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Acta literal de los debates
Jueves 20 de septiembre de 2001 - Bruselas Edición DO

9. VOTACIONES (continuación)
  

Informe (A5-0292/2001) de Riitta Myller en nombre de la Delegación del parlamento en el Comité de Conciliación sobre el texto conjunto de la directiva del parlamento Europeo y el Consejo relativa a los límites máximos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos.

(C5-0324/2001 - 1999/0067 (COD))

(El Parlamento aprueba el texto conjunto)

Informe (A5-0274/2001) de Luís Marinho en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos , Justicia y Asuntos Interiores sobre la Iniciativa de los Gobiernos de la República Francesa, del Reino de Suecia y del Reino de Bélgica encaminada a que el Consejo adopte una decisión marco relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes o de pruebas

(5126/2001 - C5-0055/2001 - 2001/0803 (CNS))

(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A5-0291/2001) de Graham Watson en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos , Justicia y Asuntos Interiores sobre la propuesta de directiva del Consejo sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado

(COM (2000) 578 - C5-0705/2000 - 2000/0238 (CNS))

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Informe (A5-0248/2001) de Sérgio Marques en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo sobre el Informe anual del Fondo de Cohesión 1999 de la Comisión

(COM (2000) 822 - C5-0109/2001 - 2001/2058 (COS)

(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A5-0247/2001) de Camilo Nogueira Román en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo sobre el Undécimo Informe Anual de los Fondos Estructurales (1999) – Volumen I – Anexo Volumen II

(COM (2000) 698 - C5-0108/2001 - 2001/2057 (COS))

(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A5-0285/2001) de María Elena Valenciano Martínez-Orozco en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres y Igualdad de Oportunidades sobre las mutilaciones genitales femeninas

(2001/2035(INI))

(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A5-0275/2001) de Miet Smet en nombre de la Comisión de derechos de las Mujeres y Igualdad de Oportunidades sobre igual salario a igual trabajo

(2000/2312(INI))

(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A5-0283/2001) de Jan Andersson en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre el acoso moral en el lugar de trabajo

(2001/2339(INI))

(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A5-0233/2001) de Carlos Coelho en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores son sobre el cruce de fronteras exteriores y el desarrollo de la cooperación de Schengen ((10846/1999 - C5-0042/2000) + (11329/3/1999 - C5-0043/2000) + (SCHAC 2533/1/2000 - C5-0729/2000) + (SEC(2000) 1439 - C5-0730/2000 - 2000/2015(COS)))

(El Parlamento aprueba la resolución)

 
  
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  El Presidente. – El turno de votaciones queda cerrado.

EXPLICACIONES DE VOTO

 
  
  

Informe Oomen-Ruijten (A5-0293/2001)

 
  
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  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, ¿conoce usted la diferencia que existe entre el anhídrido sulfuroso y el anhídrido sulfúrico? Seguramente sí. Usted sabe que el anhídrido sulfuroso se escribe SO2, mientras que el anhídrido sulfúrico en química se escribe con la fórmula SO4. Seguramente usted lo sabe. Yo no lo sabía y, gracias a esta directiva, he tenido que repasar mis conocimientos de química, algo que encuentro, sin duda, positivo para mí porque, de no haber sido diputado europeo, no habría podido volver a estudiar las fórmulas químicas, tan importantes en esta directiva que ha establecido que se limitarán las emisiones de SO2, es decir, de anhídrido sulfuroso. Naturalmente, he votado a favor en aras del bienestar de todos los pensionistas.

 
  
  

Informe Riitta Myller (A5-0292/2001)

 
  
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  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, también esta directiva se refiere a la emisión al aire que respiramos de sustancias químicas dañinas. Quisiera reiterar que, como muchos otros diputados, he votado a favor no sólo porque esto nos permitirá disfrutar en los siglos venideros de un aire menos contaminado y menos dañino para nuestra salud, sino también porque creo que todo el mundo sabe que en Europa se respira un aire más saludable, un aire más puro, un aire menos contaminado, tendremos un mayor número de turistas en Europa que, además de venir a visitar las maravillas de la historia y de la naturaleza que tenemos en toda Europa - por ejemplo, en Escocia, donde vive usted, o en Génova o en Liguria, donde vivo yo – serán mucho más si el aire es más puro.

 
  
  

Informes Oomen-Ruijten y Myller (A5-0293 y 0292/2001)

 
  
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  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL) , por escrito. – (FR) Hemos votado tanto el informe Oomen-Ruijten como el informe Myller ya que los dos proponen fijar unos topes de emisión para algunos contaminantes atmosféricos. Por limitados que sean los proyectos, representan una pequeña mejora con respecto a la situación actual.

Es necesario constatar sin embargo que, por respeto a los intereses capitalistas y a egoísmos nacionales, que es otra manera de expresarlo, los textos propuestos aplazan la aplicación a 2010. Cuando se pretende velar por los intereses privados, incluso proponiendo medidas de interés público, es siempre este último el que se resiente.

 
  
  

Informe Marinho (A5-0274/2001)

 
  
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  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, he votado a favor de esta regulación de la aceptación por cada uno de los Estados miembros de la Unión de la legislación de los demás Estados a través del reconocimiento mutuo de sentencias y decisiones empezando, en virtud de esta directiva, con el embargo de bienes en dinero o con el embargo de pruebas. Señor Presidente, no soy favorable a esta Europa. Yo quisiera un código penal europeo, un código civil europeo, un código de procedimiento civil europeo y un código de procedimiento penal europeo. Creo que el futuro de Europa será tener normas jurídicas iguales en todos los Estados.

 
  
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  Berthu, por escrito. - (FR) Hemos votado a favor del informe Marinho que apoya la iniciativa de Francia, Suecia y Bélgica, con vistas a que el Consejo apruebe una decisión-marco que facilitaría enormemente la cooperación judicial en Europa: se trataría efectivamente de aceptar un reconocimiento mutuo automático de las decisiones judiciales que imponen el embargo de algunos bienes o algunas pruebas, en el marco de investigaciones sobre infracciones definidas. Este método proporciona un medio interesante para intensificar la cooperación respetando los sistemas penales de los diferentes Estados miembros.

Estaríamos incluso por un avance algo más nítido. Según el texto propuesto, el nuevo procedimiento de reconocimiento mutuo se aplicaría a decisiones de embargo en el marco de infracciones muy precisas y enumeradas de forma limitativa: tráfico de estupefacientes, fraude contra los intereses financieros de la Comunidad, blanqueo de productos del crimen, falsificación del euro, corrupción, tráfico de seres humanos. Pero otras infracciones importantes no aparecen en esta lista. Ahora bien, su represión es urgente, como el terrorismo que acabamos de denunciar una vez más en los días pasados. Por ello, los diputados del Movimiento por Francia se han adherido a la enmienda 5 que prevé una definición más general de las infracciones contempladas: todas aquéllas que pueden conducir a una pena privativa de libertad de una duración máxima de al menos seis meses.

Si fuera necesario ir más allá del embargo de bienes o de pruebas, convendría estudiar con más detenimiento un sistema de derecho de salvaguarda utilizable de forma eficaz, pero también rápida, por el Estado miembro destinatario de la solicitud.

