Acta literal de los debates

Miércoles 17 de enero de 2001 - Estrasburgo

4. VOTACIONES

Informe sin debate (A5-0007/2001) del Sr. McCartin, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(2000) 686 - C5-0584/2000 - 2000/0280(CNS)) que modifica el Reglamento (CE) nº 2791/1999 del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, por el que se establecen medidas de control aplicable en la zona del Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico nororiental.

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

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Informe sin debate (A5-0386/2000) del Sr. Goodwill, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la aplicación de la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (2000/2110(INI))

(El Parlamento aprueba la resolución)

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Informe sin debate (A5-0387/2000) del Sr. Sjöstedt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la aplicación de la Directiva 92/43/CE relativa a la conservación de los hábitats naturales (2000/2111(INI))

- Antes de la votación de la enmienda 5.

  Liese (PPE-DE) . – (DE) Señor Presidente, nuestro Grupo no apoyó el informe Sjöstedt en la comisión. Sin embargo, estaríamos dispuestos a votarlo afirmativamente si se aceptasen las enmiendas 5 y 6. Hemos mantenido conversaciones al respecto con los demás grupos. En el caso de la enmienda 5, otros grupos también estarían dispuestos a aprobarla –según me dicen– si se modifican dos aspectos lingüísticos. El primero afecta sólo a la traducción del alemán al inglés. Donde el texto alemán dice: “fordert eine Überprüfung der FFH-Richtlinie”, esto se ha traducido erróneamente en inglés por “review”, cuando debería decir “examination”. Por lo tanto, se trata únicamente de una adaptación lingüística.

El segundo sería, no obstante, una enmienda oral. Solicitamos que en la enmienda 5 se sustituya la expresión “seguridad jurídica” por la palabra “claridad”. En inglés no debería decir, por lo tanto, “legal certainty”, sino “clarification”. Yo les ruego que tomen nota de esta enmienda oral y que la enmienda 5 se someta a votación así modificada.

  Sjöstedt (GUE/NGL), ponente. – (SV) Señor Presidente, estoy dispuesto a respaldar las modificaciones propuestas a la enmienda 5, ya que ellas son considerablemente mejores que la versión original. Por tanto, insto a los diputados a aprobar las modificaciones verbales presentadas por el Sr. Liese del Grupo PPE.

(El Parlamento aprueba la resolución)

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Informe sin debate (A5-0379/2000) del Sr. Bowe, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la aplicación de la Directiva 96/59/CEE del Consejo (2000/2112(INI)) relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB e PCT)

(El Parlamento aprueba la resolución)

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Informe (A5-0367/2000) del Sr. Cunha, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de decisión del Consejo (8263/2000 - C5-0361/2000 - 1998/0355(CNS)) por la que se fijan las modalidades de concesión a Guinea Bisau de un apoyo financiero en el sector de la pesca

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

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Informe (A5-0360/2000)del Sr. van den Bos, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación sobre la propuesta de decisión del Consejo (7595/1/1999 - COM(1999) 155 - C5-0356/2000 - 1999/0086(CNS)) relativa a la celebración del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y la República Popular de Bangladesh

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

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Informe (A5-0392/2000) del Sr. Newton Dunn, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo (COM(2000) 119 - C5-0272/2000 - 2000/0081(CNS)) por el que se crea el dispositivo de reacción rápida

- Antes de la votación

  Newton Dunn (ELDR), ponente. – (EN) Señor Presidente, quiero proponer una enmienda oral de carácter técnico a la enmienda 28. Pido disculpas por no haber detectado en comisión este error técnico.

La enmienda 28 dice actualmente: "Cada año, la Comunidad fijará un límite máximo para la financiación de las intervenciones previstas con arreglo al presente Reglamento". Como ha señalado el Comisario Patten durante el debate, no es la "Comunidad" la que fija el límite presupuestario, sino la autoridad presupuestaria. Quisiera proponer oralmente que eliminemos la palabra "Comunidad" y la sustituyamos por las palabras "autoridad presupuestaria", de manera que la enmienda quedaría ahora como sigue: "Cada año, la autoridad presupuestaria fijará un límite máximo para la financiación de las intervenciones previstas con arreglo al presente Reglamento".

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

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Informe (A5-0338/2000) de la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la situación de los trabajadores transfronterizos (2000/2010(INI))

- Después del apartado 2

  Manders (ELDR). - (NL) Señor Presidente, propongo una enmienda oral para rectificar una aparente errata. Me parece que faltan dos veces las palabras "de residencia y". Habría que insertarlas delante de los términos "de trabajo", porque evidentemente no me corresponde a mí decidir lo que tenga que elegir la Comisión. Le incumbe a ella. Pido que se añada dos veces "de residencia y".

- Antes de la enmienda 6

  Van Lancker (PSE). - (NL) Señor Presidente, se ha acordado con la ponente, la Sra. Oomen-Ruijten, que en el apartado 6, una vez llegados a la enmienda 2, ésta se considerará como un añadido al apartado original. Ello significa que en caso de que se adopte la enmienda 2 también habrá que votar el apartado original.

  Oomen-Ruijten (PPE-DE), ponente. - (NL) Señor Presidente, lo que propongo es que primero votemos la enmienda 6 y luego el apartado original 2, porque de este modo resulta más lógico.

- Después de la votación de la enmienda 6

  Oomen-Ruijten (PPE-DE). - (NL) Señor Presidente, ahora quisiera que votáramos sin falta el apartado 6.

- Después de la votación del apartado 6

  Oomen-Ruijten (PPE-DE). - (NL) Señor Presidente, para mayor claridad puntualizo que acabamos de votar el texto: "pide a la Comisión que recomiende a los Estados miembros que en sus tratados bilaterales presten atención a las complicaciones ocasionadas por la falta de coordinación entre la recaudación de impuestos y los regímenes de seguridad social en el caso de los trabajadores transfronterizos." Esperemos que éste sea el texto original.

(El Parlamento aprueba la resolución)

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Propuesta de resolución (B5-0038/2001) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la aplicación deficiente de algunas directivas medioambientales

(El Parlamento aprueba la resolución)

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Informe (A5-0357/2000) del Sr. Parish, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la situación y perspectivas de los jóvenes agricultores en la Unión Europea (2000/ 2011(INI))

(El Parlamento aprueba la resolución)

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Informe (A5-0365/2000) del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la Política Pesquera Común ante el desafío de la globalización (2000/2027(INI))

(El Parlamento aprueba la resolución)

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Informe (A5-0333/2000) del Sr. Gallagher, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(2000) 15 - C5-0109/2000 - 2000/2069(COS)) sobre la aplicación del régimen comunitario de la pesca y la acuicultura en el período de 1996-1998

(El Parlamento aprueba la resolución)

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Informe (A5-0332/2000) del Sr. Poignant, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el informe de la Comisión (COM(2000) 14 - C5-0110/2000 - 2000/2070(COS)) sobre las reuniones regionales organizadas por la Comisión en 1998-1999 sobre la Política Pesquera Común después de 2002

(El Parlamento aprueba la resolución)

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Resolución común(⁽¹⁾) sobre la utilización del uranio empobrecido en Bosnia y en Kosovo (Síndrome de los Balcanes)

  Bethell (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, usted ha mencionado que yo he firmado la propuesta en nombre del Grupo de los Liberales. Quiero dejar absolutamente claro que se trata de un error, o si no es un error, es una travesura del departamento, que gusta gastar bromas pesadas, del Partido de los Liberales.

(Aplausos)

Nací Conservador y confío en que moriré Conservador.

(Aplausos)

  El Presidente. – No me cabe duda. Se trata de un error de los servicios.

  Haarder (ELDR). – (EN) Señor Presidente, también a mí me gustaría dejar igual de claro que aunque mi nombre es Bertel, no me he convertido en Lord .

(Risas)

(El Parlamento aprueba la resolución)

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Propuesta de resolución (B5-0037/2001) de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre las relaciones entre la Unión Europea y la República Popular Democrática de Corea

(El Parlamento aprueba la resolución)

EXPLICACIONES DE VOTO

- Informe Sjöstedt (A5-0387/2000)

  Krivine y Vacheta (GUE/NGL), por escrito. - (FR) El informe presentado por Jonas Sjöstedt, del Grupo GUE/NGL, sobre la protección de los hábitats naturales en Europa nos parece especialmente importante, principalmente para Francia. Este país es, efectivamente, uno de ésos en los que la aplicación de la directiva "Hábitat", con más de ocho años de antigüedad, y de la directiva "Aves salvajes", con más de veinte años de antigüedad -así como la constitución de la red Natura 2000- se ha retrasado más, hasta el punto de encontrarse verdaderamente cuestionada. Ahora bien, cuanto más tiempo pasa y más se destruyan los medios (semi-)naturales, más difícil será conservar o restablecer los ecosistemas en su diversidad, en su riqueza.

Lejos de ser "marginales", el mantenimiento y el enriquecimiento de la biodiversidad (por tanto de la diversidad de los ecosistemas) se imponen como una cuestión política de primer orden: tiene, en efecto, implicaciones de alcance global en nuestras condiciones de vida (incluso en el cambio climático). No se trata de constituir "reservas" localizadas en las que las especies se protegerían como en un museo, sino de integrar estas preocupaciones en el conjunto de la política comunitaria y de los Estados miembros. La aplicación de las directivas "Hábitat" y "Aves salvajes" ha de ser ahora rápida, generalizada y efectiva.

  Maes en Staes (Verts/ALE), por escrito. - (NL) Los diputados al Parlamento Europeo Nelly Maes y Bart Staes, del partido VU-ID, no han apoyado las enmiendas presentadas por los Grupos ELDR y PPE a la Directiva sobre hábitats porque, en nuestra opinión, no son más que un intento de debilitar la directiva existente. Los diputados europeos del partido VU-ID señalan que la actual Directiva sobre hábitats permite a las autoridades adoptar todas las medidas necesarias cuando las disposiciones de la misma obstaculicen la ejecución de los proyectos existentes. Es lo que da a entender el apartado 4 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE: "Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado." Entretanto, los diputados europeos del partido VU-ID han formulado una pregunta parlamentaria en la que solicitan un resumen de todas las notificaciones recibidas por la Comisión desde la entrada en vigor de la directiva.

  Savary (PSE), por escrito. - (FR) Estoy totalmente de acuerdo con la directiva "Hábitat" y sus objetivos de protección del patrimonio natural importante o amenazado de los países de la Unión.

Este patrimonio y su diversidad biológica y genética constituyen los bienes más preciados del planeta y debemos velar por su protección, por su reproducción y su transmisión a las generaciones futuras.

Sin embargo, he votado contra el informe Sjöstedt por dos razones esenciales. Primera: introduce un inaceptable chantaje a los créditos europeos atribuidos a nuestros países condicionándolos, mediante su artículo 11, al respeto de la directiva "Hábitat" en su estado actual.

Si se hubiera tratado simplemente de velar para que los fondos europeos no financiaran proyectos destructores de esos importantes ecosistemas, lo hubiera admitido y lo hubiera votado, pero resulta inaceptable y sin precedentes que se condicione una política de la Unión con respecto a otra y que se imponga una condicionalidad ambiental, por ejemplo, a una condicionalidad social.

Segunda razón: esta resolución no precisa la noción de "perturbación" y su parte jurídica, cuya imagen deliberadamente borrosa puede conducir a reabrir, ante las jurisdicciones, una guerra cinegética que llegue a prohibiciones de cazas populares y tradicionales allí donde la directiva "Aves" y el derecho subsidiario de los Estados las autoricen.

Es precisamente porque la Unión mantiene de forma deliberada este equívoco por lo que algunos países sufren dificultades para publicar sus listas "Natura 2000" y para aplicar serenamente y sin resistencia por parte de sus propios agricultores la directiva "Hábitat", sobre la que todo el mundo coincide en reconocer la nobleza de sus objetivos.

