Acta literal de los debates

Jueves 13 de marzo de 2003 - Estrasburgo

1. Estrategia en materia de política de los consumidores 2002-2006

  El Presidente. - De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:

- (A5-0023/2003) del Sr. Whitehead, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones relativa a la estrategia en materia de política de los consumidores 2002-2006 (COM(2002) 208 - C5-0329/2002 - 2002/2173(COS))

- (A5-0423/2002) de la Sra. Patrie, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre las repercusiones del Libro Verde sobre la protección de los consumidores en la Unión Europea para el futuro de la política europea de los consumidores (COM(2001) 531 - C5-0295/2002 - 2002/2151(COS))

- (A5-0054/2003) de la Sra. Thyssen, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre las perspectivas de la protección jurídica del consumidor a la luz del Libro Verde sobre la protección de los consumidores en la Unión Europea (COM(2001) 531 - C5-0294/2002 - 2002/2150(COS))

  Whitehead (PSE), ponente. – (EN) Señor Presidente, me complace que esta mañana esta Asamblea pueda abstraerse de los lejanos tambores de guerra y centrarse en las necesidades del ciudadano como consumidor. Estas necesidades se abordan en el plan de acción sobre política de los consumidores 2002-2006 y en el Libro Verde sobre la protección de los consumidores y su seguimiento. Voy a presentar mi propio informe, así como el de nuestra distinguida colega, la Sra. Patrie, a quien le ha sido imposible asistir hoy.

Actualmente hay en curso un importante debate sobre la política de los consumidores. En la Convención se está ventilando con dudas, que comparto, sobre la aparente relegación de las prioridades del consumidor por un Consejo mixto, que también debe ocuparse de asuntos sociales, empleo y la salud. Está presente en las preocupaciones financieras que acucian el campo –la seguridad alimentaria– que nosotros habíamos pretendido que fuera independiente y dejara de formar parte de estas deliberaciones generales. Comparto las preocupaciones que se han manifestado sobre la financiación –de la que este Parlamento es en parte responsable – de la AESA, para exponerlas por fin de forma efectiva.

También se puede observar en nuestras propias diferencias en torno al tipo de directiva marco que mejor permite regular el tema de las relaciones con los consumidores y en torno al ámbito y al modo en que se pueden detectar prácticas desleales y reclamar daños y perjuicios.

En cuanto a mi propio informe, estoy en deuda con la Comisión, con los ponentes alternativos de todos los partidos y con todas aquellas personas que han trabajado conmigo para elaborar un informe consensuado, en particular mi propia investigadora anterior, Michelle Smyth, cuyas aptitudes de intermediaria benefician ahora a nuestra Asociación Nacional de Consumidores.

Mi enfoque de las prioridades expuestas en el plan de acción siempre ha sido que sea sencillo y concreto. Me referiré a enmiendas que de alguna manera han desdibujado los temas, intentando abrir otros debates en lo que debería ser una clara fijación de prioridades. He puesto freno a enmiendas que introducían otras buenas causas en nuestro propio informe. De ahí que en mi respuesta de hoy no haya podido complacer, como tampoco pude hacerlo en comisión, a algunos de los que, ya sean de la izquierda o de la derecha, desean que éste también sea un debate sobre el etiquetado ecológico, las virtudes de los productos orgánicos o, desde otro plano, las virtudes y la desmostrabilidad de la tecnología de los OMG. Como bien sabe el Comisario, estas cuestiones se debatirán en otros lugares. De hecho, próximamente va a presentar propuestas sobre estas líneas y serán bien acogidas.

Sin embargo, puedo aceptar la otra nueva enmienda presentada por la Sra. Thyssen, cuyo informe también estamos debatiendo y que ha desempeñado un papel muy constructivo en estas deliberaciones. No puedo aceptar que nos apartemos más del ámbito que se estableció en las muy amplias deliberaciones habidas en comisión.

Algunas personas han cuestionado una o dos otras enmiendas, en particular el apartado original 15, enmienda propuesta a la comisión por la Sra. Thyssen. Algunas personas de su partido han preguntado por qué debería incluirse. Estoy seguro de que la Sra. Thyssen –si habla después– explicará sus ventajas para que su propio Grupo lo entienda.

Voy a pasar ahora a los principios generales del plan de acción que estamos discutiendo. Se expusieron a modo de propuesta triple. En primer lugar, un alto nivel de protección de los consumidores. Todos los informes que están sobre el tapete coinciden en esto y en la necesidad de reforzar la base jurídica en los Tratados para alcanzar este propósito. También coinciden en que debemos estudiar con sensatez, caso por caso, la importante cuestión de la armonización mínima o máxima.

En segundo lugar, sobre el cumplimiento efectivo de la normativa de protección de los consumidores, también estamos de acuerdo, aunque quizás partiendo de puntos de vista ligeramente diferentes. Sólo cinco de los 15 Estados han conseguido los objetivos de Barcelona para su aplicación. Debemos mostrar a los países candidatos a la adhesión que podemos mejorar y ayudarles a hacer lo mismo.

En tercer lugar, la participación de organizaciones de consumidores en las políticas de la UE es sumamente importante para la Comunidad ampliada. Necesitamos que el Comisario nos diga cómo va a asignarse la financiación este año, cuando los fondos existentes se hayan agotado para los países candidatos.

Por último, hemos añadido un nuevo principio: la integración de los aspectos relacionados con el bienestar del consumidor en los objetivos políticos de la UE. Ayer, este punto fue planteado enérgicamente por una delegación de la Oficina Europea de Organizaciones de Consumidores, que se reunió con miembros de la Convención. Los tres próximos años determinarán si podremos satisfacer estas necesidades de los consumidores en una Europa ampliada. Precisaremos todo el esfuerzo de la Comisión y de los Estados miembros para conseguirlo. Actualmente, sólo alrededor de la mitad de nuestros ciudadanos conocen sus derechos como consumidores. Un consumidor informado es un consumidor emancipado. Es nuestro deber y nuestro privilegio contribuir a ello.

Paso ahora a hablar del informe de la Sra. Patrie. Hablo sobre la base de sus propias propuestas y comentarios. Acerca del Libro Verde sobre la protección de los consumidores, que se nos presentó por primera vez en octubre de 2001, hemos llegado finalmente a la etapa de un ambicioso debate sobre estas propuestas de un auténtico mercado interior para los consumidores. Mediante consultas amplias con los Estados miembros, organizaciones empresariales y de consumidores, la Comisión ha considerado cuáles son los instrumentos legales que pueden garantizar mejor un alto nivel de protección de los consumidores y al mismo tiempo suprimir barreras al desarrollo del comercio intracomunitario.

El Libro Verde plantea que la fragmentación de las normas ha impedido el buen funcionamiento del mercado interior. Todos estamos de acuerdo con ello. La experiencia nos demuestra que la desconfianza de los consumidores en los intercambios comerciales transfronterizos puede explicarse por las divergencias jurídicas y por el desconocimiento de los consumidores sobre las garantías legales que les amparan. Desde el punto de vista del consumidor, los obstáculos al desarrollo del comercio internacional radican principalmente en la falta de certidumbre en torno a las relaciones postcontractuales. Así pues, queremos proporcionar a los consumidores, una vez más, un marco jurídico normalizado y sencillo, que incluya un número limitado de normas fundamentales aplicables independientemente de la naturaleza de la transacción. El enfoque global de la Comisión merece, por tanto, ser bien acogido.

Este enfoque no debe comportar una reducción del nivel de protección de los consumidores alcanzado mediante acuerdos nacionales. En este sentido, no debería ser posible que la elección por la parte interesada de la ley aplicable permitiera despojar a los consumidores de la protección que les conceden las disposiciones de obligado cumplimiento de la legislación del país en que residen, siempre que sea éste el país en el que concertaron el contrato y donde esperan que se cumpla. Ni tampoco la adopción de normas generales debe descartar la posibilidad de fijar normas específicas. También será necesario conceder a los consumidores una protección especial en determinados sectores.

Teniendo esto presente, la Directiva marco debería establecer los principios generales que rigen la conducta de los operadores en todas las fases de sus tratos comerciales, de modo que se respeten realmente los derechos de los consumidores. Para ello quizá sea más adecuada una cláusula general basada en la exigencia de un comportamiento comercial leal que no la prohibición de prácticas fraudulentas o engañosas, siempre que se incluya una definición precisa y práctica.

En interés de la transparencia, el comerciante debería tener el deber de revelar al consumidor, de antemano, información sobre los aspectos de los bienes y servicios ofrecidos. También en este campo, la aplicación de criterios generales no deberá excluir disposiciones especiales sobre la información facilitada al consumidor.

El intento de la Comisión de definir un criterio que rija la conducta basada en «consumidores de inteligencia media», no es demasiado convincente. Se trata de una definición muy imprecisa y la idea de medir la inteligencia humana de este modo podría ser ofensiva. Sería preferible definir tipos de comportamiento que se consideren inaceptables y que constituyen prácticas desleales. A este efecto, la Comisión podría confeccionar una lista negra no exhaustiva de tipos de comportamiento considerados desleales.

Asimismo, debemos proteger a los consumidores que son particularmente vulnerables. Esto concierne a las personas que padecen una discapacidad física o de aprendizaje que hace que sean más vulnerables frente al comportamiento comercial agresivo y engañoso, y a los niños, adolescentes y las personas de edad avanzada. Se ha de poder penalizar a los comerciantes que violen su deber de lealtad, sobre todo por medio de mandamientos judiciales obtenidos por organizaciones de consumidores. También tiene que ser posible emprender acciones legales con carácter preventivo para poner fin a un comportamiento comercial desleal que, si se permite que continúe, puede ser lesivo para los intereses de los consumidores.

Finalmente, es aconsejable ofrecer a los consumidores individuales una vía de recurso, no sólo por incumplimientos flagrantes y graves de la normativa –como sugiere la Comisión–, sino también siempre que se demuestren daños directos y ciertos causados por un comportamiento comercial desleal. Cualesquiera que sean las ventajas de los métodos alternativos de solución de disputas, no se puede privar al consumidor de la posibilidad de una compensación.

La Comisión todavía no ha facilitado suficiente información para que sea útil comentarla sobre el contenido de los procedimientos de autorregulación y corregulación. En vistas de la diversidad de tradiciones nacionales y de las incertidumbres de la definición de los conceptos, es esencial que prosigan las consultas con los Estados miembros y, al mismo tiempo, se asegure el establecimiento de normas estrictas para los códigos de conducta dentro de las mismas normas comunitarias.

Urge establecer un marco organizativo para la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación en materia de consumo. Demasiado a menudo, operadores sin escrúpulos se ven tentados de aprovechar las carencias de la cooperación europea. Conviene establecer bases de datos que faciliten el intercambio de información y crear un sistema de alerta que permita a los Estados miembros emprender acciones concertadas en defensa de todos los consumidores cuando sea preciso. Recomiendo nuevamente estos informes a la Asamblea y les pido disculpas por la ausencia de la Sra. Patrie, quien no ha podido asistir debido a otros asuntos.

  Thyssen (PPE-DE), ponente. – (NL) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías. aunque no estamos tratando ninguna propuesta legislativa en esta ocasión, la importancia del debate no debe subestimarse.

El Libro Verde sobre la protección de los consumidores —y voy a centrarme en él durante los primeros cinco minutos de mi intervención y abordar la pregunta del Sr. Whitehead en los dos minutos restantes— no sólo tiene una importancia jurídica y económica, sino también política. Nos puede ayudar a acabar con el mito de que el mercado interior es algo que sólo atañe a las empresas y que el consumidor no tiene nada que ganar con él. Una buena legislación en materia de consumo constituye una herramienta magnífica para acercar más la Unión Europea a sus ciudadanos, y nos incumbe a todos trabajar en esa dirección.

Otro malentendido que quisiera contribuir a eliminar es la supuesta oposición que se está creando entre hacer realidad el mercado interior y lograr un alto nivel de protección de los consumidores. Ambos son objetivos del Tratado y pueden respaldarse mutuamente. Es nuestro deber centrarnos en ello, pero lamentablemente debo decir que la división de responsabilidades entre las comisiones parlamentarias no siempre nos ayuda. Creo que es un asunto que deberíamos volver a examinar en la próxima legislatura.

