Debates

Miércoles 14 de enero de 2004 - Estrasburgo

2. Votaciones

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.

Informe (A5-0412/2003) del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el atún: flota e industria. Situación y perspectivas de futuro en la Unión Europea y en el mundo [2003/2017 (INI)]

(El Parlamento aprueba el texto)

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Recomendación para la segunda lectura (A5-04552003) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a detergentes (10595/3/2003 – C5-0521/2003 -2002/0216(COD)) (Ponente: Mauro Nobilia)

(El Presidente declara aprobada la posición común modificada)

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Informe (A5-0484/2003) del Sr. Herzog, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el Libro Verde sobre servicios de interés general [COM(2003) 270 – 2003/2152(INI)]

Antes de la votación:

  Herzog (GUE/NGL), ponente. – (FR) Señor Presidente, habida cuenta de la complejidad del expediente y de su carácter altamente político, solicitaré un inciso entre la votación sobre el conjunto de las enmiendas y artículos y la votación final. El Reglamento lo permite.

  El Presidente. Vamos a abordar las enmiendas y, seguidamente, los demás informes de modo que tienen tiempo para considerar el resultado.

Antes de la votación de la enmienda 21:

  Herzog (GUE/NGL), ponente. – (FR) Señor Presidente, propongo al Partido Socialista que cambie su terminología para ser coherente con una votación anterior sobre el marco jurídico. Propongo sustituir marco jurídico por directiva marco, para ser coherentes con la votación anterior y para dar una oportunidad al voto positivo en apoyo al texto del Tratado constitucional.

(La Asamblea no da su conformidad a la presentación de la enmienda oral)

Antes de la votación de la enmienda 103:

  Herzog (GUE/NGL), ponente. – (FR) Señor Presidente, con respecto a la cuestión de la liberalización del mercado del agua, hay una contradicción en la versión francesa. La versión francesa está redactada de tal modo que da la impresión de que la enmienda 48 indica que hay que proceder a la liberalización del mercado del agua sin tener en cuenta las características regionales, cuando la versión inglesa dice lo contrario. Les recuerdo que estuvimos trabajando primero en inglés. Los que quieran rechazar la liberalización del mercado del agua deben votar pues por el texto original, si no aceptan la enmienda 103. Primero tienen que votar a favor de la enmienda 103, que rechaza la liberalización del mercado del agua, y si la enmienda 103 no es aprobada, queda el texto original de la enmienda 48, que también, en su primera parte, rechaza la liberalización.

  El Presidente. Los servicios han observado la discrepancia y puedo confirmar que la versión inglesa es correcta.

Tras la votación de la enmienda 109:

  Langen (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, ahora que ya hemos votado todas las enmiendas referentes al punto 51, me gustaría volver a la enmienda 36. Nuestro Grupo ha solicitado que se vote en dos partes; de momento solo hemos votado la primera. Por lo tanto, le pido que se prosiga con la votación de la segunda mitad de la enmienda 36, de acuerdo con la solicitud que presentamos.

  El Presidente. Los servicios lo están verificando, pero no he recibido ninguna solicitud para que la votación se realice por partes.

Tras la aprobación del considerando U/2:

El Presidente. – Bono estará contento.

(Risas)

Después de la votación sobre las enmiendas:

  Langen (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, me levanto para volver a preguntarle si ya ha terminado de examinar la votación por partes de la enmienda 36. Usted se disponía a examinarla y a anunciar el resultado. Mi Grupo pidió una votación por partes de la enmienda 36. Solo se ha votado la primera parte. Me gustaría que ahora se votara la segunda parte.

  El Presidente. No he sometido a votación la Parte I. He sometido 36 a votación. No he recibido ninguna petición para que se realice una votación por partes. Hemos votado sobre 36. Todos los demás Grupos tienen un voto, pero el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos parece ser que tiene dos votos sobre esto.

Ahora vamos a esperar brevemente la votación sobre la propuesta de resolución a menos que haya objeciones.

  Provan (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, como parece que nos tomamos un pequeño descanso, quisiera preguntar al Sr. Corbett si cree que el procedimiento de votación que hemos adoptado es conforme con el nuevo Reglamento que elaboramos para esta Asamblea a fin de intentar simplificar la votación.

Las enmiendas relacionadas con el informe del Sr. Nobilia, elaboradas en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, se sometieron a votación en bloques. Sin embargo, ahora la votación resulta ser muy polémica y larga sobre un informe elaborado en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que creo no es conforme con el Reglamento. Ahora nos piden que aplacemos la votación final. ¿En virtud de qué artículo lo está usted haciendo, Señor Presidente?

  El Presidente. En el Reglamento se contemplan disposiciones para un aplazamiento. Por esto he preguntado si había alguna objeción. No concederé la palabra al Sr. Corbett porque no voy a dejar que presida la sesión plenaria desde la tarima. Por supuesto, hemos cumplido el Reglamento, de otro modo no hubiera procedido.

⁂

Informe (A5-0355/2003) del Sr. De Rossa, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre la petición 461/2000 relativa a la protección y conservación de los simios antropomorfos y de otras especies amenazadas por el comercio ilegal de carne de animales silvestres [2003/2078 (INI)]

Antes de la votación:

  De Rossa (PSE), ponente. – (EN) Señor Presidente, este informe surgió a raíz de una petición efectuada al Parlamento Europeo, firmada por 1,9 millones de ciudadanos de Europa. La organización que lideró esta petición, la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios, está hoy representada en la tribuna de invitados y quiero agradecerle encarecidamente el esfuerzo que ha hecho para presentar este asunto a la Asamblea.

(Aplausos)

(El Parlamento aprueba la resolución)

* * *

  Poettering (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, no queremos causar dificultades en la votación final sobre el informe del Sr. Herzog, pero le ruego que la votación se realice ahora, porque muchos diputados ya se están marchando.

(Aplausos)

  Cohn-Bendit (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, con todos los respetos por el Sr. Poettering, que quiere ir a comer, esto es tan complicado que podríamos votar primero las demás enmiendas y luego dejar que el Sr. Herzog diga lo que tiene que decir. Opino que estas tácticas son indignas de un parlamento. Si tienen ustedes dificultades, la gente puede pensar que…

(Interrupciones)

¡Bueno, la vida es así! Seguiremos debatiendo hasta que haya emitido su opinión. ¿Es eso así? ¿No tiene nada más que decir? Bueno, ¡pues debería hacerlo!

(Interrupciones)

  El Presidente. Señorías, el Reglamento es claro. El ponente tiene derecho a solicitar un aplazamiento a menos que existan objeciones. Como está claro que ahora hay objeciones al respecto, voy a conceder la palabra al ponente y, a continuación, se procederá a la votación de la resolución.

  Herzog (GUE/NGL), ponente. – (FR) Señor Presidente, aunque desde mi punto de vista sigue habiendo muchos puntos negativos en cuanto al fondo del texto, considero que permitimos la continuación del proceso de debate sobre este tema importante con un acto legislativo, con el rechazo del procedimiento de la Comisión sin codecisión, y con señales muy claras sobre el rechazo de la liberalización en una serie de sectores, e introducimos un proceso de evaluación concreto, así que voy a votar a favor.

(El Parlamento aprueba la resolución)

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Informe (A5-0474/2003) de la Sra. Sandbæk, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Datos recientes sobre el programa de acción comunitario: aceleración de la lucha contra el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis en el contexto de la reducción de la pobreza – Cuestiones políticas pendientes y desafíos futuros» [COM(2003) 93 2003/2146(INI)]

Antes de la votación del considerando L:

  Corrie (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, señora Sandbæk, el ponente ha acordado cambiar la palabra «trabajando» por «siendo explotadas», lo que quiere decir que la redacción ahora será la siguiente: «esto debe extenderse a las mujeres que están siendo explotadas».

(La Asamblea da su conformidad a la presentación de la enmienda oral)

(El Parlamento aprueba la resolución)

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Informe (A5-0329/2003) del Sr. Bébéar, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la Nueva Estrategia de Cooperación para el Desarrollo Africano (NEPAD) (2003/2106 (INI))

Antes de la votación de la enmienda 5:

  Bébéar (PPE-DE), ponente. – (FR) Señor Presidente, quisiera presentar simplemente una enmienda oral a la enmienda de la Sra. Boudjenah e incluir la palabra «constata» al comienzo: «Constata que el Plan de acción para África anunciado por el G8 en 2002 no se ha traducido en compromisos concretos; pide al G8 y a la Unión Europea que contribuyan rápidamente a movilizar los recursos necesarios para contribuir a realizar los objetivos de la NEPAD.»

(La Asamblea da su conformidad a la presentación de la enmienda oral)

(El Parlamento aprueba la resolución)

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Informe (A5-0477/2003) de la Sra. Prets, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, medios de Comunicación y Deporte, sobre la preservación y el fomento de la diversidad cultural : el cometido de las regiones europeas y organizaciones internacionales como la UNESCO y el Consejo de Europa [2002/2269 (INI)]

(El Parlamento aprueba la resolución)

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Informe (A5-0481/2003) de la Sra. Swiebel, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Unión Europea (2003/2011(INI))

(El Parlamento aprueba la resolución)

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El Presidente. – Con esto concluye la votación.

EXPLICACIONES DE VOTO

Informe Varela Suanzes-Carpegna (A5-0412/2003)

  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL), por escrito. – (FR) El objeto de este informe es proteger la pesca y la industria de la transformación del atún de la Unión Europea frente a la competencia procedente de otros lugares. Esta preocupación es tanto más discutible cuanto que la flota atunera comunitaria es ya la más importante del mundo y explota los recursos pesqueros de todo el planeta, entre ellos los de muchos países pobres.

Además, la competencia procede a menudo de flotas que no por funcionar bajo pabellones de otros países dejan de pertenecer a inversores de la Comunidad Europea.

