de la primera lectura, Artículo 5 (criterios para la integración de Turquía), Artículo 15 (suspensión de la colaboración con Turquía en casos de obstáculos en asuntos de democracia, estado de derecho, derechos humanos, protección de minorías), Artículo 35 (Informe anual sobre observancia del derecho internacional y protección de los principios democráticos, del estado de derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales). Desgraciadamente, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo se ha sometido a las presiones del Consejo, que promueve en sus relaciones con el régimen de Turquía una realpolitik, sin principios, que priva a los ciudadanos turcos del impulso democrático que podría alentar la Unión Europea.

  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL), por escrito. –(FR) La integración de Turquía en la Unión Europea, evidentemente, interesa en grado máximo al gran capital europeo, del cual, las instituciones europeas, el Parlamento incluido, ejercen de portavoces. El Parlamento Europeo podría al menos aprovechar el deseo mutuo del gobierno turco de entrar en la Unión Europea para exigir medidas tan básicas como la abolición de la pena de muerte, las libertades democráticas o el cese de la represión del pueblo kurdo.

Pero, incluso en estos campos, el informe utiliza fórmulas tan edulcoradas que ya no significan nada, con la preocupación explícita de no “herir ningún tipo de sensibilidad”. La sensibilidad que sobre todo no hay que herir, es la del estado mayor turco que bombardea, arrasa y tortura la región de población kurda.

Y, mientras el ponente del Parlamento se esfuerza en buscar la manera de mencionar los derechos humanos sin incomodar a los militares a los cuales les molesta, un consorcio franco-germano-belga que se dispone, como viene de revelarlo la prensa, a entregar a Turquía una fábrica de municiones.

Esto muestra infinitamente mejor la verdadera naturaleza de las relaciones entre el gran capital europeo y la dictadura turca que todas las nimiedades sobre las que nos piden que nos pronunciemos.

  Lang (TDI), por escrito. –(FR) El Parlamento Europeo llega a altas cotas de hipocresía en este período de sesiones. Ustedes van a aprobar, en el plazo de 24 horas, un paquete financiero de varias decenas de millones de euros para Turquía y condenar a esa misma Turquía por haber bombardeado, violando el espacio aéreo de otro país, ¡Las poblaciones kurdas del norte de Irak! Y cuando digo condenar, exagero mucho el alcance no sólo del texto sino también de sus intenciones.

Nos preguntamos dónde está el respeto a los derechos humanos, que ustedes usan para todo, y que debe condicionar toda ayuda o cooperación de la Unión europea. En este caso, parece que haya caído en el olvido y que su conciencia sea de geometría variable.

Sería hora de acomodar sus actos con sus palabras. Sería un cambio para ustedes y, sobre todo, daría más coherencia y autoridad a las políticas europeas.

- Informe Schörling (A5-0196/2000)

  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señora Presidenta, he votado a favor de este informe que introduce la evaluación ambiental estratégica, es decir, una atención especial a los problemas del medio ambiente en el momento en que se construyen grandes obras, porque considero positivo todo lo que va dirigido a la belleza de la naturaleza, la belleza de los paisajes, etcétera. Esto es importante también para los pensionistas. Sin embargo, hay algunas carencias. Respecto a las grandes obras que los Estados deciden realizar, se debería dejar que el Estado afectado tomara la decisión, sin regular demasiado la materia, de evaluar si la gran obra es o no es correcta desde el punto de vista del respeto a la naturaleza. Y esto porque las grandes obras deben realizarse rápidamente y los pensionistas ya entrados en años no tienen tiempo de esperar demasiado.

  Kuntz (UEN), por escrito. - (FR) Hace casi cinco años que este texto ronda por el laberinto de los procedimientos.

Si no hemos apoyado la enmienda encaminada a rechazar la directiva, no ha sido, evidentemente, para recompensar a quienes en la Comisión, en el Consejo y en el Parlamento han trabajado durante años en este texto. No estamos aquí para legitimar los deseos, con frecuencia extravagantes, de la tecnocracia bruselense de legislar sobre todo y cualquier cosa. Si hemos rechazado esta enmienda, ha sido porque las empresas necesitan un marco claro para actuar.

Así, pues, su rémora es el ámbito de aplicación, es decir, la propia formulación de los "planes y programas".

La parte obligatoria del ámbito de aplicación versa sobre los planes y programas que enmarcan autorizaciones de proyectos en los sectores de la agricultura, el bosque, la pesca, la energía, la industria, los transportes, la gestión de los desechos, la gestión del agua, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio y el urbanismo. Se completa ese criterio obligatorio con un mecanismo de selección, un estudio previo (?screening?) a iniciativa de los Estados miembros (llamado ámbito facultativo).

Convengo en que la protección del medio ambiente y su consideración es una necesidad e incluso una obligación, pero nuestros Estados, en nombre de la subsidiariedad, ya no están en condiciones de garantizarlo, por lo que no vamos a apoyar las enmiendas encaminadas a ampliar el ámbito de aplicación, que debe quedar limitado exclusivamente a los planes y programas susceptibles de tener incidencias significativas.

Qué cansino resulta observar que por todos lados se intenta siempre de forma sesgada conceder más competencias a la Unión en detrimento de los Estados. En este caso, el ponente, con el pretexto de una preocupación medioambiental, quiere ocuparse de todas las políticas de los Estados. No hay que poner en entredicho el interés de una consideración del medio ambiente en la evaluación de las políticas, pero resulta inconcebible aplicarles el mismo procedimiento y sobre todo por imposición de la Unión Europea.

Tenemos confianza en nuestros Estados y defendemos la posición común; la coartada del "medio ambiente", que no es otra cosa que un instrumento de la confiscación de la Unión en todas las esferas, aquí denominadas "políticas". Conocemos perfectamente las competencias de la Unión al respecto y conocemos su arsenal: utilizar el medio ambiente para poder infiltrarse por doquier, ?pasando de nuestras conducciones de agua a la dirección de nuestras políticas nacionales! Nos oponemos. Francia ha precisado claramente, como varias otras delegaciones, que no deseaba que se ampliara el ámbito de aplicación a las políticas nacionales.

- Informe Valdivielso de Cué (A5-0204/2000)

  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señora Presidenta, he votado a favor del informe del Sr. Valdivielso de Cué sobre el nuevo reglamento del programa MEDA. Estoy totalmente a favor – y no sólo porque estoy aquí en representación de Italia – de todas las iniciativas que unen entre sí a todos los países del Mediterráneo; es más: confío en que se aumente la dotación financiera del reglamento MEDA. Dentro de mis posibilidades, he constituido una confederación de partidos de los pensionistas de los Estados del Mediterráneo para recalcar la importancia del Mediterráneo para Europa y para los países limítrofes con Europa, ya que también los países de África y de Oriente ribereños del Mediterráneo limitan con Europa. Por esto he votado a favor.

  Alyssandrakis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La política de la UE para los países mediterráneos tiene como objetivo no el desarrollo de estos países, sino el aumento de la influencia del capital europeo. El programa financiero MEDA está al servicio de dichos objetivos.

La creación de una Zona euromediterránea de libre cambio no tiene otro fin que facilitar la penetración de los productos industriales en los mercados de estos países, y al mismo tiempo entregar las riquezas de los países mediterráneos a la voracidad del capital europeo.

La invocación al fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos no es sino el acostumbrado pretexto de la UE para intervenir en los asuntos internos de otros países.

Loa ajustes estructurales que se refuerzan a través del MEDA se proponen principalmente imponer a estos países las llamadas leyes del mercado, el dominio de los económicamente más fuertes. El resultado final será que estos países se hundan aún más en el subdesarrollo y se conviertan en satélites de la UE, dados los desiguales acuerdos de asociación.

El Partido Comunista de Grecia es partidario de la cooperación entre los pueblos en condiciones de igualdad y sin intervención de unos países en los asuntos internos de otros. Subraya particularmente la responsabilidad de los países capitalistas desarrollados en la situación actual de los países subdesarrollados, que es el resultado de la rapiña de la que hasta hoy han sido y siguen siendo objeto. Esto constituye un motivo más de obligación de los países desarrollados; obligación de ayudar a los países subdesarrollados a desarrollar su base productiva y elevar el nivel de vida de sus habitantes.

Dado que tanto el anterior programa MEDA como las enmiendas que se proponen están muy lejos de estas consideraciones, los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia votamos en contra del informe del Sr. Valdivielso de Cué.

  Martinez (TDI), por escrito. (FR) Europa se va a ampliar al Este. Está escrito en su Agenda 2000. Pero Europa tiene una frontera líquida al Sur y eso está escrito en su geografía.

Por allí, al sur de Italia y al sur de España, le llegan barcos y balsas. Van cargados y abarrotados de albaneses, turcos, musulmanes, hombres, mujeres y niños de todos los países del contorno del Mediterráneo. Es una oleada: el rompiente. Va a aumentar de año en año y Europa va a verse sumergida, aun cuando en El Ejido, en 1999, y en algunos otros escasos puntos, se produzca la reacción de la tierra de los sedentarios contra la oleada de los nómadas.

Por no desear el roll back y no lograr realizar el containment, los dirigentes europeos intentan fijar, lógicamente, a los nómadas antes de su partida. Y en eso consiste todo el programa de sentido común de MEDA.

Esa política mediterránea de Europa, esbozada en la Cumbre europea de Cannes en junio de 1995, instaurada por la Conferencia de Barcelona de noviembre de 1995, con el nombre de colaboración euromediterránea y aplicada mediante el Reglamento MEDA, de 23 de julio de 1996, descansa sobre varios proyectos de inversiones regionales y nacionales. Es poco: 3.300 millones de euros de 1995 a 1999, desde Marruecos hasta Gaza y Cisjordania, aunque añadiendo los 3.600 millones de préstamo del BEI, obtenemos un esfuerzo financiero superior a los 4.400 millones de euros del Banco Mundial.

Es poco, no sólo porque, en realidad, esos 3.600 millones de compromiso de créditos se reducen, en realidad, a un pago colectivo limitado a 648 millones de euros, sino también porque esa operación no es la idónea para la amplitud del problema.

Cierto es que está bien haber pasado de ayudas bilaterales a un planteamiento global, multilateral. Cierto es que MEDA II, para el período 2000-2006, aumenta los créditos en no menos del 47,1% para pasar a un plan financiero de 8.500 millones de euros. Los labradores europeos se contentarían con un aumento dos veces, tres veces, menos importante.

Pero una política mediterránea no es eso. No consiste en programas y más funcionarios en Bruselas para gestionarlos. Una política mediterránea a la altura del desafío demográfico, medioambiental, climático, islámico y cultural es una gran visión estratégica que fije, integre, estabilice y ordene el Mediterráneo en torno a instituciones originales e intergubernamentales con grandes sectores comunes por explorar: agua, medio ambiente, migraciones, desforestaciones, etc.

En esas condiciones, y con un método e instituciones integradas como una Alta Secretaría del Mediterráneo, se podrá hablar de presupuesto, ya que habrá proyectos estratégicos y no una diversidad de proyectos técnicos dispersos. Pero hay que actuar aprisa, muy aprisa, antes de que a la Europa colonizada sólo le quede por compartir una decadencia de pueblos desculturalizados.

  Schröder, Ilka (Verts/ALE), por escrito. – (DE) La cooperación entre la UE y los Estados ribereños del Mediterráneo contiene una serie de elementos positivos. Se debería desarrollar y profundizar. El informe sobre la reforma del programa MEDA apunta sin embargo en muchos aspectos en la dirección errónea.

La Unión Europea está obsesionada en concluir Convenios de librecomercio con los países del sur del Mediterráneo que, paradójicamente, sólo liberalizan unilateralmente. Tales convenios repercuten de un modo especialmente negativo sobre los desfavorecidos económicamente, lo que han demostrado ya los Convenios de librecomercio existentes. El informe reconoce que este peligro existe en relación con los convenios de librecomercio. ¿Porqué si no se prescriben “medidas de apoyo” con las que mitigar las repercusiones negativas del librecomercio?

Si se reconocen los peligros de la estrategia pero a pesar de ello se sigue aplicando, los elementos sociales, ecológicos y culturales componentes del programa tendrán siempre un carácter de reparación y de limitación de daños aunque deberían ser el principio rector de tales convenios.

Para ser dignos además de obtener ayudas, los países MEDA tienen que cumplir con los requerimientos institucionales de Bretton-Woods (por ejemplo, el FMI). Precisamente sus programas son conocidos por sus estrategias asociales basadas exclusivamente en una mera liberalización.

En la cooperación UE/Mediterráneo de lo que tiene que tratarse es de reducir los desequilibrios entre las regiones al norte y al sur del Mediterráneo, mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar la comprensión entre ellas en las diversas regiones. Pero si se hace del librecomercio el principio rector, entonces estos objetivos se convierten en una mera fachada y los beneficiarios son unos pocos ricos.

Además protesto en contra de que la cooperación Europa/Mediterráneo se manipule como un instrumento para impedir la migración desde allí a la UE. No sólo en los tratados con los Estados del Mediterráneo sino en cualquier acuerdo con uno o varios países, la Unión Europea introduce desde hace ya algún tiempo como un claro objetivo la “lucha contra la emigración ilegal” y el “retorno” de refugiados “ilegales”. Cada nuevo convenio representa un cerco adicional en el recinto amurallado de la UE. Este informe es también un ejemplo de la política europea de distanciamiento frente a los emigrantes y refugiados. Los países de la zona sur del Mediterráneo se declaran como antesalas del recinto amurallado que es Europa. Se les quiere hacer responsables de que las “personas no deseadas” no accedan a la UE. Me pregunto cómo la UE quiere apostar frente a los Estados del área del Mediterráneo por el respeto de los derechos humanos y por la libertad del individuo si ella misma no respeta los derechos a de las y los emigrantes, los declara ilegales y los quiere mantener alejados de Europa a cualquier precio –incluso de la muerte. Este informe garantiza más bien la libertad de las mercancías, de los servicios y del capital. Pisotea de nuevo la libertad y los derechos de las personas. Por ello, voto en contra a pesar de que contiene algunos elementos positivos.

  Vlasto (PPE-DE), por escrito. - (FR) He votado a favor del informe del Sr. Valdivielso de Cué, pues la colaboración euromediterránea necesita apoyarse en un programa MEDA en funcionamiento y que rinda. Como representante de una ciudad abierta al Mediterráneo, deseo que durante el período 2000-2006 se concedan a la colaboración euromediterránea medios comparables a los concedidos a los países de la Europa central y oriental.

En la ejecución del programa MEDA, las medidas de simplificación propuestas por la Comisión Europea, y reforzadas por este informe, son saludables. Si observamos la ejecución de los créditos del primer programa MEDA, ?cómo justificar que sólo se haya abonado efectivamente una cuarta parte de los créditos y con una duración media de cuatro años? Semejantes problemas menoscaban nuestro crédito internacional y devuelven a los contribuyentes europeos una sensación deplorable de la utilización de los fondos públicos por las instituciones comunitarias. Semejante balance no puede satisfacernos.

Así, pues, no podemos por menos de apoyar las modificaciones propuestas por la Comisón Europea. La ayuda a los países mediterráneos debe ser eficaz y rápida, conforme a las prioridades políticas de la Unión Europea. El informe del Sr. Valdivielso de Cué, al proponer una descentralización de la administración y de la gestión de los proyectos, al proponer una reorientación del Comité MED y al insistir en el fortalecimiento de la cooperación entre la Unión y sus Estados miembros, contribuye a la mejora de MEDA.

El fortalecimiento de la participación del Parlamento Europeo en el proceso de adopción de decisiones MEDA es otro aspecto que me parece decisivo. Por lo demás, deploro que sobre una modificación tan importante como la modificación del Reglamento MEDA el Parlamento sólo pueda pronunciarse mediante el procedimiento de consulta.

Con las modificaciones que proponemos en este informe, el programa MEDA dispondrá de procedimientos de ejecución simplificados, descentralizados y transparentes. Ahora deseo que este programa disponga en el presupuesto comunitario de medios financieros que estén a la altura de las ambiciones políticas que abrigamos para la zona euromediterránea. La Comisión Europea se ha comprometido a fortalecer el personal encargado de MEDA, para que lleguen a tener medios humanos similares a los de los otros grandes programas que son PHARE y TACIS. El Parlamento Europeo deberá velar en el examen del presupuesto para 2001 por que dicho compromiso se haga realidad.

Por lo que se refiere a los créditos asignados al programa MEDA, deseo que el plan financiero refleje la voluntad política manifestada, por el Consejo y por el Parlamento de conceder prioridad en nuestras acciones exteriores a la colaboración euromediterránea.

La modificación del Reglamento MEDA con vistas a fortalecer el proceso de decisión y simplificar el procedimiento de ejecución de los proyectos es una etapa importante de la colaboración euromediterréanea. Voy a estar atenta para que la votación del presupuesto MEDA sea otra etapa que confirme la importancia que concedemos a la colaboración euromediterránea.

- Informes Varela Suanzes-Carpegna (A5-0194 y A5-0188/2000)

  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señora Presidenta, he votado a favor del informe Varela Suanzes-Carpegna sobre el acuerdo de pesca con Guinea, a pesar de que los langostinos y los atunes no acogerán favorablemente este informe que regula su captura. Expresé al Sr. Fernández Martín mi opinión cuando nos ocupamos de las islas Canarias y él justamente me dijo: "Sí, pero los langostinos no votan y además yo soy pescador".

Señora Presidenta, este informe presenta unas carencias, ya que, por un lado, da dinero al Estado de Guinea para facilitar la reproducción de peces y reducir la cantidad de capturas y, por otro, para mandar los buques de pesca de la Unión Europea a pescar los langostinos y los atunes en esos mares. Ahora bien, creo que ésta es una forma de colonialismo que se debería eliminar.

Señora Presidenta, en cuanto al segundo informe Varela Suanzes-Carpegna sobre el acuerdo de pesca con las islas Mauricio, sí he votado a favor, no obstante, debo subrayar que lo he hecho a duras penas. ¿Por qué? Porque la Comisión de Desarrollo ha presentado una enmienda en la que pedía que se controlasen los salarios de los pescadores, y yo añado, también sus pensiones. Lamentablemente, esta enmienda no ha sido aceptada. Ahora, con este texto, vamos a celebrar un acuerdo comercial, damos dinero de la Unión, pero no pedimos controlar los contratos de los pescadores. Esto, en mi opinión, es negativo.

- Informe Watson (A5-0201/2000)

  Ludford (ELDR). – (EN) Señora Presidenta, quisiera explicar los votos en nombre del Grupo ELDR. Nuestro principal objetivo era conseguir la aprobación de este importante informe, que es el primero sobre la comunitarización de las leyes de inmigración en la Comunidad Europea y también para hacer justicia a los nacionales de terceros países. Por consiguiente, hemos demostrado solidaridad con otros grupos y diputados afines. Hemos apoyado las enmiendas del Grupo Socialista a favor de la exclusión de los beneficiarios de la protección subsidiaria a la luz del ruego del Sr. Comisario de presentar una propuesta que los abarque a todos, así como a los beneficiarios de la protección temporal.

Hubiéramos preferido que los beneficiarios de la protección subsidiaria continuaran estando incluidos por cuestión de principio, porque son residentes legales de larga duración, pero hemos decidido contribuir a la aprobación del informe. Asimismo, nos hemos abstenido en las cuestiones relativas a los ascendientes porque, en la medida de lo posible, deseamos que desaparezcan las objeciones con el fin de garantizar una clara mayoría al informe, y reconocemos que la inclusión de estos familiares plantea problemas especiales para algunos diputados. No obstante, en nuestro Grupo ha habido algunos a los que les habría gustado que adoptáramos una posición más generosa. La Sra. Malmström y la Sra. van der Laan me han pedido expresamente que mencione sus nombres en este contexto.

Mi Grupo ha votado deliberadamente a favor de incluir a las parejas de hecho si el Estado miembro en cuestión reconoce legalmente este tipo de vínculos, como creo que es el caso en tres de ellos. Consideramos que es de justicia no interferir en las decisiones nacionales sobre el reconocimiento legal de estas parejas de hecho.

  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señora Presidenta, he votado contra el informe Watson, como todo el Partido Popular Europeo, no solo porque no se han aceptado las enmiendas presentadas por el Grupo al que tengo el gusto de pertenecer, sino también porque los pensionistas están cansados de ver el territorio de la Unión Europea cada vez más lleno de ciudadanos no comunitarios que carecen de medios de vida. En este texto se prevé que puedan entrar y reagruparse con sus familias – cosa de por sí excelente y con la que estoy de acuerdo – también los familiares de inmigrados que viven en un determinado Estado de la Unión Europea con una renta igual a la pensión mínima de la seguridad social únicamente. Pero la pensión mínima de la seguridad social es ya es de por sí una pensión muy baja para una persona. ¿Cómo conseguirá dar de comer a todos sus familiares el inmigrado que tiene esta renta tan baja?

  Berthu (UEN), por escrito. (FR) El informe Watson relativo a la propuesta de directiva sobre el reagrupamiento familiar, aunque desmesuradamente laxista, acaba de ser aprobado por el Parlamento Europeo por una amplia mayoría de 323 votos contra 212. Ese voto muestra hasta qué punto los diputados europeos y la Comisión, autora de la propuesta inicial, están incumpliendo su misión principal, que no es la de satisfacer al mundo entero, sino la de proteger a los pueblos de Europa.

Este voto confirma también lo que siempre hemos dicho sobre la comunitarización de la política de inmigración por el Tratado de Amsterdam, aplicada en este caso particular al reagrupamiento familiar conforme al artículo 63-3 del Tratado de la Unión Europea: no se utiliza la transferencia de los poderes de decisión del nivel nacional al nivel europeo para fortalecer las naciones, como algunos han afirmado para engañar a los electores, sino, al contrario, para demoler mejor sus defensas.

La propuesta de directiva sobre el reagrupamiento de familiar, tal como ha quedado aprobada por el informe Watson, proclama en el nivel europeo un derecho al reagrupamiento familiar que, jurídicamente, no existe aún en ese nivel y que, en nuestra opinión, no debería existir como derecho. En efecto, el Estado de acogida no obliga al inmigrado a venir. Es una decisión que el propio inmigrante adopta y, si es acogido, no tiene que reivindicar como tal el derecho de hacer venir a otras personas.

Por lo demás, observamos que la exposición de motivos de la propuesta de directiva se refiere virtuosamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los Pactos Internacionales de 1966 que "reconocen que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, por lo que tiene derecho a la protección y a la asistencia de la sociedad y de los Estados". Ahora bien, al mismo tiempo la supuesta Convención que está elaborando una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea está rechazando con obstinación la adopción de ese mismo principio. De ello se desprende que el reconocimiento de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad es válido cuando sirve para justificar el reagrupamiento familiar, pero deja de serlo cuando podría servir para apoyar a las familias europeas.

La propuesta de directiva aprobada por el informe Watson no se contenta con proclamar ese derecho inexistente. Atribuye la calidad de "reagrupante" no sólo a los inmigrados legales, sino también a las personas que se benefician del estatuto de refugiado. Por otra parte, los beneficiarios del regrupamiento familiar no son simplemente el cónyuge y los hijos menores del reagrupante, sino también la "pareja no casada que tenga una relación duradera con el reagrupante", lo que incluye a las parejas homosexuales, cuando la legislación del Estado miembro las asimile a las parejas casadas. La directiva añade también los hijos mayores que "no puedan subvenir objetivamente a sus necesidades", así como los ascendientes del reagrupante, del cónyuge o incluso de la pareja no casada.

Como se ve, se abren las compuertas al máximo y el objetivo es el de favorecer en masa una inmigración de repoblación que cambiará el carácter de las sociedades europeas.

Las clases políticas nacionales no habrían podido votar a favor de semejante texto, pues están más vigiladas por sus pueblos. Por eso, han transferido esa competencia a Bruselas, encargada de hacer el trabajo sucio en su lugar y a obscuras. Ésa es la verdadera función de la Europa de hoy.

  Blak, Lund y Thorning-Schmidt (PSE), por escrito. – (DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo saludamos la iniciativa relativa a unas normas comunitarias para la reagrupación familiar, aún habiendo votado en contra de puntos concretos como, por ejemplo, la norma de un año. En consecuencia y remitiéndonos a la reserva danesa en el ámbito jurídico los socialdemócratas daneses nos hemos abstenido en la votación de la propuesta definitiva.

  Busk, Haarder, Jensen y Riis-Jørgensen (ELDR), por escrito. – (DA) Los miembros del Partido Liberal lamentamos que debido a la reserva danesa el gobierno danés no haya podido trabajar para influir en la directiva y sea el único país que no disponga de derecho de veto, al igual que lamentamos que el gobierno quiera imponer no como otros países más exigencias en lo relativo al propio sostenimiento, vivienda, etcétera, a los inmigrantes en Dinamarca que desean el reagrupamiento familiar. La propuesta de la propuesta de directiva del derecho a reagrupamiento familiar tras un año no representaría ningún problema si Dinamarca al igual que otros países formulara las mismas exigencias que aparecen recogidas formalmente en la propuesta de directiva. En tal caso no sería tarea de los ayuntamientos procurar vivienda y sostener a las personas en cuestión tal como sucede hoy en día. No obstante y tal como están las cosas, la norma de un año no puede ser puesta en práctica en Dinamarca sin graves problemas. Por ello nos abstenemos en la votación del informe, lo que lamentamos, pues nos gustaría disfrutar de una política común, especial en materia de asilo.

  Caudron (PSE), por escrito. - (FR) Después de los avances decididos en el Consejo Europeo de Tampere en octubre de 1999 en materia de Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia y en el momento en que examinamos la Carta de Derechos Fundamentales, el informe que debatimos hoy me parece de la mayor importancia. Se trata de la problemática del regrupamiento familiar.

De momento, ese derecho está reconocido sólo por instrumentos jurídicos internacionales, en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 1950. En el nivel nacional, las situaciones son muy heteróclitas. Ahora bien, el reagrupamiento familiar permite proteger la unidad familiar y facilita la integración de los ciudadanos de terceros países en los Estados miembros. Así, pues, era indispensable inscribir el derecho al regrupamiento familiar en la legislatura comunitaria.

Así, pues, la propuesta de la Comisión Europea va encaminada a establecer un derecho al reagrupamiento familiar para los ciudadanos de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro mediante ciertas condiciones, materiales y de procedimiento.

Acojo con satisfacción la labor de mis colegas de la Comisión de Libertades Públicas, que han luchado contra la visión extremadamente restrictiva y conservadora del primer ponente nombrado. Han conseguido un texto que se acerca a la propuesta básica de la Comisión Europea, que, a mi juicio, era en conjunto satisfactoria.

Así, disfrutarán del derecho al regrupamiento familiar las personas que pertenezcan a una de estas categorías:

- ser ciudadano de un tercer país en situación regular en el territorio de un Estado miembro y poseer un permiso de residencia válido durante al menos un año;

- ser refugiado, independientemente del período de validez del permiso de residencia, o ser un ciudadano de la Unión que no ejerza su derecho de libre circulación de las personas.

Las personas que podrán aspirar al reagrupamiento familiar son:

- el cónyuge o la pareja no casada del reagrupante (incluida la pareja del mismo sexo); conviene observar que la disposición sobre la pareja no casada se aplica únicamente en los Estados miembros en que la situación de las parejas no casadas se asimila a la de las parejas casadas;

- los hijos de la pareja, casada o no, nacidos en el matrimonio o fuera de él o de un matrimonio anterior;

- también quedan cubiertos los hijos de uno solo de los cónyuges o de los miembros de la pareja, a condición de que estos últimos tengan su custodia y los tengan efectivamente a su cargo;

- los ascendientes, cuando estén a cargo del reagrupante, así como los hijos mayores dependientes.

  Evans, Robert J.E. (PSE), por escrito. – (EN) Intervengo en nombre de mis 28 colegas del Partido Laborista británico y en el mío propio. Hemos votado gustosos a favor de este informe y lo hemos apoyado a pesar de que, por varias razones, el Gobierno del Reino Unido ha ejercido su derecho de exclusión en el caso de esta iniciativa.

Como sabrán los diputados, el Gobierno del Reino Unido tomó parte en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere. Existen, sin embargo, varios puntos y cuestiones de orden práctico relativos a la soberanía que el Reino Unido se toma muy en serio y por lo que no es adecuado o posible la inclusión del Reino Unido en esta ocasión. Sin embargo, no por ello es menor el compromiso de nuestro Gobierno respecto a los principios del informe y a los valores intrínsecos del mismo. De hecho, el Gobierno ha declarado su intención de que el Reino Unido no debe permanecer alejado de la línea que siguen sus socios europeos en este importante ámbito de la política de inmigración.

Por consiguiente, los diputados laboristas al Parlamento Europeo hemos votado a favor del presente informe y mantenemos nuestro apoyo a los principios de la reagrupación de la familia.

  Lulling (PPE-DE), por escrito. – (DE) Luxemburgo es el país de la Unión Europea con la mayor proporción de extranjeros en la población: el 37%. La mayoría de los mismos –el 87%- proviene de países de la UE. Pero desde hace ya algún tiempo aumenta la proporción de inmigrantes de terceros países con mayor rapidez que la proporción de ciudadanos de la UE de los otros 14 Estados miembros.

Para nuestro mercado laboral dependemos de los inmigrantes si bien los mayores cuellos de botella en nuestro mercado laboral se solucionan mediante trabajadores transfronterizos procedentes de Francia, Bélgica y Alemania. Casi una tercera parte de los trabajadores, más de 80.000, son trabajadores transfronterizos. Más de la mitad de la población activa no posee la ciudadanía luxemburguesa. Estas cifras ilustran el interés que tiene mi país en una política de inmigración razonable y, por supuesto, en el aspecto más importante de la reagrupación familiar. Es tarea de la Comisión, en especial tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, proponer medidas sobre la entrada y residencia de ciudadanos pertenecientes a terceros Estados, sobre todo con el loable objetivo de lograr una aproximación de las normas jurídicas nacionales relativas a las condiciones de autorización y de residencia para los pertenecientes a terceros Estados.

En su propuesta de directiva relativa al derecho de reagrupación familiar, la Comisión observa con razón que la presencia de miembros de la familia permite una vida familiar normal y, de este modo, una mayor estabilidad y un mejor enraizamiento de las personas en el país de acogida. Apreciamos que la declaración general de los derechos humanos y de otros convenios internacionales reconozcan a la familia como el núcleo natural de la sociedad que debe ser protegido y atendido.

Por este motivo y aunque diversos convenios internacionales no contemplen ningún derecho a la reagrupación familiar, saludo en principio la propuesta de la Comisión para disponer de un instrumento jurídico comunitario en el campo de la reagrupación familiar. Sin embargo, no queremos ni el caos absoluto ni crear nuevas posibilidades para las bandas traficantes de personas. Sobre todo tenemos que garantizar que las normas al respecto tengan en cuenta la capacidad de acogida de los diversos Estados miembros. Este no sería el caso si aprobásemos en la forma actual el informe de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. La ponente ha hecho bien en retirar su nombre del informe aprobado en la comisión con 25 frente a 13 votos. Una directiva en la forma como la que propone ahora la mayoría de la comisión competente para el fondo es sencillamente inejecutable, peligrosa y contraproducente. Sólo las enmiendas de mi Grupo político y de la antigua ponente, la Sra. Klamt, me habrían movido a dar mi voto afirmativo a este informe.

Reagrupación familiar, sí. ¿Pero cómo se define la familia? ¿Cuántos cónyuges en caso de haber varios, cuántos hijos, parejas, allegados en el sentido más amplio de la palabra, cónyuges aparentes, puede poder reagrupar una única persona perteneciente a un tercer Estado con una residencia conforme a derecho, 10, 20, 100, según la tradición y la religión?

Sin duda que las consideraciones humanitarias deben desempeñar un papel. Pero la totalidad debe ser comprensible y controlable. Sobre todo, lo que hay que lograr es que, debido a una directiva europea, no se coloque a algunos países miembros en una situación que ya no puedan gobernar.

Por supuesto, aquellos países miembros que tengan unas regulaciones más generosas pueden conservarlas.

En esta declaración lo que he pretendido es advertir frente a exageraciones con unas consecuencias imprevisibles sin cuestionar por ello el principio de la unidad de la familia. Por el contrario.

  Sacrédeus y Wijkman (PPE-DE), por escrito. – (SV) El informe se ocupa fundamentalmente de dos grupos diferentes: los ciudadanos de terceros países y los refugiados, y del derecho a la reagrupación familiar en los países de la UE. Nosotros, cristianodemócratas suecos, opinamos que estos grupos deben tratarse separadamente. El derecho de los refugiados a la reagrupación familiar debe tratarse de manera igualitaria, pero en una directiva especial.

La familia es la piedra angular de nuestra sociedad y, por ese motivo, debemos velar por el derecho a la vida familiar. Ante todo, hay que velar por el derecho de los niños a reunirse con sus padres, pero, en ciertos casos, (por ejemplo cuando existen graves motivos de salud) el derecho a la reagrupación debe comprender a los ascendientes y a los hijos mayores de edad. También es razonable que después de un divorcio o un fallecimiento los miembros de la familia obtengan un derecho autónomo de residencia en el país de acogida, además del derecho a trabajar y estudiar en ese país.

Con estas salvedades y demandas, damos nuestro apoyo al informe.

  Schröder, Ilka (Verts/ALE), por escrito. – (DE) A pesar de la limitación que significa para los refugiados según el Convenio de Ginebra para los Refugiados, voto a favor de este informe. Para la mayoría de los homosexuales y los refugiados que se encuentran bajo una protección temporal o subsidiaria, la propuesta de la Comisión no aporta ningún avance.

Pero precisamente desde la perspectiva alemana, representa una mejora de la situación para aquellos refugiados que según el criterio de los familiares pueden hacer posible a otras personas una migración legal. Y también voto a favor por lo siguiente: si entretanto en Alemania se levantan casi a diario las banderas contra el extremismo de derechas, es precisamente el Ministro alemán del Interior Schilly quien se pronuncia en contra de esta regulación amistosa con la migración. Teme que “cifras de seis dígitos” de emigrantes vengan a Alemania si la directiva entra en vigor. De este modo actúa como abanderado verbal de aquellos que quieren expulsar con violencia de la RFA a masa de personas “de seis dígitos” – vivos o muertos. Con ello, el compromiso contra el extremismo de derechas no es solamente una máscara aparente sino que se transforma en lo contrario.

  Lulling (PPE-DE). - (FR) Señora Presidenta, ?no se podría hacer como antes? ?Citar a todos cuantos quieran dar sus explicaciones de voto por escrito para que puedan marcharse? Ésta es una situación insoportable. Hay que pasarse media hora aquí esperando después de las votaciones para decir que se hace la explicación de voto por escrito. Antes teníamos otro sistema que estaba, la verdad, mejor organizado.

  La Presidenta. - No se enfade, señora Lulling. Resulta muy difícil, verdad, dejarse la voz para anunciar el nombre de los diputados que quieren dar una explicación de voto por escrito. Nuestros servicios comprueban si están presentes y registramos todas las solicitudes por escrito sin tener que anunciarlas. Una vez hecha la comprobación de que el diputado se encuentra efectivamente en la sala al comienzo de las explicaciones de voto, sólo solicito las explicaciones orales. Por consiguiente, queda usted liberada.

  De Rossa (PSE). – (EN) Llevo sentado aquí casi media hora esperando a que me llamen, porque según me han informado los servicios del Parlamento, debo estar presente para que mi explicación de voto por escrito sea aceptada. No entiendo este problema. ¿Por qué no pueden nuestros servicios ofrecernos una explicación llana y simple? He indicado que quería realizar mi explicación de voto por escrito y me han dicho que debía estar presente para la votación, en primer lugar, y que tendría que esperar hasta que me llamaran para indicar que quiero hacerlo por escrito. ¿Por qué he de malgastar media hora aquí?

  La Presidenta. - No, me dicen que se trata de un malentendido. Lo que le han dicho a su Señoría ha sido que debía estar presente durante la votación. Eso es lo que siempre me había parecido, pero no esperar a todas las explicaciones de voto.

  De Rossa (PSE). – (EN) Señora Presidenta, me dijeron expresamente que debía estar presente para indicar que quería realizar mi explicación de voto por escrito. Cuando no estuve presente en una ocasión anterior, me amonestaron por no haber estado aquí.

  La Presidenta. - No se puede prolongar este debate, pero prometo a su Señoría que vamos a aclararlo en la Mesa, en primer lugar para que todos los presidentes de sesiones de votación apliquen las mismas normas para las explicaciones. Personalmente, creo que lo más correcto es comprobar efectivamente la presencia de los diputados en la votación para que puedan marcharse, si hacen su explicación por escrito, y que no se retengan las explicaciones por escrito de diputados que no hayan participado en la votación. Creo que es la norma adecuada, pero antes quiero poder examinarlo con los demás vicepresidentes, que presiden, como yo, las sesiones de votación. Gracias por su comprensión.

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- Creación de un Observatorio de las mutaciones industriales

  Caudron (PSE), por escrito. - (FR) Deseo manifestar mi apoyo a la elaboración de una nueva misión encomendada a una de las agencias de la Unión Europea que irá encaminada a analizar y sobre todo a anticipar los cambios industriales. Constituye un mensaje político sólido que demuestra perfectamente la voluntad de reaccionar ante dichos cambios, resultado de diversas conmociones, engendradas en particular por la evolución económica y financiera, el desarrollo de las nuevas tecnologías, la competencia internacional, la mundialización de los intercambios.

En la Cumbre de Luxemburgo de noviembre de 1997 se tomó conciencia de la importancia de un mejor estudio de esos fenómenos para no tener que volver a sufrirlos y para contrarrestar sus consecuencias negativas. Esa reflexión propició la reunión de un grupo de expertos más conocido con el nombre de Gyllenhammar, al que se encargó analizar las consecuencias económicas y sociales de las mutaciones industriales.

Las conclusiones de dicho grupo sugerían al Consejo Europeo de Cardiff, en diciembre de 1998, la creación de un Observatorio de las mutaciones industriales, propuesta que por fin debatimos hoy, ?y que se concretará -espero- en un futuro muy próximo!

En efecto, estos últimos años se han caracterizado por la multiplicación de los traslados de empresas, las reestructuraciones, las fusiones, que han modificado considerablemente el paisaje industrial europeo y han tenido repercusiones graves en el empleo y la cohesión económica y social.

Los Estados miembros mal preparados para esos cambios los han sufrido con demasiada frecuencia intentando, de bueno o mal grado, recoger los platos rotos ante la mirada a veces reprobadora de la Comisión Europea, ?que no ha vacilado en condenar a más de uno de ellos por delito de ayuda estatal!

Las primeras víctimas de esos cambios no previstos son, naturalmente, los asalariados, que, pese al regreso del crecimiento y la mejora de la situación económica general, siguen viviendo en un clima de inseguridad.

Efectivamente, como se ha visto recientemente, las empresas despiden incluso cuando obtienen beneficios, pues hay que reestructurar, fusionar, ?sin pensar, naturalmente, en cumplir con las obligaciones impuestas en materia de información y comunicación a los trabajadores! Aprovecho para hacer un llamamiento al Consejo, ?que mantiene bloqueada la propuesta de directiva relativa a la información y la consulta de los trabajadores!

Dicho brevemente, se deberá utilizar ese observatorio como instrumento de previsión de los cambios industriales. Así, se podrán adoptar las medidas necesarias para preparar mejor a los asalariados, ?en particular proponiéndoles formación encaminada a su reciclaje en sectores de actividad con futuro! ?Apoyo la propuesta que figura en la resolución encaminada a introducir el derecho a la formación a lo largo de toda la vida en la Carta de Derechos Fundamentales! Naturalmente, se deberán difundir ampliamente los análisis del Centro.

  De Rossa (PSE), por escrito. – (EN) Lamento la decisión de los Grupos PPE, ELDR y UEN de votar en contra de la resolución del PSE relativa a la creación de un Observatorio europeo de los cambios industriales. Dicho centro serviría para crear un enfoque más positivo y constructivo a medio y largo plazo de los cambios industriales y beneficiaría a todos los afectados – Comisión, Parlamento Europeo, interlocutores sociales, gobierno y autoridades municipales.

Dicho centro podría ser incorporado en un organismo o una fundación ya establecidos mediante una ampliación de sus competencias actuales, tal y como se propone en la resolución del PSE.

Es incomprensible que algunos diputados irlandeses hayan votado en contra de la propuesta, habida cuenta de que la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo con sede en Dublín sería idónea para realizar esta labor.

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. - (PT) Las enormes mutaciones industriales de los últimos años, que han sido consecuencia de la mundialización en aumento, de las nuevas tecnologías y de las transformaciones sociales, no sólo han originado crecimiento económico y nuevos sectores de producción, sino también un número cada vez mayor de concentraciones, cierres y traslados de empresas que se han concretado en la pérdida de mercados locales, desempleo, degradación de los sistemas de protección social y laboral, mayor exclusión social y enorme sufrimiento humano.

Pero reviste la mayor importancia que se cree un Observatorio Europeo de las mutaciones industriales con el objetivo de estimular un planteamiento más activo y responsable del desarrollo industrial, con la participación de los interlocutores sociales, con vistas a contribuir a evitar las consecuencias más gravosas de las mutaciones industriales.

Pero igualmente urgente es que la Comisión acelere la revisión de la Directiva 94/95/CE relativa a la institución de un Comité de Empresa Europeo y del Reglamento (CEE) n? 4064/89, a fin de garantizar una mayor participación de las organizaciones de trabajadores antes de las decisiones de concentración y transferencia de empresas y una mayor garantía de la protección y la defensa de los derechos de los trabajadores.

- Prioridad en materia de acciones exteriores (B5-0685/2000)

  Korakas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Votamos en contra de la resolución común sobre las prioridades de la acción exterior de la UE porque consideramos que se pretende, precisamente a propuesta del Parlamento Europeo, sustraer definitivamente a los países miembros toda posibilidad de ejercer una política exterior y de defensa independiente, y su incorporación a la Política Exterior y de Defensa Común que se está configurando, y que ya ha dado muestras de su orientación con intervenciones políticas y militares en asuntos internos de terceros países, al servicio de los intereses imperialistas de la UE, en contra de toda noción de derecho internacional, y en perjuicio de los pueblos de la UE y de otros países. Así ocurrió recientemente en el caso de Kosovo y, más en general, de Yugoslavia.

La militarización de la UE, la carrera armamentística, la armonización del material de guerra y de la industria militar, la imposición de la voluntad del más fuerte en la selva de la «globalización» y del mercado libre, se oponen frontalmente a los sueños de los pueblos, a sus luchas por la paz, por la solución pacífica y política de las diferencias, por el imperio del derecho internacional.

Salta a la vista que la esta política se aviene perfectamente a las recientes decisiones del Consejo que prohiben todo acceso a documentos relativos a la política de defensa y seguridad.

La línea general es que los pueblos de los países miembros de la Unión permanezcan lejos de los centros de decisión y no puedan intervenir en la marcha de las cosas; es decir, levantar barreras y obstáculos al movimiento popular, a los parlamentos nacionales y al parlamento europeo para impedir que puedan ejercer cualquier control democrático.

Nos preocupa especialmente el hecho de que la Comisión Europea, violando sustancialmente incluso sus propios Tratados, intente hoy por procedimientos indirectos sortear sus enfrentamientos internos. Se propone con ritmos aun más intensos apoyar los intereses del gran capital europeo, conquistar nuevos mercados, apoyar al euro también militarmente. El Nuevo Orden, para el afianzamiento de su dominio, presenta nuevas exigencias a los pueblos y a los países menos desarrollados.

En la práctica se impulsa una política que sirve fielmente al gran capital y se alinea con los EE.UU., se somete a sus dictados e impulsa el Nuevo Orden en perjuicio de los pueblos. Así se entiende mejor que a la Comisión Europea no le molesten la cruel invasión y la ocupación continuada del 38% de Chipre ni los bombardeos turcos en Iraq.

La cuestión, en nuestra opinión, no es sólo, ni sobre todo, si - ni cómo - las acciones comunes se financiarán o no por el presupuesto comunitario, sino poner fin a esta política desastrosa para los intereses de los pueblos y para la paz.

La cuestión no es si el Sr. Solana, o el Sr. PESC de turno, hará declaraciones una vez al año en el Parlamento Europeo, sino cómo tomarán los pueblos de Europa su propio destino en sus manos y podrán intervenir eficazmente para imponer la paz, la fraternización y la cooperación internacional basada en el beneficio mutuo.

La resolución común se limita a esos dos asuntos de importancia secundaria, para extraer una conclusión arbitraria que es además especialmente peligrosa, la conclusión de que el «sistema intergubernamental» en el que se basa la política exterior de la UE es la causa del fracaso de la política exterior común y que su éxito depende de su comunitarización. De este modo desorienta a los pueblos y los deja a merced de las opciones, fuera ya de todo control, del gran capital.

Por todas las razones mencionadas, creemos que resolución «común» en cuestión pone de manifiesto del modo más dramático la urgencia de que los pueblos organicen la resistencia común a esta política criminal y su correspondiente contraofensiva, la urgencia de que tomen la iniciativa de los movimientos.

- Informe Veltroni (A5-209/2000)

  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señora Presidenta, he votado a favor del informe Veltroni también y sobre todo porque, como representante del Partido de los Pensionistas en el Parlamento Europeo, sé que los pensionistas y las personas mayores pasan mucho de su tiempo mirando la televisión. Sin embargo, me hubiera gustado que en este informe se hablara por fin de la creación de un programa de televisión europeo. Los ciudadanos de Europa tienen derecho de ver que Europa existe, y esto lo podemos hacer – incluso fácilmente – con unos programas de televisión europeos. Asimismo, sería oportuno que se regulasen las televisiones de los Estados miembros de la Unión Europea a fin de que todas las formas de participación política gozaran de libertad de expresión en los distintos Estados, cosa que hasta la fecha, lamentablemente, no siempre es así.

  Speroni (TDI). – (IT) Señora Presidenta, he votado en contra porque esta política mantiene en su interior graves elementos de estatalismo y de asistencialismo. No existe una verdadera apertura a la competencia y, sobre todo, se siguen previendo créditos en favor de una industria - la cinematográfica – sin mirar los resultados. Por lo tanto, se continuará dando dinero a directores que producen películas que dan asco, que nadie va a ver pero que, en cualquier caso, están pagadas por quien se niega incluso a mirar la publicidad que se hace de las mismas.

  Alavanos (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe Veltroni de la Comisión de Cultura mejora, sin duda, la comunicación de la Comisión Europea sobre los «principios y directrices de la política comunitaria en el sector audiovisual en la era digital». Los puntos importantes de la intervención del Parlamento Europeo son:

1) La competitividad internacional de la industria europea, especialmente frente a los EE.UU., debe ser compatible con garantizar el pluralismo y la diversidad cultural.

2) El aumento de la eficacia de las medidas incluidas en la directiva 89/552/ΕC sobre la “televisión sin fronteras» en relación con la promoción de trabajos europeos.

3) La promoción de la diversidad lingüística.

4) La protección de los menores con nuevos métodos de control de los programas.

5) La creación de un forum europeo para la colaboración en asuntos de transparencia y el desarrollo de estrategias para hacer frente a las concentraciones del mercado.

6) El apoyo al sector público audiovisual con posibilidades de emisión a escala mundial.

7) El impulso de un mercado interior del cine con la elaboración de una nueva directiva.

Voto a favor del informe Veltroni, dado que mejora significativamente la comunicación de la Comisión, no sin ciertas reservas, sin embargo. Las reservas se refieren, por una parte, a una concepción de la competencia que puede llegar a justificar las grandes concentraciones y los grandes grupos en el sector audiovisual, en nombre de la necesidad de ser más fuertes que los norteamericanos, y facilitar así la extensión del fenómeno Berlusconi; y, por otra, a la falta de mecanismos de materialización y de medios de control que posibiliten que los objetivos políticos del Parlamento Europeo no se queden una vez más en deseos, como ocurre habitualmente con las sucesivas enmiendas de la directiva sobre la «televisión sin fronteras».

  Caudron (PSE), por escrito. - (FR) Acojo con satisfacción este informe relativo a la comunicación de la Comisión, cuyo objeto es el de formular los principios y las directrices de la política audiovisual de la Comunidad para adaptarla a la era digital. En efecto, semejante adaptación es indispensable, en vista del desarrollo reciente de las tecnologías digitales.

Sólo se podrá hacer con la condición de respetar los principios vigentes en esa esfera.

- protección del pluralismo

Para esa misión, insisto de nuevo en que, como dispone el protocolo anejo al Tratado de Amsterdam, la radiodifusión de ese servicio público desempeña un papel fundamental en la salvaguardia del pluralismo y de la diversidad cultural y lingüística.

- posibilidad de orientar las intervenciones a fin de prestar apoyo estratégico a los servicios de interés general

Hay que garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios audiovisuales con criterios tales como la universalidad, costos asequibles y no discriminación.

- protección máxima de toda persona que produzca obras audiovisuales y, por tanto, posibilidad de proteger mejor los derechos de propiedad intelectual, el derecho de autor y derechos patrimoniales conexos

La eficacia de la protección de los derechos de autor resulta comprometida en el marco digital. Sin embargo, el respeto de la propiedad intelectual es un fundamento de la vitalidad del sector audiovisual y cinematográfico. Por eso, resulta capital adoptar rápidamente la propuesta de directiva sobre el derecho de autor y derechos conexos en la sociedad de la información para proteger la creación y garantizar el acceso a las obras y su circulación.

- una mayor protección de los usuarios que gozan de diversas garantías en función de los servicios de que disfrutan

Apruebo la idea de fortalecer la experimentación de los dispositivos de filtrado de programa y de otros métodos de control parental con vistas a proteger a los menores.

Concluiré insistiendo en la indispensable revisión de la Directiva sobre la televisión sin fronteras (Directiva 89/552/CEE). Hay que fortalecer las disposiciones relativas a la circulación de las obras europeas y a la producción independiente para volverlas más eficaces. También se debe inscribir en esa legislación la obligación por parte de los teledifusores privados y públicos de reservar una parte de sus ingresos anuales netos a las inversiones en la producción y la adquisición de programas audiovisuales europeos, incluidas las películas, las obras destinadas a los menores y las realizadas por productores independientes.

