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Acta literal de los debates
Miércoles 11 de febrero de 2004 - Estrasburgo Edición DO

1. Progresos en la puesta en marcha del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ), 2003
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  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate anual 2003 sobre los progresos en la puesta en marcha del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, sobre la base de las preguntas orales al Consejo (B5-0005/2004) y la Comisión (B5-0006/2004), en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores.

Quiero recordarles que la votación sobre las propuestas de resolución que cerrará el debate se celebrará durante el segundo período parcial de sesiones en marzo.

 
  
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  Ribeiro e Castro (UEN). (PT) Señor Presidente, señor Comisario, estamos acercándonos al final del plazo de cinco años fijado en Ámsterdam. Van a entrar en vigor nuevas disposiciones del Tratado de Niza, y la ampliación vendrá a ampliar el territorio contemplado en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Por tanto, es hora de hacer balance, de evaluar la legislatura, este primer período de cinco años. El debate anual se centra en este espacio y este será también el planteamiento de la resolución que estamos elaborando para finales de marzo. He aquí el primer mensaje del Parlamento Europeo: queremos que esta evaluación sea realizada no solo por nosotros, sino también por la Comisión y el Consejo. Aquí haremos el saque inicial y publicaremos nuestra propia evaluación a su debido tiempo. Sabemos que la Comisión también está elaborando su valoración, que aguardamos con impaciencia. Recomendamos encarecidamente que el Consejo haga lo propio.

Pido disculpas al Presidente de nuestra comisión parlamentaria, Sr. Hernández Mollar, que probablemente volverá a referirse a esto y que tuvo la idea y la propuso durante nuestro debate anteayer. Sostenemos que el Consejo debería comenzar ahora a preparar seriamente una Tampere II, una nueva Cumbre europea dedicada específicamente al ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior, en la que se plantee esta valoración política de manera seria y transparente, sin ninguna reserva por parte de nadie. Solicitamos asimismo que se defina un programa nuevo y realista a medio plazo. Debe efectuarse bajo la Presidencia neerlandesa, durante la segunda mitad del año en curso o, a más tardar, bajo la Presidencia luxemburguesa en la primera mitad de 2005.

Y necesitamos este balance, configurado por los tres elementos de nuestro triángulo institucional, en primer lugar para poder avanzar con conocimiento político y con una nueva orientación estratégica. Necesitamos un balance dinámico; uno que evalúe la situación actual y que apunte hacia el futuro. Me atrevo a decir que el primer requisito es una valoración positiva de muchos de los desarrollos ya completados durante este quinquenio. Somos conscientes de que el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia constituye un concepto totalmente nuevo y una dirección nueva para el desarrollo de la Unión. Por consiguiente, es importante elaborar una valoración clara y positiva del progreso realizado. A veces, la comprensible insatisfacción de muchos es mal interpretada por el público en general. Con frecuencia se expresa el deseo de haber llegado más lejos; se interpreta como una indicación de fracaso y se suscita el sentimiento de que la situación se halla en crisis, lo cual no refleja la realidad.

Hemos de recordar que el público en general es uno de nuestros mayores aliados, y para poder implicarlo con mayor intensidad en este proceso también hemos de transmitir a este público conocimientos y confianza, en vez de únicamente frustración e ideales utópicos. De aquí, ante todo, la importancia estratégica futura que atribuyo a una política más activa de facilitar información en este ámbito. Sin embargo, si pedimos al Consejo que organice una Tampere II, es porque pensamos que Tampere I, en 1999, resultó muy valiosa y por eso deseo felicitar al Comisario Vitorino, ya que sé lo mucho que Tampere le debe a sus desvelos. Es cierto que queda mucho por hacer, pero la metodología Tampere, si se nos permite llamarla así, fue en sí misma positiva, un marco para esta legislatura parlamentaria, ya que sin Tampere ahora estaríamos mucho peor y más retrasados.

Por dar una visión general, y sin entrar en los detalles de la propuesta de resolución sobre la que estamos trabajando ni volver sobre los términos de la pregunta oral –algo que sin duda harán mis compañeros Diputados de otras tendencias políticas–, se podría hacer una valoración general, oscilando desde «muy positiva» en lo referente al progreso realizado en cuanto a cooperación en asuntos judiciales y civiles, hasta «casi totalmente estancada» en el campo de la cooperación policial, pasando por «buena» y «mala» o simplemente «tolerable», aplicados al progreso y los retrasos en los ámbitos del asilo y la inmigración y la cooperación judicial en asuntos criminales.

Existe una preocupación muy marcada y creciente en cuanto a la garantía de los derechos fundamentales, junto al incremento de la cooperación policial y judicial, y cada vez son más numerosas las peticiones a favor de políticas de integración en el ámbito de la inmigración. Sin embargo, hay sobre todo un mensaje de carácter general que se podría enviar al Consejo y a todos los gobiernos. Es un mensaje que se puede extraer claramente de estos últimos cinco años y de los debates que se han celebrado: si, en los campos restantes contemplados por el método intergubernamental, la cooperación abierta y eficaz entre los gobiernos y todas las autoridades nacionales implicadas no avanza al ritmo que exigen las circunstancias, la opinión pública va a presionar para que estas competencias y ámbitos queden incluidos gradualmente dentro de la esfera de competencia de la Comunidad, en algunos casos por razones de seguridad, en otros por motivos relacionados con libertades concretas. En otras palabras, si los gobiernos no solo utilizan sus poderes para afinar, ajustar, calibrar e incorporar el principio de subsidiariedad, sino para bloquear e impedir el desarrollo de este Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, estarán aplicando un enfoque poco acertado. Al esperar tanto tiempo, al final acabarán perdiéndolo todo, ya que existen pocos campos en los que los ciudadanos ejerzan mayor presión como en este y en el que esta presión se haga sentir de un modo tan marcado e intenso.

Tampoco podemos contemporizar negándonos a aprobar los presupuestos porque, como ya ha señalado nuestro Presidente, Romano Prodi, todas las políticas de la Unión sufrirían en consecuencia, comenzando por el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Quiero decir una última palabra, Sr. Presidente, acerca del diálogo con los Parlamentos nacionales, un aspecto ya reseñado en el informe anual del año pasado por la ponente de entonces, Sarah Ludford. Nuestra experiencia de este quinquenio parece sugerir que en el Parlamento también tenemos que acelerar los procesos de trabajo y por eso he propuesto que en la próxima legislatura, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Internos apruebe un director de trabajos, cuyos efectos benéficos he podido constatar en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tenemos que invitar asimismo a representantes de los Parlamentos nacionales, de comisiones homólogas, para que acudan y participen en nuestros trabajos y debates. En mi opinión, deberíamos hacerlo en tres circunstancias: en primer lugar, regularmente una vez al semestre, en segundo, cuando estemos preparando nuestro debate anual y, en tercero, siempre que se celebre un debate sobre una cuestión legislativa que sea de especial importancia estratégica para impulsar todo el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, o que esté enraizado en su proceso de toma de decisiones y en el que resulte provechoso ampliar el debate transeuropeo para desarraigarlo. Por último, una poderosa recomendación genérica voluntarista: todo lo que se ha planeado se ha de ejecutar. Deseamos que todo lo que ha quedado atrasado en los calendarios definidos esté concluido a finales de 2004. Creemos que, cuando se celebre Tampere II, debiera haberse cumplido Tampere I totalmente. Tal vez eso no sea posible de momento, pero es la dirección que proponemos a fin de erradicar cualquier duda de las mentes de la gente.

 
  
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  McDowell, Consejo. (EN) Señor Presidente, quisiera darle las gracias por esta oportunidad de debatir el trabajo del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. En concreto quiero dar las gracias al Sr. Ribeiro e Castro por formular la pregunta sobre la cual basaré mis comentarios.

En primer lugar quiero rendir tributo al trabajo de la Presidencia griega e italiana a la hora de avanzar la agenda de Justicia y Asuntos de Interior durante 2003. Se han realizado importantes progresos en toda una serie de cuestiones relacionadas con Justicia y Asuntos de Interior, incluidas las medidas legislativas y la cooperación operativa de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere y el mandato de subsiguientes Consejos Europeos. La medida de dichos progresos puede apreciarse en el hecho de que durante ese periodo, el Consejo adoptó nueve reglamentos, cinco directivas, tres decisiones marco, dos convenios, varios acuerdos con terceros países, más de veinte decisiones y más de treinta resoluciones y conclusiones.

Aunque el debate se centre en los progresos realizados durante 2003, usted ha enmarcado sus preguntas en el contexto de los significativos acontecimientos de este año y lo tendré presente en mi respuesta.

La Presidencia irlandesa es muy consciente de la importancia de este año para la Unión y también para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Los objetivos clave de nuestra Presidencia son lograr progresos en torno a los requisitos de Ámsterdam y seguir avanzando en el trabajo sobre el programa ampliado de Tampere. Asimismo seguiremos promoviendo la cooperación operativa, en especial en relación con la policía y las aduanas.

Pasando ahora a la política de asilo e inmigración, quiero mencionar algunos de los logros del último año. En el contexto del asilo, la adopción del Reglamento Dublín II, que establece los criterios y mecanismos para determinar la responsabilidad de los Estados miembros para examinar una solicitud de asilo, y la Directiva sobre las normas mínimas para la recepción de solicitantes de asilo, fueron importantes logros.

Asimismo se han realizado progresos en otras dos propuestas clave de asilo: la Directiva sobre procedimientos y la Directiva sobre títulos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la Presidencia italiana y griega, no fue posible alcanzar un acuerdo sobre estas propuestas. Estas propuestas han pasado de una Presidencia a otra, y ahora será la Presidencia irlandesa la que tenga que intentar resolver las cuestiones pendientes, en consonancia con los requisitos de Tampere y el Tratado de Ámsterdam. Ahora haremos todo lo que esté en nuestras manos para alcanzar un acuerdo sobre estos textos dentro del plazo especificado por el Tratado de Ámsterdam.

Durante 2003 también se adoptaron los primeros instrumentos legales en el ámbito de la inmigración legal: la Directiva sobre el derecho a la reunificación familiar y la Directiva sobre el estatuto de los nacionales de terceros países que sean residentes de larga duración. El Consejo también tiene intención de seguir con el trabajo sobre las directivas relativas a los requisitos de entrada y estancia de los nacionales de terceros países a efectos de estudios, de formación profesional o de voluntariado y a efectos de investigación.

En el ámbito de la inmigración ilegal, el Consejo alcanzó un acuerdo sobre la Directiva relativa a la asistencia durante el tránsito a efectos de expulsión por vía aérea y la decisión sobre la organización de vuelos conjuntos. A nivel operativo se han llevado a cabo diversos proyectos conjuntos en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, incluido el establecimiento de un centro especial para la formación de guardias de frontera. El Consejo ha adoptado asimismo un programa de medidas para combatir la inmigración ilegal en las fronteras marítimas.

El refuerzo de los controles fronterizos contra la inmigración ilegal seguirá siendo una prioridad del Consejo en 2004. El Consejo tiene intención de continuar el trabajo sobre el proyecto de reglamento que establece la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa de las Fronteras Exteriores, de acuerdo con las conclusiones sobre esta propuesta aprobada por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior en noviembre. Espero que pueda acordarse durante la Presidencia irlandesa.