En tercer lugar, existe una idea profundamente enraizada que desearía borrar, y es la convicción general de que la legislación en materia de consumo y la normativa sobre prácticas comerciales leales representan ámbitos completamente aislados uno del otro desde la perspectiva de la competencia. Pues bien, Señorías, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, creemos que, a menudo, se trata de dos caras de la misma moneda, y por ello, pedimos que se lleve a cabo una evaluación minuciosa del impacto de las relaciones entre empresas y de las relaciones entre empresas y consumidores. Esta evaluación nos aportará más justicia, sin duda por lo que respecta a las PYME, una mayor seguridad jurídica y más estabilidad en la legislación: todo aquello por lo que estamos luchando.

Señor Comisario, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior estamos de acuerdo con su análisis de la situación de la legislación en materia de consumo y creemos además que es el momento propicio para una evaluación y posiblemente para un nuevo enfoque. No obstante, no nos confiemos demasiado. Al fin y al cabo, no todo lo que el consumidor mantiene en su propio mercado nacional constituye una barrera para el mercado interior que deba eliminarse. Siguen existiendo límites naturales para la integración del mercado —que se resumen en mi informe— y debemos aceptarlos. Todo es cuestión de identificar las auténticas barreras y de centrarnos en ellas, y de este modo, no fallaremos en nuestro objetivo.

El nuevo enfoque, si se produce, debe, en opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, estar encaminado a lograr un alto nivel de protección de los consumidores —un objetivo del Tratado—, un suficiente grado de flexibilidad, sencillez y transparencia de la legislación, así como una normativa de gran calidad jurídica. Por este motivo, apoyo la sugerencia del Libro Verde de garantizar que se incluya un procedimiento eficaz y asequible de solución de litigios para los consumidores, porque es así como debe ser.

No rechazamos tampoco la idea de una directiva marco, señor Comisario, pero como legisladores responsables deseamos darnos la satisfacción, de antemano, de que esta directiva marco, con todo lo que implica, aporte realmente una mayor sencillez, una mayor seguridad jurídica y también una política más eficaz del consumidor. Por eso, le pedimos que nos describa, por anticipado, todo el conjunto, es decir, tanto la directiva marco como las propuestas de directiva que la acompañan.

En aras de la seguridad jurídica, preferiríamos una cláusula general basada en una prohibición de llevar a cabo prácticas comerciales desleales. Por supuesto, dicha prohibición debe estar bien definida. Reconocemos la utilidad del instrumento de armonización máxima, pero al igual que el Sr. Whitehead en su informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, pedimos cautela y que se proceda caso por caso: de lo contrario, corremos el riesgo de extralimitarnos. En todo caso, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior también estamos convencidos de que la armonización máxima no es posible mientras no se alcance un alto nivel de protección de los consumidores, a menos que se oriente la armonización en ese sentido.

Un alto nivel de protección de los consumidores también constituye, desde nuestro punto de vista, una condición para la plena aplicación de los principios de reconocimiento mutuo y para la puesta en práctica del principio del país de origen.

Señor Comisario, estamos a favor de una base jurídica para un código de conducta europeo, siempre que se cumplan las condiciones del apartado 17 de mi informe, pero dado que nadie tiene nada que ganar con una falsa impresión de seguridad jurídica, estamos en contra de cualquier tipo de mecanismo de aprobación burocrática que sólo pueda aportar una discutible presunción de legalidad. Para los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, es lógico que se deba garantizar el cumplimiento de las obligaciones plasmadas en códigos.

Señorías, podrán observar que el informe Patrie de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor difiere, en muchos de estos puntos, de lo que hemos dicho en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. En la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, hemos hecho todo lo posible por centrarnos en los aspectos jurídicos de esta cuestión. Nuestras decisiones se han basado en razones meditadas de tipo jurídico. Por consiguiente, quisiera pedir a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y a los demás diputados del Parlamento que vuelvan a examinarlo todo a fondo antes de tomar una decisión sobre su voto, y quisiera pedirles también que apoyen estos puntos de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior.

Por último, señor Presidente, sólo me queda darles las gracias a mis colegas por su cooperación constructiva, y me gustaría decirle al Sr. Whitehead que voy a responder su pregunta concreta en los dos minutos que me concederán en breve.

  Byrne, Comisión. – (EN) Señor Presidente, permítame que comience agradeciendo y felicitando a los ponentes, el Sr. Whitehead, la Sra. Patrie y la Sra. Thyssen, por su dedicación a tan ardua tarea y la alta calidad alcanzada.

Ante todo quisiera decir unas pocas palabras sobre la nueva estrategia en materia de política de los consumidores, que ha sido aprobada por la Comisión el pasado mes de mayo y que tiene por objeto fijar un rumbo claro para la orientación política durante los próximos cinco años.

Tiene tres objetivos clave: El primero de ellos es lograr alcanzar un alto nivel común de protección de los consumidores. El segundo objetivo es asegurarse de que las normas de protección de los consumidores se cumplen efectivamente. El tercer objetivo es la participación de las organizaciones de consumidores en las políticas de la UE.

Quisiera hacer hincapié en que estos tres objetivos han sido concebidos teniendo presentes las siguientes tres ideas subyacentes a todos ellos: favorecer la integración de las preocupaciones de los consumidores en todas las políticas de la UE, como por ejemplo la política de competencia, el transporte y la justicia; potenciar las ventajas del mercado único para los consumidores, un resultado que debería beneficiar por igual a empresas y consumidores; y, por último, aunque no en importancia, preparar la ampliación. Los tres objetivos de la estrategia –un alto nivel común de protección de los consumidores, el cumplimiento efectivo de las normas de protección de los consumidores y la participación adecuada de las organizaciones de consumidores– se han concebido en gran medida con la perspectiva de que, en breve y en el futuro, se incorporen a la UE nuevos países.

Tanto el plan de acción como el Libro Verde sobre protección de los consumidores contienen una serie de opciones y plantean algunas cuestiones sobre el futuro de la política europea de protección de los consumidores. En particular, proponen la idea de una directiva marco sobre prácticas comerciales desleales.

La Comisión también propuso desarrollar un instrumento jurídico para la cooperación entre las autoridades responsables de hacer cumplir la ley.

La respuesta favorable a la consulta nos alentó a continuar trabajando sobre esta idea de una directiva marco. Sin embargo, había un sentimiento generalizado de que hay que informar más, clarificar y consultar sobre el contenido de tal directiva marco. La siguiente Comunicación, de junio de 2002, respondía a esta necesidad.

También reconocimos la necesidad de completar la relación de problemas y oportunidades existentes. Tanto el informe de la Sra. Patrie como el de la Sra. Thyssen reconocen esta necesidad. Por consiguiente, encargamos la elaboración de tres estudios principales. El primero, una encuesta entre 16.000 consumidores sobre su experiencia como consumidores y su actitud hacia la compra transfronteriza. El segundo, una encuesta paralela con preguntas similares a cerca de 3 000 empresas, en su mayoría PYME, que hacen publicidad y venden a consumidores. Esto nos da un sentido claro del impacto que va a tener una directiva marco en las pequeñas y medianas empresas. En tercer lugar, hemos encargado a un consultor independiente que lleve a cabo una evaluación de impacto de las opciones legislativas expuestas en el Libro Verde.

Las conclusiones de esta evaluación de impacto y de estas encuestas se pueden resumir de la manera siguiente. Ochenta millones de europeos comprarían más al otro lado de la frontera si se sintieran tan seguros como cuando compran en su país. El 46% de las empresas prevén que la proporción de sus ventas transfronterizas aumentará con la armonización. Sólo un 1% de las empresas prevén un descenso. El 68% de las empresas europeas manifestaron que la armonización en este campo es una forma eficaz de facilitar las ventas transfronterizas. La evaluación de impacto concluyó que una directiva marco basada en la plena armonización será la forma más eficaz de suprimir barreras al comercio minorista transfronterizo.

Asimismo, mis servicios han estado indagando en la naturaleza de las barreras legales a que se enfrentan las empresas y los consumidores. En primer lugar, hemos estado trabajando con un grupo de expertos gubernamentales nacionales para examinar y comparar las legislaciones nacionales en materia de prácticas comerciales desleales. En segundo lugar, hemos creado un equipo de expertos que están en estos momentos concluyendo un amplio estudio jurídico comparativo. Y en tercer lugar, hemos organizado una jornada de dos días sobre varias cuestiones clave con todas las partes interesadas .

Este proceso de consulta e investigación sumamente exhaustivo han permitido a la Comisión adquirir una comprensión general de los diferentes matices de las normativas nacionales en materia de prácticas comerciales desleales y las preocupaciones de todas las partes interesadas. Espero que también nos haya permitido crear un consenso amplio en torno a una directiva marco viable.

La opinión del Parlamento Europeo desempeña un papel muy importante en las deliberaciones de la Comisión. Por lo tanto, aprecio mucho los informes constructivos por parte de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que confirman la perspectiva de un consenso creciente. Espero que el debate de hoy nos permita conciliar los puntos de divergencia que existen entre los dos informes. Estoy deseando escuchar sus puntos de vista en este debate.

  Glase (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la comunicación de la Comisión y el informe del Sr. Whitehead sobre Estrategia en materia de política de los consumidores 2002-2006 son documentos de gran importancia. En los Estados miembros de la UE, los ciudadanos confían en que el Parlamento proteja, en todo momento, los derechos de los consumidores, algo que consideran muy importante —de hecho, fundamental— para el mercado interior de la UE. En nuestros países, el nivel de protección de los consumidores es un criterio importante para medir la eficacia de nuestra labor.

Varias comisiones han expuesto sus opiniones. La Comisión de Presupuestos tenía la tarea de examinar y evaluar la ficha de financiación de esta Estrategia en materia de política de los consumidores. Aunque aprobó la comunicación de la Comisión, propuso a la comisión principal varios ajustes reguladores. La Comisión lamenta también que no se haya tratado todavía de evaluar o describir las consecuencias que tendrán en nuestras finanzas o en el Presupuesto las medidas sugeridas por la estrategia, tal y como ha sido presentada.

Además, la Comisión señala que, si las medidas previstas en la estrategia, al ser incorporadas en la propuesta de un nuevo marco jurídico, se prorrogan más allá de 2006, las finanzas tendrán que ratificarse, ya sea mediante un acuerdo sobre una nueva Perspectiva Financiera o mediante resoluciones presupuestarias anuales. Espero, por tanto, que todavía podamos encontrar tiempo para realizar los ajustes necesarios o para permitir que las enmiendas propuestas influyan en la aplicación práctica.

  Radwan (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, me alegra que estemos hoy celebrando un debate sobre esta importante cuestión, ya que está a punto de tener lugar la Cumbre de primavera, en la que, cada tres años, volvemos a estudiar cómo convertir a Europa en la región más competitiva e innovadora del mundo.

La importancia de la protección de los consumidores es algo que nadie discute. Lo que debemos hacer es abordar la manera de ponerla en práctica. Apelo al rigor de la Comisión al decir que, sin embargo, estoy firmemente convencido de que la protección de los consumidores no va en contra de estos criterios. Por un lado, por ejemplo, perseguimos el objetivo de reducir la burocracia en Europa. No obstante, tengo la impresión de que estamos produciendo cada vez más burocracia y que, por consiguiente, nos estamos alejando cada vez más de la meta de reducirla.

Quisiera también aprovechar la oportunidad que me brinda este debate de abordar la cuestión de la imagen que tenemos de los consumidores y los ciudadanos. Soy un gran partidario de la transparencia en el campo de la protección de los consumidores —con ello me refiero a proporcionar a los ciudadanos la información que necesitan— pero, a fin de cuentas, la política no debe, poco a poco, privar a los ciudadanos de sus derechos y responsabilidades. Con ello me refiero a un ejemplo muy concreto del ámbito del que me he ocupado, a saber, la Directiva sobre crédito al consumo, mediante la cual la Comisión está llevando a cabo un cambio que, en mi opinión, no es del todo justificable, al abandonar un nivel de armonización mínima y reconocimiento mutuo, en favor de la armonización máxima. Esto se logra, por ejemplo, adoptando una carga inversa de la prueba para las entidades bancarias, a las que ya no se les va a exigir que comprueben, con el máximo rigor posible, hasta qué punto el prestatario puede devolver el crédito.

Huelga decir que todo esto beneficia a las personas que conceden créditos o que venden productos a plazos pero, al fin y al cabo, existe una cosa que se llama la propia responsabilidad del individuo. A fin de cuentas, en lo que se refiere a nuestro interés por convertirnos en la región más competitiva del mundo, de lo que se trata también es de qué fuerzas desencadenamos en la economía y entre las pequeñas y medianas empresas.