El informe se preocupa prudentemente por el descenso de los recursos atuneros. En efecto, la competencia, fuente de derroches y crisis en todos los sectores de la economía, tiene consecuencias más desastrosas aún cuando se trata de recursos naturales que una competencias salvaje e irracional puede agotar por completo.

La única conclusión lógica que se puede sacar de este informe es que el sistema basado en la competencia es perjudicial, y que la única forma sana de gestionar los recursos naturales sería gestionarlos colectivamente, de forma planificada. Esta gestión debería realizarse a escala planetaria y no con la única preocupación de proteger la producción de la Unión, ya que los atúnidos tienen la mala costumbre de no respetar las fronteras ni las aguas territoriales.

Nos hemos abstenido.

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Las flotas comunitarias son responsables de más del 20% de las capturas mundiales de atún y se encuentran entre las principales fuentes de suministro de materia prima para la industria de las conservas de pescado. La producción de atún en conserva asciende en Portugal al 6% de la UE, que a su vez representa cerca del 40% de la producción portuguesa de conservas de pescado. Estas cifras ilustran la importancia de la flota y la industria del atún en las regiones menos desarrolladas y más alejadas, que son altamente dependientes del sector pesquero. Este sector ha perdido su competitividad frente a la presión de las importaciones extranjeras, como resultado de los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, y también se ha visto afectada de forma adversa por la última reforma de la política pesquera común, que entró en vigor en diciembre de 2002.

Por lo tanto, apoyo la idea principal subyacente de este informe, es decir, que la Comisión elabore un estudio sobre el estado de los recursos de atún, de la flota y de la industria en su conjunto, y que presente posteriormente un plan de acción para el sector del atún que facilite un marco global de ayuda estructural y un plan para proteger el sector frente a la competencia de terceros países.

Siempre hemos abogado por la necesidad de compensaciones o de ayudas al consumo para apoyar al sector de las conservas, y de importaciones controladas para garantizar que el pescado importado satisfaga los mismos criterios de seguridad y calidad alimentarias que los productos de la industria comunitaria.

  Malmström, Paulsen y Olle Schmidt (ELDR), por escrito. (SV) A pesar de algunos esfuerzos correctos, la actual política pesquera todavía significa que la UE está comprando el derecho a abusar de los recursos naturales de los pobres. Se trata de una forma moderna de colonialismo. Lo que se necesita es una reforma verdadera de la política pesquera y un enfoque totalmente distinto de nuestras relaciones con los países pobres. Por lo tanto, he decidido votar en contra del susodicho informe en su totalidad.

  Patakis (GUE/NGL), – (EL) El objetivo del informe es reforzar las pocas grandes empresas pesqueras con medidas económicas e institucionales con el fin de mejorar la competitividad. Como excusa para este refuerzo, el ponente cita el indisputable alto valor nutricional del producto, su valor económico, el empleo, la preservación de las poblaciones, etc.

Estas excusas ocultan el hecho de que esta actividad solo incumbe a algunas grandes empresas de la UE y que los países desarrollados sobreexplotan la riqueza marítima mundial a expensas de los países pobres y en desarrollo, ya que los acuerdos pesqueros internacionales no son equilibrados y salvaguardan los derechos de los fuertes.

La aprobación en el informe de las subvenciones para renovar la flota, de las subvenciones a la exportación y de los aranceles y obstáculos tecnócratas a las importaciones refuerzan de modo provocador a determinados hombres de negocios y convierten incluso en más injusta la división internacional del trabajo en este sector, a expensas de los países pobres y en desarrollo.

Nos gustaría destacar que, en el informe, las subvenciones para la retirada de los grandes buques de la flota del atún se describen como lo que realmente son, contraproducentes y catastróficas, que es la razón por la que se propone que sean abolidas y redirigidas hacia la renovación de la flota. Sin embargo, las mismas subvenciones para la retirada de barcos pesqueros de corto recorrido y de bajura, pequeños y medianos, son presentadas por la UE como fondos estructurales, supuestamente para reestructurar los sectores correspondientes. Esta contradicción confirma de nuevo la política de clases de los círculos gobernantes de la UE a expensas de las industrias pesqueras pequeñas y medianas en beneficio de las grandes empresas pesqueras capitalistas.

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) Dado que el atún es el recurso pesquero con más éxito comercial en el mundo, quiero felicitar al ponente y a la Comisión de Pesca por este informe de iniciativa propia sobre la flota y la industria del atún.

El informe concluye que los Estados miembros solo se beneficiarán si la UE decide implicarse más en este sector de la industria pesquera. En vistas de la pérdida de competitividad de la flota y del sector del atún de la Comunidad, es imposible aducir una conclusión de este tipo, además de la gran contribución de estas áreas a la UE: la industria conservera proporciona unos 40 000 puestos de trabajo en la UE y el atún representa casi el 60% de la producción total de pescado en conserva.

Apoyo la propuesta de que la Comisión debería presentar un plan de acción específico y un marco de apoyo global estructural para el sector del atún.

Reconozco la importancia de que la UE insista en que, en el seno de las organizaciones pesqueras regionales, la flota se adapte a los recursos disponibles, lo que asegurará, donde sea posible, estabilidad y renovación. Esta adaptación debe incluir la lucha contra la pesca excesiva practicada por barcos ilegales con banderas de conveniencia, lo que podría implicar, tal y como el informe tiene previsto, elaborar una lista de aquellos barcos que cumplen las normas relevantes y que serán autorizados, e imponer sanciones comerciales a los barcos que no las cumplan.

  Souchet (NI), por escrito. – (FR) Todo debería sonreír a la pesca y a la industria atunera comunitarias. Cuentan con profesionales emprendedores, de gran calidad, en particular en Francia y en España, y ofrecen un alimento sano y natural, que es objeto de una demanda fuerte y creciente. Sin embargo, la competitividad europea se ha debilitado por culpa de la Comisión, aunque esta pretende encarnar en exclusiva el «bien común europeo».

Las exigencias draconianas y cada vez más mayores de la legislación comunitaria, en particular en materia de seguridad, control, condiciones sanitarias de producción, protección del medio ambiente y protección social, acarrean a la flota y a los transformadores comunitarios unos costes muy superiores a los de sus competidores.

La ideología de la apertura sistemática y total que anima a la Comisión se aplica a los productos del mar, con la ampliación permanente de la lista de países beneficiarios de preferencias arancelarias, que gozan de un sistema de certificados de origen especialmente opaco, así como el contingente de filetes de atún y el contingente de conservas de atún abiertos a Tailandia, a Filipinas y a Indonesia. Nuestro ponente destaca «... la apertura del mercado comunitario a productos foráneos con menores exigencias y controles insuficientes que merman la competitividad de los productos de la Comunidad».

Es hora de poner fin a estas discriminaciones impuestas por la Comisión en detrimento de nuestras economías y nuestros empleos.

Recomendación para la segunda lectura:

Nobilia (A5-0455/2003)

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este reglamento tiene por objeto la actualización del marco legislativo comunitario actual relativo a los detergentes, que data de principios de los años setenta y que se ha extendido por varios instrumentos legislativos. A pesar de algunas limitaciones y del hecho de que no va lo suficientemente lejos, el reglamento contiene algunas propuestas excelentes dirigidas a preservar el medio ambiente, como el control de la biodegradabilidad, y a proteger a los consumidores, a quienes debe garantizárseles información sobre la composición de los productos, listas de ingredientes y un etiquetado efectivo. Así que apoyamos las enmiendas de transacción presentadas respecto al informe que tenemos ante nosotros y que ha sido respaldado por siete Grupos parlamentarios.

Sin embargo, lamentamos que no se exija que en las etiquetas se incluyan avisos sobre los riesgos, sobre todo para los niños, de la ingesta de detergentes, ni que se prohíba el uso de imágenes que puedan inducir a malentendidos, como por ejemplo las imágenes de frutas.

No olvidemos que tras la armonización de reglamentos siempre existen segundas intenciones políticas hacia una mayor integración del mercado y la eliminación de obstáculos para la libre circulación de mercancías. Esto nos lleva a albergar grandes reservas, ya que podría socavar el derecho de los Estados miembros a legislar de forma eficaz sobre cuestiones cruciales como la protección de la salud humana, del medio ambiente o de los derechos de los consumidores, ya que impondría restricciones sobre los productos que no cumplieran dichas reglas.

  Meijer (GUE/NGL), por escrito. (NL) Lo negativo de esta propuesta es que da prioridad a la eliminación de las barreras a la libre circulación. Sin embargo, un aspecto positivo es que los Estados miembros que ya han puesto en marcha una legislación para la protección del medio ambiente más estricta que este reglamento no se verán obstaculizados cuando entre en vigor. La razón de este reglamento es que, cuando lavamos y limpiamos, no solo añadimos contaminantes al agua limpia, sino también componentes del jabón y de otros agentes tensioactivos. Durante muchos años se han llevado a cabo intentos para animar a la producción de detergentes libres de fosfatos. Ahora, esta propuesta intenta desalentar las pruebas con animales, la adición de sustancias que se descomponen con dificultad, las sustancias químicas tóxicas y las sustancias con características perjudiciales para las hormonas. La revelación de la composición de los detergentes es realmente un gran paso adelante. A este efecto se están haciendo intentos de exigir que los productores informen al Gobierno sobre la composición de sus productos y de obligarles a indicar en el envase el contenido real de los conservantes, de los productos que preservan el color y de sustancias aromáticas. Debemos dar la bienvenida a la transparencia frente a lo dañino, e intentar convencer al Consejo de ello, a pesar de que una prohibición general de las sustancias nocivas sería preferible. Puede que las adaptaciones propuestas al reglamento a largo plazo sean capaces de contribuir a ello. Tal vez los productores protesten, pero unas medidas más estrictas son inevitables.