Asimismo quiero mencionar que la Comisión cerró los acuerdos de readmisión con Hong Kong y que se firmó el acuerdo entre la UE y Macao. Se están manteniendo negociaciones en relación con los acuerdos de readmisión con Marruecos, Rusia y Ucrania.

El Consejo Europeo de Tampere convirtió el reconocimiento mutuo en la piedra angular de la cooperación judicial en materia civil y comercial y especificó un programa de medidas para tal fin. Desde entonces se ha logrado un progreso constante en el ámbito de la cooperación judicial en el derecho civil y 2003 no ha sido una excepción. Entre las medidas clave adoptadas durante el pasado año se encuentran la directiva sobre ayuda jurídica y el reglamento sobre la responsabilidad parental. El Consejo estableció asimismo un enfoque general sobre el reglamento propuesto para la creación de un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados. Espero que el Consejo y el Parlamento Europeo puedan cooperar de forma eficaz para permitir que esta propuesta se apruebe en los próximos meses.

En el seno del Consejo seguirá debatiéndose durante 2004 sobre los reglamentos Roma II propuestos en materia de legislación aplicable a obligaciones no contractuales, que también entra en el ámbito del procedimiento de codecisión. Asimismo tengo entendido que en las próximas semanas la Comisión quiere presentar una propuesta de reglamento para establecer un procedimiento de orden de pago europea.

Su pregunta también hacía referencia al trabajo de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. En los últimos años, sobre la base de mandatos de negociación aprobados por el Consejo, la Comunidad ha podido participar activamente en el trabajo de la conferencia donde se están debatiendo asuntos que son de su competencia. En abril de 2003, a partir de una decisión del Consejo, los Estados miembros firmaron el Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños, tanto en su propio nombre como en interés de la Comunidad. El mayor compromiso de la Comunidad con la Conferencia de La Haya se refleja en el hecho de que el Consejo ha autorizado a la Comisión a iniciar negociaciones con la Conferencia sobre el posible acceso de la Comunidad a este organismo.

En el ámbito de la cooperación jurídica, el Consejo realizó progresos durante el año pasado, tanto en materia de medidas que aspiran a promover la cooperación como de medidas en el ámbito del reconocimiento mutuo. Entre las medidas adoptadas se encuentran la decisión marco relativa a la lucha contra la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, la decisión marco relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado y la decisión marco sobre la protección del medio ambiente a través del derecho penal. El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior aceptó asimismo la Decisión Marco sobre Drogas. El año pasado también se aceptó una decisión para firmar los acuerdos entre la UE y los Estados Unidos sobre extradición y asistencia mutua en materia penal.

En lo que respecta al tráfico de seres humanos y terceros países, la Declaración de Bruselas sobre la prevención y la lucha contra el tráfico de seres humanos, apoyada por el Consejo el pasado mes de mayo ofrece la base para un extenso programa de trabajo quinquenal. La Presidencia irlandesa quiere seguir apoyando las iniciativas para luchar contra el tráfico de seres humanos, teniendo en cuenta el contenido de esa declaración y el trabajo del grupo de expertos sobre tráfico de seres humanos, que se creó en 2003.

Tengo entendido que la Orden de Detención Europa ha sido puesta en práctica por ocho Estados miembros. Los demás Estados miembros están preparando la legislación necesaria. Los países candidatos tendrán que aplicar la decisión marco sobre la orden de detención europea a partir de la fecha de su adhesión.

En lo que concierne a las garantías procesales, tengo entendido que la Comisión publicará sus propuestas legislativas en el transcurso de este periodo parcial de sesiones.

Sobre la protección de datos en el tercer pilar, quiero señalar que diversos instrumentos ya incorporan disposiciones para garantizar la protección de los datos personales, por ejemplo, el Convenio de Schengen, el Convenio Europol y el Convenio Eurojust.

Asimismo se han realizado progresos en el ámbito de la cooperación policial. Todos los Estados miembros comparten la criterio de que Europol ha de desempeñar un papel destacado en el apoyo de las fuerzas policiales de la Unión Europea en la lucha contra el crimen internacional organizado y el terrorismo. Se trata de una agencia clave a la hora de promover la eficacia de las fuerzas policiales europeas, y la cooperación entre ellas.

Los ámbitos prioritarios de Europol acordados por el Consejo son los estupefacientes, la falsificación de euros, el terrorismo, el tráfico de seres humanos –incluida la inmigración ilegal– y el crimen financiero. Además, la policía de los Estados miembros coopera estrechamente para luchar cada día contra el grave crimen transnacional. En los últimos años se han cosechado muchos éxitos operativos, por ejemplo en relación con las drogas, el terrorismo, el tráfico de seres humanos y la pornografía infantil. Europol se ha visto implicada con regularidad a la hora de proporcionar apoyo para operaciones de acuerdo con el Convenio Europol.

El pasado mes de noviembre, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior firmó un protocolo por el cual se modifica el Convenio Europol que incluía varias disposiciones encaminadas a mejorar el funcionamiento de Europol. Además, el Consejo adoptó varios instrumentos relacionados con el funcionamiento operativo de Europol, incluida la aprobación de varios acuerdos de cooperación entre Europol y otros Estados.

Otras medidas adoptadas en el transcurso de los años incluyen una decisión sobre el uso común de funcionarios de enlace en el extranjero por las fuerzas policiales de los Estados miembros y una decisión por la que se modifica el Convenio de Schengen para permitir la vigilancia transfronteriza de personas sospechosas de estar implicadas en un delito penal

El jefe del equipo de policía europeo y Cepol –la Academia de Policía Europea– también siguen desempeñando un papel importante en el desarrollo de la cooperación policial a escala comunitaria.

Quiero decir algunas palabras sobre los últimos pasos a emprender antes de que la ampliación sea una realidad. El Tratado de Adhesión, que ha sido ratificado por todas las partes implicadas, estipula que, en general, los actos relacionados con el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia se aplicarán a los nuevos Estados miembros a partir del 1 de mayo de 2004. Sin embargo, para el acervo de Schengen hay un proceso de dos fases. Los países candidatos participarán en las medidas relacionadas con Schengen sobre el levantamiento de los controles fronterizos internos, incluida la participación en el Sistema de Información de Schengen, a más tardar, después del 1 de mayo de 2004.

El Tratado de Adhesión también incluye una cláusula de salvaguardia. Esta estipula que se podrán tomar medidas adecuadas, hasta 2007, si se detectan graves deficiencias o si existe un riesgo inminente de tales deficiencias en la transposición, el estado de aplicación o la aplicación de medidas legislativas en determinados ámbitos de justicia y asuntos de interior.

Quiero terminar mis comentarios refiriéndome brevemente a su pregunta sobre las aspiración de que la Unión Europea sea accesible a sus ciudadanos. El Consejo reconoce la importancia de la transparencia en las actividades de la UE. Vale la pena observar que el reglamento sobre acceso público a los documentos de la UE, aprobado en 2001, promueve la transparencia y contempla una mayor participación de los ciudadanos europeos en el proceso de toma de decisiones. Hay un alto nivel de pleno acceso a los documentos legislativos y acceso parcial a otros documentos que cubren las actuales negociaciones. Actualmente, el 55% de aproximadamente 450 000 documentos del registro del Consejo son directamente accesibles al público en Internet, en todos los idiomas de la UE. Las conclusiones de cada reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior están a disposición del público, así como los textos de todas las medidas adoptadas.

Espero que mis comentarios les hayan dado una visión de los logros en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior durante 2003. Les doy nuevamente las gracias por concederme esta oportunidad y espero que siga la cooperación entre el Parlamento Europeo y el Consejo en este año histórico.

(Aplausos)

 
  
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  Vitorino, Comisión. (PT) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, este debate anual no es totalmente idéntico a todos los otros, ya que se está celebrando en una coyuntura de significación histórica. Dentro de poco, diez nuevos Estados miembros van a ser admitidos en la Unión, estamos en proceso de negociar un nuevo Tratado constitucional, y nos estamos aproximando al final de la legislatura del Parlamento Europeo, así como al término del período fijado por el Tratado de Ámsterdam para sentar las bases del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Por tanto, quiero felicitar al Sr. Ribeiro e Castro, no solo por el rigor y la calidad de la preparación de este debate, sino también por la forma en que lo ha planteado. Lo que ha presentado no solo es un balance de los trabajos de todo un año, sino que proporciona una visión amplia de lo conseguido en esta legislatura. La Comisión, por su parte, con independencia de lo que yo diga ahora, va a contribuir a este balance mediante una comunicación que va a presentar al Consejo y al Parlamento en junio de este año, cuando presentemos una evaluación exhaustiva de lo logrado y de lo no conseguido de acuerdo con el programa de Tampere y el Tratado de Ámsterdam. En dicha evaluación, también esbozaremos algunas ideas sobre los posibles fundamentos para un programa Tampere II en el campo de la Justicia y los Asuntos Interiores

Trataré de respetar la secuencia en que su Señoría ha planteado sus preguntas: en el campo de la inmigración y el asilo, la Comisión siempre ha procurado compaginar las cuatro líneas principales de esta política, tal como quedó definido en el Tratado de Ámsterdam: regular los flujos de inmigración legal, promover la integración de nacionales de terceros países en las sociedades europeas, combatir eficazmente la inmigración ilegal y definir una política común de asilo y ampliar la asociación con terceros países a fin de regular los flujos migratorios.

Por lo que respecta a la inmigración legal, la Comisión ha presentado varias propuestas para crear el marco legal necesario. El Consejo ya ha aprobado la propuesta de directiva sobre reunificación familiar y sobre la situación legal de ciudadanos de terceros países que sean residentes de larga duración. Espero que para el final de esta legislatura parlamentaria también estemos en condiciones de aprobar la propuesta sobre víctimas del tráfico de seres humanos que cooperan con las autoridades y que, por tanto, tienen derecho a un permiso de residencia, así como las propuestas sobre admisión de estudiantes e investigadores de terceros países a la Unión Europea.

Un motivo de decepción que quiero manifestar es el relativo a los problemas para alcanzar, junto con los Estados miembros, una plataforma común destinada a controlar los flujos migratorios que implican inmigración legal, o lo que se conoce como «admisión para fines de trabajo». En este campo, el Consejo se halla en un punto muerto, la propuesta de la Comisión carece claramente del apoyo de los Estados miembros y la Comisión retomará este tema cuando presentemos, en algún momento a lo largo de este semestre, el estudio que se nos solicitó elaboráramos acerca de la vinculación entre inmigración legal e ilegal.

En el ámbito de la integración, los pasos que se han dado a partir de Salónica son de agradecer y ahora estamos elaborando proyectos preliminares cara a una estrategia más amplia para un programa europeo específico encaminado a integrar a los inmigrantes en las sociedades europeas.