Por eso, me alegra que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sea capaz de contribuir en este ámbito, en forma de opiniones que pueden ser algo divergentes, pero no por ello menos importantes, y también me alegra que la Comisión vaya a estar unida, en el futuro, en la línea que siga para lograr este objetivo.

(Aplausos)

  Thyssen (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. – (NL) Señor Presidente, voy a ser breve y darle las gracias al Sr. Whitehead. En la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, hemos hecho todo lo posible por centrarnos en los aspectos jurídicos del documento estratégico sobre política de los consumidores y, naturalmente, el Sr.  Whitehead y los demás miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor han respetado o agradecido esto, ya que observo que casi todas nuestras sugerencias han sido adoptadas en el informe del Sr. Whitehead. No puedo sino expresar mi agradecimiento por ello.

Así pues, sólo me queda responder al comentario o pregunta del Sr. Whitehead sobre el apartado 15 de su resolución, que se basa en un apartado original de mi informe. El apartado 15 trata sobre el Derecho privado internacional. En mi opinión, intenté decir que cuando se mencionan aspectos del Derecho privado internacional en la legislación en materia de consumo, deberíamos poder regularlos de conformidad con el artículo 95, artículo que se refiere al mercado interior. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor añadió el artículo 153, y por lo que a mí respecta, se puede quedar así. No creo que vaya a originar muchos problemas, señor Whitehead. Sospecho que se trata de un problema de traducción más que de algo que pueda suscitar muchas discusiones. Espero que esto aclare las cosas de alguna manera, y estoy ansioso por devolver al Presidente medio minuto para compensar el haber hablado durante tanto tiempo.

  Oomen-Ruijten (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. – (NL) Señor Presidente, voy a hablar durante dos minutos en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, y el tiempo restante voy a emplearlo en hablar del informe de la Sra. Patrie y el informe de la Sra. Thyssen. Señor Presidente, es un placer para mí empezar con la estrategia en materia de política de los consumidores y responder a lo que ha escrito el Sr. Whitehead.

Como ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, agradezco al Sr. Whitehead el haber incluido muchas enmiendas nuestras en el —como siempre, permíteme decirlo, Phillip— informe minucioso que has elaborado. Lo que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades desea es que los grupos vulnerables participen de lleno en la política de los consumidores, y creo que esto se ha expresado muy bien. Se debe prestar especial atención a los consumidores y a las organizaciones de consumidores de los países candidatos, ya que opinamos que el mercado interior sólo puede funcionar perfectamente cuando las partes integrantes del mercado ocupan la misma posición. Esto quiere decir que tenemos que preparar al consumidor para que sea capaz de tomar decisiones meditadas.

Las organizaciones de consumidores de los países candidatos no están todavía —si es que puedo expresarlo así— lo suficientemente preparadas como para desempeñar su papel como representantes de los consumidores. La necesidad de prestar una especial atención a esto se halla justificada y lo hemos pedido en repetidas ocasiones. Así pues, en los principales puntos de la estrategia 2002-2006 se puede encontrar: un alto nivel de protección de los consumidores, una aplicación efectiva de los reglamentos actuales y un papel para las organizaciones de consumidores. Ya he mencionado esto explícitamente.

Señor Presidente, paso a hablar, a continuación, sobre el Libro Verde. El objetivo del Libro Verde es que se elabore una directiva marco en materia de política de los consumidores. Si se cumplen una serie de condiciones, estoy a favor de esta directiva marco. La legislación actual está demasiado fragmentada, y una directiva marco puede contribuir a aportar claridad a la situación. Creo que es magnífico que se reúnan en la directiva marco el suministro de la información necesaria para hacer la elección antes de la venta de un servicio o de un producto, la venta en sí misma, la posventa, el servicio, las reclamaciones y el acceso a la legislación. Las prácticas comerciales desleales deben ser el punto de partida para ello, por lo que me siento muy cómoda con el informe de la Sra. Thyssen.

La legislación de esta directiva marco no debe ni puede añadirse a la maraña normativa existente. Esto haría que todo fuera mucho más confuso, no sólo para el consumidor, sino ciertamente también para el mundo empresarial. Por tanto, abogo fervientemente por que, cuando presentemos esta directiva marco, revoquemos también, al mismo tiempo, las diversas directivas verticales, de las que es un buen ejemplo la directiva marco sobre el agua. En ese sentido, creemos que la directiva marco resolvería algo. En nuestra opinión, es muy importante, con este tipo de marco horizontal, que se apliquen las mismas obligaciones en toda Europa, no sólo para las empresas sino también para los consumidores. De esta manera, las cosas quedarán claras y habrá más oportunidades, sobre todo para las pequeñas empresas, de sacar partido a todo lo que ofrece el mercado interior.

Señor Presidente, quisiera decir además que esta directiva marco debe asumir un alto grado de protección de los consumidores, pero que también debe basarse en el principio de armonización máxima, aunque vinculado a un elevado nivel de protección. Creo que esto es necesario, puesto que de no producirse continuará la confusión. Queremos que el mercado interior funcione bien, queremos obtener un buen servicio en toda Europa, queremos que se nos vendan buenos servicios y que todos sepamos exactamente en qué consisten. En ese sentido, podemos votar a favor de una directiva marco. Confiamos además en que se apoyen las enmiendas presentadas por nuestro Grupo al informe Patrie, que esperamos que hagan que este informe esté más en consonancia con el informe de la Sra. Thyssen. Creo que nos ayudaría a alcanzar una muy buena delimitación. Deseo mucha suerte a los servicios de la Comisión y les pido que nos dejen participar a nosotros, así como a los interesados, en la elaboración de la nueva legislación.

  Bushill-Matthews (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, estoy encantado de que esta mañana deliberemos sobre tres informes de peso acerca de la protección de los consumidores y que atañen a tantas comisiones diferentes. Esto es correcto y oportuno. Las cuestiones de política de los consumidores no deben ser la prerrogativa exclusiva de una determinada comisión, deben ser fundamentales en toda nuestra labor.

Los comentarios que voy a hacer se limitarán fundamentalmente al informe Whitehead, si bien también tendrán claramente implicaciones para algunos de los demás informes. Adam Smith declaró que la única finalidad y objeto de toda actividad económica es el consumo. El consumidor es el rey y nosotros en el Parlamento –y también, por supuesto, en la Comisión– haremos bien en recordarlo.

Tanto el informe de la Comisión «Estrategia en materia de política de los consumidores 2002-2006», como, de hecho, el informe Whitehead, son pasos extremadamente positivos en esta dirección. No soy una de esas personas que felicitan automáticamente a todos los ponentes, en particular, lo admito, si proceden del grupo PSE, pero en esta ocasión estoy encantado de felicitar y apoyar incondicionalmente a este ponente por su excelente trabajo.

Con su modestia habitual, también ha dicho que las enmiendas de otros Grupos y colegas lo han perfeccionado todavía más y ha aceptado las enmiendas de un gran número de colegas de diferentes agrupaciones políticas y otras comisiones. Estoy realmente agradecido por su pronta aceptación de algunas de mis propias enmiendas, como por ejemplo, de que una línea clave de la política del consumidor debe ser la optimización de la elección del consumidor, de que la consecución del mercado único es, por consiguiente, una prioridad para los consumidores y no sólo un negocio, de que la Directiva sobre los viajes combinados debe ha de revisarse con prioridad, y que los países que incumplan la legislación sobre protección de los consumidores deberán ser sancionados más rápida y rigurosamente.

También quisiera llamar la atención sobre toda la serie de apartados, empezando por el apartado 5, que trata del Objetivo 1, un alto nivel de protección de los consumidores, en el cual destaca su preocupación por la propuesta de pasar de medidas de mínima armonización a medidas de plena armonización. Tanto la Sra. Thyssen como el Sr. Radwan ya han retomado este aspecto planteado por otras dos comisiones. Estoy plenamente de acuerdo con que se evalúe caso por caso, aspecto que amplía explícitamente en el apartado 13 sobre los principios de subsidiariedad, necesidad y proporcionalidad. Espero que la Comisión asuma estos puntos.

En particular, admiro la forma en que el informe no se limita a las buenas intenciones. Pide que se den pasos sensatos, prácticos y concretos para mejorar la protección de los consumidores en toda la Unión Europea. Espero que la Comisión me permita también llamar la atención sobre el apartado 44 acerca de los peligros de fumar pasivamente, si bien sería una sorpresa que este tema apareciera en este informe. Es un derecho fundamental de los consumidores que puedan respirar aire fresco. Espero que, junto con los Cuestores, hará personalmente cuanto esté en sus manos por asegurarse de que esto sea así.

Finalmente, espero que el informe Whitehead reciba el apoyo de la abrumadora mayoría en la votación de esta mañana. Será un resultado bien merecido. Asimismo, espero que será acogido con el mismo fervor tanto por parte de la Comisión como por parte del Consejo en pleno. El consumidor debe reinar en todas partes. ¡Larga vida al rey!

  Corbey (PSE). – (NL) Señor Comisario, Señorías, se acaba de decir que los consumidores constituyen uno de los motivos de la existencia de la Unión Europea. Conseguir productos mejores y más baratos, así como una mayor variedad de elección, es el motivo principal del mercado interior. Nunca antes se había reconocido plenamente a los consumidores por ello. Algunos derechos de los consumidores no traspasan las fronteras nacionales. Por ello, acojo también con especial agrado una iniciativa general y una directiva marco en materia de política de los consumidores. Apoyo además y felicito a los ponentes: el Sr. Whitehead, la Sra. Patrie y la Sra. Thyssen.

Hay cuatro puntos que me gustaría destacar: el primero se refiere a las prácticas comerciales leales, a una norma básica exigente que debe aplicarse en toda Europa, y al hacerlo, no se debe permitir que la legislación europea quite méritos a los logros nacionales. Es necesaria una información sobre derechos y códigos de conducta adicionales.

El segundo punto es el derecho a la información. Es fundamental la información sobre productos y métodos de producción. Naturalmente, no todos los consumidores van a visitar las instalaciones del fabricante para informarse acerca de los métodos de producción. Las investigaciones muestran que sólo un 10% de los consumidores están interesados, pero este 10% marca la pauta, sobre todo cuando está respaldado por fuertes organizaciones de consumidores. Este 10% ha garantizado, por ejemplo, que se preste más atención al bienestar de los animales en el sector agrícola y a las condiciones laborales del sector textil, y este 10% va a contribuir también a que la mundialización siga la senda correcta.

El tercer punto tiene que ver con dar voz a los consumidores, con apoyar a las organizaciones de consumidores, en especial en los países candidatos, y con buscar nuevas formas de lograr que los consumidores pierdan su anonimato. Se trata también de experimentar con foros públicos donde los consumidores puedan aportar ideas sobre el desarrollo de nuevas técnicas y métodos de producción.

Mi último punto se refiere a la responsabilidad política. Naturalmente, una política de los consumidores sólida debe contribuir a crear una situación en la que los consumidores sean la piedra angular de la política europea, desde los productos químicos hasta el comercio electrónico.

En Europa, se hace mucho en nombre del consumidor. Se supone que la liberalización de los servicios públicos ofrece a los consumidores servicios mejores y más baratos. Esto es maravilloso, claro, pero ¿qué es lo que ha logrado? En toda Europa, los pasajeros se quejan de la mala calidad del transporte público. Los precios en el mercado de la telefonía se han vuelto enrevesados y confusos y, al final, son pocos los consumidores que hacen cola para elegir entre los distintos proveedores de energía eléctrica. ¿Qué han aportado exactamente al consumidor diez años de mercado interior O tomemos el euro, por ejemplo. Se suponía que el euro iba a abaratarlo todo. Sin embargo, sabemos que el euro ha provocado un considerable aumento de los precios. Es evidente que las cosas pueden no salir como nosotros desearíamos. Todos los consumidores entienden esto. Pero si la liberalización, el euro y el mercado interior no tienen el efecto deseado, ¿a qué pueden recurrir los consumidores? ¿Acaso pueden los consumidores recurrir a los políticos europeos, a sus gobiernos nacionales, al comercio y a la industria? ¿O, de hecho, no tienen a qué recurrir?

Los consumidores han de tener derechos, pero también deben poder obtener una compensación política. En resumen, debemos dejar de hacer promesas vagas a los consumidores y también sobre ellos. Los objetivos para los consumidores deben ser claros y concretos y ha de quedar claro quién asume la responsabilidad política. Muchas gracias.