Informe De Rossa (A5-0355/2003)

  Ebner (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, solo quiero decir que yo he votado a favor del informe del Sr. De Rossa porque estoy convencido de que los grandes simios y otras especies exóticas se encuentran entre los recursos valiosos de nuestro planeta y de que cualquier sistema moderno y altamente desarrollado de protección de la naturaleza y del medio ambiente debería proteger y preservar estos recursos por el bien de las generaciones futuras. Considero que el informe del Sr. De Rossa representa un trabajo excelente a este efecto, que contribuirá a la protección y a la preservación de las especies en peligro. También nos llama la atención sobre la necesidad de proteger a dichas especies y aumenta la sensibilización pública de tal necesidad.

Ha sido positivo que se haya aprobado la enmienda 2, yo esperaba que las otras dos enmiendas también lo serían. No ha sido así, pero como lo que aquí tenemos es en cualquier caso una solución viable, yo he votado a favor.

  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL), por escrito. – (FR) ¿Quién no estaría de acuerdo con la idea general de proteger las especies animales silvestres, algunas de las cuales están amenazadas de extinción? Pero el informe señala los límites de sus propias propuestas al afirmar, con razón, que «la caza de animales salvajes y la amenaza que supone para las especies en peligro, en particular los simios antropomorfos, debe tratarse en el contexto de una estrategia general de desarrollo y de lucha contra la pobreza».

Pero en este ámbito no se hace ninguna propuesta. Y, por lo demás, ¿cómo hacerla sin cuestionar el sistema económico y social existente, un sistema que hace que pasen hambre millones de seres humanos para los cuales el consumo de la carne de animales silvestres es a menudo la única fuente de proteínas animales, en particular en las zonas tropicales?

En estas condiciones, las medidas de control o de represalia propuestas serán totalmente ineficaces en la mayoría de los casos, en especial contra las bandas organizadas que practican cazas masivas, a menudo para los mercados occidentales, y solo se volverán contra unos pocos hambrientos.

Nos hemos abstenido sobre este informe.

  Meijer (GUE/NGL), por escrito. (NL) Este tema no estaría en el orden del día si no hubiera sido por la petición firmada por casi 2 millones de personas y si no hubiera sido por la Comisión de Peticiones, que hace un año tomó la decisión de elaborar un informe sobre la cuestión. El fenómeno de la carne de animales salvajes ya goza de una gran atención del público en Gran Bretaña, pero no así en otros lugares. A pesar de ello, es importante para la cooperación al desarrollo, la salud pública y el medio ambiente que aumente la sensibilización sobre este fenómeno en Europa y que de hecho se adopte una política sobre la cuestión. La población en los países en desarrollo está creciendo rápidamente, mientras que el alcance del comercio y de los transportes también está aumentando. En el pasado, pequeños grupos de personas solían cazar animales salvajes que vivían en la jungla para su propio consumo. Hoy en día, la carne de monos, reptiles y serpientes no solo es consumida por la población local pobre, sino que también se vende en los pueblos africanos e incluso se exporta a Europa como manjar para los ricos. La caza comercial de animales y la tala de las selvas tropicales provocan una rápida extinción de las especies, incluyendo gorilas y chimpancés. Enfermedades animales difícilmente controlables, como el ébola, se extienden entre la raza humana. La cooperación al desarrollo por parte de la UE no tiene en cuenta esta destrucción ni el medio ambiente en general. Yo apoyo propuestas relacionadas con el ecoturismo, la protección, la educación y la legislación, a pesar de que probablemente estas dejen algo que desear.

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) A pesar de la naturaleza potencialmente ambigua de la palabra «carne de animales salvajes» y de pruebas de que la caza no es la única responsable de diezmar las poblaciones de animales salvajes –en Europa este es a menudo un factor protector y de estabilización de las cifras–, yo he votado a favor.

El término «carne de animales salvajes» describe un producto alimenticio proveniente de los animales salvajes, cuyo comercio ha tenido un efecto devastador sobre la población de los grandes simios africanos.

El efecto del comercio ilegal de esta carne ha atraído la atención mundial. El PNUMA y la UNESCO han establecido GrASP (Proyecto para la Supervivencia de los Grandes Simios) y existen muchas otras organizaciones que trabajan para encontrar formas de abordar el problema. Sin embargo, hasta el momento, la UE solo ha mostrado una escasa atención sobre el tema, como ha destacado el ponente.

El 12 de julio de 2000, la Comisión de Peticiones recibió una petición relativa a la protección de las especies en peligro a causa de la caza y el comercio ilegales, en el marco de la campaña contra la carne de animales salvajes.

Con mi voto a favor estoy expresando simplemente mi acuerdo con el hecho de que los países en desarrollo necesitan un mayor apoyo para asegurar que, aunque se respeten las tradiciones locales y se tenga en cuenta en particular la escasez de alimentos, creemos que un mayor rigor…

(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

  Sacrédeus (PPE-DE), (SV) Yo he votado a favor del informe tan pronto como el Parlamento ha aprobado la enmienda 2, donde se define la carne en cuestión se define como carne de «animales salvajes de zonas tropicales».

De lo contrario, se habría dado una situación desafortunada en la que las restricciones a la caza y la protección a los animales tendrían que aplicarse a la carne de todos los animales salvajes, incluso especies suecas como el alce.

El número de alces suecos es estable, y la caza se lleva a cabo de una forma en que la especie no entra en declive, ni se ve mucho menos amenazada de extinción.

La caza reglamentada del alce sueco y la caza ilegal de simios y otros animales salvajes amenazados de extinción son dos realidades totalmente distintas.

Informe Herzog (A5-0484/2003)

  Berthu (NI), por escrito. – (FR) Al aprobar el informe Herzog, el Parlamento Europeo acaba de aprobar algunas excelentes afirmaciones sobre «el carácter primordial del principio de subsidiariedad» y sobre la necesidad de respetar la libre elección de los Estados miembros en lo que se refiere a las misiones, la organización y la financiación de los servicios de interés general a escala nacional (véase el apartado 18).

Pero al mismo tiempo deja la puerta abierta a un proceso de reglamentación europeo que, de desarrollarse, vulneraría esta subsidiariedad y provocaría una vez más, en algunos años, manifestaciones de protesta contra el intervencionismo de Bruselas.

Como he dicho en el debate, lamento comprobar que la anterior Presidencia francesa estuvo en el origen de la idea de un marco jurídico europeo. El actual Gobierno francés parece haber vuelto a posiciones más prudentes, puesto que, si bien sigue pidiendo un «instrumento jurídico transfronterizo», quiere limitar su contenido al reparto de responsabilidades entre los Estados miembros de la Unión, a las financiaciones autorizadas y a los procedimientos de control.

Sigue siendo demasiado, y la Comisión encontrará aún argumentos para infiltrarse y querer reglamentarlo todo. En nuestra opinión, basta afirmar que los servicios de interés general son competencia de los Estados, que escogen sus misiones, su organización y sus límites.

  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL), por escrito. – (FR) A pesar de todas las concesiones hechas por el autor del informe a las fuerzas políticas reaccionarias que trabajan por la privatización de los servicios públicos, hoy parece desbordado por aquellos cuyo apoyo quería obtener. Modificado o no, el informe Herzog legisla a favor de la desaparición de los servicios públicos, incluido su nombre, que se convierte en «servicios de interés general».

Nos oponemos a este informe y, por supuesto, a las enmiendas que lo empeoran. La educación, la sanidad, el transporte público, los servicios postales, las telecomunicaciones, el suministro de agua y energía, la electricidad y la eliminación de residuos, deben seguir siendo o volver a ser servicios públicos independientes de las estúpidas e inhumanas leyes del mercado, pues no están destinados a generar beneficios privados, sino a satisfacer necesidades colectivas.

Además, el proceso expresado en el informe se traduce en reducciones drásticas de personal, es decir, en una catástrofe social. So pretexto de armonizar las prácticas entre los distintos países que integran la Unión Europea, sus autoridades se convierten en artesanos de una regresión social grave. Sin embargo, la armonización podría llevarse a cabo sobre la base de un desarrollo de los servicios públicos y de su ampliación, en particular con la construcción de viviendas sociales, si las instituciones europeas, al igual que los Estados miembros, estuvieran al servicio del interés colectivo y no de intereses privados.

En consecuencia, hemos votado en contra de este informe.

  Carlotti (PSE), por escrito. – (FR) Por impulso de la familia política socialista y socialdemócrata, el Tratado de Ámsterdam consagró el concepto de servicio de interés económico general (artículo 16) en el corazón mismo de los principios que fundamentan la Unión Europea.

Para ir más lejos, los socialistas europeos se comprometieron resueltamente a favor de la defensa y la promoción de los servicios de interés general, como aspecto fundamental de nuestros valores compartidos y del modelo europeo de sociedad.

Esta concepción es portadora de garantías democráticas y sociales para los ciudadanos europeos: la igualdad de acceso para todos, la información, la consulta y la participación de los usuarios y de los trabajadores, la calidad y la universalidad, la viabilidad financiera en el respeto del empleo y de las garantías colectivas.

Nuestro orden de batalla está fijado; nuestras exigencias están claras. Pedimos que las misiones, las modalidades de organización y los mecanismos de financiación de los servicios de interés general queden garantizados y consagrados en una directiva marco, un compromiso contraído por el Parlamento en su conjunto desde noviembre de 2001 con la adopción del informe Langen. Antes de cualquier nueva liberalización, queremos que se realice una evaluación democrática y pluralista de las consecuencias sociales de la libre competencia.

Es urgente, a juzgar por el aluvión de textos presentados al Parlamento Europeo para acelerar la liberalización por doquier, en particular en el transporte, los servicios postales, la energía, el mercado del agua y el reciclado de residuos.