Por lo que se refiere a la inmigración ilegal, la Comisión ha presentado tres planes de acción que han sido aceptados por el Consejo y que ahora se están aplicando: el primero se refiere a la lucha contra la inmigración ilegal; el segundo, a la gestión común de las fronteras exteriores y el tercero, a una política comunitaria para la devolución o repatriación de inmigrantes ilegales. También tengo la esperanza de que pronto quede aprobada la Agencia para el control y coordinación operativa en las fronteras exteriores, y la Comisión tiene la intención de presentar un nuevo instrumento jurídico, la revisión de un manual de Schengen común sobre buenas prácticas para el control de fronteras exteriores.

Simultáneamente, los temas de seguridad han adquirido una importancia considerable como consecuencia de los sucesos del 11 de septiembre de 2001. La Comisión ya ha presentado propuestas para reforzar la seguridad de algunos documentos fundamentales, tales como visados y permisos de residencia, introduciendo datos biométricos y, en el plazo de un mes, presentará su propuesta para incluir datos biométricos en el pasaporte de los ciudadanos de la UE. También progresa adecuadamente el desarrollo del Sistema de Información de Visados (VIS).

En cuanto a la política de repatriación, básicamente la Comisión va a proponer, a corto plazo, acciones en dos frentes: una de apoyo financiero, que todavía ha de someterse a debate, y otra sobre una iniciativa de normas mínimas para los procesos de repatriación. Como ya ha manifestado el Presidente en ejercicio del Consejo, en el ámbito del asilo se han aprobado importantes instrumentos jurídicos: protección temporal, normas mínimas de acogida, el reglamento Dublín II y la implantación del sistema Eurodac, y el Fondo Europeo para los Refugiados, que llegó al final de la primera fase teniendo movilizados cerca de 146 millones de euros durante los últimos cuatro años. La Comisión está trabajando activamente con el Alto Comisario de las Naciones Unidas sobre nuevas ideas para la política de asilo, concretamente con vistas a garantizar la entrada más ordenada y organizada de refugiados en la Unión Europea, y la posibilidad de solicitar asilo fuera del territorio de la UE y para incrementar asimismo la protección en regiones donde se originen conflictos. No obstante, se echan en falta dos aspectos fundamentales relativos a la política de asilo. Me refiero a la directiva sobre procedimientos de asilo y a la directiva sobre requisitos del estatuto de refugiado y la armonización de las normas sobre protección subsidiaria. Me complace saber lo comprometido que está el Sr. McDowell con la aprobación de estos dos instrumentos durante la Presidencia irlandesa, y en consecuencia, dentro del plazo fijado por el Tratado de Ámsterdam, por lo que podemos finalizar esta legislatura teniendo aprobados todos los instrumentos necesarios para la primera fase de una política de asilo común de alcance europeo.

La Comisión también va a presentar un informe durante la primavera de 2004 sobre las negociaciones entabladas sobre acuerdos de readmisión y acogemos con particular agrado el hecho de que hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo con el Consejo y el Parlamento acerca de un programa financiero para el período 2004-2008, por valor de 250 millones de euros, con vistas a desarrollar una asociación con terceros países para la gestión conjunta de los flujos de migración.

En cuanto a la cooperación judicial, suscribo íntegramente lo que acaba de decir el ministro, Sr. McDowell. La evaluación de la Comisión es satisfactoria en conjunto y, curiosamente, es probable que sea en el ámbito de la cooperación judicial civil, de las reglas sobre litigios contractuales, sobre obligaciones fuera de contrato, sobre relaciones familiares y sobre la regulación de la autoridad de los padres donde algunas de las decisiones adoptadas por este Parlamento y este Consejo tengan la mayor influencia sobre la vida cotidiana de todos los ciudadanos europeos, aunque los medios de comunicación normalmente les dediquen escasa atención. Tiene mucho mayor interés periodístico hablar de delitos que de la vida cotidiana de la gente normal. Sin embargo, precisamente es en la vida cotidiana de la gente normal donde se han logrado los mayores progresos en el contexto del Tratado de Ámsterdam y del programa de Tampere, y espero sinceramente que, a finales de esta legislatura, estemos en condiciones de superar todas las dificultades para aprobar la directiva sobre compensación a las víctimas de actos criminales.

Por lo que concierne a la dimensión exterior, quiero resaltar el hecho de que la Comisión solicitó al Consejo un mandato que permitiera a la Comunidad adherirse formalmente a la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, a fin de garantizar mejor que el proceso de incluir la cooperación judicial en los asuntos civiles dentro del contexto comunitario fuera coherente con lo que se está haciendo en línea con las convenciones de la Conferencia de La Haya.

Por último, aunque no es menos importante, el tema de la cooperación judicial en asuntos criminales. Creo que el balance de esta legislatura es positivo. Positivo en el sentido de que, prácticamente, las decisiones marco sobre todos los tipos de delitos europeos previstos en el Tratado han quedado aprobadas, con una sola excepción: el racismo y la xenofobia, que continúan resultando problemáticos para el Consejo. Sin embargo, una vez más quiero resaltar que la Comisión ha permanecido fiel al principio de que la piedra angular de la cooperación judicial en asuntos criminales es el principio de mutuo reconocimiento de decisiones judiciales, cuyo mejor ejemplo lo brinda la orden europea de arresto y entrega que, al igual que el Sr. McDowell, espero esté totalmente implantada en los quince Estados miembros a finales del primer trimestre de este año y que en los países candidatos entre en vigor el 1 de mayo de este año.

La Comisión va a presentar en breve una decisión marco sobre garantías procesales y estamos convencidos de que va a ser igualmente importante la iniciativa que vamos a adoptar en junio del año actual en cuanto a presentar una decisión marco sobre normas mínimas para protección de datos, de acuerdo con el tercer pilar. La cooperación judicial en asuntos criminales y el fortalecimiento de los mecanismos para la cooperación policial y judicial en la lucha contra el crimen tienen que ir acompañados, simultáneamente, de unas reglas de garantías mínimas procesales en los procedimientos penales en todos los Estados miembros y de protección de la privacidad y los datos personales en este campo.

Es cierto, Sr. Ribeiro e Castro, que la cooperación policial implica una cooperación a nivel más operativo que legislativo, en el que creo que la Convención sobre el futuro de Europa ha demostrado estar en lo cierto al subrayar que los instrumentos de «convención» no funcionan en este entorno: las enmiendas a la Convención Europol aún aguardan ser ratificadas por la mayoría de los Estados miembros; la Convención sobre asistencia judicial mutua, firmada en mayo de 2000, todavía no ha sido ratificada por todos los Estados miembros de la UE y, en consecuencia, no ha entrado en vigor. Sin embargo, la cooperación operativa ha aumentado y, para que Europol pueda desempeñar su cometido, resulta vital que las fuerzas policiales de los Estados miembros tengan confianza en Europol y, sobre todo, que se produzca un intercambio continuo de información sobre las modalidades de delitos transnacionales.

Por último, Sr. Ribeiro e Castro, comparto plenamente su preocupación en cuanto a que es vital informar a los ciudadanos de lo que se ha hecho. La Comisión ha lanzado campañas de información sobre la Carta de los Derechos Fundamentales, sobre algunos de los instrumentos legislativos que hemos aprobado y que pudieran tener un impacto más directo sobre la vida de los ciudadanos. Sin embargo, para ser muy sincero, creo que la instantánea más fiable será la que proporcionen las elecciones al Parlamento Europeo, personificada por los Diputados de este Parlamento –y ustedes pueden sentirse orgullosos de lo logrado durante esta legislatura en el campo de la Justicia y los Asuntos Interiores– ya que ellos son los mejores intérpretes de la información que los ciudadanos tienen el derecho a conocer, porque ellos son la prueba de que la democracia europea funciona y de que los asuntos importantes para la vida cotidiana de los ciudadanos son tomados en serio por los órganos de la Unión Europea, comenzando por sus representantes legítimos, los Diputados del Parlamento Europeo.

(Aplausos)

 
  
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  Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señor Comisario, quienquiera que simplemente lea el informe de situación del año pasado se sorprenderá por el gran progreso que hemos realizado en el ámbito de la seguridad, y ustedes, señor Presidente en ejercicio y señor Vitorino, junto con el Parlamento Europeo, pueden sentirse orgullosos por lo mucho que se ha avanzado en lo relativo a la seguridad. Solo quiero reseñar algunos puntos que me parecen especialmente importantes. De una parte, en enero del año pasado entró en funcionamiento el sistema Eurodac. Eso no significa sino que la Convención de Dublín se está aplicando ahora de forma eficaz, que podemos determinar qué país es realmente responsable de tramitar una solicitud de asilo, y que disponemos de un instrumento para frenar satisfactoriamente los abusos contra el sistema de asilo.

Para evitar los flujos de inmigración ilegal, hemos establecido asociaciones con países de origen y de tránsito. Hemos creado un paquete global de medidas para combatir la inmigración ilegal que prevé, concretamente, la elaboración de un nuevo sistema integrado para asegurar las fronteras exteriores, con unas normas muy exigentes que se aplicarán en todas las fronteras exteriores presentes y futuras de la Unión Europea. También hemos hecho preparativos para campañas de repatriación conjuntas.

Algo que considero especialmente satisfactorio es el compromiso político de incorporar datos biométricos en los visados y los permisos de residencia, ya que de esa forma estaremos en condiciones de garantizar que a la gente que atraviesa las fronteras le expedimos documentos que no pueden ser falsificados. Otro avance notable es el cierre del acuerdo de cooperación entre Europol y los nuevos Estados miembros u otros Estados como Rumania o Rusia, a fin de poder actuar eficazmente sobre el terreno contra los delitos internacionales y, en concreto, contra la corrupción.

Por último, otro de los capítulos de excepcional éxito es el acuerdo alcanzado por vez primera sobre una norma de sentencia mínima para combatir el tráfico ilegal de drogas, y luego están las medidas que hemos adoptado en la lucha contra las drogas sintéticas, o el avance realizado en derecho civil y penal, en los que no entraré en detalles. En conjunto, el Parlamento, el Consejo y la Comisión han elaborado satisfactoriamente un excelente paquete de medidas.

No obstante, quiero formular algunas observaciones críticas y plantear ciertas peticiones. Lo primero que quiero decir es lo siguiente: creo que resulta vital que la pretensión de la Presidencia actual de llevar a la práctica la directiva sobre condición y procedimientos durante la primera parte de este año, es decir antes de abril, se haga realidad en bien de la política de asilo común. Me temo que si no lo conseguimos, tendremos enormes problemas a la hora de ponernos realmente de acuerdo sobre una política de asilo común, ya que entonces careceríamos de cualquier ayuda de emergencia para los refugiados. En consecuencia nos encontraríamos sin los instrumentos necesarios para avanzar en la lucha contra los abusos. Como Presidente en ejercicio, cuenta con nuestro pleno apoyo en este ámbito.

Mi segunda observación se refiere a la lucha contra la corrupción. En bien de la estabilidad en los nuevos Estados miembros, resulta esencial que intensifiquemos la lucha contra la corrupción en estos Estados, y les tenemos que ayudar a alcanzar el nivel de Schengen en las nuevas fronteras exteriores tan rápido como sea posible. Redunda en beneficio tanto de los nuevos Estados miembros como de la Unión Europea en su conjunto. Va a exigir una cierta inversión. Tiene nuestro apoyo en este asunto.

