Acta literal de los debates

Miércoles 25 de octubre de 2000 - Estrasburgo

3. Minas antipersonas

  El Presidente. - De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto del informe (A5-0286/2000) de la Sra. Bonino, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la acción contra las minas terrestres antipersonas (COM(2000) 111 - C5-0158/2000 - 2000/0062(COD));

y de las siguientes preguntas orales:

- B5-0544/2000 del Sr. Miranda, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, a la Comisión, sobre las minas terrestres;

- B5-0545/2000 del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, a la Comisión, sobre las minas terrestres.

  Bonino (TDI), ponente. – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, no es la primera vez que este Parlamento aborda la cuestión de las minas antipersonas. Antes bien, en el pasado, esta problemática fue una de las fuerzas motrices que, desde el punto de vista político, supuso la firma de la Convención de Ottawa. Se trató de una campaña que partió de algunas organizaciones no gubernamentales y que luego fue apoyada por la Cruz Roja, Europa y la Unión Europea como tal, y que se ha convertido casi en un modelo de campaña en el ámbito internacional.

Fue uno de los Tratados firmados más rápidamente en la historia de los Tratados internacionales: fue ratificado en tan sólo un año por cuarenta parlamentos llegando, en consecuencia, a ser operativo. La última reunión de Ginebra ha reconocido progresos muy notables no solo en el terreno de la concienciación del problema, sino también del desminado. Seguramente tenemos mucho trabajo por delante y es por esto que todos debemos saludar como un hecho positivo la propuesta presentada por la Comisión. Mejor dicho, espero que esta capacidad de presión, esa rapidez por la que la Unión se ha distinguido en lo referente a las minas antipersonas pueda servir de ejemplo para otros tratados pendientes de ratificación, a los que este Parlamento siempre ha atribuido mucha importancia. Me refiero a la constitución del Tribunal Internacional para los Crímenes contra la Humanidad, por no hablar de la moratoria sobre la pena capital.

Pasando ahora a nuestro informe, considero positiva la propuesta de la Comisión y he de decir que las Comisiones parlamentarias de Asuntos Exteriores y de Desarrollo han trabajado intensamente para mejorarla aún más, si cabe, especialmente en algunos puntos. Querría citar sólo algunos de ellos que, respecto a la propuesta del Parlamento, parecen significativos y que, en todo caso, representan un concreto avance en este tema. Primer punto: reiteramos – con la esperanza de que el Parlamento la respalde – la necesidad de destruir los stocks de minas antipersonas que siguen existiendo en muchos países, incluso firmatarios, porque la destrucción de los stocks nos parece el elemento de prevención del que hablamos con frecuencia sin nunca saber muy bien a qué nos referimos.

El segundo punto se refiere a todo un conjunto de elementos que espero que este Parlamento apruebe en lo que se refiere a las líneas presupuestarias. Señor Comisario, hemos querido no solo simplificar lo más posible su propuesta – por lo que al final hemos llegado a tres líneas presupuestarias: una general, una relativa a la investigación y una relativa al desminado humanitario – sino que la hemos simplificado todavía más – espero que el Parlamento lo apruebe - en lo referente a la comitología considerando suficiente un comité consultivo respecto a un comité de gestión, precisamente porque, por coherencia interpretativa, consideramos que la Comisión es la responsable de la ejecución del presupuesto y responde de él de forma totalmente transparente.

Otro elemento significativo es que este Parlamento no pide cosas genéricas, sino 200 millones de euros en el período 2000-2006, más los fondos para la investigación, más la línea humanitaria, dado que estamos hablando de hechos – lo esperamos – y no sólo de una resolución. En efecto, señor Comisario, mi experiencia me enseña que sin fondos es difícil resultar concretos desde cualquier punto de vista.

Por otra parte, precisamente porque los fondos son tan considerables – 200 millones de euros, con un notable aumento en relación a la dotación anterior – querríamos que la Comisión creara, en su interior, una unidad que se encargue de la acción en materia de minas, precisamente para poder dar transparencia y coherencia a esta actividad.

Desde este punto de vista, estos me parecen los elementos más peculiares que van en el sentido de la responsabilidad de gestión y de la transparencia. Desde el punto de vista político, volveremos a la resolución más adelante.

El último punto se refiere a las enmiendas. Reitero mi posición contraria a las enmiendas 10 y 19, por coherencia presupuestaria y, en cuanto a la enmienda 29, pido la votación por partes separadas para lograr una mejor formulación de todo el texto que creo que ha sufrido alguna falta de interpretación.

Señor Presidente, señor Comisario, les doy las gracias con la esperanza de que estas propuestas innovadoras no solo sean aceptadas por el Parlamento, sino tenidas en cuenta por el Consejo y por la Comisión.

  Morgantini (GUE/NGL), ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. – (IT) Señor Presidente, incluso en lenguaje corriente la palabra “mina” indica peligro, y en italiano, en efecto, se dice: “eres una mina”.

Como Unión Europea debemos actuar al unísono para que las minas dejen de fabricarse, se destruyan todos los stocks, se limpien de minas los territorios facilitando ayuda y medios de inserción social y económica a las víctimas, entre las cuales hay muchos niños, y garantizando el desarrollo de la comunidad afectada.

En este sentido, hay que estar muy atentos y se debe emprender una acción de mayor sensibilización para que el problema no caiga en el olvido. Tanto en el informe como en las opiniones de las comisiones que aquí presentamos, se ha subrayado el papel motor del Parlamento y de la Unión Europea para la eliminación de las minas y para la contribución económica destinada a la Organización de Naciones Unidas.

Como ha dicho de manera muy explícita y clara la Sra. Bonino, con la propuesta de reglamento de la Comisión se ha dado un nuevo paso adelante. Hemos presentado varias enmiendas tendentes a aclarar, a convertir en más transparente, a reforzar y a racionalizar las líneas presupuestarias, así como nuestro compromiso con el desminado y la destrucción de los arsenales de almacenamiento, y esto conjuntamente con muchas organizaciones no gubernamentales que han tenido el gran mérito de que este problema se considere inaplazable. Existe, sin embargo, una debilidad – hay muchas, pero me refiero a una en particular - en nuestro interior, o sea la acción de presión que debemos hacer sobre Finlandia que no ha firmado el Tratado de Ottawa, y sobre Grecia que no lo ha ratificado, so pena la falta de credibilidad de Europa a la hora de promover la adhesión de todos los países de la Convención y plantea la cuestión – que hemos planteado también en la pregunta oral que presentamos a la Comisión – de si lo países candidatos deben firmar el Tratado de Ottawa antes de entrar a formar parte de la Unión.

En el informe del año 2000 del Unmine Monitor se ven claramente los progresos realizados gracias a Ottawa. A escala mundial, sin duda, se registra una reducción de la fabricación y de la comercialización, una reducción de las víctimas, de los arsenales, etcétera, aunque siguen estando demasiado presentes en el mundo. Continúan pendientes muchos problemas, especialmente cuando países como Estados Unidos aún no han firmado la Convención o países como China y Rusia disponen de enormes cantidades de stocks y poseen grandes arsenales.