(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

  Caudron (GUE/NGL), por escrito. – (FR) La tendencia del voto sobre los considerandos, los apartados y las enmiendas del informe Herzog es una ilustración perfecta, incluso una caricatura, del peso del liberalismo y del mercado único y de su preeminencia sobre cualquier otra consideración en la Europa de hoy.

«Nadie murió por su culpa, pero afectaron a todos», podría decirse, parafraseando a Jean de la Fontaine, de los grandes partidos y las fuerzas políticas del Parlamento Europeo.

Para una gran mayoría del Parlamento, y por tanto para buena parte de la Europa institucional, el servicio público es en el mejor de los casos una mercancía como las demás cuando no es una «barrera» a la felicidad que proporciona el dinero. Por tanto, he votado en contra de este informe sin dudar ni vacilar.

  Darras (PSE), por escrito. – (FR) Establecer unos servicios de interés general rentables y eficaces para todos, es decir, que desempeñen plenamente su papel de cohesión social y territorial, no solo es reconocer y afirmar que estos servicios de interés general constituyen un objetivo esencial de las políticas económicas y sociales de los Estados miembros, que son uno de los fundamentos de nuestro modelo europeo de sociedad, sino también asumir y defender los principios fundamentales que sirven de base de funcionamiento a estos servicios de interés general, a saber, la universalidad de los servicios, la continuidad, la accesibilidad de las tarifas y la calidad.

Sin la aprobación de determinadas enmiendas, entre otras las relativas a la directiva marco, estos propios principios fundamentales pueden caer en el olvido; las derivas ultraliberales arrastradas por las directivas sectoriales pueden convertirse en su suerte común. No quiero correr semejante riesgo. Sin la votación de las enmiendas sobre la exigencia de una directiva marco, he rechazado el texto en la votación final.

  De Keyser (PSE), por escrito. – (FR) El informe Herzog intentaba conciliar lo irreconciliable, cantando loas a la liberalización y defendiendo los servicios de interés general. De ahí una cacofonía en las votaciones: ¿había que apoyar este producto «híbrido» que «destaca que la liberalización no ha ido en detrimento de la prestación del servicio universal», que considera que «la liberalización actual en el mercado del gas es insuficiente», estimando al mismo tiempo que los problemas encontrados por la liberalización en determinados sectores requieren una evaluación pluralista y abierta de su impacto sobre el empleo?

El ponente, ante su proyecto mutilado y habiendo tomado rehenes a las fuerzas ultraliberales del Parlamento, estimó que, en conjunto, merecía ser apoyado.

Por mi parte, junto con todos aquellos que no han sido víctimas del síndrome de Estocolmo, he mantenido la cabeza fría. El texto enmendado es indefendible y, por tanto, he votado en contra.

  Ferreira (PSE), por escrito. – (FR) He votado en contra de la propuesta de resolución sobre los servicios de interés general porque las orientaciones votadas por una mayoría de diputados al Parlamento Europeo no reflejan una imagen objetiva de las consecuencias de las liberalizaciones llevadas a cabo hasta ahora. Además, abren la vía a la liberalización en otros sectores.

Hoy, como hemos pedido ya en el pasado, tenemos que proceder a una evaluación seria, pluralista y abierta de la política de liberalización, y publicar sus conclusiones.

Es necesario replantearse las liberalizaciones emprendidas a fin de dar todo su alcance a la adopción de una directiva marco. Por otra parte, ya va siendo hora de excluir definitivamente determinados sectores de la política de competencia que prevalece a escala comunitaria. Así sucede, en particular, con la sanidad, la educación y los servicios sociales, incluida la vivienda social. Por último, hay que garantizar la subsidiariedad a cuyo amparo se ejercen los poderes locales o territoriales.

Esta resolución no consagra los servicios de interés general europeos como un valor añadido de la construcción europea, sino como un medio para realizar los objetivos de cohesión territorial, económica, ecológica y social de la Unión. Los servicios de interés general son un elemento esencial de nuestro modelo social, que debemos defender y promover.

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hemos votado en contra el informe Herzog en la votación final porque consideramos que no está a la altura de las circunstancias, diluido por las propuestas del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos y del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. La extraña mejora del informe se hizo en sesión plenaria, pero las enmiendas que se habían presentado no lo modificaron notablemente. El resultado final ilustra la agresividad de la ofensiva neoliberal y conservadora que arrasa en la UE, como consecuencia de las precipitadas privatizaciones consagradas en la «Estrategia de Lisboa» y los intentos de consagrarlas en la Constitución el mes de diciembre pasado.

El informe está fundamentalmente dirigido contra el sector público y contra el papel del Estado en la economía, ya que se basa en la falsa premisa de que es la propiedad lo que determina una buena gestión. El objetivo claro es alimentar la avaricia de los principales grupos económicos y financieros en los sectores más lucrativos y los servicios públicos.

El informe apoya y alienta el proceso de liberalización/privatización en varios sectores clave y hace una glosa lamentable de las consecuencias económicas y sociales, desde la calidad y el acceso a los servicios públicos hasta las pérdidas de puestos de trabajo en los sectores afectados.

Todos sabemos que la expresión «servicios de interés general» no se eligió por accidente. Su claro objetivo es poner fin al concepto de servicio público y, de esta forma, aliviar la carga de responsabilidad del Estado.

  Krivine y Vachetta (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Hemos votado en contra del informe Herzog, que demuestra una vez más que este Parlamento no es más progresista que la Comisión o el Consejo de la Unión Europea. Este informe ha sido asediado por la mayoría ultraliberal del Parlamento para hacer de él un himno a la destrucción de los servicios públicos. Por citar solo un punto entre los 10 ó 20 artículos que abundan en el mismo sentido, se lee que el Parlamento «acoge con satisfacción la liberalización en los ámbitos de las telecomunicaciones, los servicios postales, el transporte y la energía, que ha dado lugar a la modernización, la interconexión y la integración de los sectores, ha causado reducciones de precios a raíz del incremento de la competencia y ha supuesto la creación de cerca de un millón de puestos de trabajo en toda la Unión Europea». Y quiere acelerar la marcha.

Nos encontramos aquí con un dogmatismo mentiroso que choca frontalmente con las aspiraciones de los ciudadanos europeos. Es lamentable que el ponente, como una parte importante de los socialistas europeos, opte a pesar de todo por votar a favor de este informe porque abre la perspectiva de una directiva marco sobre los servicios de interés general. Pero ¿debemos hacerlo sobre semejante base liberal? En este contexto, solo la movilización en la calle de una mayoría puede abrir una perspectiva positiva frente a la destrucción de los servicios públicos.

  Lang (NI), por escrito. – (FR) Este informe es pura y simple superchería política, porque, a pesar de la triste farsa representada en este Parlamento, derecha e izquierda están fundamentalmente en la misma línea, que es la de destruir los servicios públicos sometiéndolos definitivamente al Derecho comunitario de la competencia, un Derecho que, como todo el mundo sabe, siempre ha sido el instrumento menos distinguido del libre mercado.

Los diputados franceses al Parlamento Europeo del partido de la UMP, maniatado por las decisiones de su Grupo parlamentario ultraliberal, han votado en contra de los intereses superiores de Francia al aprobar un texto del que numerosas disposiciones condenan pura y simplemente la existencia de servicios públicos en Francia.

En cuanto a la izquierda socialcomunista, no ha dejado de reclamar, en nombre de un federalismo europeísta ciego, la adopción de una «directiva marco» sobre los servicios públicos, un texto que implicaría inevitablemente la transferencia de las competencias de los Estados miembros a la Comisión Europea.

Porque nos oponemos resueltamente a la ideología euromundialista que ha inspirado este informe, y que es en sí mismo producto de la vergonzosa alianza del federalismo político y el ultraliberalismo económico, los diputados del Front National hemos sido los únicos diputados franceses en haber expresado de forma clara y coherente nuestro rechazo a esta nueva ofensiva antinacional y antisocial contra nuestros servicios públicos.

  Martinez (NI), por escrito. – (FR) Los trenes marchaban, los aviones despegaban, el correo llegaba, la atención sanitaria existía, la escuela enseñaba y había luz, todo esto gracias a los servicios públicos nacionales. Pero la Comisión de Bruselas quiere privatizarlos, en contra de la razón, los hechos y los intereses sociales.

La inteligencia retrocede cuando nos deslizamos del hermoso concepto de servicios prestados al público, en nombre del bien común y de la res publica, al miserable concepto de servicios prestados por interés general. Los hechos se niegan cuando el integrismo del mercado se niega a ver que los trenes privados del Reino Unido descarrilan, la electricidad de California se apaga, los aviones de compañías aéreas privadas como Flash Airlines se estrellan y las escuelas comerciales norteamericanas dejan el alma en vilo. El interés social se sacrifica porque, con la liberalización, el acceso a la asistencia sanitaria, la universidad, los transportes o incluso el agua se dividen en dos niveles: servicios para los ricos y servicios para los pobres.

Todo esto orquestado por el Sr. Herzog, ponente comunista convertido en «compañero de derrota» de la democracia económica y social.