 
  
  

Informe Watson (A5-0291/2001)

 
  
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  Schulz (PSE). – (DE) Señor Presidente, en nombre de mis 34 colegas del Partido Socialdemócrata de Alemania quisiera hacer la siguiente explicación de voto sobre el informe Watson, antiguo informe Schmitt: actualmente tenemos en la República Federal la situación de que la cuestión la legislación relativa a la emigración, la legislación relativa al asilo y las cuestiones sobre el derecho de residencia en la República Federal de Alemania son objeto de un debate global. El Gobierno federal, el Bundestag alemán, los estados federados, las comisiones de los partidos, las comisiones suprapartidarias se han confrontado de manera muy intensiva con las cuestiones que, en parte, conciernen también al informe Watson, y nos encontramos ahora en Alemania en una fase de negociaciones legislativas en el Parlamento y entre el Parlamento, el Gobierno y la Cámara de las Regiones. Justamente en esta situación nos vemos confrontados aquí, en el Parlamento, como delegación del SPD, con propuestas de la Comisión, con las opiniones del ponente Sr. Schmitt - ahora Watson -, con propuestas de los diferentes Grupos, las cuales son, en parte, contrarias y, en parte, concordantes con las cosas que estamos discutiendo como socialdemócratas alemanes en el debate político interno.

Por esta razón, en algunos puntos, apartándonos de nuestro propio Grupo, nos hemos abstenido o hemos rechazado las propuestas, de manera que nuestra cercanía al Grupo PPE-DE sólo ocurre en el Acta y será solamente de índole tipográfica, ya que en el aspecto sustantivo somos, por lo general, de otra opinión. Sin embargo, en la votación final, por lealtad a nuestra familia socialdemócrata nos hemos puesto con nuestro Grupo a favor del informe Watson, aunque en algunos puntos teníamos graves reparos precisamente también por la legislación constitucional que teníamos también que hacer valer. Quisiera explicar esto aquí ya que en el momento en que debíamos votar aquí, en el Parlamento, no habíamos concluido aún en nuestra política interna nuestra formación de opinión, de suerte que esto o aquello que aprobemos aquí, tampoco será decisivo para lo que se discute actualmente en nuestro país.

 
  
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  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Me va a perdonar, señor Presidente, pero, sin ánimo de faltar al respeto al Sr. Watson que tengo en gran estima, me ha venido a la mente Sherlock Holmes y su fiel ayudante Watson. "¡Elemental, querido Watson, elemental!" se me ha ocurrido decir en este momento para decir que es obvio que hay que intervenir para detener la inmigración salvaje y la inmigración ilegal. Lamentablemente, sin embargo, he tenido que votar en contra de esta propuesta. ¿Por qué, señor Presidente? Porque no se han aprobado las excelentes enmiendas de mi amigo, el Sr. Borghezio, que está aquí a mi lado, cuya finalidad era limitar la inmigración para que no pasara lo que a mí me ocurrió en Bruselas donde, en cuanto salí del Parlamento, unos individuos que parecían inmigrados me robaron rápidamente la agenda de diputado europeo que todavía estoy buscando y que no he encontrado hasta la fecha.

 
  
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  Borghezio (TDI). – (IT) Señor Presidente, la institución del asilo político forma parte de la más destacada tradición jurídica de nuestros pueblos, pero el informe Watson, a nuestro modo de ver, comete un gran error, o sea, extender su alcance, ampliarlo a una serie de casos que sobrepasan la naturaleza histórica de esta importante y destacada institución de Derecho público. Mis enmiendas tenían como única finalidad – y le agradezco al Sr. Fatuzzo que lo haya recordado y recalcado – impedir un uso impropio de la institución del asilo, de la institución del refugiado político que puede conducir a favorecer la inmigración ilegal que, como subrayaba otro diputado en el debate de estos días, constituye el caldo de cultivo del terrorismo. En consecuencia, me aprece grave que algunos Grupos políticos que parecen estar orientados a contrarrestar la inmigración ilegal, hayan querido casar mis enmiendas con su voto.

 
  
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  Berthu (NI), por escrito. - (FR) Tal como podía temerse, el Parlamento Europeo acaba de aprobar la propuesta de directiva presentada por la Comisión sobre la concesión del estatuto de refugiado, de la que denuncié su carácter laxo en el debate previo. Pero además el Parlamento ha encontrado el modo para añadir enmiendas que agravan aún más los defectos de esta directiva y que refuerzan nuestra oposición.

En especial, la propuesta inicial preveía que el recurso contra una decisión de rechazo de la demanda de asilo tiene en principio un efecto suspensivo (el solicitante puede permanecer en el territorio del país concernido esperando la decisión final), pero que los Estados pueden disponer de supuestos de excepción en algunos casos, principalmente cuando la demanda se rechaza como manifiestamente infundada. Ahora bien, el Parlamento Europeo, con la enmienda 85, ha suprimido esta posibilidad de excepción. Sucede que, incluso en el caso de una solicitud manifiestamente infundada, el solicitante podría permanecer en nuestro territorio esperando la decisión final sobre su recurso. Esta intención se ve confirmada por la adopción de la enmienda 5 que pretende crear un "derecho a permanecer en el territorio del país de asilo hasta la adopción de una decisión final". Además, la adopción de la enmienda 96 impide a los Estados miembros sortear este desastre, ya que les impide suprimir la posibilidad de recurso en caso de que la solicitud de asilo haya sido rechazada como manifiestamente infundada.

Todas estas enmiendas son muy graves, ya que contemplan la posibilidad de implantar durante meses a solicitantes de asilo claramente abusivos en espera de una respuesta definitiva que será forzosamente negativa. Pero entre tanto, evidentemente habrán desaparecido en la clandestinidad.

Los que han votado estos textos saben perfectamente lo que hacen. Desean favorecer una inmigración masiva, como prueba el rechazo de la enmienda 126 que decía que una solicitud de asilo es manifiestamente infundada si no se formula más que "por razones económicas o con el único objetivo de escapar de una situación general de pobreza o de un conflicto armado". El mazazo que se ha dado así a nuestros países puede contribuir a desestabilizarlos aún más.

 
  
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  Blak, Lund y Thorning-Schmidt (PSE), por escrito. – (DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado hoy a favor del informe Watson. Estamos de acuerdo en que la UE debe fijar normas de mínimos para los procedimientos en los Estados miembros de concesión y retirada del estatuto de refugiado. No obstante, tenemos en cuenta que la Directiva está recogida dentro del título IV del Tratado de la UE y no se aplica a Dinamarca, véase el Protocolo sobre la posición de Dinamarca.

 
  
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  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL) , por escrito. – (FR) Hemos votado a favor de todas las enmiendas que contemplan una ampliación de la protección y de los derechos de los refugiados y también a favor del informe así modificado.

Insistiendo en las “prerrogativas de control de la inmigración y de la entrada en el territorio” de los Estados, nos alzamos sin embargo en contra del paso que les da en la práctica derecho a imponer medidas restrictivas.

 
  
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  McKenna (Verts/ALE), por escrito. – (EN) Las nuevas propuestas para armonizar en toda Europa los procedimientos de asilo son bien recibidas por el Grupo de Los Verdes/ALE, ya que constituye un importante paso hacia delante y muy necesario. Estas propuestas contemplan normas básicas en tres ámbitos fundamentales: la autoridad responsable de determinar la idoneidad de la recepción de demandas de asilo, la institución independiente a la cual los demandantes de asilo pueden recurrir para la reconsideración de su demanda y le procedimiento de apelación. En especial saludamos los plazos establecidos para la gestión de las demandas, que garantizarán que el actual trabajo atrasado existente en muchos Estados miembros se solvente y se instale un procedimiento más justo.

No obstante, hay que recordar que el intento de establecer normas comunes en relación con el país seguro, y el concepto del país de origen seguro, es por lo general, restrictivo y puede ser usado y abusado por los Estados miembros. Me consta que en Irlanda, mi propio país, el gobierno ha firmado acuerdos bilaterales con Rumanía y Nigeria y planea firmar más en el futuro. El objetivo de estos acuerdos es acelerar el procedimiento de deportación y no cumplir con lo que debería hacerse. Estimamos que la evaluación a fondo de cada demanda de asilo y su decisión debe estar basada en cada caso individual. Es fundamental que estos conceptos no se inserten en la directiva puesto que despejarían el camino a abusos de todo tipo, y creo que lo mismo es aplicable a la aceleración de los procedimientos de asilo, lo que también podría disminuir la calidad del procedimiento.

