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 Texto íntegro 
Acta literal de los debates
Martes 17 de diciembre de 2002 - Estrasburgo Edición DO

Presupuesto 2003 (modificado por el Consejo)
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  Turco (NI).(IT) Señor Presidente, al igual que el Sr. van Dam, a mí también me gustaría poder centrarme en una línea presupuestaria específica, en parte porque, como componente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, he podido seguir el asunto de cerca. Se trata de la línea B7-6310: Los programas de cooperación Norte-Sur en la lucha contra la toxicomanía. Primero fue la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, después la Comisión de Presupuestos y, por último, el Pleno quienes por unanimidad han decidido bloquear las nuevas consignaciones y dejar las créditos consignados en la reserva porque, a juicio del Parlamento, esta línea presupuestaria no tiene un base legal. No tiene una base legal porque la Comisión debería haber presentado al Parlamento una evaluación de las medidas financiadas por la Comunidad bajo esta línea ya en octubre de 2000 y haber propuesto un nuevo reglamento. En su lugar, esta línea ha sido financiada sin base legal durante al menos dos años.

Justo después de la votación en el pleno, la Comisión declaró al Presidente de la Comisión de Presupuestos que, en efecto, esta línea no tenía una base legal, algo que se encuentra en oposición a lo que el Comisario ha repetido en reiteradas ocasiones en respuesta a las preguntas del Parlamento, al declarar que se trataba de una línea financiada de conformidad con una base legal bastante precisa y el hecho de que dicha evaluación no se haya realizado no significa que no pudiera seguir siendo financiada. Se nos dijo que realmente había habido una evaluación. Dicha evaluación, que debería haber afectado al Reglamento de 21 de octubre de 1997 y que se habría presentado ante el Parlamento en julio de 2002, ciertamente nunca llegó a la Secretaría de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos. Logré, aunque con dificultad, sacarlo a la luz. Es un informe final de 9 de mayo de 2002, que de haber tenido tiempo, la Comisión de Derechos y Libertades de los Ciudadanos podría ciertamente haber evaluado y posiblemente haber evitado la situación, haber evitado lo que está sucediendo ahora con el nuevo presupuesto que ha llevado a que la Comisión, el Parlamento y el Consejo de forma conjunta liberen los créditos consignados en la reserva ahora que parece que hay una evaluación. Además de la portada y el título, se trata de una evaluación que se centra principalmente en los años 90 y la cooperación Norte-Sur en la lucha contra las drogas y la toxicomanía, que solo se encuentra relacionada parcialmente con el Reglamento publicado el 21 de octubre de 1997. Es más, la evaluación se concentra en todas las medidas adoptadas en los años previos mientras que todavía no se logra afirmar con claridad qué sucedió con este Reglamento durante esos tres años.

La evaluación muestra claramente que, en los últimos tres años, la mayoría de las medidas habían sido adoptadas de forma conjunta con la agencia de las Naciones Unidas bajo la dirección del Sr. Arlacchi. Durante años, hemos pedido a la Comisión que investigue las medidas que las propias Naciones Unidas han calificado como no transparentes y, además, contrarias al Reglamento financiero. El propio Presidente Prodi ha asumido la responsabilidad de determinar lo que las Naciones Unidas han reconocido. Nada de esto ha sucedido y ahora nos encontramos volviendo a financiar alegremente esta línea presupuestaria cuando ya la hemos financiado año tras año durante mucho tiempo, sin una base legal, para operaciones dudosas de las que, incluso ahora, la Comisión no es capaz o no está dispuesta a ofrecer una evaluación adecuada.

 
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