Europa debe encontrar la manera de que estos arsenales se eliminen de la historia, así como de que sigan presentes en la memoria para recordar que ya no hay que matar con nuestras mortíferas producciones.

  Miranda (GUE/NGL). - (PT) Señor Presidente, todos conocemos -por lo demás, lo han dicho ahora nuestras colegas Emma Bonino y Luisa Morgantini- la dimensión del drama resultante de la utilización de minas antipersonal y la gravedad del problema, dado el elevado número de minas que siguen colocadas y activadas en el terreno. Hay quien habla incluso de 70 a 100 millones. Eso explica la importancia y la oportunidad del Convenio de Ottawa, por el que se pretende llevar a acabo una acción concertada de la comunidad internacional con vistas a poner fin a esa tragedia, que de forma muy especial afecta a los países menos desarrollados, aunque subsistan dificultades porque algunos Estados importantes -ya citados- no lo hayan firmado. Y a ese respecto no podemos dejar de lamentar que un Estado miembro -Finlandia- no lo haya firmado aún y otro -Grecia- no haya procedido aún a su ratificación, como acaba de decir nuestra colega Luisa Morgantini.

Y aquí surge la primera cuestión: la necesidad de que la Unión Europea, en particular la Comisión, haga todo lo posible ante los países no signatarios para que lleguen a firmar el Convenio de Ottawa. Es deseable que la Comisión nos diga lo que pretende hacer a ese respecto, en particular en cuanto a los países candidatos a la adhesión. Pero, evidentemente, si el Consejo y los Estados miembros afirman explícitamente que la Unión Europea, en su actuación exterior, en modo alguno utilizarán ni ayudarán a utilizar las minas antipersonal, su autoridad en esa esfera será mayor. Entretanto, es indispensable garantizar la máxima coherencia y la coordinación entre las acciones llevadas a cabo por la Unión Europea y las de los Estados miembros. También en esa esfera la Comisión puede y debe desempeñar un papel inestimable. Y también deberá decirnos a ese respecto lo que se propone hacer en el futuro. Nos parece también que las acciones comunitarias que se deben llevar a cabo en ese terreno deben contar con una adecuada inserción presupuestaria para poder alcanzar una mayor eficacia. La propuesta de reglamento de la Comisión nos parece demasiado vaga. Por nuestra parte, nos inclinamos claramente por la creación de una única línea presupuestaria destinada a las acciones de lucha contra las minas, a excepción de la investigación y la ayuda alimentaria, como también consideramos ventajoso que simultáneamente se cree una unidad central de coordinación de todas las acciones en esa esfera, como ha dicho nuestra colega Emma Bonino.

En cuanto a las acciones que se deben llevar a cabo, es indispensable garantizar la destrucción de las minas existentes, de la enorme cantidad de minas almacenadas, y evitar su colocación en el mercado negro. Como también es indispensable acabar con su producción. Si seguimos con la producción y la comercialización de minas, de poco servirán otras acciones de retirada de minas o asistencia a las víctimas. En la esfera de la prevención es en la que habrá que actuar ante todo. Después es necesario invertir más en investigación, en particular la dedicada a la detección de minas colocadas en el terreno. Y, por último, es absolutamente fundamental reforzar las acciones de retirada de minas garantizando la eficacia de las llevadas a cabo y concediendo prioridad a los países que respeten el Convenio, como también es indispensable garantizar medidas de rehabilitación de las víctimas.

También en esas esferas nos gustaría que la Comisión explicara más a fondo lo que piensa hacer, teniendo en cuenta la experiencia del pasado y el importante papel que la Unión Europea ha desempeñado en esa esfera. El campo de acción es, naturalmente, muy amplio y exige medios y gran voluntad política. El imperativo es enorme, pero la dimensión de ese drama impone un esfuerzo y un empeño enormes con vistas a poner fin a esa situación.

  Brok (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, todos sabemos qué consecuencias tienen las minas antipersonas a pesar de que en casos aislados con frecuencia existan grandes justificaciones militares. Acarrean como consecuencia unos sufrimientos interminables precisamente entre la población civil y entre los niños. También destruyen con frecuencia a largo plazo las posibilidades de desarrollo de países pues zonas enteras están totalmente contaminadas con ellas. Por este motivo, es extraordinariamente positivo que la Comisión y la Unión Europea se ocupen de este tema y quieran que se aplique aquí una política coordinada. Con nuestra pregunta queremos animar a la Comisión para que prosiga por esta vía e intensifique esta iniciativa.

Pues, de hecho, es necesaria una coordinación entre los esfuerzos europeos e internacionales, entre los campos financiados con fondos de desarrollo o las acciones gestionadas directamente por la Comisión. Es necesario que la dotación para la eliminación de las minas se organice de un modo razonable y que financiemos trabajos de investigación para realizar trabajos de detección y eliminación, para instrumentos que se pueden utilizar de un modo sencillo in situ para que aporten una ayuda precisamente en los países en vías de desarrollo. También en lo referente al empleo de personal, tanto civil como militar, es posible mejorar algo la coordinación. Mi comisión propone elaborar ideas para buscar en cooperación con Eurocorps unas posibilidades especiales de actuación que permitan que en este campo Europa desempeñe un papel puntero. Sin duda, también es necesario que mencionemos zonas prioritarias para la eliminación y establecer de este modo unos puntos centrales especiales.

La situación es tal que los acuerdos internacionales no han sido firmados aún por todos los países o que, por los motivos más variados, no han sido aún ratificados por todos. Creo que debemos dirigir esta campaña también para que los responsables políticos recapaciten sobre la utilidad militar de estas minas y sobre las consecuencias para las personas y las regiones afectadas y para que, tras esta consideración, lleguen al convencimiento de que no se debe usar ya más este arma y para que ayudemos a tales países a desarrollar unas alternativas políticas al empleo de tales minas. Creo que también se puede configurar el entorno político en tales regiones de un modo razonable para que se proporcione a tales Gobiernos la fuerza política para salir de este círculo que significa que uno quiere por lo visto protegerse pero, a la postre, se perjudica a la propia población. Por ello, sólo puedo alentar a la Comisión para que considere esto no sólo como un enfoque técnico con el que se puede ayudar en algún lugar con recursos financieros sino para que creemos también el entorno político para lograr de este modo una mejora.

  Patten, Comisión. – (EN) Quisiera expresar mi agradecimiento por la actitud ambiciosa y constructiva del Parlamento, que ha quedado claramente reflejada en el informe de la Sra. Bonino sobre la propuesta de reglamento y que viene a reforzar la contribución de la Unión Europea en la lucha contra las minas terrestres antipersonas.

No es ninguna sorpresa que el informe de la Sra. Bonino sea un documento tan convincente e importante. Agradezco, aunque no me sorprende, el tono del informe. Al fin y al cabo, el Parlamento Europeo encabezó en la Unión la lucha contra las minas terrestres. Fue el Parlamento el que propuso por primera vez, en 1996, la creación de una partida presupuestaria horizontal y un fundamento jurídico adecuado que constituyeran una plataforma única para la amplia gama de intervenciones que emprendemos en este importante ámbito.