  Maaten (ELDR). – (NL) Señor Presidente, es evidente que estamos abordando tres informes importantes. Es verdad que no se trata de legislación, pero espero con interés la legislación que seguirá a estos informes. Lo hago con mucha confianza, ya que también en este punto confiamos plenamente en este Comisario. Tengo curiosidad por saber si puede indicarnos cuánto tiempo tendremos que esperar para examinar las diversas propuestas para esta legislación.

Naturalmente, el reto radica en coordinar adecuadamente la política de los consumidores y la compleción del mercado interior. No se debe permitir que la política de los consumidores sea una excusa para crear barreras comerciales. Creo además que las cifras que el Comisario nos ha dado, hace un momento, sobre las ventajas que todos podemos obtener de la armonización dicen mucho al respecto.

Los consumidores se benefician del libre comercio, ya que pueden comprar productos mejores y más baratos, y naturalmente, debemos lograr un alto nivel de protección de los consumidores. La confianza es el motor del crecimiento económico. Los consumidores deben confiar en los productos o no los comprarán. La industria debe confiar en el mercado interior y los consumidores deben confiar en los proveedores. Podemos matar dos pájaros de un tiro. Debemos trabajar para lograr que a los consumidores les deje de importar si compran sus productos en los Países Bajos o en Grecia. Esto no es fácil.

A menudo, los consumidores no saben cuáles son sus derechos. Las organizaciones de consumidores pueden ayudarnos por lo que a esto se refiere. Las revistas de consumidores son muy leídas y contienen consejos útiles. La gente confía mucho en estas organizaciones. Así pues, creo —y me alegra que el Comisario también esté trabajando en ello— que la Unión debe conseguir que estas organizaciones participen de lleno en los trabajos preliminares de una política futura.

Además, las prácticas comerciales desleales dañan la confianza en el mercado. Un vendedor de automóviles deshonesto puede echar a pique el mercado para sus competidores. Por tanto, hay que acabar con los comerciantes deshonestos, y por esta razón, es positivo que se haya optado por recurrir a un enfoque europeo para luchar contra las prácticas comerciales no deseables. Naturalmente, debemos ser claros acerca de qué constituye una práctica comercial no deseable. Para mí, no es sólo aprovecharse de la vulnerabilidad física o mental o ejercer presión física o moral, sino también la conducta obstruccionista; por ejemplo, dificultar a los consumidores el poder cambiar de proveedor de servicios. Sólo cuando se puede pasar con facilidad de un proveedor de servicios a otro, se consigue una competencia óptima que se traduce en unos precios más bajos y una mejor calidad. Piensen sólo en el hecho de cambiar de banco. Se lo ponen muy difícil. Uno no puede llevarse su número de cuenta, y creo que este tipo de cosas constituyen barreras artificiales.

Por último, señor Presidente, pienso que la Comisión debería hacer uso del artículo 153 del Tratado más a menudo como base jurídica para la protección de los consumidores. No creamos este artículo para nada, y beneficiaría tanto a los consumidores como al mercado interior.

  Caudron (GUE/NGL). – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, al hablar esta mañana en nombre de mi Grupo, en el debate sobre los consumidores y la protección de los consumidores, yo, al igual que muchos de mis colegas, desearía decir una vez más que, si bien apoyamos los objetivos de la Comisión Europea en este ámbito —un alto nivel de protección, una aplicación efectiva de las normas y una participación efectiva de las organizaciones de consumidores—, debemos señalar, de nuevo, que las propuestas que se han presentado siguen siendo demasiado imprecisas y no lo suficientemente concretas.

Por ello, estoy plenamente de acuerdo con las propuestas efectuadas por el Sr. Whitehead y la Sra. Patrie, en particular en lo que se refiere a la seguridad, el transporte, los productos químicos, el comercio electrónico y el suministro de información previa, en todos los casos, para permitir que se activen, cuando sea necesario, unos mecanismos de defensa eficaces y de recurso adecuados. Además, me gustaría mencionar específicamente la legibilidad de la etiqueta ecológica y, en particular, la necesidad de disponer de información exhaustiva sobre los OMG que, como bien saben, constituyen un asunto polémico para nosotros. Por último, quisiera hacer hincapié en la necesidad de la Directiva sobre juguetes y en el control de la marca comunitaria.

Debido a que fui ponente sobre estas cuestiones hace unos años, sé que es necesario que se revise urgentemente la Directiva sobre juguetes y que, por culpa de unos controles insuficientes, en numerosas ocasiones la marca comunitaria pierde todo su sentido. Además, me he dirigido por escrito a la Comisión varias veces sobre este asunto, pero siento tener que decir que, hasta la fecha, no he recibido una respuesta satisfactoria. Por lo demás, a estas alturas del debate sobre la protección y la política de los consumidores, quisiera también expresar muy claramente dos preocupaciones en forma de críticas fundamentales. La primera de las cuestiones que me preocupan es que, independientemente de cuáles sean sus intereses, las políticas de protección de los consumidores están demasiado vinculadas al objetivo de la creación acelerada del mercado único, y por tanto, dependen demasiado de aquél. Estas políticas son raramente objetivos en sí mismos, pero casi siempre son el resultado de la libre competencia. La segunda cuestión que me preocupa es que estas políticas son, a menudo, si no siempre, un pretexto para eliminar, estrangular o incluso hacer desaparecer el concepto de servicio público, pese a que éste abarca mucho más que la protección de los consumidores, ya que se aplica a largo plazo e integra la solidaridad y la ordenación territorial, en particular a través de la fijación de los precios y las condiciones de acceso. En algunos países y grupos políticos, los mejores adalides de la protección de los consumidores son, con frecuencia, los mayores enemigos de los servicios públicos, actuando en nombre de la libre competencia y el dominio del sector privado.

Esta mañana, quisiera, por tanto, señalar estas diferencias fundamentales o incluso divergencias, al tiempo que expreso mi satisfacción por los esfuerzos realizados por la Comisión Europea y mi apoyo a las propuestas de nuestros ponentes.

PRESIDENCIA DE LA SRA. PACHECO PEREIRA
Vicepresidenta

  Rod (Verts/ALE). – (FR) Señor Presidente, el Libro Verde presentado por la Comisión y los informes presentados esta mañana siguen la línea correcta. De hecho, deberíamos crear, sin demora, todos los elementos que garanticen a los consumidores un alto nivel de protección. Deben tener la certeza de que sus derechos se respetan plenamente, y de la misma manera, en todas partes. Por tanto, para conseguir un alto nivel de protección, es fundamental que las organizaciones de consumidores representativas participen en la elaboración tanto de la política comunitaria como de la internacional.

Dado que, en la actualidad, se están produciendo cambios importantes en el ámbito del comercio, es esencial que se consulte a los ciudadanos. Deben poder tomar parte en los debates e influir en las decisiones que fundamentalmente les afecten a ellos. Los consumidores han de desempeñar un papel activo a través del consumo, que debería dejar de ser inconsciente. En lugar de ello, los consumidores deberían meditar sus decisiones. Por tanto, se les debe proteger, pero también se les debe mantener informados. Para ello, deben poder acceder a toda la información que consideren fundamental y tener, por ejemplo, la posibilidad de informarse sobre los procesos de producción, incluyendo las condiciones laborales de los empleados. Los logotipos comunitarios relativos al comercio leal o a las empresas que respetan una carta social son, por lo tanto, herramientas valiosas y eficaces, como también lo son aquellos que representan la agricultura ecológica.

Si deseamos un comercio ético y justo, es necesario que reafirmemos nuestra preferencia por los productos de calidad que no pongan en tela de juicio la dignidad humana, en ámbitos tan diversos como el café o los juguetes para niños, y que observemos todos los criterios del principio de cautela. En este contexto, la trazabilidad de los OMG parece ser, una vez más, uno de los factores más fundamentales. Sobre todo, no debemos permitir, tal y como dejan entender algunas enmiendas, que aumente la confianza de los consumidores en los OMG. Por el contrario, es nuestro deber proteger a los consumidores y proporcionarles información precisa y exhaustiva que les permita tomar sus decisiones con total conocimiento de causa, en beneficio propio y de sus hijos. Debemos hacer también hincapié en la necesidad de que los ciudadanos participen en la creación de un modelo de sociedad sostenible. No debemos reducir a los ciudadanos a la mera condición de consumidores. Muy al contrario, los ciudadanos deben desempeñar un papel destacado en la identificación de sus necesidades, con el fin de que la propia sociedad elija qué camino seguir para responder a ellas.

  Nobilia (UEN). – (IT) Señor Presidente, a pesar de sus diferencias, en los informes de la Sra. Patrie, de la Sra. Thysssen y del Sr. Whitehead se entrevé un pequeño sentimiento común de decepción que —de existir realmente— compartimos, de la misma manera que estamos de acuerdo con el contenido de sus informes. De hecho, no se pueden discutir las afirmaciones de la Comisión acerca de que la fragmentación de las normas nacionales y europeas impide el buen funcionamiento del mercado interior, ni tampoco el hecho de que la falta de confianza de muchos consumidores, por ejemplo en los intercambios transfronterizos, se debe a la existencia de divergencias de tipo jurídico y, quizás en mayor medida, a una falta de conocimiento de la protección disponible. Por lo tanto, surge la necesidad igualmente incuestionable de un marco jurídico simple y homogéneo que contenga un número limitado de normas fundamentales que sean aplicables independientemente de la naturaleza de la transacción comercial y que proporcionen protección a lo largo de todo el proceso, incluyendo las relaciones postcontractuales y de posventa.

Por consiguiente, acogemos con agrado las declaraciones realizadas por la Comisión acerca de la necesidad de un enfoque global de la cuestión que, por un lado, defina obligaciones, empezando por una conducta comercial leal, y por otro lado, se base en criterios objetivos para evitar interpretaciones diferentes por parte de los Estados miembros. Sin embargo, aunque todo esto tiene sentido, es imposible no darse cuenta del comportamiento a veces incoherente de la Comisión, empezando por una aceleración excesiva del ritmo al que abordamos esta cuestión. Como bien sabemos, el Libro Verde sobre la protección de los consumidores de 2001, por ejemplo, dio inicio a un período de amplias consultas y a un valioso debate sobre el futuro de la legislación comunitaria en materia de consumo. No obstante, antes incluso de que se conozcan los resultados del proceso de consulta, la Comisión ha presentado una propuesta de reglamento sobre promoción de ventas en el mercado interior que, por un lado, presta muy poca atención a los puntos de vista del Parlamento Europeo sobre el enfoque global y, por otro lado, transmite la absurda impresión de que preferiríamos continuar con un enfoque sectorial.

De nuevo, no están a la altura del ideal los diferentes enfoques sobre cuestiones que, en definitiva, son similares, como —a modo de otro ejemplo— el asunto del etiquetado, en el que la presencia de sustancias idénticas se está regulando de modo diferente, tan solo unos meses después. Creemos que no existen motivos para oponerse al uso en otros campos de preparados que tienen que ver con la salud humana. Un ejemplo reciente es el del detergente y los cosméticos.

Sin salirnos de este ámbito, creemos que los consumidores tienen que ser informados acerca de los productos que utilizan, pero también creemos que, para ello, necesitan tener acceso a información útil, a información que les permita poder tomar sus propias decisiones, también de naturaleza «política». Esto no quiere decir que no valoremos —puesto que la apreciamos mucho— la gran labor llevada a cabo por las organizaciones de protección de los consumidores.

Sin embargo, si la idea es alcanzar un elevado nivel de protección, al tiempo que se busca lograr una armonización aceptable de las normas del mercado interior, dos parecen ser las líneas de actuación, una derivada de la otra. La primera es la que ha mencionado el Sr. Whitehead, cuando dice que un análisis caso por caso sería más adecuado para evaluar si, al modificar la legislación vigente o elaborar una nueva legislación, son más apropiadas unas disposiciones de armonización máxima o mínima. Una vez se haya determinado esto, la otra línea de actuación es la transposición correcta y la aplicación práctica del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros. En este ámbito, nuevamente, la Comisión desempeña un papel decisivo, aunque también es verdad que, desde una perspectiva general, sólo cinco Estados miembros han cumplido, hasta la fecha, los objetivos marcados en el Consejo Europeo de Barcelona sobre el ritmo de aplicación.