- Informe Cunha (A5-0367/2000)

  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, el verano pasado fui de vacaciones a Guinea Bisau y, según mi costumbre, intercambié unas palabras con un pensionista del lugar, mejor dicho, con un pescador de Guinea Bisau al que le hubiera gustado llegar a ser pensionista. Al saber que soy el responsable del Partido de los Pensionistas en Italia, se lamentó conmigo diciendo: “Voy al mar a pescar, trabajo todas las veces que me es posible y querría trabajar muchos días para cobrar mi pensión. Lamentablemente, sin embargo, en nuestro mar vienen a pescar los buques de pesca de la Unión Europea, motivo por el cual no consigo trabajar lo suficiente para cobrar una pensión ni tampoco veo las ayudas financieras de la Unión Europea que se conceden al Gobierno de Guinea Bisau que a mí no me da absolutamente nada".

Por esto he votado a favor de este informe, pero con reservas de una futura mejora.

  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL), por escrito.- (FR) Este informe y sus enmiendas tratan de un apoyo financiero a Guinea Bissau en el ámbito de la pesca. Las hemos votado, por solidaridad con la población, y especialmente con los pescadores de este país, pero también con muchas reservas.

En primer lugar, porque los acuerdos de pesca Unión Europea/países terceros tienen como objetivo - algo que se dice expresamente en otros informes - ahorrar los recursos pesqueros de la Unión y, por tanto, incrementar las capturas en los mares de otros países. En segundo lugar, porque no se sabe cómo se utilizarán esas ayudas y cuál será su destino exacto. Desafortunadamente, en efecto, muchas de esas ayudas no son con frecuencia más que una bonificación de hecho concedida a las sociedades europeas que invierten en esos países. Además, estas mismas ayudas también suelen ser desviadas por los dirigentes locales.

A pesar de todo, este dinero destinado a ayudar a las poblaciones locales será finalmente menos mal utilizado allí que el que se concede aquí a la gran patronal que produce despidos.

- Informe van den Bos (A5-0360/2000)

  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, el verano pasado, después de haber estado quince días en Guinea Bisau, fui a Bangladesh, donde estuve bastante días porque no es un Estado muy rico. También allí me acerqué a un señor mayor que, al saber que soy el responsable del Partido de los Pensionistas en Italia, me preguntó: ”¿Pero qué es una pensión?" En Bangladesh, señor Presidente, por desgracia son tan pobres que no saben siquiera qué significado tiene la palabra "pensión". Entonces me dije: "Cuando se someterá a votación el informe van den Bos, vota a favor – no lo olvides -, pero recuerda también que sería conveniente vigilar y controlar que las ayudas que, gracias a este acuerdo, se conceden a la población de Bangladesh sirvan también para que algún pensionista reciba una pensión del Estado."

  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL), por escrito.- (FR) La Comisión de Desarrollo se alegra por el hecho de que el nivel de crecimiento del sector de la exportación a Bangladesh sea el triple que el crecimiento de la producción interior del país. Pero las exportaciones proceden, por así decir únicamente, de grandes sociedades, en su mayoría occidentales, implantadas en este país.

Aunque es cierto que esas sociedades se enriquecen con la explotación de los trabajadores del país a los que pagan bajos salarios, incluidos sus niños, ello no permite a Bangladesh salir del subdesarrollo, ni a su población trabajadora salir de la miseria.

El informe llama a la "eficacia y a la competitividad del sector privado" en los mercados mundiales. Ello indica claramente en beneficio de quién desea eliminar los "cuellos de botella estructurales", principalmente las "infraestructuras de transporte y energía", hacer el "sistema financiero eficaz", o asegurar "un entorno institucional transparente y responsable", eufemismo para levantarse contra lo que, en la corrupción ambiente, molesta a los inversores occidentales.

En estas condiciones, la propuesta de desbloquear fondos europeos se orienta en lo esencial a suplir los fallos del Estado de Bangladesh y a que las instituciones europeas se hagan cargo de los gastos de infraestructura útiles para los grandes "trusts", para permitir a estos últimos obtener el máximo beneficio de una de las poblaciones más pobres del planeta.

  Collins (UEN), por escrito. – (EN) Me complace secundar a nuestros colegas de la Comisión de Desarrollo y sumar mi apoyo incondicional a la propuesta de la Comisión sobre el nuevo Acuerdo de Cooperación con Bangladesh.

Este nuevo acuerdo es una señal más de nuestro firme deseo de reforzar nuestras relaciones con Bangladesh. Espero que el acuerdo despeje el camino para que el Gobierno de Bangladesh también intensifique sus esfuerzos con vistas a desarrollar el potencial de la Asociación de Cooperación Regional del Sur de Asia como un medio más de impulsar la economía y crear puestos de trabajo en la región.

El informe del Sr. Van den Bos y la resolución Miranda exponen con claridad las principales características de la economía de Bangladesh y los principales retos a los que se enfrentan el Gobierno, sus instituciones, sus políticos y su población.

Bangladesh es uno de los países en desarrollo más pobres. Casi la mitad de los 127 millones de habitantes que componen su población vive por debajo del umbral de la pobreza. Vive constantemente amenazado por los peligros de las inundaciones y los ciclones. A pesar de ello, ha conseguido mejorar algo el nivel de vida durante los últimos 25 años. Las reformas económicas de los años noventa han registrado logros significativos en lo relativo al PIB, que ha experimentado un incremento medio del 4,8% durante el período comprendido entre 1994 y 1999.

Bangladesh depende en gran medida de la ayuda exterior. La UE es uno de los proveedores principales de ayuda con un 17% del total de los fondos que recibe el país. La UE es su principal socio comercial; en 1998, fuimos los destinatarios del 45% de las exportaciones de aquel país. Bangladesh presenta un superávit comercial con respecto a la UE. La UE ha destinado desde 1976 casi mil millones de euros a proyectos en aquel país: 660 millones de euros en concepto de ayuda alimentaria y humanitaria y 185 millones de euros para paliar la pobreza e impulsar la agricultura.

Respaldo firmemente los objetivos de los programas financiados por la UE destinados a contribuir al aumento de la renta y mejorar la seguridad alimentaria de los pobres; mejorar el acceso de la población, especialmente de las mujeres y niños pobres, a unos cuidados sanitarios de calidad y a los servicios de salud pública; así como mejorar el acceso de estos niños a la enseñanza. Este aspecto tiene una importancia fundamental para el futuro de Bangladesh.

Me alegró en particular que Bangladesh pasara a formar parte, en 1984, del programa de la OIT para la abolición del trabajo infantil y de que desde entonces haya habido "considerables progresos". Acojo con satisfacción estos esfuerzos y espero con interés que se siga avanzando en este sentido. Quiero apoyar plenamente los principales objetivos del Acuerdo, a saber, el apoyo al desarrollo económico sostenible, especialmente en lo que respecta a los más pobres de la sociedad: las mujeres y los niños.

La resolución de la Comisión de Desarrollo hace hincapié en la importancia de las próximas elecciones generales en Bangladesh que se celebrarán en noviembre del presente año. La Unión Europea debería responder favorablemente a las invitaciones del Gobierno y de la oposición para que envíe observadores del proceso electoral, como hiciera en las elecciones generales de 1996 y 1991. Espero que diputados al Parlamento Europeo formen parte del grupo.

- Informe Newton Dunn (A5-0392/2000)

  Gahrton (Verts/ALE). – (SV) Señor Presidente, es cierto que voté en contra de la enmienda 9 referente a la creación de una fuerza europea de seguridad. No obstante, voté a favor del informe en su totalidad, puesto que creo que es provechoso que el Parlamento Europeo una vez más resalte que la UE debe dar preferencia a las medidas no militares para el manejo de las crisis. Esto es algo importante, en lo que debe insistirse muchas veces.

Así, veo que, al menos en la exposición de motivos, se menciona la recomendación unánime del Parlamento Europeo para la creación de una fuerza de paz civil. Me parece bien que se reitere. Esto también es algo que debe repetirse muchas veces.

Desgraciadamente, las Presidencias finlandesa, portuguesa y francesa optaron por ignorar la recomendación unánime del Parlamento Europeo. Por eso, opino que sería una magnífica oportunidad para que la Presidencia sueca tomara alguna iniciativa. En muchas ocasiones se lo he dicho directamente a la Sra. Lindh, Ministra de Asuntos Exteriores y al Primer Ministro Sr. Persson. Pero, desgraciadamente, parece que el gobierno sueco no ha entendido bien qué significa una fuerza civil de paz y cree que otras medidas que se están aplicando son lo mismo que estas fuerzas. Es lamentable que no se quiera estudiar el informe con detenimiento, que no se respete la postura del Parlamento Europeo y, en todo caso, que no se haga nada.

Espero que se trate de un malentendido entre el gobierno sueco y yo. A pesar de que hemos discutido el tema muchas veces, pueden producirse malentendidos. Por esa razón quiero aprovechar la oportunidad para insistir, una vez más, frente al gobierno sueco. Si seriamente opina que la UE no debe ser una superpotencia militar, sino que un factor de paz, ahora que tiene la Presidencia del Consejo debería tomar iniciativas en concordancia con la recomendación del Parlamento Europeo sobre una fuerza civil de paz.

  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, ¿qué es el dispositivo de reacción rápida? Me lo pregunté cuando, al llegar al hospital para que me pusieran el yeso, vi que unos médicos golpeaban con un martillito la rodilla de un enfermo e inmediatamente su pierna se disparaba hacia arriba. Pero luego, al estudiar los textos de esta mañana, vi que el dispositivo de acción rápida es, en cambio, una financiación importante, una iniciativa importante para que Europa pueda intervenir de inmediato y con rapidez para llevar la paz allí donde la paz está en peligro. Un compromiso loable, y por esto he votado a favor, sin embargo, creo que esto va mucho más allá de lo que nosotros, en mi opinión, podemos hacer, al no contar todavía con una verdadera Europa unida.

  Bonde, Krarup y Sandbæk (EDD), por escrito. – (DA) Hemos votado a favor del informe puesto que las intenciones respecto al control no militar de las crisis son acertadas. No obstante, queremos subrayar al mismo tiempo la imposibilidad en la práctica de distinguir entre la -deseable –intervención civil y la –inaceptable- intervención militar. Además, insistimos en que las intervenciones se realicen a través de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la OSCE.

  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL), por escrito.- (FR) Una intervención rápida de policía siendo, a semejanza de la guerra, la continuación de la política por otros medios, y habida cuenta de que ya no confiamos en la política de la Unión Europea más que en la de los Estados miembros, estamos en contra de cualquier forma de intervención militar o policial de la Unión Europea, sea donde sea.

El informe menciona el ejemplo de los Balcanes. Pero una fuerza de intervención de policía Europea "independiente" no sería mejor que la que asegura la ONU, es decir, los Estados Unidos. Como mucho, reforzaría en la región la posición de los grandes grupos industriales europeos que miran deseosos el mercado de reconstrucción de lo que los bombarderos de la OTAN han destruido.

En cuanto al deseo según el cual "el dispositivo de reacción rápida no será limitado geográficamente", anuncia actos de bandidaje a cargo de antiguas potencias coloniales en África o en cualquier otra parte, como ha cometido Francia para proteger a dictadores cuya población no deseaba, o como hace, en este momento, Gran Bretaña en Sierra Leona.

En consecuencia, hemos votado en contra de la creación del dispositivo de reacción rápida, como votaremos en contra de cualquier presupuesto que se le dedique.

  Ducarne (ELDR), por escrito. - (FR) Conviene alegrarse por el hecho de que la propuesta del Consejo se incluya en el camino de las conclusiones de los Consejos europeos de Colonia, Helsinki y Feira que habían invitado a la Unión a "mejorar y utilizar con más eficacia los medios a su disposición para la gestión civil de las crisis".