- Informe Heaton-Harris (A5-0199/2000)

  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señora Presidenta, he votado a favor del informe Heaton-Harris sobre la circulación de los estudiantes universitarios en el ámbito de la Unión Europea. Se ha hecho una encuesta que, sin embargo, ha puesto de manifiesto un aspecto que considero muy negativo: exactamente la mitad de los estudiantes universitarios que tendrían derecho a utilizar el programa ERASMUS, no lo ha utilizado. Por lo tanto, seguramente hay algo que no funciona.

Quiero subrayar, no obstante, que mi voto favorable implica un deseo, o sea, que en un futuro haya un programa en Europa no solo para que circulen los jóvenes estudiantes en las universidades, sino también las personas mayores que están matriculados en las universidades de la tercera edad y que serían felices de poder realizar intercambios con sus coetáneos de los demás Estados de la Unión Europea, coetáneos naturalmente de sesenta, setenta y ochenta años o incluso más.

  Caudron (PSE), por escrito. (FR) Me satisface poder expresarme hoy sobre este informe que es consecuencia de una petición del Parlamento Europeo en el marco de las negociaciones sobre la revisión del presupuesto de la primera fase de Sócrates, en 1998. Esta encuesta socioeconómica realizada durante los últimos meses del año 1998 se basa en las respuestas enviadas por casi 10.000 estudiantes que participaron en acciones de movilidad durante el año 1997-1998.

El programa Erasmus, lanzado en 1987 en el marco del programa Sócrates, de cuyo presupuesto total absorbe el 40%, va encaminado a fomentar la movilidad de los estudiantes desarrollando la dimensión europea de la educación y permitiendo a los jóvenes hacer una parte de sus estudios en otro Estado miembro. El programa Sócrates entró en su segunda fase con la decisión de 24 de enero de 2000. Por lo demás, es una lástima que se haya publicado este informe tarde, después de la aprobación oficial del programa Sócrates II, por lo que no se han podido tener en cuenta sus conclusiones.

Todo el mundo coincide en congratularse de esta iniciativa gracias a la cual, todos los años, 90.000 estudiantes aprovechan la oportunidad de ir a estudiar al extranjero. Más de 9 de cada 10 se han declarado muy satisfechos de su estancia en el extranjero, tanto desde el punto de vista educativo como desde el sociocultural.

Sin embargo, hay que reconocer que la tasa de participación sigue siendo escasa, si tenemos en cuenta que este programa abarca 18 Estados miembros. Eso es lo que se desprende de la encuesta de la Comisión: el 1% solamente de los estudiantes participaron en las acciones de movilidad con cargo a Erasmus en 1998. Así, pues, falta mucho por hacer para alcanzar el objetivo de 10% perseguido por el programa.

Hay que intentar encontrar las razones que explican esa escasa tasa de participación. La encuesta nos ofrece elementos de respuesta.

Así, más del 57% de los estudiantes acogidos a Erasmus padecen problemas financieros. Y, sin embargo, la mayor parte de los jóvenes que viajan proceden de medios privilegiados. Por lo demás, se trata de una discriminación inadmisible contra la que hay que luchar prestando ayuda particular a las categorías socieconómicas desfavorecidas. Subsisten numerosos problemas en materia de reconocimiento de los títulos. Como representante de una región fronteriza, me reúno con frecuencia con jóvenes titulados y desamparados, pues no se les reconocen los estudios que han seguido en otro Estado miembro.

Así, pues, concluiré lanzando un llamamiento a la Presidencia francesa para que integre todos esos elementos en la reflexión que ha iniciado mediante el grupo Vision sobre la movilidad transnacional en la esfera de la educación, reflexión que deberá propiciar la presentación en la Cumbre de Niza de un plan de acción encaminado a luchar contra los obstáculos a esa movilidad.

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. - (PT) Nos congratulamos de la aprobación de este informe al que hemos contribuido con diversas propuestas. Ahora esperamos que la Comisión y los Estados miembros adopten las medidas necesarias para que el programa ERASMUS resulte más asequible para los estudiantes de grupos económicamente más desfavorecidos, en particular mediante la optimación de la coordinación entre subvenciones nacionales de la enseñanza superior y las becas ERASMUS con vistas a fomentar la justicia social en el acceso al programa y a su plena utilización.

No se puede seguir admitiendo que la tasa global de participación en el programa apenas haya superado el 50% y que, aun así, cerca del 57% de los estudiantes ERASMUS hayan tenido problemas financieros preocupantes.

Como se afirma en el informe, es lamentable que el programa ERASMUS haya beneficiado esencialmente a los estudiantes de capas sociales cuyos padres disponen de elevado nivel de formación, con relativa capacidad económica u originarios de países en los que la ayuda pública concedida a los estudiantes es más elevada o ambas cosas a la vez. A eso se debe la necesidad de medidas que concreten su objetivo inicial de permitir que el 10% de la totalidad de los estudiantes de la Comunidad puedan realizar parte de su curso de licenciatura en otros Estados miembros y no sólo el 1%, como sucedió en el período 1997-98, y volverlo asequible para los estudiantes de grupos económicamente desfavorecidos.

- Informe Boumedienne-Thiery (A5-0207/2000)

  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señora Presidenta, "in cauda venenum", decían los latinos, es decir, "al final el veneno". En este informe, sobre el cual he votado en contra y con razón, se ha rechazado una enmienda que presenté y a través de la que se pedía que las personas discapacitadas, las personas ciegas, las personas sordas, las personas afectas de graves enfermedades o muy mayores que por estos motivos reciben de los Estados miembros un subsidio, no sean tratadas con arreglo al reglamento actual de la Unión Europea, en virtud del cual si se desplazan a un Estado de la Unión distinto del suyo, pierden su pensión. En la práctica, un discapacitado no se puede desplazar en la Unión Europea – de Italia a Gran Bretaña, de Francia a Alemania, etcétera – porque si lo hace y cambia de residencia, pierde todas las pensiones que le permiten vivir. ¿Cuándo pondremos fin a esta injusticia?

  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL), por escrito. - (FR) Consideramos que todos los trabajadores inmigrados que viven y trabajan en cualquier país de la Unión Europea deben tener los mismos derechos y las mismas libertades, en particular la de circular, que los ciudadanos de la Unión Europea.

Pese a los límites del informe al respecto y sin compartir todas sus formulaciones, hemos votado a favor, pues las medidas que propugna representan un avance respecto de la deplorable situación actual de los trabajadores inmigrados y de los trabajadores migrantes naturales de la Unión Europea.

Y la saña racista de la extrema derecha contra este informe nos anima a seguir en esta dirección.

  Caudron (PSE), por escrito. - (FR) Desde 1957, el Tratado por el que se instituye la Comunidad Económica Europea establecía disposiciones destinadas a garantizar la libre circulación de los trabajadores en el territorio de la Comunidad. Diferentes instrumentos comunitarios permitieron hacer realidad ese derecho.

En 1990, dos directivas (90/364/CEE y 90/365/CEE) extendieron el derecho de residencia gracias a la formulación de principios generales y normas para los trabajadores que han cesado en su actividad. En una tercera directiva (93/96/CE), aprobada en 1993, figuran disposiciones específicas sobre los estudiantes. Desde 1993 y el Tratado de Maastricht, todo ciudadano de un Estado miembro puede circular y residir libremente en la Unión Europea (artículo 14 del Tratado CE), pues ese derecho es inherente a la ciudadanía europea (artículo 18).

El informe que hoy examinamos va encaminado a establecer un informe sobre la aplicación de las directivas sobre el derecho de residencia de los estudiantes, jubilados y otras personas inactivas, así como a estudiar las medidas especiales relativas al desplazamiento y la estancia de los ciudadanos de la Unión justificadas por razones de orden público, seguridad pública y salud pública (Directiva 64/221/CEE).

Por lo que se refiere al primer componente, hay que reconocer que, si bien a veces la trasposición de las directivas mencionadas en los ordenamientos jurídicos nacionales ha sido laboriosa, perduran numerosos obstáculos que habrá que derribar adoptando una panoplia de medidas específicas. Por citar un problema que conozco bien, el de los estudiantes, me parece indispensable que, si desean proseguir estudios en otro Estado miembro, se los informe mejor de sus derechos. También habría que solucionar el problema del reconocimiento de los títulos, que resulta crucial en el caso de ciertas profesiones.

Por lo que se refiere al segundo componente, existen numerosas dificultades para la aplicación de la Directiva 64/221/CEE. El Tratado permite a los Estados miembros imponer limitaciones en materia de libre circulación de las personas por razones de orden público, seguridad pública y salud pública. Ahora bien, la Comisión observa que los Estados interpretan esos conceptos de forma totalmente distinta, con frecuencia lata. Insiste en que hay que aplicarlas de conformidad con el principio de proporcionalidad y motivarlas por una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. En cualquier caso, esos conceptos deben ser conformes al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

Para remediar esas dificultades, la aprobación de una directiva-marco que organice y garantice el ejercicio fundamental de la libertad de desplazamiento y de residencia parece necesaria. Lo hará posible una reforma global de los textos vigentes, lo que tendría la virtud de acabar con las desigualdades de trato existentes actualmente en los diferentes Estados miembros.

Sólo con esa condición se permitirá al ciudadano de los Estados miembros tomar conciencia y hacer realidad ese concepto que sigue siendo para muchos una concha vacía: el de la ciudadanía europea.

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. - (PT) La aprobación del informe que la ponente ha presentado en el Parlamento es positiva, pero no se puede decir lo mismo de la generalidad de las propuestas de enmienda que se han planteado en el Pleno. El principio de libre circulación de personas, incluido hace cincuenta años en el Tratado de Roma, tropieza aún con muchas dificultades en su aplicación práctica. Como se dice en el informe, la aplicación de las directivas sobre el derecho de residencia de los estudiantes y de los jubilados (90/364, 90/365, 93/96) es claramente insatisfactoria y lo mismo ha sucedido con la de los trabajadores migrantes.

Los trabajadores que desempeñan empleos "atípicos", con jornada parcial, de corta duración o de otra índole, afrontan dificultades de residencia en el país de acogida. Por otro lado, como destaca la ponente, existen actualmente millones de ciudadanos de terceros países que residen legalmente en la Unión Europea y que con frecuencia se ven privados de los derechos de libre circulación y de establecimiento. Por eso, es fundamental que los Estados miembros y la Comisión adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores migrantes y mejorar su situación.

También en cuanto a los estudiantes y jubilados es fundamental aligerar los procesos burocráticos y facilitar la libre circulación, los traslados y la permanencia de esos ciudadanos de la Unión Europea en uno cualquiera de los Estados miembros.

  Lulling (PPE-DE), por escrito. – (DE) No tengo nada en contra de que nos esforcemos por solucionar los problemas aún existentes relativos a la residencia de ciudadanos de la Unión que se pueden mover y establecerse libremente en la totalidad del territorio de la Unión Europea, en especial cuando se trata de jubilados y estudiantes.

Pero no puedo apoyar este informe pues ofrecería la ocasión de que todos los pertenecientes a terceros Estados que se encuentran legalmente en un Estado miembro puedan exigir la libertad de circulación y de establecimiento en toda la Unión.

Hay millones de tales personas pertenecientes a terceros Estados y es sencillamente inaceptable imponer a otros Estados miembros las consecuencias de la libertad de circulación de millones de personas sin tener en cuenta su capacidad de acogida.

Algunos tienen objeciones cuando se trata de la inclusión de Malta en la Unión Europea. Lo que se exige en el informe Boumediene en lo tocante a la libertad de circulación para ciudadanos de terceros países sería mucho más grave que si concediésemos inmediatamente a los ciudadanos de los países candidatos de la Europa central y oriental la libertad de circulación y de establecimiento, sin período transitorio, en lo que no piensa ninguna persona razonable.

Si queremos azuzar realmente la xenofobia en la Comunidad, entonces el mejor medio sería el de seguir las propuestas exageradas y poco ponderadas del informe Boumediene que, gracias a Dios, solamente ha sido aprobado en la comisión con 23 votos favorables y 15 en contra.

Es ya realmente inaceptable para los demás Estados miembros que el Gobierno federal alemán conceda a algunos millones de ciudadanos de terceros países que viven en su territorio la ciudadanía alemana junto a la suya propia. De un plumazo crea unos cuantos millones de nuevos ciudadanos de la Unión con derecho a libertad de circulación y establecimiento e incluso con derecho electoral en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo, mientras que al mismo tiempo su compañero, el Comisario Verheugen, exige un referéndum sobre la ampliación hacia el Este. ¿Dónde se queda nuestro derecho a referéndum cuando la República Federal de Alemania sin consultar a los otros Estados miembros nos regala unos cuantos millones de nuevos ciudadanos de la Unión como consecuencia de su resolución por separado?

No podemos aceptar las consecuencias de una quizás bien pensada generosidad pero que sobre todo será aprovechada fraudulentamente por bandas dedicadas al tráfico de personas.

Decimos sí a una política razonable de migración que podamos soportar. Pero decimos no al caos tal como está ya programado por adelantado en el informe Boumediene.

  Theonas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El cúmulo de problemas y obstáculos relacionados con los derechos de los ciudadanos europeos que se desplazan en el interior de la UE o residen en un país miembro diferente al de su nacionalidad - e igualmente de los ciudadanos de terceros países que están legalmente instalados en la Unión Europea - es tan grande que para muchos ciudadanos el famoso derecho a la «libre circulación» no es más que una entelequia, o una permanente y agotadora carrera de obstáculos.

Estudiantes, jubilados, trabajadores de diversas categorías, especialmente aquellos con ocupaciones atípicas, con trabajos a tiempo especial, están obligados a enfrentarse a múltiples dificultades y problemas relacionados la residencia en el país de adopción, a causa de la cantidad y volumen de requisitos y trámites exigidos para la concesión y renovación del permiso de residencia, y de otras dificultades relacionadas con la demostración de disponer de recursos suficientes.

En la práctica, el famoso «espacio europeo de libertad» no sólo no existe sino que está tan rígidamente vinculado a criterios económicos, que el derecho de residencia, por mucho que se reconozca como un derecho «inalienable», se otorga sólo a las personas económicamente independientes. Nos encontramos, pues, no sólo ante una absoluta tergiversación de conceptos, sino también ante una flagrante burla a cientos de miles de ciudadanos europeos y sus familias.

Si, además, añadimos a todo esto los inadmisibles fenómenos de abuso en la interpretación de las nociones de seguridad y orden público, la libre circulación e instalación resulta no sólo saboteada y quebrantada en muchos casos, sino que se convierte en trampolín para la violación de derechos democráticos e individuales fundamentales, como la protección de los datos personales. Con el pretexto del orden público, el Sistema de Información Schengen almacena, transmite y manipula datos de los ciudadanos, y viola de este modo los Tratados, el derecho comunitario y el derecho internacional. Señalamos también los numerosos casos de expulsión de ciudadanos por razones económicas, o por razones genéricas de prevención, que en ningún caso se apoyan en acusaciones reales y lo suficientemente serias como para justificar el alejamiento violento.

Por motivos de elemental preservación de los derechos fundamentales, y por la propia dignidad de los ciudadanos europeos y de los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en la UE, es necesaria la inmediata simplificación de los trámites de instalación y residencia, de modo que se organice y se asegure, sin interposición de obstáculo alguno, el ejercicio de este derecho y se erradiquen las discriminaciones y las violaciones de principios democráticos fundamentales.

Los Estados miembros deberán simplificar y suavizar en la medida de lo posible, por lo que respecta a la suficiencia de recursos, los requisitos y trámites exigidos a estudiantes y jubilados para la concesión y renovación del permiso de residencia. Hay que facilitar la concesión y renovación de documentos de residencia a los trabajadores migrantes y mejorar el sistema de protección social y atención médica, de suerte que se ponga fin a las discriminaciones de que son objeto estos trabajadores. Igualmente debe facilitarse el reagrupamiento familiar con la simplificación de los requisitos para la instalación de miembros de la familia; debe simplificarse en general el sistema de aprobación y concesión del permiso de residencia, siempre que el solicitante cumpla los requisitos exigidos, para un período de al menos cinco años.

Por último, se debe abandonar definitivamente el recurso abusivo a las razones de orden público, que convierte a los ciudadanos europeos en «sospechosos habituales», por motivos ajenos a la seguridad pública, en flagrante violación del estado de derecho, de la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Carta de los Derechos Fundamentales.

(La sesión, suspendida a las 13.50 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. COLOM I NAVAL
Vicepresidente

(1) Presentada por los diputados Brok y otros, en nombre del Grupo PPE-DE, Haarder, en nombre del Grupo ELDR, Hautala, Maes y Élisabeth Schroedter, en nombre del Grupo de los Verdes/ALE, y Dupuis, en nombre del Grupo TDI, destinada a reemplazar las resoluciones B5-0659, 0662, 0668 y 0671/2000 por un texto nuevo.

(2) La propuesta de resolución B5-0666/2000 es caduca.

(3) Presentada por los diputados Chichester, en nombre del Grupo PPE-DE, Pooij-van Gorsel, en nombre del grupo ELDR, Montfort, en nombre del Grupo UEN, destinada a reemplazar las resoluciones B5-0653, 0656 y 0675/2000 por un texto nuevo.

(4) Todas las otras proposiciones de resolución son caducas

6. Aprobación del Acta de la sesión anterior

  El Presidente. - El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.

¿Hay alguna observación?

  Gorostiaga Atxalandabaso (NI). - (EN) Señor Presidente, en la aprobación del Acta dice que yo dije que se habían tergiversado mis palabras voluntariamente. Yo no dije eso. Era sólo una posibilidad, no una afirmación. Esto es importante. Yo no diría que la transcripción fuera mala intencionadamente en mi caso; no era más que una posibilidad. En el Acta parece como si yo estuviera haciendo una acusación. No me atrevería a afirmar eso, porque no tengo ninguna prueba. Es tan sólo una posibilidad. ¿Está claro?

  El Presidente. - Tomamos nota de su observación y, por supuesto, como usted sabe, lo que da fe de lo que se ha dicho es el Acta literal. Por lo tanto, ahí quedará claro si usted dijo una cosa u otra.

  Gorostiaga Atxalandabaso (NI). - (EN) Señor Presidente, en realidad, intentaba modificar el Acta literal porque el Acta sólo dice que intervine, y nada más. En lo que respecta al Acta literal, hago hincapié en el hecho de que era una expresión que yo no había utilizado. Ése era el problema.

  El Presidente. – Usted puede dirigirse por escrito a los servicios del Parlamento para que corrijan sus palabras. Al parecer, dichos servicios entendieron algo distinto. Pero usted tiene derecho a corregir sus palabras.

  Gorostiaga Atxalandabaso (NI). – (EN) Señor Presidente, algunos colegas estaban gritando por lo que resultaba muy difícil oír lo que yo estaba diciendo. Ahora no hay ningún problema. Antes, algunos colegas españoles estaban gritando y resultaba muy difícil oír. Por eso no puedo decir ...

  El Presidente. - Señor Gorostiaga Atxalandabaso, el Pleno no aprueba las actas literales de las sesiones. Aprobamos el Acta. Por tanto, si tiene algún problema ...

(El Presidente es interrumpido)

Por favor, respete a la Presidencia. Tomamos nota de sus observaciones sobre el Acta. Usted puede dirigirse por escrito a los servicios del Parlamento para que corrijan las actas literales. Eso es todo.

(El Acta queda aprobada)

7. Fusiones en el sector de las telecomunicaciones

  El Presidente. - De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre fusiones en el sector de las telecomunicaciones.

  Monti, Comisión. – (IT) Señor Presidente, Señorías, les agradezco la oportunidad de abordar con ustedes este importante e interesante tema tanto aquí en el Pleno como en las frecuentes ocasiones que tengo de hablar a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.

La liberalización del mercado comunitario de las telecomunicaciones culminó en 1998 con la total liberalización de los servicios y de las infraestructuras en la mayor parte de los Estados de la Unión Europea. La misma ha contribuido de manera significativa a la aceleración de la tasa de crecimiento de nuestras economías, a la reducción – hasta el 35% - de las tarifas, a la entrada de muchos nuevos operadores y a la continua introducción de servicios innovadores. Obviamente, esto ha reportado considerables beneficios a los consumidores, así como a los trabajadores.

La expansión de los sectores de las telecomunicaciones y de Internet genera numerosos puestos de trabajo tanto en esos sectores como en otros que pueden beneficiarse de incrementos de eficacia. En el curso de los últimos cinco años, se han creado más de 500.000 puestos de trabajo sólo en el sector de la telefonía móvil.

En julio de 2000, la Comisión propuso un nuevo paquete para las comunicaciones electrónicas que da especial relieve a la necesidad de promover el acceso de alta velocidad a Internet – conteniendo sus costes – y de poner a punto un marco normativo no excesivamente gravoso para los operadores del sector. Sin embargo, el cometido de la Comisión es garantizar asimismo que se mantengan los beneficios derivados de la competencia y que en un futuro no haya obstáculos para la innovación.

Las posibilidades de actuación de la Comisión en el ámbito de la política de competencia están claramente definidas, por un lado, por los artículos 81 y 82 del Tratado y, por otro, por el reglamento sobre las concentraciones.

Voy a pasar ahora a las concentraciones que son objeto directo de la pregunta. En los últimos años, se ha registrado un número creciente de concentraciones en el sector de las telecomunicaciones y esta tendencia parece destinada a continuar. Actualmente, comprobamos que en el mercado europeo el acento se está desplazando de las operaciones dirigidas a la consolidación a las operaciones dirigidas a la convergencia, según queda demostrado por las alianzas recientemente examinadas por la Comisión como, por ejemplo, la alianza entre Vodaphone y Vivendi, o en curso de examen, como la alianza entre America On Line y Time Warner.

Los rápidos avances tecnológicos han impulsado asimismo la cooperación entre distintos sectores y la convergencia. La globalización ha obligado a numerosas sociedades a intentar ampliar su envergadura para tratar de ser competitivas en los mercados mundiales: es el caso del grupo de telefonía móvil Vodaphone; de la reciente adquisición de Global One y de Orange por parte de France Telecom; de la combinación en la empresa Concert de la actividad internacional de AT&T y BT; de la propuesta de adquisición por parte de Deutsche Telekom de Voice Stream en Estados Unidos. Todos estos son cambios positivos desde el punto de vista de la competencia y marcan la apertura de los mercados, incrementan la eficacia de las empresas y dan lugar, entre otras, a la creación de un verdadero mercado único en Europa.

No obstante, en el sector de las telecomunicaciones, la Comisión debe garantizar que las operaciones en cuestión no perjudiquen a los beneficios obtenidos gracias a la liberalización y no pongan límites al flujo de la innovación, por ejemplo, a través de la conquista del control de un nuevo mercado. A este propósito, señor Presidente, quisiera explicar muy brevemente estos dos riesgos y las acciones que la Comisión emprende para conjurarlos.

Pongo el ejemplo del problema del mantenimiento de la liberalización en los mercados nacionales. Una de las primeras decisiones que tomó la actual Comisión en materia de concentraciones fue la autorización, sometida a condiciones, de la concentración de la empresa sueca Thelia y de la noruega Telenord, en el pasado otoño. La operación fue posteriormente abandonada por los interesados, pero en todo caso ha puesto de manifiesto, gracias a las condiciones puestas por la Comisión, el intento de proteger la liberalización de los mercados nacionales de las concentraciones de los carriers dominantes. No hay tiempo para examinar en detalle las condiciones puestas por la Comisión que, de todos modos, se hicieron públicas.

Quiero referirme asimismo al otro riesgo importante contra el que debemos luchar, o sea, impedir la conquista del control de la innovación y de los nuevos mercados mediante las concentraciones. Cito dos ejemplos muy significativos: el primero se refiere a Worldcom y Sprint. El 28 de junio de este año, la Comisión prohibió la concentración de dos empresas estadounidenses, Worldcom y Sprint. La combinación de las amplias redes de Internet con la amplia clientela de Worldcom y Sprint habría determinado la creación de una empresa cuya envergadura, respecto a los competidores, hubiera permitido a la nueva entidad dictar las condiciones para el acceso a sus redes Internet y a sus clientes, en perjuicio de los consumidores y con obstáculos para la innovación. Desgraciadamente, a fin de respetar el tiempo de que dispongo, aun lamentándolo mucho no puedo facilitar detalles.

El otro ejemplo de acción orientada a conjurar el riesgo de la conquista del control de la innovación es el relativo a las decisiones Vodaphone-Mannesmann y, posteriormente, Vodaphone-Vivendi-Canal Plus. La Comisión tuvo que evaluar los efectos de las concentraciones en los mercados emergentes, y autorizó ambos casos en la primera fase, después de que las partes propusieran asumir un número limitado de obligaciones. Además de resolver las clásicas situaciones determinadas por la combinación de las cuotas de mercado, las obligaciones están orientadas a mantener la competencia en los nuevos mercados emergentes.

La operación Vodaphone-Mannesmann planteaba problemas sin solución de continuidad en el mercado emergente de los servicios paneuropeos de telefonía móvil, destinados a las multinacionales. Para eliminar estos problemas en materia de competencia, Vodaphone propuso conceder un acceso no discriminatorio a su red integrada y permitir a los competidores ofrecer servicios similares durante el período en que estaban ocupándose de desarrollar sus redes.

Sea como sea, y con vistas a garantizar que los competidores no se limitarían a apoyarse a la empresa resultante de la concentración renunciando a desarrollar sus servicios independientemente, la Comisión limitó la duración del compromiso a un período de tres años.

Poco tiempo después, la Comisión tuvo que examinar el caso Vis-à-vis, empresa común constituida por Vodaphone y Attach, Vivendi y Canal Plus para la creación de un portal de acceso a Internet. Vis-à-vis creará un portal de acceso múltiple a Internet para toda Europa, gracias al cual a los clientes de las sociedades participantes se les ofrecerá la posibilidad de elegir entre una gama de servicios web accesible a través del ordenador personal de los clientes, los teléfonos móviles y los receptores de televisión set top box.

El estudio de la Comisión reveló que la empresa común plantearía problemas en los mercados emergentes nacionales de los portales de acceso a Internet a través de la televisión y en los mercados emergentes nacionales y paneuropeos de los portales de acceso a Internet a través de los teléfonos móviles.

Pera eliminar estos problemas, las partes se comprometieron a garantizar que los clientes de las sociedades participantes en la empresa común podrían elegir otros portales y no tendrían necesariamente que acceder a Internet a través del portal de una de dichas sociedades. Este compromiso integró el propuesto en el caso anterior Vodaphone-Mannesmann, al que me he referido.

Señor Presidente, como ha quedado patente a través de los ejemplos de los casos que acabo de ilustrar muy brevemente, la normativa comunitaria en materia de competencia cumple una función fundamental de cara a garantizar que los beneficios de la liberalización y de la innovación se transfieren a los ciudadanos europeos.

El papel de la normativa comunitaria sobre el control de las concentraciones es garantizar que no se creen o refuercen posiciones dominantes que ralentizarían el progreso tecnológico y económico, así como conseguir que los consumidores de la Unión Europea puedan beneficiarse de dicho progreso.

Como hemos comprobado a través de la experiencia de estos primeros años de liberalización y de atento control en favor de la competencia, también los trabajadores obtienen una ventaja, como resulta de la cifra que acabo de indicar a título de ejemplo.

  Harbour (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, en nombre del grupo y de todos mis colegas, quisiera dar la bienvenida al Sr. Monti que hoy acude a la Asamblea para un debate muy oportuno sobre el régimen regulador de las telecomunicaciones, teniendo en cuenta que ahora pasamos al importante estudio del paquete de telecomunicaciones.

Quiero referirme brevemente a algunas de las cuestiones cruciales que ha planteado. Resulta evidente para todos nosotros que el mundo de las comunicaciones electrónicas nos está presentando un cambio de la reglamentación, pero no hay duda de que para usted, señor Comisario, y para la autoridad de la competencia, representa desafíos sin precedentes, habida cuenta de la rapidez con la que avanza la tecnología. Muchos de los conceptos relacionados con la cuota de mercado también están cambiando rápidamente. En el ámbito de las telecomunicaciones, está claro que la cuota de mercado puede cambiar de manos mucho más rápidamente que en algunas de las principales industrias que han sido reglamentadas en el pasado.

Me ha alegrado mucho oír que su enfoque es intentar evitar que controles demasiado estrictos frenen la innovación. Esto es sumamente importante. Quisiera que nos garantizara que desarrollará la capacidad de expertos para lo que sin ninguna duda será una carga de trabajo creciente para analizar futuras fusiones.

Hemos podido saber por el informe del Grupo de pares que le concederán 92 puestos adicionales. Será interesante oír cómo prevé usted la ampliación de sus servicios en este sentido.

La segunda cuestión que plantearemos en nuestro estudio del paquete de telecomunicaciones es que en este mundo, que avanza tan rápidamente, existe la preocupación en el sector y entre los inversores de que no debe permitirse que unos objetivos demasiado rígidos en términos de límites de cuotas de mercado para la investigación – y estos pueden ser demasiado altos o bajos en muchos casos – le impidan tener en cuenta ámbitos en los que está en juego una auténtica cuestión de competencia. ¿Podría, quizá, tratar sobre estos puntos cuando responda a nuestro debate más adelante?

  Read (PSE). – (EN) Señor Presidente, permítame comenzar mi intervención presentando mis felicitaciones al Comisario Monti y a sus funcionarios por el modo tan escrupuloso y profesional en el que están estudiando la fusión propuesta de MCI Worldcom y Sprint. Quisiera expresarle mi agradecimiento, a él y a sus funcionarios, en particular, por sus esfuerzos para reunirse con los sindicatos de toda la Unión Europea e incluso de los Estados Unidos de América, que han tenido la oportunidad de exponer sus opiniones.

Sin duda, una de las consecuencias de las fusiones y las absorciones son sus repercusiones sobre el empleo, y sé que el Comisario, dentro de los límites que marca el Tratado, es sensible a esto. También hay que subrayar que existen razones tecnológicas especiales por las que una concentración de propiedad, el posible abuso de posición dominante, es tan grave. En la mayoría de los otros sectores, dicha concentración o posible abuso podría ser temporal, pero en este ámbito, si una compañía logra asegurarse una posición tan fuerte, es prácticamente seguro que la mantendrá si no para siempre, al menos durante mucho tiempo.

En su presentación, señor Comisario, se ha referido al peligro de que una empresa consiga el control de estos mercados. Es un auténtico dilema para el Parlamento y la Comisión. Reconocemos que las fusiones y las absorciones son prácticamente inevitables y, en muchos casos, deseables, pero también somos conscientes de los peligros potenciales y reales. El Parlamento es coherente con su opinión de que no queremos poner ningún obstáculo en la vía de la competitividad y la innovación. Acogemos con satisfacción la posición que usted ha adoptado respecto a este tema en particular.

Otra pequeña observación: buena parte de esta competencia es entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Sé que usted es perfectamente consciente de la importancia que tiene para Europa ir a la cabeza en estos dos importantes ámbitos de la telefonía móvil de tercera generación y la televisión digital, y espero que continúe con sus esfuerzos para mantener dicho liderazgo, que tiene una importancia tan decisiva para los puestos de trabajo, el empleo y la prosperidad en la Unión Europea.

  Clegg (ELDR). – (EN) Quisiera retomar el tema al que acaba de hacer referencia la oradora anterior, a saber, los aspectos transatlánticos de la liberalización de las telecomunicaciones y, en particular, los apartados 6 y 7 de la propuesta de resolución, que hacen referencia a la lamentable iniciativa del Senador Hollings de limitar la transferencia de licencias a las empresas de telecomunicaciones en las que el Estado tenga una participación superior al 25%.

Esto parece un bandazo irónico hacia una posición proteccionista, precisamente cuando aquí en Europa y en este Parlamento nos disponemos a embarcarnos en un debate sobre la última serie de medidas que, en mi opinión, convertirán el mercado de las telecomunicaciones en la Unión Europea en el más liberalizado y el más abierto del mundo, superando ampliamente muchos, si no la totalidad, de los compromisos que hemos asumido en el marco del GATT y de la OMC.

Es una situación desequilibrada si no técnica, cuando menos políticamente, que merece la atención de esta Asamblea. A pesar de que siento cierta simpatía filosófica por el Senador Hollings y sus colegas que consideran que las empresas estatales tienen ciertas ventajas ocultas y, a veces, explícitas sobre sus competidores privados, el modo en que el Congreso de los Estados Unidos está intentando enfocar este asunto es contrario al espíritu y a la letra de los compromisos multilaterales estadounidenses. Quisiera pedir a los compañeros diputados que, a la hora de estudiar la última serie de medidas en el sector de las telecomunicaciones en las próximas semanas, no permitan que esta medida se pase por alto o quede sin respuesta.

  Ortuondo Larrea (Verts/ALE). - Señor Presidente, señor Comisario, recuerdo cómo a mediados del año pasado, cuando se anunció la fusión entre las empresas estadounidenses Time Warner y America Online, hubo voces que calificaron aquello como el inicio anticipado del tercer milenio en lo que se refiere a los aspectos culturales y tecnológicos. En aquel entonces, se hicieron comparaciones. En los Estados Unidos, el 40 % de los hogares tenía acceso a esa gran red de redes que se llama Internet, mientras que en la Unión Europea apenas se llegaba al 20 %, y sólo rebasaban este nivel unos pocos Estados de la Unión, más avanzados en el desarrollo de las tecnologías.

Yo creo que hay que avanzar y profundizar precisamente en esto: en no tener sociedades de dos tipos, no tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ciudadanos tecnológicamente avanzados y ciudadanos tecnológicamente retrasados. Hay que lograr que todos los ciudadanos puedan acceder a esta nueva sociedad de la información. Pero, al mismo tiempo que profundizamos en la concentración de empresas y en hacer progresar el mercado europeo, debemos tener en cuenta los peligros que la inseguridad está produciendo en las telecomunicaciones. Yo recuerdo ahora mismo el asunto Echelon, que tiene mucho que ver con este tipo de cuestiones. En Europa, en esta Unión Europea, tenemos que cuidar de que haya seguridad, porque forma parte de los derechos humanos.

  Markov (GUE/NGL). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, saludamos que la Comisión y el US-Department of Justice hayan prohibido la proyectada fusión de MCI Worldcom y Sprint y tomamos nota también con alegría de que las autoridades de los EE.UU no quieran autorizar el “deal” de AOL y Time Warner. Internet tiene que seguir siendo un medio de comunicación para todos. Por ello, hay que impedir que los gigantes de las telecomunicaciones y de los medios puedan establecer una posición dominante. El derecho de competencia es para ello un instrumento eficaz.

Las fusiones tienen también repercusiones sobre el empleo y la cohesión social. Las telecomunicaciones y los medios no son unos ramos sacudidos por la crisis sino un sector en expansión. Esto hace objetivamente más fácil incluir también los aspectos sociales y de empleo en las decisiones sobre las fusiones.

En los EE.UU la Federal Communication Commission ha negociado desde mediados de los años noventa en varias decisiones sobre fusiones unos autocompromisos de las empresas para elevar la cifra de empleados, mejorar la calidad del servicio y representar mejor los intereses públicos. Por ello, no comprendemos porqué precisamente en la Europa de los Estados sociales se reduce al mero derecho de competencia. Exigimos que la UE incluya cláusulas sociales vinculantes para la autorización de fusiones.

Aparte de un examen jurídico sobre la competencia necesitamos otros criterios en las decisiones sobre las fusiones, por ejemplo, primero: las empresas deben comprometerse vinculantemente a la conservación o ampliación del nivel de empleo. Segundo: deben mejorar la calidad del servicio para amplias capas de consumidores. Tercero: tienen que aplicar estrictamente los mecanismos del diálogo social europeo y las disposiciones de la directiva sobre la información y consulta de los trabajadores también en la fase transitoria hacia la nueva empresa fusionada. Cuarto: la fusión debe aportar una utilidad adicional para promover los intereses públicos. Esto afecta a puntos como al aseguramiento de un servicio universal global y moderno así como a los requerimientos que debe cumplir la protección de los datos y de las personas. Sólo así podremos asegurar que la política de competencia fortalezca el modelo social europeo en la new economy.

  Gallagher (UEN). – (EN) Señor Presidente, para comenzar, quisiera decir que acojo con satisfacción la publicación de las nuevas directivas y reglamentos sobre telecomunicaciones realizada por la Comisión el 12 de julio. Esta publicación forma parte del actual programa marco para mejorar la calidad de los servicios de las telecomunicaciones en Europa. Es acertado que el Parlamento y la Comisión se mantengan firmes en su deseo de que la Unión mejore su red de telecomunicaciones. Es justo afirmar que los Estados Unidos van posiblemente tres años por delante de la Unión en lo que respecta a la utilización de Internet. Con la ayuda de las nuevas directivas que se están poniendo en vigor en el sector de las telecomunicaciones, la Unión Europea alcanzará a los Estados Unidos antes de lo previsto.

Esta tendencia se ajusta asimismo a las conclusiones del reciente Consejo Europeo celebrado en Portugal. Los dirigentes de la UE han apuntado a la necesidad de mejorar nuestros servicios globales en el sector de las telecomunicaciones. Respaldo la recomendación de que todas las escuelas de Europa tengan acceso a Internet. Desde una perspectiva irlandesa, me complace, en particular, que este programa esté avanzando a un ritmo tan rápido.

Se ha hablado mucho, en los medios de comunicación nacionales e internacionales, de las subastas de las licencias de telefonía móvil de tercera generación en Europa. Ciertamente, las subastas de estas licencias en Alemania y Gran Bretaña han aportado grandes sumas de dinero a los respectivos tesoros públicos, pero ¿quién pagará al final estos teléfonos? Creo firmemente que serán los consumidores, una vez más, los que se verán obligados a soportar los altos costes de estas licencias.

  Della Vedova (TDI). – (IT) Señor Comisario, no envidio su función en general y menos aún en un sector como el de las telecomunicaciones, muy nuevo y con dinámicas imprevisibles que convierten en especialmente difíciles las decisiones en materia de competencia y de concentración que, si se examinan con los criterios tradicionales, no siempre responden a los intereses de las empresas de un sector como el de las telecomunicaciones que en Europa debe avanzar para contar con empresas más competitivas, y a veces tampoco de los consumidores. El caso Microsoft demuestra que, cuando se consideraba que la misma había alcanzado el máximo de su posición dominante, sin ninguna clase de intervención por parte del Departamento de Justicia americano, otro software como Linux estaba minando su posición de monopolio.

Me habría gustado hablar del caso Vodaphone-Mannesmann, con las repercusiones algo problemáticas en el siguiente caso France Telecom, Orange; quería expresar mi temor de que exista el intento o el instinto por parte de las autoridades comunitarias, y seguramente por parte del Parlamento, de decretar una regulación redundante en este sector.

Hoy el Parlamento – y ruego al Sr. Comisario que tome nota de ello - ha votado con muy pocas discrepancias, entre las cuales se encuentra la nuestra, un documento en que se invita a la Comisión a promover la creación de un órgano para impedir concentraciones de mercado que comprometan el pluralismo. Se trataba de una resolución sobre la multimedialidad, pero las telecomunicaciones y la multimedialidad son un único mercado y creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de intervenir en los procesos de concentración y de reestructuración de este sector. Por el bien del …

(El Presidente interrumpe al orador)

  Paasilinna (PSE). – (FI) Señor Presidente, doy las gracias a la Comisión por haber impedido con firmeza la fusión de las empresas WorldCom y Sprint, decisión que fue muy acertada. Este tipo de casos ha venido aumentando muchísimo últimamente. El número de fusiones se ha quintuplicado durante los últimos diez años y se llevan a cabo del orden de trescientas al año. El Sr. Harbour se refirió a la toma en consideración del paquete relativo al sector de las telecomunicaciones. Ello es muestra del vertiginoso desarrollo de este sector. Se requiere mucho dominio del tema por nuestra parte.

El sector de las telecomunicaciones es peculiar. No se trata de fabricar ruedas de carreta, sino que estamos ante un sector muy excepcional, ya que, hoy por hoy, la información es el instrumento más importante de la producción. Además, este sector conlleva de por sí, como bien sabemos por el caso Echelon y por otros similares, la posibilidad intrínseca de control, o sea, la posibilidad de controlar a las personas, cosa que también se ha convertido en una importante actividad comercial. Otro rasgo implicado es su carácter global, que sobrepasa las fronteras de los Estados y de las culturas. En cierto sentido,Estos rasgoso sentido, las empresas del sector quedan al margen de todo control y de toda regulación. Por el contrario, estas empresas sí pueden crear dependencias a través de esos rasgos, puesto que una parte de esta actividad comercial tiene lugar en el cerebro de las personas. Se trata de la conquista de un nuevo territorio muy importante, y por eso pediría que la Comisión sea muy escrupulosa en lo que respecta a estas fusiones. Señor Comisario, al mismo tiempo que aquí intentamos liberalizar desregulando, las empresas tienen una tendencia a ”rerregular”, esto es, a concertar entre sí los mercados desentendiéndose del control democrático y de los sistemas de regulación. Como indicó el Sr. Clegg, también existen problemas, en efecto, entre la Unión Europea y los Estados Unidos, como es el caso de las limitaciones relativas a la fusión de Deutsche Telekom, asunto en el que es necesario intervenir.

  Gasòliba i Böhm (ELDR). - Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, mi colega Clegg, ya ha expresado en nombre del Grupo Liberal, su apoyo en líneas generales a las propuestas de la Comisión, y su preocupación por algunos aspectos específicos en relación con los Estados Unidos, tal como ahora se acaban de mencionar.

Yo desearía destacar la preocupación por un aspecto que consta en la propuesta de resolución original del Grupo Liberal, que se refiere en su primer apartado a la necesidad de rechazar cualquier interferencia política en la política de competencia de la Comisión. Aplicada al tema que aquí nos ocupa, el sector de las telecomunicaciones, es una preocupación fundada por los casos que han ocurrido en España, hace unos meses, respecto a la fusión de Telefónica con una empresa holandesa, en Portugal y en otros sectores en Francia. Nos preocupa que aún haya interferencias de los Gobiernos en la actuación de empresas que lo que buscan es tener una dimensión y una competencia adecuadas a nivel europeo. Por esto, apoyamos las propuestas de la Comisión y llamamos la atención sobre este aspecto.

  Ainardi (GUE/NGL). - (FR) Señor Presidente, se han batido efectivamente las marcas de concentración de empresas en las telecomunicaciones, con megafusiones en Europa y a un lado y al otro del Atlántico. Esas operaciones ponen en juego miles de millones de dólares, en beneficio de los consumidores, que son también asalariados que afrontan cierres de empresas, traslados de empresas, supresiones de empleos. El sector de las telecomunicaciones se ha vuelto uno de los símbolos de la mundialización capitalista, que le hace soportar el costo de esa carrera al gigantismo. La Cumbre de Lisboa hizo múltiples referencias a la sociedad de la información, que puede, efectivamente, permitir avances considerables. ?Sí, es un desafío! Hoy esas transformaciones van acompañadas en general del desmantelamiento de los derechos sociales, del desarrollo de la jornada parcial y de la flexibilidad del trabajo. Tampoco se pueden pasar por alto las consecuencias para la libertad de información, la diversidad cultural y el servicio público. La Comisión ha prohibido la fusión entre MC WORLDCOM y SPRINT únicamente porque podía atentar contra la libre competencia. Pero, en el momento en que la Unión Europea reafirma su concesión de prioridad al empleo, se deberían apreciar también las fusiones respecto de sus consecuencias para el empleo y la ordenación del territorio. También habría que fortalecer los derechos y los poderes de que disponen los asalariados y las organizaciones sindicales dentro de los comités de grupos europeos e incluso concederles un derecho de veto en caso de reestructuración y fusión. Por último, sería necesario promover normas comunes para que la sociedad de la información beneficie a todos los ciudadanos y se base en la igualdad de acceso, la libertad de información y la diversidad cultural.

  Villiers (PPE-DE). – (EN) Permítanme, en nombre de todos nosotros, dar hoy la bienvenida al Comisario al Parlamento. Todos reconocemos la importancia de nuestra tarea en el departamento de competencia de la Comisión. Quizá, la tarea más importante de la Comisión es mantener la libre competencia y conseguir que el mercado funcione en toda la Unión Europea.

En el contexto de las telecomunicaciones, es de vital importancia garantizar que los consumidores obtienen todos los beneficios que el libre mercado puede ofrecerles, en particular, el acceso a bajo coste a Internet. El modo de proporcionar este acceso a bajo coste a Internet, que es de importancia fundamental para la creación de una e-economía europea para la población de Europa, es a través de la liberalización y la libre competencia. En el pasado solíamos regular el sector de las telecomunicaciones a través de normas nacionales, pero éstas desaparecerán en el futuro porque estamos avanzando hacia unas normas globales de regulación, a saber, las que dicta el mercado.

El mercado es el regulador más eficaz; proporciona la mejor protección a los consumidores y poder que todos los grupos consultivos de la Comisión. En el futuro querremos dar más trabajo al departamento de competencias que estudia las fusiones, porque cabe esperar que el papel que desempeñará el mercado en el sector de las telecomunicaciones será mayor que en estos momentos. Queremos que se ponga fin a las ventajas que han heredado algunos antiguos monopolios estatales.

Espero que la Comisión aplique las leyes de competencia y fusiones con todo rigor, pero deberá asegurarse siempre de que estudia todas las fusiones por sus propios méritos. Una fusión no tiene por que ser necesariamente injusta para el mercado o distorsionadora de la competencia, únicamente por el hecho de que pueda crear un gran interlocutor o una gran empresa. Debemos recordar que Europa necesitará probablemente grandes empresas si queremos aprovechar los beneficios de la revolución de Internet.

  Rapkay (PSE). – (DE) Señor Presidente, quiero seguir el hilo de lo expuesto por Mary Read, concretamente en el punto en el que se ha referido a las repercusiones sobre los puestos de trabajo y el empleo. No es cierto que las trabajadoras y trabajadores en nuestras regiones y distritos electorales estén esperando cada vez con mayor entusiasmo la liberalización de sectores antes protegidos. Lo contrario ocurre con frecuencia.

En el campo de la empresas de los transportes públicos de cercanías tendremos que responder en las próximas semanas y meses a una gran cantidad de preguntas de los empleados. Nosotros, los representantes del pueblo, tenemos que responder de ello, no la Comisión quien a lo sumo habla con los gerentes de las asociaciones. No es cierto que en la liberalización sin límites y en la apertura del mercado radiquen todos los bienes. Pero la apertura del mercado en las telecomunicaciones es un ejemplo de que tal apertura puede aportar ventajas a las y a los consumidores gracias a un descenso de los precios y a nuevos servicios. Ha impulsado un desarrollo tecnológico rapidísimo, lo que, a la postre, ha traído como consecuencia que se registre un crecimiento de puestos de trabajo y en grandes ámbitos incluso unos puestos de trabajo de alta calidad.

La globalización de nuestras economías ha proporcionado importantes impulsos a la apertura de los mercados de las telecomunicaciones en Europa y, por ende, ha favorecido el desarrollo en el ámbito internacional. Que se necesitan ciertas magnitudes empresariales para poder actuar como global player es algo evidente. Pero esto no debe conducir naturalmente a que surjan nuevos monopolios en mercados y mercados parciales.

Lo que necesitamos es una política de competencia consecuente sobre las empresas para impedir el surgimiento de un poder de mercado unilateral en el nuevo complejo global de los multimedia y telecomunicaciones. Por ello, se debe apoyar a la Comisión en su decisión en los asuntos World Com y Sprint. También esperamos que proceda de un modo similarmente consecuente ahora en los casos Time Warner y AOL. Pero, sobre todo, es importante que en sus esfuerzos por modernizar el derecho de competencia en especial en el campo del reglamento sobre el control de fusiones tome esto como motivo para proceder de modo muy consecuente en sus esfuerzos de reforma. Esperamos que esto no contribuya a que debido a algo así quizás se vea perjudicada la política de competencia.

  Kauppi (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, distinguido Comisario, Sr. Monti, estimados oyentes, el hecho de que las empresas del sector de las telecomunicaciones, cuyos operadores se ven precisamente ahora forzados a realizar inversiones millonarias y a emprender grandes proyectos en infraestructuras, intenten buscar socios en el marco del libre mercado, respetando las reglas de éste, no es otra cosa que el funcionamiento natural de los mercados. Los intereses globales de la sociedad se verán beneficiados de la creación en Europa de un entorno que confiera a las empresas, o sea, al sector privado, la capacidad de encargarse de la realización de los proyectos para crear las infraestructuras que son imprescindibles para esta sociedad de la información. Puesto que, además, estas mismas empresas contratan nueva mano de obra, tal y como hemos oído hoy en su exposición, señor Monti, e impulsan así el crecimiento económico europeo, no llego a comprender los temores que pueblan esa otra parte de este Hemiciclo con respecto a que estas fusiones, que repercuten cabalmente en beneficio de toda la sociedad, acaben teniendo consencuecias negativas en el empleo de Europa.

Los políticos y las autoridades reguladoras, trust-buster, como, por ejemplo, el Sr. Monti, no deben intervenir en el desarrollo actual de los mercados, salvo que se den circunstancias que lleven a pensar a la Comisión, de modo bien fundamentado, que alguna fusión determinada puede causar competencia desleal y perjudicar así los intereses de los consumidores. Señor Rapkay, puede usted estar seguro de que nadie en esta sala desea monopolios en los mercados, ni tampoco oligopolios. Esto es algo que hay que circunscribir sólo a ciertos casos concretos, es decir, que se necesita coherencia en este aspecto. Por otra parte, la Comisión debe mostrarse activa a la hora de velar por que se cumpla el libre acceso al mercado en todos los sectores, tal y como se señala en el punto 3 de la propuesta de resolución conjunta del Parlamento. El seguimiento debe concentrarse en la competencia global, en cuyo marco han surgido problemas últimamente, al menos en lo que respecta al contrato entre Voice Estream y Deutsche Telekom. Desearía que usted, señor Monti, comente el plan del Congreso de EEUU, completamente contrario a las normas de la OMC, que prohibiría la transferencia de licencias a las firmas que sean propiedad de empresas extranjeras.