  Bernié (EDD). – (FR) Señor Presidente, con la protección jurídica de los consumidores, abordamos un proyecto vasto y ambicioso que deberá desembocar en un elevado nivel de protección. Un nivel elevado no implica necesariamente una protección uniforme. Creemos que es fundamental respetar los principios de subsidiariedad, necesidad y proporcionalidad.

Personalmente, estoy a favor de una armonización mínima que no impida a cada Estado miembro elaborar la legislación que mejor se adapte a su manera de hacer las cosas. Apoyo también la idea de utilizar sistemáticamente el apartado 3 del artículo 151 del Tratado, que debería convertirse en la única base jurídica a la hora de legislar. Debemos dejar de recurrir sistemáticamente al artículo 95, que sólo se refiere al mercado interior. Una de nuestras principales reivindicaciones es garantizar a todos los ciudadanos un acceso universal y asequible a servicios de alta calidad. Debemos exigir que la OMC no desmantele nuestros servicios públicos. Del mismo modo, estoy de acuerdo con el etiquetado de la OMC como herramienta para proporcionar información sobre el origen y los métodos de producción. Por contra, tengo mis reservas acerca de la creación de un centro europeo de consumidores que sería superfluo ante la existencia de las organizaciones nacionales, que son eficaces y se beneficiarían del trabajo en red.

Me preocupa también el contenido del informe Thyssen: solicitar a la Comisión una evaluación de impacto sobre la posibilidad de una armonización máxima no parece realista. De la misma manera, debería establecerse un vínculo entre la protección de los consumidores y el reglamento sobre la promoción de ventas. En cuanto a la creación de códigos de conducta, la idea, en su estado actual, no me parece el camino a seguir. ¿De dónde se obtendrá la legitimidad para estos códigos de conducta? ¿Cómo vamos a garantizar su permanencia? Todas estas cuestiones indican que éste sería un modo de proceder equivocado.

  Ilgenfritz (NI). – (DE) Señor Presidente, es lógico que nuestra función sea proteger a los consumidores de las prácticas comerciales desleales, porque así es como creamos un clima de confianza pero, al hacerlo, no debemos extralimitarnos protegiendo a los consumidores de ellos mismos y declarándolos incapacitados para encargarse de sus propios asuntos. La Directiva sobre crédito al consumo es un ejemplo de ello. Con esto en mente, deberíamos respaldar todas las medidas que promocionen las ventas y consoliden el mercado interior. Las empresas no deben verse, bajo ninguna circunstancia, atrapadas en más papeleo, puesto que son las pequeñas y medianas empresas las que salen más perjudicadas. Nuestro objetivo debe ser crear más confianza y, al mismo tiempo, evitar el aumento de la burocracia.

  El Presidente. – Muchas gracias, señor Ilgenfritz. Ha pedido la palabra sobre una cuestión de observancia del Reglamento un diputado que exhibe una pancarta delante de él, y al que la Mesa le ha pedido su retirada. Se trata de una cuestión de respeto hacia la Mesa y los demás diputados, y creo que debería tener prioridad sobre cualquier petición de palabra.

La Mesa ya ha solicitado a Su Señoría que retire la pancarta, y es costumbre en esta Asamblea que, cuando la Mesa pide a los diputados que retiren pancartas o letreros que han colocado, se retiren inmediatamente por respecto hacia la Mesa y la Asamblea. Si Su Señoría desea plantear una cuestión de observancia del Reglamento —lo único que el Reglamento le permite hacer—, deberá mostrar respeto hacia la Mesa y la Asamblea y retirar la pancarta que tiene delante de usted.

  Gorostiaga Atxalandabaso (NI). – (EN) Señor Presidente, en estos momentos hay manifestaciones en todo el País Vasco -

(El Presidente interrumpe a la oradora)

  El Presidente. – Señor Gorostiaga, se supone que las cuestiones de observancia del Reglamento se refieren al orden del día. La Mesa no permitirá que se hable de algo que no sea una cuestión de observancia.

  Grossetête (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, creo que hoy podemos acoger con agrado este debate sobre el Libro Verde y la estrategia que nos ha propuesto la Comisión en materia de política de los consumidores. Lo acogemos con satisfacción puesto que, con la adhesión de nuevos miembros y, por consiguiente, la ampliación del mercado interior, es muy importante mejorar la armonización de la legislación comunitaria relativa a los consumidores. Somos conscientes también del papel que desempeña el consumo en la economía, y sólo Dios sabe cuánto lo necesitamos en este momento.

No obstante, los estudios han demostrado que, fuera de las zonas fronterizas, los consumidores europeos desconocen cómo aprovecharse de las ventajas proporcionadas por la Unión Europea. ¿Por qué? Sencillamente porque todavía muestran una falta de confianza, porque no siempre tienen acceso a información relevante sobre productos y servicios y porque no siempre disponen de los medios necesarios para conocer la calidad de los productos o las referencias de precios, y también porque, sobre todo en caso de litigio, no saben qué autoridad es competente. Todo esto significa, por lo tanto, que los consumidores no sacan provecho de las posibilidades que les ofrece Europa y necesitan conocimientos e información, si bien están perfectamente preparados para actuar con responsabilidad, respetando, por ejemplo, las etiquetas ecológicas.

Para remediar esto, es necesario, por tanto, armonizar la legislación y crear un auténtico Derecho europeo del consumidor, garantizando a la vez la flexibilidad necesaria para su aplicación en los Estados miembros. Por consiguiente, somos partidarios de que se informe mejor a los consumidores. Esta información debe ser clara y estar escrita en la lengua materna del consumidor, para que pueda tomar sus decisiones con pleno conocimiento de causa. Elaborar una estrategia marco para los consumidores implica también garantizar su protección jurídica, poner fin a los litigios relacionados con las prácticas desleales de las empresas, así como proteger a las empresas de sí mismas.

Por tanto, damos nuestro respaldo a una mejora de la protección de los consumidores y a la transparencia que se obtendrá a través de las asociaciones; tenemos puestas grandes esperanzas en la Comisión. Le garantizamos, señor Comisario, que vamos a estar muy atentos a lo que haga para asegurarnos de que esta política de los consumidores siga adelante.

  McCarthy (PSE). – (EN) Señor Presidente, es evidente que en el mundo de hoy los consumidores están más informados y son más exigentes. Tienen mejores expectativas y no siempre buscan el precio más barato. Quieren calidad y servicio posventa y desean tener claro cuáles son sus derechos y las posibilidades de reclamación.

En un mundo ideal, las empresas responsables atenderían a las necesidades de los consumidores. Algunos dirán que la gran mayoría así lo hace, y si así fuera, no sería necesario legislar. Pero necesitamos proteger a los consumidores de las empresas sin escrúpulos, de aquellos que utilizan métodos deshonestos y de los estafadores. El dilema del legislador radica en elaborar una buena legislación efectiva que proteja al consumidor, al tiempo que deja que las empresas prosperen en un entorno dinámico y competitivo.

El debate actual sobre la responsabilidad social de las empresas ofrece a éstas la oportunidad de mejorar su protección de los consumidores como un buen modelo empresarial y punto de venta, para ayudarlas a obtener una ventaja competitiva y beneficios comerciales, al mismo tiempo que proporcionan valor añadido al consumidor.

Si queremos que funcione el mercado interior, necesitamos medidas que ayuden a fomentar la confianza del consumidor, en particular en las compras transfronterizas, y sabemos que en las compras electrónicas los consumidores todavía suelen comprar en su propio mercado nacional.

Al introducir una cláusula general sobre prácticas comerciales leales, el detalle de la Directiva será de vital importancia si debe funcionar en beneficio de los consumidores y para que las empresas no lo vean como más papeleo y burocracia. Necesitamos una legislación más sencilla y mejor enfocada que sea más fácil de aplicar. Como bien sabe, señor Comisario, el concepto de lealtad difiere entre los Estados miembros, según sus diferentes ordenamientos jurídicos. En los países donde rige una cláusula general, también sabemos que se aplican de modo diferente. Esto plantea el reto de encontrar un enfoque común. Sé que usted, como abogado cualificado, está decidido a proporcionar seguridad jurídica tanto a las empresas como a los consumidores. Necesitamos asegurar que el impacto de toda futura directiva favorezca y no fragmente el mercado interior cuando los Estados miembros interpretan, aplican o ejecutan esta Directiva para que se amolde a sus propios y diferentes enfoques nacionales. El consumidor ya se enfrenta a reglamentos fragmentados y a una aplicación fragmentada.

Esto implica que los consumidores necesitan conocer cuáles son los derechos de reclamación de que disponen si son víctimas de métodos deshonestos y de estafadores, mientras las empresas necesitan trabajar en un mundo competitivo. Las empresas deben ser claras sobre los principios y prácticas a los que deben aspirar para poder cumplir esta Directiva. Personalmente estoy a favor de tomar medidas enérgicas contra las prácticas fraudulentas y engañosas, en lugar de intentar establecer una definición común de la práctica comercial leal.

Acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión de establecer códigos de conducta y la autorregulación, no como algo fácilmente manipulable o que sustituya a la legislación, sino como un medio de poder dar una respuesta rápida a los métodos deshonestos cuando ocurren rápidamente y la ley no puede mantener el ritmo.

Tal como ha dicho el Comisario Prodi, todas las instituciones europeas necesitan redoblar su compromiso para simplificar los reglamentos y poder reducir el coste de las actividades comerciales en Europa y aumentar la seguridad jurídica de los ciudadanos. En el informe Thyssen, el Parlamento ha dejado claro que desea ver un estudio de impacto ampliado en este campo.

Señor Comisario, ha mencionado usted tres estudios y ha sido muy claro sobre las ventajas de esta Directiva. Pero no ha sido tan claro en cuanto al coste potencial de esta Directiva para las empresas. Es importante explicar a las empresas cuáles son sus obligaciones y qué deben hacer para conseguir los objetivos que plantea usted en materia de protección de los consumidores.

  Wallis (ELDR). – (EN) Señor Presidente, quisiera comentar mis observaciones sobre el informe de la Sra. Thyssen, el cual agradezco, y a quien felicito por un trabajo tan equilibrado. Conocemos bien el dilema de ocuparnos de un informe que debe combinar los intereses de las empresas y de los consumidores.

Tenemos ante nosotros muy buenas ideas innovadoras por parte de la Comisión –una política general, una Directiva marco–, cosa que necesitamos si realmente queremos que funcione el mercado interior y que la Europa electrónica sea un éxito. Sin embargo, para lograr todo esto debemos crear confianza entre nuestros consumidores. El ámbito que me concierne está contemplado en el apartado 17 del informe, que respaldo completamente. Se refiere a este vínculo entre códigos de conducta, seguridad jurídica y aplicación legal, y el modo en que hacemos que estos tres aspectos se coordinen realmente para proteger a los consumidores.

Este año voy a redactar un informe sobre la supervisión de la ley comunitaria y, por lo tanto, siento profundamente que al hablar de códigos de conducta debemos asegurarnos de que seguimos disponiendo de seguridad jurídica y fuerza ejecutiva o vamos a hacer añicos aquello que hemos conseguido en el mercado interior.

Voy a intentar ilustrar este aspecto con un ejemplo. Ayer recibí una carta de un elector que ha adquirido una propiedad en otro Estado miembro. Algo marchó mal en la operación de compra: se había deducido erróneamente dinero de la cantidad que había entregado. Reclamó al organismo profesional competente. Le escribió en su propio idioma, el inglés. En la respuesta que recibió, redactada en el otro idioma, se le comunicaba que no podían tratar su reclamación a menos que les escribiera en su idioma. Si queremos realmente llevar a cabo actividades comerciales juntos en toda Europa debemos ser leales y razonables unos con los otros. Deben hacerse cumplir adecuadamente los códigos de conducta.

  Fiebiger (GUE/NGL). – (DE) Señor Presidente, cualquier decisión que se tome con respecto a la protección de los consumidores debe prestar una especial atención a las expectativas y esperanzas, así como a los temores, de los 425 millones de consumidores de la Unión ampliada. En sus actos legislativos, el Parlamento tiene el deber de tener en cuenta las complejidades y las consecuencias futuras de la protección de los consumidores, junto con los riesgos relacionados con ella.

Los informes sobre el futuro de la política europea de protección de los consumidores cumplen este requisito, al tiempo que exigen también que se ponga fin a la falta de disciplina en las relaciones con los consumidores. Mucha gente observa que las disposiciones en los ámbitos de la seguridad alimentaria, los servicios, la salud y la seguridad han perdido ya su inocencia moral, ante las transformaciones del mercado.