El Parlamento tuvo un papel decisivo a la hora de impulsar a la Unión a adoptar un papel activo en la Conferencia de Ottawa de 1997, que propició la celebración de la Convención sobre la prohibición y erradicación de las minas terrestres. El desafío que representa la plena aplicación de dicha Convención ha llevado a la Comisión a reflexionar sobre cómo podemos reforzar la contribución de la Unión Europea a la lucha contra las minas terrestres. El resultado de dicha reflexión lo tienen en sus manos en la forma de una propuesta de reglamento.

Quisiera mencionar también el papel decisivo que han jugado la sociedad civil, las fuertemente motivadas organizaciones no gubernamentales y, en particular, la campaña internacional en favor de la prohibición de las minas terrestres. Sus esfuerzos son decisivos para el éxito de la aplicación de la Convención y la presión de éstas ejercen sobre los gobiernos de todo el mundo ha contribuido enormemente al ritmo esperanzador con que se suceden las ratificaciones y adhesiones.

Durante los últimos ocho años, hemos contribuido con más de 200 millones de euros, con cargo al presupuesto comunitario, a la lucha contra las minas terrestres. Sólo en 1999, la Unión destinó a este fin más de 100 millones de euros, 30 de los cuales eran para proyectos comunitarios, lo que representa una contribución mucho mayor que la de cualquier otro donante internacional. Quizá algunos diputados habrán visto el folleto que hemos preparado para la conferencia sobre la revisión de la Convención de Ottawa celebrada el mes pasado, en el que puede verse la magnitud de las intervenciones que hemos realizado, que cubren todos los rincones del mundo y todos los aspectos de la acción antiminas. Alabo, en particular, la labor del Centro Común de Investigación.

Ser el mayor contribuyente a esta causa no es suficiente. La propuesta de reglamento debería permitirnos definir un enfoque global y estratégico y medir nuestros esfuerzos con respecto a objetivos bien definidos en la vía hacia nuestra meta final común de un mundo sin minas terrestres.

Antes de pasar a comentar el excelente informe que nos ocupa sobre la propuesta de reglamento, quisiera hacer algunas observaciones de carácter general en respuesta a las interesantes y valiosas intervenciones que han realizado el Sr. Miranda y el Sr. Brok.

Naturalmente, compartimos el objetivo de dar un carácter universal a la Convención de Ottawa. La Unión Europea mantiene una posición inequívoca, como refleja la acción conjunta de 1997 sobre la promoción y ratificación de la Convención de Ottawa por el mayor número posible de países. Aunque no puedo ocultar el hecho de que, evidentemente, los poderes de persuasión de la Unión encaminados a lograr este objetivo se ven limitados en cierta medida por las dificultades que prevalecen en algunos Estados miembros para suscribir y ratificar la Convención. Es una cuestión que, de acuerdo con los términos de la intervención de su Señoría, planteamos con cierta regularidad a dichos Estados miembros.

Está claro que el apoyo de la Unión Europea a la acción antiminas puede ser un impulsor importante para conseguir que los posibles países beneficiarios suscriban la Convención. La comunicación y el proyecto de reglamento pueden servir de condicionantes en este sentido, pero no deberíamos ser demasiado dogmáticos. Debemos reconocer la situación específica que reina en algunos países. No deberíamos penalizar a las personas que necesitan nuestra ayuda, aunque sus gobiernos no muestren aún un nivel suficiente de compromiso con la aplicación de la Convención. Es el dilema al que nos enfrentamos habitualmente. Es el dilema al que se ha referido su Señoría con considerable elocuencia en el pasado: el reto al que nos enfrentamos una y otra vez es proporcionar asistencia humanitaria a personas que, en muchos casos, necesitan asistencia humanitaria como consecuencia de las acciones de sus propios gobiernos. Pero no podemos penalizar a las personas que tienen un mal gobierno.

En cuanto a los países candidatos, cabría esperar de ellos que apoyen la acción conjunta a la que acabo de referirme. No se trata del acervo comunitario en el sentido jurídico propiamente dicho, pero evidentemente los alentaremos a que erradiquen las minas de sus estrategias de defensa, que pongan fin a la fabricación o comercialización de minas y suscriban y ratifiquen el Tratado sobre la Prohibición de las Minas.

Si me permiten, una vez más, seguir el argumento que ha expuesto el Sr. Miranda hace un momento, tengo especial interés en que también examinemos proyectos para destruir las existencias de minas almacenadas. Puede resultar difícil desde una perspectiva ambiental y es caro, pero deberíamos dar prioridad a este objetivo en el futuro.

Quisiera llamar la atención del Parlamento sobre el Fondo fiduciario internacional de Eslovenia que, en sólo dos años de funcionamiento, ha creado un programa regional de acción antiminas con ayuda de la Unión Europea, los Estados Unidos y varios otros países, que incluye proyectos en toda la región de los Balcanes. Tras los acontecimientos ocurridos este mismo año en Zágreb y más recientemente en Belgrado, debemos aspirar a un futuro libre de minas terrestres para la Europa sudoriental.

El incremento de la coherencia entre la acción de la Comunidad y aquélla de los Estados miembros, a la que ha hecho referencia su Señoría, es uno de los puntos centrales de la comunicación que acompaña a la propuesta de reglamento. Hemos adoptado un enfoque flexible de la coordinación, en vez de uno rígido y centralizador. La eficacia de la acción contra las minas será mayor si ésta ha sido elaborada de acuerdo con las condiciones específicas de cada situación. Es el motivo por el que no proponemos aunar toda la acción de lucha contra las minas, ni siquiera dentro del marco comunitario, en un programa único y en una sola partida presupuestaria. Proponemos, por el contrario, la creación de un grupo de expertos en el que participen los Estados miembros, las organizaciones no gubernamentales y los interlocutores afines. Lo que se pretende es que este grupo asista a la Comisión en la elaboración de una estrategia global de lucha contra las minas.

Volviendo concretamente sobre el informe Bonino, quisiera comentar brevemente las escasas enmiendas presentadas por el Parlamento que la Comisión no puede aceptar en su forma actual. Ya he tocado algunas de ellas en mi respuesta a su Señoría. En primer lugar, como ya he mencionado, creo que sería un error, bien intencionado, pero contraproducente, imponer la adhesión a la Convención de Ottawa como requisito imprescindible para la asistencia comunitaria a la acción antiminas. No es necesario decir que serán raros los casos en que aceptemos conceder asistencia a países que no hayan suscrito la Convención. Pero no faltarán casos en los que, por razones políticas o humanitarias, deseemos ayudar a las poblaciones a pesar de sus gobiernos. Por tanto, quisiera abogar en contra de la enmienda 18.