La Unión posee una gran experiencia y los medios necesarios para poner a punto en los plazos más breves operaciones tales como el control de las elecciones, la gestión de las fronteras y la formación y equipamiento de las fuerzas de policía. Es conveniente valorar estas potencialidades, sobre todo porque la Unión no ha sido capaz de reaccionar con bastante rapidez y porque los mecanismos de financiación de tales operaciones no eran suficientemente flexibles.

La Comisión no prevé límite geográfico al dispositivo de reacción rápida (DRR). Prevé por el contrario que las intervenciones han de ser de corta duración. Si los acontecimientos exigen una intervención más larga, convendrá utilizar los medios actualmente disponibles como los programas temáticos.

A modo de ejemplo, en el marco del programa MEDA, el DDR servirá principalmente para la formación de agentes del servicio de inmigración y para la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo.

  Korakas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La propuesta de reglamento para la creación de un dispositivo de reacción rápida no supone sino el marco de las intervenciones político-económicas —no militares, pero no por ello menos imperialistas— en cualquier punto del globo. Lo que los círculos dominantes de la Unión Europea desean es un dispositivo rápido de activación de los recursos humanos y económicos que pueda intervenir directamente, no sólo cuando se produzcan “crisis” (por cierto, que nos expliquen los autores del texto cuales son los elementos que componen el concepto de “crisis”), sino también ante la simple preocupación por que los programas de la supuesta ayuda y cooperación con esos países pudieran llegar a verse amenazados. Claro que los inspiradores del texto no ocultan sus intenciones de que las medidas propuestas sean complementadas con la fuerza europea de seguridad pública (evidentemente armada) para la “imposición de la ley y el orden”.

Y no deja de ser sintomático el hecho de que la Comisión de Asuntos Exteriores se muestre más papista que la…Commission, con enmiendas que eliminan el techo de los doce mil millones de euros por intervención, el comité consultivo de crisis y el límite de los nueve meses por intervención.

Los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia no dejaremos de denunciar esta política de la Unión Europea que se propone la subordinación política y económica de terceros países, así como la represión de su movimiento popular.

No sólo estamos en contra de cualquier forma de dispositivo imperialista de reacción rápida o… lenta, sino que además contribuiremos con todas nuestras fuerzas a la formación de un poderoso frente de todos los pueblos de estos países en contra de cualquier plan imperialista encaminado a esclavizarlos, y por la reivindicación del lugar que les corresponde en un nuevo y justo concierto internacional.

  Krivine y Vachetta (GUE/NGL), por escrito. - (FR) Al decidir la creación de un núcleo de un ejército europeo, la Cumbre de Niza ha abierto un nuevo capítulo en la historia de la Unión Europea. Durante veinte años, ésta ha intentado lograr un apoyo popular pretendiendo construir una Europa social. Ante el fracaso, y después de la guerra de los Balcanes, acaba de cambiar su fusil de hombro. Admite, sin disfraz, que su objetivo es una Europa-potencia que "defienda sus intereses en todo el mundo". Señala abiertamente su carácter imperialista. Lo hará de acuerdo con los Estados Unidos en el marco de la OTAN. En el futuro, coordinando sus fuerzas diplomáticas y militares, la Unión Europea intentará optimizar lo que los Estados miembros han hecho individualmente a lo largo de todo el siglo pasado. Todo ello se anuncia en nombre del "mantenimiento" o de la "imposición" de la paz, y de "operaciones humanitarias".

Al mismo tiempo dentro y fuera de la OTAN, dominada por los Estados Unidos, la Unión Europea intenta "vendernos" su proyecto en nombre de la "autonomía de Europa" con respecto a Estados Unidos. No necesitamos un euromilitarismo: nos oponemos de forma tan radical a este ejército europeo como lo hemos hecho al de la OTAN. Porque la primera consecuencia será un aumento drástico del presupuesto militar, que irá sin falta a la par con una propaganda militarista creciente. Ésta desplazará a la investigación científica y tecnológica hacia el sector militar. Transferirá una porción creciente del presupuesto del Estado hacia las empresas del sector, teniendo como objetivo la creación de una industria militar europea (EADS, Dassault, BAE) capaz de ganar la partida a los Estados Unidos. Los trabajadores no tienen nada que ganar y todo que perder en este "nuevo" objetivo Imperial de la Unión Europea.

  Nobilia (UEN), por escrito. – (IT) Es indiscutible la oportunidad de crear un instrumento de reacción rápida y, por otra parte, la misma ya ha sido valorada positivamente por las tres Instituciones comunitarias. Sin embargo, más allá de su compartida finalidad, consideramos que hay que poner de relieve algunos aspectos de la propuesta del Consejo.

El primero es sustancialmente de principio: parece que para el dispositivo en cuestión emergen actividades que no se pueden definir más que como actividades de policía internacional. Tanto es así que el ponente propone explícitamente su creación.

Y si así fuera, la propuesta se podría incluso examinar, pero con otro fundamento jurídico y, sobre todo, con un orden institucional comunitario distinto del que se estableció y surgió en la reciente Cumbre intergubernamental de Niza.

En realidad, creemos que los fines últimos del dispositivo de reacción rápida son, de hecho, los de lograr más rápidamente o de mantener más establemente la eficacia de la políticas y de los programas comunitarios.

La impresión originaria aumenta, entre otras cosas, a raíz de la formulación de los ámbitos de su puesta en marcha que, inspirada en altos fines, sin embargo, no permite adquirir un conocimiento práctico de la misma, cuando habría bastado, sin perjuicio de los ámbitos de intervención normalmente previstos en los reglamentos comunitarios, evidenciar los ámbitos que, precisamente por la necesidad de rapidez, ponen en marcha el dispositivo de reacción.

Parece paradójico además que el sistema de información sobre la puesta en marcha del dispositivo no incluya a los Gobiernos de los Estados dentro de los cuales hay que poner en marcha el mecanismo en cuestión. Y además en este caso, parece extraña su exclusión desde el momento en que las políticas y los programas que han de preservarse han sido destinados a dichos países.

Por último, cabría objetar la amplitud de los plazos de información al Parlamento Europeo, incluso en presencia del procedimiento de consulta; con todo, confiando en que en el futuro se amplíen los casos en que se aplique la codecisión, estimamos que, en los casos excepcionales tanto de relevancia geográfica como política, la Comisión no se puede eximir de informar inmediatamente al Parlamento.

A la vista de las consideraciones hechas, compartimos la labor de revisión realizada por el ponente votando favorablemente.

  Van Orden (PPE-DE), por escrito. – (EN) Durante los últimos dieciocho meses, los Conservadores británicos hemos venido pidiendo a la Comisión que mejore la eficacia de la gestión financiera y de los procedimientos administrativos de manera que le permitan proporcionar la asistencia exterior y ejecutar los programas urgentemente, como la acción antiminas, en tiempos de crisis o cuando hay vidas humanas en juego. Los Conservadores apoyamos las propuestas con estos objetivos en mente y, por consiguiente, saludamos la iniciativa de la Comisión relativa a un Dispositivo de Reacción Rápida (o Mecanismo), a pesar de su confuso título y de algunos elementos políticamente correctos, aunque innecesarios.

La principal objeción de los Conservadores británicos es relativa a las enmiendas que intentan utilizar la presente propuesta como vehículo para el establecimiento de una "Fuerza de Reacción Rápida Europea". Este concepto, de una especie de gendarmería europea, tiene repercusiones de gran alcance y está fuera de lugar en la propuesta de la Comisión que nos ocupa.

Estábamos dispuestos a respaldar la propuesta de la Comisión a condición de que no incorporara dichas enmiendas (9 ni 39), pero nos abstendríamos en caso de que fueran incluidas.

- Informe Oomen-Ruijten (A5-0338/2000)

  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, como responsable del Partido de los Pensionistas no podía dejar de intervenir sobre este informe que establece cómo se deben regular las pensiones y la asistencia sanitaria de los trabajadores transfronterizos y no transfronterizos que van a trabajar en regiones distintas de las suyas y en las cuales desarrollan un trabajo en otros períodos de su vida. Un pensionista que vive al lado de la frontera entre Italia y Suiza y que, en todo caso, se halla comprendido en estos acuerdos, me dijo: "¿Es verdad que se ha establecido un aumento de las pensiones en favor de aquellas personas que trabajan en los demás Estados miembros de la Unión Europea?" "¡Ojalá!" le contesté. "Sería una satisfacción tanto para mí como para ti, porque trabajarías mucho más y mejor en los demás Estados europeos. De todos modos, lo voy a proponer con ocasión de la explicación de voto sobre el informe Oomen-Ruijten que trata de este tema".

  Andreasen, Busk, Haarder, Jensen y Riis-Jørgensen (ELDR), por escrito. – (DA) El Partido Liberal hace hincapié en que se eliminen los obstáculos para la libre circulación de trabajadores. Por ello hemos respaldado este informe de propia iniciativa que propone redoblar los esfuerzos para acabar con los problemas que pueden crear las diferencias entre sistemas sociales y fiscales. No obstante, no somos partidarios de que se presente una directiva que obligue a los países miembros a evaluar los efectos para los trabajadores fronterizos de la nueva legislación.

  Blak, Lund y Thorning-Schmidt (PSE), por escrito. – (DA) Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor del informe de la Sra. Oomen-Ruijten sobre la situación de los trabajadores transfronterizos en la Unión Europea. Hemos actuado así porque este informe señala los muchos y graves problemas a los que se enfrentan los trabajadores transfronterizos. Gran parte de estos problemas pueden resolverse si el Consejo muestra la energía suficiente. A pesar de que no se lograra introducir la mayoría cualificada en este ámbito en la Conferencia Intergubernamental de Niza, queremos enviar con nuestro voto de hoy una señal clara al Consejo y exhortarles a que acaben la revisión a fondo y la simplificación del Reglamento 1408.

Pensamos que las normas de la coordinación deben ser sencillas y fáciles de aplicar, por ello no podemos apoyar una nueva directiva que añada nuevos procedimientos al Reglamento 1408. Con motivo del debate hemos subrayado que no podemos respaldar los comentarios del informe relativos a la financiación fiscal de los regímenes de asistencia social. Además, queremos subrayar que tampoco nos parece que puedan compararse los servicios sanitarios como el tratamiento a enfermos con servicios generales y que la responsabilidad en este ámbito debe seguir correspondiendo únicamente a los Estados miembros.

  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL), por escrito. - (FR) Este informe se conforma, en lo esencial, con consideraciones generales, pero no propone decisiones concretas. Incluso cuando adelanta una medida positiva como "ampliar a los miembros de la familia a cargo de los trabajadores fronterizos o a los trabajadores fronterizos jubilados y a los miembros de sus familias el disfrute de las prestaciones y las asignaciones relativas a la asistencia sanitaria...", no pide al Consejo que "se pronuncie lo más rápidamente posible". Dando nuestro apoyo a esta demanda, nos hemos abstenido en el informe.

Todos los trabajadores de la Unión deberían disfrutar de la misma protección social, ajustada, para cada uno de sus componentes (seguridad social, jubilaciones, asignaciones familiares) a las prácticas del país en el que éstos sean más favorables para los trabajadores.

Entretanto, para mejorar la situación de los trabajadores fronterizos, sería preciso que ellos mismos, así como sus familias, pudieran tener la posibilidad de elegir, en cada uno de esos ámbitos, entre el país residencia y el país de trabajo, en función de la situación que les sea más favorable.