  Meijer (GUE/NGL), por escrito. (NL) Defiendo una Europa en que la economía se someta gradualmente al control democrático. Ello exige una actuación totalmente distinta de la que se está llevando a cabo en la actualidad por medio del Libro Verde sobre los servicios de interés general, lo que hace que Europa sea todavía más neoliberal. El Pacto de Estabilidad se usa con mano dura para obligar a los Estados miembros a liberalizar y privatizar importantes sectores de sus economías, a expensas de la supervisión y el control democráticos sobre los sectores sociales y públicos. A pesar del reconocimiento de que algunos servicios deben ser accesibles y asequibles para todo el mundo, porque la coherencia y la solidaridad social dependen de ello, ya no queda casi ninguna parte del sector público que sea sacrosanta. De hecho, se están ofreciendo oportunidades para colocar la educación superior, la sanidad pública, los servicios sociales y el suministro de agua potable en manos privadas. Además, se están cumpliendo a rajatabla los antiguos planes de liberalización sectorial para los servicios postales, el gas, la electricidad y los transportes públicos. El resultado de los programas de liberalización del pasado está siendo ensalzado, pero equivocadamente: la experiencia de los Países Bajos y de otros países ha demostrado, en cambio, que la liberalización del transporte público y de la energía ha sido altamente perjudicial para los habitantes. A pesar de las afirmaciones del Libro Verde, se han encarecido. El suministro de servicios ha disminuido y el empleo está pendiente de un hilo. Mi partido defiende una actuación totalmente distinta de la aquí descrita y, en consecuencia, votará en contra de la propuesta.

  Miller (PSE), por escrito. (EN) Acojo con satisfacción este informe sobre el Libro Verde sobre servicios de interés general. Brinda al Parlamento la oportunidad de tratar el futuro de los servicios públicos No debe conllevar una liberalización desenfrenada; ha de implicar una reflexión cuidadosa sobre lo que ha sido antes y sobre lo que ha funcionado y lo que no.

Existen algunos ámbitos en los que difiero de mis colegas del Grupo Socialista. Creo que las emisoras de radio y televisión que desempeñan un papel principal en la conservación de la diversidad y de la identidad deberían estar exentas de las normas sobre competencia.

Y lo mismo debería aplicarse a las organizaciones caritativas que prestan un servicio público.

El último punto que quiero exponer es que, cuando se devuelva la legislación al Parlamento, es preciso que exista un compromiso pleno por parte de esa institución y esto quiere decir codecisión.

  Pasqua (UEN), por escrito. – (FR) Aunque no carece de críticos, el Derecho comunitario de la competencia no impide en absoluto el mantenimiento de servicios públicos. Esta compatibilidad se consagra en el artículo 295 del Tratado CE, y se dispone de manera que los servicios públicos deben respetar las normas de la competencia. Hemos de constatar que, aunque ha suscitado las protestas corporativistas de los eternos partidarios del statu quo –que, so pretexto de defender el servicio público, aspiran únicamente a conservar sus privilegios legales–, la apertura a la competencia de los servicios públicos es en definitiva un vehículo de modernización y competitividad.

El auténtico problema reside en el reparto de las competencias entre la Unión y los Estados miembros. Ahora bien, sobre este punto, una «directiva marco» que defina «la gobernanza en materia (…) de servicios de interés general», propuesta defendida por la izquierda del Parlamento, es totalmente inaceptable para los auténticos defensores del servicio público: los que rechazan la demagogia ambiente y apoyan una Europa de las naciones, porque conduciría a comunitarizar los servicios públicos.

Lo esencial, en este asunto, es que las competencias relativas a la organización y al funcionamiento de los servicios públicos sigan siendo únicamente competencia de los Estados soberanos.

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) La creación y mantenimiento de los servicios de interés general representa uno de los pilares del «modelo europeo» de desarrollo, ya que garantiza que, en el seno de una economía de mercado, o más bien de una economía social de mercado, algunos derechos fundamentales sean sacrosantos. El ciudadano es portador de derechos, y no es una mera unidad de producción o un peón del mercado libre.

Estoy de acuerdo con el ponente en que debe prestarse atención especial a las zonas rurales y socialmente desfavorecidas, haciendo hincapié especialmente en las zonas ultraperiféricas. También apoyo su punto de vista de que los servicios sociales de interés general que desempeñan funciones de seguridad social e integración social deberían estar exentas de las reglas de la competencia.

Respaldo la idea de que, de acuerdo con los Tratados y con el respeto necesario del principio de subsidiariedad, la Comunidad debe mantenerse neutral en relación con las opciones de los Estados miembros sobre las distintas formas de propiedad.

No debe permitirse que la definición propuesta del concepto de servicios de interés económico general y de los criterios para distinguir entre las categorías de servicios de interés general deriven en una mayor centralización o en una normalización artificial. Es esencial que las autoridades públicas responsables de dichos servicios puedan disfrutar de libertad de elección.

A la luz de la votación en la sesión plenaria sobre la cuestión que tenemos sobre la mesa, dado que no se aprobaron propuestas para una directiva marco, he votado a favor.

  Skinner (PSE), por escrito. (EN) Dado a que la experiencia británica de liberalización ha sido, por lo general, positiva, aunque con ventajas desiguales para los consumidores y la economía, los diputados del Partido Laborista al Parlamento Europeo (EPLP) están de acuerdo con el enfoque de la Comisión. Sin embargo, el EPLP cree que es necesaria la universalidad del servicio y la protección de los derechos de los trabajadores y otras prestaciones sociales, medioambientales y económicas, tanto a nivel individual como colectivo. Con este fin, el EPLP ha votado a favor de esas enmiendas que se centran en estos ámbitos.

En vez de una directiva marco, tal como solicita el ponente, el EPLP cree que las decisiones sobre estas cuestiones han de tomarse según unos criterios de sector por sector.

El EPLP no quiere detener la liberalización ni tampoco perjudicar la legislación y reglamentación en materia de competencia. Son necesarias para que la reforma del mercado lleve a cabo el mercado único y alcanzar los objetivos de Lisboa.

  Souchet (NI), por escrito. – (FR) Como antiguo alumno del departamento de «Servicio público» del Instituto de Estudios Políticos de París, y concejal municipal responsable específicamente del mantenimiento de los servicios públicos locales, considero que la mejor vía para preservar el concepto de servicio público no es una directiva marco europea, que menoscabaría la libertad de los Estados miembros de definir las misiones que desean confiar al servicio público conforme a los deseos de su población. No corresponde a países que no tienen históricamente una cultura de servicio público impedir a aquellos que la tienen disponer de tales servicios cuando lo consideren justificado.

Por desgracia, el texto incoherente y contradictorio resultante de la votación sobre el informe Herzog no aclarará el debate. Si tiene cosas buenas, como el recordatorio del «carácter primordial del principio de subsidiariedad, según el cual las autoridades competentes de los Estados miembros tienen libertad para elegir las misiones, la organización y el modo de financiación de los servicios de interés general», deja abierta al mismo tiempo la posibilidad de imponer una definición europea uniforme de estos servicios, que desposeería a los Estados de su poder de reglamentación y estaría inspirada necesariamente por una mayoría ajena al concepto de servicio público. Por esta razón, me he abstenido de votar sobre el texto final.

  Thorning-Schmidt (PSE), por escrito. (DA) Hoy he votado a favor del informe del Sr. Herzog sobre servicios de interés general y, a ese respecto, también he dado mi apoyo a una lista de enmiendas que respaldan la idea de una directiva marco en este ámbito.

En este sentido, tiene que quedar claro que solo queremos una directiva marco que respete el principio de subsidiariedad y que esté confinada a regular los servicios de carácter económico general y, por lo tanto, no pretenda regular ámbitos como la educación, la salud pública y los servicios de interés social general.

Informe Sandbaek (A5-0474/2003)

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) El VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria matan cerca de 20 000 personas cada día y se diagnostican otros miles más de nuevos casos clínicos. Donde están más extendidas estas enfermedades es en los países en vías de desarrollo, en particular, en los países menos desarrollados asolados por la guerra, el declive económico y el desmoronamiento de los servicios públicos esenciales, en especial los sistemas de asistencia sanitaria.

La dura realidad es que «millones de personas en los países en vías de desarrollo continúan muriendo todos los años a causa de enfermedades infecciosas, muchas de las cuales pueden prevenirse y curarse con la medicina». Este es el enfoque lucrativo, un enfoque que comercializa la salud, adoptado por las grandes multinacionales farmacéuticas cuya sede se encuentra situada principalmente en países desarrollados. Las patentes de medicamentos y la falta de inversión en la producción de medicamentos locales son, por lo tanto, importantes obstáculos que hay que superar. Todo progreso por pequeño que sea en el marco de la OMC sigue dándose de bruces con tremendos intereses económicos.

Hay que acoger con satisfacción el programa de la UE que se debate actualmente, y cuyo objetivo es combatir estas enfermedades, pero todavía no llega lo suficientemente lejos. Los esfuerzos de la comunidad internacional tienen que centrarse especialmente en reforzar los recursos humanos, institucionales y de infraestructura de los países en vías de desarrollo, en especial, para restablecer los servicios públicos y los sistemas de asistencia sanitaria básicos y asegurar que los medicamentos se puedan producir de modo independiente.

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) El programa de acción de la Comisión titulado «aceleración de la lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis en el contexto de la reducción de la pobreza; cuestiones políticas pendientes y desafíos futuros» se basaba en tres enfoques: mejorar la eficacia, hacer más accesibles los medicamentos e incrementar la I+D (Investigación y Desarrollo).

Respaldo la propuesta del ponente de estimular a las compañías titulares de patentes para que concedan licencias que permitan que otras compañías puedan fabricar sus productos a un coste más bajo; utilizando salvaguardas en acuerdos de comercio internacional que puedan ayudar a los gobiernos a ampliar el acceso a los medicamentos y proteger la salud pública.

Necesitamos ver que hay más I+D y nuevos medicamentos e instrumentos de diagnóstico más fáciles de usar, más eficaces y más accesibles. De modo similar, hay que poner un mayor énfasis en difundir la asistencia sanitaria maternal e infantil rutinaria, para reducir el índice de mortalidad. La UE no debe permanecer indiferente a estas cuestiones y se ha de incrementar su contribución financiera en consecuencia.