  Monti, Comisión. – (IT) Señor Presidente, deseo agradecer a los diputados que han intervenido la atención que prestan a estos temas, el aprecio que han generosamente mostrado por la actividad de la Comisión y su apoyo. Les pido disculpas por si tendré que ser muy, muy conciso en mis respuestas.

(EN) Harbour, usted ha identificado una cuestión decisiva, a saber, la de impedir que las tendencias del mercado perturben el desarrollo de la innovación. De hecho, es una de nuestras principales preocupaciones. Ha hecho referencia al resultado del informe del grupo de pares de la Comisión. Estoy encantado de que el grupo de pares haya comprendido tan claramente las necesidades de la política de competencia. Estamos comenzando a concebir ideas sobre cómo desplegar recursos adicionales dentro de la Dirección General de Competencia, pero antes debemos asegurarnos de que contamos con respaldo de la Autoridad presupuestaria.

La Sra. Read, entre otros, ha apoyado la decisión que adoptamos a finales de junio respecto a la fusión MCI Wellcome-Sprint. Dicha decisión estuvo basada en un gran número de consideraciones, incluidas algunas aportaciones de las organizaciones sindicales, aunque ello no nos ha llevado de ningún modo a apartarnos de las normativas.

La Sra. Read y otros diputados se han referido a algunos sectores en los que Europa va a la cabeza, por ejemplo, la telefonía móvil de tercera generación y la televisión digital. Un modo especialmente eficaz de mantener el liderazgo es conseguir el funcionamiento eficaz del mercado. Por ello insistimos tanto en la aplicación estricta de la política de competencia, a la luz de la situación del mercado en Europa, con independencia de la nacionalidad de las empresas. Cuando las empresas establecen o consolidan una posición dominante sin proponer los remedios necesarios, no tenemos otra alternativa que bloquear la fusión, y lo hemos hecho recientemente en un caso en el que participaban dos empresas europeas, Volvo y Scania que, en realidad, están establecidas en el mismo Estado miembro. Habríamos hecho lo mismo en otro caso en el que una empresa era europea (Pechiney) y la otra estadounidense-canadiense (Alcan), pero la fusión se canceló. Asimismo, hemos tomado una medida similar en el reciente caso de MCI Wellcome-Sprint, en el que ambas empresas eran estadounidenses. Hemos establecido una cooperación excelente con nuestros homólogos estadounidenses del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio.

A propósito de los Estados Unidos, varios diputados han llamado la atención sobre los riesgos que representa la propuesta de ley Hollings. Se trata tan sólo de una propuesta y espero que no se convierta en ley, aunque eso depende de los homólogos estadounidenses de sus Señorías. No obstante, si se aprobara dicha ley, la consideraría un indicio alarmante de proteccionismo. Sería lamentable si la liberalización, que ha dado tantos saltos de gigante en los Estados Unidos, Europa y otros países durante estos últimos años, comenzara a retroceder en los Estados Unidos. Además, el proyecto de ley es, en nuestra opinión, claramente incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos con respecto a la OMC y otros acuerdos fundamentales en el ámbito de las telecomunicaciones, y la Comisión, a través de mi colega Pascal Lamy, así se lo ha hecho saber con toda claridad a nuestros homólogos norteamericanos. La Comisión también se opone firmemente a este tipo de legislación en nuestros Estados miembros. Para disipar los temores del Sr. Gasòliba i Böhm, diré que sólo la Comisión tiene competencia para estudiar las fusiones a escala comunitaria. Cuando un Estado miembro interviene injustamente, la Comisión está dispuesta a desafiar dicha intervención, tal y como demostró el año pasado en el caso de una decisión dirigida al Gobierno portugués.

El Sr. Ortuondo Larrea, el Sr. Markov y el Sr. Rapkay se han referido al importante caso de AOL-Time Warner. Comprenderán que ahora no pueda decir gran cosa. El plazo para la publicación de la decisión de la Comisión expira el 24 de octubre. La audición sobre esta fusión se celebrará hoy y mañana en Bruselas. Expresamos nuestra preocupación el 22 de agosto, fecha en que comunicamos a las partes nuestra declaración de objeciones. En estos momentos no puedo añadir nada más.

El Sr. Gallagher y otra de sus Señorías se han referido al sistema de concesión de licencias de telefonía móvil de tercera generación. Las subastas incrementarán el número de operadores de telefonía móvil en la Unión. Más interlocutores significa más competencia, por lo que no podemos por menos que acoger con satisfacción el resultado de las subastas desde el punto de vista de la competencia.

Evidentemente, nos aseguraremos de que los consorcios que se creen no den lugar a prácticas concertadas porque la condición de miembro de pleno derecho variará de un país a otro. Se ha señalado que las cantidades abonadas a los gobiernos de la UE para obtener las licencias son demasiado elevadas y que los operadores se verán obligados a recuperar su inversión inicial, lo que provocará una subida de los precios para los consumidores y, quizá, limitará el desarrollo de los nuevos servicios avanzados de telefonía móvil. Pero éste no es un asunto que concierna a la ley de la competencia como tal, aunque el intento de introducir restricciones a la competencia para facilitar la recuperación del coste sería sancionado por la ley de la competencia.

No obstante, con independencia del sistema que se utilice – subastas, concursos de belleza o lo que sea – puede ser necesario un escrutinio de las normas precisas del concurso de belleza o de la subasta para garantizar, por ejemplo, que los titulares no son favorecidos y que la no discriminación, la transparencia y la proporcionalidad están garantizadas. Por tanto, aunque los Estados miembros tienen libertad para elegir entre un concurso de belleza, un sistema de subasta o una combinación de ambas modalidades, deberán respetar la ley de la competencia y la legislación específica del sector de las telecomunicaciones sobre la concesión de licencias, así como las normas relativas a las ayudas estatales.

En este contexto, cabría mencionar que la DG de Competencia está estudiando actualmente una queja contra los Países Bajos, en colaboración con la DG de la Sociedad de la Información. Asimismo, estamos analizando una queja contra Francia, Bélgica, los Países Bajos y Alemania y, por último, también estamos investigando la subasta de UMTS en relación con las normas sobre las ayudas estatales. O sea que intentamos mantenernos alerta, tal y como nos instan todos ustedes.

(IT) El Sr. Della Vedova teme que haya un intento de cargar demasiado con obligaciones reglamentarias el desarrollo de este sector tan prometedor para la economía europea. Les puedo asegurar que la Comisión, desde el punto de vista reglamentario, trata de mantener las obligaciones al mínimo y precisamente por esto, considera importante que exista un pleno papel para la política de la competencia.

En cuanto al pluralismo, al que ha hecho referencia el Sr. Della Vedova, puedo sólo recordar que, en el orden actualmente existente en Europa, los Estados miembros pueden adoptar medidas para proteger el pluralismo. Esto se reconoce en el reglamento sobre las concentraciones como una de las razones legítimas para las intervenciones de los Estados miembros, siempre que naturalmente obedezca coherentemente a la defensa del pluralismo.

(EN) Tomo nota de que la Sra. Villiers nos insta a que apliquemos la ley de competencia con todo rigor. Espero que estemos a la altura de sus expectativas en el futuro, sin ninguna predisposición por razones de tamaño. Debemos examinar las situaciones caso por caso. El tamaño puede crear problemas a veces. Incluso los operadores más pequeños pueden crear problemas de competencia y en ese caso debemos intervenir.

Por último, varios diputados – la Sra. Read, el Sr. Markov, la Sra. Ainardi, el Sr. Rapkay – han reconocido y han hecho hincapié en las repercusiones beneficiosas que tiene el desarrollo de este sector sobre el empleo, aunque también han expresado cierta preocupación por el impacto social de las fusiones. Debo ser muy breve a estas alturas. Esto plantea dos problemas. Respecto al efecto general sobre el empleo, creo firmemente que si se mantiene la competencia, el empleo tiende a mejorar. Éste ha sido claramente el caso en el sector de las telecomunicaciones. A pesar de que los interesados hayan podido despedir a algunos trabajadores, la liberalización ha traído consigo un gran número de nuevos candidatos que están creando nuevos puestos de trabajo.

La Comisión está muy interesada en la protección de los derechos de los trabajadores. Todo el despliegue de instrumentos políticos de la Comisión y la evaluación de las concentraciones se limita puramente a los aspectos que abarca la ley de la competencia. No obstante, la Comisión acoge con satisfacción la participación de los representantes de los trabajadores en el proceso de control de las fusiones. Los representantes tienen derecho a ser escuchados en todas las fases del procedimiento. Sé por experiencia que sus opiniones constituyen una valiosa aportación para mis servicios.

Cada vez estoy más convencido de que la competencia rigurosa es un componente clave de una economía social de mercado, ya sea en los sectores tradicionales o en los nuevos sectores y – hago hincapié en ambos adjetivos – economía social y de mercado.

  El Presidente. - Muchas gracias, señor Monti, por su detallada respuesta.

He recibido 4 propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, para cerrar la presente declaración⁽¹⁾.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana jueves.

(1) Cf. Acta.

8. Clonación humana

  El Presidente. - De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la clonación humana.

  Busquin, Comisión. - (FR) Señor Presidente, Señorías, los avances científicos recientes en la esfera de la ciencia de la vida ofrecen perspectivas de aplicación muy importantes, pero plantean cuestiones de carácter ético que afectan a una mayoría de nuestros conciudadanos. Cada vez resulta más importante prever tales cuestiones éticas a fin de integrarlas en un diálogo más amplio entre la ciencia y la sociedad.

En su comunicación de enero de 2000, la Comisión puso de relieve que un verdadero espacio europeo de investigación sólo puede realizarse, si fomentamos también un espacio europeo de valores éticos compartidos en Europa. Para ello, la Comisión se propone adoptar iniciativas tales como el fortalecimiento de los vínculos entre los comités de ética en Europa y el intercambio de procedimientos idóneos en materia de evaluación ética de los proyectos de investigación.

La clonación terapéutica, o, más concretamente, la utilización para fines terapéuticos de células embrionarias originarias obtenidas mediante las técnicas de clonación, es un ejemplo de las cuestiones éticas planteadas por los rápidos avances científicos en las ciencias de la vida. Esa técnica de clonación terapéutica presenta una sensibilidad muy particular por razones evidentes de carácter cultural, religioso o ético.

El informe del grupo de expertos británico, publicado el 16 de agosto, reconoce el gran interés de las investigaciones sobre las células embrionarias humanas originarias y su aplicación terapéutica. Este informe propugna la autorización de investigación en esa esfera y, en particular, el recurso a embriones concebidos mediante clonación, según la tecnología de substitución de núcleo, al tiempo que recomienda una reglamentación jurídica y ética clara. La publicación de este informe ha suscitado gran número de tomas de posición en toda Europa y ha permitido iniciar un verdadero debate en el nivel europeo, allende los círculos científicos interesados. Como anunció el Presidente Prodi recientemente en un comunicado de prensa, la Comisión, lejos de guardar silencio, desea que continúe un debate ilustrado en estrecha asociación con el Parlamento Europeo.

El respeto de la identidad nacional de los Estados miembros movió a que en el Tratado de la Unión Europea se concedieran prerrogativas a los Estados para legislar en materia ética. De hecho, existe una gran diversidad de legislaciones o lagunas legislativas que reflejan una gama de sensibilidades muy diferentes en los países de la Unión. No obstante, la acción comunitaria en la esfera de la investigación biotecnológica se apoya cada vez más en los principios éticos fundamentales más rigurosos, en el respeto de las sensibilidades nacionales. Así ocurre con la legislación comunitaria sobre la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas, que se basa expresamente en el respeto de los principios fundamentales que garantizan la dignidad y la integridad del hombre y reafirma el principio según el cual el cuerpo humano, en todas las fases de su constitución o su desarrollo, incluidas las células germinales, así como el simple descubrimiento de uno de esos elementos o uno de esos productos, incluida la secuencia parcial de un gen humano, no es patentable.

Esta legislación excluye de la patentabilidad la clonación humana reproductiva y la comercialización de embriones o elementos del cuerpo humano. Al tiempo que reglamenta las condiciones en las que una invención basada en la materia biológica puede disfrutar de una protección por patente, la directiva no tiene por objeto fijar las condiciones en las que se puede hacer la propia investigación.

Por lo que se refiere a la investigación, la Comisión Europea apoya la esfera biomédica desde hace muchos años. El quinto programa-marco, aprobado conforme al procedimiento de codecisión, respeta los principios éticos fundamentales y se basa en el dictamen emitido por el grupo europeo de ética antes de la aprobación del programa-marco. Así quedan excluidas de forma perfectamente explícita las investigaciones relativas a las técnicas de clonación para fines reproductivos o terapéuticos. Asimismo la clonación animal queda limitada a finalidades justificadas en el plano ético, siempre y cuando se lleven a cabo las operaciones sin provocar sufrimientos inútiles.

El programa-marco, que desempeña también un papel de previsión, apoya actualmente los estudios de bioética relativos a los riesgos y los beneficios potenciales de las tecnologías de clonación. Además, se están aplicando métodos complementarios a la clonación terapéutica encaminados a crear nuevas técnicas de terapia celular, en particular mediante los importantísimos trabajos que utilizan células originarias adultas. En esas investigaciones se respetan los principios éticos fundamentales y las normas nacionales aplicables.

Deseo subrayar que en la evaluación de las propuestas se tienen en cuenta sistemáticamente los aspectos éticos y, en el caso de las propuestas que afectan a cuestiones éticas más delicadas, se hace un examen ético a fondo. La Comisión espera con gran interés el dictamen sobre la utilización de las células humanas originarias que emitirá el grupo europeo de ética en noviembre de este año. Dicho grupo supo demostrar su independencia y su gran competencia para abordar cuestiones a un tiempo muy delicadas y muy técnicas. Ese dictamen, como los anteriores, será, naturalmente, muy importante para la reglamentación de la política comunitaria de investigación.

De forma más general, el grupo de expertos de alto nivel sobre las ciencias de la vida, creado recientemente a iniciativa mía, debe ayudarnos a entablar un verdadero diálogo entre el mundo de la investigación y la sociedad en la esfera de las ciencias de la vida. El foro de debate que organizará dicho grupo los próximos días 6 y 7 de noviembre en Bruselas y al que invito, naturalmente, a todos los diputados a esta Asamblea interesados, representa una etapa importante en el establecimiento de dicho diálogo. Así, aunque no se propone legislar ni armonizar en la esfera de la ética, la Comisión quiere contribuir al debate, con respeto de la diversidad de nuestras culturas y nuestras sensibilidades de Europa. Ése es también uno de los objetivos del espacio europeo de investigación que se está creando.

PRESIDENCIA DE LA SRA. FONTAINE
Vicepresidenta

  Lannoye (Verts/ALE). - (FR) Quisiera formular una pregunta sobre el orden de los trabajos. El Sr. Busquin acaba de hacernos una declaración sobre la clonación. ?Cuándo se celebrará el debate?

  La Presidenta. - A las 17 horas, es decir, justo después del debate sobre la ampliación.

9. Declaraciones del Sr. Verheugen sobre la ampliación

  La Presidenta. - De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación sobre la declaración formulada por el Sr. Verheugen respecto de la ampliación.

Saludo al Presidente Romano Prodi a su llegada y le agradezco su presencia.

Señalo a la atención de sus Señorías que el Presidente Prodi va a tener que dejarnos a las 16.35 horas para trasladarse a Nueva York a la reunión del Milenio. No obstante, le agradecemos que haya tenido a bien estar presente en este debate y sin más demora le concedo el uso de la palabra..

  Prodi, Comisión. – (IT) Señora Presidenta, señoras y señores diputados, he querido hacer personalmente una declaración a este Pleno para aclarar, junto con el Comisario Verheugen, el significado político de su entrevista del 2 de septiembre al diario Süddeutsche Zeitung, así como el significado político de sus posteriores declaraciones a la prensa. Dentro de unos instantes el Comisario Verheugen les explicará exactamente la letra y el espíritu de lo que manifestó.

Por lo que a mí respecta, quiero reafirmar solemnemente ante ustedes, miembros del Parlamento, el compromiso sin condiciones de mi Comisión para sacar adelante la formidable empresa de la ampliación. En muchas ocasiones he recalcado que la ampliación es la tarea más importante que esta Comisión se ha impuesto comprometiéndose a emprenderla en la dirección correcta.

Esta nueva página de la historia de la Unión se debe escribir lo antes posible, de acuerdo con los objetivos fijados por el Consejo Europeo y por la propia Comisión e ilustrados en muchas ocasiones a este Pleno. Como ustedes saben muy bien, se trata de una operación extraordinariamente compleja desde el punto de vista político y con su constante apoyo la Comisión está llevando adelante el proceso negociador de forma transparente y objetiva cumpliendo con rigor las reglas del mandato recibido.

Las democracias de los países que ingresarán en la Unión están haciendo un gran esfuerzo que nos arriesgamos a infravalorar continuamente. Sin embargo, nosotros debemos corresponder a este esfuerzo con una gran generosidad política. Dicha generosidad debe expresarse de muchas maneras. El primer acto de generosidad que no puedo dejar de reafirmar una vez más es que la Unión debe estar lista para admitir a los nuevos miembros desde el 1 de enero de 2003. En consecuencia, la principal tarea que le espera a la Unión para poner orden en nuestra casa es acordar en Niza, al final de este año, una reforma institucional de gran calidad para evitar que nuestro sistema se deslíe.

Existe asimismo otro aspecto de la generosidad política que es nuestro deber demostrar y es que todos nosotros debemos esforzarnos en conseguir el consenso más amplio posible entre los ciudadanos en favor del proceso de ampliación. Por mí parte, temo que la opinión pública aún no está suficientemente convencida del mismo.

La búsqueda de un respaldo democrático para esta empresa de alcance histórico demuestra nuestra voluntad de acelerar dicho proceso y da fe de nuestro deseo de reforzarlo. Obviamente, establecer cuáles son las maneras y los instrumentos adecuados para asegurarse de este apoyo en los Estados miembros o en los países es una cuestión que les corresponde a ellos decidir. En particular, los procedimientos nacionales de ratificación de la ampliación son asuntos de orden nacional. Ciertamente no es intención ni de la Comisión, ni del Comisario Verheugen, interferir en este debate.

Sin embargo, y éste es otro discurso, cada uno de nosotros debe contribuir a explicar a nuestros conciudadanos cuál es la apuesta en juego. Siempre he advertido por parte del Parlamento, ante el que comparezco, un compromiso total de hacer precisamente esto: explicar y volver a explicar a nuestros conciudadanos que la ampliación no es una amenaza, sino una ocasión histórica desde todos los puntos de vista, en primer lugar para la paz en nuestro continente.

El sincero compromiso de todos los Comisarios de llevar adelante las políticas del Colegio es una vitola de mi Presidencia y este Pleno sabe que, en caso necesario, no me faltan los medios adecuados para garantizar su respeto.

En el caso específico, estoy absolutamente convencido de que Günter Verheugen comparte de todo la política de la Comisión, una política que este Pleno ha aprobado en muchas ocasiones. Por lo tanto, confío plenamente en su capacidad de llevar a término rápida y positivamente las negociaciones sobre la ampliación.

(Aplausos)

  Verheugen, Comisión. – (DE) Señora Presidenta, Señorías, les expreso mi agradecimiento por este debate pues me permite expresar algunas palabras aclaratorias y creo que concluyentes sobre la entrevista que ha desatado esta tormenta.

En esta entrevista, de carácter personal y en un claro contexto alemán he indicado que los referéndums pueden ser de ayuda para incluir más intensamente a las ciudadanas y ciudadanos en los grandes proyectos europeos que modifican la naturaleza constitucional del Estado. He mencionado como ejemplo de ello el Tratado de Maastricht y no la ampliación. Finalmente, también he dicho que esta posibilidad no existe en la Constitución alemana. Nadie lamenta más que yo que esta expresión haya sido interpretada como si me hubiese pronunciado a favor de un referéndum para la ampliación. Digo aquí claramente que no he planteado una exigencia de tal clase, ni en Alemania ni en ningún otro país.

(Aplausos)

Si se lee el texto con toda honestidad y uno no se apoya en informes de segunda mano no se puede llegar a una conclusión diferente.

¿Pero cual era el auténtico mensaje? El mensaje consistió en decir: queremos la ampliación y la queremos lo antes posible y tan profunda como sea necesario. Muchos miembros de esta Asamblea saben que desde hace un año me esfuerzo sobremanera en contacto directo con las ciudadanas y ciudadanos de los países candidatos a la adhesión y de los países miembros por mostrar claramente que realmente queremos a estos nuevos miembros.

Lo que intento hacer es proporcionar un alma a un proceso que podría derivar fácilmente en algo meramente técnico. Queremos garantizar la paz y la estabilidad en toda Europa. Queremos conceder a las jóvenes democracias la oportunidad de participar con igualdad de derechos en el desarrollo político y económico de Europa. Queremos seguir fortaleciendo el papel de Europa en la competencia internacional. No existe ninguna alternativa a ello. El balance de las negociaciones de ampliación desde la toma de posesión de su cargo de la Comisión Prodi es positivo. Los informes de los trabajos en curso que la Comisión va a presentar en otoño van a mostrar que los candidatos han realizado considerables progresos y se acercan a la madurez para la adhesión.

La Comisión tiene previsto proponer en otoño nuevos elementos para la estrategia de negociación que permitan llevar las negociaciones aún con mayor rapidez y atacar las cuestiones sustanciales.

Quiero constatar que estos progresos solamente son posibles en estrecha cooperación con los Estados miembros y con el Parlamento Europeo. Expreso mi agradecimiento al Parlamento Europeo por la excelente cooperación y el ilimitado apoyo que he recibido de él hasta ahora. Reconozco también expresamente el papel positivo que desempeñan el Parlamento Europeo y sus diputados en los esfuerzos por aclarar a las personas en Europa sobre este proyecto histórico. Siempre he estado a favor de obtener el apoyo más amplio posible de la población y de explicar las grandes ventajas de la adhesión de nuevos Estados miembros en un amplio debate con las ciudadanas y ciudadanos.

Tenemos que convencer a las personas de que la ampliación va a aportar desde el principio a ambas partes ventajas políticas y económicas. Es necesario un amplio debate democrático sobre este proyecto histórico. Y de esta idea básica se trataba para mí en la entrevista.

(Aplausos)

No es en absoluto intención de la Comisión –y aún menos la mía- introducir nuevas condiciones políticas de cualquier tipo en el proceso de negociaciones o decisorio. La estrategia la ha marcado el Consejo Europeo y la Comisión la sigue con total perseverancia.

Como ya ha dicho el Presidente Prodi, es totalmente evidente que los tratados de adhesión serán ratificados en los diversos Estados miembros según su correspondiente ordenamiento jurídico. Para mí se deducen tres conclusiones finales: en primer lugar, tenemos que llevar a cabo una amplia ofensiva de comunicación en los países miembros y en los países candidatos. La Comisión ha realizado para ello los necesarios preparativos. En segundo lugar, allí donde existen temores y preocupaciones no debemos ocultarlos sino hablar de ello abiertamente con las ciudadanas y ciudadanos; debemos ayudarles...

(Aplausos)

... para que aprovechen las nuevas oportunidades y superen los nuevos desafíos. Pienso en especial en las regiones fronterizas. También en este aspecto la Comisión está elaborando un concepto.

Y en tercer lugar, tenemos que proceder con el máximo cuidado y precaución en aquellos temas que están cargados de temores y emociones que sin duda existen en el proceso de ampliación, como por ejemplo, la inmigración. Pero hay vías y posibilidades para solucionar estos problemas. Y a este respecto se deberá decidir pronto.

(Aplausos)

  Poettering (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, me gustaría que no tuviésemos que mantener hoy aquí este debate. Aquí se ha cometido un grave error político. Después de lo que acabamos de oír del Presidente de la Comisión Prodi y del Sr. Comisario Verheugen, espero que tras este debate las cosas queden de nuevo claras.

No hemos pedido una declaración del Presidente sino una declaración de la Comisión. Sin embargo, estoy extraordinariamente agradecido al Presidente de la Comisión Prodi por considerar el asunto tan importante como para exponer él mismo personalmente su posición. Señor Comisario Verheugen, he leído varias veces su entrevista. Pero antes de ir al fondo del asunto, voy a llamar la atención sobre la siguiente frase que me ha dejado sorprendido e incluso atónito. Lo digo con toda objetividad pues creo profundamente en todas las palabras que digo aquí con tranquilidad y que reflejan mi convencimiento.

Dice el Sr. Verheugen en la entrevista: “Es ya una rutina casi trágica de los últimos años que el Parlamento solamente esté de acuerdo en una cosa, en la oposición a la Comisión”. Señor Verheugen, ¿qué opinión tiene de este Parlamento Europeo? Usted no estaría en su cargo si no hubiese obtenido nuestra aprobación.

(Aplausos)

El Presidente de la Comisión Prodi sabe que nos consideramos en principio como aliados de la Comisión Europea cuando se trata del respeto de los Tratados, cuando se trata de que el Sr. Patten se vincule a la política exterior o de que no obtengamos ninguna secretaría. Estamos al lado de la Comisión y rogamos que tome nota de ello y no afirme que estamos por principio en oposición a la Comisión y que sólo estamos de acuerdo en esta Asamblea en ese punto. Lo rechazo con total determinación.

(Aplausos)

Lo rechazo porque ruego que nuestro trabajo sea entendido también como un apoyo a la Comisión. Tenemos que superar una tarea común para esta Europa.

Pero me voy a referir al asunto en si. Usted ha dicho que si se lee su texto con honestidad no se puede llegar a otro resultado. Creo que si se considera este texto con honestidad se tiene que llegar precisamente a las conclusiones que hemos introducido en el debate público que tiene lugar en toda Europa. Señor Verheugen, le expreso mi agradecimiento por ello y reconozco que quería decir que no se deben establecer nuevas condiciones. De este modo, queda de una vez claro por todas lo que también ha dicho el Presidente de la Comisión en el sentido de que usted ya no está a favor de que un referéndum en el país del que usted viene deba ser la base para una ampliación de la Unión Europea. Pues hay muchas personas que se preguntan si detrás de esta observación del Comisario Verheugen se esconde alguna estrategia. Otras personalidades –no quiero introducirlo en el debate desde un punto de vista partidista-, por ejemplo, una importante personalidad de la República Federal de Alemania que está políticamente muy cercana a usted, ha planteado precisamente hoy esta exigencia de un referéndum. Pero estoy contento de que esto se haya aclarado hoy.

(Exclamación)

No se altere. Estoy contento de que coincidamos en que hablemos sobre esta cuestión, pues la ampliación de la Unión Europea es una cuestión que afecta al futuro del continente europeo en el siglo XXI. Es una cuestión de futuro que la Comisión y el Parlamento vayan por el mismo camino.

(Aplausos)

Ahora tenemos que presionar conjuntamente a los Gobiernos para que Niza sea un éxito. Deberíamos hacerlo conjuntamente y suponernos recíprocamente buena voluntad. Lo más importante es que nos ganemos a las personas de nuestros países para la ampliación de la Unión Europea y que anden también este camino, en lo que coincido con usted en esa parte de sus declaraciones. Los diputados del Parlamento Europeo estamos continuamente comprometidos con esta cuestión. Pues han sido las personas de la Europa central las que han hecho posible la transformación y el ocaso del comunismo. La unidad de Alemania no habría sido posible sin Solidarsnoc en Polonia.

(Aplausos)

Andemos ahora conjuntamente este camino de Europa, para lo que apelo tanto a la Comisión como a nosotros mismos. Este Parlamento está de acuerdo en que tenemos que andarlo conjuntamente. Señor Verheugen, le ruego que lo reconozca también así. Estamos al lado de la Comisión cuando se trata del desarrollo de Europa, de la unidad de nuestro continente y de la ampliación, pues los pueblos de la Europa central quieren ser parte de nuestra comunidad de valores, de la Unión Europea. Es nuestra obligación política y moral hacer todo para que esta ampliación se pueda hacer realidad lo antes posible. Esto radica en interés de la seguridad, de la paz y de la libertad de nuestro continente europeo.

(Vivos aplausos)

  Hänsch (PSE). – (DE) Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señor Verheugen, usted acaba de decir que en su entrevista estaba refiriéndose a la política interior alemana. Pero no se trata de un problema interno alemán. Y aunque acabe de hablar Pottering y ahora lo haga yo, no extraiga por ello la conclusión de que se trata de un debate interalemán.

Sus declaraciones, señor Verheugen, han despertado en el Grupo Socialista sorpresa, irritación e incluso enfado.

(Aplausos)

Y no se trata de conceder o quitar valor a los referéndums para la democracia y la participación de las ciudadanas y ciudadanos en las decisiones de la Unión Europea. Como portavoz de mi Grupo político no quiero decir tampoco nada sobre el debate interno alemán respecto a tales referéndums o cuestiones similares. Por supuesto, cada país miembro decide sobre la adhesión de nuevos Estados según las normas de su Constitución, es decir, también Alemania. Pero precisamente porque la Constitución alemana no prevé un referéndum de este tipo, se han entendido sus declaraciones como una llamada para introducir un referéndum y, en consecuencia, como un intento para aplazar la ampliación de la Unión Europea hacia el Este. Señor Comisario, sé que esta no era realmente su intención. Pero ha surgido esa impresión y ésta tiene que desaparecer.

(Aplausos)

El Grupo Socialista quiere que la Unión Europea cumpla la obligación contraida frente a la Europa Oriental. Queremos que las negociaciones se lleven a término con rapidez y esmero. Rechazamos que se establezcan nuevos obstáculos antes de una adhesión. Pero esto es también aplicable a determinadas declaraciones provenientes de su Grupo político, señor Pottering, por ejemplo en lo que se refiere a la actitud del PPE sobre la adhesión a la Unión Económica y Monetaria.

(Aplausos)

Mi Grupo político, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, saluda que el Presidente de la Comisión Prodi y el Comisario Verheugen hayan realizado hoy aquí las necesarias aclaraciones. Le expresamos nuestro agradecimiento por ello. Esta aclaración nos es suficiente.

Ahora, naturalmente podríamos decir: "Romano" locuta, causa finita.

(Risas)

Pero, señor Comisario Verheugen, las cosas no son tan sencillas pues el problema básico al que usted se ha referido es un problema básico ante el que nos encontramos todos: la Comisión, los diputados del Parlamento Europeo, los Gobiernos y los partidos en nuestros Estados miembros. El problema fundamental es cómo informamos a las personas en los Estados miembros sobre la adhesión de Estados de la Europa del Este, cómo las podemos convencer y ganar para dicha adhesión. Esto es lo más importante que tenemos que aportar. Sin embargo, en este aspecto adolecemos todos de un déficit. Esto sólo se puede lograr aclarando continuamente a las personas que la magnitud de la tarea depende de la magnitud de la oportunidad que se nos ofrece a todos en Europa. Esto es lo que tenemos que mostrar. Para ello, tanto usted, señor Presidente de la Comisión, señor Comisario y nosotros mismos tenemos que salir de los agujeros burocráticos de los detalles y de las objeciones. Elevemos lo que hacemos realmente a la altura histórica que se merece.

La generación de políticos de los años cincuenta –Adenauer, Monnet, Schuman y otros – tuvieron el valor y la sabiduría de convertir la confrontación secular entre Alemania y Francia en una Comunidad Europea e iniciar la unificación de los pueblos de la Europa occidental.

Nuestra generación de políticos, señoras y señores, la suya y la mía, tiene por primera vez desde hace mil años la oportunidad de unificar a todos los pueblos de Europa en una comunidad sobre la base de la voluntariedad, de la paz y de la democracia. No debemos dejar que esta oportunidad se malogre ni dejarla pasar de largo.

(Aplausos)

  Cox (ELDR). – (EN) Señora Presidenta, el día de hoy nos ofrece una importante oportunidad de enmendar y dar un importante paso adelante en este debate. Me produce una gran satisfacción ver aquí al Presidente de la Comisión y espero que el Sr. Prodi, en su calidad de Presidente de la Comisión, reafirme su liderazgo presidencial regularmente de esta manera respecto a temas estratégicos como la ampliación. Por ello acojo con especial satisfacción su declaración de hoy.

Acepto la explicación del Comisario Verheugen de que hablaba en un contexto alemán y a título personal. No obstante, como Comisario responsable de la ampliación, ahora no puede permitirse el lujo de hablar a título personal. El problema fundamental cuando emitimos mensajes ambivalentes o quizá mal formulados o que puedan ser mal interpretados es que corremos el riesgo de transmitir el mensaje equivocado. Por la acogida que ha tenido su entrevista y por los comentarios que ha despertado, no hay duda de que eso es lo que ha sucedido en este caso.

Sobre la cuestión del referéndum, acepto su explicación. No obstante, la tesis implícita es correcta. Debemos contar con el público y si ése era su argumento, es un argumento válido.

En lo relativo a que los Estados miembros dejan el trabajo sucio a la Comisión, espero que no se refiera a la labor de la ampliación. Estoy seguro de que no era ese el significado que quería darle.

(Aplausos)

Señor Comisario, si lo que quería decir es que a algunos estadistas de nuestros gobiernos les gusta ir de gira por Europa Central y anunciar que la ampliación está en marcha, pero luego dejan los detalles a la Comisión, debería decirlo abiertamente y nosotros le respaldaremos cuando se enfrente al Consejo con este tema.

(Aplausos)

Quisiera pedirle sinceramente al Comisario que retire sus observaciones respecto a que el Parlamento Europeo únicamente alcanza la unanimidad en un contexto, a saber, su oposición a la Comisión. Eso no puede sostenerse. Las relaciones del Comisario con nuestro Parlamento y sus comisiones han sido siempre constructivas y positivas y así deberían seguir siendo. No podemos tolerar una difamación semejante sobre nuestras relaciones interinstitucionales.

(Aplausos)

  Hautala (Verts/ALE). – (FI) Señora Presidenta, doy las gracias al Presidente de la Comisión y al Comisario Verheugen por haber accedido a mantener este debate con nosotros. Ésta es para nosotros una excelente oportunidad para entablar un debate serio y sincero sobre la ampliación, y también podemos hacer juntos una reflexión en cuanto al modo de integrar a los ciudadanos en este debate. Nada más importante que esto.

Puedo comprender que en la Comisión puedan estar algo molestos por la actitud que el Consejo adopta en ocasiones en el tema de la ampliación. El Consejo no ha sido capaz de presentar planes concretos para la ampliación, y en este aspecto está obligado a cerrar filas entre sus miembros. Tampoco es nada útil el hecho de que los dirigentes de los Estados miembros viajen a los países candidatos haciéndoles promesas inconsistentes sobre que muy pronto podrán ser acogidos como miembros. Esto no es una forma seria de trabajar por la ampliación. Es evidente que podemos recuperar la confianza de los ciudadanos, pero ello requiere, ante todo, que haya más transparencia en todo el proceso de negociaciones. El Parlamento también debe participar en esos debates, y ahora tenemos una buena ocasión de demostrar que nosotros discutimos este asunto con regularidad también en el Parlamento Europeo.

¿Y qué hay con respecto a la idea de que se organicen referenda sobre los resultados de las negociaciones de la ampliación? Quizás no sea el momento adecuado de pensar en esto, puesto que sería realmente necesario contarle a la gente que han transcurrido ya ocho años desde que los actuales países aspirantes fueron invitados a adherirse a la Unión Europea. Ya han transcurrido nada menos que ocho años, pero es de esperar que nos atrevamos a explicarles a los ciudadanos que este proceso está ya muy avanzado y que es irreversible. El reférendum es un buen medio para hacer participar a los ciudadanos en la toma de decisiones. Quiero darle las gracias al Comisario Verheugen por haberse atrevido a pronunciar esta palabra. Creo que incluso Alemania debería considerar la posibilidad de enterrar su miedo histórico en cuanto a que los referéndums suelen ser peligrosos.

Consideremos los trabajos en torno a la Carta de los Derechos Fundamentales. En este momento se está elaborando la Carta de los Derechos Fundamenteles, pero ¿se ha incluido en la misma tan sólo algún derecho real sobre la participación de los ciudadanos? ¿Por qué no hemos empezado a debatir el tema de los referenda de alcance europeo o incluso del derecho de iniciativa de los ciudadanos, el cual es automático, por ejemplo, para los ciudadanos de Suiza? Puedo comprender que los suizos no deseen adherirse a la Unión antes de que les sean garantizados estos derechos fundamentales como futuros ciudadanos de la Unión Europea. Ésta es la tarea que podemos emprender conjuntamente para lograr de forma real una Europa de los ciudadanos. También es el mejor modo de disipar vanos temores, ya que los ciudadanos deberán ponerse al día, deberán discutir, deberán, en fin, informarse. Así pues, los derechos directos de los ciudadanos son imprescindibles en términos generales, pero en este caso concreto es muy posible que no exista aún la posiibilidad de votar sobre la ampliación.

  Brie (GUE/NGL). – (DE) Señora Presidenta, en mi Grupo político existen diferentes opiniones sobre la proyectada ampliación. Yo mismo la considero como una necesidad histórica y una oportunidad que no se debe poner en peligro por acciones no calculadas, procedimientos no democráticos, cortedad de miras burocráticas o nacionales o por una ausencia de consideración social de la política.

Señor Comisario, no tengo ninguna duda en su compromiso personal a favor de la ampliación. Pero si hoy nos dice que todos hemos leído mal la entrevista pero luego descubro que en la edición de mañana del “Die Zeit” usted mismo dice que se ha tratado de su despiste anual, entonces me planteo naturalmente la pregunta de en dónde nos encontramos.

(Aplausos)

Le ruego que nos lo explique de nuevo. En julio, usted realizó en la comisión competente unas insinuaciones muy oscuras sobre las dificultades existentes. Cuando se le preguntó al respecto, usted no estuvo dispuesto a concretizarlo. Tiene toda la razón en que hay que introducir a la población en los procesos decisorios. Pero esto también significa que los diputados elegidos democráticamente deben tener tales posibilidades. Creo que hay que acabar con las excrecencias de la diplomacia secreta del Consejo y la Comisión frente al Parlamento.

Existe un segundo problema: apoyo decididamente su opinión de que las decisiones existenciales no pueden ser impuestas a las ciudadanas y ciudadanos por los Gobiernos como ha ocurrido –en lo que coincido con usted- en el caso del euro. Pero un referéndum alemán no puede decidir jamás sobre el pro y contra de la ampliación. Refleja una ausencia de instinto considerable y es para mí inaceptable. Por lo demás, siempre tendrá nuestro apoyo consecuente si se toma en serio esta participación democrática si bien recuerdo que usted rechazó por principio en Alemania un referéndum sobre el Tratado de Maastricht.

En tercer lugar –y esto es lo más importante: para ganar a la población para la ampliación y la adhesión se deben tomar muy en serio sus preocupaciones y esperanzas. Creo que esto no se debe realizar en primera línea con una campaña de prensa de 150 millones de euros sino mediante una orientación democrática, social y de política de empleo de esta ampliación. De ello se nota hasta ahora muy poco, ni en el debate sobre una Carta de Derechos Fundamentales ni en la reforma de la Unión ni tampoco en las negociaciones de adhesión.

Señor Comisario, nuestra exigencia central es la siguiente: contribuya con su gran y reconocida competencia para que la ampliación hacia el Este sea un proyecto de seguridad común, un proyecto de solidaridad social, un proyecto que pueda ser decidido y configurado conjuntamente por las ciudadanas y ciudadanos. Entonces nos tendrá a todos de su lado.

  Muscardini (UEN). – (IT) Señora Presidenta, el Presidente Prodi ha declarado: "La opinión pública no está suficientemente convencida", y algunos diputados han repetido esta frase. Quizás sea éste el verdadero problema: la opinión pública no está suficientemente convencida porque Europa se ocupa demasiado de temas específicos que afectan a los Estados nacionales y no se ocupa demasiado de los grandes problemas: el desempleo, la inmigración, los derechos humanos, la renegociación de las reglas financieras mundiales, la euforia financiera, las relaciones con Estados Unidos, la capacidad de Europa de contar con una economía fuerte y con un peso específico propios.

Los ciudadanos europeos tienen miedo, debemos darnos cuenta de ello. Por consiguiente, si se quiere que la ampliación sea el bien final de los ciudadanos miembros actuales y de los que llegarán a serlo, debemos comenzar a implicar a los ciudadanos en los procesos políticos e institucionales y, en consecuencia, Presidente Prodi, no sin condiciones, como usted ha dicho en su declaración, ya que sí existe una condición y es que la ampliación se convierta en un verdadero beneficio para los ciudadanos que, hoy por hoy, son miembros de la Unión y para aquellos que esperamos que se conviertan en miembros de nuestra Unión Europea cuando antes.

  Dell'Alba (TDI). – (IT) Señora Presidenta, señor Comisario, ciertamente no serán los radicales italianos los que efectuarán una crítica sobre la enunciada propuesta de organizar un referendo para un tema muy importante. Cierto que también esto ha sido un paso en falso que ha puesto en dificultades a la Comisión y a todos nosotros como Unión Europea: en dificultades frente a las legítimas aspiraciones de los pueblos de Europa del Este que, tras cincuenta años de dictadura comunista, con nuestra complicidad, ya tienen derecho, creo, a formar parte de la Unión Europea.

En consecuencia, me dirijo a sus Señorías y les pido un examen de conciencia; se lo pido a la Comisión y también al Parlamento: ¿Cómo nos estamos preparando para asistir a las Cumbres de Biarritz y de Niza que tienen unos puntos tan importantes en el orden del día y respecto a los cuales no se está haciendo nada? Nada en lo que respecta a las reformas institucionales, ni tampoco en lo referente a ese compromiso que asumimos haces años de que la ampliación a los países de Europa del Sur fuera un éxito: pienso en los paquetes Delors I y Delors II. Y además queremos llevar a cabo la ampliación sin gastar una lira más que la que figura en el presupuesto, ya de por sí insuficiente para los Quince. Estos son problemas graves y su entrevista, señor Comisario, ha sembrado el desconcierto. Espero que con estas declaraciones se reemprenda el camino, aunque los verdaderos problemas continúan estando sobre la mesa: ¿Cuáles son las reformas, los medios financieros para lograr realmente la ampliación a la Europa del Este?

  Van Orden (PPE-DE). – (EN) Señora Presidenta, había entendido que el Sr. Verheugen ofrecería una explicación exhaustiva de la entrevista que concedió a Süddeutsche Zeitung. Una de las cuestiones importantes que planteó fue que creía, en su opinión, que debería haberse realizado un referéndum en Alemania sobre la introducción del euro. Pues bien, aún no es demasiado tarde. ¿Sigue pensando que debería consultarse a la opinión pública alemana sobre el euro y cuál cree él que sería el resultado?

  Verheugen, Comisión. – (DE) Señora Presidenta, primero quiero responder a algunas preguntas que se han dirigido concretamente a mí. En primer lugar expreso mi agradecimiento a los Sres. Pottering y Cox por sus honestas intervenciones. Tomo muy gustosamente nota del análisis que ustedes realizan sobre los papeles entre el Parlamento y la Comisión que es diferente al que he realizado allí de modo muy breve. Tengo que reconocer que esto es totalmente cierto para mi propio campo de experiencia. Se me ha rogado que retire esta apreciación y lo hago gustosamente....

(Aplausos)

… pues este debate ha mostrado que me encontraba por lo visto en un error y no me es difícil reconocerlo.

Me dirijo de nuevo al Sr. Cox: le ha chocado una determinada palabra alemana que he utilizado y que se traduce al inglés con dirty work. Sólo quiero aclarar que en la parte de Alemania de la que yo vengo esta palabra no significa otra cosa en inglés que painful and hard work. No se escondía otra intención…..

(Exclamaciones procedentes del Pleno)

… y la interpretación que usted ha deducido se aproxima en cualquier caso mucho a lo que yo pienso.

No necesitamos mantener debates de nuevo sobre el proceso decisorio sobre la introducción del euro en Alemania. En su día yo fui el presidente de la comisión especial del Bundestag alemán que preparó la ratificación del euro en Alemania. Este proceso se concluyó ya a finales de 1993. No hay nada más que decidir, el tema está ya concluido. En aquella ocasión se debatió sobre la insuficiente participación de la población. Cualquier colega alemán me lo confirmará y en la entrevista lo recordé de nuevo.

Por lo demás, resumiendo quiero constatar que creo que este debate ha mostrado en primer lugar que existe un elevado grado de coincidencia entre la Comisión y el Parlamento en la cuestión de lo necesaria, importante e irreversible que es la ampliación. En segundo lugar, también existe una gran coincidencia en que queremos trabajar conjuntamente para que las ciudadanas y ciudadanos de Europa participen en este proyecto histórico.

(Aplausos)

  La Presidenta. - Gracias, señor Comisario Verheugen. Si no hay otras intervenciones, este debate queda cerrado, reanudamos el debate sobre la clonación humana. Expreso mi agradecimiento al Comisario Verheugen y saludo a su regreso al Comisario Busquin.

PRESIDENCIA DEL SR. PROVAN
Vicepresidente

10. Clonación humana (continuación)

  Fiori (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, creo que a toda persona animada por la fe en el ser humano, desde el primer momento de su existencia, hay que garantizarle el respeto sin condiciones y moralmente debido al ser humano en su totalidad.

Por lo tanto, es preciso decir con fuerza y claridad un enérgico no a las experimentaciones que implican la destrucción de embriones humanos: el embrión es ya un sujeto humano, con una identidad muy determinada, y cualquier intervención que no sea en favor del mismo embrión se convierte en un acto que va en contra del derecho a la vida. Es necesario que este Parlamento reafirme lo que ha dicho en muchas ocasiones a lo largo de estos años y también en el pasado mes de mayo. Es inmoral utilizar embriones humanos con fines de investigación, precisamente con esos fines a los que el Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, ha asegurado la asignación de una financiación pública y que han sido autorizados por el Gobierno británico de Tony Blair.

Lamentablemente, parece que los intereses comerciales fomentan investigaciones que, a través de atajos, van más allá de toda consideración acerca de la protección de la vida humana que consideramos como tal desde la concepción. El cuerpo humano no pertenece al dominio del tener, sino al del ser, del ser persona viviente y, en consecuencia, no se puede reducir a una máquina hecha de piezas y de engranajes, de tejidos y de funciones.

Lo que se quiere realizar es casi una imagen de saqueo de la vida, es lo contrario de la ética del amor al ser humano, a su cuerpo, también en ese primer estadio del ser vivo, de estar en el mundo, en el mundo humano, con ese cuerpo que es. Tanto es así que aquellos que toman el embrión humano y lo vacían, extrayéndole la masa celular interna y la vida, se las ingenian para decir que dentro no hay nadie, ya que si hubiera alguien sería digno de amor o, en un mundo sin amor, tendría derecho al menos al respeto a su dignidad humana, de lo contrario, el mundo sería violencia, brutalidad y cinismo.

Señorías, oponerse a las investigaciones destructivas sobre los embriones no solo supone seguir un principio religioso, sino también un principio de civilización: la prohibición absoluta de erigirse en dueño de otro ser humano que debería enraizarse fuertemente en nuestra civilización. No se puede admitir que el ser humano tenga un poder tan amplio sobre otro ser humano.

Sin embargo, no por esto estamos en contra de la investigación, todo lo contrario. Son posibles investigaciones alternativas: por ejemplo, las investigaciones sobre células estaminales presentes en los adultos y sobre las que se extraen del cordón umbilical, inmediatamente después del nacimiento. Además, las investigaciones sobre las células adultas existen y son prometedoras. Muchos investigadores están trabajando en la alternativa a la clonación y están a punto de crear importantes grupos de investigación nacional orientada a este ámbito específico.

Por último, se propone la creación de una comisión temporal que debata estos temas. Queremos la profundización de los nuevos problemas planteados por las ciencias de la vida, a condición de que quede claro que las posiciones adoptadas por el Parlamento no pueden ser puestas en tela de juicio nuevamente. La Comisión deberá partir de ellas para ayudarnos a dar indicaciones fundadas.

  Goebbels (PSE). - (FR) Señor Presidente, el proyecto de Carta de Derechos Fundamentales dice en su artículo 1 -y cito-: "La dignidad de la persona debe ser respetada y protegida". En su artículo 3, dice que en el caso de la medicina y la biología se deben respetar los siguientes principios -y vuelvo a citar-: "prohibición de procedimientos eugénicos, en particular los encaminados a la selección de las personas; prohibición de hacer del cuerpo humano o de sus partes una fuente de beneficios; prohibición de la clonación reproductiva de los seres humanos".

Semejantes declaraciones solemnes no son necesariamente suficientes. Los avances de la ciencia son asombrosos. La investigación científica progresa a veces a una velocidad difícil de aprehender para el común de los mortales e incluso para el poder político. Ese ritmo de progresión de la tecnociencia, por tanto, de la unión de la ciencia y la tecnología, suscita interrogaciones éticas, cargadas de consecuencias. Eso es aplicable sobre todo al nuevo control de los mecanismos de la vida. A ese respecto, la propuesta del Gobierno británico de presentar al Parlamento de Westminster una legislación encaminada a autorizar ciertas investigaciones científicas sobre la clonación terapéutica, incluso sobre el embrión humano, ha suscitado toda clase de reacciones y comentarios positivos y negativos.

Ciertos Grupos políticos de este Parlamento proponen la votación de una resolución "urgente". Los socialistas opinan que semejantes cuestiones son de una importancia demasiado decisiva para el futuro de la medicina, la biología y la sociedad humana y que esa importancia merece por parte de nuestro Parlamento un trabajo más profundo que una resolución concluida aprisa y corriendo. No estamos aquí en "OK Coral". No se trata de ser los primeros en desenvainar.