Quiero decir también algo sobre las agencias. No creo que debamos estar inventando continuamente nuevas agencias. No, tenemos que hacer que las muchas de que ya disponemos continúen funcionando adecuadamente. No podemos permitir que se amplíen indefinidamente los consejos de administración –de 15 a 25– agregando nuevos expertos y luego, si eso no funciona, creando un consejo ejecutivo. Y luego sometemos a deliberación nombrar además una junta coordinadora, para asegurar que los otros dos consejos funcionan adecuadamente. Ese no debe ser el camino a seguir.

Una última observación: me gustaría presenciar una mejora general de los procedimientos. De lo contrario, existe el peligro de que se derrochen los recursos. En el futuro no debe darse una situación en la que lleguen a esta Cámara documentos de la Comisión, y luego, al tiempo que el Parlamento está realizando su trabajo, se elaboren nuevos documentos, nuevos acuerdos, acerca de los cuales el Parlamento no está informado, de manera que se continúe trabajando sobre la base antigua y haya que volver a comenzar otra vez desde el principio. Le pido que mejore la coordinación en el interés global de la eficacia de los procedimientos.

Este debate, que se celebra al término de un año satisfactorio y una legislatura llena de éxitos, debería constituir una valoración crítica y debería espolearnos para edificar sobre esos éxitos en bien de la seguridad de los ciudadanos de la UE. Tengan la certeza de que en el Parlamento Europeo haremos todo lo posible para apoyarle, incluso en lo concerniente al incremento del presupuesto que sin lugar a dudas será necesario si realmente queremos lograr los éxitos que deseamos obtener en beneficio de la seguridad.

(Aplausos)

 
  
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  Paciotti (PSE). (IT) Señor Presidente, es cierto que los avances expuestos por el ponente y los representantes del Consejo y de la Comisión –a quienes felicito– son una realidad, pero hemos de admitir que ese progreso no es suficiente. De hecho, el obstáculo más grave para el desarrollo del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia es la incapacidad para aprobar el proyecto de Tratado constitucional que, al convertir la Carta de los Derechos Fundamentales en vinculante en todos los sectores de actividad de la Unión y ampliar el método comunitario para incorporar la cooperación judicial, criminal y policial, habría resuelto muchos de los problemas que continúan planteados. Esperemos que no se trate más que de un simple retraso.

Entre tanto, deberían darse pasos para superar ciertas contradicciones paradójicas que siguen frenando la aplicación del programa de Tampere, sobre todo en el ámbito de la inmigración y de la cooperación penal y policial. De hecho, los mismos gobiernos que en Tampere aprobaron un conjunto razonable de medidas, a menudo después no las adoptan cuando tales medidas han sido propuestas por la Comisión y solicitadas por el Parlamento. Cuando más adelante, a resultas de una u otra emergencia, esas medidas acaban siendo aprobadas, con frecuencia no se llevan a la práctica en los países en cuestión: tal es el caso, como ejemplo de esto último, de la orden de arresto y la decisión sobre el racismo y la xenofobia. Por tanto, hemos de tener continuamente presente que la eliminación de las fronteras interiores incrementa la libertad de movimiento en el mercado interior, pero también actúa a favor de los delincuentes, siempre que el poder para prevenir y controlar los delitos continúe estando limitado por las fronteras nacionales.

Así pues, es el momento de relanzar y actualizar el programa político para la construcción armónica de un espacio jurídico europeo, que no se limite a respuestas parciales para contingencias específicas, y esperamos ilusionados el comunicado que nos prometió la Comisión.

En lo relativo al caso concreto de la inmigración, por el que se ha preguntado en repetidas ocasiones en este Parlamento, resulta vital diseñar una política común para gobernar la entrada, residencia e integración de los ciudadanos de terceros países que no se limite a reprimir la inmigración clandestina. No obstante, los retrasos e incoherencias que han sido más flagrantes por parte del Consejo y los Estados miembros son los referentes a la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas. Se han aprobado medidas que, de hecho, no respetan los derechos fundamentales provocando que el Parlamento se haya visto obligado a denunciar tales medidas ante el Tribunal de Justicia, siendo el ejemplo más reciente la reunificación familiar. No se están aprobando normas comunes en cuanto a garantías procesales y, a resultas de ello, se han rechazado formas de cooperación más estrechas debido a que los Estados desconfían unos de otros en cuanto al respeto de tales garantías.

Por último, el tema de la protección de los datos personales es particularmente sensible y quedan por dilucidar serios interrogantes acerca de la conducta de un gran número de Estados miembros que han permitido la entrega de datos personales de ciudadanos europeos a las agencias de seguridad estadounidenses, que no ofrecen ninguna garantía de que se respete el derecho fundamental de nuestros ciudadanos a la privacidad. A ese respecto, hay que decir que la conducta de la Comisión, marcada por la pasividad y la complicidad, ha sido deplorable. Verdaderamente ha llegado el momento de tomar medidas más efectivas para proteger los derechos de nuestros ciudadanos.

 
  
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  Ludford (ELDR).(EN) Señor Presidente, aunque se trate de un documento anual, nos acercamos a la evaluación quinquenal de los logros del programa de Tampere y ahora es preciso pensar en Tampere II. Hemos de decir que la Comisión ha realizado su trabajo, pero el expediente del Consejo no es excelente. Es preciso mejorar tanto el rendimiento como el método.

Si consideramos primero la política de asilo e inmigración, seguimos sin tener todas las piezas del rompecabezas para las políticas comunes. Los europeos necesitan tener la sensación de que estamos actuando realmente juntos para tener unos sistemas bien regulados pero justos en los que se comparte la responsabilidad. Pero, ¿dónde está la solidaridad en el vergonzoso modo en que, uno tras otro, 13 Estados miembros han señalado que impondrán restricciones a la libre circulación desde los nuevos Estados miembros orientales?

Los Estados han sido más estrictos a la hora de fortalecer las fronteras y deportar a los inmigrantes ilegales y asegurarse de que los inmigrantes son legales y están integrados. El Consejo aprobó una Directiva poco generosa sobre los inmigrantes de larga duración y una sobre la reunificación familiar. Sin embargo, no se ha dado prisa en aplicar la Decisión marco de 2002 contra el tráfico para atrapar a las bandas criminales, y recientemente en el Reino Unido han muerto trágicamente 19 inmigrantes chinos. Parece que se traficó con ellos, pero aún no hay legislación en vigor a este respecto.

Tenemos grandes desafíos en Europa en lo que respecta a abordar el prejuicio y la discriminación y promover la igualdad. El reto de integrar a la etnia gitana ocupa un lugar destacado en nuestra agenda.

Me complace que el Presidente Prodi celebre un seminario sobre antisemitismo la semana que viene, pero ¿por qué el Consejo no ha adoptado la decisión marco por la cual el acoso racista y los ataques racistas se considerarán delitos penales?

Hemos de mejorar nuestra comprensión de lo que significa la integración frente a la asimilación. Ayer, la Asamblea Nacional Francesa aprobó por abrumadora mayoría la prohibición del hiyab y otros símbolos religiosos manifiestos. En Gran Bretaña, donde las mujeres policías pueden llevar el hiyab, lo miramos perplejos desde el otro lado del Canal de la Mancha.

En el ámbito del antiterrorismo y la fuerza policial ha habido mucha actividad útil, pero una falta de equilibrio en la preocupación por las libertades civiles, la responsabilidad democrática y la transparencia. Me complace que la Academia Europea de Policía se ubique en Inglaterra, pero me agrada menos que el Gobierno británico, con 12 ciudadanos y residentes en la Bahía de Guantánamo –la mitad del total de europeos que hay allí– no haya sido capaz de conseguir una posición común y una acción conjunta por parte de la Unión Europea para persuadir a los Estados Unidos de que apliquen la ley internacional y respeten los derechos de los presos allí. El Acuerdo sobre Asistencia Jurídica Mutua que se firmó con los Estados Unidos, pasando por alto nuestras objeciones, recalca el Estado de derecho, pero no parece haber dado frutos.

Ahora estamos tomando demasiados pasos que invaden la intimidad personal –aceptando que los Estados Unidos tengan acceso a datos delicados sobre los pasajeros aéreos y pongan datos biométricos en los visados y pasaportes– mientras que no se hace ningún esfuerzo por obtener un instrumento para la protección de datos en el tercer pilar. Ello evidencia una actitud extraordinariamente arrogante hacia los derechos individuales.

En el futuro tendremos que hacer un mayor esfuerzo para aumentar la calidad de nuestra observancia de los sistemas jurídicos a través de un proceso de vigilancia mutua y revisión mutua. Ello implicará algunas cuestiones interesantes acerca de dónde se encuentra el equilibrio entre la acción común europea y la intervención en sistemas nacionales. Pero hemos de incrementar nuestros esfuerzos, porque la calidad de lo que hacemos sobre la libertad, la seguridad y la justicia aún no es suficiente.

 
  
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  Kaufmann (GUE/NGL). – (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señor Comisario, Señorías, si examinamos el supuesto progreso hecho en la aplicación del espacio de libertad, seguridad y justicia, el cuadro es desolador. Digo «supuesto» progreso porque primordialmente se trata de aislar todavía más a Europa del resto del mundo. Hace poco el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, fue muy franco y claro sobre esta política, o mejor dicho, esta farsa de política europea, durante su discurso ante esta Cámara cuando se le concedió el Premio Sajarov. El Secretario General de las Naciones Unidas no nos saludó con corteses y manidas palabras de agradecimiento, no, leyó la cartilla a Europa por su política de inmigración. Permítanme recordarles lo que dijo. Dijo, y cito, «los inmigrantes necesitan a Europa. Pero Europa también necesita a los inmigrantes». Y Annan añadió que acoger e integrar a los emigrantes no solo es una obligación moral y jurídica, sino parte de la solución de los problemas económicos de Europa. Criticó duramente la política de la «Fortaleza Europa» de la UE. Dijo que pensaba que una política de asilo e inmigración restrictiva empujaba a muchas personas a ponerse en manos de bandas criminales de traficantes de seres humanos o incluso a la muerte, asfixiándose en camiones, o pereciendo en el tren de aterrizaje de un avión, y Annan dijo que «esta silenciosa crisis de los derechos humanos avergüenza a nuestro mundo».

Hay personas que son responsables de esta silenciosa crisis de los derechos humanos. La muerte de cientos de personas cada año en las fronteras de la Unión Europea no se debe a una restricción anónima. Pero, ¿qué nos dicen el Consejo y la Comisión? Informes sobre listas comunes de países de origen seguros, cooperación en materia de deportación, agencias de protección de fronteras para un control más estricto de las fronteras terrestres y marítimas, firma de acuerdos de readmisión, etc. Si todas estas propuestas adquieren fuerza de ley, la única forma de tener la posibilidad de solicitar asilo en la Unión Europea será saltar en paracaídas desde un avión sobre la UE. Al mismo tiempo, la UE y sus Estados miembros son activamente responsables de que haya refugiados procedentes de países del llamado Tercer Mundo por su fracaso a la hora de combatir adecuadamente la pobreza o por exportar armas a las regiones en crisis.