  Grosch (PPE-DE), por escrito. – (DE) Ofrecer soluciones prácticas para los problemas de los 420.000 trabajadores transfronterizos que existen en total significa poner al alcance de la gente de manera comprensible y visible el mercado interior y la libre circulación de personas que éste garantiza. Yo quiero expresar, por lo tanto, mi satisfacción porque el informe de la Sra. Oomen-Ruijten aborda varios de estos problemas y su origen, y a la vez propone medidas que harán más llevaderas las desigualdades en los sistemas fiscales y sociales para las personas afectadas.

Las discrepancias entre las normas jurídicas de cada Estado y el principio de la libre circulación se deben sobre todo a que el Reglamento nº 1408/71 ya no resulta adecuado y no puede ofrecer seguridad jurídica a los trabajadores afectados debido a sus numerosas modificaciones. Como consecuencia directa de esta falta de coordinación, los trabajadores transfronterizos se encuentran a menudo en una situación desventajosa en materia de prestaciones sociales, de desempleo, de pensiones de jubilación y también en el ámbito de la asistencia sanitaria.

En relación con este último aspecto, yo acojo con particular satisfacción las iniciativas de los agentes del sector sanitario encaminadas a ofrecer servicios “exportables”, que tengan en cuenta la situación específica de los trabajadores fronterizos. A semejanza de lo que sucede en el sector de la seguridad social y sanitario, también en el ámbito de la fiscalidad se han generado inseguridades jurídicas en numerosos aspectos, que los acuerdos fiscales bilaterales no han podido eliminar. Esto genera desigualdades, tanto entre los trabajadores transfronterizos como también entre las autoridades locales, que sólo una coordinación general de los sistemas fiscales a escala europea permitiría superar en un futuro próximo.

No podemos dejar de apoyar la medida que propone la Sra. Oomen-Ruijten, en forma de una directiva que obligue a los Estados miembros a examinar las consecuencias que tendrán para los trabajadores transfronterizos las modificaciones de su legislación en los ámbitos de la fiscalidad y la seguridad social, y a adoptar al mismo tiempo un régimen legal de compensación. A pesar de los numerosos dictámenes del Parlamento Europeo a favor de una armonización de la legislación en materia de seguridad social y fiscalidad, y de las propuestas concretas de la Comisión con vistas a la actualización y simplificación del Reglamento nº 1408/71, son los propios ministros de los Estados miembros quienes bloquean el proceso de reforma necesario en el Consejo de Ministros e impiden la realización del mercado interior para las personas.

  Lulling (PPE-DE), por escrito. – (DE) El informe sobre la situación de los trabajadores transfronterizos elaborado por nuestra Comisión de Empleo y Asuntos Sociales responde sin duda al loable propósito de no discriminar a los trabajadores transfronterizos en lo que respecta a sus condiciones salariales y laborales y en el ámbito de la seguridad social, y resolver los problemas que aún subsisten en este contexto. Es un deseo que todos compartimos.

Sin embargo, resulta exagerado afirmar, como se dice en la exposición de motivos del informe, que el mercado interior, del que la libre circulación de los trabajadores es una piedra angular, es

una farsa absoluta en la vida cotidiana de los trabajadores transfronterizos. Esto responde tan poco a la realidad como varias afirmaciones de la resolución, que incluye peticiones que, al menos por lo que respecta a la situación de los 85.000 trabajadores transfronterizos empleados en Luxemburgo, intentan derribar obstáculos inexistentes.

Sencillamente no es cierto que miembros de la familia queden excluidos de seguros y prestaciones en el país del lugar de trabajo.

Evidentemente, existen diferencias entre los sistemas públicos y privados, como también ocurre en el caso de los trabajadores no transfronterizos.

Evidentemente, existe una diversidad de sistemas de pensiones. Estas diferencias no sólo se dan entre Estados miembros, sino incluso dentro de un mismo Estado miembro. Yo también cobraría una pensión más alta si hubiese estado empleada en el sector público. Este no es, sin embargo, un problema particular de los trabajadores transfronterizos.

Evidentemente existen diferencias entre los Estados miembros en lo que respecta a la estructura del sistema y las cotizaciones y en cuanto a la edad de jubilación. Los trabajadores transfronterizos que trabajan en Luxemburgo están satisfechos de que existan estas diferencias, pues nuestro régimen de pensiones es mucho más generoso que los de Bélgica, Francia y Alemania, de donde aquéllos proceden.

El hecho de que algunos elementos del régimen de seguridad social luxemburgués se financien con fondos públicos no genera, sin embargo, ninguna desigualdad, puesto que los trabajadores transfronterizos tienen derecho a los servicios correspondientes, por ejemplo los del seguro de enfermedad, que incluso se prestan en Bélgica y Francia.

En la resolución se critica que en los Estados miembros no es posible trazar una distinción neta entre asistencia social y seguros sociales. Sin embargo, esto tampoco es cierto. La asistencia social no es, en efecto, un problema propio de los trabajadores transfronterizos, puesto que éstos son asalariados que no dependen de la asistencia social.

Tampoco comprendo qué relación existe entre los períodos de desplazamiento y los trabajadores transfronterizos. Ya tenemos, en efecto, una directiva relativa a los trabajadores desplazados por su empresa a otro Estado miembro, que sin embargo no se ocupa de los trabajadores transfronterizos.

En cuanto a las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo en relación con los casos Kohl y Decker, está claro que todos los ciudadanos de la Unión pueden acudir a los servicios médicos de otro Estado miembro. También en este caso, el informe intenta derribar un obstáculo inexistente.

He querido dejarlo claro aquí porque no es la primera vez que el Parlamento Europeo formula reivindicaciones poco maduradas en un informe sobre los trabajadores transfronterizos. Cuando se debatió el informe van Lancken de 1998 yo ya aclaré que es absurdo afirmar que los trabajadores transfronterizos están discriminados por principio. La diputada socialista belga formuló entonces la descabellada propuesta de creación de un fondo de compensación destinado a cubrir las pérdidas salariales de los trabajadores transfronterizos.

Para los trabajadores transfronterizos es importante que no se altere el principio de recaudación de los impuestos sobre rendimientos del trabajo personal y las cotizaciones sociales en el país del lugar de trabajo. Este es el requisito para que los trabajadores transfronterizos pueden disfrutar de todos los servicios sociales a los que tienen acceso los trabajadores residentes y los miembros de su familia.

Así sucede en Luxemburgo y así debe ser en todas partes. ¡Ni más ni menos!

- Propuesta de resolución sobre las directivas medioambientales (B5-0038/2001)

  Isler Béguin (Verts/ALE), por escrito. - (FR) Si bien las directivas relativas a la conservación de los hábitats naturales, la eliminación de los PCB y PCT y la protección de las aguas contra la contaminación por nitratos sólo se aplican de forma insuficiente en los Estados miembros, ello no significa en ningún modo que esas directivas sean malas y que hayan de cambiarse, como intentan hacer creer algunos en el seno de esta Asamblea.

Estas directivas responden totalmente a las aspiraciones de los ciudadanos europeos, que exigen una mayor consideración de su medio ambiente y solicitan un arbitraje de las instancias europeas. Las numerosas denuncias y peticiones registradas por la Comisión de Peticiones relativas a infracciones al medio ambiente y a esas directivas son un testimonio de dichas expectativas.

De hecho, si esas directivas no se aplican más que parcialmente, es porque los Estados miembros no midieron las consecuencias en el momento de su adopción. No integraron el coste financiero de las modificaciones, a veces fundamentales, que esas directivas implican para sus políticas. Eso vale tanto para la directiva "Hábitat" como para la directiva "Nitratos", que exigen ambas reconsiderar las políticas agrícolas y de ordenación del territorio, contaminantes y destructoras de medios naturales.

La aplicación de la directiva "Hábitat" tiene como objetivo proteger de forma duradera una red europea de medios naturales biológicamente destacables y sustraerla a futuras ordenaciones, y ello para evitar conflictos de uso y una degradación de los medios afectados. Estos objetivos han sido sin duda muy mal presentados en los Estados miembros, generando conflictos en ocasiones muy duros entre propietarios y usuarios de los espacios afectados. Sin embargo, allí donde se ha aplicado una verdadera concertación, los resultados no se han hecho esperar, al permitir precisamente la directiva "Hábitat" apoyar los modos de gestión respetuosos con el patrimonio aportando contrapartidas suficientes.

Esta directiva "Hábitat" es absolutamente innovadora en el ámbito de la ordenación del territorio y en materia de protección de la naturaleza, ya que concilia la gestión de los espacios naturales destacables y sus usos para una mejor valorización de los territorios. En este sentido, la Unión Europea debe hacer todo lo posible para apoyar su aplicación.

No debe ceder en ningún caso a determinados intereses profesionales que reducirían a la nada el propio espíritu de la directiva.

La Comisión, guardián de los tratados, debe mostrar por una parte toda su firmeza con respecto a los Estados miembros para que apliquen esas directivas y, por otra, mantenerse firme frente a los intentos de modificación de dichas directivas antes incluso de que hayan podido demostrar toda su pertinencia, en especial en los ámbitos de la contaminación del agua mediante nitratos y de la protección y valorización de las zonas naturales destacables.

Por estas razones, el Grupo de los Verdes da su apoyo global a los informes presentados, y especialmente al informe Sjöstedt, que contribuirá a una mejor aplicación de la directiva "Hábitat".

Si nos hemos abstenido, es porque no nos parece que las tentativas del última hora para desnaturalizar el informe, pretendiendo debilitar la directiva "Hábitat" y solicitar la modificación, vayan en el sentido del respeto por las directivas que votamos.

- Informe Parish (A5-0357/2000)

Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, le ruego que dedique algo de su atención, que seguramente no le falta, a esta explicación de voto favorable al informe Parish que se preocupa por los jóvenes agricultores. Quisiera destacar la importancia de la leche producida por los jóvenes agricultores y de la ayuda a este producto en este difícil trance de la agricultura. Me acuerdo de una película de los años sesenta del famoso director italiano Federico Fellini, cuya protagonista era la actriz Anita Ekberg que desde un cartel publicitario invitaba a todos los transeúntes a que bebieran leche. ¿Se acuerda usted de Anita Ekberg? Muy lozana ella, era la actriz ideal para invitar a los italianos a beber leche. Pues bien, me gustaría que también ahora se dirigiesen estos mensajes a los ciudadanos, al objeto de que los agricultores puedan colocar y vender la leche que producen y que, lamentablemente, está amenazada por la leche loca.

  Konrad (PPE-DE) . – (DE) Señor Presidente, Señorías, el informe Parish se ocupa del futuro de los jóvenes agricultores en la Unión Europea. Una vez más se piden nuevas subvenciones, las llamadas ayudas a la instalación. Yo he votado en contra del informe. Éste pretende que todo va bien. Sin embargo, nada va bien. La EEB ha puesto en entredicho todo el sistema agrícola. Gastamos la menudencia de cerca de 100.000 millones de marcos anuales en la agricultura. Lo cual no deja de ser la mitad del presupuesto europeo. Progresivamente hemos empezado a preguntarnos qué obtenemos a cambio. La peste porcina, terneras tratadas con hormonas, pollos con dioxinas y ahora la epidemia de la EEB.

La cadena alimenticia que estamos produciendo comienza a darnos asco y quizá incluso empezamos a estar asqueados de nosotros mismos. En vez de pasto y cereales, alimentamos a los bovinos con cadáveres de gatos domésticos, ratas de laboratorio y otros animales, y yo creo que este es exactamente el tema que es preciso debatir ahora. La degradación y fecalización de nuestros alimentos es la consecuencia lógica de una política agraria demencial, que a estas alturas no cabe la menor duda que se tiene que acabar. Tenemos que discutir a fondo esta cuestión con objeto de que en el futuro no se vuelve a repetir este reparto de subvenciones propio de una economía planificada. Esto es justamente lo que debemos decirles a los jóvenes agricultores. Tenemos que discutir esta cuestión con los jóvenes agricultores, que tienen que poder sostenerse en el mercado sin necesidad de subvenciones. El informe no se ocupa en absoluto de ello. Por esto debemos rechazarlo.