He votado a favor, ya que creo que los problemas derivados de las enfermedades vinculadas a la pobreza son tan graves que solo con el establecimiento de un amplio abanico de políticas y estrategias de largo alcance podremos resolverlos en todos sus aspectos.

  Scallon (PPE-DE), por escrito. (EN) La OCDE destaca que la «inversión en salud es un medio importante de desarrollo económico y la mejora sustancial de la salud es un requisito imprescindible para que los países en vías de desarrollo rompan el ciclo de la pobreza. Si la salud de los pobres ha de mejorar, es necesario un enfoque sanitario “a favor de los pobres”. Esto va más allá del sector sanitario e incluye políticas en ámbitos que afectan de modo desproporcionado a la salud y seguridad económica de los pobres, como la educación, la alimentación, el agua y la salubridad.»

El VIH/sida, la malaria y la tuberculosis son causas y consecuencias directas de la pobreza, a las que están expuestas en especial las mujeres y los niños. Acojo con satisfacción la buena voluntad de la comunidad internacional e insto a nuestros Gobiernos a que mejoren la colaboración respetuosa, en particular en el ámbito sanitario.

Sin embargo, he de abstenerme: los medios propuestos para luchar contra el «elevado y cada vez mayor» número de mujeres infectadas por el VIH/sida, han de suministrar «información y servicios adecuados sobre salud sexual y reproductiva» para evitar, entre otras cosas, «los embarazos no deseados». El embarazo no es una enfermedad: los niños son una riqueza en los países en vías de desarrollo. Esto revela la existencia de otro plan que interpreta la salud reproductiva para incluir el aborto.

Sin embargo, esta no es la posición del Consejo, que ha dejado claro que la «salud reproductiva» NO incluye el «aborto». Hasta que la Comisión no aclare esta cuestión, no puedo respaldar esta terminología ambigua.

Informe Bébéar (A5-0329/2003)

  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Hemos votado en contra de este informe, que demuestra un paternalismo cínico hacia los países africanos. ¿Cómo atreverse, por ejemplo, a afirmar que estos países «deben dotarse de los medios para desarrollar una estrategia de desarrollo sostenible, equitativo y viable, que abra el camino hacia la realización del derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, al alojamiento y a las demás necesidades de las poblaciones africanas»? ¡Incluso en los ricos países de occidente la clase dominante priva de esos derechos a una parte importante de la población!

Pero las poblaciones africanas tienen que soportar, además de las imposiciones de su propia clase privilegiada, otras mucho más considerables de los grupos industriales y financieros de los países imperialistas. Desde el comercio de esclavos hasta hoy, donde estos países son desangrados por el sistema bancario mundial, pasando por el pillaje colonial, el capitalismo occidental nunca ha dejado de empobrecer este continente.

Hoy, el Parlamento Europeo, el parlamento de los países cuyos líderes pueden ser acusados de haber reducido a los países africanos a la miseria, deja majestuosamente que esos países reparen ellos mismos los daños que se les ha causado a lo largo de los siglos. Es deplorable.

  Boudjenah (GUE/NGL), por escrito. – (FR) El tema es controvertido, pues las orientaciones muy neoliberales de la NEPAD suscitan interrogantes legítimos en todos los que sueñan ver a África salir al fin del subdesarrollo. También apoyo las críticas emitidas por el informe, en particular sobre la ausencia de consulta democrática a la «sociedad civil», los sindicatos e incluso los parlamentos nacionales. La realización de un estudio independiente sobre las consecuencias de la NEPAD para los derechos sociales, la seguridad alimentaria, el acceso a las materias primas y la protección del medio ambiente es sin duda el mejor estímulo que puede darse.

No es menos cierto que no hay que desembarazarse de las responsabilidades de la UE y del G8, ya se trate de la condonación necesaria de la deuda –que sigue asfixiando dramática e injustamente los presupuestos– o de una reforma y un aumento de la ayuda pública al desarrollo.

Las necesidades se han estimado en 64 000 millones de dólares al año para materializar los objetivos declarados de la NEPAD. Los proveedores de fondos deben asumir sus responsabilidades. Recibir con gran pompa en el G8 a los Jefes de Estado promotores de la NEPAD es una cosa, respaldar las palabras con actos es otra muy distinta.

Por último, la elaboración de un marco jurídicamente vinculante acompañado de sanciones para las empresas que contribuyan a los conflictos sería también adecuado para prevenir conflictos que a menudo son asesinos.

  Krivine y Vachetta (GUE/NGL), por escrito. – (FR) La NEPAD es sin duda un proyecto de desarrollo concebido y adoptado por los Estados africanos, pero no puede considerarse un proyecto que emancipará a los pueblos africanos. De hecho, cada vez más es objeto de denuncia, del mismo modo que el Acuerdo de Cotonú, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las políticas de ajuste estructural del FMI, por parte de sectores de la sociedad civil, como el Foro Social Africano de Adis Abeba y el Foro de los Pueblos de Siby en Malí en 2003. En efecto, se inscribe en una lógica neoliberal cuyas consecuencias reales son contrarias a los objetivos enunciados.

No puede haber apropiación del desarrollo tanto nacional como regional cuando el Consenso de Washington, impuesto a los actuales gobernantes africanos para después ser asumido, organiza la adquisición privada del patrimonio económico más rentable por parte de las multinacionales. Así, los derechos sociales y las libertades adquiridos durante los tres primeros decenios de independencia se están desmantelando a través de la revisión de los códigos nacionales del trabajo y de los inversores. Que los promotores de la NEPAD hayan consultado a las multinacionales y al G8 en vez de los pueblos africanos es muy revelador de la idea de democracia que tiene la NEPAD. Por ello, no podemos votar a favor de una resolución que se limita a criticar la falta de consulta ocultando al mismo tiempo la nociva lógica de fondo en que se basa la NEPAD.

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) Este informe sobre la Nueva Estrategia de Cooperación para el Desarrollo Africano (NEPAD), iniciativa política de la mayor importancia emprendida por cinco Jefes de Estado africanos y que se inscribe en un proyecto ambicioso conocido como «Renacimiento de África», pone énfasis en la prevención de conflictos y en la aplicación de mecanismos de apoyo para restablecer y mantener la paz y en acciones contra la corrupción, lo que es fundamental para la buena gobernanza. La iniciativa se pone además de relieve por el mecanismo de evaluación inter pares africanos (MEPA), que también respaldo.

Asimismo, estoy de acuerdo en que es fundamental estimular la participación de los miembros de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos. El papel de las mujeres en la sociedad africana también ha de ocupar un lugar preponderante en los proyectos de desarrollo.

A pesar de alguna que otra crítica que recibe la NEPAD por su enfoque verticalista, creo que tenemos que dar a la iniciativa nuestro apoyo incondicional y contribuir a mejorar su impacto humano y social eficaz. Tenemos que ayudar a sacar a cientos de personas del fango del subdesarrollo y desempeñar un papel activo en la lucha contra la corrupción y la tiranía endémicas en amplias regiones del continente africano.

Por lo tanto, he votado a favor. Acojo con especial satisfacción este informe, ya que he luchado por conseguir una nueva perspectiva de África, una nueva perspectiva de un continente olvidado y una perspectiva de fraternidad y solidaridad hacia un continente hermano.

Informe Prets (A5-0477/2003)

  Gobbo (NI). – (IT) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, como ciudadano de Venecia que, por lo tanto, ha heredado una fuerte identidad histórica, cultural y lingüística –recuerdo la Serenísima República de Venecia–, espero que todos los países de la Unión Europea adopten políticas cuyo objetivo sea la devolución de las competencias del Estado a las regiones, en especial las políticas en materia de educación pública, la cultura y la protección de los activos culturales. Creemos que es precisamente nuestra diversidad e identidad cultural lo que representa la principal atracción de esta Europa, que no debe intentar centralizar sino dejar espacio a los regionalismos e identidades de todos los pueblos que integra. Por lo tanto, quiero subrayar la necesidad de volver a enfocar estas identidades en sus propias zonas locales, para que el gran patrimonio cultural que une a todos los pueblos de Europa pueda ser un ejemplo de democracia y, en particular, de gran solidez de nuestra diversidad en esta identidad europea nuestra.

  Borghezio (NI). – (IT) Tal como expone el informe, es necesario llegar a un marco legal con arreglo al Derecho internacional para el derecho a la diversidad cultural. Asimismo, –algo que es muy importante desde el punto de vista de la independencia y los movimientos regionalistas como el que represento en este Parlamento, la Lega Nord– el informe subraya con bastante acierto la necesidad de vigilancia en lo que concierne al trato que se da a los pueblos e idiomas minoritarios, incluyendo, en particular, las lenguas indígenas en el contexto de una Europa ampliada. En cuanto a la protección de las lenguas de las poblaciones minoritarias, se invita a los Estados miembros, cuando proceda, a que presten una atención especial a la conservación de los monumentos, edificios y objetos que forman parte de la historia fundamental de estas culturas. Sin embargo, es necesario que exista una medida mucho más amplia y rigurosa para proteger todo aquello que configura el inmenso patrimonio cultural de lenguas y pueblos minoritarios: la literatura, el arte, el folclore, los libros y manuscritos, que están en peligro de desaparecer. En Padania, por ejemplo, existe un inmenso patrimonio cultural lingüístico, que abarca desde la lengua piamontesa a la veneciana, tal como ha mencionado el Sr. Gobbo, hasta el lombardo, el ladino y muchísimas lenguas minoritarias en vías de extinción. Para ellas, es vital que se adopte la política de devolución patrocinada por el actual Gobierno italiano.

  O'Toole (PSE). – (EN) Señor Presidente, tenemos el compromiso de salvaguardar la diversidad cultural de la Unión y promover unos medios de comunicación plurales. Sin embargo, nos hemos abstenido en las propuestas presentadas simplemente porque creemos que en general no son practicables y que se pueden utilizar otros instrumentos para conseguir nuestros objetivos.