 
  
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  Malmström, Paulsen y Olle Schmidt (ELDR), por escrito. – (SV) Nos preocupa que se esté introduciendo en el ámbito comunitario el concepto de países de origen y terceros países seguros. Potencialmente, en todos los países se pueden violar los derechos humanos y por eso no cabe considerar como seguro a ningún país de manera automática. Todo solicitante de asilo debe tener derecho a que se estudie su caso, independientemente del país de donde provenga.

Este informe da a los países miembros la posibilidad de elegir si quieren o no usar las listas de países seguros. Sin embargo, hay motivos para preocuparse por la evolución del principio de los países seguros en el ámbito comunitario. Es particularmente importante que nos atengamos firmemente al principio de que cada refugiado tiene derecho a un estudio de su caso particular, tal como está contemplado en la Convención de Ginebra.

 
  
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  Souchet (NI), por escrito. - (FR) Después de los atentados de Nueva York y Washington, todas las políticas que tratan de la circulación de personas ya no pueden comprenderse más que concediendo a las consideraciones de seguridad de los ciudadanos una prioridad absoluta. La puesta en práctica de la política de asilo no escapa a este imperativo.

Ahora bien, en este sentido, hoy más aún que ayer, las recomendaciones del informe Watson aparecen como ejemplo de lo que no se debe hacer, porque conseguirían debilitar grave y peligrosamente el nivel de seguridad del que deben disfrutar los ciudadanos de nuestros países.

Multiplicar de forma indefinida las garantías de todo tipo hasta el absurdo, como propone el informe Watson, y las enmiendas que se han adoptado en este Parlamento, en beneficio de los solicitantes de asilo cuya solicitud se ha considerado manifiestamente infundada cuando sabemos que las tres cuartas partes de las solicitudes se encuentran en ese caso, abre la vía, con el pretexto de una actitud de generosidad, a los peores hábitos. El "beneficio de la duda" es una noción difícilmente compatible con la exigencia de seguridad. En un momento en el que lo que se impone es el mayor rigor, este Parlamento se compromete en una lasitud con la cual la inmigración clandestina no puede más que reforzarse y la penetración de las redes terroristas desarrollarse.

¿Por qué entonces todas las propuestas del informe Watson afectan en exclusiva a los solicitantes de asilo y ninguna a la seguridad de los ciudadanos de los países europeos? Una asimetría que se encuentra por cierto también en el proyecto de directiva que en el informe Watson no es aceptable. Debe ser corregida imperativamente para que se puedan respetar al mismo tiempo el derecho legítimo de los verdaderos solicitantes de asilo y la aspiración legítima de los ciudadanos de nuestros países a la seguridad y a la protección.

 
  
  

Informe Marques (A5-0248/2001)

 
  
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  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, hace algunos días estaba cenando en una bonita ciudad italiana con una guapa chica rubia, búlgara, por más señas, y para mi asombro de pronto me preguntó: "Pero ¿por qué siguen ustedes dando dinero a través del Fondo de cohesión a Grecia, a España, a Portugal y a Irlanda? Nosotros, los países candidatos, mucho nos tememos que no se hará lo mismo con nosotros que tenemos un producto interior bruto muy pero muy inferior al de estos Estados. Señor Fatuzzo, ¿no podría decir que se empiece a crear desde ahora un fondo de cohesión con los países candidatos que están muy preocupados porque se encontrarán cada más alejados de ustedes?"

Señor Presidente, ¿acaso podía haber rechazado la solicitud de esta bonita chica rubia búlgara? ¿Qué habría hecho usted en mi lugar? Yo he considerado oportuno erigirme en portavoz de su solicitud.

 
  
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  Bonde, Krarup y Sandbæk (EDD), por escrito. – (DA) Hemos votado en contra del informe porque pensamos que no es suficientemente duro en su crítica del Fondo de Cohesión. La introducción de la moneda común en los países receptores Irlanda, Portugal, Grecia y España debería como mínimo dejar en suspenso las actividades del Fondo hasta que los primeros países de la Europa del Este y del Sur se hayan incorporado a la UE. Los recursos han de ser canalizados hacia donde haya más necesidad de ellos – es decir, en los países solicitantes.

Echamos también en falta un análisis más profundo y crítico del cumplimiento de los objetivos del Fondo de Cohesión. Se hace hincapié de manera demasiado parcial en que se han cumplido los códigos de distribución entre los países entre sí y entre los dos ámbitos políticos prioritarios y se hace muy poco hincapié en si realmente se ha hecho buen uso del dinero. No basta sólo con constatar un positivo desarrollo socioeconómico en los países receptores y por esta vía concluir que se ha hecho buen uso de los recursos del Fondo.

 
  
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  Coelho (PPE-DE), por escrito. - (PT) Hay que felicitar al Sr. Sergio Marques por el excelente informe que nos presenta. Es un trabajo notable que subraya algunos aspectos esenciales. Quisiera hacer hincapié en los siguientes:

1. La cohesión es un objetivo de los Tratados que urge materializar

Consagrado en el artículo 2 del Tratado CE como uno de los objetivos esenciales de la Unión, la cohesión económica y social obliga a la reducción de las disparidades existentes entre las diversas regiones y a la prevención de posibles desequilibrios con vistas al fomento del desarrollo armónico de la Comunidad. La realidad demuestra que hay aún mucho que hacer para alcanzar ese objetivo.

2. El Fondo de Cohesión colma una laguna esencial

La cohesión es también fundamental para el progreso de la Unión Económica y Monetaria, lo que entraña una convergencia de las economías de los Estados miembros. Pero, como subraya acertadamente el ponente, el Tratado de Maastricht no previó mecanismo alguno de apoyo y ajuste coyuntural en el marco de la UEM, lo que refuerza la importancia de los Fondos estructurales y en particular del Fondo de Cohesión.

3. El objetivo de la cohesión no acaba con la ampliación

El ponente alerta de que las disparidades entre los actuales Estados miembros pueden llegar a aumentar a consecuencia de las repercusiones y la dinámica de la ampliación. Conviene prevenir y evitar que así sea y responder a las tentaciones de los que, valiéndose de la estadística, se preparan para eliminar el esfuerzo de cohesión dentro de los actuales Quince. El objetivo de la cohesión no sólo no termina con la ampliación, sino que se podría y debería acentuar después. Así, la ampliación será una amenaza enorme para la solidaridad en la Unión, que requiere una preparación cuidadosa y eficiente que tenga en cuenta el conjunto de la Unión y sus especificidades.

 
  
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  Korakas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La tan cacareada cohesión económica y social constituye un intento premeditado de desorientar a los pueblos de Europa y de subordinarlos a la política de servidumbre para con el gran capital.

No se trata ya sólo de nuestra valoración de que en el marco del capitalismo funciona la implacable ley del desarrollo desigual; son la propia realidad y los propios datos de la Comisión en sus informes los que confirman que no podemos hablar de convergencia, sino de divergencia entre los estados miembros de la comunidad, entre las regiones ricas y las regiones pobres, e incluso entre regiones de un mismo estado miembro.

Un ejemplo típico es el de Grecia, donde el PIB de regiones como el Epiro, Lesbos, o el Peloponeso en lugar de aumentar ha disminuido. La renta per cápita en Hamburgo es 4,4 veces superior a la del Epiro, que es la región más pobre de la Unión Europea. En Grecia y Portugal el 22% de la población tiene una renta por debajo del umbral de pobreza.