Aunque comprendo y respeto las aspiraciones que se esconden tras la propuesta de concentrar todos los fondos para la acción contra las minas en una línea presupuestaria horizontal, con excepción de la relativa a investigación y de la que lleva a cabo ECHO, no estoy convencido de que esta medida nos permita la flexibilidad necesaria para optimizar la eficacia de las intervenciones de la Unión Europea. Podría suceder que, con el paso del tiempo, la línea horizontal atraiga más atención y más apoyo, pero también debemos mantener la relación que existe con una programación nacional y regional más amplia a través de partidas y reglamentos presupuestarios geográficos. Personalmente quisiera decir no a las enmiendas presentadas 3, 16 y 21.

Por este mismo motivo, tengo plena confianza de que los recursos humanos y administrativos solicitados para la unidad central de acciones antiminas serán suficientes para garantizar la aplicación adecuada del reglamento. No queremos añadir nuevas capas a nuestra burocracia; podemos obtener los mismos resultados con un pequeño equipo y la creación de una red adecuada. Quisiera proponer el no a la enmienda 17.

Asimismo, tampoco queremos crear otro comité, ya sea un comité de gestión o consultivo. Como el Parlamento sabe, ya existen demasiados y, como también sabe el Parlamento, con nuestras propuestas sobre la reforma de la asistencia comunitaria a terceros países esperamos poder dejar atrás el pesado control individual de cada proyecto y centrarnos, en cambio, en nuestras negociaciones con los Estados miembros sobre estrategias y programas globales. Es lo que estamos acordando con respecto a MEDA, por ejemplo. Los distintos comités geográficos actuales se encargarán de ello. En vez de añadir a la lista otro comité, proponemos la creación de un grupo de expertos que nos proporcione un foro que vaya más allá de expertos gubernamentales en el que podamos discutir y en el que podamos definir una estrategia global de acciones antiminas para que se aplique horizontalmente y sea revisada una vez al año. Por consiguiente, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 8, 22, 23, 25 y 29.

Por último, sobre la adjudicación de proyectos de acciones antiminas, quisiera advertir que no debemos confiar en un endurecimiento de las condiciones para poder participar en nuestras licitaciones. Además de perseguir la generación de capacidad y la propiedad de los proyectos, debemos estar en condiciones de aprovechar los mejores conocimientos y materiales existentes siempre que sea posible. En la mayoría de los casos, eso se hará dentro de la Unión Europea, aunque, excepcionalmente, podría existir la necesidad de recurrir a terceros países. No puedo aceptar la enmienda 19.

No entraré en el gran número de enmiendas presentadas que la Comisión está dispuesta a aceptar sin problemas y que, en mi opinión, mejorarán de manera significativa la propuesta de reglamento. Estas enmiendas vienen a confirmar la meta y las aspiraciones que todos compartimos.

Deberemos aún seguir trabajando si queremos alcanzar los objetivos de la Convención de Ottawa de erradicar dichas minas durante los próximos diez años. La adopción del presente reglamento constituye, en mi opinión, un paso pequeño, pero importante en la consecución de dicho objetivo. Espero que podamos contar con el continuo apoyo del Parlamento para llevar a buen puerto el proceso legislativo.

  Van Orden (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, algunos participamos desde hace muchos años en el intento de superar la lacra de las minas terrestres antipersonas. Es un problema que ha despertado el interés de la sociedad en muchos de nuestros países. Los gobiernos han manifestado su compromiso y han destinado grandes sumas de dinero a este fin. Las ONG han proliferado en respuesta a la necesidad y, sin embargo, cuando han transcurrido casi cuatro años desde la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre minas celebrada en Ginebra y más de un año desde la entrada en vigor de la Convención de Ottawa, nos vemos obligados a reconocer que muchos países y miles de personas, generalmente en las regiones más pobres del mundo, siguen padeciendo las terribles consecuencias de las minas terrestres antipersonas y las municiones sin detonar.

¿Por qué es tan lento el progreso? Creo que los problemas son de triple naturaleza. En primer lugar, debemos centrarnos en nuestros objetivos. La campaña en contra de las minas terrestres antipersonas no debería utilizarse como una oportunidad para atacar a los gobiernos occidentales, en particular a los Estados Unidos, a las instalaciones militares occidentales o a la industria occidental. En la mayoría de los casos, los gobiernos occidentales no son el problema, sino parte de la solución. Deberíamos centrar nuestra atención política en los auténticos culpables: las facciones enfrentadas y los gobiernos irresponsables que han demostrado no sentir la menor preocupación por la población civil y que utilizan minas terrestres antipersonas indiscriminadamente para sembrar el terror.

Y lo que es más importante, la lucha práctica contra las minas debería centrarse en los aspectos prioritarios: limpiar las zonas en las que se sospecha que existen minas que impiden la reanudación de la vida normal y del desarrollo económico, y prestar asistencia a las víctimas de las minas. En segundo lugar, la comunidad internacional debe mejorar la coordinación de sus esfuerzos a nivel global, así como y en particular, dentro de los países afectados. Lo cierto es que aún desconocemos el verdadero alcance de los territorios infestados de minas terrestres y tampoco conocemos la eficacia que han tenido los esfuerzos encaminados a la eliminación de minas. Debe realizarse un rápido ejercicio de evaluación en cada uno de los países más afectados, de manera que podamos ver con mayor claridad qué acciones debemos emprender.

En tercer lugar, debemos garantizar la buena utilización de los fondos. Me enorgullece que la Comisión Europea sea el mayor partidario del mundo de la acción antiminas. Se trata de un ámbito en el que, habida cuenta de la capacidad de la Unión Europea de coordinar los esfuerzos de numerosos países, la aplicación de grandes recursos a este problema debería ser más eficaz. Son muchas las razones por las que la retórica no se corresponde con la realidad. En cierto modo, el caso de las minas terrestres ilustra el fracaso más amplio de la Comisión en lo que respecta a hacer un uso eficaz de los recursos de que dispone. El Comisario de Relaciones Exteriores ha reconocido anteriormente que los programas de ayuda exterior de la Comisión han sido motivo de vergüenza. La Comisión debe mejorar la calidad de sus programas, así como la velocidad con que los aplica. Bajo el liderazgo del Sr. Patten, las cosas comienzan a avanzar por el buen camino.

La comunicación de la Comisión y el reglamento sobre las minas terrestres antipersonas son documentos de gran utilidad, pero eluden dos elementos clave que las enmiendas del Parlamento intentan corregir. La financiación de acciones plurianuales debe concentrarse en una única línea presupuestaria y debe existir una unidad dentro de la Comisión que disponga de los recursos necesarios y asuma la responsabilidad específica no sólo del marco político, sino también de la planificación y aplicación de la acción antiminas, incluidos los contratos. Un compromiso al más alto nivel, una dirección y gestión adecuadas con responsabilidad son los elementos clave para una utilización eficaz de los recursos. Pasemos de los gestos a la auténtica acción y a resultados tangibles.