En conjunto, coincidimos con la ponente en que sería deseable conseguir la diversidad lingüística, la definición de los bienes culturales como bienes públicos, que la difusión por parte del sector público es buena y que la concentración de medios no es deseable. Pero los apartados 23, 24, 26, 29, 31, 32 y 33 impiden innecesariamente que en 2005 se redacten las conclusiones de la UNESCO, sin hablar de que reducen, como lo hacen, el margen de maniobra en ámbitos culturales en las negociaciones de Cancún.

  Gorostiaga Atxalandabaso (NI). – (EN) Señor Presidente, como la mayoría de esta Cámara, he votado a favor del excelente informe de la Sra. Prets sobre este tema tan delicado. El problema es que siempre que las naciones sin Estado de la Unión Europea, como el País Vasco, intentan poner en práctica las directrices aprobadas, las autoridades francesas y españolas adoptan una actitud profundamente despectiva.

La semana pasada, en Bayona, se expulsó a unas personas de un juzgado y fueron rociadas con gas lacrimógeno solo porque se atrevieron a hablar en vascuence y a promover el uso de la lengua vasca en los servicios públicos. Los miembros de esta Cámara recibirán en breve toda la información sobre este lamentable incidente.

Debo decir que en la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, que se adjunta a este informe, se declara que la política de cooperación en la Unión Europea es «impensable sin respeto y fomento de la diversidad cultural como parte integrante de la identidad de los órganos políticos y las comunidades en cuestión».

  Cappato (NI), por escrito. – (IT) Los eurodiputados de la Alianza Radical Europea han votado en contra del informe no solo porque se oponen a la liberalización del comercio internacional y renuncian al relativismo cultural, así como al proteccionismo, sino también porque no parecen entender los peligros de aniquilación cultural y lingüística en manos de nacionalistas y defensores del control del Estado.

Las políticas nacionales que socavan la diversidad lingüística en la enseñanza de lenguas extranjeras –es decir, la obligación de facto de aprender solo una lengua extranjera: el inglés– dominan tanto en la Unión Europea como en los países de adhesión. Las propias instituciones europeas son a menudo monolingües o bilingües. La resolución no hace ninguna referencia a soluciones innovadoras para los requisitos de comunicación de forma no discriminatoria, como por ejemplo, previendo el uso de lenguas neutrales como la lengua internacional esperanto. Tampoco hace ninguna referencia a la escasa protección concedida a las lenguas de las poblaciones indígenas y de los inmigrantes y a la lengua de signos.

De las propuestas concretas que ya han encontrado un cierto consenso a escala internacional, quisiera mencionar la propuesta de la Asociación Radical del Esperanto de un Observatorio de Políticas sobre Lenguas, que también ha sido recomendada hace poco por la 32ª Conferencia General de la UNESCO. Es ciertamente necesario una imagen actualizada de las prácticas y legislación en materia de lenguas y del uso y reconocimiento de lenguas minoritarias dentro de los Estados.

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Acojo con gran satisfacción este informe de iniciativa propia de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte sobre la preservación y fomento de la diversidad cultural, en particular, como se ha hecho en una reciente ronda de conversaciones de la OMC.

Por lo tanto, la UNESCO ha tomado la iniciativa, en su Conferencia del 17 de octubre de 2003, de empezar a trabajar en la elaboración de un proyecto de Convención sobre la diversidad cultural, con el objetivo de crear un instrumento legal internacional que proteja y fomente la diversidad cultural. El informe que se encuentra ante nosotros contribuye de forma positiva a conseguir este objetivo, con una serie de recomendaciones a los Estados miembros y a la Comisión con relación al trabajo de la UNESCO, como puede ser la consolidación de los derechos culturales, el fomento del desarrollo de políticas culturales públicas en cada uno de los Estados y comprometiendo a todas las partes involucradas en la cooperación internacional.

Entre otros puntos del informe, acojo con satisfacción su reafirmación del principio de preservar y fomentar la diversidad cultural y el acceso a la cultura, como una contribución al entendimiento mutuo entre las personas y a la paz. Respaldo la posición del informe de que los Estados tienen derecho a definir sus propias políticas culturales. También agradezco la reafirmación –tal como recomienda la UNESCO– de que la cultura no es una «mercancía» y que debe excluirse de todo proceso de liberalización, ya sea multilateral o bilateral, así como la reafirmación del papel desempeñado por los servicios públicos.

Por lo tanto, he votado a favor.

  Malmström, Paulsen y Olle Schmidt (ELDR), por escrito. (SV) Compartimos plenamente el punto de vista de que es necesario reconocer la diversidad cultural como un derecho fundamental y, por lo tanto, elegimos apoyar el informe de la Sra. Prets sobre diversidad cultural. La Unión Europea es, y tiene que continuar siendo, un mosaico de minorías y culturas. Como Liberales, siempre tenemos que situar al individuo en el centro de todas las decisiones políticas. Por lo tanto, creemos que es de la mayor importancia tanto confirmar en Derecho internacional que cada Estado o grupo de Estados posee un derecho legítimo para decidir libremente la política cultural que quiere seguir, como reforzar la política de cooperación internacional y la solidaridad sobre cuestiones culturales. En la UE también se tiene que conservar la diversidad lingüística.

Sin embargo, tenemos dudas sobre la idea de que la UE esté legalmente autorizada a tomar medidas en el ámbito de la cultura y los medios de comunicación para preservar y fomentar la diversidad cultural. Por consiguiente, no queremos respaldar que la UE desarrolle un instrumento jurídico para la diversidad cultural.

  Meijer (GUE/NGL), por escrito. (NL) La UE está haciendo todo lo posible por involucrar a una generación joven en proyectos que tienen por objeto vincular la unidad europea y las ideas sobre el progreso. Estos proyectos podrían terminar rayando en ser propaganda en lugar de educación. Al canalizar dinero hacia organizaciones culturales que propagan «la idea europea» que reivindica un interés europeo general, el objetivo de la UE es crear una elite europea más homogénea. En el escenario del peor de los casos, la UE evolucionará hacia un centro de poder, con este acabando en manos de una elite de angloparlantes en toda Europa, poniendo a todos los que no hablen este idioma en casa, o a los que tengan un dominio suficiente de este en desventaja en el trabajo y en cuanto a su capacidad para participar y tener voz en la política. Luego, la desviación de las costumbres regionales y nacionales se trata como una forma de handicap. Es por este motivo por lo que es positivo que establezcamos ahora, por fin, la defensa de la diversidad cultural contra el comercio y la gobernanza centralista. Comparto plenamente el punto de vista de la Sra. Prets, la ponente, de que los servicios y productos culturales y, sin lugar a dudas, la diversidad de opiniones, no son bienes de consumo capaces simplemente de lanzarse al mercado. Apoyo su ambición de excluir todo lo que tiene que ver con esto de la liberalización del comercio por parte de la OMC/GATT y protegerlo mediante una convención que se concluya en el marco de la UNESCO.

  Patakis (GUE/NGL), – (EL) Estamos de acuerdo con varios puntos del informe objeto de debate. Por cuestiones de principio, estamos de acuerdo con la necesidad de salvaguardar el derecho de la autodeterminación cultural y la diversidad cultural de los pueblos de Europa y del mundo entero. El informe formula parcialmente de forma correcta algunas de las causas de homogeneización cultural gradual y la comercialización de la cultura (presión por parte de la OMC, rivalidades internas entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea y dentro de la propia UE, incapacidad de la UNESCO de desempeñar su papel, etc.)

Puesto que creemos firmemente en la diversidad cultural, como uno de los últimos bastiones que defienden la existencia histórica y que continúa la identidad de los pueblos y en tanto que una necesidad histórica (tal como también reconoce el informe), consideramos que las medidas propuestas son totalmente insuficientes. No se puede resolver el problema en un marco de organizaciones como la UNESCO o el Consejo de Europa, y menos aún la Unión Europea. La única forma de comprobar e invertir este avance planificado de antemano y catastrófico desde el punto de vista cultural es que los pueblos tomen cartas en el asunto por su propia cuenta, para luchar contra la lógicas y prácticas de las leyes del mercado dictadas por la mundialización imperialista y exigir el respeto de los valores de su cultura.

Por estos motivos, el Partido Comunista de Grecia no ha apoyado el informe y se ha abstenido en la votación final.

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) Tal como ha expresado con tanta elocuencia nuestra ponente (y el ponente de nuestra opinión), «la conservación del patrimonio cultural, en tanto que patrimonio común de la humanidad, constituye una exigencia de nuestra sociedad civil y el mantenimiento y el fomento de la diversidad cultural, una garantía de paz, estabilidad y desarrollo».

Esta conservación exige que se tomen acciones específicas. Fue desde esta perspectiva desde donde salieron a la luz la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural elaborada por la UNESCO y la Declaración del Consejo de Europa sobre Diversidad cultural. Estas declaraciones consiguieron ir más allá de los meros aspectos comerciales de los servicios educativos y culturales y de los bienes culturales, abarcando objetivos específicos como el desarrollo de industrias culturales locales y mejorando la distribución mundial de obras culturales. El respeto y la protección de la diversidad cultural son de crucial importancia, desde el punto de vista no solo de la concienciación colectiva sino también, es de esperar, del desarrollo sostenible. La diversidad cultural, a su vez, está en armonía con el mundo que nos rodea y es algo que cada generación hereda y transmite.

Creo que la UE debe desempeñar un papel activo en el debate y emergencia de nuevos instrumentos en la Conferencia General de la UNESCO, capaces de abordar las necesidades de un nuevo mundo en el que Europa tiene que promover, con determinación férrea, el fomento de la diversidad cultural, contribuir al diálogo cultural y promover el entendimiento y respeto mutuos.