Lo debates de esta mañana sobre el Observatorio de las mutaciones industriales han mostrado que este Parlamento es capaz de votar sobre todo y su contrario en cuestión de minutos. Los socialistas lamentan esa clase de votación, que se parece más a la ruleta rusa que a una labor parlamentaria seria. Queremos un debate sereno sobre un problema decisivo, sobre las posibilidades brindadas por el genio genético y sobre las fronteras que no se deben franquear en esa esfera.

Ese conjunto de cuestiones incumbe a varias comisiones permanentes de nuestro Parlamento. Se trata, en realidad, de un problema de carácter manifiestamente horizontal, que merece ser tratado por una comisión temporal especial, encargada de convocar a expertos y organizar "hearings" contradictorios a fin de preparar serenamente un debate objetivo, no sesgado de antemano por prejuicios enquistados.

Termino, señor Presidente, pidiéndole, pidiendo a todos, que hagamos un trabajo serio. Estamos dispuestos a retirar nuestra resolución, si los demás Grupos lo hacen también e intentar hacer algo valioso juntos.

  Wallis (ELDR). – (EN) Acojo con satisfacción la declaración del Comisario y, en particular, su carácter comedido y considerado.

La resolución que ha presentado el ELDR comparte esa misma opinión. No queremos una reacción precipitada y poco meditada respecto a los acontecimientos que han tenido lugar en mi país y el anuncio que ha hecho el Gobierno británico. Son asuntos muy serios y reflejan la enorme preocupación de los ciudadanos, por lo que debemos analizar el anuncio del Reino Unido en todo su contexto y reconocer el principio de subsidiaridad al que ha hecho referencia el Sr. Comisario.

Es sólo una propuesta, no una decisión, y es la continuación de un informe muy cuidadoso y ponderado del jefe del grupo de expertos médicos sobre la clonación. El tema ha estado en estudio durante dos años – demasiado tiempo, afirman algunos comentaristas, si lo comparamos con las vidas de personas que padecen cáncer, la enfermedad de Parkinson o la insuficiencia de órganos a los que se les podría ayudar con esta investigación. El grupo de expertos se ha limitado a proponer una ampliación de las actuales normas en vigor en el Reino Unido respecto a la utilización de embriones con fines científicos.

Subrayo que es una ampliación de las normas y los controles en vigor en este ámbito tan, tan delicado. Debemos respetar la existencia de una auténtica y profunda preocupación de la sociedad por ambas partes respecto a este argumento y eso es precisamente lo que nos proponemos con nuestra resolución. El Gobierno británico ha reconocido este extremo en su propuesta porque lo someterá a un referéndum, posiblemente, este mismo año. A pesar de que no pertenece a mi partido, creo que el Gobierno británico ha sido comedido y considerado en su respuesta. Pido a este Parlamento que sea comedido y considerado a la hora de tratar sobre este importante asunto.

  Lannoye (Verts/ALE). - (FR) Señor Presidente, de nuevo afrontamos un debate ético fundamental ante la evolución de la biotecnología aplicada a lo humano. Dos concepciones se oponen, una que rechaza una instrumentalización del ser humano y, más en particular, del embrión y se inquieta ante las posibles desviaciones para la sociedad de la trivialización de ciertas técnicas como la clonación. La otra, que considera que el derecho de las personas afectadas por enfermedades graves y hasta ahora incurables a poder beneficiarse de las posibilidades de la investigación médica se impone a cualquier otra consideración, sea cual fuere.

El Gobierno británico, a falta de concertación internacional previa -e insisto a ese respecto- ha optado, al parecer, por la segunda actitud, al pronunciarse por la clonación terapéutica. La hipótesis en que se basa esa decisión es la de que la clonación terapéutica, es decir, la clonación de células embrionarias indiferenciadas a partir de embriones humanos disponibles para la investigación y para la producción es una vía prometedora. Aunque sea una hipótesis fundada, no por ello deja esa opción de dar al embrión humano el estatuto de stock de células para uso médico y entraña la producción de embriones para fines de investigación, primero, y seguramente para fines de producción, después.

En mi opinión, es importante hacer dos observaciones en esta fase. En primer lugar, he de recordar el Convenio del Consejo de Europa sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina, aprobado en Oviedo en abril de 1997. Seguramente peca de imprecisión respecto de algunos aspectos, pero es muy claro en su artículo 18, que dice: "La constitución de embriones humanos para fines de investigación está prohibida". Había un consenso en Europa sobre ese aspecto hasta fecha reciente. La toma de posición del Gobierno del Reino Unido acaba de romper dicho consenso.

Segunda observación: según numerosos especialistas -y el Sr. Busquin, Comisario de Investigación, lo ha mencionado antes- son posibles otras vías para responder a la esperanza legítima de quienes sufren enfermedades graves de origen genético. En particular, vías que no requieren la producción de embriones por clonación, sino que utilizan células adultas. ?Por qué entonces, ante esa hipótesis, practicar una huida hacia adelante ética y socialmente discutible?

En conclusión, creo, Señorías, que los conocimientos adquiridos en terapia genética pueden ser prometedores para la Humanidad, pero que también entrañan riesgos y desviaciones extremos. Así, pues, necesitamos una reglamentación legal rigurosa y balizas jurídicas claras. A ese respecto, resulta esencial mantener -hablo aquí de mantener- una prohibición de la clonación humana y no establecerla. Incumbe a nuestro Parlamento reafirmarlo, pero no con precipitación, sino simplemente manteniendo la coherencia respecto de las posiciones anteriores.

  Thomas-Mauro (UEN). - (FR) Señor Presidente, hace doscientos años el doctor Cabanis, filósofo de la Ilustración, propuso que se corrigiera con audacia la obra de la naturaleza, pues, después de habernos ocupado tan curiosamente de los medios de volver hermosas y mejores las razas de los animales, resulta extraordinariamente vergonzoso no ocuparse de la raza humana, como si fuera más esencial tener bueyes grandes y fuertes que hombres vigorosos y sanos, melocotones muy perfumados que ciudadanos cuerdos y buenos.

Hoy el sueño del Sr. Cabanis está a punto de hacerse realidad. Ahora bien, ese sueño tiene un nombre: eugenismo. Ese sueño es una pesadilla. Esa pesadilla adopta varias faces, a cuál más monstruosa, ya se trate, por ejemplo, de los diagnósticos prenatales, que sirven para eliminar los embriones afectados por la trisomia 21 para no tener que molestarse en erradicar la enfermedad misma, o de la multiplicación de embriones supernumerarios que se amontonan en los congeladores, o, por último, de la clonación de los seres humanos.

Ahora bien, esos embriones son seres humanos, cuya vida es sagrada. Son hombres. Tenemos el deber de respetar su dignidad. ?De qué sirven nuestras grandilocuentes declaraciones sobre los derechos humanos, si acabamos pisoteando la dignidad humana, y en el secreto de nuestros laboratorios? La clonación de los seres humanos constituiría -no cabe la menor duda- el nacimiento de una nueva forma de esclavitud, en la que las probetas ocuparían el lugar de las cadenas y los laboratorios el de los barcos negreros.

Naturalmente, las almas puras nos reprocharán que deneguemos a la investigación científica los medios para avanzar y -peor aún- para curar las enfermedades. No acepto esa forma de terrorismo intelectual. Por lo demás, casi me inclino a pensar que para todas esas personas la investigación no es sino un pretexto para experimentos de aprendices de brujos. Como esposa de médico, tengo mucho interés por el desarrollo de la investigación.

A ese respecto, seguramente sería más pertinente pedir a los científicos que intensifiquen sus investigaciones sobre la posibilidad de obtener células originarias diferenciables para fines terapéuticos, en particular a partir de órganos adultos. Frente a quienes sólo piensan en apoderarse del misterio de la vida, tenemos derecho a defender la dignidad de todo ser humano prohibiendo sin ambigüedad la clonación de los seres humanos.

  Bonino (TDI). – (IT) Señor Presidente, Señorías, pienso que en su intervención el Sr. Fiori ha aclarado las cosas: ha afirmado claramente que aquí se trata de identificar los principios religiosos – los suyos - con los principios de civilización.

En lo que a mí respecta, considero en cambio que lo que las instituciones deben afirmar es el principio de la laicidad, es decir, reiterar que lo que a algunos les puede parecer moralmente inaceptable, no por esto se debe considerar jurídicamente impracticable. Por lo tanto, se trata de reafirmar la diferencia entre la norma jurídica y los principios religiosos. Si faltamos a este principio, pienso que la deriva no tendrá fin.

Señor Presidente, Señorías, volviendo al asunto que nos ocupa, nos damos cuenta de que lo nuevo – incluso lo nuevo esperanzador, en términos de tratamiento de las enfermedades de millones y millones de personas – provoca la reacción normal, tradicional y de siempre de la prohibición, de la cruzada, del grito "que vienen los bárbaros!", sin preguntarse siquiera si luego esta prohibición funciona o funcionaría, o si somos capaces de hacerla respetar o de monitorizarla.

Es la misma actitud que se tiene respecto a los fenómenos sociales normales desde hace mucho tiempo, que se trate, por ejemplo, del aborto, de la inmigración o incluso de las drogas. Se prohibe y después se acaba por lavarse las manos.

Creo en cambio que la responsabilidad de la política – quizás más difícil, más compleja – es gobernar determinados fenómenos, poner unos límites, evitar el Lejano Oeste. Esto es lo que las instituciones están llamadas a hacer, independientemente de la conciencia religiosa de cada uno de nosotros, para quien la tiene. Por esto, nosotros, radicales de la Lista Bonino, consideramos que podemos apoyar, con alguna dificultad, el compromiso del Grupo Liberal. Queremos tratar de reducir el divorcio entre ciencia y política, entre cultura y política, queremos tratar de gobernar laicamente lo nuevo con el pragmatismo de la experimentación, de las aproximaciones posteriores, sin lanzarnos, inmediatamente y como siempre, en campañas prohibicionistas que ya sabemos que son ineficaces.

Lo que se está haciendo ahora es simplemente relanzar, exactamente como en el caso del aborto ilegal, el turismo médico de millones de personas que irán a curarse ilegalmente en otra parte. Mi afirmación es extraordinariamente grave y me preocupa mucho, pero tengan cuidado: el camino del prohibicionismo, desde el punto de vista científico y de los fenómenos sociales, no ha funcionado nunca.

En mi opinión, tenemos la responsabilidad de plantear o de tratar de asumir el riesgo de plantear los límites de aproximaciones posteriores, sin intentar imponer nuestros principios éticos – para quien los tiene – en cuanto principios de civilización. La verdadera civilización de las instituciones es la de la laicidad, de la experimentación y del contraste de pareceres.

  Wurts (GUE/NGL). - (FR) Señor Presidente, deseo disculparme por mi ausencia de antes: había avisado a los servicios de la sesión de ese impedimento momentáneo.

Señor Presidente, mi Grupo desaprueba la decisión adoptada por el Gobierno británico sobre la clonación de células humanas, que no tiene en cuenta, a nuestro juicio, ni la legislación europea al respecto ni el dictamen que el Comité de Ética de la Unión Europea está elaborando respecto de las consecuencias de la investigación sobre la clonación. Nos pronunciamos a favor de la prohibición de cualquier investigación sobre la clonación humana y nos alzamos contra cualquier explotación comercial de las invenciones biotecnológicas que afectan a la clonación.

Admitidas esas posiciones de principio general, acaba de iniciarse simplemente el debate sobre la actitud que se debe adoptar respecto de la investigación biotecnológica para calibrar las consecuencias éticas de éstas, pero sin por ello arriesgarse a frenar los trabajos que pueden mejorar la salud humana.

En virtud de la extrema delicadeza de esas cuestiones de civilización, mi Grupo no deseaba resoluciones negociadas con precipitación. En cambio, nos hemos pronunciado de entrada a favor de la constitución de una comisión temporal sobre la clonación y la investigación biotecnológica a fin de proceder a las audiciones necesarias para adoptar, llegado el momento, una decisión con pleno conocimiento de causa.

Ésa es la razón por la que mi Grupo no ha firmado ninguna de las resoluciones de transacción que se nos presentan hoy. En esa fase, cada uno de nosotros se pronunciará en conciencia a partir de los principios que acabo de recordar.

  Blokland (EDD). - (NL) Señor Presidente, en enero de 1998 mantuvimos un debato acerca del Protocolo del Consejo de Europa en el que se prohibe la clonación de personas. En ese momento expresé mi temor de que países como el Reino Unido o los Países Bajos, que se negaron entonces a suscribir el protocolo, quizás no desearán que se estableciera una prohibición tan categórica.

Este hecho se produjo tan solo hace dos años. En este momento, el gobierno británico pretende permitir la clonación terapéutica de embriones para la investigación. No puedo sino tener la impresión de que cada vez se da un paso más. En un principio estaba prohibido y ahora se puede clonar con criterios terapéuticos pero sin fines reproductivos. Como si esta circunstancia lo explicara y lo justificara. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la clonación terapéutica y la clonación reproductivo de embriones humanos? ¿Y que se debe hacer si en el futuro se producen presiones para que los hallazgos de la investigación se plasmen en aplicaciones farmacéuticas? ¿O para pasar a la clonación reproductiva?

Considero que cada nueva vida humana constituye un regalo de Dios. Todas las formas de vida humana merecen ser tratadas con respeto. Es la única manera de preservar la dignidad humana. El tratamiento de embriones humanos como objetos de consumo, con la supuesta justificación del argumento de la investigación, es algo que me repugna. Especialmente porque existen otros modos de obtener células madre. ¿Por qué se opta por esta vía a pesar de todas las reservas éticas existentes en todo el mundo?

Hago un llamamiento urgente al gobierno británico para que reconsidere su decisión con graves consecuencias y solicito al parlamento británico que no apoye esta propuesta.

  Paisley (NI). – (EN) Señor Presidente, el hombre orgulloso quiere hacer de Dios. Se niega a reconocer que no es más que una criatura. Quiere ser el creador. El tema que hoy nos ocupa es la lucha entre la creación y los descubrimientos del hombre. Actualmente hay científicos tan arrogantes que ya han comenzado a patentar sus descubrimientos, como si hubieran dado con su propia creación. El Dr. William Hesseltine, director general de Human Gene Sciences Inc., ya ha patentado 100 genes humanos y su empresa ha presentado solicitudes para patentar 8.000 más. Los científicos sostienen que con la clonación humana sólo se intenta fomentar la salud. Yo sostengo hoy que con la clonación humana se busca el enriquecimiento de algunos científicos y de sus empresas. Algunos científicos han sacado la locura del fascismo de Hitler del campo de batalla y están dispuestos a validarla en el laboratorio. El Parlamento debe rechazar esto y, como miembro del Parlamento británico, votaré en contra de la propuesta en mi Parlamento.

  Liese (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como Grupo del PPE estamos estremecidos por los planes del Gobierno británico para el clonado de embriones humanos. Hasta ahora, todos los responsables en la Unión Europea estaban de acuerdo en que en ningún caso se debe aceptar el clonado de seres humanos.

El Consejo, inclusive el Gobierno británico, aprobó unánimemente en el quinto programa marco de investigación una formulación que excluye el clonado, inclusive el llamado clonado terapéutico. En la directiva sobre la patente de invenciones biotecnológicas, el Parlamento y el Consejo aprobaron un texto que prevé una exclusión global del clonado del ser humano, ya que esta técnica atenta contra las buenas costumbres y el orden público.

Señor Comisario, en algunas publicaciones aparecidas en la prensa de los últimos días y también en su intervención ha habido algunos puntos poco claros relativos al quinto programa marco de investigación y sobre todo a la directiva de patentes. Se ha despertado la sensación de que sólo se excluye el clonado reproductivo. Esto es falso. He trabajado en ambos textos y ambas directivas excluyen tanto el clonado terapéutico como el reproductivo.

Señor Comisario, examine los documentos con gran atención y lo compruébelo pues, de lo contrario, tendrá problemas con el Parlamento Europeo. Y no creo que lo desee. Ahora, este acuerdo general entre los Estados de la Unión Europea y las instituciones es denunciado por el Gobierno de un Estado miembro.

Como Parlamento debemos resistirnos a la rotura de este tabú. También es importante que no sólo expresemos nuestra opinión sino que además la expresión de nuestra opinión tenga consecuencias. Por ello, como Grupo del PPE hemos solicitado que se incluya en la Carta de los Derechos Fundamentales una prohibición estricta del clonado de la persona humana en cualquier fase de desarrollo.

Finalmente, insto a la Comisión para que se aplique estrictamente la exigencia del quinto programa marco de investigación consistente en no apoyar cualquier forma de clonado de la persona humana. Esto significa también evitar las subvenciones transversales dentro de las instituciones de investigación en Gran Bretaña. La vía más segura de lograrlo es que la Unión Europea ya no promueva en absoluto a las instituciones que practican la clonación humana.

(Aplausos)

  Gebhardt (PSE). – (DE) Señor Presidente, se debería escuchar al Comisario. Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas. No existe ninguna duda de que la biotecnología y la tecnología genética desempeñan hoy un importante papel y que van a seguir ganando importancia en la investigación con todas sus aplicaciones. Nadie pone tampoco en duda esto. ¿Pero puede quedar al margen de toda duda también la actuación en este difícil campo tan lleno de esperanzas y miedos? Me temo que no.

La mejor prueba de este no la estamos proporcionando hoy con este debate. Reaccionamos con un rápido disparo parlamentario ante un proyecto de ley de un Estado miembro de la Unión Europea que hace unos pocos días ha generado alarma en la opinión pública. ¿Cómo es esta reacción? Una sola mirada a los presentes proyectos de resolución muestra que en las prisas el Parlamento Europeo no puede hacer mucho más que repetir su posición ya expuesta en varias ocasiones sobre los sectores críticos de la investigación y aplicación de la biotecnología. Esto está bien pero no es suficiente.

Tenemos que convertir la biotecnología, sobre todo la bioética, en un tema central del Parlamento Europeo. No estoy solo con esta exigencia. Mi Grupo político está detrás de mí. Las ciudadanas y ciudadanos exigen de nosotros en este campo un compromiso más previsor. No debemos seguir yendo a la zaga de los acontecimientos. No debemos seguir comentando con la lengua fuera por el cansancio desarrollos ya muy avanzados. El Parlamento Europeo tiene que marcar pautas para que la biotecnología se convierta en una bendición de la humanidad y no se dirija contra ella desbordando límites éticos.

Por ello, deberíamos acordar con gran mayoría la comisión propuesta que proporcione la base para una legislación previsora. Debemos ser conscientes de que a la biotecnología va unida probablemente la mayor revolución en la medicina y en la técnica. Y esta revolución no debe ir acompañada por una legislación descuidada. Tenemos que proporcionar al Consejo los mejores expertos y lograr una legislación coherente en los Estados de la Unión Europea. En especial, son tan importantes las cuestiones de la ética y de la protección de la dignidad humana que no podemos dejarlas al albedrío de una legislación nacional fragmentaria y posiblemente incluso contradictoria.

Tenemos que ocuparnos urgentemente de todas las cuestiones éticas en la medicina, en la técnica y en las ciencias. Por ello, la necesaria comisión del Parlamento Europeo debe iniciar lo más rápidamente posible su trabajo. Nuestra votación será el pistoletazo de salida para ello.

  Plooij-Van Gorsel (ELDR). - (NL) Presidente, colegas, la biotecnología es en este momento una de las tecnologías más prometedoras con la capacidad de revolucionar la medicina. La limitación de las técnicas de clonación en Europa tan sólo supondrá que la investigación proseguirá en otros lugares, como los Estados Unidos o, en el peor de los casos, en países con normas éticas menos estrictas que las aplicadas en la Unión Europea. Los expertos, las actividades de investigación y los puestos de trabajo se desplazarán al extranjero. Además, los productos resultantes acabarán por comercializarse en la Unión Europea.

En realidad, colegas, ¿cuál es la clave? ¿Quiénes somos nosotros para negar a las personas el derecho a la curación? ¿No resulta excesivamente sencillo prohibir una prometedora tecnología potencial basándose en criterios éticos? ¿No tienen todas las personas derecho a la salud y al bienestar? ¿Quién se atreve a establecer consideraciones éticas? Les puede decir que, al igual que el grupo liberal, apoyo totalmente esta resolución.

  Breyer (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, nos encontramos ante la terrible situación de que en un Estado miembro de la UE se permite la clonación terapéutica, lo que siempre hemos criticado. Las ciudadanas y ciudadanos en la Unión Europea esperan la posición del Parlamento Europeo. Si se esconde esto dándoles solamente un tranquilizante, creando un club de debates interminables o una comisión no permanente, me parece irresponsable. Respecto a esta decisión que se deberá adoptar en los próximos meses –incluso en las próximas semanas- tenemos que adoptar hoy y ahora una posición y más adelante también sobre los temas que se van a plantear en el futuro. Pero no debemos intentar escondernos detrás de comisiones sin emitir nosotros una opinión para intentar tranquilizar a la población.

Creo que es muy importante lo que está pasando ahora. Quien acepte el clonado terapéutico abre la caja de Pandora y la pesadilla del hombre clonado, del hombre a medida se aproxima. La diferenciación arbitraria entre clonado reproductivo y no reproductivo en un truco semántico. Igualmente problemática es la denominación de clonado terapéutico pues no se puede hablar de una terapia. La clonación, incluso la terapéutica, abre las puertas para que se vea a la persona sólo como material biológico.

Es irresponsable, premeditado –repito lo de premeditado- generar vida para emplearla como material de investigación. Esto está en contradicción con los derechos humanos. Es también un atentado a la dignidad humana producir embriones como almacén de piezas de repuesto. Por ello, el Parlamento debe hacer uso de sus posibilidades de actuación.

Señor Comisario de Investigación, espero de usted hoy una declaración unívoca sobre cómo piensa proceder cuando un Estado miembro desprecia las resoluciones del Parlamento y del Consejo. Necesitamos una señal clara y creo que sería una prueba de pobreza política si por fidelidad a Blair echásemos por la borda todo tipo de objeciones éticas.

  Grossetête (PPE-DE). - (FR) Señor Presidente, señor Comisario, no cabe duda de que se debe prohibir claramente la clonación humana encaminada exclusivamente a reproducir una persona similar a otra con el único fin de mejorarla. Ésa ha sido siempre la posición de nuestro Parlamento y creo que está bien reafirmarlo. Pero de lo que hoy se trata es de la utilización de la técnica de la clonación para fines terapéuticos y tiene numerosas consecuencias.

Son consecuencias de carácter médico. Hay que hacer la distinción entre la clonación terapéutica y clonación reproductiva, que deben estar absolutamente diferenciadas. La terapia celular representa hoy una inmensa esperanza para numerosos pacientes que padecen enfermedades genéticas o degenerativas, como Alzheimer, Parkinson y cánceres.

Las consecuencias son éticas y filosóficas. ?Cuál es el estatuto del embrión? Para responder a esa pregunta, podemos volver a los numerosos debates que hemos celebrado sobre el aborto o sobre la fecundación in vitro. ?Cuál es el estatuto de los embriones supernumerarios, resultantes de las fecundaciones in vitro y condenados a la destrucción? ?No podrían devolver la vida?

Las consecuencias son económicas y sociales. Se trata de un debate de sociedad. ?Cuáles son los puntos de vista americano y japonés sobre esas cuestiones? Europa debe adoptar una oposición desde una óptica mundial y tener en cuenta las posibilidades de investigación que representa la clonación terapéutica.

Debe haber un debate de fondo. Sus Señorías lo han reclamado y nosotros estamos de acuerdo. Tal vez convenga formular con prioridad lo que está prohibido hacer y reglamentar rigurosamente la práctica aceptable. Son indispensables las cautelas. De un país a otro y según las culturas, se las conciba de forma diferente.

Por eso, la acción de la Unión Europea en esa esfera debe guirase sólo por los grandes principios fundamentales. Esos principios existen. Son los del respeto de la persona, la vida y la libertad, pero también del progreso al servicio de todos.

(Aplausos)

  Muscardini (UEN). – (IT) Señor Presidente, la clonación y la patentabilidad son y deben seguir siendo ilícitas en todo lo que al ser humano se refiere. No existe ninguna diferencia entre clonación con fines terapéuticos y para la reproducción; el fin no puede justificar el medio cuando está en juego la dignidad humana que se debe respetar de manera prioritaria.

Por lo tanto, la utilización de embriones humanos para la fabricación de órganos no se puede justificar de ninguna manera. En efecto, utilizando estos últimos, se anula a un ser humano potencial, contradiciendo de forma evidente el valor asignado a la finalidad declarada de salvar a otros seres humanos. La cuestión sería ciertamente otra si la utilización afectara únicamente a las células estaminales y no a los embriones.

Tratar de modificar la naturaleza de las reglas fundamentales del origen de la vida se nos antoja una operación éticamente aberrante. Debemos detenernos y reflexionar sobre las posibles consecuencias de echar por tierra el sistema natural. El principio de precaución se debe invocar y aplicar también en el caso de clonación terapéutica. En efecto, no es casualidad que el Quinto programa marco de investigación y desarrollo tecnológico 1998-2002 excluya la financiación de proyectos que implican la clonación de embriones con fines de reproducción y no prevea la financiación de investigaciones sobre la clonación terapéutica.

Respetando la diferencia de opiniones en la materia, consideramos indispensable establecer normas éticas basadas en el respeto a la dignidad humana en el sector de la biotecnología.

Invitamos al Grupo europeo de ética de la ciencia y de las nuevas tecnologías a que tenga en cuenta los riesgos relacionados con la superación de ciertos límites, más allá de los cuales, todo puede parecer lícito si no se respeta la dignidad humana. Sería deseable que los europeos, como estima el Presidente Prodi, pudieran reunirse en torno a valores comunes.

A dicho fin, la Comisión debe promover un debate abierto para tratar de encontrar un equilibrio justo entre el rigor ético, basado en el rechazo de la explotación del cuerpo humano con fines comerciales, y la obligación de responder a las necesidades terapéuticas.

Pedimos al Consejo que tome la iniciativa de un convenio internacional sobre la utilización de la materia viva, al objeto de evitar que los embriones humanos se comercialicen y utilicen con fines contra natura. Señor Presidente, Señorías, es importante que no se cree una nueva especie humana, como parece que está ocurriendo por las catástrofes naturales y medioambientales. <

  Linkohr (PSE). – (DE) Señor Presidente, es una lástima que ninguno de los colegas británicos que apoyan la actitud del Gobierno haya pedido la palabra. Habría sido interesante escuchar también sus argumentos pues me puedo imaginar que ellos también se han pensado algo al respecto. En Gran Bretaña está permitida desde 1990 la investigación en los embriones hasta el día 14 de gestación. Creo que es una consecuencia lógica si a ese paso ahora sigue otro.

¿Porqué se comporta Gran Bretaña de un modo diferente al continente? Es una pregunta interesante. La diferencia existe por lo visto al margen de los Gobiernos. Antes había un Gobierno conservador y ahora uno laborista y no ha cambiado nada. ¿Porqué es la opinión pública en Gran Bretaña diferente a la del otro lado del canal? Esta es, por ejemplo, una cuestión que sería muy oportuno debatir en esta ronda pues tenemos el privilegio de tener representantes de toda la Unión Europea. Esta era mi primera observación.

La segunda observación es que me ha gustado mucho lo que ha dicho la Sra. Bonino. Coincido mucho con ella. También estaría a favor de que nos dejemos guiar por nuestros principios de laicismo. El Estado no es religioso. El Estado tiene que respetar la religión. Yo también respeto que alguien sea católico, evangélico, judío o lo que sea. Pero también exijo que se respete mi opinión. Pero esto sólo se puede hacer en el marco del laicismo. La pretensión de infalibilidad ha dañado a Europa ya muchísimo. Deberíamos intentar evitarlo. Nadie tiene un privilegio sobre la ética. También los que tiene otra opinión son éticos.

Por lo demás, siempre hemos visto cómo las prohibiciones son eludidas en la práctica. Todo el mundo puede poner ejemplos al respecto. Por ello, estoy plenamente convencido –independientemente de lo que decidamos- de que en una sociedad abierta al mundo, en la investigación que se practica desde diferentes perspectivas los conocimientos buscarán su propio camino. Al final, no podremos evitar proceder con estos conocimientos con responsabilidad intentando delimitarlos. Francis Wurtz, se puede exigir una prohibición de todo tipo de investigación, pero es extraordinariamente inocente creer que esa prohibición se va a respetar. Al final, no podrá evitar mostrar límites.

Este caso es para mí similar a otros muchos. Me repele la idea de que se manipule, ensaye, etc. con embriones. Existen sin duda límites. Pero la experiencia práctica me muestra que al final no podemos hacer mucho más que establecer unos límites. No tenemos necesidad de actuar por el momento. Tenemos tiempo. Debemos recapacitar muy exactamente cómo nos debemos comportar en este asunto. Para ello tenemos comisiones y a veces también es útil leer un buen libro.

  Ahern (Verts/ALE). – (EN) Uno de los valores europeos importantes que todos nosotros, ya seamos laicos o religiosos, estamos dispuestos a compartir es que todo experimento con el ser humano sólo debe realizarse en beneficio propio exclusivo y directo. Si nos apartamos de este principio es por nuestra cuenta y riesgo, y en este caso está claro que nos hemos apartado del mismo. No podemos experimentar con seres humanos en ninguna de sus fases de desarrollo y desde luego no podemos producir embriones al por mayor para experimentos. La siguiente fase será la explotación comercial, cuya posibilidad ya contempla nuestra propia directiva sobre la patente de seres vivos.

Las autoridades del Reino Unido sostienen que a pesar de las dudas de carácter ético, la clonación de embriones humanos es necesaria porque es el único medio de ayudar a las personas que padecen una serie de enfermedades. Muchos científicos rechazan este argumento y recomiendan seguir investigando con células madre de adultos para obtener los mismos resultados en la lucha contra las enfermedades. ¿No podemos unirnos todos y encontrar el modo de abordar la investigación con células madre sin experimentar directamente en seres humanos? Espero que la Asamblea reconozca que se trata de uno de los valores sobre los que se ha construido Europa.

  Purvis (PPE-DE). – (EN) Éste es un tema emotivo, entre otras cosas, porque lleva por título "Clonación humana". Investigación con células madre habría sido un título menos tendencioso. Pero mi objetivo aquí es pedir que hagamos una reflexión serena y que tengamos en cuenta los hechos y las repercusiones que dicha investigación tendrá para la raza humana, para nuestra salud y bienestar, para el futuro de la ciencia y el sector sanitario de Europa, y también para algo que de ningún modo es menos importante, nuestra tranquilidad de conciencia.

Por consiguiente, pasemos a aclarar algunos hechos. Un hecho: la clonación de seres humanos con fines de reproducción está prohibida en el Reino Unido. No existe ninguna intención de cambiar eso y la industria del Reino Unido no tiene ninguna intención de realizar la clonación de seres humanos con fines de reproducción ni ahora ni en un futuro. El uso de células madre embrionarias con fines científicos es la respuesta a corto plazo a la necesidad de la ciencia de descubrir el modo de reprogramar las células de adultos.

Un hecho: la investigación con células madre está estrechamente regulada, en virtud de una ley estricta del Parlamento, por la muy respetada y rigurosa Human Fertilization and Embryology Authority. Quizá sería bueno que otros Estados miembros contaran con un organismo similar.

Un hecho: recientemente se han producido avances interesantes en la investigación con células madre de adultos, pero aún prevalecen desventajas importantes en comparación con las características tan singulares de las células madre embrionarias. La meta de la investigación con células madre embriorarias es encontrar el modo de superar dichas desventajas utilizando células madre de adultos.

Llegamos, por consiguiente, al dilema básico. ¿Es un embrión de un máximo de 14 días un ser humano con todos los derechos de una persona viva o de un feto? Justa o injustamente, las legislaciones del Reino Unido y de los Estados Unidos permiten este tipo de investigación desde hace diez años y son muchos los frutos que se han obtenido. Y tras realizar una consulta a escala mundial durante muchos meses, el informe Donaldson recomienda la ampliación de esta investigación con fines terapéuticos.

La decisión deben tomarla ustedes, colegas. Deben ser sinceros con sus conciencias y sus creencias, pero también deben tener en cuenta el futuro bienestar de su prójimo. Cuidar al prójimo es también un precepto cristiano. Su prójimo puede padecer enfermedades como las de Alzheimer, Parkinson o diabetes.

  Hermange (PPE-DE). - (FR) Señor Presidente, este asunto es grave y difícil. Lo ha provocado la decisión británica. Hay que decir también que las legislaciones nacionales al respecto divergen en gran medida, con lo que, al abrir la vía a procedimientos incontrolados, pero en función de esos procedimientos, como decía Françoise Grossetête antes, podemos preguntarnos qué valor tiene para ciertos países la realidad del principio del respeto de la vida humana desde la fase embrionaria, recordado en el artículo 18 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la constitución de embriones para fines de utilizaciones humanas.

La heterogeneidad de los dispositivos muestra la complejidad del debate y plantea ciertas preguntas interconectadas. ?Qué significa el respeto de la vida? ?Qué significa el preembrión respecto del embrión? ?Se puede autorizar la investigación sobre el embrión para fines terapéuticos? ?De dónde proceden las células originarias? ?Hay que clonar embriones? ?Acaso no proceden las células originarias de tejidos adultos, pero también de tejidos fetales? ?Se puede autorizar la creación de embriones con vistas a un proyecto diferente del proyecto de la vida? Frente a las graves enfermedades hoy incurables, ?tenemos derecho a dejar de proseguir investigaciones que, según se nos dice, son portadoras de esperanza?

Preguntas, todas ellas, cargadas de consecuencias, porque lo que está en juego es el sentido de la vida. Ésa es la razón por la que debe haber un diálogo -en primer lugar en nuestras instancias europeas- y lamento, señor Comisario, que el Presidente Prodi diera el lunes la primicia de sus intervenciones a la prensa antes de comunicársela a nuestro Parlamento Europeo. Tomo nota de que sus palabras al respecto fueron muy prudentes y muy medidas.

En segundo lugar, creo que, para que haya ese debate, nuestro Parlamento debería crear una comisión parlamentaria especial que, en un primer momento, podría adoptar muy rápidamente la iniciativa de oír a los expertos de todas las orientaciones de Europa y allende el Atlántico. Pero este debate debe producirse también en la opinión pública. Por esa razón, propongo que se organicen jornadas europeas de bioética y que por fin un dispositivo permita reglamentar los procedimientos en esa esfera en el momento en que creamos inútilmente ciertos observatorios. Propongo que se cree una agencia europea de la medicina de la reproducción y las biotecnologías.

  Busquin, Comisión. - (FR) Señor Presidente, me permito responder, porque había una pregunta concreta del Sr. Liese en el debate. Se refería al quinto programa-marco. A ese respecto está muy claro -el Sr. Liese ha de saberlo sin lugar a dudas- que en el marco del quinto programa-marco está claramente indicado, pues es objeto de un procedimiento de codecisión, que quedan excluidas de forma perfectamente explícita las investigaciones sobre técnicas de clonación para fines reproductivos y terapéuticos.

Por consiguiente, en el programa-marco está claro que de momento está totalmente excluido. Quería simplemente precisar este punto, señor Liese, ya que había usted formulado esa pregunta.

En cambio, por lo que se refiere al debate, como he dicho en mi introducción, la Comisión desea participar en un debate con el Parlamento sobre estas cuestiones, que son, como hemos visto, muy complejas y muy interesantes.

  El Presidente. – He recibido ocho propuestas de resolución sobre la base del apartado 2 del artículo 37 de nuestro Reglamento⁽¹⁾.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

PRESIDENCIA DEL SR. PUERTA
Vicepresidente

(1) Cf. Acta

11. Turno de preguntas (Comisión)

  El Presidente.- De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0535/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión.

Primera parte

  El Presidente. - Pregunta nº 41 formulada por Ilka Schröder (H-0613/00):

Asunto: Cooperación con redes de asesoramiento en materia de estupefacientes

Desde 1998 se ha ido deteriorando claramente la cooperación entre la Comisión y las redes patrocinadas por dicha institución, como lo demuestra el hecho de que, con frecuencia, los contratos entre ambas partes sólo se concluyen varios meses después del inicio de los proyectos financiados. No obstante, la Comisión insiste en que los proyectos también se inicien cuando sólo se disponga de una notificación provisional por escrito. En ocasiones, los pagos a cuenta que ha de abonar la Comisión se retrasan varios años. Todas las redes se ven afectadas por una burocracia cada vez mayor y, sobre todo, por los reembolsos pendientes de pago por parte de la Comisión, circunstancias que restringen en gran medida el trabajo de estas redes. Algunas asociaciones han tenido incluso que cerrar a causa de los retrasos en los pagos de la Comisión.

¿Por qué a lo largo de los últimos años la Comisión no ha conseguido proporcionar a las redes que patrocina contratos y pagos a cuenta con rapidez y a medida que se va realizando el proyecto correspondiente?

  Byrne, Comisión. – (EN) La Comisión comparte la preocupación de su Señoría por los problemas relativos a los contratos y pagos con respecto a las redes de asesoramiento en materia de estupefacientes subvencionadas por el programa de acción comunitario para la prevención de la drogodependencia.

Estos problemas obedecen a diversas causas. En primer lugar, está claro que ha habido un problema de recursos humanos en la Dirección de Salud Pública en Luxemburgo, que se ocupa de este trabajo. En una palabra, la incorporación de personal ha sido insuficiente para ocuparse de los complejos procedimientos y, a menudo, los beneficiarios con escasa experiencia proponen un número excesivo de proyectos pequeños. Esta situación se vio agravada el verano pasado cuando se adoptó una decisión, a la luz del informe del Comité de expertos independientes, de poner fin al contrato con la oficina de asistencia técnica que colaboraba en la aplicación de este programa.

En segundo lugar, un elevado número de pequeños proyectos se aplican en el marco del programa de lucha contra las drogas, lo que supone una carga adicional a los ya limitados recursos humanos de que dispone la Comisión. Durante los últimos cinco años, el volumen medio de los proyectos en términos de cofinanciación concedida por la Comisión ha sido de 180.000 euros.

En tercer lugar, la experiencia demuestra que los participantes de la red desconocían los procedimientos de contratación y pagos de la Comisión. En muchos casos, por consiguiente, la Comisión se ha visto obligada a solicitar reiteradamente a las redes de asesoramiento en materia de estupefacientes la documentación que faltaba y que era necesaria para ultimar los contratos o efectuar los pagos.

En cuarto lugar, a la luz de la experiencia con las subvenciones con cargo al presupuesto comunitario y a las críticas del Tribunal de Cuentas, es posible que se hayan endurecido los controles de la documentación en la que se detallan los costes del contrato, lo que ha repercutido en los plazos de pago.

Estoy adoptando una serie de medidas para responder a estos problemas. La propuesta de la Comisión para la creación de un nuevo marco y una nueva estrategia en el ámbito de la salud pública pone de relieve la necesidad de establecer objetivos más claros y una gestión más eficaz que tengan una mayor repercusión sobre las prioridades clave. Por consiguiente, en el futuro se cofinanciarán menos proyectos, pero éstos serán mayores, y se hará una utilización más eficaz de los recursos humanos necesarios para gestionar la aplicación del programa. Como ha hecho hincapié reiteradamente la Autoridad presupuestaria, debemos compaginar los recursos y las prioridades de manera más realista en el futuro.

Asimismo, como usted sabe, a raíz de la reciente revisión de la Comisión en lo relativo a sus necesidades de personal, hemos presentado a la Autoridad presupuestaria una solicitud para la creación de puestos adicionales, incluido un importante aumento de puestos para la DG de Salud y Protección de los Consumidores. Si la Autoridad presupuestaria da su conformidad, varios de estos puestos podrían ser asignados a atajar el tipo de problemas sobre los que estamos tratando hoy.

La falta de experiencia de los contratistas en lo relativo a los requisitos de control financiero seguirá necesitando un asesoramiento importante y demás intervenciones de unos recursos humanos ya de por sí limitados. La Dirección de Salud Pública se propone realizar una campaña de información para divulgar con mayor claridad entre los contratistas los procedimientos y los requisitos de la Comisión.

Sobre el tema de los trámites, los departamentos afectados están revisando en estos momentos sus requisitos en materia de documentación con el fin de simplificar y acelerar los procedimientos de pago sin descuidar las medidas necesarias de control financiero. La situación está mejorando como resultado de las medidas ya adoptadas y espero que mejore aún más, de manera que los contratos puedan celebrarse con mayor celeridad y se realicen los pagos dentro del plazo de 60 días establecido por la Comisión.

Si desea hacer una observación concreta, podría proporcionarme la información pertinente por escrito y ciertamente la estudiaré con mi personal.

  Schröder, Ilka (Verts/ALE). – (DE) Señor Comisario, me alegra escuchar que se van a adoptar determinadas medidas. Sin embargo, dudo que la Comisión cuando descubre problemas con los socios que participan en determinados proyectos, busque los problemas al menos al 50% entre dichos socios. Tengo informaciones por las que también pequeños socios de proyectos saben de modo muy competente la exactitud con que transcurren los contratos y qué es exactamente lo que tienen que presentar. Se me ha descrito un caso por el que se presentaron tres veces los mismos anexos y la Comisión ha afirmado que no ha recibido tales anexos. Por ello, abogo porque existan unas directrices muy claras determinadas de antemano sobre la presentación de solicitudes. Conozco estos problemas no sólo en el campo de las drogas sino también por otros muchos interlocutores que trabajan junto con la Comisión y persiguen una cofinanciación. No sólo se tarda mucho en el campo de las drogas, es muy complicado y creo que no radica solamente en la incompetencia de los pequeños socios de proyecto sino también en que las condiciones previas no han sido formuladas claramente por la Comisión.

Otra pregunta era además si se quiere recortar realmente a las pequeñas organizaciones en la Unión Europea cuando se trata de apoyar también en las regiones proyectos de drogas con enfoques muy diferentes, especialmente en este campo pero también de modo general. Creo que no puede tratarse solamente de proporcionar a las grandes organizaciones una posibilidad para que ocurra aquí algo sino que el objetivo debe seguir siendo promover diferentes estructuras de organización. Lo considero un enfoque muy erróneo.

  Byrne, Comisión. – (EN) En relación con la primera cuestión que ha planteado, no estoy sugiriendo que el problema radique exclusivamente, como usted dice, en la falta de competencia de los participantes en el proyecto. Lo que estoy diciendo es que ésa es la causa de algunos de los problemas que han surgido. Es algo que me preocupa y que estoy intentando corregir asegurándome de que existen directrices claras, como usted sugiere, por lo que usted y yo estamos completamente de acuerdo sobre ese punto.

Con respecto al volumen de los proyectos, desde 1996 se ha seleccionado un total de 149 proyectos por valor de más de 25 millones de euros, cuyo importe medio es de 180.000 euros por proyecto. En el marco de la nueva estrategia en materia de salud, reduciremos el número de proyectos e incrementaremos el valor y las repercusiones de los mismos para, de esta manera, hacer una utilización más eficaz de nuestros limitados recursos. No siempre puede deducirse que los proyectos más pequeños sean mejores que los mayores, pero si los recursos humanos se aplican con eficacia, ello repercutirá favorablemente sobre los proyectos en cuestión.

  El Presidente. - Pregunta nº 42 formulada por John Bowis (H-0629/00):

Asunto: Dictamen científico sobre los ftalatos

¿Piensa la Comisión publicar ahora la declaración acordada el 25 de noviembre de 1999 por el CSTEE (Comité científico de la toxicidad, la ecotoxicidad y el medio ambiente) que contiene la opinión de dicho comité sobre la interpretación errónea que la Comisión dio al dictamen científico sobre la cuestión de los ftalatos y a la que se hace referencia en el acta de la reunión del Comité director científico del 10 de diciembre de 1999? ¿Piensa divulgar el nombre del responsable del incumplimiento de la práctica aceptada de publicar todas las actas, informes y declaraciones de los comités científicos, así como el del responsable del retraso, hasta abril de 2000, de la publicación del acta principal de la reunión del CSTEE del 25 de noviembre de 1999?

  Byrne, Comisión. – (EN) Gracias por brindarme la oportunidad de aclarar el tema que es objeto de su pregunta. Como se hace referencia en el acta de la reunión plenaria del Comité director científico del 10 de diciembre de 1999, el presidente del Comité científico de la toxicidad, la ecotoxicidad y el medio ambiente informó al Comité director científico, en su reunión plenaria de 25 de noviembre de 1999, sobre la intención del CSTEE de adjuntar una declaración al acta de la reunión, aclarando la interpretación de su opinión sobre la utilización de los ftalatos en juguetes.

El acta de la reunión en cuestión debería haberse adoptado, como es habitual, en la siguiente reunión plenaria del CSTEE que se celebró el 4 de febrero de 2000. No obstante, en dicha reunión plenaria varios miembros del comité consideraron que el acta era, en general, demasiado larga y pidió a la secretaría que lo adoptara al formato que adoptan otros comités científicos. A raíz de esta solicitud, el comité decidió aplazar la aprobación del acta hasta el siguiente pleno, en el que se presentaría el proyecto de acta en una versión más resumida. Esta decisión retrasó, inevitablemente, el proceso de adopción hasta la siguiente reunión plenaria que se celebró el 11 de abril de 2000.

Una vez aprobada el acta, su contenido fue publicado inmediatamente en Internet; de hecho en el transcurso de esa misma semana, como es práctica habitual de la Comisión. Por consiguiente, no se ha producido ningún fallo en la publicación del acta.

  Bowis (PPE-DE). – (EN) Agradezco al Comisario su respuesta, aunque debo decir que cinco meses es mucho tiempo para esperar el acta. Lo que ahora digo no es en absoluto ninguna reflexión sobre el propio Comisario, pero espero que reconozca conmigo que la ciencia debe notificar nuestras decisiones sobre el riesgo y cómo gestionarlo. En este caso, la actuación de la ciencia ha sido menos que aceptable. No ha sido validada por una revisión por pares, etcétera. Por eso, cuando se sometió al Comité científico y a las opiniones de su presidente, fue significativo que – en sus propias palabras – su consejo fue que no se justificaba la prohibición. La prohibición de otros ftalatos no tenía nada que ver con los juguetes para niños ni con los chupadores. Este ejercicio ha desacreditado en cierta medida el principio de cautela. Dicho principio sólo es válido cuando las decisiones son científicamente irreprochables. No ha sido una experiencia satisfactoria y espero que la Comisión reconozca que tanto la Comisión como el Parlamento deben aprender mucho de esta experiencia.

  Byrne, Comisión. – (EN) Estoy totalmente de acuerdo con su Señoría cuando afirma que la ciencia debe notificar nuestras decisiones y eso es lo que ha ocurrido en este caso. El comité pertinente elaboró su informe, tal y como está obligado a hacer en su ámbito de responsabilidades, que es, naturalmente, evaluación del riesgo. Dicha información fue transmitida a la Comisión, habida cuenta de que es una de las instituciones de la UE responsables de la gestión del riesgo. La Comisión adoptó la opinión teniendo en cuenta la opinión, contenida en los documentos presentados por el comité correspondiente, de que los ftalatos o juguetes diseñados para ser llevados a la boca presentaban un riesgo inmediato y significativo para los niños menores de tres años.

La Comisión realizó una clara evaluación de este asunto. Presenté propuestas con carácter de urgencia a la Comisión, tal y como tengo derecho a hacer de conformidad con la Directiva relativa a la seguridad general de los productos, y mis colegas acordaron que ésta era la medida adecuada que debía tomarse en estas circunstancias.

Mi colega, el Comisario Liikanen, ha adoptado un enfoque a más largo plazo respecto a todo este asunto de los ftalatos y plastificantes en juguetes, etcétera. Deseo decir, una vez más, que estoy de acuerdo en que la ciencia debe informar de nuestras decisiones, y eso, en mi opinión, es lo que se ha hecho en este caso.

  El Presidente. – Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 43 decae.

Pregunta nº 44 formulada por Ioannis Souladakis (H-0688/00):

Asunto: Necesidades en materia de agua en Oriente Medio

Las crecientes necesidades en materia de agua que registra Oriente Medio constituyen un elemento clave de las perspectivas de cooperación y entendimiento entre los pueblos de la región. Tras una interrupción de tres años, el comité directivo del Grupo de trabajo multilateral sobre recursos hídricos para Oriente Medio (MWGMR) reanudó su actividad en 1999, estableciendo varios programas de ahorro y explotación de los recursos hídricos en la región, financiados también por la Unión Europea. En la reciente reunión del Consejo de Asociación UE-Israel, se examinó, entre otros, el problema del agua en Oriente Medio, manifestando Israel su intención de aumentar la financiación de programas en este ámbito.

¿Qué política piensa seguir la Comisión al respecto, con objeto de favorecer la cooperación entre los pueblos de la región y evitar los conflictos que se pudieran generar ante las necesidades en materia de agua?

  Byrne, Comisión. – (EN) El agua será un tema crucial para Oriente Medio durante las próximas décadas. La región cuenta con la reserva de agua per cápita más baja del mundo y sigue descendiendo. El agua es, en realidad, uno de los principales temas del proceso de paz de Oriente Medio, no sólo en las negociaciones entre Israel y los palestinos, sino también entre Israel y Siria. La política de la Comisión se centra en las distintas dimensiones del problema del agua en Oriente Medio; las garantías, así como en los aspectos económicos, ambientales y sociales.

Para que exista una paz duradera en la región hacen falta acuerdos justos y amplios entre Israel y sus países vecinos en materia de agua, acuerdos que necesitan el respaldo de una cooperación regional eficaz. La Comisión es un participante activo y uno de los principales donantes del Grupo de trabajo multilateral sobre recursos hídricos del proceso de paz en Oriente Medio. Como contribución concreta, en 1999 destinamos otros 4 millones de euros para la terminación de los bancos de datos regionales sobre los recursos hídricos. Asimismo fomentamos el concepto de una estructura de cooperación regional. El grupo especial del Consejo sobre recursos hídricos en Oriente Medio se ha reunido con los comisarios del agua israelíes, jordanos y palestinos y participa activamente en la coordinación de la política de agua de la UE.