Las decisiones de la Unión Europea agudizan todavía más las contradicciones sociales y económicas, y se ponen al servicio de las opciones monopolísticas. La propia UEM y el pacto de estabilidad privan a los estados miembros de la posibilidad de ejercer una política monetaria, e imponen la disciplina presupuestaria, con la consiguiente reducción del gasto social y de la inversión pública. Especialmente negativas para las capas populares y para la economía del país son las privatizaciones y, en general, las transformaciones estructurales que se promueven con la liberalización de los mercados y con las reaccionarias decisiones que se adoptan sobre el mercado de trabajo.

La preponderancia de las formas de trabajo atípico, eventual y temporal, el empleo a tiempo parcial, y las transformaciones en los sistemas de seguridad social, en combinación con el proceso de concentración del capital, empeoran la ya insoportable situación actual.

Los cambios estructurales financiados por las partidas comunitarias no se proponen el verdadero desarrollo de cada una de las regiones. No toman en consideración sus peculiaridades y sus ventajas comparativas, sino que son dictados por la exigencia del gran capital de una mayor rentabilidad y al servicio de los objetivos del pacto de estabilidad. Resultado de esta política es que se destinen partidas importantes a intervenciones de imagen, al desmantelamiento de sectores productivos tradicionales, y a la realización de obras de infraestructuras que sirven al capital privado, facilitan la liberalización de los mercados y la actuación sin escrúpulos de los monopolios.

Los trabajadores luchan contra estas opciones y pretensiones políticas de la Unión Europea y contra sus negativas consecuencias, que pagan y seguirán pagando las capas populares más desfavorecidas, los trabajadores y los pensionistas, los agricultores pequeños y medianos y las pequeñas empresas, principalmente en el comercio y en el sector manufacturero.

 
  
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  Krivine y Vachetta (GUE/NGL), por escrito. - (FR) Damos nuestro apoyo a los principios que han presidido la puesta en funcionamiento del Fondo de Cohesión. Al igual que el ponente, pensamos que el tratado de Maastricht "no ha previsto ningún mecanismo de ayuda y ajuste coyuntural en el marco de la Unión económica y monetaria" y que el Pacto de estabilidad y crecimiento "ha llevado en la práctica a limitar las inversiones públicas". Compartimos la idea de que esos fondos tienen utilidad para ordenar el territorio respetando el medio ambiente.

Pero pensamos también que la lógica de esos fondos es contradictoria con la lógica neoliberal de la construcción de Europa. Y está muy bien "comunicar las regiones insulares, enclavadas y periféricas con las regiones centrales", pero sería aún mejor no incrementar este fraccionamiento del espacio mediante la privatización sistemática de los servicios públicos. Desde este punto de vista, el informe no llega muy lejos en su crítica y propone que se puedan hacer compatibles los criterios financieros del euro y del Pacto de estabilidad con las exigencias de un verdadero desarrollo regional. Por ello nos hemos abstenido, para no alimentar una ilusión como ésa.

 
  
  

Informe Nogueira Román /A5-0247/2001)

 
  
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  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, también este texto se refiere a las modalidades de gasto de los fondos de que la Unión Europea dispone para mejorar la situación en la que viven los ciudadanos europeos menos afortunados. Respecto a este punto, como representante del Partido de los Pensionistas, quisiera hacer saber a todo el Parlamento que, como usted ve, me está escuchando con mucha atención – me refiero evidentemente a los televisores encendidos en nuestras oficinas – que el Partido de los Pensionistas pide un aumento y un notable incremento de los fondos que la Unión Europea debe tener a su disposición para llevar a cabo sus actividades y su política. Lo que recibimos es muy poco. Es, en mi opinión, una limosna para Europa. Europa, por el contrario, debe disponer de mucho, mucho más para todos los ciudadanos europeos que necesitan ver a esta Europa importante y cercana.

 
  
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  Korakas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El carácter asimétrico del desarrollo capitalista propio de las economías de la Unión Europea queda confirmado por la evolución de la última década, durante la cual se acentuó el desequilibrio entre los países, y entre las zonas más ricas y las menos desarrolladas, incluso en el interior mismo de algunos países miembros de la UE. Lo que tenemos, en lugar de convergencia y cohesión, es una divergencia cada vez más profunda, que incrementa la polarización riqueza-pobreza.

El propio informe reconoce que la UE la Unión Europea «sigue presentando grandes asimetrías regionales en materia de desarrollo económico y social y disparidades entre la periferia (incluidas las regiones ultraperiféricas) y el centro» y que se han «incluso acentuado las asimetrías regionales en algunos Estados miembros». El triángulo dominante (North Yorkshire, el Franco-Condado y Hamburgo) concentra la mitad (47%) de las rentas, mientras que apenas cubre 1/7 de la superficie y 1/3 de la población de la UE, mientras que, por otra parte, el 18% de la población de la Unión tiene una renta inferior al umbral de pobreza.

A eso conducen las estrategias en torno a la «movilidad laboral» que refuerzan la concentración demográfica y la concentración de riqueza en las regiones ricas centrales de la Unión, las formas flexibles de empleo, la privatización sin límites y la subordinación de todas las políticas —nacionales y comunitarias— a la ley del beneficio. En lugar de creación de puestos de trabajo, asistimos a despidos masivos, con el consiguiente aumento espectacular del paro.

El propio informe recoge que el índice de paro en las diez regiones más pobres alcanza el 23%. En los principales países receptores de los Fondos Estructurales, Italia, España y Grecia, la comparación entre el paro oficialmente declarado en el año 1988 y el correspondiente al año 1998 revela un aumento claro, sobre todo en Grecia, donde se pasó del 6,7% en 1988, al 11,7% en 1998; es decir, se incrementó en un 75% aproximadamente.

Estas intervenciones estructurales no han tenido como objetivo el verdadero desarrollo de las regiones, ni han tomado en consideración las peculiaridades de cada una de ellas, sino que se han postrado ante el altar del máximo beneficio para el gran capital. Por un lado, los recursos de las intervenciones estructurales son insuficientes y limitados, y por otro, el 30-40% de la financiación total que fluye a los países miembros más pobres revierte a los países más ricos a través de la compra de know-how o de bienes de capital.

El precio de estas líneas de financiación ha sido el desmantelamiento de sectores productivos tradicionales, los cambios de cultivos, la destrucción de productos agrícolas y el despoblamiento de determinadas zonas.

Las consecuencias las pagan las capas populares más pobres; los beneficios, sin embargo, son para los grandes depredadores monopolistas y para los diversos roedores que viven en su entorno; puesto que los recursos comunitarios son las monedas de plata por la adhesión a la UE, constituyen en cierto modo una forma de indemnización del gran capital por la desaparición de una gran parte del entramado proteccionista a su servicio en el marco del mercado nacional.

 
  
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  Krivine y Vachetta (GUE/NGL), por escrito. - (FR) El informe constata que los Fondos Estructurales, destinados principalmente a promover el desarrollo regional y la igualdad entre hombres y mujeres, están aún lejos de la verdad. Su insistencia en exigir "la puesta en marcha de una política global a favor de las mujeres" es loable y señala un importante retraso. Consideramos también que "es real el riesgo de ver que los programas de estabilidad económica y presupuestaria tienden a concretarse mediante una reducción de las inversiones públicas, y principalmente de las efectuadas en el sector de las infraestructuras de transporte y del I+D en las regiones menos desarrolladas".