  Van den Berg (PSE). - (NL) Señor Presidente, el Grupo Socialista comparte el orgullo que acaba de expresar el Sr. van Orden con respecto al papel desempeñado por la Unión Europea. Hace unos años estuve en una clase en Kabul, Afganistán, y allí vi cómo se enseñaba a los niños a distinguir los diferentes tipos de minas terrestres. Cuando me di cuenta de que una de las minas terrestres tenía la forma de una mariposa, comprendí que estas minas habían sido diseñados para que los niños jugaran con ellas y resultaran heridos, y en ese momento también entendí cuál es el valor moral de aquellos que producen estas cosas. Allí pude comprobar asimismo que las campañas de sensibilización llevadas a cabo en las escuelas y entre la población constituyen el medio más eficaz para evitar que haya más víctimas. Por eso, estimo fundamental que gran parte de los fondos se destine a este fin, por lo que, desde mi Grupo, respaldo firmemente las enmiendas que se refieren a este tema.

En segundo lugar, está claro que muchas veces no se hace otra cosa que llevar agua al mar. Mientras que en Afganistán las minas son retiradas por todo tipo de organizaciones, vuelven a colocarse en otros sitios. Y eso me hace recordar asimismo mi estancia en el norte de Mozambique, donde colaboré con organizaciones de minusválidos que habían resultado heridos por culpa de las minas terrestres. Eran ellos mismos los que retiraban y eliminaban dichos artefactos. En aquel momento aprendí dos lecciones. Es necesario que se implique a la población local. A pesar de sus heridas, las víctimas pueden volver a hacer muchas cosas ellas mismas. Comprendí igualmente que en el caso de las minas terrestres no se trata de matar, sino de mutilar a la gente. Es por eso por lo que la cuestión moral adquiere un peso tan grande.

Al llegar a Angola conocí el método utilizado por Norwegian People's Aid. Junto con la población local detectaban las minas y limpiaban determinadas zonas elegidas estratégicamente. Aquella experiencia me enseñó dos cosas: se necesitan expertos, en el caso de Norwegian People's Aid excombatientes y la población local -esto es fundamental-, y es preciso proceder a una retirada estratégica de las minas. No compensa rastrear toda la zona, porque resulta extremadamente caro y requiere demasiado tiempo. Lo importante es que queden limpias las zonas estratégicas, de modo que la economía local pueda volver a funcionar, etcétera. A raíz de eso se me ocurrió que en lugar de trabajar directamente con las autoridades nacionales a través de estructuras complejas es preferible colaborar con ellas a través de las ONG más fuertes y mejor implantadas entre la población local, tal y como intentan hacer en Angola.

Al mismo tiempo se cae en la cuenta de que también en Angola vuelven a aparecer nuevas minas terrestres y ello me lleva a comentar un punto que ha puesto sobre el tapete el Sr. Patten. Señor Comisario, usted dice: estoy en contra de una serie de enmiendas. Pienso, sin embargo, que si usted volviera a estudiarlas detenidamente se daría cuenta de que algunas de ellas -al menos en mi opinión- tienen que ver con las campañas de sensibilización, con la transparencia, con el acceso de las ONG, con cosas que funcionan bien en este momento, pero que podrían funcionar mejor. Creo que a este respecto no tiene nada que temer de las enmiendas de este Parlamento. Nosotros no queremos más burocracia, no queremos más comitología, queremos un mayor espacio para usted, queremos que las cosas se hagan con eficacia. No creo que nuestras prioridades diverjan en este punto.

Tal vez desee repasar algunos párrafos para averiguar si realmente es necesario pronunciar un no rotundo en todas estas cuestiones, algo que, por otra parte, no es fácil escuchar en boca de un inglés. Creo que a este respecto usted y el Parlamento pertenecemos al mismo bando. Como Grupo Socialista nos consideramos parte de esta gran campaña internacional contra las minas terrestres y, al igual que los demás colegas del Parlamento, nos sentimos orgullosos de ello.

  Haarder (ELDR). – (DA) Señor Presidente, las minas antipersonas son un producto diabólico incomprensible, cuyo propósito no es matar, sino dejar inválidas a sus víctimas y producir los peores dolores y cargas imaginables a las víctimas, a sus familias y a sus países. ¡Piensen en las bombas juguete soviéticas en Afganistán! Desgraciadamente su producción es increíblemente barata mientras que su destrucción y localización resultan sumamente caras. Se tardará cien años en retirarlas y todavía se siguen sembrando más. Fue el liberal Jan Willem Bertens quien planteó este asunto hace cinco años en este Parlamento y creo que este Parlamento realmente puede enorgullecerse de haber empezado este asunto ahora que estamos en vías de conseguir una prohibición de las minas. Y también podemos apuntar la enorme y muy eficaz labor que hace la Unión en este asunto.

No obstante, aún puede hacerse más. Hay máquinas que en poco tiempo pueden limpiar de minas grandes superficies. He visto una máquina semejante en Kosovo, pero permanecía parada y no era usada. La Sra. Bonino y el Sr. Patten tienen razón en señalar lo evidente de destruir los almacenes porque destruir una mina almacenada sólo cuesta una centésima parte en comparación con lo que cuesta destruir una mina ubicada en un lugar de difícil localización.

La Sra. Bonino y el Sr. Patten también tienen razón en que el Parlamento y el Consejo deben mantener sus manos lejos de la administración y escuché muy atentamente los comentarios del Sr. Patten sobre este punto, pues por lo visto cree que tenemos que mantener nuestras manos todavía más lejos. Estoy de acuerdo en principio. Debemos abstenernos de involucrarnos en la administración. En lugar de ello, debemos criticar a la Comisión si ésta no administra como es debido. Pero no debemos hacerlo teledirigiéndola. Es un error que este Parlamento comete a cada momento. La Comisión debe tener libertad para ejercer sus competencias y luego debemos tener libertad para echarle la bronca –si se me permite emplear esta expresión- si no hace bien su trabajo. Por último, me gustaría dar las gracias a la Sra. Bonino. Ayuda tener a una ponente tan experimentada. Gracias por un buen informe.

  Wuori (Verts/ALE). – (FI) Señor Presidente, muy rara vez nace nada nuevo en el seno de las estructuras de poder ya consolidadas. La prohibición de las minas antipersonas ha desembocado en un proceso que refleja ejemplarmente cómo las Organizaciones no-gubernamentales, ONG, y el Parlamento Europeo han sido capaces de trabajar firmemente por unos objetivos que se han trazado y que los poderes estatales consideran ajenos o poco realistas. Tras la transformación que supuso la Convención de Ottawa, debemos seguir asegurándonos de que la Unión y sus Estados miembros se encarguen de aplicar las medidas complementarias procedentes tanto en el marco de sus relaciones bilaterales, como en el ámbito de su legislación interna, así como de mantener el liderazgo a la hora de preservar y reafirmar su voluntad política, con el fin de que la Convención sea firmada y ratificada a nivel general, incluido mi propio país, Finlandia. Este supuesto debe establecerse también como condición previa a la adhesión a la UE de los países aspirantes, o sea, que debe ser insertado en el acervo comunitario.