El objetivo de la política de la Comisión es ayudar a la región a lograr una gestión sostenible de los escasos recursos hídricos, en combinación con la asistencia para explorar nuevos recursos. La gestión y el nivel de consumo actuales de agua en Oriente Medio son insostenibles. Las estimaciones apuntan a que en toda la región mediterránea, la agricultura absorbe más de las dos terceras partes del consumo total nacional, aunque sólo representa una tercera parte del PIB y de la fuerza laboral. Esta discrepancia es aún más acusada en Oriente Medio. Por ello, la asistencia a la reforma de las políticas internas en materia de agua en los países de Oriente Medio es una prioridad. De hecho, la Conferencia de ministros de Asuntos Exteriores euromediterránea, celebrada en Stuttgart en 1999, decidió que el agua sería una prioridad de la asociación. El primer resultado fue el plan de acción por valor de 40 millones de euros, aprobado por la Conferencia de ministros euromediterránea en octubre de 1999 en Turín, sobre la gestión local del agua, que proporcionará una nueva oportunidad de cooperación en este sector. En breve se publicará una convocatoria de propuestas.

  Souladakis (PSE). – (EL) Le agradezco al Sr. Comisario su respuesta. Mi pregunta, más allá de la constatación de la seriedad del problema y de su influencia en el proceso de paz de Oriente Medio, se centraba también en la consideración de la falta de recursos hídricos como un serio problema político. Todo el mundo habla de crisis eminentes a causa del agua. Algo hay que hacer. Le pregunto al Comisario qué iniciativas, de las que resulten reglas de derecho internacional para la gestión de los recursos hídricos, van a emprenderse, al objeto de erradicar cualquier foco de confrontación política local o regional presagio de crisis y de un peculiar imperialismo. La propia respuesta, que se refiere al asunto Israel – Siria, conduce un poco más lejos, al Tigris y al Eufrates, a Turquía, a Siria y a otras partes. Creo que deben establecerse reglas de derecho internacional para la gestión de los recursos hídricos, que contemplen términos precisos para todos los países afectados, para todos los países por los que pasan ríos que atraviesan más de un país. Lo mismo debe regir para los lagos rodeados por más de un país.

  Byrne, Comisión. – (EN) La Comisión está apoyando proyectos hidrológicos de crucial importancia en la Autoridad Palestina y Jordania a través del programa MEDA. El ejemplo más reciente es la ayuda comunitaria por valor de 5 millones de euros en subvenciones para la gestión del proyecto del programa de mejora del sector del agua de la región metropolitana de Aman, además de la concesión de un importante crédito del Banco Europeo de Inversiones.

Aparte de la ayuda que concedemos al grupo multilateral de trabajo para el agua, puedo mencionar el programa de acción euromediterráneo trienal para un sistema de información sobre el agua. La Comisión Europea ha contribuido a su ejecución con 1,2 millones de euros. La conferencia euromediterránea sobre la gestión del agua, celebrada en Marsella los días 25 y 26 de noviembre de 1996, fue organizada por iniciativa de la Comisión Europea y del Gobierno francés, con la ayuda de la ciudad de Marsella. La Oficina Internacional para el Agua asumió la secretaría. Por tanto, la Comisión está participando constantemente en este proyecto, lo hace desde hace algún tiempo y continuará haciéndolo.

  El Presidente. - Pregunta nº 45 formulada por Mikko Pesälä (H-0689/00):

Asunto: Transporte de animales

A lo largo del año 2000, las televisiones de los Estados miembros han emitido documentales que prueban que en el territorio de la UE se llevan a cabo transportes de animales vivos que infringen las disposiciones de la Directiva sobre transporte de animales y están en contra de todos los principios éticos.

¿Cómo va a garantizar la Comisión que las autoridades de los Estados miembros controlen los transportes e inspeccionen las rutas que se dirigen a otros Estados miembros?

¿Cuándo va a presentar la Comisión nuevas propuestas de directiva sobre el transporte de animales vivos?

Teniendo en cuenta que la UE cuenta con un mercado único de productos alimenticios, ¿cómo contempla la Comisión el hecho de que los Estados miembros que llevan a cabo correctamente el transporte de animales tengan que hacer frente a costes mayores que aquellos que infringen repetidamente la normativa?

¿Qué medidas está tomando la Comisión para poner fin, con carácter general, a transportes tan largos y sustituirlos por transportes de productos congelados y transformados?

Segunda parte

  Byrne, Comisión. – (EN) Estoy de acuerdo en que es motivo de preocupación que las normas sobre el transporte de animales no se respeten lo suficiente en algunas zonas. Aunque los Estados miembros son responsables de la aplicación día a día de la legislación comunitaria, la Oficina Alimentaria y Veterinaria de mi Dirección General realiza controles específicos y misiones de inspección para comprobar que los Estados miembros aplican la legislación comunitaria de manera eficaz y uniforme. Estos controles han revelado algunas deficiencias en el cumplimiento de la legislación comunitaria por parte de algunos Estados miembros, lo que ha dado lugar a la apertura de procedimientos por infracción, en virtud del artículo 226 del Tratado, contra algunos Estados miembros, y otros están siendo examinados.

En breve presentaré un informe al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación en los Estados miembros de la legislación comunitaria en materia de protección de los animales durante el pasado trimestre del presente año. El informe demostrará que los Estados miembros tienen actualmente dificultades para aplicar plenamente la legislación comunitaria. En la conclusión del informe, me propongo presentar propuestas para mejorar el transporte de animales, corregir las dificultades a las que he hecho referencia, garantizar la inspección por parte de la Oficina Alimentaria y Veterinaria y aplicar procedimientos por infracción en caso necesario.

Debería realizarse, lo antes posible, una evaluación de varios aspectos básicos de la directiva sobre una base científica, en particular, de los datos relativos a los tiempos de viaje, el estrés relacionado con las operaciones de carga y descarga y con las densidades de carga. En este marco, también merecen ser examinadas medidas para fomentar el sacrificio de animales en las proximidades de sus lugares de cría.

Para terminar, les garantizo que la protección de los animales es una de las prioridades del programa de la Comisión. Espero con interés proseguir este debate cuando presente el informe sobre el transporte en las próximas semanas.

  Pesälä (ELDR). – (FI) Señor Presidente, señor Comisario, le doy las gracias por su respuesta, pero quisiera señalar brevemente que ahora que la UE se está ampliando hacia el este siguiendo un calendario muy rápido, y puesto que desde los países del Báltico, por ejemplo, se han transportado caballos al territorio de la UE –estos viajes han llegado a durar hasta cien horas-, creo que es muy extraño que exijamos al mismo tiempo a los países aspirantes que cumplan estrictamente todas las directrices y toda la normativa. Sin embargo, en nuestro propio territorio permitimos infracciones que son –tal y como hemos visto en los medios de comunicación- completamente inhumanas, considerando que se trata de la civilizada Europa Occidental. Quisiera recalcar este hecho y pregunto: ¿cuál es el calendario que tomaremos ahora como referencia real, teniendo en cuenta que debemos poner en orden nuestros propios asuntos antes de la adhesión de los nuevos Estados miembros?

  Byrne, Comisión. – (EN) Aunque no puedo indicarle un calendario concreto, sí le garantizo que ya se han abierto procedimientos por infracción y otros casos están siendo analizados actualmente. La situación se encuentra bajo revisión constante, he mantenido varias conversaciones con el director general de mi Dirección General, que es un experto en transporte, y estoy haciendo uso de sus conocimientos.

Usted ha llamado la atención también sobre nuestras relaciones con los países aspirantes. La Comisión cree que el modo más eficaz de lograr una mejora generalizada de las normas de protección de los animales es intentar alcanzar un consenso a nivel internacional. El transporte de larga distancia de caballos ha sido discutido con los jefes de los servicios veterinarios de los países de la Europa Central y Oriental que actualmente negocian su adhesión a la Unión.

En abril se aprobó un protocolo de medidas para mejorar la protección de los caballos y asnos que son transportados a través de largas distancias. Los primeros resultados de la aplicación del protocolo serán discutidos en una reunión especial con todas las partes interesadas de los países candidatos a finales de septiembre de este año. Por tanto, puedo asegurarles que este tema es una de las prioridades de mi servicio y lo vigilaremos de cerca y lo perseguiremos activamente.

  Rübig (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, sería interesante saber si la Comisión también prevé llevar a cabo investigaciones en este campo según el modelo de la best practice. ¿Tiene también previsto proporcionar estímulos para que el transporte de animales sea soportable por los animales?

  Byrne, Comisión. – (EN) Estoy satisfecho con el asesoramiento que recibo de mis servicios y con el resto de información que se me facilita, en lo que respecta a la adopción de todas las medidas necesarias. Sobre esta base, estamos enmendando la directiva para mejorar la protección de los animales durante el transporte, introduciendo, en particular, medidas adicionales para la protección de los caballos, con descargas obligatorias y períodos de descanso establecidos, para el envío comercial de caballos que pasan por la inspección de los puestos fronterizos de la Unión.

  Tannock (PPE-DE). – (EN) Quisiera realizar una pregunta relacionada a cerca de la prohibición de los terriers de Staffordshire en Alemania, en virtud de la ley sobre perros peligrosos. Muchos de mis electores del Reino Unido me escriben para protestar contra esta ley alemana que prohibe ciertas razas de perros que no parecen presentar ninguna amenaza para la seguridad pública. Habida cuenta del proyecto de crear un pasaporte para animales de compañía a nivel europeo y el consiguiente derecho de éstos a desplazarse libremente dentro de la Unión Europea, ¿tiene la Comisión competencia legal para intervenir y proteger a los animales y, en particular, a estos animales de compañía en Alemania, con los que se procederá a una matanza innecesaria e, incluso, posiblemente a la extinción de una excelente raza de perros británicos?

  El Presidente. – Señor Comisario, conforme al Reglamento, la pregunta no es complementaria. Podríamos invitar al Sr. Tannock a formular esa pregunta para la próxima sesión, pero si usted desea contestarla, puede hacerlo.

  Byrne, Comisión. – (EN) Como muestra de cortesía con su Señoría, quisiera decir que si me hubiera avisado sobre esta pregunta, probablemente estaría en mejores condiciones de ofrecerle una respuesta amplia. Soy el Comisario responsable de la protección de animales. Tenemos competencia para tratar sobre temas relativos a la protección de animales. Cuando estos temas son llevados a mi atención y están contemplados en la directiva correspondiente, podemos adoptar medidas. La única sugerencia práctica que puedo hacerle es que, si lo desea, me escriba y me dé detalles concretos del asunto que usted ha planteado, y me encargaré de que mis servicios lo examinen y se ocupen del asunto.

  El Presidente. – Señor Tannock, puede expresar su opinión por escrito de forma bilateral o lo puede hacer en público con arreglo al Reglamento, y tendrá la contestación del Comisario.

Muchas gracias, señor Byrne, por su cooperación esta tarde con el Parlamento.

Preguntas dirigidas al Sr. Vitorino

  El Presidente. - Pregunta nº 46 formulada por Mary Elizabeth Banotti (H-0600/00):

Asunto: Comunicación sobre los derechos del niño

En noviembre de 1999, la Comisión emitió una declaración ante el Parlamento con ocasión del décimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y anunció que publicaría una Comunicación sobre los derechos del niño. ¿Puede indicar la Comisión al Parlamento una fecha precisa para la publicación de dicha comunicación? Teniendo en cuenta que la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre los niños se celebrará en septiembre del 2000, ¿qué planes tiene la Comisión para coordinar las aportaciones de la UE y los Estados miembros a dicha Sesión Especial? ¿Está dispuesta la Comisión a reconocer que, con vistas a la Sesión Especial, la anunciada Comunicación sobre los derechos del niño posee la mayor importancia?

  Vitorino, Comisión. – (EN) Quisiera remitir a su Señoría a la carta, con fecha de 20 de junio, del Presidente Prodi que ella y otros colegas suyos recibieron en relación con este mismo tema. En su carta, el Presidente dejó perfectamente claro el compromiso de la Comisión con todas las medidas de protección de los derechos de los niños y mencionó una serie de ámbitos, tanto externos como internos, en los que la Comisión trabaja en estos asuntos tan importantes.

No obstante, el Presidente ha intentado situar la acción de la Comisión en estos ámbitos, al igual que en otros, dentro del contexto de la revisión de los Tratados. Ha reconocido que la competencia para emprender acciones relativas a los niños sigue siendo, principalmente, de los Estados miembros, habida cuenta de la falta de un fundamento jurídico claro en el Tratado para que la Comunidad proteja los derechos de los niños en términos que vayan más allá del marco actual.

En el marco actual, la Comisión Europea ya ha emprendido un número considerable de iniciativas para proteger los derechos de los niños, como en los programas Daphne y Stop, que son de mi competencia. La Comisión también está acometiendo medidas en el ámbito social y educativo con vistas a mejorar la situación de los niños.

Se pueden encontrar pruebas adicionales de la importancia que atribuimos a este tema en el hecho de que ha sido la Comisión la que ha emprendido la iniciativa de incluir un artículo específico sobre los derechos de los niños en la Carta de los Derechos Fundamentales. El proyecto de artículo relativo a la protección de los niños incluye los principios más importantes del Convenio de Nueva York, como el derecho a dicha protección y a los cuidados necesarios para su bienestar y consideración.

Seguiremos insistiendo para que en la Carta se establezca la prohibición del trabajo infantil. El Presidente también expresaba en su carta la opinión de que podría ser de utilidad que la Comisión analizara si todos los Estados miembros cumplen el contenido del Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño. Aunque todos los Estados miembros han ratificado el convenio, su aplicación varía ampliamente y las opiniones de los Estados miembros sobre el mejor modo de proteger los derechos de los niños difieren considerablemente entre sí.

Estoy convencido de que dicho examen podría representar una contribución útil a la participación de la Unión en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará en septiembre de 2001. La Comisión cree que sus acciones actuales en favor de los niños, su defensa activa de una inclusión adecuada en la Carta de los Derechos Fundamentales y su apoyo a esta idea de realizar un examen como el descrito demuestran su compromiso con este importante tema.

  Banotti (PPE-DE). – (EN) Como usted sabe, soy una gran admiradora suya y estoy segura de que se ha sentido tan incómodo al repetir su respuesta hoy, como me he sentido yo al oírla. Conozco su compromiso personal, pero en realidad no me ha dado ninguna indicación clara de lo que la Comisión se propone hacer en la Conferencia de las Naciones Unidas que se celebrará dentro de un par de semanas. Tras haber escuchado el alcance de los planes que tiene la Comisión en relación con la protección de los animales, sólo puedo desear que tenga planes similares en relación con el bienestar de los niños.

Reconociendo los límites jurídicos que delimitan sus esfuerzos, ¿podría darme alguna indicación, por ejemplo, de que alguien de la Comisión asistirá a esta conferencia de las Naciones Unidas en septiembre? Le han propuesto que la Comisión haga una contribución a la Conferencia y, en su caso, en qué contexto?

  Vitorino, Comisión. – (EN) Responderé con mucho gusto. En realidad, ambos estamos hablando de lo mismo, que es la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, que se celebrará en septiembre de 2001, el año próximo. Puesto que estamos hablando de eso, mi planteamiento es que deberíamos realizar un estudio para analizar el grado de aplicación, en los Estados miembros, del Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. Este estudio debería quedar terminado a tiempo para que sirva como base de la participación de la Unión en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas el año próximo.

Estoy seguro de que podremos contar con el apoyo de la próxima Presidencia sueca durante los primeros seis meses del año próximo. Suecia ya ha declarado que dará prioridad absoluta a los derechos de los niños. Por tanto, creo que he explicado qué tipo de acción nos proponemos adoptar y cuándo nos disponemos a adoptarla.

  Bowis (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, ¿está el Sr. Comisario de acuerdo conmigo en que parece estar produciéndose un nuevo y creciente abuso de los niños, que entra entre las competencias de la Unión Europea? Hay niños que están siendo utilizados por sus madres, procedentes de la Europa Central y Oriental, en las calles de nuestras ciudades para pedir limosna. La mayoría de ellos llegan a la Unión como refugiados. Deberían recibir asistencia, en cuyo caso la mendicidad no se justifica porque deberían recibir ayuda social del Estado. Es algo que, quizá, debería añadirse a la lista de abusos del niño que, como Comunidad, deberíamos analizar con mucho cuidado.

  Vitorino, Comisión. – (EN) Comparto la preocupación de su Señoría en el sentido de que pedir limosna es una actividad en la que los niños son obligados, a veces por su propia familia, a actuar en contra de su dignidad. Como usted sabe, la responsabilidad de proteger la dignidad de los niños es, en primer lugar, competencia de los Estados miembros. No obstante, estamos lanzando un debate en estos momentos sobre una iniciativa legislativa específica para definir la lista de delitos contra los niños. Estudiaré sus sugerencias con un talante abierto.

  El Presidente. - Pregunta nº 47 formulada por Lennart Sacrédeus (H-0606/00):

Asunto: Exención de la obligación de llevar pasaporte en el espacio Schengen

¿Cómo considera la Comisión que ha funcionado la exención de la obligación de llevar pasaporte, en el marco del Acuerdo de Schengen, durante la Copa de Europa de fútbol, a la luz de las detenciones masivas que han tenido lugar en Bruselas y Charleroi?

  Vitorino, Comisión. - (FR) En primer lugar, hay que observar -creo yo- que gran número de personas implicadas en los incidentes habidos en Bruselas y Charleroi son originarias de un Estado miembro de la Unión, el Reino Unido, que no forma parte del espacio de Schengen. Así, pues, se trata de personas que, en sus desplazamientos con vistas a asistir a partidos de fútbol en el marco del Campeonato de Europa 2000, fueron sometidas a los controles que se aplican a las personas en las fronteras exteriores del espacio de Schengen.

Conviene recordar también que los Gobiernos belga y neerlandés recurrieron, durante todo el Campeonato de Europa 2000, a una cláusula de salvaguardia establecida en el apartado 2 del artículo 2 del Convenio de Schengen, que dispone que, cuando estén amenazados el orden público o la seguridad nacional -y, en mi opinión, el temor suscitado por los casos de vandalismo responde sin duda a ese criterio-, un Estado miembro puede decidir que, durante un período limitado, se apliquen controles fronterizos nacionales, adaptados a la situación, incluso en las fronteras interiores del espacio de Schengen.

Los Gobiernos belga y neerlandés siguieron el procedimiento de consulta previa impuesto por el Acuerdo de Schengen. Se reintrodujeron temporalmente los controles previstos en las fronteras interiores, pero no se aplicaron de forma sistemática. Se trataba de controles específicos, en particular basados en informaciones facilitadas por los Estados miembros, en el marco de la cooperación policial, y relativos a hinchas que podían constituir una amenaza para el orden público.

La aplicación de los controles en las fronteras exteriores y temporalmente en las fronteras interiores del espacio de Schengen no equivale a cerrar una frontera o a rechazar sistemáticamente a personas que deseen entrar en el territorio con vistas a asistir a un partido de fútbol. En efecto, conforme al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, los ciudadanos de la Unión tienen el derecho fundamental de circular libremente por el territorio de los Estados miembros, pero se pueden imponer restricciones por razones de orden público, en casos individuales únicamente, a saber, cuando la persona de que se trate constituya una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad.

Por eso, afirmo que una restricción colectiva no está autorizada por el derecho comunitario. No basta con tener la nacionalidad de un Estado miembro determinado y desear asistir a un partido de fútbol para poder ser rechazado en la frontera. Por eso, creo que ya está en curso una evaluación de las medidas de cooperación entre las autoridades de los Estados miembros interesados y esa operación conjunta va encaminada a obtener las enseñanzas que se desprenden del Campeonato de Europa 2000 para ver cómo se podría mejorar en el futuro la cooperación legislativa y policial en materia de lucha contra el vandalismo.

  Sacrédeus (PPE-DE). – (SV) Agradezco al Comisario Victorino su respuesta. En Bruselas, en el Estadio Rey Balduino, aupé cuanto pude a Portugal pero al final ganó Francia, en un partido en el que realmente puede decirse que Francia tenía el mejor equipo. No obstante, apoyé con todas mis energías a Portugal.

Como he dicho, agradezco la respuesta, pero quisiera formular una pregunta complementaria. Muchas personas opinan que es odioso que en Europa se produzcan casos de gamberrismo, desórdenes callejeros, lenguaje agresivo y violencia, fenómenos éstos que, por ejemplo en EE.UU., son desconocidos en relación con los espectáculos deportivos. Sabemos que el Reino Unido no forma parte del Acuerdo de Schengen, pero, quizás, ese día no esté muy lejano. ¿Opina usted que las medidas adoptadas son suficientes y qué se ha aprendido para el futuro? La próxima vez, tal vez, Portugal llegue a disputar la final.

  Vitorino, Comisión. - Creo que no hay una relación directa, ni indirecta, entre la derrota de Portugal y el vandalismo. Era la verdad del juego, pero a veces no hay suerte. De todos modos, sí, efectivamente Portugal es el país que va a organizar el Campeonato de Europa 2004 y por eso la Comisión ha apoyado, en el marco del Campeonato de Europa 2000, varias iniciativas concretas de cooperación policial para experimentar nuevos métodos de cooperación y extraer las enseñanzas que de ellos se desprenden.

Estamos haciendo la evaluación de esas medidas. En cuanto esté disponible el informe, será objeto de una reflexión y se adoptarán medidas legislativas en el nivel europeo. Pues ése es el objetivo: adoptar medidas legislativas en el nivel europeo, que puedan apoyar esa cooperación policial en la lucha contra el vandalismo. De momento, espero el informe. En cuanto esté listo, se hará público, claro está, y se podrá iniciar el debate sobre las iniciativas.

  Sjöstedt (GUE/NGL). – (SV) Tengo una pregunta complementaria sobre el Acuerdo de Schengen y la exención de la obligación de llevar pasaporte en el espacio Schengen. Como seguramente sabe el Comisario, los países nórdicos se incorporarán al Acuerdo Schengen en marzo del próximo año.

Se ha dicho que los ciudadanos suecos que viajen dentro del espacio Schengen deberán seguir llevando sus pasaportes después de esa fecha. Los documentos de identidad suecos no señalan la nacionalidad, cosa que exige el Acuerdo Schengen. La Unión sin pasaportes que se ha prometido será para los ciudadanos suecos una Unión con obligación de llevar pasaporte.

Mi pregunta es si el Comisario puede confirmar que las normas del Acuerdo de Schengen exigen que los ciudadanos suecos tengan que llevar sus pasaportes cuando viajen dentro del espacio Schengen, después de su incorporación a este Acuerdo. ¿Qué opina usted de esto?

  Vitorino, Comisión. - (PT) Quisiera decir, Señoría, que esta cuestión se plantea desde otra perspectiva, que es la de crear modalidades comunes de documentos de viaje: ya sean pasaportes o tarjetas de identidad. La existencia de esas modalidades comunes está prevista en el Tratado y la Comisión tiene en avanzado estado de elaboración una propuesta encaminada a la aprobación de modalidades comunes para los instrumentos citados. No puedo darle un calendario fijo, es decir, que no puedo garantizarle que se habrán aprobado dichos documentos antes de la fecha prevista para la integración de la Unión de Pasaportes Nórdicos en la libre circulación de Schengen. Lo que puedo garantizarle es que estamos trabajando activamente en la formulación de modelos uniformes de documentos que resuelvan problemas como el que su Señoría acaba de indicar.

  El Presidente. - La pregunta n° 48 se contestará por escrito.⁽¹⁾

Pregunta nº 49 formulada por Bernd Posselt (H-0692/00):

Asunto: Academia europea de policía

¿En qué fase de planificación se encuentra la academia europea de policía, en lo que atañe a la conexión virtual de las instalaciones existentes y la creación de una academia concreta en un lugar determinado?

  Vitorino, Comisión. – (EN) El Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999 pidió que se estableciera una academia europea de policía para la formación de los mandos responsables de hacer cumplir la ley, que debería comenzar como una red de los actuales institutos nacionales de formación. Hasta ahora se han hecho progresos considerables. La Presidencia portuguesa presentó al Consejo una propuesta de reglamento a final de junio de 2000. La Presidencia francesa se ha fijado el objetivo de añadir una decisión del Consejo, que deberá ser aprobada antes de que finalice el presente año. Ello permitiría cumplir el plazo para la creación de una academia europea de policía antes de 2001, como se menciona en la lista de cometidos de la Comisión en materia de justicia y asuntos interiores.

Varios Estados miembros están a favor de la creación de una academia europea de policía como una red permanente de institutos nacionales de formación. Otros Estados miembros consideran la actual propuesta de la Presidencia a favor de una red como una fase temporal en la vía hacia una institución con una sede permanente. La Comisión ha insistido desde un comienzo en que la academia europea de policía se convertirá en una institución permanente tras haber funcionado como una red durante un período inicial, de acuerdo con la decisión de Tampere, lo que ha dado lugar al proyecto de reglamento que ahora incluye el siguiente enfoque.

A partir de enero de 2001, la academia europea de policía se creará como una red de institutos nacionales de formación, lo que prácticamente es una academia. Funcionará de este modo durante tres años. Tras dicho período, se adoptará una decisión sobre cómo debe seguir adelante la academia europea de policía. No obstante, la Comisión sigue defendiendo la posición de que el proyecto de reglamento debería incluir la obligación inequívoca de que la academia europea de policía se convierta en una institución permanente tras haber funcionado durante algunos años como una red.

  Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, expreso mi agradecimiento al Comisario por su precisa respuesta y su gran dedicación en este asunto. Entretanto he sido nombrado ponente para el tema y trabajaremos sin duda estrechamente para impulsarlo.

Pero mi pregunta es la siguiente: ¿sigue proyectando la Comisión elaborar un estudio sobre la factibilidad de una academia real? Pues sabe que el Parlamento Europeo ha exigido una academia real y no virtual. ¿Proyecta elaborar un estudio sobre las posibilidades de realización? Puede contar sin duda con nuestro pleno apoyo.

  Vitorino, Comisión. – (EN) Existe un primer estudio de viabilidad realizado por la Secretaría General del Consejo, que ha servido de base para la actual propuesta de resolución del Consejo. Pero nos proponemos fomentar nuestra propia iniciativa en este ámbito, para asegurarnos de que dispondremos de toda la información necesaria para dar el siguiente paso tan pronto como sea posible. Es urgente dar ese segundo paso para poder convertir la academia europea de policía en una institución permanente. La Comisión no desechará esa idea.

  El Presidente. - Muchas gracias, señor Vitorino, por las respuestas de esta tarde.

La pregunta nº 50 se contestará por escrito⁽²⁾.

Preguntas dirigidas a la Sra. Diamantopoulou

  El Presidente. -

Pregunta nº 51 formulada por Michl Ebner (H-0647/00):

Asunto: La seguridad social en el marco de una economía europea reforzada

A comienzos del siglo XXI, una de las principales tareas de la Unión Europea es, sin lugar a dudas, conceder a la dimensión social la importancia que le corresponde con respecto a las dimensiones económica y política. Se han de definir y hacer realidad unos objetivos sociopolíticos comunes con objeto de garantizar así que los ciudadanos europeos sean copartícipes del proceso de creciente integración y de la próxima ampliación. Por ello, ¿podría informarme la Comisión de si tiene la intención de armonizar en mayor medida los regímenes de seguridad social, todavía tan diferentes, así como de armonizar las cualificaciones profesionales en todos los ámbitos?

¿Hay razones fundadas para suponer que las hasta ahora escasas atribuciones de la UE en materia social y laboral serán mayores en el futuro?

  Diamantopoulou, Comisión. – (EL) Señor Presidente, las dos preguntas fundamentales son si va a avanzar la armonización de la política social y si van a ampliarse las competencias de la Comisión en materia de política social.

Empezaré con la resolución del Consejo de Lisboa, en la que se hace clara referencia a la necesidad de combinar las políticas de competitividad y las políticas de cohesión social, a la necesidad de modernización del modelo social, a la necesidad de invertir en las personas y a la lucha contra la exclusión social. La Comisión, claro, de acuerdo con los Tratados, no tiene margen de iniciativa política en materia de política social. Pero tenemos que decir que después de Lisboa hay acuerdo en el Consejo, una resolución unánime del Consejo favorable a la colaboración en el ámbito de la política social y a la extensión del método de la colaboración abierta a asuntos como la exclusión social o la protección social.

Tengo que decir que en la agenda propuesta en julio, en torno a la cual hubo una especial colaboración con el Parlamento y la ponente de la Comisión de Asuntos Sociales, Sra. Van Lancker, se describen con precisión las medidas y las acciones en materia de política social en el marco del Tratado, pero se declara también expresamente que no se va a buscar la armonización de las políticas sociales. Se considera que es algo imposible. No obstante, nuestros propósitos pueden tomar cuerpo a través de instrumentos como el diálogo social, los Fondos Estructurales, especialmente el Fondo Social Europeo, que cuenta con un elevado presupuesto, el mainstreaming, el análisis político, la investigación y, finalmente, la legislación.

En julio de 1999 la Comisión presentó una nueva comunicación titulada «Estrategia coordinada para la modernización de la protección social». En ella se contemplan dos líneas fundamentales. Una es la lucha contra la exclusión social, y la otra, la futura colaboración en materia de protección social y de sistemas de pensiones. En relación con ambos objetivos, entre las prioridades de la Comisión se encuentran: la adopción y aplicación de indicadores sociales, que se hacen necesarios para valorar las políticas; la definición de objetivos en relación con la pobreza y la cultura, algo que será objeto de debate durante la Presidencia francesa; y el acuerdo en torno a ejes relativos a la viabilidad de las pensiones.

  Ebner (PPE-DE). – (DE) Señora Comisaria, muchas gracias por estas aclaraciones. Permítame que formule como pregunta adicional algo que me interesa especialmente: ¿hasta qué punto piensa la Comisión trabajar en el futuro de un modo especial para que los sistemas de seguridad social, las cualificaciones profesionales y las competencias sociales queden sometidas en general a una armonización? La enumeración de la situación actual ha sido altamente interesante así como la evolución, que se muestra más positiva a lo que ha sido en el pasado.

Sin embargo, creo que debemos convencer a la población de la Unión Europea de que la libertad de establecimiento no es una palabra vacía que a la postre es válida al 100% para los turistas sino que la libertad de establecimiento es una realidad y no una palabra vacía para las personas que trabajan y que han trabajado, primero en lo que a los sistemas de seguridad social se refiere y luego a los sistemas de pensiones. Creo que a este respecto debemos intentar uniendo todas nuestras fuerzas convencer al Consejo para llevar a cabo una política más abierta, avanzada y orientada al futuro.

  Diamantopoulou, Comisión. – (EL) Señor Presidente, no estoy en desacuerdo con el enfoque general de su señoría, quiero, sin embargo, recordar el margen de movimiento de estas políticas a escala europea, ya que se trata de políticas nacionales; segundo, hay que tener presente que, según nuestros estudios, hay tantas diferencias en la estructura y en la organización de los sistemas de pensiones y de los sistemas de seguridad social, que es imposible hablar de armonizarlos; tercero, por lo que se refiere a los derechos de los trabajadores en sus desplazamientos entre país y país, ya existen dos reglamentos. El Consejo de Ministros de Trabajo mantuvo en julio un profundo debate sobre el cambio de reglamento relativo a los trabajadores que viven en un país y trabajan en otro, pero tengo que señalar que, mientras existan tantas diferencias en los sistemas, las dificultades para la armonización que su señoría propone serán prácticamente insuperables.

  Kauppi (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, señora Comisaria, la armonización de los regímenes de la seguridad social implicaría también la homgeneización de su financiación, o sea, de los sistemas fiscales a efectos prácticos, no solamente en sus aspectos técnicos, sino también en lo que se refiere a las bases impositivas. Todos sabemos que aún no se ha llegado a una unanimidad política en este terreno, y que seguramente tampoco será lograda a corto plazo. Por ello, creo que también cabe aquí practicar la política del avance gradual a pequeños pasos, y preguntaría sobre el estado de una parte pequeña de esta política gradual, a saber, sobre la fase en que se encuentra la directiva relativa al mercado común de los planes de jubilaciones complementarias. Estaba previsto que los trámites de esta directiva pasaran desde la Comisión al Parlamento Europeo ya en julio, y ahora hemos escuchado que esto ocurrirá probablemente en septiembre. También es posible que esta directiva no llegue a abordarse durante la Presidencia francesa. ¿Podría usted reseñarnos sobre el estado actual de la directiva relativa al mercado común de los planes de jubilaciones complementarias?

  Diamantopoulou, Comisión. – (EL) Señor Presidente, quisiera decir que esta directiva, que se está redactando en colaboración con otras direcciones y con otros Comisarios, como Mercado Interior y Competencia, está avanzando y podría en una próxima sesión ofrecerles un texto más completo. Ahora estamos en la fase de debate.

  El Presidente. - Pregunta nº 52 formulada por Glenys Kinnock (H-0649/00):

Asunto: Organizaciones no gubernamentales sociales europeas

Cada vez se reconoce más la función de las ONG sociales europeas como un nexo importante entre los ciudadanos de Europa y la Comisión, el Parlamento y el Consejo en ámbitos como la política social, el comercio, el desarrollo y el medio ambiente. ¿Qué planes tiene la Comisión para proponer un fundamento jurídico para el diálogo civil entre las instituciones de la UE y la sociedad civil organizada?

  Diamantopoulou, Comisión. – (EL) Esta claro que en la preparación del Libro Blanco sobre la nueva forma de gobierno de Europa, titulado «Ampliación de la democracia en Europa», uno de los asuntos fundamentales es el papel de la sociedad civil en las nuevas formas de funcionamiento de la democracia en Europa y en todos los países miembros.

El nivel de colaboración y las modalidades de colaboración de la Comisión con las organizaciones no gubernamentales preocupan e interesan especialmente a todas las carteras, cuyos programas en muchos casos se materializan a través de las organizaciones no gubernamentales; organizaciones que, a mi parecer, tienen singular relevancia en el ámbito de los asuntos sociales.

Como saben, estamos manteniendo un diálogo basado en el documento de trabajo «La Comisión y las organizaciones no gubernamentales – Hacia una colaboración más estrecha» elaborado por la Comisión. El objetivo, con este diálogo, es perfilar nuevas propuestas sobre importantes asuntos de naturaleza tanto política como procedimental· importantes asuntos de naturaleza política, como la representatividad de las organizaciones, y de naturaleza procedimental, como su financiación y funcionamiento. En el marco de este diálogo me reuní el 30 de marzo de 2000 con los miembros de la plataforma de las organizaciones no gubernamentales europeas, y se produjo un diálogo sobre dos clases de asuntos. La primera clase, las propuestas que presentaron —valiosísimas para la agenda social—, y la segunda, asuntos relacionados con la representatividad y la organización de las organizaciones no gubernamentales en el ámbito social a escala europea, los problemas económicos a los que se enfrentan y las especiales dificultades de procedimiento que encuentran para su financiación, la calidad y el nivel de exigencia de los servicios que ofrecen las organizaciones no gubernamentales. Que duda cabe de que en este diálogo la contribución de las propias organizaciones es extraordinariamente importante.

Recientemente, en junio, se celebró una reunión del grupo interservicios de la Secretaría General con las plataformas de las organizaciones no gubernamentales europeas de ámbito social y de desarrollo, y creo que este diálogo culminará muy pronto, y la Comisión estará en condiciones, tras la valoración de la colaboración mantenida hasta ahora, y tras la valoración del marco institucional en el que funcionan las organizaciones no gubernamentales, de avanzar en una nueva propuesta global que consolide su papel institucional y sus posibilidades de funcionamiento.

  Kinnock (PSE). – (EN) Gracias, señora Comisaria, y ciertamente estoy de acuerdo, en particular, con la esencia de la primera parte de su respuesta. Acojo con satisfacción el hecho de que las ONG sean financiadas a través de programas de acción de lucha contra la exclusión y la discriminación. Pero tengo una pregunta concreta: ¿por qué sólo se financian ocho o nueve ONG, según la información de que dispongo, a través de estas dos partidas presupuestarias?

En segundo lugar, algunas ONG piensan que se les está denegando, injustamente, el acceso a la financiación principal. Según la información de que dispongo, se están viendo obligadas a financiar proyectos mientras hay 18 ONG de medio ambiente, por ejemplo, que reciben fondos de la Comisión para cubrir sus gastos de funcionamiento. Se me ocurre que cuando han transcurrido dos años desde la congelación del presupuesto de 1998, va siendo hora de que la Comisión responda a lo que son necesidades muy claras de financiación central de las ONG sociales europeas para cubrir sus costes de funcionamiento.

  Diamantopoulou, Comisión. – (EN) Como usted sabe, en lo que respecta, en particular, a los temas sociales y a las ONG, existen algunas normas relativas a su tamaño, representación y resultados. Sabemos que en el ámbito social las ONG son muy numerosas y es muy difícil para la DG de la Comisión saber con cuáles de ellas puede cooperar. A veces existe cierta confusión a nivel nacional. Por ello hemos decidido establecer unos criterios y alcanzar un acuerdo con las ONG sobre los criterios por los que debemos guiarnos para seleccionar a las ONG con las que podemos trabajar. Por este motivo debemos solucionar el problema del nivel de representación y el tema de la red que debe establecerse a nivel europeo.

  El Presidente. - Pregunta nº 53 formulada por Mihail Papayannakis (H-0675/00):

Asunto: Empleo en Grecia

En su respuesta a mi pregunta H-0778/99⁽³⁾

sobre el Plan de acción griego para el Empleo, la Comisión afirmaba que el Gobierno griego era consciente del problema que plantea la imposibilidad de registrar los movimientos de la población activa en relación con los puestos de trabajo, y que por ello se había comprometido, en primer lugar, a reorganizar los servicios públicos en el sector del empleo nacional, en segundo lugar, a crear centros eficaces de fomento del empleo y, en tercer lugar, a introducir un sistema de tarjetas electrónicas para el empleo y utilizar sistemas informáticos adecuados para poder llevar a cabo todas estas políticas.

¿Puede indicar la Comisión cómo está evolucionando la tasa de desempleo en Grecia, en qué fase de realización se encuentran los compromisos adquiridos por el Gobierno griego tal y como se mencionan más arriba, y qué resultados cuantitativos puede ofrecer hoy por hoy (en otras palabras, cuántos desempleados han encontrado trabajo) gracias a los programas en favor del empleo que se están aplicando?

  Diamantopoulou, Comisión. – (EL) De acuerdo con los datos del Eurostat, la tasa de desempleo en Grecia en 1998 era el 10,7%, mientras que el término medio en Europa durante el mismo período era 9,9%. De momento, para 1999 el Eurostat no dispone de datos sobre Grecia y las estimaciones para 1999 eran del 10,4%. Así pues, está claro que carecemos de los correspondientes datos estadísticos que incluyan la fluctuación del desempleo, lo que hace difícil la evaluación de las políticas y las medidas que se aplican en el marco del nuevo plan de acción para el empleo, así como de las nuevas medidas anunciadas por el gobierno griego, fundamentadas en dicho plan de acción para el empleo y que se mueven en la dirección adecuada.

Hay compromisos importantes que afectan en primer lugar a la organización y la adaptación de los servicios y usos estadísticos de Grecia a los de los países europeos y los del Eurostat, puesto que es obvio que sin base estadística es difícil avanzar en políticas específicas. En segundo lugar, está el compromiso de reestructurar los servicios públicos, los servicios de empleo y los servicios estadísticos, y dicha reestructuración deberá haber culminado antes de que acabe el año 2001.

La Comisión no dispone de datos sobre el número de desempleados que han encontrado trabajo en Grecia a través de los diferentes programas de empleo; por ello precisamente hay un compromiso, en colaboración con la Comisión, para la evaluación continua de los programas de formación, de manera que se pueda hacer un seguimiento preciso de las personas que pasan por procesos de formación.

Quiero decir que la formulación de su pregunta coincide con la comunicación de las recomendaciones a todos los países, y las que fundamentalmente atañen a Grecia son la remodelación de las estadísticas, los índices, los estudios y los servicios de empleo, el examen pormenorizado de los desincentivos fiscales y otros desincentivos provenientes de las subvenciones comunitarias para la entrada en el mercado de trabajo, la promoción de la formación permanente y la participación de los interlocutores sociales en este proceso, el reforzamiento de la empresarialidad y la simplificación de los trámites para la creación de nuevas empresas, y el fomento de la colaboración entre los interlocutores sociales para modernizar la organización de las relaciones laborales, con garantías tanto de flexibilidad como de seguridad.

  Papayannakis (GUE/NGL). – (EL) Muchas gracias, señora Comisaria. Manejo aproximadamente los mismos datos estadísticos que usted; y, además, tengo en las manos en este momento el último boletín del Eurostat, el del cinco de septiembre. Los números son prácticamente los mismos.

Lo que realmente quisiera poner de relieve es lo siguiente: desde hace muchos años, señora Comisaria, desde mucho antes de que usted asumiera su responsabilidad actual, intento saber, aun mediante una estimación aproximativa, cuántas personas han encontrado trabajo a través de los planes de acción para el empleo, y todavía no lo he conseguido. ¿Qué perspectiva hay de que alguna vez lo sepamos, aunque sólo sea con respecto a un plan si es que no puede ser en general?

Segundo, ha dicho que tendremos resultados hacia finales de 2001. Yo, en todo caso, hoy por hoy, considero de todo punto inadmisible mantener cualquier debate con estos datos; datos disponibles para todos los países; con todos sus números, por meses, en conjunto, por categorías; sólo la columna de Grecia está vacía. Me pregunto qué podemos debatir. Perdone usted que se lo diga así, pero he llegado al límite de mi paciencia.

  Diamantopoulou, Comisión. – (EL) Grecia atraviesa un período de transición que, a mi parecer, corresponde a la primera fase de las políticas que se referían a su incorporación a la unión económica y monetaria.

Es evidente que en determinados ámbitos, que han sido señalados, presenta deficiencias en comparación con los demás países. Estoy de acuerdo con usted en que especialmente la cuestión de los datos estadísticos es de extraordinaria importancia, no sólo para la evaluación, sino para la aplicación de políticas. El compromiso adquirido a través del plan de acción para el empleo es claro, las recomendaciones se refieren concretamente a este asunto, las directivas, las líneas básicas de política de empleo para el año 2000 lo plantean como prioridad, es uno de los asuntos en los que el gobierno griego se ha comprometido. Espero que el año que viene por estas fechas nos encontremos en mejor situación.

  Hatzidakis (PPE-DE). – (EL) Señora Comisaria, personalmente me resulta usted simpática, pero debo decir que el gobierno griego, especialmente en asuntos de empleo, no me resulta nada simpático; lo ponen de manifiesto los propios resultados. Y lo pone de manifiesto lo que usted acaba de decirnos. ¿Cómo se puede hacer política de empleo cuando no se conoce la tasa de empleo, cuando no se sabe cuántas personas han encontrado empleo gracias a los programas de formación?

Quiero centrarme en algo, preguntarle a usted algo concreto, para no alargar el debate. En el ámbito específico de la formación, ¿qué cree usted que debe cambiar y qué le propone al gobierno griego que cambie durante el período 2000-2006 en relación con el período anterior, en el que todos, aunque no dispongamos de estadísticas exactas, tenemos la impresión de que las cosas no fueron bien? Y es que los pocos datos de que disponemos muestran que las cosas no dejan de empeorar. ¿Qué cambiará, pues, durante el período 2000-2006?

  Diamantopoulou, Comisión. – (EL) Antes de empezar, señalaré que cada país ha tenido, por razones históricas y políticas, un diferente punto de partida, y que en los próximos cinco años, en el marco del tercer MCA, se les brinda a todos los países una gran oportunidad de aprovechar del mejor modo estrategias y recursos.

Por lo que respecta concretamente al ámbito de la formación, al que se ha referido, en Grecia, como sabe, viene funcionando el EKEPIS (Centro Nacional de Acreditación), fruto también del acuerdo con la Comisión, y que es un centro de acreditación con resultados muy satisfactorios y con evaluaciones positivas, que en el nuevo período completará los procedimientos de acreditación. Es decir acreditará también a formadores y programas, cosa que hasta ahora no ocurría

Segundo, habrá que relacionar la orientación de la formación con la estrategia del país en el ámbito de los servicios y de la sociedad de la información, es decir relacionar los contenidos de la formación con la estrategia del país.

Tercero, deberá completarse la creación de centros de fomento del empleo. Hasta hoy se han abierto veinticuatro. Deberán crearse por lo menos cien, de acuerdo con el plan a escala nacional que se ha elaborado. Estos centros deberán distanciarse de la clásica prestación de servicios a los parados y avanzar hacia los modelos que hoy ya tenemos en la Unión Europea, que son modelos caracterizados por la atención personalizada a las personas desempleadas. Y, claro está, deberá aplicarse el plan de la tarjeta electrónica de empleo, de manera que sea posible el seguimiento. El plan de acción para el empleo en el año 2000 incluye estos compromisos. Existe la financiación para que estos programas avancen, y mi estimación es que durante el período 2000-2006 en el ámbito de la formación deberán centrarse en los puntos concretos que he mencionado.

  El Presidente. – Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 54 decae.

Las preguntas núms. 55, 56 y 57 se contestarán por escrito⁽⁴⁾.

Preguntas dirigidas al Sr. Fischler

  El Presidente. - Pregunta nº 58 formulada por Guido Sacconi (H-0602/00):

Asunto: Retraso en el reconocimiento del "Certificado de especificidad alimentaria"

En 1994, tras un largo trabajo de elaboración, investigación y debate en el sector italiano, se elaboró un dossier sobre la miel virgen integral, en virtud del Reglamento 2082/1992/CE⁽⁵⁾. Dicho dossier, acompañado de una solicitud de "Certificado de especificidad alimentaria", lo había preparado la "Associazione per il miele vergine integrale", quien lo presentó a la Comisión el 8 de septiembre de 1995, por intermedio del Ministerio de Medio Ambiente italiano. Para recibir el dictamen positivo de la Comisión, obtenido gracias a una serie de intervenciones del Gobierno italiano y, en particular, del Ministro De Castro, fue necesario esperar hasta agosto de 1999. Desde entonces, la asociación promotora no ha recibido noticias. Considerando que ya han pasado 11 meses desde el dictamen favorable y que el reglamento en cuestión establece plazos definidos para la concesión del certificado, ¿puede hacer saber la Comisión qué problemas obstaculizan la expedición del certificado y cómo piensa resolverlos?

  Fischler, Comisión. – (DE) Señor Presidente, Señorías, la solicitud de inscripción como miele vergine inegrale, de la que aquí se trata, no se encuentra lamentablemente en concordancia con los requisitos de las normas legales en vigor en la Comunidad. En especial, la utilización de esta denominación está en contradicción con la directiva actual 409 del año 1974. Por ello, no se ha podido aprobar hasta ahora la solicitud italiana para la protección mediante el etiquetado de determinadas características de alimentos en el sentido del Reglamento 2082. Pero como sabe, existe una propuesta para modificar esta directiva.

Tan pronto como el Consejo y el Parlamento hayan modificado la directiva y sea lícita una denominación de este tipo se podrá llevar también por fin el examen de la solicitud para la miel mencionada a una conclusión con éxito.

  Sacconi (PSE). – Muchas gracias, señor Comisario, por su puntualidad; sin embargo, debo manifestar que no estoy satisfecho.

Me consta que hace once meses la Comisión emitió un dictamen favorable, como figura en mi pregunta. Soy consciente de que, entretanto, se ha vuelto a definir la posición común sobre la directiva y que el Parlamento está a la espera de debatirla. No obstante, se me antoja que la referencia al Reglamento nº 2082/92 puede prescindir de esta directiva, que la directiva y el reglamento pueden ser considerados canales separados.

Por lo tanto, pido una aclaración al respecto porque, de lo contrario, no podré llevar a los apicultores italianos una buena noticia.

  Fischler, Comisión. – (DE) Señor Presidente, señor diputado, esto es muy fácil de explicar. No podemos introducir ninguna protección de origen para un producto si una denominación de protección de este tipo está en contradicción con una norma comunitaria. Por ello, es una condición previa que primero entre en vigor esa norma comunitaria modificada pues así ya no existirá esa contradicción. Entonces no tendremos tampoco ningún problema para declarar la protección deseada por el Gobierno italiano o la región afectada.

  El Presidente. -

Pregunta nº 59 formulada por Patricia McKenna (H-0609/00):

Asunto: Financiación de Coillte por la Unión Europea

De acuerdo con una resolución de agosto de 1999 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Coillte ha recibido ilegalmente de la Unión Europea primas por perdidas de ingresos forestales con cargo a la financiación prevista en el Reglamento 2080/92⁽⁶⁾, por un valor de 6,5 millones de libras desde 1993 a 1999. El Tribunal de Justicia resolvió que Coillte, empresa semiestatal encargada del desarrollo forestal, es una "entidad pública" y no está facultada para recibir estos pagos.

A la luz de esta sentencia, ¿piensa la Comisión que Coillte no esta facultada para recibir nuevos pagos por valor de 30,5 millones de libras con cargo a la próxima ronda de financiación del Reglamento 2080/92?

  Fischler, Comisión. – (DE) Señor Presidente, Señorías, la pregunta de la Sra. diputada apunta a saber si la empresa Coillte está autorizada a recibir de créditos del Fondo Agrario, departamento Garantía, ayudas cofinanciadas para compensar pérdidas de ingresos en medidas de reforestación en el sentido del Reglamento 2080 del año 1992.

Quiero aclarar que no existe ninguna sentencia del Tribunal de Justicia sobre esta pregunta específica. Sin embargo, es cierto que la Comisión clasifica a esta empresa Coillte como una empresa estatal porque dicha empresa se encuentra en propiedad del Estado irlandés. En consecuencia no existe derecho a percibir ayudas para compensar pérdidas de ingresos. Según la letra 2 del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento sobre Reforestación estas ayudas están reservadas a los agricultores y otras personas físicas o jurídicas de derecho privado. Por ello, la Comisión prevé rechazar la cofinanciación de las ayudas pagadas de modo retroactivo desde el 1 de agosto de 1996.