En lugar de adoptar medidas de subsanación en este ámbito, sin embargo, vamos a gastar ahora millones de euros en proyectos piloto de deportación en Europa. En mi calidad de diputada alemana al Parlamento Europeo, también sé que hasta ahora toda propuesta medianamente progresista en política de inmigración y asilo en la UE será bloqueada por el Gobierno de mi país en el Consejo de Ministros. Se trata de preservar todos los mecanismos especiales alemanes concebidos para atemorizar y acosar a los solicitantes de asilo. Por citar un ejemplo, tenemos la residencia obligatoria para los refugiados, un caso único en Europa. Alemania es el único país en que se penaliza a los refugiados si abandonan su Landkreis o distrito rural.

Mientras no haya un cambio de dirección radical de esta política, un gran número de inmigrantes y refugiados seguirá muriendo en nuestras fronteras. Ocasionalmente se derramarán algunas lágrimas de cocodrilo sobre el trágico destino de unos pocos individuos, pero nada cambiará. Debemos tener finalmente la valentía de decir a la gente la verdad sin ambages y afirmar que Europa necesita la inmigración. Sin inmigración, en 2050 la población de la Unión ampliada habrá descendido de 450 millones a solo 400 millones. A menos que haya un cambio de rumbo, solo la población de Alemania habrá descendido un 25%. Las numerosas organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil tienen derecho a rechazar la política de «Fortaleza Europa» de la UE. Ya hay sobre la mesa propuestas para una política de inmigración y asilo de la UE fundadas en un alto grado de respeto de los derechos humanos, pero estas deben aceptarse antes de que podamos tener aquí un verdadero debate sobre el progreso. Lo que necesitamos en Europa es un derecho de asilo de conformidad con la Convención de Ginebra, que incluya el reconocimiento de la persecución específica de género y no estatal entre los motivos para otorgar la condición de refugiado, junto con el reconocimiento de la deserción y la objeción de conciencia al servicio militar. Necesitamos acceso libre a los derechos y procedimientos de asilo europeos. Necesitamos un marco judicial que permita la inmigración legal hacia la UE. Necesitamos un espacio jurídico europeo para realizar campañas de legalización de la situación de las personas sin papeles, y por último necesitamos también un derecho a la libertad de circulación para todas las personas que viven en la Unión Europea.

 
  
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  Boumediene-Thiery (Verts/ALE).(FR) Señor Presidente, Señorías, a pesar de todos nuestros esfuerzos, como han dicho ustedes, la Agenda de Tampere no se cumplirá, en especial por lo que respecta a la inmigración y el asilo. Sin embargo, se trata de cuestiones, desde Sangatte hasta Algeciras, que solo encontrarán una respuesta eficaz en una verdadera política comunitaria respetuosa de los derechos fundamentales, y no siendo siempre represiva.

Muchas propuestas de la Comisión están actualmente pendientes en el Consejo. Las pocas medidas que se han adoptado son sistemáticamente criticadas y la Directiva sobre el reagrupamiento familiar es objeto de un recurso del Parlamento ante el Tribunal de Justicia.

Por lo que se refiere a la cuestión de la emigración, únicamente le pido que siga el sentido de las ideas desarrolladas por el Sr. Kofi Annan ante este Parlamento. No solo nuestro viejo continente necesita a estos trabajadores, sino que, para ser creíbles en el mundo, tenemos que afirmar una Europa abierta, plural y solidaria. La inmigración es una oportunidad para el futuro de Europa y recordarlo con fuerza y energía es una necesidad en un momento en que el racismo y la xenofobia se abaten sobre nosotros. Estamos convencidos de que una libertad de circulación que vaya acompañada de un política positiva de inmigración legal permitirá poner freno a los distintos tráficos, en particular a la trata de seres humanos. Así podremos consagrarnos mejor a la construcción de una ciudadanía en la que puedan participar plenamente todos los que residen en nuestro continente, dentro del respeto de la igualdad de derechos. Sin contar con que esta política voluntaria permitirá asimismo aligerar nuestras cargas, tanto por lo que se refiere a los sistemas de asilo como en materia de lucha contra la inmigración clandestina.

En cuanto a las dos directivas sobre el asilo, relativas al estatuto de los refugiados y a los procedimientos de asilo, no podrán adoptarse todavía, a pesar del plazo impartido –y ya superado– de diciembre. Sin embargo, sabemos que deben serlo imperativamente para poder cerrar la primera fase del programa de Tampere. Dicho esto, lo que estas dos directivas deben aportar también y sobre todo es una plusvalía que garantice un mayor nivel de protección del solicitante de asilo.

Por lo que respecta a la cooperación policial y judicial, quiero detenerme en un único punto, el de los datos de carácter personal, en particular los datos biométricos. En una comunicación sobre la transferencia de datos, publicada el 16 de diciembre por la Comisión y transmitida al Consejo y al Parlamento, relativa al acuerdo celebrado entre los Estados Unidos y nosotros mismos, se observa una deriva que privilegia la seguridad al amparo de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia. En efecto, el acuerdo dispone que entre los campos de datos transferidos se incluya la fecha de nacimiento, el número de personas que viajan juntas, los detalles de la tarjeta de crédito, el origen racial o étnico, así como las creencias políticas, religiosas o filosóficas. Ahora bien, esta disposición atenta gravemente contra la protección de la vida privada. ¿Cómo remediarlo? Por otra parte, sabiendo que esta información puede servir de medio de discriminación, esta disposición atenta también contra nuestras libertades fundamentales, y más cuando no se sabe con exactitud quién podrá acceder a esos datos. Por tanto, no podemos sino preocuparnos por la utilización que se haga de ellos.

A este respecto, ¿sabían que, debido a las presiones de los Estados Unidos y en particular a las amenazas de prohibiciones de vuelo, algunas compañías aéreas transfieren ya datos de carácter personal a las autoridades norteamericanas, sin el consentimiento de las personas afectadas? Se trata de medidas que violan la legislación europea, a pesar de que se supone que la Comisión es la guardiana de los Tratados.

Este tipo de medidas afectan tanto a los europeos como a los nacionales de terceros países, como ha dicho usted, señor Vitorino. Y, sin embargo, este acuerdo se celebró sin mantener previamente ningún debate democrático. Por tanto, con la celebración de estos acuerdos se amenaza la democracia y el Estado de Derecho. ¿No es urgente crear un verdadero órgano europeo de control independiente, a fin de evitar una utilización abusiva de los datos? Por otra parte, ¿no creen que es igualmente necesario pedir al Tribunal de Justicia que decida sobre la legalidad de este acuerdo? Debemos permanecer atentos, porque la seguridad se está poniendo por delante del respeto de nuestros derechos y nuestras libertades.

Por último, y para concluir, ¿cómo vamos a garantizar el respeto de nuestros derechos fundamentales si firmamos un acuerdo con un país como los Estados Unidos, que no cesa de reafirmar su voluntad de hegemonía, que aplica una política unilateral y que se coloca por encima de las leyes, incluso por encima del Derecho internacional, como en la situación de los presos de Guantánamo?

Le agradecería, señor Comisario, que diera muestras de la mayor vigilancia con respecto a todos estos tratados.

 
  
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  Collins (UEN).(EN) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar la bienvenida a esta Asamblea al Ministro irlandés de Justicia y Asuntos Interiores. En segundo lugar, quisiera dar mi sincera enhorabuena a mi colega y amigo, el Sr. Ribeiro e Castro, por la presentación que ha hecho aquí esta mañana.

La Unión Europea se convertirá pronto en un cuerpo político con 25 Estados miembros y una población de casi 500 millones de personas. Por ello es sumamente importante que todos los Estados miembros de la Unión Europea cooperen más estrechamente para luchar contra la amenaza del terrorismo internacional y el crimen organizado. Con la existencia de fronteras europeas comunes y con la libre circulación de personas dentro de la Unión, también hemos de cooperar más estrechamente en un esfuerzo por detener las importaciones de drogas en Europa y luchar contra el tráfico de seres humanos.

No podemos vencer al tráfico de drogas y a quienes se involucran en el odioso crimen del tráfico de seres humanos, si las fuerzas policiales europeas no cooperan estrechamente. Este reto será aún mayor cuando tenga lugar la ampliación, y Europol tendrá que desempeñar un papel más central a la hora de coordinar la respuesta de la Unión Europea a estos crímenes crecientes. Ningún país puede derrotar por sí solo el terrorismo internacional. Si Europa exige más recursos para hacer frente a este reto, habrá que poner a disposición más recursos.

Últimamente hemos sido testigos de las trágicas muertes de muchas personas que se han malogrado por culpa de la plaga del tráfico internacional de seres humanos. Se calcula que 600 000 inmigrantes ilegales entran cada año en la Unión Europea. Por ello, un extenso plan para luchar contra la inmigración ilegal ha de seguir siendo la prioridad clave de nuestra Unión. La asistencia financiera de la UE al programa de acción para el regreso ha de mantenerse y todos hemos de apoyar el trabajo de la Unión. La agencia para la gestión de las fronteras está poniendo en práctica un enfoque coordinado por los Estados miembros de la UE para luchar contra la inmigración ilegal.

Yo también apoyo la aplicación de una política de asilo comunitaria y hemos de resolver las cuestiones pendientes en relación con las directivas relativas a las cualificaciones y procedimientos. Hemos de apoyar la mejor gestión de la entrada de personas en la Unión Europea que necesitan protección internacional de acuerdo con la Convención de Ginebra. En lo que respecta a la cuestión de la migración legal, es preciso promover la nueva legislación de la UE que rige los requisitos de entrada y estancia de los nacionales de terceros países a efectos de estudios y de formación profesional dentro de la Unión

Por último, las cuestiones relativas a la políticas de lucha contra la inmigración ilegal se abordan mejor a escala de la Unión Europea. Ahora vivimos en un mercado interior donde hay libre circulación de personas en los territorios de la UE, y hemos de emprender juntos una acción colectiva en un esfuerzo por abordar estas cuestiones de forma eficaz.

 
  
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  Blokland (EDD).(NL) Señor Presidente, en el marcador correspondiente a la primera y segunda mitad de 2003, la Comisión demuestra que ha avanzado y el Consejo Europeo también, en Salónica, ha dado nuevos impulsos para estimular el avance en este ámbito político. Deseo expresar mis felicitaciones a ambos. Se ha acusado al Consejo de Ministros de ser el principal culpable de que una serie de expedientes de asilo e inmigración estén aparcados en un cajón. Según la Comisión, los Estados miembros deben levantar sus reservas antes de que haya transcurrido el período de cinco años especificado en el Tratado de Ámsterdam, plazo en el que según la Comisión deberían adoptarse estas medidas. Aunque esto es correcto, un período de cinco años para las medidas en este ámbito era, de hecho, muy corto. Una legislación largamente madurada y que cuenta con un amplio apoyo es más útil que medidas rápidas que posteriormente no se aplican por falta de voluntad política. La orden de detención europea es un buen ejemplo de ello.