El informe que nos ocupa y, sobre todo, la magnífica Comunicación de la Comisión de Desarrollo y Cooperación crean las condiciones adecuadas para emprender medidas complementarias, las cuales deben concentrarse en el desminado efectivo y en los elementos operacionales de su ejecución, y no en la búsqueda de soluciones exóticas y tecnológicas de alto coste. Los biosensores se están revelando como instrumentos muy prometedores en este aspecto. Por su parte, la Resolución Brok otorga a este trabajo una dimensión política, mientras que las preguntas orales a la Comisión formuladas por los Sres. Brok y Miranda trazan unas pautas que son esenciales. Todos los órganos de la UE tienen que actuar por iniciativa propia de tal modo que los países pobres más afectados por el problema de las minas sean incluidos de forma efectiva en el programa. Evidentemente, la responsabilidad principal sobre el seguimiento recaerá en la Comisión, pero todos debemos encargarnos, por nuestra parte, de que se consiga llevar a cabo cuanto antes un conjunto de medidas de ayuda colectiva para eliminar a nivel mundial esta calamidad.

  Alavanos (GUE/NGL). – (EL) Señor Presidente, nuestro Grupo se ha mostrado activo desde hace tiempo en toda la gama de reivindicaciones y actuaciones necesarias, desde la interrupción de la producción, destrucción de stocks, cese de la comercialización, limpieza de campos de minas, rehabilitación de las víctimas, y sensibilización.

Quisiera, sin embargo, hacer la siguiente observación: la colocación de minas es directamente proporcional a la incapacidad de la comunidad internacional de dar soluciones políticas a grandes problemas. Cuando un país, por ejemplo, se siente amenazado en sus fronteras por un país vecino, su gobierno acude con más facilidad —desafortunadamente, claro está— al recurso de los campos de minas. Cuando la comunidad internacional no puede hacer frente al veneno del nacionalismo y las confrontaciones, y se muestra incapaz de aportar soluciones políticas, los implicados recurren más fácilmente a la creación de campos de minas. Debemos tomar esto en consideración, porque, he de decir, para referirme a los Balcanes, que en mi opinión, Occidente y la Unión Europea tienen también su responsabilidad, derivada de sus intervenciones políticas, en el hecho de que la mitad de los Balcanes sea hoy un auténtico campo de minas.

Finalmente, señor Presidente, quisiera decir que hacen falta acciones específicas en el ámbito balcánico, y quisiera decir también desde esta tribuna que el gobierno griego deberá ratificar inmediatamente la Convención de Otawa.

  Mathieu (EDD). - (FR) Señor Presidente, los camboyanos llaman a las minas centinelas eternos. Estos relámpagos de muerte, que se disparan por azar por la propia víctima, a veces muchos años después del conflicto, son verdaderas bombas de relojería que dificultan la recuperación social y económica de regiones enteras, así como la reinserción de las propias víctimas.

Como signatario del llamamiento por un planeta sin minas, apoyo fervientemente el informe de Emma Bonino, puesto que está bien enfocado. Dos años después de la firma de la Convención de Ottawa, las existencias de minas siguen siendo, desgraciadamente, impresionantes, al menos aquellas que habían sido detectadas. En cuanto a las demás, ya es hora de inventar nuevos métodos de detección y de localización.

Los esfuerzos financieros realizados por la Unión Europea deben desempeñar necesariamente un papel complementario con respecto a las acciones nacionales. Además, es esencial que toda la Unión, así como los países candidatos, firmen la Convención de Ottawa y, sobre todo, la ratifiquen. El desafío es importante, ya que si bien la guerra tiene sus normas - consuetudinarias, en algunos casos; codificadas, en otros -, el empleo de minas antipersonas no forma parte de éstas. Su eliminación deja de ser un problema militar, para convertirse en un desafío humanitario. Europa no puede limitarse a desempeñar un papel de donante, sino que le corresponde ser pionera en un análisis sobre el mecanismo más apropiado, previo al uso de una nueva arma. Incumbe luego a los Estados apoyar el proceso en los foros internacionales.

En conclusión, Europa debe apoyar y profundizar el proceso de Ottawa, a fin de que una nueva arma no provoque, como ocurre actualmente, decenas de víctimas cada veinte minutos.

  Raschhofer (NI). – (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, apoyo vehementemente la iniciativa de la Comunidad en la lucha contra las minas antipersonas. Cuando veo las imágenes de los niños que han sido mutilados por minas, extraigo personalmente la conclusión de que cada euro que se emplee para combatir esta locura está correctamente gastado. Un punto sobre el que se han expresado críticamente representantes de las ONG en una conversación personal mantenida con ellos es la mezcla de actividades de militares y de ONG que se contempla en los apartados 11 y 15 de la resolución. Las ONG se han ganado la confianza y el reconocimiento de la población tras el trabajo de muchos años y me temo que una mezcla podría poner en peligro la independencia de las ONG y dañar profundamente la relación de confianza con las personas que padecen.

Frente a los uniformados las personas tienen una desconfianza justificada que se ido acumulando durante largos años de guerra. Por ello, deberíamos hacer todo lo posible para apoyar de modo duradero el trabajo de las ONG.

  Gollnisch (TDI). - (FR) Señor Presidente, intervendré muy brevemente en el minuto reglamentario, para lamentar que en un debate tan importante el Consejo no esté representado, cuando se trata a todas luces de la institución que tiene más posibilidades de actuar en el ámbito respecto del cual nuestros colegas están interviniendo en este momento.

  Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero expresar personalmente mis felicitaciones a la Sra. Bonino por su trabajo. El Convenio de Ottawa supone un paso decisivo en la lucha internacional por la prohibición del empleo, almacenamiento, fabricación y entrega de minas antipersonas. Por ello, saludo en gran manera que gracias a este nuevo reglamento se aplique ahora este acuerdo con una estrategia de la UE para la mejora de la coordinación, coherencia y transparencia así como también del control de esta acción antiminas. La Unión Europea tiene que hacer justicia también en este tema a su pretensión de desempeñar un papel de abanderada.

Para el Gobierno federal austríaco este tema tiene la máxima prioridad. El Parlamento se ocupa ya desde hace muchos años, tal como ya se ha dicho hoy aquí, de este tema. El Parlamento es el motor que impulsa todos estos esfuerzos y creo que deberíamos intensificarlos aún más. Quiero subrayar aquí expresamente que es necesario instar a otros Estados para que se adhieran al Convenio de Ottawa o para que lo ratifiquen con rapidez y hacer posible de este modo una coordinación internacional así como una rehabilitación de las víctimas. A la cabeza de todos, deberían adherirse a este convenio todos los Estados miembros de la UE. Veo esto como una obligación solidaria también dentro de la Comunidad Europea.

Las minas representan naturalmente un gran obstáculo para la reconstrucción en estos países así como para el retorno de los refugiados. Mientras amenace este peligro será difícil convencer a la población que ha huido para que retorne. Con frecuencia, la Unión Europea es el donante de dinero más importante en las acciones de eliminación de minas que se llevan a cabo en todo el mundo en los países afectados. El problema de las minas antipersonas es demasiado grande para las regiones directamente afectadas y también para los refugiados en las zonas involucradas, por lo que sin una cooperación internacional no es posible ayudar aquí realmente con efectividad. La comunidad internacional de Estados debe adoptar una posición coherente y coordinada. Hay que seguir impulsando los programas de eliminación de minas, la ayuda a las víctimas, la investigación y el desarrollo tecnológico. Hay que imponer necesariamente una prohibición de producción de minas en la UE así como una prohibición de exportación de minas desde la UE. Este objetivo debería ser una prioridad absoluta para todos nosotros.