Para los años 1997 y 1998 se trata de un importe total de unos 4,8 millones de euros. Esta rectificación financiera fue impugnada por las autoridades irlandesas en el llamado procedimiento de conciliación. La instancia de conciliación está actualmente aún trabajando y no ha finalizado aún esta cuestión. La Comisión defiende en este procedimiento la opinión de que las autoridades irlandesas hasta ahora no han presentado ninguna prueba para que se pueda clasificar a Coillte como empresa privada.

La Comisión no puede confirmar la suma de 6,5 millones de libras mencionada por la Sra. diputada ni la suma de 30,5 millones, que se refiere por lo visto a pagos futuros. Sin embargo, la Comisión va a aplicar a todas las solicitudes futuras la misma posición que ha defendido hasta ahora.

  McKenna (Verts/ALE). – (EN) Me complace enormemente oír la respuesta de la Comisión, porque la financiación que recibe Coillte fue decisión del Estado, fue el Estado el que estableció Coillte. Es una empresa semiestatal que se encarga del desarrollo forestal. En realidad ha utilizado los fondos que recibió de estos pagos de intereses por los terrenos que adquiría. Un aspecto que también resulta interesante es que el presidente, Ray MacSharry, antiguo Comisario europeo de Agricultura, sigue negándose a reconocer el hecho de que Coillte es una entidad pública y que no tiene derecho a recibir dichos pagos. En una reunión celebrada recientemente con Coillte, me dijeron que el Gobierno iba a desafiar esta decisión. Creo que desafiarla sería un auténtico despilfarro del dinero de los contribuyentes porque creo que está muy claro para cualquiera con un mínimo de sentido común que la empresa no tiene derecho a recibir esos fondos. Lo que es realmente devastador es que han impedido que recibieran los fondos de la despoblación rural las personas que debían recibirlos para compensarles por las pérdidas de ingresos, y me gustaría que la Comisión garantizara que Coillte no recibirá más fondos, porque, desde un inicio, no tenía derecho a recibirlos, y que deberá devolver los fondos recibidos. La empresa afirma ahora que es el Estado el que deberá devolverlos, algo que tampoco es aceptable.

  Fischler, Comisión. – (DE) Señor Presidente, no puedo añadir nada más. Esta es exactamente la posición de la Comisión que ha expuesto aquí la Sra. diputada. Queda fuera de toda duda que un Estado como Estado y en el presente caso, como propietario al 100% de una empresa, no es un perceptor de rentas, por lo que tampoco puede tener pérdidas de las mismas. Por ello, está claro que estas sumas deben devolverse y que esta empresa tampoco puede percibir nuevos fondos.

Además, en lo que al procedimiento de conciliación se refiere puedo decirle que dicho procedimiento no es equiparable a un procedimiento de conciliación judicial sino que sólo representa la opinión de una institución que ha sido creada por la Comunidad. Sin embargo, las conclusiones no son vinculantes para la Comisión, tal como se ha dicho ya aquí en varias ocasiones en el Parlamento. Por otro lado, las partes pueden acudir naturalmente si así lo desean al Tribunal Europeo de Justicia pero no es competencia nuestra decidir al respecto.

  El Presidente. - Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 60 decae.

Pregunta nº 61 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0618/00):

Asunto: Coste de la ampliación y agricultura mediterránea

A la vista de las previsiones y las últimas propuestas legislativas sobre agricultura mediterránea que afectan a producciones tales como algodón, arroz, frutas y hortalizas, tomates, frutos de cáscara y aceite de oliva, entre otras, con grave impacto negativo sobre el empleo y el progreso social de estas zonas pobres de Europa, y teniendo en cuenta los planes presupuestarios con vistas a la ampliación de la UE, quisiera preguntar a la Comisión: ¿cómo evitará que, de hecho, sea la agricultura mediterránea la que acabe pagando el coste de la próxima ampliación?

  Fischler, Comisión. – (DE) Señor Presidente, quiero decirle que considero importante esta pregunta porque ofrece la ocasión de realizar una aclaración. Pues aquí se establece una relación entre el modo cómo se trata a los Estados y productos del sur y la ampliación. Señora diputada, le puedo asegurar realmente que las reformas proyectadas en los sectores mencionados en su pregunta no tienen realmente nada que ver con la ampliación. El calendario que aquí se ha previsto se deduce de las obligaciones adquiridas por la Comisión una vez que el Consejo ha aprobado los correspondientes reglamentos. Se deduce también de la necesidad de que tenemos que garantizar plenamente la eficacia de los instrumentos de la Política Agrícola Común teniendo en cuenta la evolución del mercado.

Las propuestas de reforma de la Comisión están orientadas a la postre a la realización del modelo agrícola europeo en estos sectores. Se trata de garantizar la sostenibilidad en sus tres dimensiones. Queremos poner en consonancia entre si los objetivos económicos, sociales y de medio ambiente en estos campos. Naturalmente, el empleo y el desarrollo social en especial en las zonas rurales del Mediterráneo desempeñan aquí un papel muy importante.

Como usted sabe, como tras la Agenda 2000 la Política Agrícola Común se basa en dos pilares y la ejecución de los nuevos planes de desarrollo para las áreas rurales, en especial en los territorios del objetivo I, realizan una aportación sensible al logro de tales objetivos, creo que está claro qué consecuencias se derivan de ello.

En las previsiones financieras sobre las que se ha puesto de acuerdo el Consejo Europeo el último año en Berlín existe una separación estricta entre los compromisos para los 15 Estados miembros y entre los créditos adicionales previstos para los países candidatos. Por ello, actualmente no existe en absoluto la posibilidad de que créditos que están destinados a la UE de los 15 se dediquen a gastos para futuros miembros, es decir, para los países candidatos. De ahí que la preocupación que se ha expresado al respecto no esté realmente justificada desde mi punto de vista.

  Izquierdo Rojo (PSE). - Señor Comisario, tal vez podría contestarme con más claridad a la siguiente pregunta, importantísima para la ampliación:

La legislación comunitaria aplicable a los Estados candidatos a partir de la adhesión, que adquieren los Estados candidatos desde ese momento -el denominado acervo comunitario- ¿incluye, a su juicio, conceptualmente las ayudas y apoyos financieros de la PAC?

  Fischler, Comisión. – (DE) Señor Presidente, señora diputada, supongo que cuando habla de ayudas se refiere en primera línea a los pagos directos tal como están previstos en los reglamentos de mercado y sobre los que existe un gran debate en el marco de la ampliación.

En principio, usted tiene razón. A la larga, es aplicable a todos los Estados miembros el mismo acquis communautaire. Por ello, solamente puede haber una Política Agrícola Común y no dos diferentes. Pero usted sabe muy bien –y así ha sido en cada caso de ampliación, con España, Portugal y otros Estados- que en el Tratado de adhesión, que representa un derecho primario, existen normas transitorias en las que se contienen también excepciones sobre el acquis communautaire. Este es el sentido de las regulaciones transitorias. Por ello, la pregunta de desde cuándo los nuevos Estados miembros que se adhieran vayan a percibir los plenos pagos directos tal como se prevé en las organizaciones comunes de mercado, sólo se podrá responder una vez concluidas las negociaciones de ampliación. Pues esta cuestión es exactamente el objeto de las negociaciones de ampliación.

  El Presidente. - Pregunta nº 62 formulada por Marjo Matikainen-Kallström (H-0633/00):

Asunto: Ayudas al tabaco

En la Unión Europea, el cultivo del tabaco recibe todos los años ayudas por valor de varios millones de euros, mientras que simultáneamente cada año mueren más de medio millón de ciudadanos de la UE víctimas de enfermedades provocadas por el consumo de tabaco. Las ayudas que se destinan al cultivo del tabaco deberían redistribuirse de forma que puedan servir de incentivo para que los agricultores cambien el cultivo de tabaco por otros cultivos más sanos.

¿Cómo prevé la Comisión modificar en el futuro la base para la asignación de ayudas estructurales para poner fin al extendido cultivo del tabaco en la UE? ¿Qué calendario considera la Comisión adecuado para llevar a cabo las modificaciones pertinentes?

  Fischler, Comisión. – (DE) Señor Presidente, Señorías, la pregunta de la Sra. diputada no es desde mi punto de vista precisamente nueva. Recuerdo a esta Asamblea que la Comisión presentó ya en 1996 al Parlamento y al Consejo un informe sobre la organización común de mercado para el tabaco en crudo. En ese informe se llamaba la atención sobre el hecho de que este sector contribuye decisivamente al mantenimiento de la capacidad de supervivencia de algunas regiones de la Comunidad en parte muy desfavorecidas y en las que apenas existen alternativas.

En vista del análisis realizado entonces sobre las consecuencias sociales y económicas de una supresión de la ayuda comunitaria al cultivo del tabaco, se rechazó esa posibilidad. Pero también se rechazó porque se aportó la prueba de que el fomento de los cultivos prácticamente no tiene ninguna repercusión sobre el consumo de tabaco y, en consecuencia, sobre el riesgo para la salud en la Comunidad.

Posteriormente, en el año 1998 se reformó a fondo el sector del tabaco. Los puntos centrales de la reforma son: primero: la mejora de la calidad, en especial el cambio a variedades bajas en alquitrán y en nicotina. Segundo: la intensificación de la investigación a financiar con fondos comunitarios para el tabaco. Se han duplicado los créditos. Entre las tareas preferentes de esta investigación se incluye que se analicen en especial las posibilidades de un cambio del cultivo de tabaco a otras actividades. Tercero: en el sector del cambio a otros cultivos, la reforma prevé también un mecanismo por el que se compran cuotas a los agricultores que están dispuestos a dejar la producción. De este modo, se ofrece por así decirlo dinero a estos agricultores para facilitar el cambio a otros productos.

Estas disposiciones que están previstas en la organización común de mercado para el tabaco pueden ser complementadas en el marco de las medidas de ayuda para el desarrollo rural.

Finalmente, quiero decir aún que la Comisión va a evaluar naturalmente las medidas adoptadas en el marco de la reforma. Presentaremos al Parlamento Europeo hasta el 1 de abril del 2002 un informe sobre el funcionamiento de la organización común de mercado modificada.

  Matikainen-Kallström (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, señor Comisario, agradezco estas respuestas. De lo que se trata es de transferir estas subvenciones a otros productos. Ya he hecho estos comentarios en diferentes ocasiones porque, en todo caso, se trata de un asunto que tanto desequilibra a la humanidad, como es el tabaco, el cual provoca tantas muertes. En cuanto a los estudios que usted ha mencionado, quisiera saber en qué análisis objetivos se basan, pues estoy preocupada tanto por la salud de todos nosotros, como por el sustento de los cultivadores de tabaco. Deberíamos ser capaces de modificar la actividad productiva de estos agricultores y mantenerla en niveles tales que les permitan cultivar otros productos más inofensivos para todos nosotros.

  Fischler, Comisión. – (DE) Señor Presidente, señora diputada, lamento que al principio no se haya traducido. Por decirlo muy brevemente: por supuesto, le enviaré el análisis que se realizó en su día. También se analizaron las repercusiones sociales y sobre los ingresos. Pondré gustosamente a su disposición la documentación solicitada por usted.

  Purvis (PPE-DE). – (EN) ¿Tiene conocimiento el Sr. Comisario de la investigación que lleva a cabo el Instituto escocés de investigación de cultivos en Invergowrie, cerca de Dundee, que demuestra que las plantas de tabaco pueden ser modificadas genéticamente para que acepten la implantación de un agente multiplicador del potencial de las vacunas contra el cáncer? Resulta realmente irónico. ¿No sería deseable dar una nueva orientación a la industria europea del cultivo de tabaco hacia fines benignos y seguir fomentando este tipo de investigación?

  Fischler, Comisión. – (DE) Señor Presidente, señor diputado, tengo que decirle muy abiertamente que no he sido informado sobre estos resultados de investigación pero quizás porque han sido realizados en primera línea por consideraciones sanitarias por lo que caen dentro del ámbito de competencias de nuestro Comisario de Salud. Sin embargo, me voy a informar al respecto. Pero independientemente de si estos resultados son positivos o menos positivos, creo que debemos convencer a los fumadores para que estén dispuestos a comprar cigarrillos que cumplan estas condiciones.

No se trata de un problema de los productores de tabaco pues éstos producirán aquel tabaco que exija el mercado. Quizás lo mejor sea seguir lo que yo practico desde hace 15 años, es decir, no fumar en absoluto: entonces el problema será sólo mínimo.

  Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, la prevención de la salud tiene para todos nosotros en esta Asamblea una gran prioridad. Sabemos que el cultivo del tabaco tiene diversas prioridades en los Estados miembros. Por ello, a pesar de que nunca he sido fumadora, pregunto a la Comisión lo siguiente: ¿piensa la Comisión que si se suspendiese totalmente hoy el cultivo del tabaco en la Unión Europea –tal como algunos exigen-, sin embargo se fumaría porque vendrían importaciones de tabaco a la UE?

  Fischler, Comisión. – (DE) Señora diputada, si se observan los balances comerciales en el sector del tabaco, se comprueba que ya actualmente una gran parte sobre todo del tabaco que se emplea para la producción de cigarrillos es importada. La diferencia es solamente que con ayuda de la organización común de mercado intentamos en cierto modo producir nosotros mismos una parte de lo que ya se consume para no tener que importar todo. De este modo, concedemos a diversas familias una oportunidad de obtener un ingreso con este cultivo.

Estoy profundamente convencido de que el problema sanitario que sin duda existe en relación con el consumo de tabaco solamente se podrá controlar llamando la atención sobre las consecuencias sanitarias del consumo de tabaco. Sólo entonces, cuando estemos en situación de convencer a los consumidores, se reducirá el consumo de tabaco. Es una ilusión creer que esta cuestión se puede controlar desde el lado de la oferta. Desde un punto de vista económico, sólo se puede lograr desde el lado de la demanda.

  El Presidente. – Muchas gracias, señor Fischler, por sus respuestas.

Las preguntas 63 a 109 se contestarán por escrito⁽⁷⁾.

El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado.

(La sesión, interrumpida a las 19.25, se reanuda a las 21.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. PODESTÀ
Vicepresidente

(1) Cf. Anexo "Turno de preguntas" .

(2) Cf. Anexo "Turno de preguntas" .

(3) Respuesta oral del 18.1.2000.

(4) Cf. Anexo “Turno de preguntas” .

(5) DO L 208 del 24.7.1992, pág. 9

(6) DO L 215, de 30.7.1992, pág. 96

(7) Cf. Anexo “Turno de preguntas” .

12. Política de aguas

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0214/00) de la Sra. Lienemann, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto del Comité de Conciliación sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (C5-347/2000 - 1997/0067 (COD)) por la que se establece un marco comunitario en el ámbito de la política de aguas.

  Lienemann (PSE), ponente. - (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, estimados colegas, creo que, al realizar esta directiva marco sobre la política de aguas, nuestro trabajo común ha sido útil.

Hemos hecho un trabajo útil, una obra conjunta de compromiso, pero un compromiso que conlleva un importante nivel de exigencia que creo que permitirá un salto cualitativo y cuantitativo en la gestión del agua. A largo plazo, es preciso que nuestros conciudadanos europeos dispongan de los beneficios que aportan unas aguas de calidad en todas partes, ya se trate de aguas superficiales o de aguas subterráneas.

Este compromiso ha sido posible gracias al esfuerzo colectivo, a la relación de fuerza que el Parlamento europeo ha sabido crear y gracias a la movilización de todos los grupos, y en particular de los ponentes alternativos que me acompañaron, así como gracias al Sr. Provan, el presidente de nuestra delegación, en esta difícil conciliación.

Quisiera también expresar mi agradecimiento a los otros actores que son, naturalmente, la Comisión, que ha debido desempeñar un papel de intermediario, de innovador técnico, y que ha sabido hacerlo con gran rigor y sobrada eficacia, a la Sra. Comisaria, así como el conjunto de los servicios de la Comisión. También quiero agradecer al Consejo, y especialmente a la presidencia portuguesa y a su secretario de Estado, el Sr. Pedro Silva Perreira, el haber permitido este acuerdo. Y sobre todo porque, en los países del sur de Europa, los esfuerzos que requiere esta directiva son más difíciles de llevar a cabo que en otros países de la Comunidad, cuyo acceso al agua resulta más sencillo.

¿En qué aspectos los progresos han sido significativos? Primer aspecto: el carácter de la directiva tiene un valor legislativo extremadamente vinculante. Segundo aspecto: el establecimiento de la cuestión que juzgábamos primordial en el Parlamento, es decir, la eliminación y la suspensión absoluta de todos los vertidos de sustancias peligrosas prioritarias. Saben ustedes que nuestra Asamblea deseaba que nuestra directiva fuese compatible con los compromisos adquiridos en el marco de los convenios internacionales, y especialmente el OSPAR, como recuerda la directiva. El mecanismo puesto en marcha permite, progresivamente y cada 4 años, dictar una lista de las sustancias prioritarias, es decir de las sustancias prioritarias de las que habrá que reducir la cantidad, y de las sustancias prioritarias peligrosas, que sencilla y simplemente habrá que eliminar.

En tercer lugar, quedaba la cuestión sensible e importante de las aguas subterráneas. Nos enfrentábamos a la dificultad de definir rigurosamente lo que llamaríamos el buen estado de las aguas subterráneas. Para que este buen estado se precise, se contempló la posibilidad de promulgar una directiva "derivada", es decir, que sería una ramificación de la directiva marco. El Parlamento tenía el ligero temor de que esta nueva directiva pudiese aplazar las exigencias de lucha contra la contaminación y las medidas inmediatas para prevenir la contaminación de las aguas.

Por este motivo insistimos y conseguimos que se inscribiese, en primer lugar, y en caso de que los diputados europeos no aprobasen la directiva, que los Estados miembros dicten reglas que permitan garantizar el buen estado de las capas de agua subterráneas. Si los Estados miembros no lo hacen - es una especie de espada de Damocles - si se alcanza un nivel del 75% de las normas aplicables para el buen estado de las aguas subterráneas en materia de contaminación, los Estados miembros deben invertir la tendencia. En general, la directiva considera la voluntad del Parlamento para que las acciones de los Estados miembros permitan invertir la curva del aumento de contaminación que se observa en las capas de agua subterráneas.

Por lo tanto verán, estimados colegas, que hemos llegado a un dispositivo que permite progresar de forma muy significativa, y no sólo en lo que se refiere a los grandes principios, sino también en una eficacia completa de las decisiones tomadas.

Sin embargo, todos tenemos que seguir siendo vigilantes. En primer lugar en lo relativo al conjunto de las directivas "derivadas", que van a ser una ramificación de la directiva marco. Vamos a ser actores en la codecisión sobre la lista de las sustancias prioritarias y de las sustancias prioritarias peligrosas. Un primer informe ya se está examinando en comisión, y ya se ha nombrado un ponente. La segunda gran movilización de nuestra Asamblea será el contenido de la directiva marco sobre las aguas subterráneas.

En suma, hemos recorrido, creo, el camino decisivo. Seguiremos con nuestra movilización colectiva, pero me parece que, en los albores del siglo XXI, y con esta directiva marco, Europa comienza una nueva era, donde la protección de este recurso fundamental que es el agua se convierte en una de las prioridades de las acciones públicas y de la intervención del conjunto de los actores, ya sean agricultores, industriales o usuarios. En cualquier caso, tal es la intención de nuestra directiva y estoy convencida de que la Comisión y los Estados miembros se asegurarán de que así se haga.

  Schleicher (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, los resultados del procedimiento de conciliación relativo a la directiva marco sobre la política de aguas representan la culminación de diez años de duro pero fructífero trabajo para el Parlamento Europeo. Con ellos iniciamos, sin embargo, a la vez otra serie de nuevas tareas igualmente importantes. Desde finales de los años ochenta, estaban pendientes una serie de propuestas de la Comisión con vistas a la revisión de las directivas existentes, que el desarrollo técnico y científico hacía necesarias. La Comisión de Medio Ambiente constató en la primera lectura una falta de cohesión entre las mismas, tanto en lo que respecta a los contenidos como en cuanto a los conceptos.

En junio de 1995, la Comisión de Medio Ambiente celebró, a instancias de nuestro Grupo, una consulta con expertos sobre la política de la Unión Europea en materia de protección de las aguas. Las declaraciones de los expertos confirmaron nuestras preocupaciones. El Consejo y la Comisión respondieron a nuestra petición de un marco legislativo comunitario amplio y completo en el ámbito de la protección de las aguas. Así se concibió y nació la idea de la actual directiva marco sobre la política de aguas. La Comisión presentó sus propuestas en febrero de 1996 por medio de una comunicación. El colega Florenz, de nuestro Grupo político, expuso en un informe muy detallado los objetivos del Parlamento Europeo y las deficiencias existentes. La propuesta de la Comisión de diciembre de 1996, elaborada con muchas prisas, se completó luego en 1997 en dos etapas, como fruto de las discrepancias entre la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión. En febrero de 1998, la Comisión presentó finalmente su propuesta oficial definitiva.

El Parlamento y la Comisión Europea fueron aproximando progresivamente sus posiciones gracias a esta estrecha colaboración, que también se mantuvo luego a lo largo de las intensas consultas celebradas en el curso de la primera y la segunda lecturas del Parlamento Europeo y en el marco del procedimiento de conciliación. Quiero manifestar mi agradecimiento por esta colaboración a las comisarias competentes, Sras. Bjerregaard y Wallström, y muy especialmente también a los funcionarios de la Comisión que intervinieron en el proceso.

Desde el punto de vista del Parlamento, el presente resultado constituye un gran éxito, que hubiese sido impensable hace apenas dos años. Éste incluye la supresión de la anterior dispersión de la legislación de la UE en el ámbito de la protección de las aguas, la coherencia de las directivas relativas a la política de aguas a escala de la UE, la obligatoriedad de las medidas, de conformidad con el artículo 4, la reducción de los plazos para el cumplimiento de los objetivos de la directiva, disposiciones satisfactorias en relación con los costes, también en el caso de Irlanda, la introducción de un enfoque combinado, que define unos valores límite de emisión y unos objetivos cualitativos de reducción de la presencia de sustancias contaminantes, apreciables mejoras con respecto a la posición común en cuanto a las exigencias en materia de protección de las aguas y, finalmente, la incorporación del objetivo y la definición del Convenio OSPAR sin un plazo prefijado.

Yo quisiera volver a resaltar ahora un punto especialmente importante para nosotros, a saber, que si bien deseamos la armonización de la legislación comunitaria con los convenios internacionales en lo que respecta a los contenidos, esto no ha de suponer la incorporación automática al Derecho comunitario, con carácter jurídicamente vinculante, del contenido de dichos convenios internacionales. Por último, cabe citar la garantía de la futura aplicación del procedimiento de codecisión. Es un resultado muy satisfactorio, pero no podemos dormirnos en los laureles. Ahora habrá que proceder a la transposición de la directiva marco sobre la política de aguas.

También quiero expresar, obviamente, mi especial gratitud a la Presidencia portuguesa y, por último, particularmente también a la ponente, Sra. Lienemann. Nuestro éxito común sólo fue posible gracias a su inmensa dedicación y a la gran cantidad de tiempo y energía que invirtió en su trabajo. Fue una colaboración muy satisfactoria para mí y quiero expresarle personalmente mi especial agradecimiento, señora Lienemann, así como también a nuestros colaboradores de los servicios del Parlamento.

  Myller (PSE). – (FI) Señor Presidente, yo también quiero darle las gracias de forma especial a la ponente de este informe, Sra. Lienemann, porque todos hemos visto cómo se ha entregado a este trabajo. Además, los puntos de vista del Parlamento han tenido cabida de forma bastante aceptable, especialmente la importante cuestión que sitúa en el horizonte un marco que prohíba , por fin, el vertido de sustancias peligrosas en las aguas subterráneas. Yo creo que debería estar más claro que el agua que cuando se tiene conocimiento de que una sustancia es peligrosa, ésta no debe ser vertida en las aguas subterráneas bajo ningún concepto, ya que el agua es para las personas, entre otras cosas, una importante fuente de salud. Hay que lamentar, desde luego, que los períodos de transición para que esto se lleve a cabo sean excesivamente largos.

En general, hay que decir que hemos avanzado en ciertos sectores en la Unión Europea. En muchas regiones, las municipalidades y la industria han cumplido relativamente bien sus funciones correspondientes. Los sectores agrícola y forestal siguen siendo un problema debido a la falta de control de sus vertidos. Hay que actuar con más energía en estos sectores. Desde el punto de vista de los consumidores, es naturalmente importante el modo de gestionar el consumo, para lo cual el pago de derechos y los impuestos son primordiales. Por ello, me cuesta algún trabajo comprender que se pueda incluso llegar a pensar que el agua es un artículo de consumo que se debe costear con el dinero de todos los contribuyentes, pues sólo a través del pago de derechos se conseguirá orientar el consumo en una dirección verdaderamente acertada.

  De Roo (Verts/ALE). - (NL) Presidente, comisario, colegas, hace casi diez años, durante la Cumbre de Edimburgo, Kohl y Major se decían lo siguiente: no necesitamos una política de aguas europea. Si los españoles quieren contaminar sus aguas, que lo hagan. Pero los tiempos han cambiado. En 1996, la Comisión propuso la directiva ecológica de aguas. Sin embargo, este documento sólo constaba de cinco páginas. Ahora disponemos de un amplio documento legislativo: 60 páginas y 90 páginas de anexos gracias a la colaboración por encima de las ideas partidistas, especialmente entre los diversos grupos del Parlamento Europeo, y quisiera expresar mi agradecimiento a la Sra. Lienemann y también a Chris Davies del Grupo liberal y a la Sra. Schleicher de los democristianos.

Los Verdes consideran que este documento es válido en un 80%. La política de precios del agua es lo que no resulta acertado. Sí se ha acertado en el hecho de que disponemos de una nuevo criterio para las sustancias químicas. Ya no se prohiben las sustancias químicas por el riesgo que suponen para la salud humana, sino, en virtud del nuevo criterio, porque se trata de sustancias que no deben hallarse en el agua. Creo que podemos sentirnos orgullosos.

  Sjöstedt (GUE/NGL). – (SV) Señor Presidente, la conciliación ha sido difícil. La explicación es que es un tema muy vasto y técnicamente complejo. También cabe señalar que las posiciones del Parlamento y del Consejo de Ministros estaban muy distantes cuando se inició la conciliación.

Que, aún así, el resultado haya sido tan bueno, depende en gran medida del trabajo incansable y entusiasta de la ponente Sra. Lienemann, que agradecemos.

Evidentemente la directiva pudo haber sido aún mejor y más severa, por ejemplo, en materia de plazos. Habría sido provechoso. Simultáneamente, es evidente que en las negociaciones el Parlamento Europeo ha avanzado y el Consejo ha tenido que retroceder. La prueba más fehaciente es que las normas son obligatorias, cosa exigida por el Parlamento.

En algunos aspectos, la directiva constituye un marco con un contenido aún difuso. Esto se nota especialmente en la eliminación de las sustancias peligrosas. Se seguirá trabajando en esta materia en la directiva anexa. La forma de aplicación y control de la directiva será decisiva para su funcionamiento. En suma, se han sentado las bases para una política de aguas coherente y para mejorar la calidad del agua a largo plazo. Por eso votaremos a favor de la propuesta.

  Ojeda Sanz (PPE-DE). - Señor Presidente, queridos colegas, en primer lugar quiero decir que hago esta intervención en nombre de mi compañera Cristina García Orcoyen, a quien le ha sido imposible asistir a esta sesión.

La aprobación mañana de esta directiva marco supondrá un gran paso adelante en el camino de la cohesión y de la armonización de la legislación de los Estados miembros en materia de cantidad y calidad de sus aguas. En esta última etapa del largo proceso parlamentario seguido por esta directiva, en especial durante la conciliación, el Parlamento Europeo ha sabido defender sus argumentos frente al Consejo sin fisuras. La excelente coordinación de la ponente y la voluntad de entendimiento que han demostrado todos los Grupos políticos han hecho posible un texto final reforzado en aspectos básicos como la vinculación jurídica de los objetivos, sin dejar de tener en cuenta las diferentes problemáticas de los Estados miembros.

Asimismo, hay que felicitar al Consejo por haber sabido ser flexible ante los puntos críticos planteados por el Parlamento, y a la Comisión por su eficaz labor de mediación. A partir de mañana se abre una nueva etapa, no menos importante, de desarrollo de la directiva en la que el Parlamento Europeo debe continuar participando muy activamente mediante el seguimiento y el control del cumplimiento de objetivos y plazos y la elaboración de informes o actos legislativos derivados de la misma. Ello requerirá reforzar uno de los puntos más débiles que se han puesto de manifiesto durante su elaboración: la absoluta necesidad de contar con mayores y mejores medios de asesoramiento técnico para temas que, como éste, requieren conocimientos muy específicos y en los que un pequeño error de cálculo puede tener efectos prácticos de gran coste social y económico.

Para terminar, me gustaría resaltar lo que hace de esta directiva una verdadera herramienta para el desarrollo sostenible: el equilibrio conseguido en la consideración del agua como recurso económico de alto valor y como elemento esencial de conservación de los ecosistemas de Europa. Economía y ecología, binomio tantas veces denostado, pueden tener un importante punto de encuentro en el desarrollo de esta directiva.

  Breyer (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la directiva marco sobre la política de aguas incorpora muchos enfoques positivos con vistas a una protección integrada e integral de las aguas. Los objetivos establecidos siguen siendo, sin embargo, débiles, poco claros y para un futuro distante. No podemos esperar treinta años hasta que el Tribunal de Justicia Europeo decida si los objetivos en el ámbito de la protección del medio ambiente son jurídicamente vinculantes o no. Los Estados miembros deben mejorar rápidamente la calidad de nuestras aguas, con el fin de alcanzar dichos objetivos en un plazo de quince años.

El Parlamento se ha plegado lamentablemente a los intereses de la agricultura industrial en el caso de la protección de las aguas subterráneas y le ha concedido el derecho a seguir contaminándolas como hasta ahora. En adelante también les corresponderá a los Estados miembros evitar suavizar las normas vigentes. Esto nos dará asimismo una medida del éxito de la directiva marco sobre la política de aguas. Ceder de nuevo ante la agricultura industrial conduciría a la destrucción definitiva de nuestros principales recursos de agua potable. A pesar de todo, nos congratulamos por el importante progreso conseguido por los Verdes en lo que respecta a las emisiones de sustancias peligrosas, que ahora habrá que identificar en la lista de sustancias prioritarias. En este contexto, tenemos que procurar cumplir efectivamente también los objetivos de la OSPAR y evitar un riesgo incalculable para el medio ambiente y para la salud.

  Fiebiger (GUE/NGL). – (DE) Señor Presidente, la esperada directiva marco sobre la política de aguas se guía por el justo principio de que los ciudadanos de la Comunidad Europea tienen derecho al consumo cotidiano de agua potable. Esto exige la adopción de medidas legislativas que lo garanticen. Debemos acoger con satisfacción la adopción de una legislación comunitaria única, sencilla y coherente de protección de las aguas superficiales y subterráneas. Otras directivas importantes, como las relativas a la protección de la alimentación humana, la eliminación de las aguas residuales a escala municipal, la protección de la vegetación y los nitratos se están revisando y redefiniendo sobre la base de criterios ecológicos y también de su origen. La definición de las tareas es, por lo tanto, muy amplia.

En mi calidad de agricultora, yo apoyo una participación más estrecha de los representantes de los intereses profesionales y que se consideren seriamente sus sugerencias críticas. Los sectores agrícola, forestal y pesquero, y particularmente el sector hortícola, deberían participar en el proceso de decisión, con el fin de conseguir la necesaria combinación de compromiso voluntario y regulación estatal. La reducción de las emisiones hasta un nivel nulo difícilmente se podrá alcanzar únicamente por ley. La transposición de la directiva supone un auténtico reto para los Estados miembros de la Comunidad Europea. Yo coincido con la ponente: ¡sólo unidos podremos conseguirlo!

  Flemming (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, la sesión nocturna en la que el Parlamento, el Consejo y la Comisión alcanzaron un acuerdo sobre una política de aguas común para todos los Estados miembros fue turbulenta. La mayor victoria del Parlamento es la obligatoriedad de la directiva.

En efecto, debemos recordar que algunos Estados miembros se defendieron vehementemente hasta el último momento contra la obligación de tener que gestionar en el futuro sus aguas de manera más prudente y respetuosa con el medio ambiente. Los diputados al Parlamento Europeo coincidieron, sin embargo, muy claramente, sin distinciones de partidos –y esto fue magnífico–, en su rechazo de una posición común que no fuese jurídicamente vinculante.

Otra victoria importante de los parlamentarios fue la protección de las aguas subterráneas. Los vertidos de sustancias peligrosas en las aguas subterráneas deberán concluir totalmente en un plazo de veinte años a partir de la fecha de publicación de la directiva. ¿Podremos conseguirlo? Todavía se tiene que elaborar una lista de dichas sustancias peligrosas, que figurará en un anexo a la directiva. No se me escapa que esto, sin duda, va a suscitar aún apasionados debates. No obstante, yo creo que nadie discute ya el gran objetivo de la protección de las aguas subterráneas de Europa y su preservación para nuestros descendientes. Hemos asistido a un proceso de reorientación de los planteamientos, ¡un gran triunfo para la política y una gran victoria a favor de nuestros hijos!

  Piétrasanta (Verts/ALE). - (FR) Me alegro de que haya llegado a buen puerto el procedimiento de conciliación relativo al importante informe que trata de numerosas cuestiones técnicas relativas a la política del agua. Y sé que este buen resultado se debe al tesón, a la competencia y al dinamismo de nuestra ponente, la Sra. Lienemann.

En efecto, a lo largo de los próximos veinticinco años, avanzaremos en este ámbito más en lo relativo a la protección, la buena gestión, y la renovación del recurso que en el descubrimiento y la explotación de nuevos yacimientos. Insisto en la importancia de una gestión íntegra del agua sobre la base de dos puntos:

- en primer lugar, deseo que se sigan haciendo estudios sobre la instauración, en los distintos países y en la Unión, de una gestión mediante un sistema federador "aguas y medios",

- en segundo lugar, es preciso comprobar que se aplican las propuestas de la directiva y fomentarlas, no sólo a escala de la Unión europea, sino también en lo relativo a las ayudas que ofrecemos para los proyectos "aguas" a terceros países cuyo impacto se sitúa en un ecosistema hidrográfico con influencia en los países de la Unión, así como con aquellos que participan en los acuerdos MEDA, por ejemplo, que hay que tener en cuenta en los proyectos MAP, e incluso otros, como la cuenca alta del Nilo o Suiza.

  Figueiredo (GUE/NGL). - (PT) Señor Presidente, la transacción lograda sobre el texto de la nueva directiva-marco en la esfera de la política del agua es globalmente positiva, aunque contiene aspectos concretos, polémicos y críticos que, sin embargo, aún se pueden atenuar cuando se elaboren los diversos estudios, planes de acción y proyectos de reglamentación previstos en el texto ahora aprobado.

Es positivo que se hayan integrado los requisitos de gestión del agua en un sistema único, la gestión de cuenca hidrográfica, que se basa más en zonas geográficas e hidrológicas que en fronteras administrativas y nacionales, cuestión particularmente importante para Portugal, que comparte sus ríos principales con la vecina España.

Igualmente positiva es la afirmación de que el agua no es un bien objeto de comercialización como los demás, lo que, naturalmente, exige medidas especiales para proteger un bien que es público, pero salvaguardando siempre los intereses de la población, en particular el abastecimiento doméstico y la actividad agrícola, sobre todo de las pequeñas explotaciones y de la agricultura familiar. Es cierto que en el texto final se dice que los Estados miembros podrán atender los efectos sociales y económicos, así como las condiciones geográficas y climáticas de la región afectada, lo que permite una adaptación a las diferentes situaciones de los Estados miembros mediante derogaciones previstas, que, sin embargo, podrían resultar insuficientes para los casos de la agricultura del Sur, en particular para Portugal. Estaremos atentos sin embargo a su aplicación práctica en los próximos años.

  Doyle (PPE-DE). (EN) – Señor Presidente, ésta es una directiva marco con unos objetivos ambiciosos en cuanto a la protección y la mejora de la calidad de las aguas, que tiene en cuenta el principio de que “quien contamina paga”. No tendremos el panorama completo hasta que las pertinentes directivas de desarrollo vayan entrando en vigor a lo largo de los próximos años.

Para el año 2010 las políticas de precios del agua habrán de proporcionar incentivos adecuados para que los usuarios utilicen los recursos hídricos eficientemente. El nuevo apartado 4 del artículo 9 permitirá la continuación de la práctica establecida en Irlanda de no cobrar al sector doméstico por el acceso al agua. Sólo se puede gobernar con el consentimiento del pueblo y para el año 2010 es muy posible que el cobro del coste del agua para uso doméstico resulte aceptable para el electorado irlandés. Por el momento se trata de una cuestión con una fuerte carga política.

Agradezco a mis colegas su comprensión, particularmente a la Sra. Schleicher, quien presentó nuestra posición dando muestras de comprensión a lo largo de todas las fases, especialmente durante la de conciliación. El principio de subsidiariedad en relación con las políticas de precios del agua se protege celosamente en Irlanda, pero la opinión pública probablemente haya cambiado para el año 2010. Si para entonces no hemos conseguido cobrar el coste del agua de uso particular o doméstico, tendremos que dar explicaciones a la Comisión respecto a nuestro proceder.

En Irlanda está extendiéndose la idea de que el agua potable es un recurso escaso, y de que deben pagarse todos los servicios, y en particular el coste del suministro de agua a todos los hogares. Actualmente el Presupuesto nacional o, lo que es lo mismo, el contribuyente, está pagándolo y, sin embargo, muchos no se benefician de ello. En Irlanda, muchos tienen que pagar para instalar su propia bomba y han de pagar el gasto de electricidad. Muchos participan en sistemas colectivos de utilización del agua que no utilizan el suministro público de agua y tienen que pagar un alto precio cada año por el privilegio de que se distribuya a sus casas un agua de calidad más bien dudosa. Así que estamos hablando de una cuestión de equidad, así como de cambio de la opinión pública, pero aprobamos que la decisión sobre la cuestión y la determinación de influir en la opinión pública se dejen en manos del Gobierno irlandés

  De Palacio, Comisión. - Señor Presidente, creo que hoy asistimos a un acto importante. Estamos llegando por fin al final de un largo camino en el que ha habido una larga batalla, unas largas discusiones, pero al final, unos acuerdos positivos y posiciones constructivas por parte de las tres instituciones, Consejo, Parlamento y Comisión, lo que ha permitido este acuerdo. Como en todo acuerdo, unos pensarán que es poco, otros que hay demasiado, pero hay un punto medio, un equilibrio aceptable para los distintos intereses y puntos de vista de los que han trabajado durante todo este tiempo.

Además han hecho un trabajo serio sobre una materia enormemente compleja. En nombre de mi colega, la Sra. Wallström, quiero agradecer las palabras de felicitación de la Sra. Lienemann que, como ponente para todos estos trabajos, ha tenido un papel protagonista y ha desarrollado una enorme tarea, con el tesón y la tenacidad de sus principios que, combinados con dosis de realismo, permiten llegar a este acuerdo.

Como ella misma señala, y no es un asunto menor, en una cuestión como el agua se ve la diversidad de Europa, con características radicalmente distintas entre países. En algunos de ellos, enormes extensiones están por debajo de los 400 milímetros al año, es decir, zonas semiáridas, mientras que en otros la media supera ampliamente los 2.500 o los 3.000 milímetros. El enfoque de esta directiva, en la que el agua se contempla como un todo, un flujo total, sin distinción entre aguas superficiales y subterráneas, que ha sido el error cometido durante mucho tiempo, es el enfoque adecuado y supone un paso adelante. El esfuerzo por mantener lo más limpios posible, o lo menos contaminados posible, nuestros acuíferos en la Unión Europea es un esfuerzo clave si queremos garantizar un desarrollo equilibrado, un desarrollo duradero y una Europa habitable para las futuras generaciones.

Al respecto, tengo que decir que, hace un momento, uno de los señores diputados hacía referencia a conversaciones entre dos líderes europeos. Bueno, hay quien a lo mejor todavía puede contaminar sus acuíferos, pero es que hay quien los tiene contaminados desde hace tiempo, por ejemplo con enormes granjas de cerdos. No quiero entrar en más detalles, pero hay veces en que conviene mirar la propia casa antes de empezar a criticar la casa ajena.

Señor Presidente, quisiera señalar que lo que es clave en esta directiva es el seguimiento y la continuación que se le darán. Un seguimiento y una continuación que, a partir de la flexibilidad y el planteamiento realista que rezuman en todos sus artículos, indudablemente nos han de permitir garantizar la limpieza de nuestras aguas. Esto es algo absolutamente esencial porque, en definitiva, si no hay agua limpia no hay vida.

  Schleicher (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, yo quisiera preguntarle a la Comisión qué va a ocurrir con la directiva de 1991 sobre la calidad ecológica de las aguas, que la Comisión Europea todavía no ha retirado oficialmente hasta la fecha. También quisiera hacer una petición, que se dirige tanto a la Presidenta del Parlamento como al Consejo y a la Comisión: los textos todavía presentan algunas deficiencias en cuanto a los términos técnicos empleados en las diferentes lenguas. Yo les ruego que revisen este aspecto, ya que en cada país se emplean términos muy específicos. Los traductores no pueden resolver este problema debido a que se trata de un texto muy especializado. Sería una lástima que el texto de la norma no incorporase la terminología correcta. Yo les pido que revisen este aspecto. Sólo en la versión alemana, he encontrado más de veinte puntos que requieren una revisión. Con mucho gusto, se los remitiré para que los comprueben.

  De Palacio, Comisión. - Señor Presidente, en cuanto a la directiva sobre la calidad ecológica de las aguas, a la que creo se refiere su Señoría, la presente directiva marco incorpora todos los elementos esenciales de la propuesta sobre calidad ecológica de las aguas y tengo entendido que aquella ya ha sido retirada. Si así no fuera, se retirará en el futuro inmediato.

En cuanto al problema de traducción, el que señala su Señoría es un elemento muy importante porque, efectivamente, los términos son muy técnicos en este terreno y es decisivo disponer de una traducción adecuada. Sencillamente, comunicaré estas observaciones a los servicios competentes y a los servicios de traducción en especial para que, si procede, hagan una revisión más detallada de los términos concretos y de las definiciones contenidas en la directiva.

  El Presidente. – Muchas gracias, señora Comisaria.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas.

13. Vehículos al final de su vida útil

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0212/2000) del Sr. Florenz, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto del Comité de Conciliación sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (C5-258/2000 - 1997/0194 (COD)) relativa a los vehículos al final de su vida útil.

  Florenz (PPE-DE), ponente. – (DE) Señor Presidente, antes de empezar, quiero aprovecha la oportunidad para agradecer la esforzada e intensa colaboración de mis colegas. En efecto, la tarea no siempre ha sido sencilla; por lo demás, nunca resulta demasiado fácil trabajar conmigo. Yo les estoy, no obstante, muy agradecido por haber conseguido superar todas esas dificultades.

Las instituciones europeas adoptaron hace algunos años la decisión acertada de ocuparse del transporte privado. Empezamos por los automóviles y los carburantes y ahora nos toca decidir qué vamos a hacer con los 9 millones de automóviles que se desguazan cada año. Esta tarde también hablaremos de los neumáticos y seguro que algún día tendremos que debatir sobre el futuro diseño de las vías de circulación, ya que resultan demasiado ruidosas.

Yo creo que a la vista de los 9 millones de vehículos que se retiran cada año de la circulación y los aproximadamente 45 millones de litros de aceite de desecho era preciso empezar a hacer algo al respecto. La Comisión presentó una propuesta excesivamente dirigista, a mi parecer, y con unos enfoques en materia de política ambiental que a mi modo de ver ya están superados. No obstante, esto afortunadamente se ha resuelto en el curso de las tres lecturas y hoy disponemos de una propuesta que apunta en la dirección adecuada.

En este contexto, les ruego que tengan en cuenta que un 80% del total de las cargas ambientales derivadas de la movilidad proceden de la circulación de los vehículos, un 19% están asociadas a su fabricación y sólo un 1% corresponden a su desecho. Por consiguiente, también tenemos que establecer las debidas prioridades. Por esto yo creo que la definición de unos límites de emisiones y unas normas de calidad de los carburantes fue un primer paso acertado y ahora nos toca completar la tarea preguntándonos cómo podemos resolver el problema de los coches viejos. Hemos introducido unas cuotas rigurosas, sin las cuales sería imposible hacer nada. Sin embargo, el Parlamento hubiese debido tener el valor de adoptar una decisión realmente valiente a favor de un automóvil verdaderamente nuevo, un automóvil que en el futuro ya no pese 1.500 kg, sino sólo unos 1.000 kg, lo cual comparado con su rendimiento total de 300.000 kg nos da la medida de las auténticas ventajas medioambientales que ofrece dicho automóvil.

Lamentablemente, la propuesta de la Comisión nos indujo a aceptar las antiguas cuotas, que de hecho fomentan la fabricación de automóviles de chapa, en vez de los modernos vehículos versátiles de material sintético, mucho más ligeros. No obstante, este automóvil de material sintético, de plástico, de fibra de vidrio o lo que sea, no es reciclable; ya no se puede reciclar. En efecto, hablando en serio, ¿qué se puede reciclar de un airbag, por ejemplo? Éste es un instrumento con una función protectora y no de reciclado. Por esto hubiese sido conveniente dar un paso valiente a favor de una cuota extraordinaria para los automóviles verdaderamente ligeros. Por desgracia no lo hemos hecho y yo lo lamento extraordinariamente.

Una preocupación general y también un punto de verdadera discrepancia en esta Asamblea fue el tema de los costes. La Comisión se apresuró a declarar que el productor debería asumir todos los costes en el futuro. De entrada, parece una excelente idea. Sin embargo, a la larga acabaría afectando al consumidor, ya que anularía la competencia. Y este es el aspecto general de esta directiva que yo critico. En efecto, ahora hacemos recaer claramente los costes sobre el productor, pero en adelante éste ya no tendrá competidores y será quien decida cuánto cuesta el reciclado de los vehículos, y justamente esto perjudica al consumidor. Es preciso ampliar el mercado en este ámbito, no reducirlo. Se trata de una decisión equivocada, que yo lamento mucho, pues va a tener secuelas. Ya lo estamos viendo en el caso de los ordenadores; la directiva está sobre la mesa. Luego seguirán las segadoras de césped, a continuación las motocicletas, luego los muebles y yo me pregunto a quién le vamos a devolver algún día las viejas vías de circulación, cuando resulten demasiado ruidosas, y quién deberá pagar los costes. La asignación de los costes no es, por lo tanto, una cuestión tan sencilla como parece. Yo hubiese preferido ciertamente otra alternativa, pero acepto la decisión de la mayoría.

Las prohibiciones de ciertos metales son adecuadas, pues los resultados científicos nos obligarán a la larga a prohibirlos. Se han contemplado algunas excepciones, que la Comisión deberá revisar dentro de tres años; en efecto, sobre ésta recae la responsabilidad última de adoptar, junto con el comité científico consultivo, las decisiones pertinentes en un plazo de tres años. Yo creo que así lo hará.

En conjunto, más allá de la cuestión de los costes, yo creo que la presente directiva constituye un buen resultado y un paso adelante. Quiero manifestar mi agradecimiento a la Comisión, al Consejo y una vez más también a los colegas. ¡Ha sido un placer trabajar con ustedes!

(Aplausos)

  Lange (PSE). – (DE) Señor Presidente, yo puedo darle a mi vez las gracias al señor Karl-Heinz Florenz. También yo considero que la delegación parlamentaria hizo un gran esfuerzo durante la conciliación y consiguió un resultado muy bueno. A mi parecer, éste incluye dos aspectos especialmente importantes. Por una parte, conseguimos dejar claro que, la retirada de la circulación de los automóviles que hayan alcanzado el final de su vida útil se deberá realizar debidamente en toda la Unión Europea a partir de finales del año próximo. Esto significa que se debe acabar el desguace ilegal de automóviles o su abandono en los bosques o las presiones para exportar por uno u otro medio los coches viejos a la Europa oriental. No, éstos se tendrán que desguazar debidamente en empresas autorizadas en el lugar donde se encuentren. A mi modo de ver, éste es un gran logro fundamental de la directiva.

El segundo aspecto importante –y no voy a mencionar ahora la cuestión de los costes y la competencia, en torno a la cual mantuvimos algunos enfrentamientos y luego, finalmente, resolvimos los problemas de manera muy razonable y alcanzamos un compromiso aceptable para todas las partes– es, a mi parecer, que la directiva establece que los nuevos vehículos deberán demostrar su “reciclabilidad” en las pruebas de homologación. En la directiva se pide a la Comisión que modifique la directiva sobre la homologación con el fin de que los nuevos automóviles que se fabriquen en el futuro sean fácilmente reciclables. ¡Este es el aspecto decisivo! Con ello nos alejaremos de la tecnología finalista y estaremos obligados a considerar siempre qué vamos a hacer con los residuos. No, es preciso que contemplar de antemano, en el momento de su fabricación, la necesidad de reciclar los automóviles y eliminar los desechos, igual que sucede con otros productos. Este es justamente el camino adecuado y por esto yo me felicito de que hayamos orientado la directiva en esa dirección.

  Breyer (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, el compromiso alcanzado constituye un gran éxito para la protección del medio ambiente y del consumidor. Ha sido la primera vez que se debate la responsabilidad del productor en el ámbito de los residuos y debemos felicitarnos de que este planteamiento esté arraigando rápidamente. El compromiso alcanzado en relación con los metales pesados constituye asimismo un paso de gigante hacia una política de gestión ecológica de los flujos de materiales. Este resultado excelente, también desde el punto de vista de los Verdes, contribuirá a mi parecer a impulsar la innovación en el sector del automóvil en el sentido de unos vehículos más reciclables.