Me sorprendieron las propuestas de la Comisión relativas a la admisión de inmigrantes a la Unión Europea. ¿Seguro que no era una de las obligaciones consagradas en el Tratado de Ámsterdam? Es un tema que exige otro extenso debate. En parte a raíz de incidentes de esta naturaleza no estoy a favor de la aplicación plena del voto por mayoría cualificada en el Consejo sobre acciones europeas en los ámbitos de justicia y asuntos de interior. Estos temas deben considerarse de forma individual. Finalmente, he observado que la Comisión desea aumentar considerablemente el presupuesto de justicia y asuntos interiores para poder adoptar medidas en el ámbito de la inmigración ilegal y el crimen organizado. ¿Podría explicarnos esto con mayor detalle el Comisario Vitorino?

 
  
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  Turco (NI).(IT) Señor Presidente, acepto la solicitud del Comisario Vitorino de que se informe a los ciudadanos. El problema es ¿qué información vamos a darles? Hemos oído que el Presidente en ejercicio del Consejo nos ofrece algunas estadísticas asombrosas en relación con la transparencia del trabajo del Consejo, decenas de miles de documentos. Es una pena que falte una estadística en esos documentos, y es la posición de los Estados miembros individuales, que no es una estadística de gran interés pero es esencial en términos del proceso democrático. No es casualidad que después se afirme, de forma un tanto alegre, en mi opinión, que la orden de detención europea ya ha sido aprobada por ocho Estados miembros. Pero, ¿cómo? Un documento aprobado por unanimidad durante el almuerzo, sin debate, todavía no aplicado, se considera después prácticamente aprobado, como si esto ya formase parte de los procedimientos de facto de esta institución.

No hay absolutamente ninguna referencia de ningún tipo al ne bis in idem, a pesar de que la Presidencia italiana nos ha recordado que en el campo de la cooperación judicial el concepto de ne bis in idem es un pilar en el que los ciudadanos pueden confiar. ¡Ni una palabra! En segundo lugar, con relación a Europol, la Presidencia afirma que el protocolo está un paso adelante: pero ese protocolo niega lo que el Parlamento ha estado solicitando durante años, es decir, el control democrático. Además, los diputados franceses y británicos se oponen actualmente a esta posición de la Comunidad sobre Europol.

Confrontados con todo esto deberíamos informar a los ciudadanos. Sí, pero ¿de qué?

 
  
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  Coelho (PPE-DE).(PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los factores históricos que nos han llevado a esta coyuntura, y que tan bien ha explicado el Comisario Vitorino, justifican claramente este debate. Realmente sería difícil de entender que en el último debate de evaluación del espacio de libertad, seguridad y justicia de esta legislatura nos limitáramos a mantener lo que es un mero debate anual. Por ello tiene mucho sentido hacer balance de la legislatura y felicito al Sr. Ribeiro e Castro por el magnífico informe que nos ha presentado, con el que estamos en gran medida de acuerdo.

Realmente debemos reconocer que aunque se ha avanzado sustancialmente en las medidas legislativas, en las medidas para la cooperación operativa y en las medidas para las estructuras institucionales, algunos de los progresos realizados no han podido cumplir los plazos límite fijados en Tampere y, lo que es peor, no se han logrado otros objetivos que se habían definido.

Quisiera destacar diez ámbitos en los que deben adoptarse medidas concretas: en primer lugar es preciso legislar sobre la protección de datos en el marco del tercer pilar, estableciendo garantías equivalentes a las descritas en la Directiva 95/46/CE en el marco del primer pilar; en segundo lugar hay que crear una política de gestión integrada común de las fronteras exteriores de los Estados miembros, con financiación comunitaria; en tercer lugar, el Consejo debe adoptar las dos propuestas de directivas pendientes, necesarias para completar la primera fase del sistema de asilo común europeo; en cuarto lugar, el Consejo debe aprobar las propuestas actualmente bloqueadas con vistas al establecimiento de una política común en el campo de la inmigración; mi quinta propuesta es que debe presentarse una propuesta tangible sobre el desarrollo del sistema de información de visados (VIS); en sexto lugar, se nos debe presentar una propuesta para una decisión marco sobre garantías procesales para sospechosos y acusados en procedimientos penales en la UE; siete: visto que la introducción del acervo de Schengen en la esfera de las competencias comunitarias ha permitido una mayor coordinación entre la policía y los servicios judiciales de los Estados miembros en su lucha contra el crimen organizado, es esencial que ahora demos un paso adelante, lo más rápidamente posible, para la creación del nuevo SIS II; mi octava propuesta es que debe promoverse el progreso de la cooperación policial, tal como ha señalado el Comisario Vitorino, mediante un proceso jurídico que sea menos complejo y engorroso que el Convenio Europol, y que incluya un control democrático y judicial a nivel de toda la Unión; mi novena propuesta es que debemos seguir concluyendo acuerdos de estabilización y asociación con los Estados de la región de los Balcanes Occidentales en el terreno del combate contra el crimen organizado, el poder del sistema judicial, la guerra contra las drogas, la gestión de las fronteras y la inmigración; mi décima y última propuesta es que debe supervisarse la aplicación del acervo comunitario en los países de la ampliación, especialmente en lo relativo al campo de la justicia y los asuntos interiores y la aplicación del mecanismo de Schengen y el acervo relativo al control de las fronteras exteriores.

Acojo favorablemente el hecho de que, en su programa de trabajo, la Presidencia irlandesa considere que el desarrollo de este ámbito es su mayor prioridad y espero que podamos desarrollar una cooperación interinstitucional fructífera. Reconozco que la tarea que nos hemos propuesto es enorme y extremadamente ambiciosa, pero si no aumenta el ritmo ni mejora la capacidad de toma de decisiones del Consejo, llegaremos al final de este período quinquenal sin haber logrado alcanzar los objetivos fijados en Tampere. Por ello espero que a finales de 2004 habremos aprobado todas las medidas en las que estamos retrasados y que están incluidas entre los objetivos y calendarios que se han fijado.

Finalmente, señor Presidente, deploramos la iniciativa adoptada por algunos Estados miembros de enviar una carta a la Comisión para persuadirla de que imponga una reducción sustancial del presupuesto de la Comunidad en las perspectivas financieras para el período 2007-2013. Tal como el Presidente Prodi ya ha declarado, en otros ámbitos esenciales, particularmente en la esfera de la cohesión económica y social, esto impediría a la Comisión realizar su trabajo en el campo de la Justicia y los Asuntos Interiores.

 
  
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  Terrón i Cusí (PSE). (ES) Señor Presidente, en primer lugar, permítame felicitar al Sr. Ribeiro, porque, en este momento -como decía el Comisario Vitorino- crucial, creo que su propuesta de resolución es ambiciosa y exhaustiva.

Me voy a centrar en dos puntos de la misma y me sumo a lo que ha dicho anteriormente, en relación al tema de los derechos humanos, la Sra. Paciotti.

El primero es el de la cooperación en el ámbito penal, y me dirijo sobre todo al Consejo. Pienso, señor Presidente, que es importante que una decisión tan emblemática, que afecta no solo a la lucha contra el terrorismo, sino a la lucha contra la criminalidad, y que reconoce de una forma radical el principio de mutuo reconocimiento -como es la orden de búsqueda y captura-, debería estar hoy en vigor en todos los Estados miembros y deberíamos estar ya tratando de una forma bastante más ágil de lo que lo hacemos las medidas de acompañamiento, tales como, por ejemplo, el intercambio de pruebas. No hay forma de convencer a nuestros ciudadanos de que esto no puede hacerse para mejorar la seguridad tal y como la queremos los europeos, es decir, con más cooperación, no con más represión.

A la vez, creo que es importante que, en este momento en que estamos discutiendo la ampliación, seamos capaces de adoptar la decisión marco sobre derechos procesales. A mí me parece que es la otra cara de la moneda de la cooperación judicial, policial y del reconocimiento mutuo en el ámbito de la cooperación penal, y que no podemos entretenernos en este sentido.

En relación a la política de inmigración y asilo, el Comisario hablaba de los cuatro ejes de Tampere. Yo estoy convencida de que son válidos y estoy convencida de que las propuestas de la Comisión los hacen avanzar en la dirección correcta, pero, cinco años después, casi al límite del mandato de Tampere, me parece que estamos en una situación de cierta confusión.

En el vocabulario del Consejo "gestión de flujos", es decir, entrada, residencia de manera legal para trabajar en la Unión Europea, se ha convertido en sinónimo de lucha contra la inmigración ilegal. Ha desaparecido el concepto "gestión de flujos legales". En este momento el Consejo no está ni siquiera en condiciones de asumir la discusión sobre la entrada y residencia por motivos de empleo, que es el nudo gordiano de la cuestión.

Si seguimos levantando el tono en los Consejos, si seguimos poniendo solamente las palabras "lucha contra" al lado de "inmigración" y de "ilegal" y, en cambio, no somos capaces de establecer líneas coherentes de trabajo para gestionar el conjunto de la inmigración en el siglo XXI -que es el siglo de la comunicación y de la globalización-, y dar respuestas ciertas, lo único que vamos a aumentar entre nuestros ciudadanos es la frustración.

Entrada legal, canales de entrada, política de integración de quienes ya están aquí -a veces desde hace muchos años y seguimos llamando inmigrantes-, y relaciones con los terceros países que no se basen solo en la readmisión sino en un conjunto global de medidas que haga de la inmigración algo positivo para los países de origen y para los de destino.

 
  
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  Sørensen (ELDR).(DA) Señor Presidente, yo también estoy satisfecha por el progreso realizado en 2003 en ámbitos esenciales como el control de las fronteras exteriores, el asilo, la inmigración y la prevención y lucha contra el crimen.

En mi calidad de política liberal, con una profunda convicción por las libertades fundamentales en que se basan nuestras democracias, pienso también que 2003 es el momento para algunas reflexiones básicas sobre las iniciativas que ya se han aplicado y, especialmente, de aquellas que se están planificando bajo la rúbrica general de la seguridad.

Reconozco plenamente que los ataques terroristas de 2001 son motivo para revisar y actualizar nuestra seguridad. Tal como yo lo veo, los ataques de 2001 fueron sobre todo ataques a los valores democráticos y las libertades fundamentales que tanto apreciamos. Por ello es esencial que el terrorismo no nos obligue a hacer concesiones en relación con estos valores fundamentales. Más específicamente, estoy pensando, por ejemplo, en el acceso directo a los datos personales de los sistemas de reserva centrales de pasajeros aéreos por parte de terceros países, la introducción de agentes de seguridad armados en los aviones y la inclusión de datos biométricos en los documentos de viaje de los ciudadanos de terceros países y en los pasaportes de todos los ciudadanos de la UE. Bastantes de estas iniciativas implican una amplia intrusión en el santuario de la vida privada, y plantean problemas todavía no resueltos en relación con la legislación actual sobre la seguridad de los datos y los riesgos de abuso de los mismos. Creo, de hecho, que es el momento de reflexionar si estas disposiciones de seguridad son o no desproporcionadas. En otras palabras, ¿cumplen las iniciativas los criterios básicos que regulan las libertades fundamentales que nosotros, por supuesto, apreciamos específicamente en la Unión Europea? ¿Son proporcionados los beneficios de las iniciativas a su coste? En este ámbito me preocupa que la Comisión incluso no fue capaz de informarme, en mi calidad de ponente, sobre los datos biométricos exigidos a los ciudadanos de terceros países y sobre el número preciso de solicitantes de visado, documentos de viaje falsificados, etc.