  Sauquillo Pérez del Arco (PSE). - Señor Presidente, me congratulo de que haya por fin una legislación europea, en forma de Reglamento, sobre las minas antipersonas y que tengamos hoy un buen informe de la Sra. Bonino sobre él.

Ya en la anterior legislatura -como se ha dicho- el Parlamento Europeo aprobó el compromiso de la Unión Europea de luchar contra una de las armas más crueles, mortíferas y cobardes que existen. La Comisión de Desarrollo y Cooperación introdujo en 1996 -como ha dicho el Sr. Patten- una línea presupuestaria dedicada al desminado. Pero, sin embargo, desgraciadamente esa línea está disminuyendo de forma inversamente proporcional al énfasis que estamos poniendo aquí en este asunto.

Dado que estamos ahora aprobando el presupuesto, me detendré un instante en las cifras que me preocupan. Este año hemos contado con 8.100.000 euros. Para el año que viene el Consejo y la Comisión están de acuerdo en reducir el importe a 7.400.000 y el Parlamento propone un aumento de 3 millones en relación con el año 2000. No son mucho estas cifras para solucionar un problema que afecta a 110 millones de personas en 64 países, a 26.000 víctimas de mutilaciones al año y, fundamentalmente, a muchos niños a los que se les conoce en países como El Salvador como los niños rotos, porque son niños que están destrozados, sin manos, sin brazos, sin piernas.

Por ello pido que se transmita al Consejo, que no está aquí presente, y a la Comisión, la importancia de que se aumente esta cantidad, dado que por cada mina que se elimina, desgraciadamente, se siembran entre 20 y 50 nuevas más. Al ritmo de eliminación que llevamos se tardaría -como se ha dicho anteriormente- bastante más de 100 años en limpiar el planeta de minas antipersonas. Por ello solicito que, aunque es insuficiente, se tenga en cuenta la cantidad propuesta por el Parlamento y se contribuya con ello al respeto de la Convención de Ottawa y pido a aquellos países que no lo hayan firmado o ratificado que lo hagan.

  El Presidente. - Dado que ha habido varias alusiones, yo quisiera precisarles que el Consejo, aunque no esté el ministro, está representado por sus altos funcionarios, que naturalmente le transmitirán nuestras palabras.

  Frahm (GUE/NGL). – (DA) Señora Bonino, un tiempo de intervención de un minuto para un informe que brilla realmente por su compromiso es muy poco, sin embargo, afortunadamente estoy de acuerdo con la mayoría de las conclusiones del informe, también con la crítica implícita de los países que todavía no han ratificado la Convención de Ottawa. Mi propio país tardó lamentablemente demasiado tiempo en hacerlo. Hay un problema en el informe. En mi opinión, se tiende a intentar vaciar a la FUSP de tareas civiles. Me parece saludable fortalecer los compromisos civiles de cualquier organización que desempeñe actividades militares. Pienso que la exigencia al Consejo, a la PESC y a los Estados miembros en realidad ha de ser que, además de las actividades normales de ayuda al desarrollo y de las actividades humanitarias, cualquier cantidad empleada en actividades militares vaya acompañada por al menos una cantidad equivalente para actividades civiles, por ejemplo, la limpieza de minas en las zonas en cuestión.

  Zimmerling (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, hoy nos ocupamos de un tema muy triste. Las minas antipersonas son algo que se debería condenar en todo el mundo. Creo que en esto estamos sin duda de acuerdo. Quiero dividir el tema entres grandes sectores. El primero es el relativo a la prevención. En esta Asamblea estaremos sin duda de acuerdo en que las minas existentes, en especial las minas antipersonas, tienen que ser destruidas. Cuando pienso en los problemas y en la evolución en los países en vías de desarrollo, por ejemplo, en sectores de los países ACP o de Latinoamérica, los resultados nos muestran que no se puede proseguir de la misma forma. El otro punto que me parece importante es que debemos tener muy en cuenta el impedir el mercado negro, en especial en países africanos.

Como segundo sector, me parece de importancia el relativo al de la ayuda a posteriori. Aquí tenemos que ocuparnos de los programas de eliminación de minas y dedicar una especial atención a las acciones humanitarias. Hay que apoyar en este campo en especial iniciativas de investigación que se ocupan precisamente de la técnica de detección y eliminación de minas. Tampoco debemos dejar de lado que la Unión Europea, en especial el Parlamento Europeo, tenga mayores posibilidades de comprobar adónde van a parar nuestros créditos financieros destinados a este fin.

Un tercer sector lo veo en medidas concretas que se deberían proponer, examinar y aplicar. Parto del hecho de que precisamente se debería tener en cuenta a las víctimas de las minas. En su mayor parte se trata de personas particulares, civiles, niños y de niños soldados, tema este del que ya nos hemos ocupado. Cuando vemos que se mutila a niños, por lo que es necesaria una atención a largo plazo, existe entretanto la posibilidad de prever los llamados miembros de crecimiento paralelo que en Europa...

(El Presidente retira la palabra al orador)

  Souladakis (PSE). – (EL) Señor Presidente, con el debate de hoy sobre el informe Bonino, que es un informe excelente, sustancialmente estamos codificando acciones en relación con un problema muy serio de carácter internacional. Con el informe Titley que aprobamos hace días se completa de hecho un segundo paso en asuntos de política exterior, de defensa y seguridad común, que es así, poco a poco, creo, como se construirá en su conjunto para la Unión Europea y tomará cuerpo con términos únicos y normas únicas. Creo que la marcha de las cosas hará justicia a cuantos han tomado la iniciativa, de modo que dejemos de ver a damas y caballeros de sentimientos filantrópicos junto a niños sin piernas, cuando la política debe ser sustancialmente preventiva y no represiva. No es casual que las minas se encuentren, principalmente, en zonas en crisis, es decir, en zonas en las que podrían haberse asumido otro tipo de iniciativas al objeto de superar estas crisis.

En relación ahora con un asunto que se ha mencionado relativo a mi país, Grecia, estoy seguro de que el Parlamento griego no tardará en ratificar la Convención en cuestión, desde el momento en que el país la ha firmado. Sin embargo, deben tener en cuenta que esto ocurrirá a pesar del hecho de que el «vecino Turquía» no tiene la mejor disposición hacia nosotros. Se trata, desgraciadamente, de un hecho real puesto de manifiesto una vez más, la semana pasada, durante unas maniobras de la OTAN, que fueron ocasión para una nueva política de demostración de intransigencia. Esperemos, no obstante, que el futuro resolverá estos problemas.