Hay una gran necesidad de que se actúe, por ejemplo para poner fin a los abusos cometidos en el sector de las telecomunicaciones y para que se lleven a cabo reformas en el Derecho sobre la competencia y en el campo de los servicios financieros, con el fin de proteger a los consumidores. Para insuflar vida al derecho de iniciativa, en beneficio de los consumidores, es imprescindible hallar un lugar permanente para la protección de los consumidores en el sistema de asesoramiento y consulta público, además de ser fundamental la educación y una mayor información.

La protección de los consumidores debe abarcar el fraude, los riesgos para la salud y las pérdidas económicas. El principio de eficacia se aplica, en la misma medida, tanto a la protección de los consumidores como a cualquier otra cosa, pero no se debe obtener eficacia en detrimento o a costa de los consumidores. Por lo tanto, respaldo la petición de que la completa armonización de las disposiciones legales se limite a los casos realmente especiales, siempre y cuando, no obstante, no se haga un mal uso de este principio y se desregulen los niveles mínimos.

  Breyer (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, lo que he echado a faltar en la intervención de esta mañana del Comisario es algo muy importante: la necesidad de que volvamos a establecer un claro orden de prioridades, en el que ocupen los primeros puestos la seguridad y la protección de los consumidores, pero también la transparencia. Creo que la cuestión de la transparencia ha desempeñado un papel demasiado pequeño en el debate de esta mañana en su conjunto. Señor Comisario, quisiera pedirle, en concreto, que se esfuerce todo lo posible por lograr la aprobación de una directiva sobre información al consumidor análoga a la directiva sobre la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente. Si, por ejemplo, existen problemas, se debería revelar a todo el mundo qué empresas los están causando. Debemos utilizar esto también para introducir incentivos que hagan que los empresarios planifiquen realmente la seguridad.

Necesitamos todas estas cosas. La resolución del Parlamento Europeo contiene un gran número de planteamientos para la introducción de justamente esta directiva sobre información al consumidor. No basta sólo con exigir una mayor libertad de elección o más información: en esto estoy de acuerdo con todos aquellos que ya han criticado la idea. No se trata de organizar multitud de campañas en apoyo de la industria de la ingeniería genética: lo importante es que se elabore una directiva sobre información al consumidor que establezca claramente no sólo el derecho de los consumidores a la información, sino también el deber de las empresas de revelar incumplimientos cuando éstos se produzcan. Por lo tanto, quisiera pedirle, con toda urgencia, que se apruebe la Directiva sobre juguetes mucho antes de lo previsto.

No puedo evitar hacer un último comentario, en vista de la advertencia realizada por un caballero de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre las disposiciones relativas a la concesión de créditos. No hace falta decir que estoy a favor de la armonización mínima, y en un grado elevado, pero mientras haya escándalos como el de Alemania con el Banco Berliner, en el que, de manera indignante, miembros de la CDU aceptaron donaciones ilegales, habrá, en mi opinión, una verdadera necesidad de que exista una normativa que sea aplicable a las entidades de crédito. ¡Que nadie intente decirme que esto es evidente!

  Blokland (EDD). – (NL) Señor presidente, mientras estudiaba los tres informes sobre protección de los consumidores, me preguntaba si el objetivo de todo esto no es acaso fomentar el consumismo. El mercado interior ya es de por sí un corolario del mandamiento «Consumirás». Naturalmente, ahora necesitamos añadir el mandamiento «Consumirás en toda Europa». Señor Presidente, entenderá que mi postura es bastante crítica. No podemos negar que la lengua, la distancia y las diferencias culturales constituyen las barreras más importantes para los consumidores. Esto no se tiene en cuenta, en absoluto, cuando buscamos la causa de la falta de conocimiento de la normativa de otros países de la UE. Y lo que es más: esto presupone que el consumidor está familiarizado con la normativa de su propio Estado miembro.

Si queremos invertir en la confianza de los consumidores, debemos, ante todo, invertir en la fiabilidad de los productos y servicios. En mi opinión, los consumidores bien informados pueden tomar sus propias decisiones. Es necesario que exista un equilibrio entre la protección de los consumidores y su propia responsabilidad. No creo que sea preciso un marco jurídico uniforme. Empecemos primero por unos niveles mínimos en los casos donde existan verdaderos problemas. Es artificial crear una legislación basada en el artículo 153, ya que éste sólo se ha aplicado como base jurídica en la práctica, en una ocasión. No tengo ningún afán por discriminar a artículos del Tratado, porque hacemos menos uso de ellos que de otros artículos del Tratado.

  Borghezio (NI). – (IT) Señor Presidente, no me convencen completamente ciertos aspectos del informe Whitehead, porque no puedo aceptar algunas de las prioridades establecidas en defensa del consumidor, ya que, en mi opinión, no se hace suficiente hincapié en otras o incluso no figuran en este documento.

A este respecto, quisiera presentar algunas propuestas que me parecen urgentes y necesarias para una verdadera política de protección de los diferentes intereses de los consumidores: ante todo, la necesidad de crear un observatorio europeo para hacer un seguimiento de la evolución de los precios y los servicios públicos en los diferentes Estados miembros y para supervisar el valor y la modalidad de las subidas, especialmente a partir de la introducción del euro. Por lo que se refiere a la delicada cuestión de los servicios públicos y los servicios bancarios y de seguros, creo que es absolutamente necesario abrir los consejos de administración de las empresas públicas que gestionan estos servicios —las agencias de crédito bancario, las compañías aseguradoras y las empresas de servicios públicos— para conseguir una representación adecuada de los distintos intereses de los usuarios. La Unión Europea debe adoptar las medidas necesarias para lograr la participación de los consumidores en la gestión de esta actividad, si desea alcanzar una auténtica democracia económica.

Asimismo, no me parecen adecuadas ni suficientes las propuestas para proteger a los ciudadanos, sobre todo a la gente joven, contra los graves peligros del tabaquismo. La propagación del hábito, especialmente entre la juventud, se refleja en las terribles cifras que indican el fuerte aumento de los casos de cáncer de pulmón, algo que exige un esfuerzo mucho mayor por parte de Europa para aplicar las medidas ya previstas. Ha llegado la hora de que Europa declare la guerra al peligroso hábito de fumar, por medio de campañas de concienciación más eficaces y de la armonización máxima de la legislación de los Estados miembros para prevenir los peligros del tabaquismo.

  Santini (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, un debate que analice tres informes a la vez sobre cuestiones relativas a los consumidores representa una rara y valiosa oportunidad, tras años en que ni el Parlamento ni la Comisión han mostrado demasiado interés por este ámbito. El primer informe trata, como hemos escuchado, del Libro Verde sobre la protección de los consumidores en la Unión Europea; el segundo, de la estrategia en materia de política de los consumidores para el período 2002-2006; y el tercero, un texto muy elocuente, de la protección jurídica de los consumidores. La estrategia propuesta por la Comisión fija estos tres objetivos a medio plazo, que deben cumplirse por medio de un programa de inmediata aplicación y que deben ser objeto de controles periódicos con documentos de la propia Comisión que certifiquen los avances realizados.

Lograr un nivel común de protección de los consumidores implica armonizar no sólo la seguridad de los bienes y servicios sino, ante todo, los diferentes procedimientos jurídicos a través de los cuales los consumidores ejercen su papel de garantes de las transacciones comerciales del mercado interior. La aplicación real de la política de los consumidores parte del presupuesto de que a todos se les conceda idéntica importancia, mediante una misma garantía que abarque todo el territorio de la Unión.

El programa también proporciona un plan de acciones prioritarias a través de las cuales los consumidores pueden acordar con los Estados miembros los procedimientos de control y, en caso necesario, de recurso, gracias a un sistema de auténtica cooperación administrativa. Los consumidores y sus diversas redes deben tener la capacidad y los recursos necesarios para promover sus acciones en un plano de igualdad de oportunidades y de plenas posibilidades de participación con respecto a las otras partes del mercado interior; y esto en todas las direcciones, por lo que se refiere a las empresas y a las distintas organizaciones de producción.

Además, el principio de armonización mínima de la política de protección de los consumidores está consagrado en el Tratado. Es importante ahora desarrollar una política más eficaz, global y completa que consiga que todos apoyen la armonización mínima. Para ello, hace falta una nueva normativa que cuente con un respaldo y que, por encima de todo, sustituya a la normativa anterior.

  Myller (PSE). – (FI) Señor Presidente, quisiera dar las gracias a los tres ponentes. Se ha dicho en esta Cámara que no se trata de una cuestión de legislación, pero a mi modo de ver, estos asuntos deben abordarse justamente en esta fase, mientras debatimos con la Comisión qué es lo que esperamos de la futura legislación. Por este motivo, quisiera centrarme en los principios que creo que deben introducirse en la legislación comunitaria en materia de protección de los consumidores.

El principio más importante, que se ha planteado en esta Asamblea muy a menudo, es que los niveles de protección de los consumidores deben ser lo más elevados posible. De ello se deduce que, cuando la Comisión propone una legislación lo más armonizada posible en la UE, estoy de acuerdo con este punto de vista elemental sólo si implica que estos elevadísimos niveles de protección de los consumidores se apliquen a través de la armonización. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la armonización si implica que un Estado miembro, aunque se trate de uno sólo, tenga que renunciar a niveles más elevados de protección de los consumidores. Por este motivo, me satisface el punto de vista expresado por el Sr. Whitehead en su informe acerca de que cada acción debe examinarse individualmente.

Este mismo principio debe aplicarse también al reconocimiento mutuo. A este respecto, se debe tener en cuenta la idea de que ni un solo Estado miembro, ni actual ni futuro, debe reducir sus niveles de protección de los consumidores. La ventaja de la armonización mínima, desde el punto de vista de la protección de los consumidores, al menos, es que, a escala nacional, se puede ir más lejos en la legislación si la Unión Europea no alcanza ese nivel. Es necesario, además, que la legislación vigente en materia de protección de los consumidores se aplique por completo, para que los consumidores tengan la plena confianza de que pueden llevar a cabo transacciones comerciales y realizarse como consumidores en todo el mercado interior.

La futura legislación debe ser también muy clara y tener en cuenta los principios de subsidiariedad, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, creo que es importante que no aprobemos una legislación demasiado detallada y que, en lugar de ello, nos centremos en cumplir nuestro objetivo, que es alcanzar los niveles más elevados posibles de protección de los consumidores. Si disponemos de una legislación excesivamente detallada, aquellos que no deseen adoptar estos principios dedicarán todos sus esfuerzos a buscar lagunas jurídicas, lo que creará problemas para los tribunales.

  Paulsen (ELDR). (SV) Señor Presidente, señor Comisario, se podría hablar largo y tendido sobre la futura política comunitaria de los consumidores, pero dado el poco tiempo de que dispongo, intentaré limitarme a un único punto referente al informe de la Sra. Patrie.

Todos estamos de acuerdo en que el requisito esencial para un mercado libre y justo es que los consumidores tengan acceso a información correcta y útil. Esto es relativamente fácil de proporcionar cuando se trata de las exigencias de los «viejos» consumidores en el terreno de la relación entre calidad y precio. Tampoco pasa nada cuando se trata de indicaciones de contenido, etiquetas de lavado, etc. El consumidor moderno es, sin embargo, un ciudadano de otro tipo. Naturalmente, esto es así también en el momento de efectuar la compra. Esto quiere decir que los consumidores de hoy en día exigen información muy variada. Al realizar sus compras, quieren respuestas a preguntas sobre cuestiones éticas, medioambientales y sociales. Además, actualmente hay una gran cantidad de indicaciones sanitarias de importancia diversa.

¿Cómo vamos a lograr garantizar una legislación que cumpla todos estos requisitos para etiquetas raras, requisitos que, no obstante, son objeto de debate y deben respetarse? No nos cabe duda de que tenemos que utilizar el principio conocido en la jerga jurídica sueca como principio de honradez, según el cual se permite a las personas hacer indicaciones sobre sus productos, siempre que puedan probar completamente todo lo que digan. Creo que es la única forma de hacer frente a este nuevo tipo de etiquetado. La norma general es la siguiente: haz lo que quieras, pero no mientas bajo ningún concepto.