  Alavanos (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se mueve en una dirección positiva. Se requiere una mayor ayuda económica para favorecer la instalación de los jóvenes agricultores y frenar su éxodo hacia las ciudades. Los jóvenes agricultores pueden ser la palanca fundamental de la revitalización de zonas abandonadas, de islas menores, de comunidades tradicionales que poco a poco se pierden. Es importante crear —con la optimización de las nuevas tecnologías, como Internet— un nuevo entorno para su actividad: cívico, técnicamente avanzado, apacible y de dimensiones humanas.

Un aspecto, por otra parte, no incluido en el informe de la Comisión de Agricultura, y sin embargo relevante, es —tras la desastrosa experiencia de la explotación hiperintensiva, que conduce a callejones sin salida como el de las vacas locas— la configuración de un ámbito que les permita a los nuevos agricultores el desarrollo de la explotación agraria ecológica y familiar alternativa.

  Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén, Hans Karlsson y Theorin (PSE), por escrito. – (SV) Los socialdemócratas suecos aplaudimos muchas de las medidas que propone la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural para mejorar la situación de los agricultores jóvenes.

Sin embargo, opinamos que las subvenciones agrícolas comunitarias deben disminuir drásticamente y, por eso, nos oponemos a las exigencias de aumentarlas que se contienen en los puntos 7, 11 y 14 del informe Parish.

  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Estamos a favor de ayudar a los agricultores jóvenes privados de dinero, con el fin de que puedan hacer frente a los gastos considerables que representa una instalación, con la adquisición de la explotación agrícola y la compra de material. Hemos votado por tanto a favor de este informe a pesar de nuestras reservas, ya que nada garantiza que esta ayuda no vaya en gran parte, incluso en su integridad, a los hijos de grandes propietarios agrícolas y que, una vez más, se deje de lado a los más pobres. Denunciamos por adelantado el desvío de esos fondos en beneficio de ricos propietarios de explotaciones agrícolas.

  Collins (UEN), por escrito. – (EN) Creo que el informe de nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural es muy equilibrado y debería tener una buena acogida. Como representante de una circunscripción rural, soy plenamente consciente de las preocupaciones expresadas por los agricultores sobre el futuro mismo de la agricultura en Irlanda. Parece increíble, pero es cierto, que en Irlanda, donde la agricultura ha sido durante mucho tiempo uno de los puntales de la economía del país, los agricultores comiencen ahora a preguntarse si sus hijos o hijas podrán seguir la tradición familiar.

El informe del Sr. Parish es muy oportuno y el estudio "El futuro de los jóvenes agricultores en la Unión Europea", realizado por expertos independientes a petición del ponente a comienzos del año pasado, ofrece un enfoque muy necesario sobre toda la temática.

Los jóvenes agricultores son una parte fundamental del futuro de la agricultura. Desempeñan un papel muy importante en la vida social de los pueblos y de las comunidades rurales, fomentan toda una serie de actividades y participan en asociaciones locales. Los agricultores contribuyen a fomentar un campo saludable y próspero porque conservan el paisaje.

En Irlanda, el Plan de Desarrollo Nacional para 2000-2006 prevé una amplia gama de medidas que ayudará a los jóvenes agricultores a emprender su carrera agrícola. Estas medidas incluyen un nuevo plan mejorado de ayudas para instalarse, con vistas a animar a los jóvenes agricultores a que se hagan cargo de explotaciones agrícolas y para ayudar a los jóvenes agricultores que emprenden la actividad agrícola por primera vez. Este plan ha sido dotado de unos 30 millones de libras, que espero que obtenga en breve la aprobación de la Comisión.

Asimismo, se ha creado una amplia serie de incentivos fiscales encaminados a reducir el coste de transferencia de la propiedad. Estos incentivos incluye la desgravación fiscal por el aumento en valor de existencia, el impuesto de timbre, la adquisición de capital y el impuesto de sucesión.

Junto con el plan de jubilación anticipada, está claro que las ayudas en vigor para los jóvenes agricultores que se inician en la actividad agrícola tendrá ventajas considerables y que estas medidas deberían potenciar la transferencia más rápida y eficaz de tierra a los jóvenes agricultores.

Muchos jóvenes agricultores que adquieren una explotación deben realizar una serie de inversiones en la granja para poder optimizar el rendimiento y garantizar la sostenibilidad económica de sus explotaciones.

Con este fin, se han previsto unos 230 millones de libras para inversiones en granjas en el marco del Plan de desarrollo nacional. Los planes de inversión abarcarán la gestión de residuos agrícolas, la mejora de las medidas de higiene de los productos lácteos, de la vivienda y de las instalaciones de tratamiento para empresas alternativas.

Estos planes estarán abiertos a un mayor número de agricultores a tiempo parcial y a tiempo completo, incluidos los jóvenes agricultores han recibido formación, y contribuirán a garantizar la viabilidad de muchas explotaciones. Los planes van dirigidos, en particular, a jóvenes agricultores.

Cabe observar también que la naturaleza de estos planes muestra un claro compromiso con la protección del medio ambiente, un factor que destacará con fuerza en el futuro desarrollo de la agricultura irlandesa y europea.

Para terminar, es imprescindible que nosotros, a nivel europeo, nos esforcemos por garantizar el futuro de la agricultura europea. La Política Agrícola Común ha sido todo un éxito europeo y queremos que lo siga siendo. El futuro está en nuestros jóvenes agricultores y en prácticas agrícolas sostenibles que protejan el medio ambiente. Debemos dar todo nuestro apoyo a estos objetivos.

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. - (PT) La situación y las perspectivas de los jóvenes agricultores dependen mucho de la propia situación y de las perspectivas de la agricultura en la UE. Ahora bien, como es sabido, la agricultura y el mundo rural se encuentran en decadencia, a lo que ha contribuido mucho la Política Agraria Común, que promueve la concentración de las tierras, la intensificación productiva, la progresiva verticalización de las producciones agrícolas, con consecuencias en la desertización y en la despoblación rural, como lo demuestran el descenso del empleo y las explotaciones casi en un 22% y un 20%, respectivamente, desde 1990.

Los jóvenes agricultores representan la renovación de las explotaciones agrarias y son esenciales para garantizar el futuro de la agricultura en las diversas regiones de la UE. El descenso, en el último decenio, en un 28% de las explotaciones agrarias con agricultores de menos de 35 años demuestra las perspectivas negativas existentes.

Así, pues, son esenciales medidas especiales de apoyo comunitario a los jóvenes agricultores, aunque el problema fundamental estribe en la necesidad de un cambio de fondo de la PAC. Ahora bien, el informe Parish, con el cual, de forma general, concuerdo, a pesar de su dispersión, no insiste en los necesarios cambios de política. Juega con el marco existente. Con todo, se han aprobado tres enmiendas que he presentado y que considero importantes, en particular:

- la necesidad de apostar por una producción agropecuaria sostenible y de calidad, que contribuya a la consecución de productos seguros y de alto valor añadido, para lo que se requiere el apoyo a la agricultura biológica, el apoyo a razas autóctonas, el fortalecimiento de las denominaciones de origen y la creación de mecanismos de apoyo a los productos regionales de particular calidad;

- el fortalecimiento de las sumas para el desarrollo rural y de los Fondos estructurales para apoyar y crear amplias redes de servicios públicos, crear infraestructuras y dinamizar los mercados locales en el nivel del mundo rural;

- la necesidad de simplificar y agrupar la legislación relativa a los jóvenes agricultores.

  Lulling (PPE-DE), por escrito. – (DE) El hecho de que justo ahora se debata un informe sobre la situación y perspectivas de los jóvenes agricultores en la Unión Europea tiene una especial importancia en el contexto de la crisis de la EEB.

Lo que está ocurriendo en la mayoría de los Estados miembros desde que se empezó a hinchar de manera absolutamente histérica la crisis no contribuye, desde luego, a inducir a los jóvenes a seguir dedicándose a la agricultura y mucho menos a contemplar un futuro en las comunidades rurales donde, como dice con tan bellas palabras nuestro informe, están llamados a desempeñan un papel muy importante en la vida social, mediante la promoción y el mantenimiento del entorno rural y mediante su contribución a las necesidades económicas, sociales y medioambientales de la comunidad

Ante esta crisis de confianza, desencadenada principalmente por los consumidores, debe preocuparnos más que nunca el futuro de la agricultura en la Unión Europea, donde desde hace bastante tiempo se registra un descenso especialmente acusado –de un 28%– del número de agricultores menores de 35 años y la proporción de agricultores está disminuyendo en casi todos los Estados miembros. Nuestro informe incluye todas las constataciones importantes y adecuadas y también todas las exigencias de cuyo cumplimiento depende que un número suficiente de jóvenes siga considerando que tiene un futuro en la agricultura.

No sólo la Comisión Europea, sino también el Consejo de Ministros y todos los Estados miembros deberían tomarse muy en serio esta lista de exigencias si quieren evitar una despoblación de las zonas rurales de la Unión Europea, un abandono y decadencia de las regiones rurales, que iría acompañado de una agudización de los problemas sociales y culturales.

La UE necesita una producción agrícola sostenible y de alta calidad. Tenemos que defender y asegurar también las denominaciones de origen de nuestros productos de calidad, entre ellos el vino, en el marco de la Organización Mundial de Comercio, pues el futuro de la UE y de la exportación a terceros países depende de los productos de alta calidad, que cuentan entre nosotros y también a escala mundial con una demanda de consumidores maduros y con fuerte poder adquisitivo.

Existe una tendencia a responsabilizar de los problemas actuales, sobre todo los relacionados con la crisis de la EEB, a la agricultura, de la que se espera que produzca con unos costes cada vez más bajo. Dado que durante muchos años fui miembro del Comité consultivo de los consumidores de la Comisión Europeo, yo quisiera recordar también la responsabilidad de las organizaciones de protección del consumidor, que han exigido una continua reducción de los precios de consumo, sin tener en cuenta los ingresos de loa productores. En los años setenta y ochenta, y aún después, se manifestaron reiteradamente en contra de unos precios adecuados para el productor en el marco de las organización común de mercados en los sectores de los productos agrícolas. Por lo tanto, también tienen su parte de responsabilidad en la industrialización de la agricultura y la transformación de los bovinos en animales carnívoros, por no haber tenido en cuenta que los agricultores también tienen derecho a una remuneración justa por su trabajo. Por una vez, he querido decirlo también aquí.

Yo estoy de acuerdo con el espíritu del informe porque contiene y formula adecuadamente todas las consideraciones acertadas e importantes para el mantenimiento y fomento de las empresas agrícolas familiares en Europa, que son el requisito básico para promover una agricultura ecológica con productos regionales típicos de alta calidad, que los consumidores deben aprender a valorar y a pagar a un precio justo.

  Roure (PSE), por escrito. - (FR) Se constata que la situación de los jóvenes agricultores plantea un problema grave en la Unión Europea y que no tienen perspectivas reales, a pesar del apoyo que se les aporta a escala europea y nacional. Por ello, este informe era a mi juicio tan importante y por ello me alegro de que lo hayamos votado.

La situación económica, principalmente de los jóvenes, es mediocre y a veces está muy deteriorada. Se constata una falta real de perspectivas para los jóvenes agricultores y una disminución importante del número de agricultores en general con un envejecimiento de los que quedan.

¿Qué puede hacer la Unión?

La Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deportes, en su calidad de comisión para opinión, no ha querido insistir en aspectos que dependen de las competencias de las demás comisiones. Hemos insistido por tanto en las cuestiones vinculadas a los sectores de la educación, de la formación y de la información, de la vida social y cultural.