La cuestión que por tanto quisiera plantear al Sr. Comisario se refiere a si las iniciativas que se toman ahora con vistas a mejorar la seguridad son o no proporcionales al interés por evitar la intrusión en el santuario de la vida privada y la dignidad personal de los ciudadanos de la UE.

 
  
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  Krarup (GUE/NGL).(DA) Señor Presidente, para todo aquel que ha trabajado en asuntos jurídicos en su vida profesional, el tema de este debate es muy interesante. La ambición ideológica del Tratado, a saber, la de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia es, por supuesto, todo menos divina. «Y Dios dijo “hágase la luz”, y se hizo la luz.»

Los ideólogos de la UE han intentado durante muchos años imitar al divino creador. «Hágase la ley», reza el programa. Los resultados, sin embargo, revelan una lamentable diferencia entre el poder divino y el tecnocrático. El trabajo realizado por los tecnócratas comunitarios durante un período de años con miras a hacer realidad la ideología de la libertad, la seguridad y la justicia, ha demostrado tener una sorprendente semejanza con la Torre de Babel. Los resultados observables y demostrables son de dos categorías: en primer lugar, el debilitamiento de los eficaces sistemas legales nacionales, y en segundo lugar la creación de un sistema legal supranacional opaco con su séquito de organismos supranacionales que escapan a toda supervisión. Juntas, estas dos categorías de resultados implican una gran reducción de la seguridad jurídica y, si este desarrollo continúa, el criterio de éxito que dentro de unos años podremos usar para caracterizar el proyecto comunitario será, dicho con humor negro, el de la frase: «la operación fue un éxito, pero el paciente murió».

Para promover la justicia se han creado sistemas de control que dejan a las partes implicadas al margen de toda supervisión. Esto lo percibe todo aquel que ha tratado de trabajar con los sistemas de información de Schengen, los registros de Europol, etc. El grado de seguridad jurídica queda reflejado con precisión en el ámbito de los poderes de la policía y las oportunidades para el ejercicio del control democrático sobre tales poderes. Estas oportunidades se están reduciendo día tras día. La Fortaleza Europa no implica ni libertad, ni seguridad, ni justicia.

Los ideólogos de la UE pasaron por alto dos hechos básicos de la sociología legal: en primer lugar, que los sistemas legales viables y democráticos necesitan algo más, algo que no sean frases ideológicas, acuerdos legislativos y aplicación tecnológica; y, en segundo lugar, que los objetivos perseguidos deben lograrse con los medios estrictamente necesarios.

El exhaustivo informe de seguimiento de la Comisión publicado en noviembre de 2003 contiene una advertencia irónica, al observar que el nivel de corrupción es todavía alto, de hecho muy alto, y que esto puede tener repercusiones en la confianza de los ciudadanos en la administración pública y en el sistema judicial. Por supuesto. Entonces ¿cuál es el remedio? El remedio es que la Comisión ejerza una especial vigilancia. Con el tema de Eurostat todavía fresco en la memoria no hay duda de que es como poner al zorro a cuidar del gallinero.

 
  
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  Flautre (Verts/ALE).(FR) Señor Presidente, esperaba que el discurso del Sr. Kofi Annan, que oímos la semana pasada, provocara una especie de sobresalto democrático en la Comisión, y sobre todo en el Consejo, y al final me doy cuenta de que no ha sido así en absoluto.

Unos y otros han hecho referencia a Tampere. Me parece que Tampere estaba muy equilibrado desde el punto de vista del derecho y los deberes, desde el punto de vista de los estatutos y del control. Lo que aparece hoy bastante claro en la enumeración de las medidas, operaciones y acuerdos varios y variados que usted ha llevado a cabo, señor Presidente del Consejo, es que esas medidas se refieren única y exclusivamente a la seguridad; ahora bien, estoy extremadamente preocupada porque veo que algunos miembros del Consejo dan muestras de una imaginación auténticamente diabólica. Cuando oímos hablar de externalización del examen de las solicitudes de asilo, se dice realmente que no va más. Lo que me preocupa de verdad, es tener la sensación de que hoy, a través de las decisiones que se toman en el Consejo o en formatos más adecuados –decisiones a 5, a 5+5, depende, en todo caso en fórmulas que rara vez son claramente democráticas–, se ataca la democracia y el proyecto europeo. Creo que la sanción que podemos esperar de una deriva como esta es bastante clara, y por lo demás ya fue enunciada por el Sr. Annan: mañana tendremos una Europa más mezquina, más pobre, más débil y más vieja. Creo que es una perspectiva nada envidiable para ninguno de nosotros, para ninguno de los ciudadanos de la Unión Europea o de terceros países.

Al pedir al Tribunal de Justicia que anule la decisión sobre el reagrupamiento familiar, el Parlamento Europeo le está indicando claramente que el Consejo ha rebasado los bornes democráticos, y creo que hay que saber entender esta advertencia muy fuerte del Parlamento Europeo hacia usted. Pienso asimismo que, en vez de interpretar como puede decisiones adoptadas por el Consejo que en el fondo no aprueba verdaderamente, la Comisión haría mejor en interpretarlas consultando a las ONG interlocutoras. Haría muy bien, con el conjunto de las asociaciones, la sociedad civil europea y todos los diputados que defienden los derechos, los convenios internacionales y la democracia, en suscitar realmente ese sobresalto que permita que todas las decisiones se tomen a partir de ahora con el espíritu de codecisión parlamentaria que se desea en el proyecto de Constitución.

 
  
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  Claeys, Philip (NI).(NL) Señor Presidente, es lamentable que actualmente el espacio de libertad, seguridad y justicia esté planteando más dudas que certezas. Con la adhesión de diez nuevos Estados miembros dentro de unas semanas, esto es preocupante. La Fortaleza Europa, desafortunadamente, es solamente una fantasía política de la izquierda. En los últimos años se ha hablado mucho de política común de asilo e inmigración y de cooperación en materia de justicia penal y policial, pero hasta ahora los resultados han sido poco concretos. De hecho, se ha mencionado en algunos ámbitos la palabra «retroceso». Me viene a la cabeza, por ejemplo, la garantía de los derechos fundamentales. En este momento se presta mucha atención a la forma en que los futuros Estados miembros tratan este tema, y con razón, mientras por otra parte en Bélgica se está cercenando la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación. Se está abusando de la lucha contra el llamado racismo para amordazar al partido opositor más importante de Flandes y cortar de raíz toda crítica de la fallida política de integración. En unas semanas, cuando los demás partidos inicien sus campañas electorales, el Vlaams Blok deberá enfrentarse ante los tribunales a un organismo gubernamental que está directamente bajo la competencia del Primer Ministro, para defender su derecho a la existencia. Tenemos derecho a preocuparnos cuando en Rusia desaparece un candidato a la presidencia. Pronto, en Bélgica, el llamado corazón de la Unión Europea, todo un partido corre el riesgo de desaparecer, un partido que cuenta con cincuenta diputados y que, según las últimas encuestas, está respaldado por el 20% del electorado. Todo ello bajo los auspicios de un Primer Ministro que aspira a convertirse en Presidente de la Comisión. Pueden darse cuenta de que este tipo de Europa no gozará de la aprobación de la mayoría de sus ciudadanos.

 
  
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  Hernández Mollar (PPE-DE). (ES) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, al final de la legislatura de cinco años, como se prevé en el Tratado de Ámsterdam y en la importante Cumbre de Tampere para la adopción de medidas que llevan a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, y sobre la base de lo realizado hasta ahora, quisiera, en calidad de presidente de la Comisión de Libertades, hacer un ejercicio de evaluación y de reflexión hacia el futuro de este permanente desafío.

Yo diría, como evaluación general, que no habría que transmitir una sensación negativa de lo realizado hasta ahora, a pesar de que, por ejemplo, muchos de los avances se deben únicamente a crisis como la del 11 de septiembre y a pesar, también, de que en el particular campo del asilo y la inmigración todavía no hayamos sido capaces de encontrar soluciones satisfactorias. Todas las medidas de desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia afectan muy directamente a la soberanía de los Estados miembros, por lo que las reticencias y las dificultades son, en cierta medida, lógicas.

A la vista del camino recorrido y, sobre todo, para seguir avanzando, ¿por qué no plantearse ya un segundo programa de Tampere? Parece que esto puede ser así -por lo que he oído decir al Sr. Comisario- y es el sentimiento también de esta Cámara. Es más, le sugiero que este nuevo programa se enmarque en tres ideas claves: legitimidad, eficacia y solidaridad.

En primer lugar, la legitimidad de las acciones emprendidas, cuyo único fundamento, desde mi punto de vista, debiera ser la protección y garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, para lo cual la intervención del Parlamento Europeo es de vital importancia. Me pregunto: ¿ha sido este el motor de todas las medidas adoptadas o, por el contrario, se ha tratado más bien de un ejercicio de defensa de los intereses nacionales de los Estados miembros dejando, en numerosas ocasiones, de lado al Parlamento o transmitiéndole tarde todos los textos sobre los que se debe pronunciar?

Lamentablemente, señor Presidente, la realidad demuestra que la segunda hipótesis es la correcta. Muestra de ello es el débil papel que el Parlamento Europeo desarrolla en materias clave como son, por ejemplo, el acuerdo de cooperación judicial con los Estados Unidos o el programa de lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada, donde la falta de consulta al Parlamento demuestra una ausencia de transparencia en la toma de decisiones y la relegación a un segundo plano del auténtico representante de los ciudadanos europeos.

No obstante, es de justicia reconocer que hay algo en lo que tanto el Parlamento como la Comisión y el Consejo han demostrado una gran determinación y consenso: la lucha contra el terrorismo. Permítame, señor Presidente, hacer también una propuesta sobre este punto: la instauración de un día internacional dedicado a las víctimas del terrorismo -que bien pudiera ser el 11 de septiembre-, como única manera de hacer justicia a quienes son los auténticos sufridores de esta lacra criminal, desgraciadamente cada vez más a la orden del día, que atenta contra el derecho más elemental del ser humano que es la vida y su integridad física. Espero, señor Presidente, que tenga en cuenta este llamamiento.

En segundo lugar, un elemento importante de reflexión giraría en torno a la eficacia de las medidas adoptadas. Es indudable que el método de toma de decisiones utilizado hasta ahora nos ha llevado a una situación un tanto esquizofrénica. Así lo demuestran, por ejemplo, las iniciativas de los Estados miembros que no llegan a adoptarse y que se solapan entre sí, los bloqueos en el Consejo como consecuencia de la regla de unanimidad -como ocurre en el caso del desarrollo normativo del procedimiento de asilo- o, sobre todo, los retrasos flagrantes en la incorporación a la legislación de los Estados miembros de normas comunitarias, como es el caso de la "euroorden". Por ello son tan importantes todas las modificaciones que se han incorporado al proyecto de Constitución europea para evitar esta situación.