En definitiva, creo que la gran mayoría que este informe concitará en la votación en el Parlamento, le otorgará tal fuerza, que aun donde no haya oídos para oír y ojos para ver, oirán y verán.

  Knolle (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, apoyo el informe de la colega Bonino que aporta una mayor eficiencia y transparencia y sobre el que la Comisión de Desarrollo y de Cooperación ha emitido también una opinión. La felicito por el excelente trabajo. Yo mismo he visto con mis propios ojos los padecimientos de víctimas de las minas tras la guerra de Bosnia en 1992, 1995 y 1999. Muchas víctimas son niños pequeños, terribles huellas, espantosas mutilaciones, proyectos de vida destruidos antes de que hayan podido comenzar. Cada niño que podamos salvar de la muerte por las minas o de terribles heridas en Bosnia, Africa o en cualquier otro lugar merece el esfuerzo de todos nosotros. También quiero expresar mi encarecido agradecimiento por su compromiso a las organizaciones no gubernamentales.

Voy a exponer aún brevemente mi opinión sobre un punto. Se trata de nuestra enmienda sobre la resolución. No existe un consenso a nivel mundial para prohibir las minas antivehículos. Siguen siendo consideradas como una protección irrenunciable frente a los vehículos blindados. Nadie debe aminorar el éxito de Ottawa con la indicación de que las minas antivehículos deberían haberse incluido. Si se hubiese hecho, este convenio habría fracasado ya de antemano.

En lo que se refiere a la ampliación de la UE, los países candidatos deberían adherirse necesariamente al Convenio de Ottawa. Los EE.UU, Rusia y China deberían ser presionados para firmar el convenio. Grecia y Finlandia deberían ratificarlo lo antes posible.

Para finalizar, permítanme decir que lo que más me gustaría es que se prohibiesen todas las minas en todo el mundo ya que se cuentan entre las armas más diabólicas y repugnantes. Pero, lamentablemente, no nos encontramos en el paraíso.

  Carlotti (PSE). - (FR) Señor Presidente, un día del mes de diciembre de 1992, un joven pastor de Mozambique olvidó el peligro: creía que, con la paz, éste se había alejado. Esta confianza excesiva le costó la pierna izquierda.

A dos kilómetros de una aldea de Bosnia, en 1999, en un campo una señal advierte de la existencia de minas, lo que no impide la presencia de un niño en ese lugar. Para él, se trata sólo de un lugar para jugar. En efecto, cada vez que acaba una guerra las poblaciones abandonan los campos de refugiados para regresar a sus localidades, con la esperanza de curar sus heridas y de intentar recobrar poco a poco una vida normal. Pero una mina no entiende de acuerdos de paz, y sigue, irremediablemente, con su trabajo.

Aún hoy, a pesar de que 139 Estados han firmado la Convención de Ottawa, las minas prosiguen su obra destructora. Sólo transcurren veinte minutos entre la explosión de dos minas, que matarán o mutilarán a alguien en alguna parte del mundo. Naturalmente, se han realizado progresos con la Conferencia de Ginebra, y esta tendencia positiva debe ser señalada, ya que constituye realmente el resultado de la lucha decidida que desde hace tiempo llevan a cabo las ONG. No obstante, los progresos obtenidos no pueden hacernos olvidar la realidad, y esta realidad son 27 personas muertas y 41 mutiladas cada día. La realidad son 250 millones de minas almacenadas en los depósitos de 105 países. El año pasado, incluso, se utilizaron minas en veinte conflictos, sobre todo en Europa.

Así pues, saludo el trabajo realizado por mis colegas Emma Bonino y Luisa Morgantini, que abren nuevamente el debate en este Parlamento. Ellas ponen de manifiesto todo aquello que nos queda por hacer. Por mi parte, desearía subrayar, en particular, la generalización de la Convención hasta que sea un completo éxito; ante todo a través de la armonización de las leyes en los diferentes Estados, para no tener otro ejemplo de una convención internacional que no se aplica. Es preciso, en efecto, presionar a los países de la Unión Europea que no la han firmado, como Finlandia, o que no la han ratificado, como Grecia. ¿Por qué no podrían aplicarse sanciones, señor Comisario, a quienes no respetan las convenciones? ¿Por qué no podría incluirse una cláusula de adhesión a dicha Convención en el marco de la ampliación?

Usted ha respondido a todo ello hace un momento. Sé que siguen habiendo divergencias sobre algunas enmiendas. Le pido, no obstante, que las estudie con más detenimiento, ya que algunas son aceptables para la Comisión. En cualquier caso, vamos a demostrar, todos juntos, nuestra determinación de luchar contra lo que hay que llamar “una guerra de cobardes”.

  Vatanen (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, la guerra es un modo cruel de resolver las desavenencias humanas. Es trágico que sea la población civil quien sufra a causa de la torpeza de sus dirigentes. La Convención de Ottawa sobre la prohibición de las minas antipersonas merece todos los apoyos. Demasiados niños han perdido la vida o han quedado mutilados por jugar en sitios inadecuados. El programa de apoyo de la UE es necesario y yo lo respaldo. Nuestra obligación es ayudar a los pueblos que aún sufren las consecuencias de errores políticos cometidos en el pasado. En algunos países hay más minas enterradas que trufas en Francia, y son tan difíciles de encontrar las unas como las otras.

A pesar de que apoyo la prohibición del uso impropio de las minas, quiero sacar a relucir los problemas que este asunto entraña en el caso de Finlandia. Finlandia no ha firmado la Convención de Ottawa, cosa que viene siendo repetida aquí, como acaba de hacer también la oradora precedente. Sin embargo, estas críticas acusan hipocresía e ignorancia. Estimados colegas, ¡miren ustedes a Finlandia! Se trata de un país de escasa población que tiene una frontera terrestre de más de mil kilómetros con Rusia. La historia común con nuestro vecino oriental ha sido con frecuencia una historia de sufrimiento para nosotros. No tenemos más remedio que acudir a la constatación de los romanos: la mejor forma de garantizar la paz es prepararse para la guerra.

Las minas ocupan un lugar primordial en la estrategia de defensa finlandesa, y con ellas no se puede invadir a ningún país, sino que sólo se usan como medida de defensa. Todas las minas de Finlandia están almacenadas con garantías de seguridad y no se exportan a otros países. Su uso está regulado con gran rigor, quiero resaltar esto, y todas las minas son fáciles de extraer tras los eventuales conflictos. Finlandia no puede ser clasificada en la misma categoría que muchos países en desarrollo, en los que el uso de las minas es indiscriminado y las consecuencias se corresponden con ello. Hay que observar que Finlandia aporta fondos considerables para el desminado en otros países. En la práctica, esto significa la extracción de minas con ayuda de instrumental finlandés, medidas de ayuda a las víctimas y tareas de eliminación de depósitos de minas. Estas acciones apoyan los esfuerzos de la UE. Finlandia ha asumido ya su parte de responsabilidad ante el problema mundial de las minas antipersonas. No obstante, esto debe ocurrir de tal modo que no se escatime la propia seguridad por presiones de índole política.