Pero el informe no llega hasta el final de su análisis y no se desmarca suficientemente de los efectos de un collar como ése. Sobre el empleo, por ejemplo, invita a los Estados a "suscribir el proceso de la política de empleo comprometido en Amsterdam" y adopta los "Planes de acción nacionales en favor del empleo" como referencia. Ahora bien, estos últimos sólo hacen que traducir en términos operativos el dogma de la necesaria flexibilidad de los mercados de trabajo y se oponen en la práctica a la lucha contra la precariedad que invoca por cierto el ponente. Como no deseamos avalar una posición así, nos hemos abstenido.

 
  
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  Marques (PPE-DE), por escrito. - (PT) Con el 11º Informe Anual sobre los Fondos estructurales (1999) concluye el período de programación 1994-1999 y, en consecuencia, la vigencia del Plan Delors II, que contribuyó de forma determinante al desarrollo regional tanto desde el punto de vista de las infraestructuras y la producción como desde el de la integración social.

Ahora bien, concluido el período 1994-1999, el 11º Informe atestigua que la situación de la cohesión sigue siendo insatisfactoria. A pesar del esfuerzo presupuestario realizado con el plan de Edimburgo y de los avances logrados, la Unión Europea sigue presentando grandes asimetrías regionales en materia de desarrollo económico y social, pues siguen existiendo en ella asimetrías entre las regiones periféricas (incluidas las regiones ultraperiféricas) y el centro. De modo que la aplicación de los Fondos estructurales no ha sido suficiente para corregir las disparidades en la renta entre los territorios más ricos y los menos desarrollados.

En ese marco, quisiera expresar mi apoyo al texto del Sr. Nogueira Román, subrayando como conclusión que el alejamiento y la insularidad, factores que caracterizan a las regiones ultraperiféricas, pueden ser compensados con el desarrollo de actividades financiadas con cargo a los Fondos estructurales y destinadas a aumentar la competitividad de la cadena de producción, a facilitar el acceso a la información y la integración de esas regiones en el marco de una Unión Europea ampliada. Por eso, ésta deberá reforzar la política actual de cohesión, aún más necesaria para afrontar los imperativos de la ampliación.

 
  
  

Informe Valenciano Martínez-Orozco (A5-0285/2001)

 
  
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  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, el informe de la Sra. Valenciano Martínez-Orozco es, y seguramente usted coincidirá conmigo, extraordinariamente importante. Es preciso actuar para que las mujeres – no sólo las mujeres, pero en este caso las mujeres – disfruten de los mismos derechos que los hombres en la sociedad. En alguna parte tienen muchos más derechos – en mi casa, por ejemplo, las mujeres tienen más derechos que los hombres – pero en el resto del mundo, lamentablemente, como en este caso, hay torturas contra las mujeres. Por consiguiente, pido que la Unión Europea deje de dar siquiera una lira de ayuda al desarrollo a esos países que continúan practicando la ablación a las mujeres y que se lleve a cabo realmente una política de ayuda al respeto a los derechos humanos en estos Estados a los que damos nuestro dinero.

 
  
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  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL), por escrito. - (FR) Sin dar nuestra aprobación a todas las medidas propuestas, hemos votado este informe.

Las mutilaciones genitales femeninas constituyen una barbarie a erradicar por el acto de violencia que implican y por sus consecuencias físicas, pero también por sus motivaciones destinadas a consagrar el mantenimiento de la mujer en una situación de inferioridad.

Aquéllos que invocan en este sentido las tradiciones, la costumbre, la religión o cualquier otra pamplina no hacen otra cosa más que cubrir con el velo de la hipocresía su dimisión ante la barbarie. Aquéllos que se atreven a hablar de derecho a la diferencia cultural muestran solamente su desprecio con respecto a las mujeres en general y a los pueblos cuyas mujeres son víctimas de esta barbarie.

 
  
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  Darras (PSE), por escrito. - (FR) Agradezco a nuestra ponente, la Sra. Elena Valenciano Martínez-Orozco, y a toda la comisión, el trabajo de calidad que nos han ofrecido y la elección del tipo de sociedad valiente que nos proponen para adoptar en el día de hoy.

Efectivamente, porque las mutilaciones genitales femeninas tienen efectos peligrosos para la salud y dejan secuelas serias e irreversibles que provocan en caso de relación sexual, embarazo o parto, complicaciones graves que pueden llevar a la muerte, es por lo que me parece hoy esencial votar a favor de este informe y, por eso mismo, condenar toda mutilación genital femenina cualquiera que sea el grado.

Este informe merece más un voto afirmativo en la medida en que pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que definan toda mutilación genital femenina como un delito y que sancionen penalmente a cualquier residente que la haya cometido y ello incluso si el delito se ha practicado fuera de las fronteras de la UE. Este principio de extraterritorialidad del delito debe ser firmemente apoyado.

Por si aún es necesario mostrar la necesidad de votar un informe así, daré la siguiente razón: el hecho de ser víctimas de tales prácticas, y también el hecho de haber nacido mujer en un lugar en el que se corre el riesgo de sufrir una mutilación genital, deben constituir una razón válida y suficiente para conceder el derecho de asilo de protección humanitaria. Es necesario que, en el marco de la política de asilo y de inmigración prevista en el título IV del Tratado de Amsterdam, la Comisión, el Consejo y los Estados miembros adopten medidas relativas a la concesión de un permiso de residencia a las víctimas de esta práctica y reconozcan el derecho de asilo a mujeres, jóvenes y niñas que puedan sufrir una mutilación genital.

En nombre de la igualdad, de la libertad y de la dignidad a las que todo ser humano tiene derecho me parece, y debe parecernos, ineludible proteger a las mujeres y votar sin dudas a favor de esta propuesta. En ello va nuestra responsabilidad política.

 
  
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  Kirkhope (PPE-DE), por escrito. – (EN) Los conservadores británicos, por supuesto, deploran la práctica de la mutilación genital femenina sin importar donde acaezca, y nos complace constatar que en algunos países ello ya sea ilegal, pero no consideramos que este informe vaya a contribuir a la abolición de esta práctica en su conjunto.

Por esta razón se han abstenido los conservadores, ya que estimamos, desde la perspectiva internacional, que se debería ejercer más presión diplomática contra aquellos países en los que la práctica de la ablación femenina sigue estando permitida, y que la educación a escala mundial y las iniciativas diplomáticas constituirían el mejor medio al que se podría recurrir para abolir esta práctica.

Ciertamente, en cualquier caso, no deseamos una ampliación de la Convención de Ginebra de 1951 respecto de los criterios que establece respecto del asilo, independientemente de lo valiosa que pueda ser la causa.

 
  
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  Sacrédeus (PPE-DE), por escrito. – (SV) He votado a favor de este importante informe que defiende valores humanos únicos, universales e inviolables. Se trata de expresar los valores comunes en que se asienta la colaboración europea.

Las mutilaciones genitales femeninas producen daños irreversibles e incluso la muerte. Independientemente del grado, la mutilación genital femenina es siempre un acto violento. Viola derechos fundamentales de las mujeres y de las niñas, tales como la integridad personal, el derecho a la salud física y psíquica y derechos relacionados con la sexualidad y la reproducción.

Este tipo de mutilaciones jamás puede justificarse por el respeto a una religión como el Islam o por la aplicación de tradiciones culturales o ritos de iniciación. La libertad religiosa y las mutilaciones genitales femeninas son cosas totalmente diferentes.

Las mutilaciones genitales femeninas constituyen un atentado a la integridad de las mujeres y de las menores, garantizada en numerosas convenciones internacionales. Según la legislación penal de los Estados miembros, esta conducta está prohibida y es constitutiva de delito. Además, se opone a los principios de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

Por eso ha llegado la hora de penalizar toda forma de mutilación genital femenina en los Estados miembros de la Unión – sin importar si la mujer ha dado o no su consentimiento – y que se castigue a los que colaboren, insten, aconsejen o recomienden estas prácticas.