Observamos que los jóvenes agricultores sufren una serie de problemas que resultan de una enseñanza y una formación con frecuencia inadecuadas. Incluso la Agenda 2000 deja de lado estos aspectos, sin embargo fundamentales.

En lo que respecta a la enseñanza y a la formación profesional de los jóvenes agricultores, es necesario que la Unión, en el marco de los programas Sócrates y Leonardo, favorezca el refuerzo de la enseñanza y de la formación de los jóvenes agricultores con el fin de elevar sus cualificaciones al nivel que se requiere. Es necesario poner en marcha una formación en informática. El acceso a Internet ha de convertirse en una realidad y los jóvenes agricultores deben conocer sistemas integrados de gestión de la producción y de marketing de forma que gestionen bien sus explotaciones. La desertificación puede combatirse principalmente con el mantenimiento de los servicios públicos en las zonas rurales (escuelas, correos, transportes), y la vida social puede mantenerse, por ejemplo, mediante agrupaciones de entidades locales o de servicios itinerantes.

Si se cumplen las condiciones para que la actividad agrícola experimente un nuevo desarrollo, los jóvenes del mundo urbano, abiertos a la naturaleza y preocupados por una mejor calidad de vida, podrán instalarse en el campo y los jóvenes rurales no renunciarán ya a las explotaciones que les hayan legado sus familias.

  Sacrédeus (PPE-DE), por escrito. – (SV) Los cristianodemócratas suecos hemos votado en contra de la propuesta de informe, ya que creemos que se opone al principio de cercanía, a pesar de que la materia en sí, la situación de los jóvenes agricultores, es interesante.

Rechazamos especialmente el punto 10. En él se propone la insensatez de que “la UE ha de considerar la posibilidad de imponer a los Estados miembros la obligación de prever unos niveles mínimos de ayuda a la instalación para los jóvenes agricultores”. A nuestro juicio, esta materia no es de carácter supranacional.

- Informe Varela Suanzes-Carpegna (A5-0365/2000)

  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, el Partido de los Pensionistas que represento aquí en el Parlamento Europeo, considera que la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo deben cambiar una parte importante de la política pesquera y, en consecuencia, pide que cambien esa parte que se refiere a la ya tan arraigada costumbre de ir a pescar en las aguas de los demás y de pagar una suma de dinero a los Gobiernos en cuyas aguas hemos pescado para quedar en paz con nuestra conciencia. Siempre he oído decir: demos a quien carece de medios una caña de pescar. Sin embargo, nosotros, los europeos, lamentablemente, no les damos la caña de pescar; antes bien, vamos a pescar en sus aguas territoriales. Comprendo que hemos de resolver los problemas de los pescadores, pero debemos hacerlo de otra forma y sin perjudicar a las poblaciones que para sobrevivir no tienen otra cosa más que pescar.

- Informe Gallagher (A5-0333/2000)

  Crowley (UEN). – (EN) Señor Presidente, para comenzar quiero decir, en nombre de mi Grupo, que estamos firmemente a favor de que se mantenga una forma de política pesquera común en la Unión Europea, porque entendemos que la gestión de los recursos es el mejor modo de proceder para garantizar la continuación del desarrollo social y económico en un gran número de regiones costeras de la Unión Europea, que no disponen de ningún otro medio y no conseguirían crear empleo u otros proyectos si no es con recursos propios, por ejemplo, pesca y acuicultura.

No obstante, dicho esto y en honor de la verdad, debemos reconocer también que la política pesquera común presenta muchas deficiencias. En particular, la oposición total a que exista una política regionalizada en el seno de la política pesquera común no es acertada. Esta Asamblea ha vuelto hoy a rechazar esa propuesta. La regionalización no significa la vuelta a la nacionalización ni que debamos alejarnos del modelo comunitario; significa brindar a las comunidades colindantes que pescan especies similares la oportunidad de agruparse para gestionar dichas especies.

Además de eso, debemos poner mayor énfasis en un sistema uniforme de inspección en todas las aguas de la Unión Europea y otorgar mayores poderes a los inspectores comunitarios para garantizar que se cumplen debidamente todos los reglamentos.

Por último, debo decir que la conservación es necesaria. Hemos asistido a una gran disminución de las poblaciones de peces en aguas de la Unión Europea. El modo de resolver las cuestiones de conservación no es desplazarse a nuevos caladeros e incorporarlos al sistema de cuotas, sino garantizar que existen determinadas zonas en las que no se faena para permitir que las poblaciones de peces se recuperen. Este ejemplo ya ha quedado demostrado en algunas zonas, mediante acuerdos voluntarios, en aguas irlandesas y mediante el mantenimiento de estas zonas en las que está prohibida la pesca – la denominada retirada de zonas, por utilizar un símil con la política agrícola común – durante un determinado período de tiempo. Es el único modo en que podemos garantizar el mantenimiento de esta fuente alimentaria, la creación de puestos de trabajo y la protección del medio ambiente en nuestros caladeros. Éste es el motivo por el que hemos apoyado el informe Gallagher.

  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, he votado a favor de este informe sobre la política pesquera común, pero pido al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión que vigilen y controlen más aún, si cabe, uno de los aspectos que figura en el apartado 20 del informe y que se ha olvidado, o sea, cómo y si se controlan el importe, el montante y las condiciones de los pensionistas del sector pesquero, en particular de los pensionistas que se dedican a la pesca a pequeña escala. Estos tienen derecho a que, junto con todos los demás aspectos importantes de la pesca, nos interesemos también por cómo los Estados nacionales protegen a los pescadores pensionistas, ya que estos son los últimos en ser suficientemente protegidos en el ámbito de las pensiones.

  Alavanos (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Mi Grupo ha votado a favor de la propuesta de resolución. No puedo, sin embargo, dejar de referirme a un aspecto concreto. De acuerdo con la legislación comunitaria vigente, el derecho exclusivo de pesca para los pescadores griegos está fijado en las seis millas náuticas, en lugar de las doce millas en vigor en el resto de países de la Unión Europea, especialmente en los países mediterráneos. De este modo, los pescadores griegos son objeto de un trato discriminatorio y se encuentran en inferioridad de condiciones con respecto a los demás países en el marco de la Política Pesquera Común.

De acuerdo con lo previsto por el artículo 5, parágrafo 1 del anexo IX de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Comunidad tiene la competencia exclusiva con respecto a la conservación y la administración de los recursos pesqueros marinos, y, por consiguiente, poder para establecer las normas y regulaciones pertinentes. La Comisión, en ejercicio de esa competencia que le corresponde, debería fijar para los pescadores griegos el derecho exclusivo de pesca en las doce millas náuticas. Por otra parte, el Parlamento Europeo, con la resolución A4-0018/99 (C-153/1-6-99) insta a la Comisión a proponer la extensión de la zona económica exclusiva para la pesca en las 24 millas náuticas, al objeto de garantizar la adecuada política de descentralización y de salvaguardar los intereses de las regiones costeras. La Comisión debería adoptar esa resolución del Parlamento Europeo.

  Souchet (UEN), por escrito. - (FR) Los informes parlamentarios sobre los que hemos de pronunciarnos abarcan diferentes aspectos de la política pesquera común, incluyendo la gestión y la preservación de los recursos pesqueros, la política estructural, las relaciones exteriores de la Unión sobre la pesca, la organización del mercado, la vigilancia y el control.

Las prioridades manifestadas por la Comisión son las siguientes: una mayor coherencia entre los diferentes objetivos de la PPC, principalmente entre la conservación de los recursos, la eficacia económica y el empleo en las zonas dependientes de la pesca; una mejor consideración de la dimensión económica de la pesca; una mejor integración de las políticas medioambientales y pesqueras; la mejora de los instrumentos de gestión, con integración de instrumentos plurianuales; un proceso de decisión más transparente y el mantenimiento de la dimensión externa de la PPC.

Por supuesto, podemos dar nuestro apoyo a todos estos puntos en su principio. Sin embargo, me parece necesario insistir en los puntos siguientes, de los cuales la Comisión no parece haber señalado suficientemente su importancia. Si bien es cierto que la determinación de los TAC debe hacerse principalmente sobre una base científica objetiva, el diálogo con los profesionales debe ser absolutamente institucionalizado y reforzado. Los representantes de los pescadores deben estar implicados por encima del trabajo de los científicos, con el fin de reforzar la confianza y facilitar la adopción de decisiones fundamentadas y más fácilmente aceptables. Esta orientación será aún más necesaria cuando se trate de preparar líneas directrices plurianuales. Los sistemas de inspección y sanciones han de armonizarse de forma imperativa entre las diferentes zonas pesqueras, con el fin de evitar distorsiones entre Estados miembros. Debe reforzarse el sistema de control ejercido por los países de la Comunidad sobre las flotillas de los países terceros que operan en las aguas comunitarias.

Finalmente, manteniendo el sistema de los TAC y de las cuotas en el centro de la PPC, debemos reafirmar nuestra adhesión al respeto por el principio de la estabilidad relativa y nuestra hostilidad de la privatización de las cuotas.

- Informe Poignant (A5-0332/2000)

  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, he apoyado este informe porque, al igual que el Partido de los Pensionistas, estoy a favor de que, antes de tomar decisiones importantes, tanto el Parlamento Europeo como todos los órganos de gobierno consulten a los grupos, las poblaciones, las personas y los sectores afectados. En este texto se dice que la Comisión ha consultado a varios organismos para decidir la política pesquera común: a los representantes de los pescadores, a los representantes de las empresas que viven de la pesca y a los representantes de los armadores. Les ha consultado a todos, incluso a través de una regionalización de las consultas. Todo esto está bien, pero ¿¡ha consultado también con los peces, señor Presidente?!

  Martinez (TDI), por escrito. – (FR) En 2003, se modificará la Europa azul y su política pesquera común. El año 2001 marca ya el fin de uno de los instrumentos de gestión de la pesca, el POP IV o programa de orientación de la pesca. Quedan dos años, hasta el 31 de diciembre de 2002, para reflexionar y tomar decisiones sobre una política común que plantea, según el inventario de la Comisión Europea, 18 cuestiones, desde el acceso libre o no a las aguas territoriales, al control o la gestión del mercado de los productos de la pesca y la acuicultura, pasando por los acuerdos internacionales de pesca, la investigación científica sobre las reservas haliéuticas o las peculiaridades del Mediterráneo.

Este nuevo examen, si no reforma, de la PPC tiene lugar en un contexto de múltiples facetas. En primer lugar, los recursos no son indefinidos. Hay existencias en peligro o con dificultades: merluza, bacalao, sardinas, túnidos. Se cometen despilfarros. Más del 15% de las capturas mundiales son devueltas al mar cada año, en particular en la UE, con el pretexto de evitar la caída de los precios o de respetar las prohibiciones, mientras que países como Noruega aprovechan esas capturas que no cumplen las normas. Son 20 millones de toneladas de 122 millones de toneladas de capturas mundiales.

Las organizaciones internacionales y regionales, desde la FAO a la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, pasando por las instituciones del Atlántico Noroccidental, se ocupan también, con la participación de la CE, del control de las capturas. Europa ha celebrado 25 acuerdos bilaterales, con Angola, las Seychelles, Madagascar y otros, e intenta un difícil acuerdo, hoy estancado, con Marruecos. Y sobre todo, asistimos a una mundialización del mercado, con el problema que ello representa de las importaciones a precios bajos.

En lo esencial, la reelaboración de la PPC, con sus reglamentos a menudo demasiado numerosos y oscuros, debe conciliar objetivos contradictorios: proteger las reservas haliéuticas, obedeciendo el principio de cautela, pero preservar también las economías y las sociedades costeras a veces dependientes de la pesca para el empleo, como ocurre en la Mancha. Del mismo modo, es necesaria una PPC clara, pero también suficientemente diferenciada para tener en cuenta peculiaridades regionales, desde el mar del Norte al Mediterráneo, o incluso, como desean los italianos, el Adriático u otros “mares” subregionales.