  Saint-Josse (EDD), por escrito. – (FR) Al mismo tiempo que nos ha deparado una excelente discusión sobre la importancia y riqueza de la diversidad cultural, el informe reivindica expresamente la aplicación de la regla de la unanimidad. No se trata de una táctica obstructiva, acusación que se formula demasiadas veces, sino de la mejor garantía de obtener el consentimiento de los Estados y los ciudadanos. Otra razón que tenemos para estar satisfechos es la defensa contundente que hace el informe de la necesidad de respetar el principio de subsidiariedad y el «derecho del Estado miembro, las regiones y las entidades subestatales, en su caso, a definir, aplicar y adaptar las políticas culturales», haciendo hincapié en que «los servicios y productos culturales y la educación no son mercancías… y por ello […] deben estar sujetos a condiciones especiales orientadas según el principio de que el mercado no puede regularlo todo, salvaguardando al mismo tiempo de manera especial la diversidad de opiniones y el pluralismo». Los miembros de la delegación de Chasse-Pêche-Nature-Traditions en el Grupo para la Europa de las Democracias y las Diferencias no tienen ninguna propuesta alternativa. Apoyamos el concepto de servicio público y rechazamos la liberalización de estos sectores al socaire del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Es lamentable y preocupante que todas estas directrices no se hayan extendido a todos los servicios de interés general con el voto sobre el informe Herzog, pero damos nuestro apoyo sin reservas a la resolución sobre la conservación y promoción de la diversidad cultural en asociación con la UNESCO.

  Turco (NI), por escrito. – (IT) Continuando con las explicaciones de voto del Sr. Cappato, he de destacar la importancia de la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. La OSCE promueve la seguridad en todas las formas posibles salvo la intervención directa y armada y, por lo tanto se esfuerza en lo posible por fomentar el respeto por la diversidad cultural y lingüística. Hay dos instituciones de la OSCE que trabajan para conseguirlo: el Alto Comisariado para las Minorías Nacionales y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación, que han prestado una atención continua al tema de las lenguas. Hace poco, en su reunión de Maastricht en diciembre de 2003, los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la OSCE aprobaron una decisión sobre la tolerancia: Decisión 4/03. El Artículo 10 alude al Alto Comisariado para las Minorías Nacionales y sus recomendaciones sobre la educación y las lenguas, incluyendo en las emisiones de radio y televisión. La decisión también se refiere a las recomendaciones sobre este tema por parte del Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación, cuyo texto puede encontrarse en www.osce.org. En 2002 y 2003, llevó a cabo un estudio exhaustivo sobre los medios de comunicación en sociedades multilingües, tomando como ejemplo a cinco países: Luxemburgo, Suiza, la antigua República yugoslava de Macedonia, Moldova y Serbia- Montenegro.

El 13 y 14 de septiembre, la OSCE organiza una conferencia sobre racismo y xenofobia, que se celebrará en Bruselas, durante la cual espero se aborde el tema de la diversidad lingüística.

Informe Swiebel (A5-0481/2003)

  Bastos (PPE-DE), (PT) El informe anual 2002 sobre igualdad de oportunidades es importante para los objetivos de la UE. Sin embargo, hemos observado una serie de defectos en el informe.

Como ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, creo que es esencial adoptar un enfoque sobre dos flancos, con el objetivo de asegurar una igualdad de trato y de retribución, y una auténtica integración política de la cuestión del género. Dado que el crecimiento del empleo, en particular de las mujeres, está vinculado directamente a si es posible combinar el trabajo con la vida familiar, la estrategia del empleo tiene que incluir referencias a la financiación y establecimiento de instalaciones para el cuidado de los niños y de las personas dependientes, y el acceso al permiso parental retribuido. También debe incluir medidas de apoyo centradas en ayudar a las mujeres a volver al mundo laboral después de dedicarse a formar una familia.

Hay que esforzarse en lo posible por abarcar ámbitos tan diversos como la seguridad social, la formación, las iniciativas empresariales, la inclusión de las mujeres en el proceso de la toma de decisiones, prolongar la vida laboral, la violencia doméstica y el tráfico de mujeres.

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) El informe de iniciativa propia de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades llama la atención con acierto sobre aspectos importantes de la estrategia marco y sobre programas de trabajo anuales e informes sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la UE. Esto incluye que todavía hay que definir los objetivos para la estrategia en términos mensurables y que los informes anuales no logran combinar el abordar los objetivos políticos que he destacado y un análisis y evaluación exhaustivos de la situación actual.

Aunque contiene determinados aspectos que considero que son contradictorios, estoy de acuerdo con el informe cuando pone de relieve la falta de coherencia entre la política de las Naciones Unidas –según se definen en la Plataforma de Acción de Pekín– y la política de la UE sobre igualdad de oportunidades. También celebro que destaque la falta de información con relación a la ejecución de una serie de programas comunitarios, y cuando expresa su decepción de que el programa de trabajo 2003, relativo a acciones prioritarias, no haga más que reiterar las intenciones anteriores. También estoy de acuerdo con la ponente cuando subraya la necesidad de un informe que resuma la Plataforma de Acción 1995 en los Estados Miembros, a presentar antes del fin de este período legislativo. Lamentablemente, las buenas intenciones no se han traducido a la realidad. En la ofensiva neoliberal contra los derechos de los trabajadores, los derechos sociales y otros logros sociales, las primeras que se ven afectadas son siempre las mujeres, quienes se enfrentan al desempleo y a una retribución desigual.

  Lulling (PPE-DE), por escrito. (DE) La Comisión tiene que proporcionarnos informes anuales sobre la situación actual en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades para los hombres y las mujeres en la Unión Europea. Hoy, tenemos que pronunciarnos sobre el informe anual de 2002, una buena práctica que nos permite evaluar cómo están las cosas cuando se trata de aplicar las buenas directivas y programas europeos que tienen por objeto garantizar la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades para los hombres y las mujeres.

Todos sabemos que, cuando esto procede, no es oro todo lo que reluce en los Estados miembros o en los países de adhesión, y que esta Asamblea tiene y debe denunciar esto no es discutible. Sin embargo, existen algunos pasajes en esta propuesta de resolución de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, por lo demás, sorprendentemente sensata, que hay que modificar. Varios diputados de esta Asamblea han puesto objeciones a la exigencia de que los Estados miembros y los países de adhesión proporcionen antes de 2010 unas buenas instalaciones para el cuidado de los niños asequibles para al menos un 90% de los niños de entre tres años y la edad escolar y para el 33% de los niños de menos de tres años. Se preguntan si esto es conveniente o realista, es decir, asequible.

(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

  Meijer (GUE/NGL), por escrito. – (NL) Por término medio, las mujeres de la UE ganan un 84% de lo que ganan los hombres, y el índice medio de desempleo de las mujeres en 2001 fue de un 2,3% más alto que el de los hombres. En la exposición de motivos, la ponente demuestra con agudeza que las muchas palabras bien sonantes sobre la igualdad de oportunidades para los hombres y las mujeres son debidas, en la práctica, a una ausencia de resultados mensurables. No se han establecido de antemano objetivos claros y los criterios de evaluación establecidos por la Comisión Europea en esta Estrategia marco para el periodo 2001-2005 no vuelven a aparecer en su Informe anual para 2002. Por lo tanto, no está claro qué es lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer, y cuáles son los resultados. Asimismo, la Comisión y el Consejo trabajan independientemente una de otro. Durante la Presidencia finlandesa a finales de 1999, el Consejo estableció nueve indicadores con respecto a las mujeres que ocupaban puestos de trabajo de responsabilidad y de toma decisiones, a los que se les añadió indicadores franceses de la reconciliación del trabajo y la vida familiar, indicadores belgas de desigualdad en las retribuciones e indicadores daneses de la violencia doméstica contra las mujeres. Todo esto son cosas muy bonitas que los ministros pueden decir a sus grupos de apoyo de regreso a casa. No se hace ninguna otra mención en los informes anuales, y los documentos en que se basan continúan siendo confidenciales. Es vergonzoso que la propuesta de resolución adoptada por unanimidad en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades carezca de la firmeza de una exposición de motivos clara. Me temo que, una vez más, poco va a cambiar aquí.

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) Creo que la igualdad entre hombres y mujeres es de suma importancia, y he condenado siempre la discriminación por cuestión de sexo.

Sin embargo, me veo forzado a estar en desacuerdo con la posición de la ponente, que, en lugar de luchar por la igualdad, pretende imponer el extremismo igualitario.

Para conseguir que la igualdad sea una realidad no es necesario tener el mismo número de hombres y mujeres desempeñando un determinado trabajo, es mucho más importante primero asegurar que existe igualdad de acceso a las oportunidades.

El igualitarismo en el informe que tenemos ante nosotros es una imposición absurda, que ofrece una impresión superficial de igualdad y solo reflejará la representación real, si es que lo hace, por coincidencia.

Creo que muchas de las ideas de la ponente, en cuanto a derecho comunitario, no podrán aplicarse en la Unión Europea, ya que son de la competencia de los Estados miembros.

A pesar de todo, respaldo algunos de los puntos expuestos en su informe de propia iniciativa, que, en cualquier caso, no atañen exclusivamente a la igualdad entre hombres y mujeres. Estoy de acuerdo, por ejemplo, con la crítica de la ponente sobre la falta de transparencia en las decisiones tomadas por el Consejo, que impide que el Parlamento y los ciudadanos hagan una evaluación adecuada de sus actividades y decisiones.

He votado en contra.

  El Presidente. Con esto concluyen las explicaciones de voto.

(La sesión, suspendida a las 1,40 horas, se reanuda a las 15 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. ONESTA
Vicepresidente⁽¹⁾

(1) Aprobación del Acta de la sesión anterior: cf. Acta.