 
  
  

Informe Smet (A5-0275/2001)

 
  
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  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, no podía dejar de hablar del informe de la Sra. Smet que reconoce que, respecto a la media de los salarios, las mujeres trabajadoras reciben un salario inferior al de los hombres. ¿Por qué no podía dejar de hablar de él? Porque quiero sostener en este Pleno que, precisamente por este motivo, es justo que en muchos Estados de la Unión Europea las mujeres cobren su pensión cinco años antes que los hombres. Esto ocurre en Italia, en Grecia, en Alemania, en España y en muchos Estados, no en todos. Creo que es justo porque compensa en parte el reducido salario que cobran las mujeres cuando trabajan. Por lo tanto, quisiera que ocurriera lo mismo en todos los quince Estados de la Unión Europea.

 
  
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  Blak, Lund y Thorning-Schmidt (PSE), por escrito. – (DA) Después de 25 años con la Directiva sobre igualdad de retribución sigue habiendo diferencias entre el salario de hombres y mujeres. Se estima que el 15% de la diferencia retributiva obedece al sexo y no a otros factores como la antigüedad, la responsabilidad directiva, etc. El principio de la igualdad de retribución por un trabajo de igual valor no se ha impuesto todavía. Por ello ha de hacerse un esfuerzo extra para garantizar que sean el trabajo y la función los que decidan cuánto recibe cada uno como salario –no el sexo. Respaldamos el informe, del que pensamos que contiene algunas recomendaciones razonables. Queremos subrayar la necesidad de garantizar una mayor apertura y transparencia con respecto a cómo se fija la retribución si queremos lograr acabar con diferencias retributivas injustas. Queremos asimismo insistir en la importancia de que en cada país se garanticen condiciones convenientes para la participación de las mujeres en el mercado laboral (facilidades para el cuidado de los niños, etc.) si queremos lograr el objetivo de igualdad de retribución por un trabajo de igual valor.

 
  
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  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. - (PT) Como es sabido, a pesar de que en 1951 se inscribió en el Convenio nº 100 de la OIT el principio de igualdad de los salarios para trabajadores de sexo masculino y femenino correspondientes a un trabajo de igual valor y en 1957 en el Tratado de Roma y posteriormente se lo desarrolló y mejoró en otra legislación comunitaria, persisten las discriminaciones, como bien explica el informe Smet, y son del orden de 28% en la media de la Unión Europea. Aun teniendo en cuenta las diferencias estructurales entre hombres y mujeres en el mercado laboral, como la edad, la formación, la profesión y el modelo de carrera, los salarios de las mujeres siguen siendo, por término medio, un 15% inferiores a los de los hombres, lo que sólo se puede explicar por mecanismos de discriminación de valores y resulta inaceptable. Se analizan de forma relativamente profunda el problema de la discriminación salarial de las mujeres, que se mantiene en la práctica, y sus mecanismos, aunque se mantengan muchas deficiencias, en particular en la información estadística de la Unión Europea y de los Estados miembros.

Pero, como dice la ponente, una cosa está clara: sólo se podría reducir la discrepancia salarial mediante una política basada en dos vertientes: procurando mejorar la posición de la mujer en el mercado laboral, por un lado, y, por otro, suprimiendo las discriminaciones en el proceso de fijación de los salarios.

Así, consideramos importante que se conceda toda la prioridad a esa cuestión, incluida la propuesta de la Comisión de lanzar una campaña de ámbito europeo sobre la igualdad de remuneración en 2002. Pero igualmente importante es que se presente también una propuesta de revisión y actualización de la Directiva de 1975 relativa a la igualdad de remuneración.

 
  
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  Lulling (PPE-DE), por escrito. – (DE) Sobre un salario igual por un trabajo igual y de la misma calidad para hombres y mujeres venimos discutiendo ya desde mi temprana juventud y desde entonces ha pasado mucho tiempo. Desde 1955 existe el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre igualdad de remuneración. Desde 1958 tenemos también el artículo 119 del Tratado CEE.

Sin embargo, siempre que se trata de hacer justicia a las mujeres, con independencia de su situación vital, tienen dificultades en llevar a la práctica este principio de la igualdad de salario, no sólo los políticos, sino también los sindicatos que, lamentablemente, todavía hoy siguen siendo dirigidos en gran medida por hombres.

Desde 1975 tenemos la Directiva para la armonización de la legislación de los Estados miembros relativa a la aplicación del principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres. Tenemos programas de acción y una estrategia comunitaria para la equiparación de hombres y mujeres. Tenemos innumerables resoluciones y guías. Tenemos la plataforma de acción de la Conferencia de la ONU sobre la Mujer, de Pekín en 1995. Y ahora tenemos este informe que – dado el hecho de que el diferencial de salarios entre hombres y mujeres en la UE se cifra aún en promedio en casi el 30% - seguramente no es superfluo, pues precisamente en la política de la mujer sabemos que la gota constante horada la piedra.

En 17 considerandos y 19 apartados de esta resolución, que yo apoyo, hemos hecho muchas propuestas buenas, útiles, para mitigar este diferencial de salarios que después de la jubilación de las mujeres se traduce también en pensiones de vejez más bajas, es decir, conduce a una discriminación vitalicia.

Está claro que esto constituye un desafío, sobre todo, para los interlocutores sociales, pero también para la valentía de las mujeres afectadas y de sus representantes, en especial en las organizaciones feministas. En realidad, tenemos, ciertamente, sólidos fundamentos jurídicos para emprender una acción contra la discriminación salarial.

 
  
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  Patakis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La dura realidad de los enormes problemas sociales que flagelan a los trabajadores —hombres y mujeres— no sólo desmiente con los hechos y del modo más crudo todas las proclamas sobre igualdad y bienestar de los ciudadanos, sino que las convierte en pura burla y provocación.

Las primeras víctimas, las víctimas principales de la cruda política del mercado y la competitividad son las mujeres. El paro afecta dramáticamente a las mujeres. A las mujeres se les ofrecen generosamente las formas flexibles de empleo; el resultado para las mujeres es quedar convertidas en mano de obra barata, recibir un salario inferior por el mismo trabajo, tener que hacer frente a más problemas de inseguridad en el empleo y de falta de igualdad de oportunidades para el acceso al mercado de trabajo; seguir ocupando principalmente puestos de trabajo no especializados y de menor categoría, y participar raramente en puestos administrativos de responsabilidad superior en la vida económica, social y política.

Los derechos sociales y las prestaciones sociales sufren serias agresiones que serán incluso más fuertes con los cambios previstos en los sistemas de seguridad y previsión; evolución esta que torna aún más difícil la posición de las mujeres, que tienen que compaginar muchas obligaciones, que tienen que desempeñar dobles y triples papeles.

Igualdad de oportunidades para las mujeres no pueden concebirse en la sociedad de la explotación, en la sociedad del paro y del autoempleo, en una sociedad sin perspectiva social de equidad, sin estado del bienestar.

Es necesario garantizarles a las mujeres iguales oportunidades de acceso, reforzar y ampliar la legislación preventiva relativa a las profesiones insalubres y a la protección de la maternidad; legislar medidas para garantizar el seguro en todas las formas atípicas de trabajo.

Sólo las luchas de los trabajadores pueden conducir a dar al traste con las políticas antipopulares que se promueven, y a la mejora de su situación. Sólo así podrá verdaderamente mejorar también la situación de las mujeres en la sociedad. Y de esas luchas somos solidarios.