Sobre todo hay que conciliar la extremada apertura del mercado europeo, que importa el 60% de su consumo, y la necesidad de proteger a nuestros pescadores, a quienes se les cierran los mercados japonés, norteamericano o coreano. Para tratar esta diversidad de problemas, la Comisión Europea ha empleado el método adecuado al organizar una amplia consulta entre las organizaciones de la pesca, el medio ambiente o los productores.

(Intervención acortada en aplicación del artículo 137 del Reglamento)

- Resolución común sobre la utilización del uranio empobrecido en Bosnia y en Kosovo (Síndrome de los Balcanes)

  Lucas (Verts/ALE). – (EN) Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, quisiera saludar la resolución de compromiso que acabamos de aprobar. La voz fuerte y unida que pide inequívocamente una moratoria sobre la utilización de armas que contienen plutonio empobrecido es un paso adelante positivo, aun cuando no llega todo lo lejos que nos hubiera gustado. Los Verdes y la ALE pedimos la prohibición total de la producción, exportación y utilización de armas que contengan uranio empobrecido, y creemos que nos asiste un fundamento jurídico, así como moral. La Convención de octubre de 1980 de las Naciones Unidas prohibía la utilización de determinadas armas de efectos indiscriminados; la Resolución de 1996 de la Subcomisión sobre los derechos humanos también condenaba explícitamente las armas que contienen uranio empobrecido por su carácter no discriminatorio. La utilización de estas armas, por consiguiente, ya ha sido condenada en el Derecho internacional.

Asimismo, nos habría tranquilizado más que la resolución hubiera incluido nuestras preocupaciones por la metodología que se está utilizando en la evaluación de los riesgos del uranio empobrecido. Un creciente número de científicos desafían ahora la metodología convencional, que está basada en dosis de rayos radiactivos externos, en vez de en partículas que entran en el organismo por ingestión o inhalación.

Las investigaciones demuestran que las muertes por leucemia como consecuencia de la explosión de Chernóbil han sido cien veces más numerosas que las que pronosticaron comités de expertos relevantes sobre la protección contra la radiación, que basaron sus predicciones en los rayos externos. La enormidad de este error oculta el hecho de que incluso dosis muy bajas de radiación, como las que emanan del uranio empobrecido, pueden realmente tener consecuencias devastadoras para la salud. Por ello es fundamental que corrijamos dicha metodología o, de lo contrario, todas las pruebas y evaluaciones del mundo sencillamente no servirán para nada.

Por último, quisiera hacer referencia a la noticia que aparecía en portada de la edición de la semana pasada de European Voice, que revela que la nueva Fuerza de Reacción Rápida de la UE está planeando, al parecer, utilizar armas que contienen uranio empobrecido. No podemos olvidar que se trata de una fuerza humanitaria, que está planeando la utilización de un arma que dejará un enorme rastro de casos de cáncer entre la propia población civil a la que se supone que debe proteger. Esa posibilidad es absolutamente escandalosa y debe ser anulada.

  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, he votado en contra de este texto porque considero que ha habido y hay demasiada hipocresía en este tema. Creo, mejor dicho, temo que los hechos se han desarrollado de esta forma.

"Señor presidente, ¿qué armas empleamos contra Milosevic?"

"¡Las de siempre!" contesta el presidente.

"¿Cuáles son las armas de siempre que tenemos?" pregunta el general. "¿También los proyectiles de uranio empobrecido?"

"¿Y por qué no?" dice el presidente.

"Pero" dice el general, "pueden causar graves daños a quienes los utilizan porque son armas – las hemos experimentado – dañinas en la guerra."

"Pero en la guerra, querido general", responde el presidente, "como usted sabe, hay riesgos calculados y debemos asumir también estos riesgos."

Señor Presidente, à la guerre comme à la guerre, como se suele decir. Creo que no nos podemos sorprender de lo que, desgraciadamente, podría haber sucedido y que se podía evitar sólo con una Europa unida e independiente.

  De Rossa (PSE). – (EN) Señor Presidente, he apoyado la resolución conjunta sobre el uranio empobrecido y acojo con satisfacción el hecho de que el Parlamento haya decidido mantener la referencia y la petición de una moratoria sobre estas armas. Hubiera preferido una resolución más firme, pero sé lo difícil que es conseguir eso.

Lo que quiero decir, sin embargo, es que lamento la actitud que ha demostrado el Sr. Solana aquí esta mañana. Al mismo tiempo que declaraba que está a favor de la transparencia y de la apertura en lo que se refiere a esta cuestión, ha reconocido que no comenzó a adoptar medidas al respecto hasta que la cuestión fue del dominio público, hace aproximadamente una semana, a pesar de que ostentó el cargo de Secretario General de la OTAN durante la guerra de los Balcanes. Tampoco hizo mención ni dio una opinión sobre la cuestión de si convendría o no imponer una moratoria sobre dichas armas. Lamento también su intento de hacer cómplice al Parlamento de la decisión adoptada por la OTAN de utilizar dichas armas.

La utilización que se hizo de estas armas fue desproporcionada para el reto al que se enfrentaba la OTAN, en particular, en la guerra contra Serbia, y por ello fue una falta de consideración innecesaria y cruel de los efectos sobre la población en general. Fue una cruel falta de consideración de las consecuencias que tendría sobre las tropas de la OTAN y también fue una cruel falta de consideración de los efectos secundarios que tendría sobre los trabajadores humanitarios y sobre las fuerzas para el mantenimiento de la paz, militares y policías, en el período que siguió a dicha guerra.

Quisiera pedir con insistencia, como han hecho otros, que la nueva Fuerza de Reacción Rápida no pueda disponer de este tipo de armas. De hecho, haré un llamamiento al Gobierno de mi país, Irlanda, para que se niegue a participar en esta Fuerza de Reacción Rápida a menos que exista el compromiso inequívoco de que estas armas no se utilizarán.

  Alyssandrakis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La Resolución común sobre el “Síndrome de los Balcanes” no sirve sino el propósito de encubrir la criminal política de la OTAN y de la Unión Europea, que, en nombre supuestamente de la defensa de los derechos humanos, agredieron a Yugoslavia, ocasionando incalculables pérdidas humanas y materiales. Y para que sus bombardeos fueran aún más destructivos no dudaron en utilizar armas con vainas de uranio empobrecido, cuando conocían muy bien, ya desde la guerra contra Iraq, sus mortales y duraderos efectos.

La resolución común, que se niega a reconocer la relación entre el uranio empobrecido y los casos de cáncer y leucemia en soldados que formaron parte de las fuerzas de ocupación en Bosnia y Kosovo, y también en la guerra del Golfo, se reduce a una declaración de buenos intenciones sobre el deseable “debate transparente” y la formación de un grupo de trabajo, y tan solo “pide a los países miembros que son también miembros de la OTAN que propongan la suspensión temporal del uso de armas con uranio empobrecido”; igualmente “pide a la OTAN que estudie la posibilidad de usar otro tipo de proyectiles”, es decir, que siga matando, pero con armas más “limpias”. Es sintomático que la enmienda del grupo de la izquierda que proponía prohibir la producción, los ensayos, la utilización y la venta de armas con uranio empobrecido ha sido solemnemente rechazada por la abrumadora mayoría de los miembros del Parlamento Europeo; ha obtenido sólo el 23% de los votos.

El Parlamento Europeo ha sido, desde luego, consecuente consigo mismo, puesto que, tal y como ha señalado con todo cinismo el criminal de guerra, ex Secretario general de la OTAN y actual Alto Representante de la UE, Javier Solana en su intervención, el propio Parlamento Europeo pedía insistentemente la intervención militar en los Balcanes, tanto en Bosnia como en Kosovo. Sería una ilusión, claro, esperar que los criminales de guerra pudieran condenarse a sí mismos. Ese papel le corresponde a los pueblos.

El Partido Comunista de Grecia ha pedido repetidamente no solo que se prohiba el uso del uranio empobrecido, sino también que se retiren inmediatamente las fuerzas de ocupación de los Balcanes, y que la OTAN y la UE asuman los costes de tratamiento e indemnización de las víctimas, así como los ocasionados por la limpieza del medio ambiente.

Los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra de la propuesta de resolución común, y llamamos a todos los pueblos a organizarse y a articular unidos su propia resistencia —y contraofensiva— a la barbarie del nuevo orden.

  Bonde, Krarup, Okking y Sandbæk (EDD), Eriksson, Frahm, Herman Schmid, Seppänen y Sjöstedt (GUE/NGL), por escrito. – (DA) La propuesta de resolución común encierra muchas reflexiones razonables, pero no responde a la dificilísima situación en que la OTAN ha puesto a la población civil de los Balcanes, a los soldados que estuvieron destacados en la zona y a sus familiares. Alrededor de 20 veteranos de los Balcanes han muerto de leucemia y la cifra aumenta. Se advirtió a los soldados americanos de la KFOR que no inhalaran el uranio empobrecido. Se les advirtió que no tocaran nada que sospecharan hubiera estado en contacto con uranio empobrecido, se les exhortó a abandonar las zonas que fueran sospechosas de estar contaminadas con polvo del armamento con uranio empobrecido y a lavar sus uniformes con frecuencia. Nuestra opinión es que el ejército americano no da este tipo de advertencias sin motivo.

Existen varios estudios que demuestran que la inhalación de uranio empobrecido es extremadamente peligrosa para la salud. Las consecuencias para la población civil de las zonas que estuvieron expuestas a las acciones bélicas de la OTAN no han sido examinadas a fondo. No obstante, el futuro pronunciará su sentencia en este caso. De ahí que consideremos absolutamente insuficiente querer limitar este tema a otro estudio más de las consecuencias del empleo de armamento con uranio empobrecido. Creemos que este tema ha quedado ahora dilucidado. Y en todo caso, somos de la opinión de que el principio de cautela debe incluir también a las personas que se unen a tareas internacionales y a la población civil de las zonas de guerra. Estas armas deben estar incluidas dentro de las disposiciones de la Convención de Ginebra relativas a las armas químicas y al armamento nuclear. Debe detenerse toda la producción y todas las existencias almacenadas ser destruidas. ¡Exigimos ahora una moratoria en el empleo de armamento con uranio empobrecido!

  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL), por escrito. – (FR) El hecho de que los ejércitos de las mayores potencias mundiales conozcan desde hace al menos 10 años el carácter nocivo de las municiones de uranio empobrecido, incluso para quienes las utilizan, demuestra que los estados mayores sienten el mismo desprecio por sus propios soldados que por la población civil y el ejército enemigos.

Hay motivos para la indignación ante las consecuencias de la utilización de estas armas para los soldados de la OTAN. Todavía hay más razones para indignarse de sus consecuencias para la población civil, para los muertos a causa de las armas de uranio empobrecido como para los muertos bajo las bombas clásicas.

¿Pero qué pensar de la extrañeza hipócrita de los representantes de todas esas formaciones políticas que participaron en la decisión de bombardear Serbia y Kosovo, después de haber apoyado la mayoría de ellos, la guerra del Golfo? Dejaron manos libres a sus estados mayores y, hoy, ante las reacciones de la opinión pública, ponen cara de preocupación por las consecuencias de su decisión e intentan liberarse de sus responsabilidades.

Hemos votado la propuesta de enmienda del Grupo GUE que pide “la prohibición de la fabricación, las pruebas, la utilización y la venta de las armas de uranio empobrecido”, aunque sabemos que no por ello una guerra injusta se convertirá en una “guerra limpia”.

Hemos votado en contra de la resolución común para protestar tanto contra el uso de las armas de uranio empobrecido, contra las propias guerras en las que se han utilizado, como también contra la hipocresía de los partidos que apoyaron esas guerras.