  Piétrasanta (Verts/ALE). – (FR) Señor Presidente, acojo con satisfacción la labor exhaustiva llevada a cabo por el Sr. Whitehead, la Sra. Patrie y la Sra. Thyssen, con respecto a las implicaciones del Libro Verde sobre la protección de los consumidores. Estamos de acuerdo con la petición de establecer medidas legislativas más sencillas y mejor definidas para facilitar la ejecución del arsenal legislativo aplicable al mercado interior, que a nuestro modo de ver, carece de transparencia y está demasiado fragmentado para inspirar confianza a los consumidores. Nos agrada que haya surgido el concepto de consumidor-ciudadano, y quisiera señalar que sus derechos fundamentales son el derecho a la seguridad, el derecho a la información, el derecho a la libre elección, el derecho de representación, el derecho de recurso, el derecho a la satisfacción y el derecho de disfrutar de un medio ambiente libre de contaminación.

El consumo del futuro debe tener en cuenta los tres pilares del desarrollo sostenible (el económico, el medioambiental y el social), si bien los dos últimos se descuidan con demasiada frecuencia. Propongo que reflexionemos sobre la viabilidad de una directiva general sobre la calidad medioambiental de los servicios y productos destinados a los consumidores, haciendo especial hincapié en la necesidad de una etiqueta europea y de un elevado grado de protección. Creemos que el consumidor-ciudadano debe desempeñar un papel fundamental, no sólo como cliente, sino también como persona que toma decisiones, como consumidor comprometido y preocupado por el nivel ético de los productos que consume. En este sentido, su presencia será fundamental en este cambio, que deseamos que sea duradero.

  Hager (NI). – (DE) Señor Presidente, quisiera referirme al Libro Verde, en concreto al que trata de la protección de los consumidores. Sería posible extenderse ampliamente en esta cuestión o decir sólo unas palabras, y dado el tiempo disponible de uso de la palabra, voy a optar por la segunda alternativa. Creo que ya existen normas adecuadas sobre los aspectos fundamentales que contempla el Libro Verde. Por tanto, sólo tengo en mente las directivas sobre publicidad engañosa y comparativa o el hecho de que todos los Estados miembros tienen leyes sobre coacción y uso de la fuerza. Desde el punto de vista de la aplicación práctica, si se tiene en cuenta el alcance de las directivas modificadas sobre la venta a distancia y del reglamento propuesto sobre la promoción de ventas en el mercado interior, los únicos consumidores a los que esto sería aplicable en los intercambios comerciales transfronterizos serían los turistas. De nuevo, esto no es gran cosa.

Por consiguiente, no veo que haya ninguna necesidad de una directiva marco en este ámbito. Lo que sería más importante, para arrojar alguna luz en el asunto, en interés de la protección de los consumidores, sería aclarar cómo interactúan las directivas que son de aplicación en esta materia. A diferencia de algunas personas que han hablado antes que yo, no espero que esto se logre con una nueva directiva marco.

  Schnellhardt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, nos hemos pasado más de veinticinco años trabajando en la protección de los consumidores europeos, y no transcurre ninguna sesión sin que se debatan cuestiones relativas a los consumidores. Sé que disiento de algunas personas que han intervenido hoy cuando digo que las normas que llevan años aplicándose han demostrado su valía y que sus efectos aún perduran, si bien han terminado como un paquete jurídico del que nadie puede obtener una perspectiva general, y sigue habiendo algunas lagunas. Por tanto, la Comisión hace bien, por medio de las propuestas sobre la protección de los consumidores, en buscar maneras de huir de la confusión y sugerir cuáles puede ser algunas de ellas.

Quisiera exponer mis razones a favor de una directiva marco que incluya una cláusula exhaustiva fundamentada en el principio de las buenas prácticas comerciales. Cada vez con mayor frecuencia, el mercado interior termina siendo perjudicado debido a la falta de normativa o al margen que las directivas dejan. En vista, sobre todo, de la ampliación, deben tomarse medidas para remediar esto lo antes posible, y existe una necesidad de luchar no sólo contra las prácticas comerciales desleales que afectan a los consumidores, sino también contra aquellas que emplean unos contra otros todos los que participan en el mercado interior.

Esta última categoría incluiría los intentos de algunos Estados miembros por utilizar la protección de los consumidores o su salud como escudo con el que proteger de la competencia a los mercados y las industrias nacionales. También están aquellos que se llaman a sí mismos defensores de los derechos de los consumidores y que se permiten comprometerse con esta causa y contribuir a eliminar a los competidores del mercado. Por eso, creo que es necesario hacer un mayor uso de la forma jurídica de los reglamentos para conseguir una mayor seguridad jurídica. Esto conducirá también a la armonización, algo que es necesario en el mercado interior. La Comisión ha elaborado una lista exhaustiva y la ha adjuntado como anexo. Todos los puntos que incluye son importantes, pero las nuevas prioridades del informe Whitehead introducen otros, de los que unos son más importantes, y otros menos. Lo que el Sr. Whitehead ha dicho hoy contradice este orden de prioridades.

Los consumidores pueden aprovecharse de sus derechos sólo cuando conocen cuáles son. La labor sobre la protección de los consumidores debería hacer de la política de información una prioridad. Las asociaciones de consumidores tienen un papel importante que desempeñar en este terreno, y los gobiernos las deben apoyar en esta tarea. Puesto que no lo hacen así, tenemos que crear centros de consumidores en nuestros Estados miembros, si es que deseamos avanzar en este ámbito.

  Koukiadis (PSE). – (EL) Señor Presidente, la nueva estrategia de la Comisión en materia de protección de los consumidores es una estrategia sumamente ambiciosa que simboliza la calidad de vida de los consumidores, protegiéndolos contra las prácticas desleales y reduciendo las diferencias de precios injustificadas entre países, así como dando confianza a los consumidores para que accedan a un mercado de 350 millones de personas y defendiendo la credibilidad de las organizaciones de consumidores.

La Comisión merece nuestra felicitación por la exhaustiva investigación que ha realizado, al igual que, por supuesto, nuestros ponentes, por las enmiendas que han propuesto. No obstante, el camino no está sembrado de rosas. Los obstáculos y las dificultades técnicas son múltiples. En primer lugar, tenemos que convencer al mundo empresarial y a algunos colegas de que un marco regulador no es incompatible con el espíritu competitivo y que es uno de los requisitos esenciales para una competencia sana.

En segundo lugar, todos deben comprender que el mero hecho de confeccionar un listado de relaciones entre empresas y consumidores o incluso de relaciones entre empresas no equivale a una protección integrada de los consumidores, en especial si nuestro objetivo común es lograr un mercado más eficaz y una mayor protección de los consumidores. Por ejemplo, las propuestas del Libro Verde también tienen que abordar el reglamento propuesto sobre la promoción de ventas.

En cuanto al enfoque, el optar como una cuestión de prioridad por una directiva marco coherente que incluya un determinado número de principios, como puede ser la prohibición de las prácticas inmorales, el principio de buena fe y el principio de prácticas comerciales leales, es el enfoque correcto. De hecho, este enfoque reduce la necesidad de un reglamento detallado y permite dar una rápida respuesta al número creciente de prácticas y estratagemas desleales. Hasta los legisladores de Europa central, que están muy acostumbrados a reglamentos detallados, confían cada vez más en cláusulas generales para adaptar la legislación a las circunstancias cambiantes. Este enfoque ha demostrado ser de gran valor y ha permitido que se ponga al día la legislación.

Al final, puede que seamos incapaces de evitar un reglamento específico, pero éste debería desempeñar un papel complementario. Además, la flexibilidad de enfoque de una directiva marco reside también en mantener la política de mayor autorregulación, a la que debe darse prioridad, pero con dos condiciones: en primer lugar, debe fijarse un plazo general dentro del cual las partes interesadas tengan que llegar a un acuerdo y, en segundo lugar, debe existir un marco común para determinar quién es responsable de cumplir las obligaciones previstas en la autorregulación.

Otro problema que se plantea es elegir entre una armonización máxima o mínima. La elección es difícil porque, en primer lugar, no queremos que la armonización conduzca a un menor grado de protección y porque, en segundo lugar, normalmente las propuestas maximalistas obstaculizan los intentos de armonización. Creo que debemos emplear una armonización máxima y que sólo deberíamos recurrir selectivamente a la armonización mínima en casos concretos.

Quisiera terminar mi intervención con unas palabras sobre la necesidad de prestar una especial atención a las organizaciones de consumidores. Tenemos que asegurarnos de que sean representativas y transparentes ya que, en la actualidad, ellas mismas representan un problema para la protección de los consumidores.

  Flemming (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, me alegra mucho haber logrado que algunas de mis enmiendas hayan sido aceptadas. Espero que el Comisario también esté satisfecho.

La enmienda al informe Patrie se refiere al hecho de tener en cuenta la protección de la competencia frente a las prácticas comerciales desleales, sin perjuicio de la protección de los consumidores, y en interés de un marco jurídico uniforme. Señor Comisario, creo que esto es de la mayor importancia, en especial para las pequeñas y medianas empresas.

Me alegra, sobre todo, haber podido incorporar dos enmiendas al informe Whitehead que me parecen fundamentales. Una tiene por objeto establecer unas disposiciones óptimas en materia de salud y seguridad en la actual evaluación de productos químicos, garantizando a la vez el mayor empleo posible de los procedimientos de ensayo in vitro. Se trata de un principio fundamental, pero su incorporación legislativa será un importante paso adelante.

En la segunda enmienda, le pedimos, señor Comisario, que fomente en la OMC el uso del etiquetado como instrumento que garantice que se informa a los consumidores del origen y el método de producción. Si me permiten un ejemplo sencillo, a los consumidores les importa si los huevos proceden de gallinas que han sido torturadas en jaulas colocadas en batería o de gallinas felices que han podido corretear en libertad, aunque tengan que pagar un poco más. Los huevos son mejores y saben mejor. Sabiendo que usted, señor Comisario, es un hombre de gran corazón, estoy seguro de que se sentirá muy satisfecho con estas enmiendas.

  Scheele (PSE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, aunque estemos llegando al final del debate, no quisiera comenzar mi intervención sin antes dar las gracias al Sr. Whitehead en particular, sobre todo por el enfoque centrado al que se ha referido al principio, que nos ha permitido prescindir de un determinado número de cuestiones que, de otra manera, habrían constado, con seguridad, en el orden del día.

Hasta el momento, el debate ha demostrado nuestra unanimidad con respecto al objetivo de lograr un nivel elevado y uniforme de protección de los consumidores. Se está haciendo más difícil alcanzar la unanimidad cuando se trata de aclarar si este objetivo figura entre los demás objetivos políticos, y un diputado ha dicho que deberíamos apoyar todas las medidas tendentes a promocionar las ventas. Cuando lo que se está debatiendo es la estrategia en materia de política de los consumidores, creo que lo único que podemos decir es que nuestro estimado colega va mal encaminado, al menos por lo que se refiere a la política de los consumidores. Esta política consiste en informar a los consumidores, en darles libertad de elección y en protegerlos.

Ya se ha vuelto más difícil lograr la unanimidad con respecto a la cuestión de cómo debería ser el reglamento mínimo o máximo. En este asunto, respaldo por completo el enfoque de nuestro ponente, el Sr. Whitehead, y quisiera hacer hincapié también en que este examen de casos concretos debe conllevar, naturalmente, el comprobar si existen en los Estados miembros medidas de probada eficacia que la armonización suprimiría. De todos los informes y de todo lo que se ha dicho, se desprende, en mi opinión, que estamos muy lejos de nuestra meta de alcanzar un elevado nivel de protección de los consumidores en la Comunidad, y esto hace que sea coherente y lógico averiguar si el principio del país de origen y el principio de reconocimiento mutuo deberían seguir aplicándose en el futuro. Quisiera concluir diciendo que me parece de suma importancia el apartado 18 del informe Whitehead, en el que se pide un acceso asequible a unos servicios de interés general de gran calidad.

  Harbour (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, ante todo quisiera rendir homenaje a nuestros tres ponentes. El Parlamento es muy afortunado de tener diputados tan distinguidos que son expertos en su ámbito y ello se refleja en la calidad del trabajo que nos han presentado.

Quisiera hablar desde la perspectiva de la ponente sobre estrategia del mercado interior para la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Me ha complacido mucho que haya colegas que hayan respaldado con tanta firmeza este informe en la última sesión plenaria. Todos compartimos el punto de vista de que consumidores seguros de sí mismos y bien informados, capacitados para elegir, son el fundamento de un mercado interior eficaz. Queremos que este poder de elección recompense a las empresas que ofrecen calidad, valor y una excelente prestación de servicios al cliente, y deseamos asegurarnos de que el marco legal no desalienta la innovación; en realidad, hay que fomentar a las empresas innovadoras.