 
  
  

Informe Andersson (A5-0283/2001)

 
  
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  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, hace algún tiempo me encontré con mi hermano. Tengo un hermano que se llama Edgardo Fatuzzo y vive en Novara, pero, lamentablemente, nos vemos muy poco. La última vez que le vi y supo que soy diputado del Partido de los Pensionistas, elegido por los pensionistas para Bruselas, y que soy secretario nacional de este partido en Italia, me dijo: "Tú que te dedicas a la política, ¿sabes que a nosotros, cuando trabajamos y tenemos más de 50 años, nos dan a entender claramente que no ven la hora de que dejemos nuestros puestos de trabajo y nos hacen sentir que somos una carga? Y esto porque los jóvenes saben más y cobran un salario más bajo y nosotros, en cambio, somos lentos a la hora de adaptarnos a los progresos y cobramos un sueldo más alto".

Pues bien, quisiera que se considerase acoso también el que se practica contra las personas mayores por el simple hecho de que se han vuelto mayores en su puesto de trabajo, un aspecto al que, lamentablemente, no se hace ninguna referencia en este texto.

 
  
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  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL), por escrito. - (FR) El informe sitúa al mismo nivel lo que llama el acoso "descendente (de un superior a un inferior) o ascendente (de un inferior a un superior), el acoso horizontal entre colegas de mismo nivel o el acoso mixto".

Aún denunciando el acoso, el informe oculta que las relaciones en estos diferentes niveles no son equivalentes. El patrón tiene un poder sobre sus trabajadores que éstos no tienen sobre él.

Los que se encuentran en lo alto de la jerarquía que ha puesto en marcha el patrón tienen derecho a decidir sobre el destino, incluso del empleo, de sus subordinados. La nueva expresión de "acoso en el trabajo" se apoya en las viejas relaciones de explotación.

Nuestra abstención significa que, aun estando de acuerdo con la denuncia, aunque ésta sea extremadamente limitada, no hemos querido avalar sus mentiras por omisión.

 
  
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  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. - (PT) Hemos votado a favor de este informe, porque consideramos que trata de forma correcta el grave problema del acoso moral, incluido el sexual, en el lugar de trabajo.

Como se dice en el informe, según una investigación llevada a cabo por la Fundación de Dublín entre 21.500 trabajadores de la Unión Europea, el 8% de ellos declararon haber sido víctimas de acoso moral en los 12 meses anteriores, lo que, extrapolado al total de los trabajadores, significa que probablemente más de 12 millones de trabajadores son víctimas de esa situación en el conjunto de los 15 Estados miembros, Ahora bien, como advierte el informe, aunque no se conozca la verdadera dimensión de ese fenómeno, constituye un grave problema de la vida laboral, por lo que resulta igualmente cierto que el aumento cada vez mayor de los contratos temporales y de la precariedad laboral, en particular entre las mujeres, agrava las condiciones propicias para la práctica de diferentes formas de asedio.

Por eso, apoyamos las medidas propuestas en el informe para la lucha contra ese fenómeno, incluidas las de prevención, profundización de su conocimiento, intercambio de experiencias positivas y presentación de un Libro Verde, en marzo de 2002, a más tardar, y, a continuación, de un programa de acción en el que figuren medidas en el nivel comunitario contra el acoso moral en el trabajo.

 
  
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  Krivine y Vachetta (GUE/NGL), por escrito. - (FR) El 8% de los trabajadores de la Unión Europea, es decir 12 millones de personas, declara haber sido víctima de acoso moral y sexual en el trabajo. Los efectos son devastadores sobre la salud física y psíquica de aquéllos y aquéllas - ya que son con más frecuencia las mujeres - que lo sufren. Como señala el ponente, estas prácticas son el resultado de la "multiplicación de los contratos de duración determinada y el agravamiento de la precariedad del empleo". Para luchar contra el acoso en el trabajo es importante devolver a cada trabajador una estabilidad en su categoría, unas condiciones de trabajo aceptables y un salario digno. Pero es necesario también que cada trabajador tenga más derechos en las empresas: el derecho a organizarse, el derecho a defenderse y el derecho a disfrutar de servicios sociales (medicina del trabajo, por ejemplo).

Es necesario igualmente que se ponga en marcha de manera uniforme, y se aplique en todos los Estados miembros de la UE, una legislación específica sobre esta cuestión. Actualmente, sólo Francia ha legislado en contra del acoso. Además, es igualmente importante clarificar la responsabilidad del empresario en este ámbito. Este informe va en la buena dirección y ésa es la razón por la cual hemos votado a favor.

 
  
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  Malmström, Paulsen y Olle Schmidt (ELDR), por escrito. (SV) Nos hemos abstenido en la votación del informe de Jan Andersson sobre acoso en los lugares de trabajo.

Tenemos una actitud positiva frente a la Unión Europea. La integración europea permite proponer soluciones a problemas transfronterizos relacionados con el medio ambiente, el comercio, la circulación a través de las fronteras, los derechos humanos y el manejo de conflictos. También creemos en el principio de subsidiariedad, esto es, que las decisiones deben ser adoptadas tan cerca como sea posible de los ciudadanos a quienes van afectar. Por ese motivo impulsamos vivamente la idea de una constitución europea en la que se clarifiquen las responsabilidades. Los ciudadanos deben ver con claridad que la Unión Europea sólo se ocupa de los asuntos que mejor puede resolver, es decir, los de carácter transfronterizo.

El acoso en los lugares de trabajo es obviamente un problema y hay que hacer lo posible para eliminarlo. No obstante, pensamos que el ámbito europeo no es el más adecuado para buscar soluciones a este problema. Para nosotros es importante que la UE se concentre en los asuntos en que realmente puede contribuir con algo valioso. Este asunto no es uno de ellos.

 
  
  

Informe Coelho (A5-0233/2001)

 
  
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  Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, en el texto del Sr. Coelho se establecen normas sobre el cruce de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Ahora bien, debemos recordar que dentro de muy pocos años las fronteras se ampliarán: las fronteras de Europa se desplazarán hacia el Este mucho más allá. Por esto, debemos regular enseguida, y no a partir de 2004, con mayor rigidez el acceso, el cruce de las próximas futuras fronteras que no son las actuales, así como aumentar la posibilidad de desplazarse real y concretamente dentro de nuestros quince Estados miembros. En conclusión: más rigidez en las fronteras exteriores y mayor acceso a las antiguas fronteras que son las fronteras interiores de los Quince y, mañana, de los veintitrés Estados de la Unión Europea.

 
  
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  Alissandrakis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe ofrece en abundancia datos reveladores acerca de cómo ha funcionado en la práctica el Convenio de Schengen en los diez países en los que se aplica plenamente, y viene en gran medida a confirmar nuestros puntos de vista sobre su carácter autoritario, antidemocrático y centralista. Concretamente, reconoce importantes lagunas en materia transparencia y control democrático, incumplimientos incluso de la célebre Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, falta de transparencia en el papel de Europol, falta de información del Parlamento Europeo, etcétera. El informe es especialmente revelador también en lo que respecta al Sistema de Información Schengen (es decir, sistema de ficha policial electrónica); resulta que el 89% de los datos personales refieren a personas “no deseadas”. Documentos que deberían ser destruidos se utilizan para completar los archivos policiales, se conservan datos «sobre personas cuya identidad ha sido usurpada sin intentar informar al titular legítimo de la identidad», mientras que “existe una ausencia de criterios claros para la introducción de datos en el sistema, en particular, en relación con extranjeros no deseados”.

En relación con la libre circulación de personas, el informe es crítico con Inglaterra e Irlanda, que mantienen los controles en las fronteras interiores, así como con Francia que ejerce controles sobre los ciudadanos procedentes de los Países Bajos y Bélgica, a causa de la legislación de estos países —especialmente de los Países Bajos— sobre drogas; no dice una palabra, sin embargo, sobre la imposición de controles y la prohibición de entrada en Francia y Suecia a ciudadanos de la UE que se proponían participar en las movilizaciones de Niza y Gotemburgo. Génova, no obstante, ofrece la imagen más ilustrativa de lo que significa Schengen: por una parte, restricciones a la libre circulación con asfixiantes controles policiales y prohibiciones de entrada, y por otro, absoluta, si no abusiva, aplicación de la ficha electrónica y de la colaboración policial (Europolicía).