  Carlotti (PSE), por escrito. – (FR) La opinión pública está especialmente preocupada por la relación entre el uranio empobrecido utilizado en las municiones y la salud pública. En efecto, estas armas, en el momento del impacto, desencadenan unas reacciones químicas cuyas consecuencias para los militares, los civiles y el medio ambiente son aún desconocidas. Además, el uranio, incluso empobrecido (un 20 % menos de radioactividad que el uranio natural), sigue siendo un residuo nuclear de empleo peligroso.

Puede existir una relación entre los casos de leucemia detectados en los soldados que sirvieron en los Balcanes y el empleo por la OTAN de este tipo de armas. Aunque no se hayan aportado pruebas definitivas, si los científicos no se ponen de acuerdo, es que hay más que simples sospechas, como demuestran los resultados de distintas investigaciones. La preocupación es, pues, fundada y no debe tratarse a la ligera.

En espera de las pruebas definitivas, debemos aplicar el principio de cautela y una moratoria sobre el empleo de estas armas. Es lo mínimo que podemos decidir hoy, en espera de su prohibición total si los estudios confirman el peligro.

La OTAN debe ser absolutamente transparente en lo concerniente a la utilización de estas armas y, más en general, a la conducción de sus operaciones. Por su parte, la Comisión Europea debe lanzar una investigación científica autónoma. Esta exigencia de verdad y transparencia se la debemos a todos los que sufren o viven actualmente en la angustia.

En un momento en que el Derecho internacional evoluciona hacia el deber de ingerencia legitimado por objetivos humanitarios y de defensa de los derechos humanas, nuestras fuerzas armadas no pueden poner en peligro a las poblaciones civiles que pretenden proteger.

  Ducarme (ELDR), por escrito. – (FR) En la exposición de motivos se recogen las justas preocupaciones que ha suscitado esta importante cuestión que afecta a la salud de los soldados participantes en las zonas conflictivas. Con toda razón, se contempla a las poblaciones afectadas, entre otras cosas en lo relativo a las condiciones indispensables para la reconstrucción social, económica y medioambiental de las regiones afectadas.

En su conjunto, la resolución es, pues, justa y tiene mi beneplácito.

En cambio, el apartado 6, en el que se pide a los Estados miembros de la OTAN que propongan una moratoria es, en el estado actual, excesivo, ya que el principio de cautela queda cubierto por el proyecto que invita a la OTAN a considerar otros tipos de municiones hasta el momento en que se conozcan los resultados de la investigación sobre el uranio empobrecido.

En consecuencia, como no puedo suscribir el apartado 6, he decidido abstenerme sobre el conjunto del texto.

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. - (PT) Hemos votado contra la resolución común presentada, porque no podemos aceptar que todavía se pretenda negar lo evidente: las graves consecuencias para la salud de las poblaciones de las zonas afectadas por la utilización de armamento con uranio empobrecido. Desde el comienzo de la era nuclear, en la época de la segunda guerra mundial, son bien conocidos los riesgos y las precauciones que requiere el manejo del uranio y otras substancias radiactivas, por ser un elemento muy tóxico (química y radiológicamente tóxico) cuando se inhala o ingiere y también genéticamente peligroso.

La utilización de ese tipo de armas por los EE.UU. y otros países de la OTAN durante la guerra del Golfo, en Bosnia y en Kosovo han provocado ya la muerte de muchos militares, el sufrimiento y la muerte de habitantes de las regiones bombardeadas y la contaminación del medio ambiente de las zonas afectadas con consecuencias a medio y largo plazo que van a afectar no sólo a las generaciones presentes, sino también a las futuras, lo que está prohibido por el Convenio de Ginebra, y revela claramente que no hay "guerras limpias".

Así, ante la dimensión del crimen cometido contra las poblaciones civiles internas, es urgente investigar, evaluar y condenar a los altos responsables de esa actuación criminal contra la Humanidad y, desde ahora mismo, prohibir la fabricación, los ensayos, la utilización y la venta de ese tipo de armas con uranio empobrecido y no sólo aprobar una moratoria.

  Honeyball (PSE), por escrito. – (EN) La delegación británica de diputados Laboristas al Parlamento Europeo acoge con satisfacción la medida adoptada por los Estados miembros de la OTAN de investigar las causas de las muertes y enfermedades que sufren los soldados que sirvieron en los Balcanes.

Creemos que la consideración de si se debe o no utilizar uranio empobrecido debería tener una base científica. Tomamos nota de que hasta el momento no existen pruebas que demuestren la relación entre el uranio empobrecido y los problemas de salud que sufren soldados y civiles.

Por este motivo, no creemos que sea adecuado en estos momentos pedir una moratoria sobre la utilización de armas que contienen uranio empobrecido.

  Krivine y Vachetta (GUE/NGL), por escrito. – (FR) ¿Es realmente una sorpresa el descubrimiento del peligro que implican las armas de uranio empobrecido? Todos sabemos que estas armas, utilizadas por la OTAN en las guerras del Golfo (1991), de Bosnia (1994-95) y de Kosovo (1999), han tenido graves consecuencias, en primer lugar para las poblaciones civiles bombardeadas, para su entorno y para los militares, ya pertenezcan a la OTAN, a las fuerzas armadas iraquíes, bosnias, serbias o kosovares. Las autoridades militares y políticas se han limitado durante mucho tiempo a denigrar a quienes se preocupaban por ello. Y ha sido necesario que soldados norteamericanos y después franceses se movilizaran para que, al fin, estallase el escándalo, tras la sospechosa muerte de un italiano. La guerra, “limpia” no existe.

La confesión implícita de las antiguas fuerzas beligerantes debe permitir esclarecer las responsabilidades de los gobiernos y los jefes militares, en primer lugar las del antiguo Secretario General de la OTAN, Javier Solana. Debemos exigir la prohibición de la fabricación, las pruebas, el uso y la venta de las armas con uranio empobrecido. Nos pronunciamos a favor de la firma de un tratado internacional. Y en el futuro inmediato, exigimos un programa de vigilancia médica de los soldados que hayan participado en operaciones en los Balcanes, de los miembros de las organizaciones humanitarias que hayan trabajado sobre el terreno y de las poblaciones de las regiones afectadas.

  MacCormick (Verts/ALE), por escrito. – (EN) He votado a favor de la moratoria sobre armas que contienen uranio empobrecido. En el mejor de los casos, hubiera preferido la prohibición total, habida cuenta de la altísima probabilidad de que dichas armas ocasionen daños sobre la salud de forma indiscriminada.

Lamento además la utilización de dichas armas por sus consecuencias inadmisibles sobre las personas y sobre el medio ambiente en términos más amplios. Deseo, en particular, hacer constar mi profunda preocupación por los daños medioambientales que con casi total seguridad están ocasionando las pruebas de tiro en el campo de tiro de Dundrennan en el estuario de Solway. Esas aguas ya han soportado niveles inadmisibles de contaminación radiactiva procedente de la central de Sellafield.

  Papayannakis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Señor Presidente, después de los lamentables hechos relacionados con los bombardeos de Yugoslavia, y después de las revelaciones sobre el uso de munición con uranio empobrecido, el asunto más urgente en estos momentos es la prohibición de este tipo de munición que acarrea consecuencias peligrosas incluso después del momento de su utilización; durante mucho tiempo, además, e indiscriminadamente, es decir, sin ninguna posible distinción entre cuantos corren el peligro de verse afectados por sus efectos. Asunto igualmente importante y urgente es la configuración de una política a gran escala de ayuda, prevención y rehabilitación en todas las zonas de Yugoslavia afectadas por el uso de esa munición, que tenga por objeto la protección de la salud pública y del medio ambiente, la limpieza de suelos y aguas; que garantice el normal desarrollo económico del país y, más en general, de su área. El primer asunto no queda satisfactoriamente resuelto con la propuesta de resolución común que debatimos; no deja, sin embargo, de ser positivo el hecho de pedir una moratoria en el uso de esta munición. En cuanto al segundo, se hacen ciertas referencias generales y vagas a los programas de ayuda ya existentes, los cuales son, en cualquier caso, de alcance limitado; y no se entrevé ninguna disposición a emprender una nueva actuación efectiva y a la altura de las circunstancias y de las necesidades reales.

Por otra parte, el proyecto de resolución se extiende en formulaciones esquemáticas sobre aspectos muy serios del estudio y de la necesaria investigación sobre el uranio empobrecido, sin hacer referencia alguna a los continuos intentos de silenciar y ocultar hechos, y también investigaciones independientes conocidas por todos, e incluso documentos oficiales de países de la OTAN sobre la peligrosidad del uranio empobrecido y las medidas preventivas que dichos países imponen a sus tropas.

Por todas estas razones no puedo votar a favor de la propuesta de resolución. Expresaré mi posición mediante el voto en blanco, ya que la petición de moratoria en el uso del uranio empobrecido podría ser un paso en la dirección correcta, sin que ello signifique que así vayan a terminar las guerras, los bombardeos ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, y otras intervenciones similares e igualmente desafortunadas. En cualquier caso, la prohibición definitiva de estas armas debe ser objeto de esfuerzos permanentes y objetivo de un movimiento masivo en toda Europa y en todo el mundo.

Quisiera, finalmente, dejar constancia de mi asombro ante la mutación política operada durante el debate: del mismo modo que hace tiempo algunos nos acusaban de que nuestras críticas hacia la política de Milosevic hacían el juego a la OTAN y sus bombardeos, del mismo modo, ahora el Sr. Solana nos acusa de que nuestra crítica a propósito del uranio empobrecido… olvida los derechos humanos de las víctimas de Milosevic. En ambos casos la falta de argumentos sobre el asunto concreto conduce a olvidar los principios del racionalismo y a coquetear con el absurdo, antesala de toda suerte de totalitarismos o estalinismos…

- Resolución sobre Corea

  Thomas-Mauro (UEN). – (FR) Señor Presidente, nuestro Grupo ha votado a favor de la resolución sobre la Corea comunista. No hay que decir que lamentamos vivamente las acciones cometidas en Corea del Norte desde 1950 por la dictadura comunista. El desprecio con el que se ha tratado a la persona humana no es sino el fruto del materialismo desenfrenado en que se fundamenta el comunismo en particular y la ideología revolucionaria, en general. Nuestro Grupo hace votos por que en Corea se restablezca pronto una libertad auténtica, condición indispensable para la paz.

A este respecto, nos alegramos de que las dos Coreas mantengan desde hace algún tiempo mejores relaciones. Este esfuerzo de paz representa una inmensa esperanza para miles de familias separadas desde hace medio siglo. En la medida de lo posible, debemos alentar este cambio.

Ahora bien, no podemos dejar de deplorar la voluntad, expresada en la resolución, de confiar a la Unión Europea la tarea de dirigir, en el lugar de los Estados miembros, las relaciones con la Corea comunista. Hay que recordarlo, la diplomacia figura entre los derechos de regalía de todo Estado soberano. Cada Estado es libre de mantener relaciones diplomáticas con otro Estado. Cada nación debe conservar la libertad de llevar la política exterior que desee, la política más adecuada a sus intereses políticos y económicos. Pero dudo mucho de que nuestras instituciones comunitarias, tan infladas de grandes principios mal asimilados, tengan la madurez necesaria para este realismo.

  El Presidente. - El turno de votaciones queda cerrado.

(La sesión, suspendida a las 13.35 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. MARINHO
Vicepresidente

(1) Presentada por el Sr. Lannoye y otros en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, Sres. Brok y Trakatellis en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos y Demócratas Europeos), Sra. Napoletano y otros en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, Sr. Haarder en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales. Demócratas y Reformistas, Sres. Queiró y Muscardini en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, que sustituye las propuestas de resolución B5-0047/2001 , B5-0049/2001 , B5-0050/2001 , B5-051/2001 y B5-0054/2001