El compromiso también representa, sin embargo, una bofetada para nuestro Canciller federal y para la industria automovilística alemana, sobre todo para Volkswagen que, lamentablemente, intentó obstaculizar la adopción de esta directiva sobre los automóviles. Yo espero asimismo que el ponente, Sr. Florenz, extraiga las debidas consecuencias del debate y haga también un sincero esfuerzo a favor del consumidor en el caso de la directiva sobre los residuos electrónicos, en la que interviene nuevamente el tema de la responsabilidad del productor, y que no nos dejemos presionar por intereses industriales particulares.

  Sjöstedt (GUE/NGL). – (SV) Señor Presidente, en nuestro Grupo estamos satisfechos con los resultados de la conciliación, aun cuando hubiésemos deseado llegar un poco más lejos.

Siempre nuestro objetivo ha sido conseguir, tan pronto como sea posible, un sistema amplio para recuperar los vehículos al final de su vida útil, con altas exigencias de reciclaje y en el que se prohiban las sustancias peligrosas. También hemos abogado por la plena responsabilidad de los fabricantes, de manera que sean ellos quienes asuman las responsabilidades económicas de la recuperación.

Cuando se haya adoptado esta decisión, habremos alcanzado una buena parte de nuestras metas. Lo extraño del proceso de conciliación es que el Parlamento, desgraciadamente, haya frenado el desarrollo encaminado hacia una mayor responsabilidad de los fabricantes, en lugar de acelerarlo. Resulta bastante inquietante el cambio de papel del Parlamento; ya no actúa como impulsor, sino que ha dejado ese papel a la otra parte.

  Sacconi (PSE). – (IT) Señor Presidente, como decían el ponente y el Sr. Lange, esta conclusión positiva del proceso legislativo es útil no solo por lo que la directiva establece, sino también porque se abre un proceso y se plantea la perspectiva de una adaptación gradual de todo el proceso de producción en un sector fundamental como el del automóvil, así como de una revisión desde el proyecto de los vehículos a la selección de nuevos materiales y componentes para hacer posible un reciclaje efectivo.

No solo se concilia el punto de vista de la producción con el de la protección del medio ambiente, sino que se abre – repito, en un sector tan importante – un camino, el que en su día se definió reconversión ecológica de la economía. Cierto es que este resultado se alcanzó sólo al final de una negociación compleja con los fabricantes de vehículos, que finalmente aceptaron asumir la responsabilidad financiera de su desguace a partir del año 2007.

Por último, considero importante destacar otro aspecto de carácter exquisitamente político-institucional. Seamos sinceros: todos somos conscientes de que pusimos en marcha el procedimiento de conciliación con posiciones muy encontradas – incluso con cierta dosis de tensión interinstitucional entre el Parlamento y el Consejo - y con muchas diversidades nacionales, en términos tanto de experiencias como de intereses. Sin embargo, gracias al esfuerzo y al sentido de la responsabilidad de todos los actores, hemos alcanzado el consenso en un frente muy caliente e importante, añadiendo así un ladrillo a la construcción europea: en estos tiempos, este resultado no es poco de cara al debate más general en curso.

  De Roo (Verts/ALE). - (NL) Señor Presidente, comisaria, en lo que respecta a las chatarras de automóviles, hemos alcanzado un compromiso positivo. Por primera vez se establece la responsabilidad de los fabricantes de forma clara en la legislación europea. En 1994, en la directiva de embalaje, se estableció la responsabilidad compartida entre las administraciones y los fabricantes. La realidad ha demostrado que este principio no resulta efectivo. Pero ahora hablamos de la responsabilidad de los fabricantes en las chatarras de los vehículos. Es un planteamiento positivo porque los fabricantes tendrán interés en producir sus vehículos de forma que se puedan reciclar mejor. Lamentablemente, el texto afirma que el fabricante se responsabilizará de la totalidad o de una parte considerable. Esto significa que se generarán sistemas nacionales divergentes, lo que resulta negativo debido ya que implica la ausencia de un mercado interno.

En la directiva sobre residuos electrónicos y eléctricos se debe regular mejor este aspecto. Debemos avanzar hacia la responsabilidad individual de los fabricantes. Mi propio país, los Países Bajos, aún tiene mucho que aprender.

  De Palacio, Comisión. - Señor Presidente, es cierto, y así lo he señalado, que el procedimiento legislativo ha sido largo y difícil. Cabe recordar que la propuesta inicial de la Comisión se presentó en julio de 1997. Durante este prolongado procedimiento y a pesar de la complejidad de la legislación, se ha podido resolver una serie de problemas gracias a los colegisladores y, una vez más, a la voluntad de acuerdo entre las tres instituciones. Por lo tanto, me felicito por el acuerdo sobre un texto común, alcanzado el 23 de mayo pasado en el Comité de Conciliación.

Quiero manifestar mi especial agradecimiento al ponente, Sr. Florenz, y a los miembros del citado comité. Estoy convencida de que el texto común representa un buen equilibrio entre la necesidad de garantizar un alto nivel de protección ambiental y los intereses legítimos de los distintos actores.

Sin embargo, quisiera hacer hincapié en tres declaraciones que la Comisión realizará cuando se adopte la directiva. Las tres tienen por objeto unas aclaraciones que, desde el punto de vista de la Comisión, resultan indispensables.

En primer lugar, la disposición prevista en el apartado 1 del artículo 5 no obliga a los Estados miembros a establecer sistemas de recogida distintos con requisitos de financiación especiales, sino que les permite utilizar los sistemas existentes de recogida de residuos.

En segundo lugar, por lo que respecta al apartado 3 del artículo 5, corresponde a los Estados miembros decidir qué productores, concesionarios y recogedores deben registrarse con arreglo a la directiva marco sobre residuos o en un nuevo registro creado específicamente.

En tercer lugar, quiero aclarar que el apartado 1 del artículo 7 no establece requisitos, condiciones ni criterios adicionales en relación con las inspecciones técnicas de los vehículos.

En términos generales, el presente texto constituye un paso importante hacia una producción y un consumo duraderos, un modelo para próximas iniciativas comunitarias en el ámbito de los flujos de residuos específicos como, por ejemplo, la directiva sobre residuos electrónicos y eléctricos, a la que se ha hecho referencia.

Muchas gracias, Señor Presidente. Felicito de nuevo a todos los oradores y muy especialmente al ponente, Sr. Florenz, por el trabajo realizado.

  El Presidente. – Muchas gracias, señora Comisaria.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas.

14. Transporte aéreo y medio ambiente

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0187/2000) de la Sra. Lucas, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (COM(1999) 640 - C5-0086/2000 - 2000/2054 (COS)): Transporte aéreo y medio ambiente: retos del desarrollo sostenible.

  Lucas (Verts/ALE), ponente (EN). – Señor Presidente, me gustaría empezar felicitando a la Comisión por una comunicación muy oportuna y de gran alcance que reconoce explícitamente el creciente impacto medioambiental del transporte aéreo y admite claramente que ese aumento es insostenible. Antes de pasar a las propuestas contenidas en mi informe, sería útil que recordásemos algunas de las cuestiones clave de este debate. En esencia el problema puede ser expresado de forma muy sencilla: la aviación está creciendo a un ritmo insostenible. Se trata de una grave amenaza para el medio ambiente pero es que, además, en realidad estamos subvencionando ese sector, lo cual empeora mucho la situación.

En cuanto al crecimiento de la aviación, se prevé que el tráfico aéreo casi se multiplique por dos en los próximos 15 años. Cuando uno piensa en lo que eso significa en cuanto a congestión e impacto medioambiental, ello aparece claramente como una situación de pesadilla. Un caso que conozco bien es el del Reino Unido, cuyas previsiones gubernamentales respecto al tráfico aéreo, que fueron publicadas en junio de este año, muestran que el número total de pasajeros que transitan por los aeropuertos del Reino Unido habrá pasado de 160 millones en 1998 a 400 millones en poco más de 20 años. Este incremento de 240 millones equivale a cuatro nuevos aeropuertos del tamaño del de Heathrow en Londres, u ocho nuevos aeropuertos del tamaño del londinense de Gatwick. Obviamente, las consecuencias medioambientales de semejante expansión serían totalmente inaceptables y esas proyecciones sólo sirven para demostrar lo absurdo de asumir la posibilidad de un crecimiento exponencial continuado.

¿Cuál es el impacto medioambiental de ese crecimiento? En cuanto al ruido, sabemos que, por lo que respecta a la población en general al nivel del suelo, los cambios que fueron introducidos en los aviones para que resultasen más silenciosos están, de hecho, a punto de ser anulados por la creciente frecuencia de los sobrevuelos. En cuanto a las emisiones, de todas las fuentes de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático, el transporte aéreo es la que más rápidamente aumenta en el mundo. Puede que hoy esto sólo represente en torno a un 3% del total de las emisiones, pero se calcula que hacia el 2050 podría representar hasta un 15% del total de las emisiones o incluso más. Ante semejante letanía de problemas medioambientales, a los que se suman unas previsiones de crecimiento claramente insostenible, se podría pensar que deberían haberse tomado algunas medidas para desincentivar el crecimiento exponencial del sector. Pues, ¡En absoluto! Al contrario, las políticas generales en materia de aviación están fomentando, en realidad, el crecimiento ilimitado del sector.

La aviación se subvenciona de forma masiva. Al contrario que los vehículos de motor o los trenes, las compañías aéreas no pagan tasas sobre el carburante que consumen y, de hecho, se ha calculado que el sector de la aviación comercial en Europa recibe, cada año, en torno a treinta mil millones de � en subvenciones.

Mencionaré brevemente algunos puntos clave de mi informe: en cuanto al ruido, de hecho las normas actuales para los aviones nuevos están en vigor desde 1977 y, por lo tanto, se necesitan urgentemente unas normas más exigentes. Recomiendo que para el año 2003, la Unión Europea utilice las directrices de la propia Organización Mundial de la Salud relativas a contaminación acústica para elaborar nuevas directrices para los sobrevuelos diurnos y nocturnos. En cuanto a las emisiones, un objetivo perfectamente alcanzable para los países desarrollados sería haber reducido para el año 2012 en un 5%, respecto a los niveles de 1992, todas las emisiones de gases de efecto invernadero, pues ese es el primer período presupuestario contemplado en el Protocolo de Kioto. Constituiría un primer paso para invertir la actual exención de toda responsabilidad de la aviación internacional.

En cuanto a las subvenciones, el informe deja bien claro que, en principio, apoyamos la imposición sobre el combustible de aviación a escala internacional, pero reconocemos que existen dificultades políticas para ello por causa de la necesidad de llegar a acuerdos internacionales en la OACI. En razón de esas dificultades políticas, proponemos en su lugar una tasa medioambiental basada en el principio de “quien contamina paga”. De hecho, semejante tasa constituiría un instrumento mucho más sutil, pues podría ser calculada de manera que reflejase tanto la cantidad de carburante utilizada como, teniendo en cuenta la eficiencia del motor del avión, la cantidad de elementos contaminantes emitidos. Verdaderamente las dificultades políticas de introducir tal medida desaparecerían, pues está entre las competencias de la Unión Europea el establecer una exacción sobre todos los vuelos que partan de aeropuertos de la Unión.

Una consideración final pero muy importante. Ustedes oirán a las compañías aéreas declarar que todo esto está muy bien pero que debería ser establecido por la OACI, el organismo internacional. El hecho de que se trate de una institución internacional implica que se mueve a un ritmo muy lento, y lo que la comunicación de la Comisión propone – y yo apoyo en mi informe – es el principio de que algunas de las regiones más industrializadas, como la Unión Europea, deberían ser capaces de actuar de forma más rápida para la elaboración de normas más exigentes que las de otras regiones, por ejemplo las de los países en vías de desarrollo. Esto no significa el fin de la OACI. Lo que hace es introducir un poco de flexibilidad en la OACI, lo cual es perfectamente coherente con lo que ocurre en otras organizaciones internacionales. Otros hacen exactamente lo mismo.

La reacción de las compañías aéreas consiste en preguntar por qué les atacamos. En realidad lo que ocurre es claramente lo contrario. Las líneas aéreas han conseguido evitar el tener que pagar por sus rutas durante más de 50 años. Por otra parte, otros diputados se precipitan a declarar que las medidas que propongo tendrán efectos devastadores sobre el sector de la aviación en Europa. Eso es absurdo. Una tasa medioambiental con los parámetros que he descrito no tendría efectos negativos sobre la competencia porque se exigiría a todas las líneas aéreas que utilizasen aeropuertos de la Unión Europea, con independencia de su origen.

Pretenden que tendría efectos perjudiciales para la economía europea, y ello también es absurdo. El sector de la aviación sostiene un cierto número de empleos pero, de cualquier modo, no debería olvidarse que el hacer tributar a la aviación a través de una tasa creará miles de puestos de trabajo en otros sectores. Por ello, recomiendo la aprobación de este informe.

  Foster (PPE-DE) (EN). - Señor Presidente, me gustaría empezar diciendo que a todos los miembros de esta casa nos preocupa profundamente el medio ambiente a pesar de que el ponente y los verdes intenten convencerle de lo contrario.

Sin embargo, las consideraciones medioambientales deben ser tenidas en cuenta junto a las necesidades de la industria aeronáutica de forma que se garantice su éxito en el futuro. Me ha decepcionado el informe de la Comisión, y ello, en gran parte, por ser tan negativo respecto a la aviación. Desgraciadamente el informe elaborado por el ponente profundiza en esa línea. Me gustaría ayudar a sus distinguidas señorías poniendo en su conocimiento los datos siguientes: El transporte aéreo genera 25 millones de puestos de trabajo directos en el mundo. Sólo en el Reino Unido sostienen casi 500.000 empleos. El Reino Unido transporta mercancías a la exportación por valor de treinta y cinco mil millones de Libras, manteniendo un acceso a los mercados globales que no tiene rival y contribuyendo a la hacienda con alrededor de tres mil millones de Libras cada año. Si esto se multiplica por el número de estados de la Unión Europea uno puede ver y entender hasta que punto es importante esta industria para nuestras economías.

En cuanto al impacto medioambiental, la aviación utiliza menos del 8% de los terrenos que necesitan los ferrocarriles y menos del 1% de lo que se requiere para el transporte por carretera. En la práctica, dejando de lado el transporte marítimo, la aviación es la única forma de transporte internacional que actualmente transporta un tercio de todas las mercancías en el mundo.

Durante los últimos 15 años las emisiones de CO2 se han reducido en un 70% y las de hidrocarburos no quemados en un 85%. La aviación sólo es responsable del 2,5% de las emisiones de CO2. Es posible tomar medidas a corto plazo, como por ejemplo abordar el problema del 44% de retrasos causados por la gestión del control del tráfico aéreo, así como el de los cuellos de botella que se forman sobre Francia, Italia, España y partes de Alemania. Los gobiernos nacionales tienen que actuar ahora mismo. También deberían atajar el problema de la planificación del suelo alrededor de los aeropuertos existentes y asumir responsabilidades por las decisiones que tomaron en el pasado.

Sugerir que la solución es un impuesto sobre el keroseno, que está exento de impuestos a nivel internacional cuando su destino es la industria de la aviación, o el cobro del IVA por la compra de billetes o de aviones, es, francamente, incorrecto. La industria ya paga por todos sus costes de infraestructura, y parte de esos ingresos se destina a mejoras medioambientales. Esta industria no se está subvencionando.

Por ultimo, si se aprobase la propuesta de la Sra. Lucas, ello podría diezmar la industria de la aviación: afectaría a la aviación comercial, al turismo, a los negocios y a la industria aeronáutica. A sus simpatizantes les encantaría suprimir los vuelos baratos. En resumidas cuentas, ello haría poco competitiva a Europa y daría a los transportistas americanos o de terceros países una ventaja injusta. Espero que en el futuro las propuestas de la Comisión sean elaboradas de forma más cuidadosa. De otra forma, podría ocurrir que el viajar a o desde Bruselas o Estrasburgo o incluso de vacaciones, que para el caso es lo mismo, con un transportista europeo deje de ser posible para sus miembros.

  Wiersma (PSE). - (NL) Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando a la ponente, la Sra. Lucas. Mi Grupo no ha presentado ninguna enmienda en relación con este debate plenario. De ello se deduce que nos identificamos en gran medida con la línea que refleja el informe. También quisiera distanciarme en parte de las observaciones de la Sra. Foster, que parece afirmar que las propuestas de la Comisión o las propuestas que se incluyen en el informe supondrían una catástrofe para la aviación. No creo que se deba tratar de obstaculizar una política medioambiental positiva con este tipo de amenazas.

La comunicación de la Comisión en torno a la aviación y el medio ambiente constituye un primer paso hacia una mejor normativa europea. Ésta resulta necesaria si se considera el crecimiento del tráfico aéreo y el consiguiente aumento de la contaminación medioambiental provocada por los aviones. Por lo tanto, apoyamos las líneas maestras de las propuestas de la Comisión. El Grupo del PSE suscribe de todo corazón la necesidad de establecer normas de cara a la industria aeronáutica europea y obligarla a participar en los gastos que se derivan de la contaminación medioambiental ocasionada por la aviación. Al igual que ha afirmado la Sra. Lucas, no deseamos que la aviación goce de una posición privilegiada. Sin embargo, hoy sólo nos estamos ocupando de establecer un marco. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir la normativa europea? A partir de ahí esperaremos con impaciencia las propuestas que surjan en relación con la normativa y la legislación. En ese momento se tratarán los detalles y las normas concretas.

¿Cuáles son los puntos de partida del Grupo del PSE? En cualquier caso, consideramos que el rápido crecimiento del tráfico aéreo obliga a crear, por ejemplo, más y mejores alternativas ferroviarias para las distancias cortas. Creo que el cambio de una forma de transporte a otra más respetuosa con el medio ambiente resulta clave. Nosotros consideramos que la capacidad de crecimiento del tráfico aéreo no es ilimitada.

En segundo lugar, deseamos que se establezcan normas europeas que regulen el ruido. En beneficio de los ciudadanos y también para evitar la competencia entre determinados aeropuertos. Opinamos que el ruido nocturno debe recibir una atención especial y, al igual que la Sra. Lucas, consideramos que se deben primar las normas de la Organización Mundial de la Salud a la hora de definir normas y regulaciones más detalladas. Esperamos que la Comisión Europea presente propuestas ambiciosas.

El tercer punto se refiere, obviamente, a las emisiones contaminantes. Consideramos que también se debe tratar este asunto. Por este motivo apoyamos en principio un impuesto sobre el queroseno. También se plantean dudas acerca de la viabilidad de esas ideas y propuestas. Tal y como indica el informe, deseamos que se produzca un debate internacional y que se lleve a cabo un estudio pormenorizado. Debido a que el resultado de dicho estudio es incierto, nos declaramos partidarios de la postura inicial que se recoge en el apartado 20 del informe en forma de una tasa medioambiental europea.

En última instancia se trata de que demos cumplimiento a los acuerdos de Kioto, y la aviación también debe contribuir sustancialmente a ello. Preferimos que se alcancen acuerdos positivos a escala mundial aunque, en caso de que éstos no se produzcan, no queremos excluir la posibilidad de disponer de una política europea. Creo que se trata de otro elemento importante del informe. Consideramos que se ha plasmado de forma adecuada. Esperamos que este debate internacional dé sus frutos. De no ser así, creemos que dentro de varios años deberíamos ser capaces de hablar de normas europeas.

  Sterckx (ELDR). - (NL) Presidente, quiero dar las gracias a la ponente por su informe. Es cierto que la aviación crece con rapidez. Coincido con la Sra. Foster en señalar que la aviación representa un sector importante de la economía que presta servicios insustituibles en determinados aspectos. Sin embargo, también es cierto que un sector de este tipo presenta una serie de efectos negativos sobre el medio ambiente: -ruido, contaminación ambiental- y que debemos animar al sector para que actúe en consecuencia lo antes posible y de forma más activa que en la actualidad. Tanto la comunicación de la Comisión como el informe de la Sra. Lucas apuntan hacia el lugar en el que esto se puede y se debe producir.

Existen algunos aspectos que quisiera destacar. Al igual que ha afirmado el Sr. Wiersma, está claro que, en la medida de lo posible, se deben tratar las diversas formas de transportes, por carretera, tren, etcétera, y también a la aviación del mismo modo. Éste no es el caso en la actualidad. Existen motivos concretos para ello, pero debemos hacer algo al respecto.

Lo que está claro, en mi opinión, es que para hacer frente a dichos problemas - impuesto sobre el queroseno, ruido, normas, etcétera - debemos primar, en este momento y en cualquier caso, un enfoque global. La adopción de un enfoque regional resulta precipitada en este momento y me congratula que la ponente haya revisado algunos puntos de su texto original para reflejar esta opinión. Considero que nosotros, como Unión Europea, no debemos adoptar medidas unilaterales, si me permiten llamarlas así. En este momento se están produciendo negociaciones importantes en las cuales, señora Comisaria, esperamos que se produzcan resultados positivos. Creo que se trata de un aspecto importante.

Otro aspecto importante es que se debe combatir el ruido con un paquete de medidas. De ahí la enmienda que presento para que se especifiquen dichas medidas. Asimismo, he presentado una enmienda con el fin de desarrollar un método común de medición, de forma que, tal y como apuntaba el Sr. Wiersma, podamos limitar la competencia entre los distintos aeropuertos. Resulta clave que la competencia entre los aeropuertos no perjudique a las personas que viven en las inmediaciones ni al medio ambiente. Considero que se trata de un aspecto importante y que, por ello, necesitamos normas europeas que nos permitan evitar la competencia entre los distintos aeropuertos.

  MacCormick (Verts/ALE). (EN) - Señor Presidente, actualmente el Reino Unido tiene aranceles sobre combustibles que son espectacularmente más elevados que los practicados en otras regiones de la Unión Europea. Uno de los efectos de esto es que perjudica mucho a las regiones periféricas del país. Distorsiona de forma desproporcionada la competencia, afectando a las empresas de ámbito local de las regiones periféricas que compiten con las grandes multinacionales del Reino Unido. Se trata de una importante advertencia sobre como los impuestos sobre los carburantes pueden distorsionar la economía local.

No creo que el medio ambiente aporte razones de peso para tratar de desplazar a toda la población del Reino Unido hacia el fondo de su extremo sur este. No entré en política para repetir los desplazamientos de población de las tierras altas de Escocia. Dicho esto, resulta evidentemente absurdo eximir a la aviación del deber de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de frenar la reducción de la capa de ozono, y también sería una cosa positiva el velar por la equidad de la imposición a lo largo y ancho de la Unión Europea, como ha hecho la Sra. Lucas, en lugar de incrementar notablemente los diferenciales entre diferentes regiones.

Tengo muchas reservas respecto a como funcionará todo esto en la práctica, pero apruebo el principio introducido por la Sra. Lucas.

  Esclopé (EDD). - (FR) Gracias, Señor Presidente. La lucha contra la contaminación sonora y las emisiones de gases es un combate justo que seguimos apoyando, ya que los objetivos que prosigue son el bienestar de las poblaciones y la calidad del medioambiente. Sin embargo, la reducción de estas emisiones sonoras o de gases debe estar limitada a una loable búsqueda de soluciones técnicas que sean provechosas para todos. No debe ser un pretexto para otros objetivos de tipo fiscal o de ampliación de las competencias de la Comisión. Esta debería más bien limitarse a cumplir correctamente sus funciones, que ya son lo bastante amplias.

No podemos, en tales circunstancias, aceptar que se instaure esta ecotasa. Este primer paso hacia un impuesto europeo sólo tendrá incidencia sobre los usuarios, una vez más, sin alcanzar ninguno de los objetivos que prosigue el presente informe. Nuestras poblaciones ya soportan una importante carga fiscal, y, en un momento en que los Estados quieren desfiscalizar, un impuesto europeo podría dejar a nuestras empresas en una situación difícil con respecto a sus competidores, y especialmente con respecto a los americanos y otros más, lo que acarrearía consecuencias nefastas para el empleo. No podemos aceptarla.

Además, exigimos que se respete la subsidiariedad fiscal en beneficio de los Estados. Europa, en vez de hinchar artificialmente sus presupuestos con ayuda de este impuesto, debería utilizar mejor el presupuesto de que dispone, respetando al mismo tiempo la libertad de todos. Las dependencias políticas de los Estados tienen relación sobre todo con su libertad fiscal. La ecotasa no soluciona nada. Es una medida puramente ideológica, sin efectos directos sobre el medioambiente. Preferiríamos una medida racional, respetuosa de los intereses de cada uno y que beneficiase el desarrollo económico respetando al máximo el medioambiente.

  Jarzembowski (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, el Grupo del Partido Popular Europeo apoya la iniciativa de la Comisión Europea y de su Vicepresidenta competente en este ámbito, Sra. Palacio, con el fin de conciliar también en el ámbito del transporte aéreo los intereses de los ciudadanos y las empresas en materia de movilidad con los intereses en lo que respecta a la minimización de los daños medioambientales. La decisión de nuestra comisión también se orienta en este sentido y, para ser sincero, tendría que añadir que tuvimos que reescribir de cabo a cabo el informe de la Sra. Lucas, que partía de unas premisas completamente irreales. No obstante, finalmente logramos alcanzar un acuerdo mayoritario.

El verano nos ha mostrado una vez más la importancia del transporte aéreo para el traslado de los ciudadanos a sus lugares de vacaciones. Justamente para las familias con niños, el avión es el medio de transporte más rápido para trasladarse hasta una isla soleada y el más saludable para sus nervios. A la vez también es el fundamento que permite la creación de empresas y puestos de trabajo en algunas zonas de la Unión Europea. Los viajes de negocios y el transporte aéreo de mercancías en los tramos internacionales son asimismo imprescindibles para el comercio y la economía.

Por el otro lado, el transporte aéreo tiene, obviamente, repercusiones negativas para el medio ambiente debido a las emisiones de gases de escape y de ruido. Tenemos que procurar reducir estos perjuicios medioambientales, si bien es preciso distinguir en este contexto entre las amenazas para la salud en los aeropuertos y las que afectan al bienestar de las personas. Si adoptásemos las disposiciones de la OMS, mucho me temo que no podríamos continuar trabajando aquí esta noche, pues al cabo de diez horas en este hemiciclo las condiciones difícilmente se ajustan a las disposiciones de la OMS. No nos obliguen, por lo tanto, a abandonar la sala.

El Grupo del Partido Popular Europeo solicita en cualquier caso que se reduzcan claramente las normas sobre emisiones acústicas –las cuales sería más razonable que se adoptasen en el marco de la OACI, dado el carácter mundial del transporte aéreo– y que, tras un breve período de transición, se impida el acceso a los aeropuertos europeos de los aviones con altos niveles de emisiones acústicas. Esperamos –y estamos luchando para conseguirlo– que los Estados miembros otorguen un mandato claro a la Comisión. No obstante, señor Presidente, si no se consiguiesen resultados en el ámbito de la OACI, tendríamos que actuar de manera unilateral, pues en Europa la densidad de población es muy alta y no basarnos en las distancias de América o África. Tenemos que proteger a nuestros ciudadanos de los ruidos innecesarios.

(Aplausos)

  Myller (PSE). – (FI) Señor Presidente, sabemos que las emisiones contaminantes del transporte representan uno de los mayores problemas medioambientales y han resultado ser también uno de los más difíciles de eliminar. Ello es debido a que la circulación y el transporte crecen a un ritmo más rápido que la misma economía. En este sentido, los problemas del transporte aéreo son aún más grandes, dado que hay que encontrar soluciones a nivel global. Por otro lado, también hemos escuchado que el Protocolo de Kioto no incluye las emisiones producidas por el tráfico aéreo. Asimismo, la directiva marco sobre las emisiones contaminantes que está en trámite tampoco trata los problemas del transporte aéreo. Puesto que nos encontramos en esta situación, debemos dirigir esfuerzos mucho mayores al trabajo que se lleva a cabo en el ámbito de la OACI y del Comité de Protección del Medio Ambiente que está elaborando las normas medioambientales internacionales. Sólo que se trata de un proceso lamentablemente lento; no obstante, debemos ser capaces de crear unas competencias de negociación y unos objetivos lo suficientemente ambiciosos, que nos permitan avanzar.

En mi opinión, no tendría nada de descabellado la idea de que los países desarrollados, industrializados, por ejemplo la Unión Europea, dieran ejemplo en este terreno. Lo importante es desarrollar la tecnología de los motores, ya que no es previsible que disminuya el transporte. Hay que hacer uso de diferentes normativas, de impuestos ecológicos, de distintas tarifas y también recurrir a medidas administrativas, por ejemplo, a la regulación de los horarios de salidas y llegadas, así como tener en cuenta que, paralalelamente al transporte aéreo, existe el ferrocarril, que debe ser desarrollado en las regiones donde las largas distancias no sean un obstáculo.

  Pohjamo (ELDR). – (FI) Señor Presidente, quiero hacer hincapié en el objetivo puesto de relieve en este informe de utilizar medios de transporte alternativos y eficaces para suplir los vuelos cortos. Por ejemplo, los trenes de alta velocidad, y en algunos casos también el tráfico marítimo de trayectos cortos, ofrecen una alternativa más respetuosa con el medio ambiente que los vuelos cortos. Esto es algo indispensable tanto por la congestión de los aeropuertos, como por razones de índole ecológica.

La sustitución de los vuelos cortos por otros medios de transporte alternativos despeja el campo a los vuelos largos, para los cuales no existen alternativas. El Parlamento debatió antes de las vacaciones de verano varios informes, cuyo objetivo era mejorar la competitividad del transporte marítimo y ferroviario. Además de una mejora de la competitividad del transporte marítimo y ferroviario, son necesarias otras medidas. Una posibilidad es la adopción del impuesto ecológico previsto para el transporte aéreo. Este impuesto deberá ser aplicado de tal manera que afecte menos a los imprescindibles vuelos largos que a los vuelos cortos, para los cuales existen alternativas con menos impacto medioambiental.

  Van Dam (EDD). - (NL) Señor Presidente, señora comisaria, colegas, este informe es el tercero de una serie que analiza la situación de la aviación. Si los anteriores se referían en mayor medida a la liberalización y a las opciones de crecimiento de la aviación, este informe se centra en la cruz de la moneda. Y en mi opinión, con razón. Tal y como indiqué en el debate del informe Atkins, las medidas que se preparan en la actualidad en relación con la aviación no son más que soluciones transitorias. No cabe esperar que de aquí salga una solución permanente pata los problemas de congestión y los trastorno que supone, entre otros para el medio ambiente.

Este informe va más allá del futuro inmediato. Por ello deseo felicitar a mi colega, la Sra. Lucas. La inclusión de condiciones mínimas para el desarrollo del tráfico aéreo, tanto desde el punto de vista espacial como medioambiental, no es un capricho. Sin embargo, requiere disponer de conocimientos y alternativas suficientes. En este momento aún debemos avanzar considerablemente en ambos aspectos. Pero esta circunstancia no debe evitar que dibujemos las líneas maestras para el futuro y que también insistamos en ellas en el plano internacional. Este informe constituye una iniciativa positiva en este sentido, especialmente de cara a la Comisión.

A pesar de nuestra actitud positiva con respecto a este informe, existen determinados elementos que, en mi opinión, no deberían formar parte de este tipo de informes. Me refiero a las enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes y los regionalistas. Resultan muy simpáticas pero es mejor que los Estados miembros se ocupen de esas cuestiones.

  Peijs (PPE-DE). - (NL) Señor Presidente, este Parlamento no podría funcionar si no existiera la aviación. A algunos no les importaría. Sin embargo, necesitamos dedicar toda nuestra atención para compensar los efectos del rápido crecimiento del sector sobre el medio ambiente. Quisiera destacar una serie de aspectos.

En mi opinión, la Unión Europea debe otorgar su apoyo al proceso de OACI. Constituye el único foro internacional en el que se pueden debatir normas más estrictas para el ruido producido por los aviones. No obstante, se pide cautela. La proposición de nuevas normas tiene importantes consecuencias para toda la industria aeronáutica europea. Una norma mucho más estricta implicaría concretamente que de la actual flota europea, compuesta por 3300 aviones, se debieran sustituir 1067. Una eliminación tan rápida y forzada imposibilitaría en la práctica la sustitución por nuevos aviones debido, entre otros factores, a la escasa capacidad productiva de nuevos aviones. Nosotros sólo disponemos de dos fabricantes.

Resulta fácil adivinar las consecuencias para el transporte aéreo europeo. El transporte aéreo europeo debería dejar parte del mercado a la competencia y dudo que esto resulte positivo para nuestra seguridad. Además, se produciría una reducción sustancial de puestos de trabajo, con todos los problemas que ello implica. Los precios de los billetes se incrementarían. Soy consciente de que hay personas que saldrían ganando pero hay que considerar que para las personas que realizan trayectos cortos en avión y que todos quisiéramos ver en el tren, a diferencia de lo que uno de mis colegas acaba de afirmar, aún no existen alternativas reales.

Los Estados miembros, y concretamente mi país, los Países Bajos, se están mostrando excesivamente lentos a la hora de construir líneas de alta velocidad que constituyan una alternativa real para las distancias cortas.

Se debe ejercer una presión considerable sobre los fabricantes aeronáuticos con el fin de que los aviones sean más ecológicos y menos ruidosos. Por este motivo no se pueden posponer las nuevas normas eternamente. Lo intentaremos en el ámbito internacional pero nuestra paciencia no es ilimitada.

Por último, el desarrollo de aeropuertos que se preocupen del ruido. Considero que las mediciones se deben efectuar de forma objetiva y que no se debe partir exclusivamente de las quejas de las personas que viven en los alrededores. Se debe establecer una norma internacional, aunque se deben excluir determinados aeropuertos que no producen ninguna molestia a las personas que viven en sus inmediaciones con el fin de no obstaculizar su desarrollo.

  Ojeda Sanz (PPE-DE). - Señor Presidente, señora Comisaria, yo creo que todos estamos convencidos de que tenemos la obligación, tenemos el deber de proteger el medio ambiente y contribuir al desarrollo sostenible con una política medioambiental que, tras el Tratado de Amsterdam, ha visto reforzada su importancia.

Estoy de acuerdo con la Comisión en elaborar normas sobre el ruido más severas y también en el establecimiento de disposiciones transitorias para satisfacer las necesidades de las regiones que se enfrentan a los problemas de contaminación acústica. Consideramos también fundamental que en la 33ª asamblea de la OACI, en el otoño del 2001, se participe unidos y se hable con una sola voz porque, sin duda, la unión hace la fuerza y en temas tan importantes como el endurecimiento de las normas contra el ruido es muy necesaria. También sería importante solicitar a la Comisión que presente propuestas para introducir incentivos económicos encaminados a conseguir una reducción de los efectos negativos para el medio ambiente.

Desde luego, en lo que no estamos de acuerdo es en el establecimiento unilateral de impuestos sobre el queroseno, porque una decisión unilateral, sin el respaldo de la OACI, tendría un impacto mínimo en el medio ambiente, crearía problemas de índole legal, sería dañina para la competitividad de las compañías aéreas europeas y, por consiguiente, para los usuarios que verían aumentadas sus tarifas. También sería fundamental que, antes de tomar medida alguna con respecto a la adopción de impuestos sobre la industria de la aviación, se realizase un estudio sobre los costes y beneficios que tendrían tales medidas.

Para finalizar, me gustaría resaltar la importancia que tendría para la disminución de los factores contaminantes una gestión eficiente de la industria aérea, poniendo el énfasis en la mejora de la gestión de los aeropuertos y apostando claramente por la creación de un cielo único europeo, con lo cual también contribuiríamos, sin duda, a reducir la contaminación del medio ambiente.

  Vatanen (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, distinguidos colegas, felicito a la Sra. Lucas por su informe. Me refiero a la versión original de su informe. Ella tiene razón al destacar que, en la medida que el transporte aéreo sigue creciendo con rapidez, se hace absolutamente necesario adoptar medidas que palien sus efectos secundarios. Estaremos fomentando el desarrollo sostenible si reducimos las emisiones contaminantes y disminuimos los niveles de ruido. Este informe fue respaldado por todos los miembros de nuestra comisión parlamentaria. Sin embargo, las enmiendas introducidas en el informe son contraproducentes; es como si arrojásemos al niño con el agua de la bañera.

El informe original era una continuación lógica de la legislación anterior de la UE, pero si las enmiendas son aprobadas, habrá grandes pérdidas económicas para aquellas empresas europeas que decidieron hacer sus inversiones de conformidad con las regulaciones de la UE. Se necesita un largo período de tiempo para que surtan efecto, por ejemplo, las inversiones en la teconología de reducción del ruido. Desde que se toma la decisión de inversión hasta que se realiza el trabajo pueden transcurrir hasta dos años. Sin embargo, ahora nos encontramos con que los sensacionales aviones que acaban de ser transformados conforme al capítulo 3 deberían ser desguazados dentro de cuatro años.

Los ciudadanos y las empresas de la Comunidad deberían poder confiar en la legislación, ya que si cambiamos continuamente de sitio los travesaños de la portería, los planes a largo plazo serán echados por tierra. Los costes que esto provoca debilitan la competitividad de las compañías aéreas comunitarias frente a las empresas de fuera de la UE y, al mismo tiempo, dificultan de por sí la introducción de tecnologías respetuosas del medioambiente en el sector aeronáutico de la UE. ¿Dónde se encuentra el realismo económico, si se exige, en nombre de la protección medioambiental, que se introduzcan nuevas tecnologías para sustituir aviones que funcionan y que se encuentran en buen estado? Este proceder tiene, por el contrario, efectos negativos sobre el medio ambiente, ya que es necesario fabricar los materiales y construir los aviones antes de que haya finalizado el período rentable de vida útil de la flota que está en servicio. Asimismo, el desguace de aviones en buen estado tiene un impacto medioambiental adicional. La elaboración de unas nuevas disposiciones detalladas sobre el ruido de los aviones es una labor que debe llevarse a cabo a nivel mundial y bajo la dirección de la OACI, y de esta manera el diseño de proyectos y la planificación comunitaria a largo plazo desempeñarían una función clave.

Para terminar, quiero recordar que el aumento del impuesto sobre carburantes en el sector aeronaútico traería consigo nuevos gastos para los habitantes de los países de poca y dispersa población. Para ir lejos, hay que hacer un largo viaje.

  De Palacio, Comisión. - Señor Presidente, Señorías, en primer lugar deseo felicitar a la Sra. Lucas por el informe que constituye hoy la base de nuestro debate. Como todos sabemos, las consecuencias medioambientales del transporte aéreo constituyen últimamente un tema de máximo interés.

A nivel local, los debates en torno al desarrollo de los aeropuertos están cada vez más determinados por consideraciones medioambientales que se refieren a la limitación de ruidos y a la mejora de la calidad del aire en las cercanías de los aeropuertos. Muchos ciudadanos que viven en estas zonas piensan que sería posible hacer mucho más para mejorar su situación y eso es lo que exigen. Además, la incidencia a largo plazo de los gases procedentes del transporte aéreo en el cambio climático es hoy, indudablemente, motivo de preocupación en el mundo, lo mismo que la incidencia de otro tipo de emisiones.

Por todo ello, es necesario atender el problema del transporte aéreo desde el punto de vista medioambiental y ello de una manera global y coherente, es decir, que también hay que tener en cuenta los aspectos relacionados con la actividad del transporte aéreo.

Hay que intentar conciliar intereses que no siempre son fáciles de conciliar porque, indudablemente, en torno al transporte aéreo existen intereses económicos que se caracterizan por altos costes de inversión que reclaman un largo período de vida útil para su amortización. Por ejemplo, un avión exige un período de vida mucho más prolongado que otro tipo de inversión para tener una amortización adecuada. Para ello, es necesario un entorno operativo estable, sin vaivenes o modificaciones que cambien las reglas del juego y puedan tener consecuencias económicas desastrosas para el funcionamiento de las empresas aeronáuticas.

Un sector de gran crecimiento, basado en tecnologías costosísimas, repercute de forma inmediata en el empleo de sectores conexos, como los de la investigación y de la industria, y también el turístico. En mi opinión, intentar salvaguardar el medio ambiente sencillamente frenando el crecimiento del sector aeronáutico y de la industria aérea no es una opción válida que podamos plantearnos. Pero qué duda cabe que los ciudadanos, no sólo aquellos que están en las cercanías y que padecen de manera más directa cierto tipo de contaminaciones, como la acústica o incluso la de las emisiones, sino también los ciudadanos en general, que quieren una calidad de vida y un desarrollo duradero en el tiempo, tienen derecho a exigirnos acciones y movimientos que garanticen esa manera de crecer que debe ser el modelo europeo.

En su comunicación sobre transporte aéreo y medio ambiente, la Comisión sostiene que la industria de la aviación debe redoblar sus esfuerzos para mejorar la calidad medioambiental de los nuevos aviones que se construyen. Si el ritmo actual de crecimiento se mantiene, no se producirán las mejoras necesarias que permitan compensar el impacto ambiental que, previsiblemente, supone el crecimiento del tráfico aéreo. Yo sé que esta afirmación no es bien recibida en muchos segmentos del sector pero, indudablemente, a medio y largo plazo no hay más remedio que buscar una alternativa si no queremos que el transporte aéreo se convierta en una víctima de su propio éxito.

Pero la Comisión también es consciente de que el sector del transporte aéreo tiene toda la razón cuando dice que antes de llevar a la práctica medidas de carácter medioambiental es necesario hacer un estudio serio y profundo de las repercusiones económicas y sociales que van a tener esas medidas. Me da la impresión de que, hoy en día, los más preocupados por el medio ambiente aceptan poco a poco, pero cada vez más, el hecho de que al desarrollar una determinada política de tipo medioambiental, es necesario tener en cuenta el equilibrio entre el coste y la eficacia de las medidas propuestas.

El informe que tenemos ante nosotros contempla esos aspectos esenciales y tiene en cuenta tanto la necesidad de reforzar la protección medioambiental más allá de los esfuerzos rutinarios como el factor del análisis de rentabilidad. Y quiero agradecer a la Sra. Lucas el esfuerzo de flexibilidad realizado ya que, a través de sus enmiendas, queda de manifiesto que no es exactamente lo que a ella le gustaría como informe, pero busca un compromiso que permita la aprobación del Parlamento. Por ejemplo, lo que dice del queroseno me parece una manera razonable de plantear este problema, que indudablemente no se puede resolver en el ámbito europeo, sino de manera global en el ámbito de la aviación mundial y de la OACI.

Porque es ahí, Señorías, en el ámbito de la aviación, la industria en la que la globalización se manifiesta más que en cualquier otra, donde hay que resolver estas cuestiones. Quisiera agradecer el respaldo que en el informe la ponente da a la Comisión, y decir que nos hallamos en una fase difícil del debate sobre nuevas normas relativas al ruido y sobre una reglamentación que elimine de forma progresiva los aviones más ruidosos, en el ámbito de la OACI.

En numerosas ocasiones, hemos hecho constar nuestra preferencia por una solución de carácter internacional a estos problemas, y la Comisión ha podido comprobar con satisfacción la evolución positiva de la postura de los Estados Unidos en relación con el proceso de normalización que está teniendo lugar en la OACI. Tengo que decir que la reglamentación sobre los llamados “hushkits”, respecto de los aviones más ruidosos, adoptada en su día por el Parlamento, el Consejo y la Comisión, se basaba precisamente en que los Estados Unidos habían adoptado de manera unilateral medidas al margen de la OACI. No cabe duda de que es en la OACI donde hay que desarrollar ese trabajo.

Vamos a llevar a cabo la coordinación de las actuaciones de los distintos Estados miembros en el ámbito del CAEP, puesto que son los Estados miembros los titulares en el marco de la OACI, y espero que el Parlamento dé su respaldo a iniciativas como el cielo único, al que ha hecho referencia el Sr. Ojeda que, desde luego, también tendrá consecuencias para el ahorro de queroseno, si es que se puede poner en marcha, y la mejora de los sistemas de atribución y de gestión en general de los “slots”.

Señor Presidente, de nuevo agradezco el esfuerzo hecho por todos para intentar obtener un texto realista, flexible y aceptable para las distintas partes. Esperamos el voto del Parlamento, que desde luego la Comisión tendrá muy en cuenta.

  El Presidente. – Muchas gracias, señora Comisaria.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas.

15. Neumáticos de los vehículos de motor y de sus

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0218/00) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la posición común del Consejo (5347/2/2000 - C5-0220/2000 - 1997/0348(COD)) con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/23/CEE del Consejo sobre los neumáticos de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de su montaje (Ponente: Sr. De Roo).

  De Roo (Verts/ALE), ponente. - (NL) Señor Presidente, comisaria, colegas, el ruido de los neumáticos. El ruido constituye un problema medioambiental y sanitario subestimado. Un tercio de los ciudadanos europeos los padece y se queja de ello. Hace diez años tan sólo era una cuarta parte de los ciudadanos. El problema del ruido aumenta por lo tanto, especialmente el ruido del tráfico rodado y aéreo. En la primera lectura, el Parlamento Europeo no reaccionó ante las propuestas blandas de las Comisión Europea, lo que resulta injustificable. Por ejemplo, en la propuesta de la Comisión Europea no se contemplaba ninguna cláusula de revisión. En todas las propuestas medioambientales de la Comisión Europea se incluye una cláusula de revisión. No es el caso de esta propuesta. No resulta sorprendente ya que has sido redactada por la DG de Industria. Esta cuestión medioambiental ha sido erróneamente tratada en el Consejo por parte de los Ministros de Economía y Mercado Interior. El debate se debía haber producido en el seno del consejo de ministros de medio ambiente. El comité de medio ambiente ha propuesto 4 enmiendas con 32 votos a favor y 10 en contra. Para los turismos normales proponemos que el límite se reduzca 2 decibelios. El instituto independiente alemán de certificación TÜV ha probado incontables neumáticos existentes. Todos cumplían los débiles límites acústicos propuestos por el Consejo. Se puede bajar 2 decibelio sin poner en peligro la seguridad. Este extremo ha sido confirmado por los expertos del instituto sueco de carreteras y tráfico. El comité de medio ambiente también propone bajar 2 decibelios para furgonetas y camiones. Las furgonetas y los camiones producen más ruido que los turismos. Por este motivo también resulta importante avanzar en este aspecto y espero que algunos colegas del grupo de los democristianos pueda hacer el esfuerzo de votar a favor de esta medida. El sector de los neumáticos dispondrá hasta octubre de 2005 para cumplir los límites acústicos más estrictos. Considero que se trata de un plazo más que suficiente. Obviamente, no es la única medida necesaria para reducir el ruido provocado por el tráfico rodado. El asfalto silencioso, tal y como lo denominan nuestros amigo flamencos, o ZOAB, asfalto muy abierto, tal y como lo designamos en los Países Bajos, supone una reducción de 20 decibelios con respecto a una carretera pavimentada con adoquines. Ya no existen adoquines en nuestras autopistas pero se puede lograr una reducción de entre 3 y 5 decibelios si se emplea asfalto silencioso en todas partes. En la directiva sobre ruidos trataremos de nuevo estos problemas acústicos. La utilización de asfalto silencioso y una reducción de los neumáticos podría suponer una disminución de 6 decibelios. No parece mucho pero hay que tener en cuenta que los decibelios se establecen a partir de una tabla logarítmica. Esto significa que se puede lograr una reducción de más de la mitad del ruido sin que se circule menos. Los automóviles presentan un gran número de problemas medioambientales. El Parlamento Europeo introdujo hace más de 10 años la primera generación de catalizadores y, hace 2 años, la segunda generación de catalizadores en el informe Langen/Hautala sobre el programa de aceite para uso automovilístico. La contaminación ambiental provocada por los automóviles y camiones se reducirá de este modo entre un 70% y un 90% entre 2005 y 2007. Con el informe Florenz también hemos regulado adecuadamente el reciclaje de vehículos antiguos. Aún quedan dos grandes problemas medioambientales que deben tratarse en el ámbito europeo. En primer lugar esta el ruido, al que ya me he referido de forma suficiente, y en segundo lugar está el problema de CO2, el efecto invernadero. En lo que respecta al CO2, el comité de medio ambiente propone que la Comisión Europea presente una proposición de ley para reducir la resistencia a la rodadura de los neumáticos en un 5%. Esto significa que se reduciría el consumo de combustible en un 5% y que las emisiones de CO2 también reducirían en un 5%. Espero una respuesta positiva por parte de la Comisión Europea.

  Florenz (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, personalmente me resulta bastante indiferente en qué Dirección General se discuta la presente directiva. No soy jurista y no puedo valorar esta cuestión. Lo que está claro es que hasta ahora no se había prestado suficiente atención a esta exigencia medioambiental. La industria automovilística y la industria de los neumáticos han indicado justamente estos tres últimos días, aquí en el Parlamento, que podrían introducir sin mayores problemas algún tipo de modificaciones en los neumáticos.

En este momento, la principal preocupación de mi Grupo político no es tanto si el valor límite se fija en 3, 4 o 1 decibelios, sino sobre todo que quede clara nuestra voluntad de ejercer una presión positiva que induzca a la industria actuar, que le haga comprender que tiene que hacer un mayor esfuerzo en este ámbito. La industria de los carburantes, la industria automovilística y la del reciclado ya han hecho posibles muchos progresos en el ámbito del transporte privado. La industria de los neumáticos se ha abstenido en gran parte de actuar. Ahora queremos recuperar este retraso. Más adelante, sin duda también tendremos que hablar algún día sobre el pavimento de las vías de circulación europeas.

Yo creo que de lo que aquí se trata es de ejercer una presión positiva. Dicho esto, quiero adelantarme a las críticas de algunos colegas, que en un alarde de ingenio señalan que este Florenz quisiera reducir el valor límite en 2 decibelios, pero como contrapartida acepta que la distancia de frenado se incremente 10 metros. ¡Evidentemente queremos mantener las normas! Esperamos innovaciones, esperamos que la industria de los neumáticos contrate a jóvenes ingenieros e ingenieras y que por fin empiece a responder a las justas exigencias de los ciudadanos que no quieren estar expuestas a niveles tan altos de ruido en sus zonas residenciales. Esta es la tarea que nos hemos propuesto y yo confío en que la Comisión se mostrará dispuesta a colaborar. Es un objetivo posible y dentro de uno o dos años podremos constatar que la industria está en condiciones de cumplir nuestros objetivos para 2005. Si no fuese así, yo seré el primero que estaré dispuesto a reconocer la necesidad de establecer un marco un poco más amplio. Pero es preciso ejercer una presión y esto es lo que intentaremos conseguir estos días.