Todo esto confirma que el Convenio de Schengen es el instrumento que facilita la labor de la eurorepresión, fabricar y perseguir sospechosos, aterrorizar a los movimientos populares. La situación se torna aún más peligrosa tras la caza de brujas decretada por los Estados Unidos, con el beneplácito y apoyo de la UE, con el pretexto de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre; al objeto, se supone, de hacer frente al «terrorismo», se proponen ahogar cualquier voz que se oponga o simplemente cuestione su antipopular política.

De las propuestas formuladas por el informe, algunas son de carácter tecnocrático (más información al Parlamento Europeo, adopción por el Consejo de un instrumento jurídicamente vinculante en materia de protección de datos personales, reforzamiento del papel de la Autoridad Común de Control). Al mismo tiempo, sin embargo, el informe propone que se establezca un Sistema de Información Comunitario, es decir, un único sistema de red informática para los datos recibidos en el marco de los tres convenios (Schengen, Europol y Customs Use), al servicio de un sistema de ficha policial electrónica aún más eficaz, ¡en nombre siempre de la libertad, la seguridad y la justicia!

Por las razones expuestas los diputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra del informe.

 
  
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  Berthu (NI) , por escrito - (FR) Unos días después de los terribles atentados que asolaron Nueva York y Washington, la Presidenta de Eurojust, Sra. Michèle Coninsx, que es también una alta magistrada belga, acaba de hacer unas importantes declaraciones a un gran diario parisino el 14 de septiembre. A la pregunta “¿La nebulosa islamista está fuertemente implantada en Europa?”, la Sra. Coninsx contesta: “Europa puede constituir una base de repliegue logístico para estos terroristas. Las fronteras son, en efecto, relativamente fáciles de cruzar a causa del espacio Schengen”.

Esta constatación de actualidad se suma por desgracia a muchas otras, realizadas en los años anteriores en ámbitos diversos, como el tráfico de drogas, el robo de obras de arte, la inmigración clandestina, la criminalidad organizada... Estamos más que sorprendidos al conocer el informe triunfalista sobre el sistema Schengen que se nos propone en el día de hoy. Por ejemplo, en la introducción del Consejo se lee: “miles de viajeros han cruzado sin obstáculos las fronteras abiertas, sin que la seguridad en el interior del territorio Schengen se haya resentido visiblemente”. Es para preguntarse si el redactor del informe del Consejo no está siendo víctima de alucinaciones.

El informe del Parlamento Europeo, por su parte, no sólo recoge los mismos errores, sino que además exhorta al Reino Unido e Irlanda, invitadas a participar plenamente en Schengen, a suprimir completamente sus controles de personas en las fronteras. Evidentemente, eso sería más práctico para Francia, que vería desaparecer las dramáticas concentraciones de inmigrantes clandestinos que esperan, en el norte del país, poder pasar a Gran Bretaña. Pero eso no resolverá la cuestión de fondo: ¿Cómo han podido cruzar estos clandestinos toda Europa hasta llegar a Calais sin que nadie los haya visto? ¿No existe ahí una responsabilidad aplastante del sistema Schengen?

Al día siguiente de los atentados terroristas en Estados Unidos solicitamos que la Unión Europea revisara todas sus políticas y diera prioridad a la seguridad de los ciudadanos. Ayer oímos en este hemiciclo hermosos discursos en contra del terrorismo, pero comprobamos que hoy se repite sin ningún escrúpulo la deriva habitual.

 
  
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  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL), por escrito. - (FR) El sistema de Schengen, con el pretexto de la supresión progresiva de los controles en las fronteras interiores de los países concernidos de la Unión Europea, refuerza los controles en las fronteras, incluso de la Unión, y agrava las condiciones de acceso.

Pretendiendo facilitar la circulación de las personas, Schengen la hace más difícil para todos aquéllos que no son originarios de la Unión Europea. Nuestro voto negativo a este informe manifiesta nuestra oposición tanto al espíritu como a la letra del Tratado de Schengen.

La ampliación de la Unión Europea mediante la integración de algunos países del Este europeo hace al Tratado de Schengen aún más chocante, ya que las fronteras Schengen pondrán barreras suplementarias en el interior mismo de las comunidades nacionales que viven en varios países al mismo tiempo.

Finalmente, incluso las débiles ventajas del Tratado, es decir, el fin de los controles en las fronteras interiores del espacio Schengen, son aleatorias, ya que están sometidas a la discreción de los Estados que tienen posibilidad de restablecer los controles.

 
  
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  Krivine y Vachetta (GUE/NGL), por escrito. - (FR) El informe Coelho sobre el desarrollo de la cooperación en el marco de Schengen no nos satisface por varias razones. Proponer hoy un refuerzo de la lógica de Schengen es reforzar la exclusión de todos aquéllos y aquéllas, solicitantes de asilo e inmigrantes, que por razones económicas y/o políticas aspiran a vivir en la Unión Europea. Esta Europa fortaleza es injusta e inhumana como demuestra diariamente el trato que se da a los inmigrantes en los centros de refugiados, en los centros de retención y en otros centros cerrados. Esta Europa de Schengen no es democrática, como señala el ponente al hacer hincapié en "las lagunas que persisten en materia de transparencia y de control democrático". Es necesaria otra política en materia de acogida de los migrantes, básicamente revalorizando a todos los sin papeles y respetando los derechos fundamentales.

Finalmente, ¿qué credibilidad puede tener aún este espacio sin fronteras que permite la libre circulación de los ciudadanos cuando los Estados se han arrogado el derecho de cerrar sus fronteras a manifestantes pacíficos como ocurrió en la cumbre de Niza o de Génova? Es necesario que se reconozca como inalienable el derecho a circular libremente por Europa. Por estas razones, no podemos votar a favor de este informe.

 
  
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  Marchiani (UEN), por escrito. - (FR) El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece como objetivo "mantener y desarrollar la Unión como espacio de libertad, de seguridad y de justicia en el seno del cual se asegure la libre circulación de personas"...

Dicho de otro modo, la libre circulación de los ciudadanos europeos, en la que se resumen frecuentemente con demasiada rapidez los acuerdos de Schengen, no puede entenderse, según esos mismos acuerdos, más que cuando se les garantice la libertad, la seguridad y la justicia.

Ahora bien, la actualidad, con los atentados enloquecidos que acaban de asolar a Estados Unidos, nos devuelve con crueldad a algunas realidades: la teoría de un santuario occidental al abrigo de violencia y en el cual ya no se trataría sólo de conceder derechos sin exigir deberes, y absteniéndose por principio de cualquier medida coercitiva, acaba de quedar reducida a migajas.

Y, sin considerar que nuestra evidente solidaridad con las víctimas y el pueblo americano deba necesariamente empujarnos a participar ciegamente en cualquier cruzada decidida en Washington, resulta evidente que el mismo tipo de amenaza planea sobre nuestras capitales europeas.

Es lo mismo que decir, señor Coelho, teniendo en cuenta el contexto, que su informe nos parece surrealista, ya que desde nuestro punto de vista el restablecimiento de un control en las fronteras no nos ha parecido nunca tan necesario como hoy.

(Intervención recortada en aplicación del artículo 137 del reglamento)

 
  
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  El Presidente. – El turno de votaciones queda cerrado.(1)

 
  

(1) Remisión de los textos aprobados en la Sesión – Calendario de las próximas sesiones: cf. Acta

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