También deseamos estimular a las empresas responsables y prósperas a que adopten la normativa para ayudarse a sí mismas, a que cumplan los códigos de conducta y expulsen a las empresas irresponsables. Este es el marco en el que todos debemos considerar sus propuestas. Espero que estarán de acuerdo conmigo que no sirve de nada a los consumidores que se penalice a las empresas rentables y responsables con costes burocráticos excesivos cuando los comerciantes estafadores sencillamente ignoran la legislación y quedan impunes. La aplicación de la normativa es algo que debe usted considerar.

Me complació que nos explicara la serie de estudios que ha encargado, incluida la evaluación de impacto. Quisiera que me asegurara hoy que la evaluación de impacto considera los costes impuestos a las empresas y asegure que los resultados son proporcionados y reflejan una ventaja real para el consumidor.

En resumen, quisiera decir en nombre de todos mis colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior que estamos muy interesados en la política de los consumidores. Quisiéramos verle participar más en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, ya que algunas de las propuestas que nos ha remitido no aportan ventajas a los consumidores del modo que desearíamos.

Le pido amablemente que por favor salga más, venga y nos dedique más tiempo, y que juntos creemos un verdadero mercado interior dirigido al consumidor.

  Moreira da Silva (PPE-DE). – (PT) Señor Presidente, señor Comisario, ante todo quisiera felicitar a los tres ponentes por su excelente labor y decir que se han realizado grandes avances en los últimos años, a escala europea, en el ámbito de la protección de los consumidores, y en particular, naturalmente, en la seguridad alimentaria. Es cierto que han tenido que ocurrir demasiados escándalos alimentarios para que esto suceda así, pero pese a ello, tenemos motivos para estar orgullosos del trabajo legislativo de la UE en este campo.

Ahora que estamos empezando a elaborar soluciones para resolver problemas relacionados con la protección de los consumidores, mucha gente ha manifestado sus dudas acerca de la necesidad de hallar soluciones comunes en la UE. Hay que recordar que el éxito de la política de la Unión Europea sobre seguridad alimentaria, tanto en lo que se refiere a la protección del consumidor, como al equilibrio del mercado interior, no se ha logrado sólo con la implantación de normas más restrictivas para la alimentación humana y animal. Este éxito se debe también a la comunitarización de estas normas. En consecuencia, dada la enorme fragmentación e incluso incompatibilidad de las normas comerciales y de protección de los consumidores en los Estados miembros, que simplemente distorsionan la competencia, reducen los niveles de calidad y minan la confianza de los consumidores, estoy a favor de armonizar, tanto como sea posible, toda la legislación en materia de protección de los consumidores.

Con vistas a este esfuerzo de armonización, creo que la Unión Europea debe empezar definiendo una directiva marco en materia de prácticas comerciales que establezca claramente las responsabilidades de los operadores económicos con los consumidores. Creo, sin embargo, que existen otros ámbitos en los que la Unión Europea y la Comisión deben seguir trabajando, sobre todo en la legislación relativa a la protección de la salud humana contra los efectos de los campos electromagnéticos, en especial los creados por los teléfonos móviles. El hecho de que las mayores empresas de telefonía móvil sean europeas no debe impedir que así lo hagamos.

  Byrne, Comisión. – (EN) Señor Presidente, de entrada quiero expresar mi gran satisfacción con este debate tan constructivo y animado y lo mucho que me alegra que las opiniones de la Comisión se hayan visto apoyadas de modo general en esta Cámara. No soy el único que se siente satisfecho, sino también mi personal y mis colaboradores, que han trabajado con tanto empeño en esta propuesta.

Comenzaré refiriéndome a los puntos relativos a la Directiva marco y a continuación me referiré a algunos puntos del plan de acción.

Algunos diputados han mencionado la plena armonización. Como saben, la Comisión está decidida a completar el mercado interior, pero hacer que este mercado único funcione para las empresas y los productores es tan sólo una vertiente. Las normas del mercado interior deberían fomentar asimismo la confianza de los consumidores en la compra de bienes y servicios sin desanimarse por la existencia de fronteras nacionales que pueda haber entre compradores y vendedores.

Rechazo la idea de que una cosa es posible sin la otra. Las exigencias del Tratado en materia de protección de los consumidores y mercado interior son totalmente compatibles.

La historia de la protección de los consumidores de la UE es en gran medida una historia de armonización que deja a los Estados miembros la libertad de ir más allá del nivel básico de armonización si así lo desean. Esto ha llevado a la fragmentación jurídica. Y también ha obstaculizado el buen funcionamiento del mercado interior.

Algunos estudios recientes revelan que sólo el 13% de los consumidores de la UE han realizado una compra transfronteriza en los últimos 12 meses. Por otra parte, como he señalado anteriormente, para un 68% de las empresas la armonización de las normas de protección del consumidor es una de las opciones más eficaces para facilitar las ventas transfronterizas.

Así pues, debemos esforzarnos por lograr unas normas y unas prácticas más sencillas y comunes que promuevan la confianza en las transacciones transfronterizas. La ampliación de la UE viene a subrayar la importancia de ello. Si se deja de lado, la fragmentación de las normas de protección de los consumidores aumentaría significativamente.

Más concretamente, debemos superar las barreras reales que se derivan de las leyes nacionales y de la jurisprudencia nacional acerca de las prácticas comerciales injustas. Por ejemplo, tomemos al consumidor de referencia, aquel que nos sirve para valorar la publicidad engañosa. Este, según la jurisprudencia del TJCE –cito a título de ejemplo el asunto Clinique– es el consumidor medio, prudente y razonablemente bien informado.

Sin embargo, esta prueba no se aplica uniformemente en toda la UE. Por ejemplo, en el asunto Saint-Brice del año 2000, el Tribunal de Apelación (Cour de Cassation) belga declaró que el consumidor de referencia que serviría para evaluar la publicidad engañosa es el consumidor vulnerable. En el asunto de la publicidad de Scanner, el tribunal supremo alemán declaró que el consumidor de referencia es el observador casual en lugar del consumidor razonablemente prudente. Por lo tanto, nuestra intención es asegurar una armonización completa de las normas relativas a las prácticas comerciales desleales y la codificación de la prueba del consumidor medio, eliminando así barreras significativas.

Unas palabras sobre el reconocimiento mutuo. La Directiva marco asegurará una armonización completa de las leyes sobre prácticas comerciales desleales. Esta convergencia, junto con un nivel efectivo de protección al consumidor, deberían crear las condiciones políticas necesarias para que los principios de reconocimiento mutuo y de país de origen sean aceptables.

El nivel general de protección se verá incrementado dentro de la UE por el hecho de que algunos Estados miembros no cuentan actualmente con una legislación completa sobre prácticas comerciales desleales.

Por supuesto, reconocemos que la Directiva marco debe asegurar un alto nivel de protección del consumidor. Esto no significa que debamos tomar el denominador común más bajo de los regímenes nacionales existentes. Ni tampoco implica que debamos hacer una recopilación de todas las disposiciones nacionales vigentes más estrictas. Sin embargo, debemos lograr un equilibrio adecuado entre el interés de los consumidores en recibir protección frente a los operadores deshonestos al comprar en otro país y el interés de las empresas en reducir sus costes de comercialización y de cumplimiento de la normativa.

Algunos diputados han mencionado la cuestión de la simplificación. La Comisión tratará de incorporar en la medida de lo posible el acervo en la Directiva marco. Los elementos del acervo que estén incluidos en una directiva marco serían revocados. Por supuesto, esto no incluye las disposiciones legales en materia de contratos, que serán tratadas en el contexto del plan de acción recientemente adoptado por la Comisión. La Directiva marco simplificará el entorno reglamentario relativo a las prácticas comerciales desleales, revocando las disposiciones predominantes de empresa a consumidor en la Directiva sobre publicidad engañosa y revocando, por ejemplo, las disposiciones de suministro no solicitado de la Directiva sobre la venta a distancia. Estos temas, que hoy en día están sujetos a normas de armonización mínimas, se armonizarán plenamente en la Directiva marco. Además, la cláusula general de la Directiva sustituirá a las cláusulas generales divergentes en los Estados miembros y creará, por lo tanto, un entorno reglamentario más uniforme. Soy consciente de que los ciudadanos lo están pidiendo. Se trata de un aspecto importante de esta propuesta y en general la hará más aceptable tanto para las empresas como para los consumidores.

Sobre la cuestión de lo «leal y desleal», la Directiva marco girará en torno a una cláusula general que prohíba las prácticas comerciales desleales. La pregunta crucial es, por supuesto: ¿Qué es desleal? Esta fue una de las principales cuestiones que fueron objeto de consulta. Los resultados de la consulta, nuestro trabajo con expertos nacionales gubernamentales y el estudio jurídico que encargamos dejan claro que sería más fácil definir lo que es desleal, en lugar de lo que es leal.

La definición de lo que constituye una práctica comercial desleal debería llevarnos a una mayor seguridad jurídica. Las empresas que operan lealmente no tendrán que modificar sus prácticas comerciales. Para ayudar a conseguir esta seguridad jurídica, contaremos con una lista no exhaustiva de categorías de prácticas desleales y con una lista de prácticas comerciales prohibidas que complementarán la cláusula general.

Algunos diputados han mencionado los códigos de conducta. Se han manifestado diferentes posturas en la consulta de la UE acerca de la idea de la adhesión a códigos de la UE. Algunos se han declarado a favor, otros en contra. Los informes de la Sra. Patrie y de la Sra. Thyssen reflejan esas posturas divergentes. Quisiera animar a las empresas responsables a que traten a sus clientes de forma leal y que reconozca que los códigos de conducta voluntarios pueden desempeñar un papel importante en la consecución de este objetivo en sus respectivos sectores. Cualquier proceso de adhesión debería ser voluntario. El titular de un código decidiría si solicitar la adhesión, y una empresa decidiría, por tanto, si adherirse a este código o no.

En cuanto a la cuestión de los consumidores vulnerables, se trata de un asunto de cierta complejidad. Estamos estudiando el tema. Hay varios aspectos distintos. Decidiremos antes de redactar la legislación, que espero se presentará en un futuro muy próximo.

Paso ahora a la pregunta del Sr. Whitehead sobre la financiación. Quiero resaltar que tan importante es mejorar la calidad del gasto como su cantidad. Es un punto que también estamos teniendo en cuenta.

Por último, doy las gracias de nuevo a Sus Señorías por sus constructivos comentarios y a los ponentes por sus informes. No les quepa duda de que tendré en cuenta las opiniones expresadas aquí esta mañana en el proyecto legislativo definitivo, que espero presentar al Parlamento en un futuro muy próximo.

  El Presidente. – Muchas gracias, Comisario Byrne.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

PRESIDENCIA DEL SR. ONESTA
Vicepresidente

El Presidente. – Dos diputados han solicitado dirigirse a la Cámara en relación con la observancia del Reglamento. El Sr. Knolle hablará en primer lugar.

  Knolle (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, hay algo que me gustaría haber hecho en esta Cámara. Hoy me he dado cuenta de que hay pancartas colgadas en el patio del Parlamento. No quiero entrar en el contenido de estas pancartas, pero desde luego esta Cámara no es su sitio. Si esto se convierte en precedente, el Parlamento pronto acabará pareciendo una valla o un poste publicitario llenos de carteles, para menoscabo de la honorabilidad de esta Cámara. Por lo tanto, pido que se retiren esas pancartas.

(Aplausos)

  El Presidente. – Tomo nota de ello e informaré a los servicios competentes.

  Evans, Robert J.E. (PSE). – (EN) Señor Presidente, me complace mucho que el Comisario Byrne esté con nosotros esta mañana, ya que en mi calidad de Presidente del Intergrupo del Parlamento Europeo para el Bienestar y la Conservación de los Animales, me causó una gran decepción recibir una carta del Comisario Byrne en la que decía que no podría acudir a las reuniones del intergrupo en los próximos tres, cuatro, cinco o seis meses para debatir cuestiones relativas al bienestar de los animales, en especial el transporte de los animales vivos. Espero que el Comisario reconsidere esta decisión y encuentre algún hueco en su a todas luces muy apretada agenda.

  El Presidente. – Señor Evans, creo que tendrá dificultades para citar la regla que le permite plantear una cuestión de observancia del Reglamento como esta. No obstante, espero que esto haya permitido a los demás diputados regresar a sus asientos, ya que tengo una declaración que hacer.