  Lange (PSE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, es un hecho sabido que no es usted exactamente enemigo del automóvil y que también le gusta conducir. Si ese es el caso, desde luego sería bueno que nuestro coche emitiese un 40% menos de ruido y su consumo de carburante se viera reducido al mismo tiempo en un 5%, con la consiguiente reducción de las emisiones de CO2, todo ello gracias únicamente a unos nuevos neumáticos. Esta es la dirección en la que deberíamos avanzar.

Actualmente, ya existen neumáticos que permiten conseguir valores muy inferiores a los que establece la posición común, tanto en lo que respecta a las emisiones acústicas, como en cuanto a la resistencia de rodadura, que es el factor que determina el consumo y el nivel de emisiones de CO2. Incluso hay neumáticos modélicos, tan silenciosos y que reducen tanto el consumo, que en la República Federal de Alemania exhiben un ángel azul, un distintivo ecológico. Dichos neumáticos no son, sin embargo, particularmente inseguros. ¡Al contrario! Algunos neumáticos de Michelin y Dunlop tienen una distancia de frenado aún más corta y siguen siendo silenciosos y con un bajo nivel de consumo. A la vista de lo cual, yo me pregunto cómo se explica que este Parlamento no tenga el valor de exigir que para el 2005 todos los neumáticos y en particular los de los camiones cumplan las condiciones que el nivel actual de la técnica ya permite.

Por esto, yo les pido encarecidamente que aprueben la enmienda 1, en la que se pide que se establezca un valor límite para la resistencia de rodadura, además de contemplar las emisiones acústicas, y sobre todo también la enmienda 2 que propone unos neumáticos más silenciosos. Les pido que tengan en cuenta, estimadas y estimados colegas, que las negociaciones todavía no han concluido. Vamos a negociar con el Consejo en el Comité de Conciliación y ya veremos qué conseguimos. Pero necesitamos disponer de un margen de maniobra.

  Helmer (PPE-DE). (EN) – Señor Presidente, antes de abordar el tema del ruido causado por los neumáticos, permítaseme hacer una observación de orden mucho más general a la Comisión. Sus servicios están impulsando demasiada legislación y con la legislación la calidad suele ser inversamente proporcional a la cantidad. Estamos hablando de hacer menos pero de hacerlo mejor y de hecho, estamos haciendo más y más, y haciéndolo peor.

Bien, en cuanto al tema de los neumáticos, nunca pude imaginar cuando entré en esta casa que acabaría defendiendo la postura de la Comisión, y sin embargo he de decir que la Comisión ha hecho sus deberes. Ha consultado con el sector industrial y nos presenta una propuesta que establece objetivos que constituyen un desafío pero que son alcanzables, y con los que se protege el medio ambiente a la vez que se tienen en cuenta los intereses de los usuarios y de los fabricantes de neumáticos.

Algunos de nuestros colegas están intentando sabotear este trabajo tan cuidadoso exigiendo reducciones, en los niveles de decibelios, arbitrarias y mal calculadas. En algunos casos las cifras serían alcanzables, en otros no. Pero olvidan que los cambios en las especificaciones para la fabricación de neumáticos no sólo afectan al ruido, sino al agarre, a la seguridad, al ahorro de carburante, al coste y a la duración. ¡Podrían acabar teniendo neumáticos más silenciosos pero que serían caros, se desgastarían rápidamente y que no evitarían que los coches patinasen, se saliesen de la carretera y se estrellasen contra los árboles!

Permítanme que hable claramente. Morirán más automovilistas si se aprueban las enmiendas del Sr. De Roo. Los electores a los que represento no nos lo agradecerían. Estamos siendo demasiado reglamentistas. Nuestro trabajo consiste en elaborar un marco legislativo amplio a favor del interés general. En lugar de eso intentamos gestionar los detalles de programas de desarrollo industrial de gran complejidad técnica, que es una tarea para la que no tenemos ni el tiempo ni los conocimientos necesarios. Pido a mis colegas que rechacen la enmienda y apoyen la propuesta de la Comisión.

  Bowe (PSE) (EN). - Señor Presidente, apruebo esta propuesta. Hace tiempo que era necesaria. Ciertamente las enmiendas hechas a la misma por el Sr. de Roo y el Sr. Lange avanzan en la buena dirección. Desde la primera publicación de esta directiva allá por el año 1997 los fabricantes se han esforzado en cumplir las normas fijadas por la Comisión. Comprendo el deseo del Sr. de Roo de llevar las normas aún más lejos. Sin embargo tengo que hacer una advertencia.

En primer lugar, las normas sobre los neumáticos no son el único problema. El tipo de superficie de rodadura de las carreteras es igual de importante y en determinadas circunstancias como en los puntos negros de contaminación acústica en las áreas urbanas más importante que intentar modificar los estándares de los neumáticos. En muchos casos cambiar el firme de la carretera es una solución mejor que modificar las normas sobre neumáticos.

En un Segundo lugar – y en mi opinión se trata de algo de importancia capital - está la necesidad de sopesar el problema del ruido de los neumáticos y la seguridad de los mismos. Mientras que esta noche estamos intentando adoptar nuevas normas para reducir el ruido causado por los neumáticos, no estamos haciendo ningún progreso en absoluto para mejorar los estándares de agarre o adherencia de los neumáticos a la carretera. A pesar de que hace ya bastante tiempo el Reino Unido puso sobre la mesa algunas propuestas buenas y serias, hasta ahora ninguna ha sido aprobada ni siquiera considerada seriamente.

Nuestra incapacidad para llegar a un acuerdo sobre los estándares de seguridad de los neumáticos genera un nivel de incertidumbre sobre esta cuestión que resulta inaceptable. Por esa razón estoy particularmente preocupado por los efectos potenciales de las enmiendas Nos 3 y 4 y por su impacto sobre la seguridad de los neumáticos, especialmente en el caso de vehículos como los camiones y los autobuses. En estas circunstancias me veo obligado a decir que personalmente no puedo apoyar las enmiendas Nos 3 y 4 del Sr. de Roo. Al Sr. de Roo le diría que son prematuras y pido a la Comisión que las rechace.

  Vatanen (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, doy las gracias al Sr. de Roo por su trabajo. La reducción de todo tipo de ruidos es algo muy importante para la salud y para el bienestar de las personas. Por ello, mi actitud es muy positiva ante la posición común del Consejo sobre el ruido procedente de los neumáticos. No intervengo aquí de ninguna manera como portavoz de la industria del neumático, pero como he seguido muy de cerca el sector en cuestión, quiero, sin embargo, expresar mi preocupación por las consecuencias de las enmiendas.

La industria del neumático es un sector de gran competencia a nivel mundial, en cuyo seno se llevan a cabo investigaciones a fondo y, debido al carácter propio de la tecnología del neumático, se avanza a pasos pequeños, pero seguros. Sin embargo, la situación se volverá insostenible si intentamos hacer cambios demasiado rápidos, como parece ser el caso en esta ocasión. Si avanzamos demasiado rápido, este sector industrial se verá en grandes dificultades técnicas y sufrirá un aumento innecesario de los costes, lo cual repercutirá en los precios de los productos. El consumidor es siempre el que paga. La existencia de períodos de transición lo suficientemente largos permitiría a las empresas tomar en cuenta los nuevos requisitos ya en la fase de desarrollo técnico de los neumáticos. Proceder de otro modo supondría un derroche de recursos, ya que los trabajos de diseño de un nuevo modelo de neumático duran, por término medio, tres o cuatro años.

El asunto se complica aún más debido a que los neumáticos constituyen un todo en el que cada una de sus características deben supeditarse al equilibrio. No se trata en absoluto de un objeto simplemente negro y circular, como piensan los profanos. La mejora de una propiedad del neumático tiene efectos negativos en las demás características, así que el diseño de un neumático es realmente la optimación de todas las soluciones combinadas. Por ejemplo, un neumático ancho se adhiere bien al asfalto, pero es muy susceptible de patinar en piso mojado. En cambio, en la nieve rueda mejor un neumático muy estrecho. Si se mejoran las características acústicas del neumático, lo que más se reduce es su capacidad de adhesión en pisos mojados.

Antes que nada, quiero que mis prójimos circulen usando neumáticos seguros. Desearía que la industria del neumático y los legisladores de la UE se pusieran de acuerdo y elaboraran un calendario realista para el cumplimiento de los excelentes objetivos presentados en este informe.

  Liikanen, Comisión. - (FR) Señor Presidente, esta propuesta de directiva quiere limitar el ruido producido por los neumáticos en la carretera, sin sacrificar por ello la adherencia y por lo tanto la seguridad en el comportamiento en carretera y el frenado.

Al preparar la propuesta, la Comisión hizo intervenir varios organismos independientes de los fabricantes que han trabajado durante mucho tiempo con los expertos de los Estados miembros para alcanzar el nivel adecuado de rigor expresado en decibelios para las distintas clases de neumáticos para los coches, furgonetas y camiones.

Gracias a esta amplia consulta previa de los expertos, los Estados miembros aprobaron por unanimidad, en posición común, el nivel de rigor elegido en la propuesta. El mismo Parlamento europeo quedó satisfecho con el nivel de severidad de la propuesta y no interpuso enmiendas.

Es preciso recordar previamente que la calidad del revestimiento de la calzada es, en amplia medida (hasta 6 decibelios), responsable del ruido causado por el contacto con los neumáticos. También conviene recordar que la Comisión prosigue su acción, lanzada hace dos años ya, de la lucha contra las distintas fuentes de ruido, que abarcan el conjunto de los sectores de actividad de la Unión.

Ahora, en una segunda lectura, se han interpuesto 4 enmiendas. Las enmiendas 2, 3 y 4 proponen que se reduzca en 2 decibelios el valor de los umbrales. Si se aplicase ahora una medida de este tipo, más del 70% de los neumáticos que se venden hoy en día no pasarían las pruebas. Los fabricantes deberían pues modificar con urgencia la estructura de los neumáticos y la dureza de la goma, lo que tendría efectos nocivos sobre la adherencia. Hasta que las exigencias de adherencia no se apliquen, estas tres enmiendas no son pues aceptables.

Esta correlación entre ruido y circulación, entre adherencia del neumático y consumo de carburante, está justamente en el centro de la preocupación expresada en la enmienda nº1. Esta preocupación es actualmente objeto de una investigación de consenso en un grupo de trabajo de la Comisión Económica para la Europa de las Naciones unidas, un grupo de trabajo que los servicios de la Comisión europea siguen de cerca. Este tema también es objeto de discusión en el marco del Transatlantic Business Dialogue para crear una norma mundial Global Type Standard GTS 2000.

La Comisión europea sigue estos trabajos con la intención de transponer los resultados en la directiva 92/23/CEE, con el fin de determinar el equilibrio adecuado entre seguridad, ruido y resistencia al rodamiento. Sin embargo, el calendario que se propone es desgraciadamente demasiado estricto. Hay que considerar el problema en toda su complejidad así como el amplio abanico de los productos que abarca.

Por este motivo, el artículo 3, tal y como está redactado en la posición común, estipula que las exigencias sobre la adherencia y la resistencia al rodamiento se integrarán junto con las exigencias relativas al ruido, en el calendario ampliado de 24 y 36 meses respectivamente, después de que entre en vigor la presente directiva.

La enmienda n° 1, que propone legislar de nuevo y en dos ocasiones en un plazo de un año después de la entrada en vigor de la presente directiva no es aceptable.

A causa de la complejidad de los métodos para medir la adherencia en suelos secos y mojados y en la resistencia al rodamiento, y a causa del amplio abanico de productos, los resultados de los trabajos de los expertos no estarán disponibles antes de 2002. La Comisión podrá entonces aportar enmiendas a la presente directiva para integrar la adherencia en suelo seco y mojado y la resistencia al rodamiento para todas las clases de neumáticos.

  El Presidente. – Muchas gracias, señor Comisario.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas.

16. Sustancias y preparados peligrosos (colorantes azoicos)

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0168/2000) del Sr. Bakopoulos, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(1999) 620 - C5-0312/1999 - 1999/0269(COD)) por la que se modifica por decimonovena vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo que limita la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (colorantes azoicos).

  Bakopoulos (GUE/NGL), Ponente. - (EL) Señor Presidente, la propuesta de directiva que estamos debatiendo hoy se refiere a la limitación de la comercialización y el uso de colorantes azoicos utilizados en los tintes para artículos textiles y de cuero. La razón de esta limitación es la firme sospecha de que estas substancias son cancerígenas. En el anexo de la directiva se incluye una lista de artículos textiles y de cuero para los que está prohibido utilizar estas substancias sospechosas. Muchos de los Estados miembros ya han introducido en sus legislaciones las prohibiciones pertinentes, y la mayoría de las empresas instaladas en la Unión Europea pertenecen precisamente a esta categoría. Es sin embargo indispensable una directiva que armonice el mercado interior, justamente para evitar las regulaciones unilaterales. Finalmente, como es natural, esta directiva incluye un método de análisis para detectar la presencia de colorantes azoicos cuyo uso está prohibido. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha aceptado el principio en el que se basa esta directiva. Así pues, las enmiendas unánimemente aprobadas intentan mejorarla. Voy a referirme sólo a dos de ellas.

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor opina que la lista de artículos para los que se va a prohibir el uso de colorantes azoicos, que está incluida en el anexo de la directiva, no debe ser indicativa. Debe ser cerrada, completa, explícita y nominal. Así evitaremos arbitrariedades en la interpretación de la directiva y, consecuentemente, importantes disparidades en su aplicación, cosa que sería contraria al principio del mercado único, para cuya protección se introduce esta directiva. Esta es la esencia de la enmienda 3.

El segundo caso que deseo referir es la enmienda 2, que introduce el considerando 7 bis, con la que se excluyen de la presente directiva las alfombras orientales hechas a mano. La excepción se basa en que como estas alfombras están hechas a mano, es imposible efectuar controles al azar. Sin embargo, el control de cada alfombra por separado dañaría de forma importante el producto, especialmente en aquellos casos en que - y no son pocos - nos encontramos ante verdaderas obras de arte. Con todo, se recomienda que los importadores establezcan un marchamo de calidad.

Las Sras. Roth-Behrent y Müller han presentado en el plazo establecido la enmienda 6, volviendo a formular el considerando anterior 7bis y proponen una fecha para que las alfombras orientales dejen de constituir una excepción de esta directiva. Y como tal sugieren el 1 de enero del año 2006. Considero que es correcta esta propuesta y propongo que se apruebe.

Finalmente, la Sra. Ferrer, también a tiempo, ha presentado la enmienda 7, con la que propone añadir en la lista de las 21 sustancias azoicas del Apéndice una más, aparte de las dos previstas en la enmienda 4. Sin embargo, la substancia que propone la Sra. Ferrer ya está incluida en el Anexo. Evidentemente, se trata de un descuido y por eso no propongo que se apruebe.

  Gutiérrez Cortines (PPE-DE). - Señor Presidente, señor Comisario, este es un pequeño y humilde informe, una modificación de directiva que, sin embargo, creo que es un ejemplo importante y significativo de cómo en Europa la política de mentalización y la política declarativa ha conseguido grandes éxitos, y muchas veces la norma viene después de que la propia sociedad se haya puesto en orden.

El que prácticamente todos los fabricantes y los productores de todos los países hayan suprimido los productos que ahora se pretenden prohibir, indica que estamos llegando a muchos ámbitos de madurez en los que lo ideal sería no tener que hacer normativas y no encontrarnos con situaciones como ésta. Por eso quiero recalcar, y que conste en acta, que hay que trabajar bajo esta fórmula a ser posible en una sociedad madura y en una industria madura.

La exclusión de las alfombras orientales me parece espléndida, porque creo que es bueno que la flexibilidad en beneficio del arte y de la estética entre en el espíritu de una maquinaria legislativa que muchas veces olvida lo pequeño y el detalle.

Por otra parte, que yo sepa, las personas no comen alfombras y, por tanto, ese grado de riesgo se podría evitar. Repito que creo que es algo positivo que trabajemos para progresar, que la sociedad nos preceda y que nosotros lo único que hagamos sea ratificar lo que ya ha sido reconocido.

  Müller, Rosemarie (PSE). – (DE) Señor Presidente, yo quisiera hacer una pequeña aclaración con respecto a la intervención del ponente. Las enmiendas al presente informe las presenté yo. Sólo deseo aclararlo puesto que antes ha citado a la Sra. Roth-Behrendt.

Los colorantes azoicos liberan aminas aromáticas con efectos carcinógenos cuando permanecen en contacto con la piel o la cavidad bucal humanas. Por este motivo, algunos Estados miembros han adoptado disposiciones provisionales con el fin de proteger a los consumidores y la Comisión presentó la iniciativa que hoy se debate, por la que los colorantes azoicos quedarían prohibidos en adelante en toda la Unión Europea y en las importaciones de terceros países.

La propuesta de la Comisión presenta, no obstante, algunas lagunas desde el punto de vista de la seguridad, que yo creo que es necesario cubrir. Este es el objetivo de mis dos enmiendas, adoptadas por una gran mayoría en nuestra comisión. Su principal finalidad es añadir a la lista de sustancias prohibidas otras dos aminas, clasificadas entre tanto como carcinógenas. Además, la descripción general del campo de aplicación prevista es demasiado poco vinculante. Nosotros pedimos que se introduzca una relación exhaustiva, bien definida, con el fin de mejorar la claridad de la norma y la seguridad jurídica. El desarrollo voluntario de un marchamo de calidad y el período transitorio hasta el 1.1.2006 han permitido tomar en consideración los problemas particulares del sector de las alfombras orientales e incluir a la vez a medio plazo a las alfombras orientales anudadas a mano en el ámbito de aplicación de la directiva. Asimismo, prevemos la posibilidad de opción entre dos métodos que toman en consideración los diferentes requisitos exigidos a los materiales, en tanto no concluya la validación de los nuevos métodos de prueba. Las enmiendas que ahora se presentan y que fueron adoptadas por una gran mayoría en nuestra comisión subsanan en conjunto una serie de imprecisiones y aspectos no vinculantes de la directiva. Con su incorporación responderá a los requisitos que es preciso exigirle, dados los riesgos reales para la salud.

  Liikanen, Comisión (EN). - Señor Presidente, me gustaría agradecer a los diputados su interés por esta materia, y agradecer especialmente al ponente, Sr. Bakopoulos, su constructivo trabajo.

Como se acaba de decir, determinados colorantes azoicos utilizados en los textiles y en los cueros presentan riesgos de cáncer para los consumidores y los trabajadores. Siguiendo el dictamen del Comité Científico sobre Toxicidad, Eco toxicidad y Medio Ambiente, que confirmaba estos riesgos, la Comisión propuso en diciembre del año pasado una directiva que restringe la comercialización y el uso de determinados colorantes azoicos que podrían presentar riesgo de cáncer si entrasen en contacto con la piel.

La propuesta de directiva de la Comisión introduciría una prohibición de determinados colorantes azoicos en artículos de cuero o textiles que entran en contacto con la piel. Los colorantes afectados son xilidinos susceptibles de liberar cualquiera de los 21 aminos cancerígenos enumerados en la directiva propuesta. Además, los artículos textiles o de cuero teñidos utilizando esos mismos xilidinos no podrán ser comercializados. En la directiva que se propone se especifican los métodos de análisis que habrán de utilizarse para comprobar si se cumplen las normas.

La propuesta no sólo se ocupa de la protección de la salud de los consumidores y de los trabajadores. También afecta a una cuestión de mercado interior. Actualmente el mercado interior está fragmentado, pues algunos Estados miembros ya están aplicando prohibiciones nacionales. La directiva propuesta armonizaría las normas de los diferentes Estados miembros.

Tengo que subrayar que la propuesta se basa en los resultados de estudios independientes sobre los riesgos planteados por los colorantes azoicos así como sobre los costes, beneficios y efectos de las restricciones propuestas sobre el comercio. También tiene en cuenta la opinión del muy competente Comité Científico sobre Riesgos. Creo que se trata de una medida proporcionada.

La Comisión no puede aceptar aquellas enmiendas parlamentarias que ampliarían esta prohibición reemplazando la lista de ejemplos de categorías de productos afectadas que se propone, por una lista exhaustiva que afectaría a otros artículos además de los fabricados con textiles o cuero y en la que se que incluirían otras amidas. Me estoy refiriendo a las enmiendas Nos 3, 4 y 7 de la Comisión de Medio Ambiente.

La Comisión opina que esto no podría justificarse dado el conocimiento actual sobre los riesgos. La Comisión tampoco puede aceptar las enmiendas que introducirían un segundo método de análisis para comprobar si se cumplen las normas. Esto se refiere a la enmienda No 5 de la Comisión de Medio Ambiente. Esto haría más difícil a los suministradores, especialmente en el Tercer Mundo, el demostrar que cumplen con la normativa, pues el método propuesto por la Comisión es el más generalmente aceptado y el más utilizado. Sin embargo, la Comisión aceptaría que, cuando esté disponible, se introduzca un método de análisis estandarizado y más fiable.

La Comisión puede aceptar en principio una exclusión de la lista de ejemplos de categorías de productos afectados por la directiva propuesta de las alfombras orientales hechas a mano dado que el riesgo presentado por tales alfombras probablemente sea escaso. Sin embargo la Comisión no puede aceptar que la exención sólo sea temporal.

Resumiendo nuestro punto de vista, podemos aceptar la enmienda 1ª de la Comisión de Medio Ambiente. Tenemos que rechazar las seis enmiendas, concretamente las Nos 2,3,4,5,6 y 7 de la Comisión de Medio Ambiente. No obstante la Comisión podría apoyar, en principio, parte de la enmienda 3ª. Quisiéramos proseguir el dialogo con el Parlamento. Estoy convencido de que podemos alcanzar una solución constructiva.

  El Presidente. – Muchas gracias, señor Comisario.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas.

17. Trabajo no declarado

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0220/2000) de la Sra. Glase, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión (COM(1998) 219 - C4-0566/1998 - 1998/2082(COD)) sobre el trabajo no declarado.

  Glase (PPE-DE), ponente. – (DE) Señor Presidente, el presente informe expone la posición del Parlamento con respecto a una comunicación de la Comisión sobre la problemática del trabajo no declarado, también designado como trabajo sumergido. Este problema se aborda desde el ámbito europeo porque no afecta a un único país, sino a todos los Estados miembros.

El problema de fondo es que el trabajo no declarado supone importantes pérdidas que afectan a la política económica y social de los Estados miembros. Los seguros de enfermedad, los sistemas de pensiones y el fisco sufren pérdidas globales por valor de miles de millones cada año por esta causa. Los trabajadores no están asegurados y carecen de cualquier tipo de protección. La idea de un moderno tráfico de esclavos con fatales consecuencias para los afectados se impone con toda claridad en este contexto. Quienes obtienen un servicio sobre la base del trabajo sumergido no tienen derecho a exigir una garantía ni ningún otro de los derechos habituales en el ámbito mercantil.

Los implicados creen obtener una ventaja, pero sin embargo sólo se perjudican y a la vez también a la comunidad. Naturalmente y por definición, el alcance del trabajo no declarado resulta difícil de evaluar en todos los países. De los estudios y estimaciones a largo plazo se desprende una cifra global de unos 28 millones de trabajadores no declarados. El volumen del trabajo sumergido representa ya el 15% del Producto Interior Bruto de la UE. El sector en su conjunto registra un crecimiento tres veces superior al de la economía oficial.

En la presente comunicación, la Comisión ha encontrado dificultades para analizar el trabajo sumergido y proponer las medidas necesarias para combatirlo. El Parlamento ha examinado larga e intensamente esta problemática y ha identificado una serie de causas, con efectos múltiples y recíprocos. Casi todos los estudios señalan la excesiva carga fiscal y de las cotizaciones sociales como causa. Nuestra comisión enumera, sin embargo, otras causas, como por ejemplo la pobreza, falta de rigor en la adjudicación de contratos públicos, precios de dumping en el ámbito de la subcontratación, la rigidez de las normas laborales y unas prácticas administrativas inadecuadas, así como un claro relajamiento de la percepción del trabajo sumergido como una actividad ilegal y una infracción.

En nuestra comisión se perfilaron, no obstante, diferentes posiciones a la hora de extraer las consecuencias, que tienen su origen una evaluación muy distinta de las causas. Aun así, yo creo que nos une el mismo objetivo y sólo discrepamos en cuanto al camino para alcanzarlo. Las conclusiones adoptadas en la última sesión de la comisión incluyen la petición de que se realice un balance exacto –en la medida de lo posible– de los sectores y los grupos de personas más afectados, la participación de los agentes sociales en el desarrollo de medidas activas contra el trabajo no declarado, la atención a este tema en los programas nacionales de empleo, y la aplicación de controles y sanciones en los casos detectados de trabajo no declarado.

Una mayoría de la comisión considera, sin embargo, decisiva la reducción de los impuestos y cotizaciones sociales como medida preventiva, así como una reducción de los tipos del IVA para servicios de gran intensidad de mano de obra, que la Decisión del Consejo de 28 de febrero de 2000 ya permite y que ya se practica en nueve países. También es esencial encontrar soluciones en algunos aspectos hasta ahora insatisfactorios, como por ejemplo en el contexto de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores y en relación con el trabajo doméstico remunerado, realizado principalmente por mujeres.

Los cinco minutos que me han concedido sólo me permiten exponer algunos puntos importantes del informe. El problema es complejo y se debe abordar también desde diversos ángulos. La comisión insta, por lo tanto, a la Comisión y a los Estados miembros individuales a que hagan suyas las propuestas del Parlamento en el ámbito de su competencia, pero sobre todo con firme determinación, y que comiencen a actuar. Yo espero que también podremos dar pruebas de un gran respaldo a favor del informe y de la determinación efectiva del Parlamento. Quiero manifestar mi agradecimiento a todas y todos los colegas por la buena colaboración mantenida, y muy especialmente a la ponente “en la sombra“, Karin Jöns, por su permanente voluntad de diálogo.

Antes acabar, señor Presidente, permítame que señale un error de imprenta. En el punto 25 de las conclusiones, la comisión solicitaba claramente el derecho a interponer una acción colectiva. Esto se debe revisar en el último texto presentado. Donde dice “acción judicial”, debe decir “acción colectiva”. De este modo quedará correctamente reflejada la voluntad de la comisión, tal como se expresó en la votación. Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

  Bushill-Matthews (PPE-DE) - (EN). Señor presidente, este es un informe de gran utilidad sobre un asunto muy importante. Hay algunas partes que no me gustan, como por ejemplo el párrafo 13 que propugna la armonización fiscal. Me propongo presentar una enmienda a este párrafo porque, como ya sabrá el ponente, se trata de un tema al que los Conservadores del Reino Unido conceden mucha importancia. Pero el sentido general del informe es muy bueno.

Hoy ha salido a la luz otro informe que fue un informe anual de la Comisión y al que se refiere el Financial Times de hoy bajo el maravilloso titulo “Bruselas exige una reforma laboral”. Voy a citar brevemente el artículo: “En su evaluación de los países, la Comisión le dirá a Francia que, como Alemania, debería reducir la presión fiscal sobre el empleo y reducir la “carga administrativa de las empresas”. Ciertamente todo lo que promueva la flexibilidad laboral liberando a las empresas y reduciendo la carga burocrática de las mismas debe de ser bueno para las economías de esos países así como para el empleo. Pero es que también se refiere al problema del trabajo no declarado. Cuanto más altos sean los impuestos, más burocracia habrá y mayor será el incentivo para no declarar el trabajo.

Me gustaría hacer una sugerencia más. Los países que tienen mayores cuotas de trabajo no declarado probablemente sean los que estén registrando tasas de desempleo más elevadas, y por lo tanto atrayendo las mayores cantidades de fondos regionales compensatorios. Esto es un fenómeno perverso y, en nuestro interés, deberíamos abordar el problema. Reducir los impuestos y la burocracia constituirá un punto de partida estupendo. Insto a los Estados miembros a que sigan el consejo de la Comisión y a que tengan en cuenta el informe Glase.

  Jöns (PSE). – (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la necesidad de actuar frente al problema del trabajo sumergido es evidente en todos los Estados miembros, toda vez que los resultados conseguidos hasta ahora en la lucha contra el mismo todavía no son óptimos.

Por esto, yo acojo con particular satisfacción la comunicación de la Comisión sobre el trabajo no declarado, que abre el debate a escala europea. Esto enlaza con una de las peticiones fundamentales del en verdad excelente informe de la Sra. Glase. Tenemos que incorporar sin restricciones la lucha contra el trabajo sumergido a la estrategia de empleo europea. Ante un problema tan complejo, es necesario que el intercambio de experiencias, el aprendizaje mutuo y la aplicación de las mejores prácticas de conformidad con el lema de eficacia ya probada de nuestra estrategia de empleo.

Tenemos que ocuparnos intensamente del tema del trabajo sumergido, con el fin de poder abordar de manera eficaz sus diversas causas. Yo quiero alertarles contra cualquier simplificación. En nombre del Grupo socialista, quisiera rebatir ahora mismo tres de ellas. La primera es la reiterada afirmación de que la causa primordial del trabajo no declarado son los niveles excesivamente altos de los impuestos y las cotizaciones sociales. ¡La cosa no es tan sencilla!, estimadas y estimados colegas del campo conservador. Consideremos, por ejemplo, los casos de Austria e Italia. Los impuestos son claramente más altos en Austria que en Italia. Aun así, el trabajo sumergido abunda mucho más en Italia. El alto nivel de los impuestos y las cotizaciones sociales es, por lo tanto, sólo una causa más entre muchas otras. O consideremos el caso de Escandinavia. Los impuestos y las cotizaciones sociales son bastante más altos allí. En cambio, el trabajo sumergido es relativamente escaso. Lo cual sin duda indica que su frecuencia también guarda alguna relación con su aceptación social, o sea, con la cohesión social de una sociedad. El trabajo no declarado no puede seguir estando considerado como un delito de guante blanco.

En segundo lugar, yo quisiera rebatir el argumento según el cual la flexibilización del mercado de trabajo reduce el trabajo sumergido. Este instrumento supuestamente milagroso no funciona. Así lo demostró ya la era Thatcher en Gran Bretaña. El trabajo no declarado se incrementó durante ese período a pesar de que los gastos sociales se redujeron. Es decir, que la flexibilización en realidad sólo resulta eficaz cuando es posible mantener unos niveles relativamente altos de protección social..

En tercer lugar, el trabajo sumergido no es ante todo producto de la inmigración ilegal procedente de terceros países. Al contrario, el trabajo no declarado lo realizan mayoritariamente nuestros propios ciudadanos y ciudadanas. Tal como señala el informe de la colega Glase, necesitamos una combinación razonable de políticas nacionales y de ámbito europeo. La Unión Europea también debe contar para ello con la actuación solidaria de los poderes públicos, con el fin de evitar la adjudicación de contratos a empresas cuya oferta de precios se basa visiblemente en el trabajo no declarado.

Estimadas y estimados colegas, también pedimos igualmente el derecho a interponer acciones colectivas, que facilitaría sobre todo las denuncias de los sindicatos contra las empresas de las cuales se sospeche que no declaran a su personal o sólo declaran una parte del mismo.

  Sbarbati (ELDR). – (IT) Señor Presidente, aprovecho la ocasión para agradecer a la Sra. Glase su informe, cuyo contenido es muy eficaz. Se trata de un informe extraordinariamente complejo que en comisión definí prudente en algunos aspectos: prudente por motivos de necesidad, si se considera que la política de empleo atañe a los Estados miembros y, por lo tanto, no permite una competencia efectiva y objetiva del Parlamento Europeo y, por ende, de Europa. Por lo tanto, nos encontramos ante una dificultad objetiva en absoluto insignificante que tenemos que superar.

Como acaba de decir la colega del Partido de los Socialistas Europeos, hoy se trata de poner a punto una nueva estrategia en la óptica compleja de todo el problema del trabajo y del empleo; una estrategia que invite a los Estados miembros a que, en primer lugar, hagan públicas sus realidades en lo que al trabajo y al trabajo no declarado se refiere.

Hasta la fecha no disponemos de fichas pormenorizadas de todos los Estados miembros. Es decir, no sabemos cuál es la envergadura del problema en todos los Estados miembros, ni tampoco en aquellos Estados que ambicionan entrar en la Unión Europea.

El problema es complejo: tenemos la incidencia de un porcentaje que crece todos los años y aumenta respecto al crecimiento del producto interior bruto, tenemos una incidencia del 15%, extraordinariamente significativa como media en los Estados de la Unión Europea, y este dato nos debe hacer reflexionar.

En cualquier caso, por definición, el trabajo negro, el trabajo no declarado supone para todos un abuso contra aquellos que necesitan trabajar, también desde el punto de vista de la detracción fiscal que debe garantizar la solidaridad. En consecuencia, se trata de un delito contra la sociedad del cual nos tenemos que hacer cargo, como legisladores, en los términos que inciden en nuestra competencia directa en la materia.

Así y todo, considero que en el informe hay indicaciones activas, por ejemplo, procedimientos activos que se pueden poner en práctica para luchar contra esta lacra del trabajo negro o no declarado.

He presentado algunas enmiendas que ya fueron aceptadas por la ponente, por lo que no voy a abundar en ellas. Durante el tiempo que me queda, sólo deseo dedicar algunas palabras a una enmienda que para mí es muy importante y que pienso que ha tenido alguna dificultad a la hora de ser considerada objetivamente: se trata de la enmienda que se refiere al trabajo infantil no declarado, que voy a explicar muy sintéticamente.

Se afirma que en Europa no existe el trabajo infantil, que quizás existe – como se ha dicho - en Italia y en los países del Sur. No es así. El trabajo de menores existe en cualquier parte y por todas partes: entre los inmigrados y los no comunitarios, entre todos esos jóvenes que salen de la formación antes de cumplir la mayoría de edad, que son explotados, están mal pagados, carecen de formación y que representan un serio problema de explotación y de trabajo no declarado porque no tienen una cualificación que pueda ser reconocida y retribuida adecuadamente. Por último, el trabajo no declarado afecta incluso a los menores de quince años.

Por consiguiente, no finjamos que el problema no existe en Europa, porque sí que existe, y creo que el Parlamento puede pronunciarse con voz decidida también sobre esto para confirmar la madurez social, democrática y política de este Pleno.

  Flautre (Verts/ALE). - (FR) Cuando hablamos de trabajo clandestino, también es preciso recordar que se trata de trabajadores de la construcción, que son los más expuestos a la intemperie y a los accidentes laborales, y que nuestros debates se refieren a los parias de los talleres de confección, privados de cualquier estatuto social, e incluso a menudo del derecho de residencia.

Hay que añadir los empleos de menor cualificación de la nueva economía, cuyo tiempo de trabajo, tiempo fuera del trabajo y salarios están sometidos a los avatares de la precarización y de la flexibilización a cualquier precio. Hablamos pues de una forma de explotación laboral, que ciertamente es perjudicial para las arcas públicas a causa de la pérdida de ingresos fiscales y de cotizaciones, pero no debemos olvidar nunca que también estamos hablando de la exclusión a la se ven reducidos, según la Comisión, de 10 a 28 millones de ciudadanos de la Unión. Lejos de estigmatizar a las víctimas, tenemos que preocuparnos por una forma específica de delincuencia patronal.

Situar al mismo nivel a aquellos que proponen este tipo de empleos y a aquellos que los aceptan es algo inadecuado e incluso chocante. El informe que hoy se nos presenta no escapa totalmente a este reproche, como tampoco la comunicación de la Comisión. ¿Qué hay que hacer? Integrar el trabajo no declarado al mercado laboral o adaptar éste a la existencia de estas formas de trabajo hiperflexibilizadas?

Temo que las propuestas que quieren reducir los impuestos indirectos y retenciones fiscales y aumentar la flexibilidad del mercado laboral sólo acaban por desregular aún más el mercado laboral, con el riesgo añadido de, al cabo, legitimar a estos precursores de la hiperflexiblidad. Como indica el informe que se nos presenta, la pobreza favorece la prosperidad de la economía sumergida, obligando a los asalariados y a los trabajadores independientes a aceptarla.

La lucha decidida para crear actividades y empleos de calidad, la atención que se dedica a las condiciones laborales y la limitación de la precariedad son los medios más seguros para reducir el atractivo del trabajo no declarado en todos los sectores. También son precisas medidas para evitar que algunas condiciones de sub-contratación y de contratas públicas lleven a trabajadores independientes o a pequeñas empresas a buscar en la ilegalidad los márgenes beneficiarios que les niegan los libradores.

No se trata de reglamentar menos, sino de reforzar los medios de las administraciones encargadas del control laboral. En algunos Estados, el código del trabajo prevé que se transformen en contrato indefinido a jornada completa todos los contratos ilegales. Sería desde luego una política muy activa, un fuerte incentivo para los empresarios a los que atañe regularizar la situación.

  Schmid, Herman (GUE/NGL). – (SV) Señor Presidente, hay muchas clases de trabajo negro. Puede llegar a ser muy difícil fijar el límite entre el trabajo blanco y el negro. A veces, la culpa la tienen quienes eligen el trabajo negro para eludir impuestos.

Los casos graves de trabajo no declarado se producen cuando éste está organizado. A menudo comprende a muchos trabajadores y se explica porque hay patronos que organizan y distribuyen estos trabajos para bajar sus costes de mano de obra y disminuir sus propios impuestos. Ésta es la esencia del problema.

En muchos sitios el trabajo no declarado es un fenómeno bien conocido, tanto por la población local como por las autoridades. La explicación por la que en algunos casos no se interviene contra esta forma de trabajo hay que buscarla en la alta tasa de desempleo y en que la gente pobre carece de opciones frente a los patronos negros.

También existe un argumento fiscal que tiene importancia para la Sra. Glase. Esto ya ha sido discutido. La Sra. Jöns señaló con justa razón que el trabajo negro casi no existe, en cualquier caso no de forma organizada, en los países y regiones en que la presión fiscal es bastante alta, o incluso muy alta, en que el mercado laboral está bien organizado y en que los trabajadores tienen sindicatos fuertes.

Si la Sra. Glase y su Grupo pretenden rebajar los impuestos para hacer menos atractivo el trabajo no declarado, significaría también que se legalizarían los cálculos económicos de quienes organizan esta clase de trabajo, convirtiéndose en regla general. Sería como aumentar la velocidad máxima en las carreteras para disminuir el número de conductores que no la respetan o como legalizar el comercio con drogas para disminuir su comercio ilegal.

Quedé muy impresionado al leer el informe original de la ponente, en el que se proponía obligar a los trabajadores de todos los centros de trabajo europeo a llevar tarjetas electrónicas para que pudiesen estar continuamente bajo el control de las autoridades. En mi opinión, los patronos son quienes organizan la producción y emplean a los trabajadores. Si se va a obligar a alguien a llevar tarjetas electrónicas, debería ser precisamente a los patronos, que tienen la responsabilidad del trabajo.

Mi Grupo y yo opinamos que la lucha contra el desempleo y la pobreza es la mejor manera, realmente la única, de combatir desde sus fundamentos el trabajo no declarado, al menos cuando se trata de trabajo negro organizado. Mejorar los sueldos es un antídoto más eficaz que rebajar los impuestos o dar otros beneficios a los patronos irresponsables.

  Pérez Álvarez (PPE-DE). - Señor Presidente, creo que debemos comenzar felicitándonos no sólo por la calidad del trabajo de la Sra. Glase sino también porque este tema haya llegado ante este Parlamento. Estamos en una Europa cada vez más próxima de sus ciudadanos y, por lo tanto, no puede dejar de preocuparse por el empleo, porque el empleo es un bien que, junto con la salud, preocupa principalmente a los ciudadanos y, me atrevo a decir, sobre todo a aquellos que no lo tienen, porque lo han perdido o porque quizá nunca lo tuvieron.

Aquí viene la reflexión ¿Tienen realmente un empleo adecuado quienes se ocupan en la economía sumergida, el trabajo negro o, según la denominación más comúnmente aceptada, el trabajo no declarado? No me parece éste el momento adecuado para enumerar los perjuicios del trabajo no declarado para las arcas públicas y para quienes lo realizan, por su propia situación de inseguridad, así como para los demás empleadores, competidores o no, y para la sociedad en general. En cuanto a las causas económicas del trabajo no declarado, los mayores ingresos de los trabajadores, las posibilidades ciertas de ahorrarse impuestos y cuotas de seguridad social o la reducción de costes de la empresa, no son ajenos a su aparición y a un crecimiento significativamente más rápido que el de la economía legal u oficial.

Refiriéndome brevemente a los sectores o grupos en los que el trabajo no declarado puede tener mayores posibilidades de expansión, es preciso incluir las situaciones de pluriempleo que se complementan con ingresos obtenidos de ese trabajo al margen de la legalidad; el trabajo de personas inactivas en situaciones de mayor flexibilidad temporal y el caso de los parados que buscan un ingreso complementario rechazando, quizá, una oferta de trabajo. También debe considerarse la situación de la inmigración ilegal que no puede realizar otros trabajos.

Al lado de estas situaciones fácilmente visibles, también se dan supuestos importantes en los casos de la descentralización productiva, de la externalización o de la subcontratación que, en forma menos directa y menos visible, pueden conllevar supuestos de trabajo no declarado. Una situación que debe prevenirse y que quiero poner sobre el tapete es la de las nuevas fórmulas de trabajo por Internet, el teletrabajo, el trabajo a tiempo parcial, que pueden ser fácil campo para la irrupción del trabajo no declarado.

Es necesario prevenir, Señor Presidente, porque la apuesta europea ha de ser por un trabajo de calidad, estable y seguro, y el trabajo no declarado no es ni estable ni seguro y, por supuesto, tampoco es solidario.

  Koukiadis (PSE). - (EL) Señor Presidente, debemos aplaudir la decisión de la Comisión de abordar el problema del trabajo no declarado, y yo también debo felicitar a la Sra. Ponente puesto que, en un tema tan complejo, ha podido aclarar algunos puntos. Precisamente por lo crucial del problema quisiera hacer dos observaciones.

Realmente, no es un tema cualquiera de importancia relativa, sino un tema básico, ligado a la efectividad de las políticas complementarias en el sector fiscal, en el de seguros y en el laboral. Con la rápida extensión del trabajo no declarado en los países industriales, este fenómeno ha dejado de ser una singularidad de los países del tercer mundo para los que, hace algunas décadas, la Organización Internacional de Trabajo creó el término "trabajo no declarado" que no debe asociarse con el trabajo ilegal. Se trata de un error y ruego que la Comisión lo tenga en cuenta. Así pues, en realidad, estamos siendo testigos de la creación de dos sistemas productivos y de dos modelos sociales. Uno, en el que los productores actúan analizando las responsabilidades y el coste que se deriva del sistema y otro, en el que actúan a costa de los primeros y del conjunto de la sociedad. Debemos entender que en el futuro, cualquier logro de las iniciativas europeas en el sector laboral, de seguros y fiscal pasa por las soluciones que se den a este tema. Así pues, el problema atañe por igual a los empleadores, a los trabajadores y al resto de la sociedad.

En segundo lugar, considero un punto débil en la forma de solucionar el problema la referencia general al trabajo no declarado o a algunas categorías generales, cuando todos sabemos que el trabajo no declarado no se afronta como un fenómeno uniforme, sino con una política diferenciada, por sectores y subsectores, según las personas que lo promocionan y en consonancia con la patología de cada caso. Las distintas categorías que lo originan como son los migrantes, las minorías, los niños, las mujeres, los pluriempleados, no se pueden tratar de la misma manera. También existe un trabajo no declarado que prospera y algunos casos que, sólo en parte, son trabajo no declarado. También está el tema del trabajo por cuenta propia ficticio y de algunas nuevas formas de empleo. Por todo esto debemos encontrar soluciones innovadoras, al que no bastan las prohibiciones.

  Mann, Thomas (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, la buena noticia es que en Europa no se está acabando el trabajo. La mala es que se trabaja, pero cada vez con mayor frecuencia este trabajo no se declara. El trabajo no declarado no es un delito de guante blanco. Tenemos que rechazar a los que se presentan como héroes en las peñas de amigos y se vanaglorian de engañar al Estado. En Alemania, por ejemplo, la pérdida de puestos de trabajo debido a la contratación ilegal supone 240 millones de marcos alemanes en impuestos y cotizaciones a la seguridad social no percibidos por cada diez mil empleos.

En su excelente y equilibrado informe, Anne Glase cifra el volumen de trabajo no sumergido en la UE en un 10-20% del PIB. Los trabajadores no declarados no se encuentran únicamente entre los parados o entre los inmigrantes ilegales, explotados por quienes se aprovechan del desempleo. También se encuentran entre los trabajadores a tiempo parcial, que realizan un trabajo adicional por la tarde o por la noche en sus ordenadores, y también entre los trabajadores autónomos que además realizan trabajos no declarados. Esto afecta a las pequeñas y medianas empresas que cumplen la ley y se enfrentan con la competencia del trabajo ilegal. En estas condiciones no es posible la consolidación de los puestos de trabajo ni la creación de otros nuevos.

¿Qué se puede hacer? En primer lugar, se deben sancionar los abusos, con la imposición de multas a quienes realicen trabajos no declarados y a quienes contraten a trabajadores no declarados. Quienes subcontraten trabajadores sin permiso de trabajo deben quedar excluidos de la contratación pública. Además, también deben saber que se exponen a una pena de prisión.

En segundo lugar, es necesario un control exhaustivo por parte de las autoridades, también a escala transfronteriza. Las autoridades policiales deben colaborar con las inspecciones del trabajo, las administraciones tributarias y los departamentos de extranjería, preferiblemente en grupos de trabajo específicos.

En tercer lugar, se deben reducir los incentivos que favorecen los abusos. Se deben reducir claramente los impuestos y cotizaciones sociales que pagan las empresas. Se debe rebajar el tipo del IVA para servicios de gran intensidad de mano de obra

En cuarto lugar, es importante desarrollar más campañas de sensibilización, con objeto de persuadir a todos los grupos relevantes de la necesidad de luchar contra el trabajo no declarado. Éste causa enormes perjuicios económicos y sociales. ¡El trabajo ilegal es antisocial!

  Liikanen, Comisión (EN). – Me gustaría dar las gracias a la Sra. Glase por su excelente informe. La Comisión abrió el debate en la primavera de 1998 con su Comunicación sobre el trabajo no declarado. Nos alegra poder decir que esto ha fomentado el debate tanto con las instituciones europeas como en los Estados miembros. Ha llegado el momento de recoger los frutos de ese debate. Por ello me alegro particularmente por la iniciativa del parlamento de retomar este asunto ahora.

La Comunicación de la Comisión se centraba sobre la estrategia política para atajar este importante problema. Subrayó la necesidad de un enfoque integral para combatir el trabajo no declarado, que incluyese tanto medidas preventivas como sanciones. Esto contemplaba las dos dimensiones del trabajo no declarado que puede verse, por una parte, como un caso en que los individuos se aprovechan del sistema a la vez que socavan la solidaridad o como un tema de mayor flexibilidad del mercado de trabajo y de lentitud a la hora de adaptarse a la legislación vigente. Me alegra constatar que el Parlamento está de acuerdo con el análisis de la Comisión.

El Parlamento también parece compartir la visión de que la acción principal debe tomarse al nivel de los Estados miembros. En realidad son la situación del mercado laboral en su conjunto, más la combinación de impuestos y seguridad social así como la aceptación social, los que determinan el nivel de trabajo no declarado. Por esa razón, en el ámbito de la Comunidad las acciones que pueden emprenderse son mínimas y deben de dirigirse claramente hacia aquellos sectores en los que la Comunidad puede tener algún impacto.

La Comisión está igualmente convencida de que el trabajo no declarado debería ser tratado dentro del marco del proceso de Luxemburgo. Creemos que el trabajo no declarado debería ser tenido en cuenta seriamente en los planes nacionales de acción por el empleo. Estamos trabajando con los Estados miembros para asegurarnos que sea así. Agradecemos el apoyo del Parlamento en esta labor.

Sin embargo, la Comisión puede tener una influencia en el desarrollo de una metodología para describir y medir la proporción de trabajo no declarado así como para evaluar su impacto sobre la economía y la solidaridad social. Esto lo hicimos con la Comunicación de 1998 y seguiremos haciéndolo. Efectivamente la Comisión está llevando a cabo actualmente un estudio sobre diferentes medidas usadas para combatir el trabajo no declarado en Estados miembros seleccionados para así identificar buenas políticas combinadas. Los resultados de ese estudio serán presentados en una conferencia a finales de año.

Sin embargo, el disponer de un seguimiento anual y poder informar sobre este problema sería técnicamente muy complejo y no añadiría demasiado. No debemos olvidar que el trabajo no declarado es un fenómeno profundamente arraigado. Los cambios llevan tiempo. Para mantener este tema en la agenda y asegurar que se comuniquen los progresos realizados sugerimos que se informe sobre ello cada tres años.

La Comisión está de acuerdo con el análisis del Parlamento según el cual las mujeres, aunque no constituyan la mayoría de los trabajadores no declarados, sí suelen encontrarse en situaciones de mayor inseguridad y explotación. Dentro de sus posibilidades la Comisión seguirá supervisando la situación e informando sobre ello dentro del marco de los informes actualmente previstos sobre el principio de la igualdad de trato. Esto es muy importante cuando se trata de la necesidad de mantener el ritmo en la introducción y el refuerzo de políticas de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

  El Presidente. – Muchas gracias, señor Comisario.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas.⁽¹⁾

(Se levanta la sesión a las 23.45 horas)

(1) Orden del día de la próxima sesión : cf. Acta