Un último punto es la solidaridad, que quizás es la carencia más grave que se está dando en estos momentos entre la mayoría de los Estados miembros. Es un hecho real que los Gobiernos están más preocupados por su opinión pública interna o por el presupuesto nacional que por la realización de los objetivos europeos. ¿O no es eso lo que está ocurriendo en los Consejos de Ministros a la hora de afrontar los graves problemas que está acarreando la acumulación de solicitudes de asilo o la inmigración de origen económico desordenada e irregular que están sufriendo, con trágicas consecuencias, algunos Estados miembros?

Señor Presidente, lo peor de esta estrategia es que ignora la realidad objetiva. En un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, de nada sirve empecinarse en defender estrictas posiciones nacionales contra otros Estados miembros si los efectos de la política que los unos adoptan repercuten directamente en los otros.

Europa es un proyecto común. El espacio que debatimos es un proyecto común. Avancemos juntos y, sin lugar a dudas, los resultados nos beneficiarán a todos.

 
  
  

PRESIDENCIA DEL SR. DIMITRAKOPOULOS
Vicepresidente

 
  
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  Evans, Robert J.E. (PSE).(EN) Señor Presidente, limitaré mis observaciones al ámbito de la migración legal, un tema que han tratado el Sr. McDowell y el Comisario Vitorino, y que han retomado también varios colegas.

Estoy de acuerdo con gran parte de lo que ha dicho antes la Sra. Kaufmann al hacer referencia al discurso de Kofi Annan ante el Parlamento Europeo hace algunos días. El Sr. McDowell ha hablado antes acerca de la reunificación familiar y de permitir la entrada de migrantes a efectos de estudios y formación. Pero esta es solo una parte de la cuestión de la migración legal.

Por otra parte, en los últimos años el Comisario Vitorino ha intentado impulsar una agenda más imaginativa con un marco más amplio. Creo firmemente que sin un sistema de migración legal dentro de la Unión Europea –algo como el sistema de carta verde que han puesto en marcha los Estados Unidos– seguiremos enfrentándonos al desafío de la inmigración ilegal con todos sus problemas. Seguiremos enfrentándonos a los difíciles problemas de las bandas de traficantes y todos los crímenes asociados, por no hablar de la continua escasez de mano de obra en industrias clave, tanto cualificada como no cualificada.

Salvo que haya pasado por alto un punto clave, no creo que exista una alternativa a una migración legal planificada. Pero asimismo estoy absolutamente convencido de que hay que hacerlo de una manera que sea positiva tanto para los países de la UE como para los países de origen. No es aceptable admitir únicamente a los trabajadores cualificados procedentes de países menos desarrollados, ni tampoco es aceptable que los países ricos de la UE digan que aceptarán migrantes para que hagan los trabajos desagradables y sucios que ellos no están dispuestos a hacer. Por ello pido al Comisario y al Consejo que sigan esforzándose en este trabajo muy difícil en un ámbito muy importante, un programa estructurado para la migración planificada para una Unión Europea de 25 países y más.

 
  
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  Calò (ELDR).(IT) Señor Presidente, en un futuro cercano los ámbitos de libertad, seguridad y justicia serán particularmente cruciales a la vista de los diferentes enfoques que tienen los Estados miembros actuales y futuros sobre estos problemas. Se colocarán trabas en la vía de la cooperación operativa real entre los organismos encargados de la aplicación de la ley a nivel europeo. Se necesita un sistema genuino y adecuado para derrotar a las bandas y las organizaciones criminales. Parece que la ley italiana, que abole de hecho las garantías internacionales, se ha hecho con la intención de impedir que los que están en el poder tengan que responder a preguntas que les parezcan embarazosas, como el cuestionable uso de paraísos fiscales, la exportación ilícita de capitales y la participación en empresas de conveniencia extraterritoriales.

Tal como están las cosas, mi país todavía no ha ratificado la orden de detención europea. Tras un período de casi cinco años, el intento de racionalizar los procedimientos de extradición está muy lejos de obtener resultados tangibles. Una comprensión más clara del problema de la justicia exige una observación preliminar sobre la independencia de los tribunales. En Italia, actualmente, hay deseos de volver a la cultura jurídica y política de la Edad Media, superada definitivamente en el mundo occidental con la abolición de las inmunidades y privilegios, sancionada en 1789 por los Estados Generales franceses. Actualmente se ha cuestionado la separación de poderes del Estado moderno, primero con la aprobación de leyes de derecho consuetudinario ad personam, y después con leyes constitucionales que las personas intentan hacer pasar por leyes de derecho consuetudinario, lo que significa que no están sujetas a mayorías cualificadas ni a segundas lecturas. En el fondo de ello está el intento desestabilizador de subordinar los tribunales al ejecutivo, cosa que vemos hacer al Gobierno italiano diariamente con medios indignos de un Estado civil.

¿Por qué hago acusaciones tan graves en el Parlamento Europeo? Creo que la democracia no puede exportarse, pero es algo que puede vivirse y cuanto más la vivimos juntos, más fuerte la hacemos. Para que mi país pueda superar este tiempo difícil, todas las instituciones europeas deben seguir muy de cerca lo que está pasando en Italia. Lo que está pasando puede dar un mal ejemplo que podría exportarse muy fácilmente a otras partes.

 
  
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  Berthu (NI).(FR) Señor Presidente, el debate de hoy sobre las cuestiones de libre circulación de las personas, la seguridad y la justicia adquiere, como todos los años, un cariz marcadamente jurídico. Se hace la lista de los textos en preparación, y se lamenta, como de costumbre, que las ideas de la Comisión no avancen lo bastante rápido. Quisiera plantear la cuestión de otra forma, y volver a la realidad. ¿Cuál es el resultado constatado sobre el terreno de las medidas ya adoptadas? Pienso evidentemente en la armonización en el sentido más laxo y en la abolición de los controles en las fronteras interiores.

Pues bien, Señorías, los resultados de esta abolición son catastróficos, tanto por el aumento de la inmigración ilegal como por el de todo tipo de tráficos, desde la droga hasta el proxenetismo. La combinación de la falta de control con la inmigración ilegal está convirtiendo a Europa en un vivero privilegiado para el terrorismo.

El Comisario Vitorino me responderá sin duda que esta es la prueba de que hay que ir más lejos en la comunitarización. Pues bien, no, señor Comisario, porque la comunitarización desconectaría aún más el sistema de los pueblos y debilitaría aún más los imperativos de seguridad.

En este contexto, vemos llegar con preocupación la fecha del 1 de mayo de 2004, que va a dar nuevos poderes a la Comisión, relanzar el proceso de nuevas armonizaciones a la baja y continuar el establecimiento de un sistema alejado de las personas.

No obstante, algunos Estados parecen dar muestras, en los últimos tiempos, de una nueva lucidez: ponen freno a los textos laxos, por ejemplo el estatuto de los refugiados y la protección subsidiaria. Los felicito por proteger así a sus ciudadanos y les aliento a continuar de ese modo, porque las decisiones de Ámsterdam y Niza han sido, en este ámbito, irresponsables. Hay que cambiar por completo de prioridad, detener las armonizaciones que reducen nuestra protección y poner la seguridad en primer término.

 
  
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  Santini (PPE-DE).(IT) Señor Presidente, he seguido con gran interés este debate, que intenta hacer una evaluación no solo de este año, sino de la legislatura en su conjunto en relación con el ámbito de libertad, seguridad y justicia. Es una evaluación difícil de hacer porque encierra muchos aspectos: por un lado están los aspectos jurídicos y políticos, y por otro el aspecto social, en el que es preciso progresar. El aspecto político implica la voluntad de los Estados miembros; el aspecto jurídico se basa en los instrumentos consagrados en el Tratado; en cuanto al aspecto social, no tiene absolutamente ninguna base lógica por cuanto viene dictada por el desarrollo continuo del marco en el que se va a aplicar el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia.

En vista del tiempo que tengo disponible, trataré sobre todo del aspecto político. La mayoría de los Estados miembros, desafortunadamente no todos, tienen la intención declarada de ampliar y consolidar el espacio de libertad, seguridad y justicia en respuesta a un deseo explícito cada vez mayor por parte de los ciudadanos europeos de allanar el camino a la solidaridad y ampliar los ámbitos de cooperación en relación con la recepción de nuevas oleadas de inmigrantes, resolviendo las incoherencias todavía existentes con respecto al reconocimiento del derecho de asilo, la ciudadanía y el establecimiento en cualquier país de la UE.

Me complace que esta actitud pueda rastrearse hasta el tremendo incentivo proporcionado por las demandas contenidas en la Carta de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos europeos, que se lanzó en Niza en 2000 y espera ser incluida en la Constitución. Es un documento que puede compararse con el buen vino: al principio no produce una gran impresión, pues parece bastante débil e imperfecto, pero, con el paso del tiempo, emerge la calidad intrínseca del texto en el que encontramos puntos de referencia precisos para todas las elecciones y medidas que se nos exigen en esta difícil fase de nuestra historia.

Con la aprobación en segunda lectura de la Directiva sobre la libre circulación de los ciudadanos comunitarios, sus derechos y responsabilidades, de la que soy ponente, se dará un nuevo paso adelante. Comprende un gran número de medidas que deben consolidarse para que podamos superar efectivamente las nuevas tareas que nos ha impuesto la llegada cada vez más numerosa y caótica de ciudadanos de terceros países.

Con respecto al informe en cuestión, señor Presidente, señor comisario, la comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores ha fijado el 18 de marzo como la fecha para su aprobación. Casi todos los grupos políticos han aceptado la solicitud del ponente de no presentar enmiendas al texto planteado por el Consejo, en el que solo se incluye el 50% de las peticiones del Parlamento. También se ha logrado un acuerdo con la Comisión en ese aspecto.

Estamos convencidos de que la Directiva, aunque no sea perfecta, debe aplicarse durante el mandato actual, prefiriendo ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío: en otras palabras, mejor lograr la mitad de lo reclamado que diferirlo indefinidamente. Esperemos que el Consejo sepa apreciar esta posición responsable de modo que los ciudadanos reciban al menos la parte de las reformas contenida en el texto y que constituye, en cualquier caso, un importante paso adelante para otorgar sustancia legal y dignidad política a la condición de ciudadano europeo.

 
  
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  Karamanou (PSE).(EL) Señor Presidente, señor Comisario, sin duda Tampere fue un hito importante y un punto de partida para la creación de un espacio europeo común de libertad, seguridad y justicia.

Nos parece que, a medida que el plazo fijado se acerca, el vaso está a la vez medio lleno y medio vacío. Sin duda se ha avanzado a pesar de las difíciles condiciones que las distintas culturas y enfoques de los Estados miembros crearon en el Consejo. En lo relativo a la política de inmigración se han hecho progresos significativos en el Consejo Europeo de Salónica, tal como usted ha mencionado, señor Comisario; sin embargo, parece que la cuestión del reconocimiento de los derechos y la integración social de los inmigrantes no ocupa un lugar destacado en nuestra agenda política. Y sin duda esto no está en consonancia con todo lo que decimos sobre una Europa de valores humanitarios y respeto de los derechos humanos. La directiva sobre reagrupación familiar, tal como la ha redactado el Consejo, es esencialmente prohibitiva y creo que es importante que el Parlamento Europeo acuda al Tribunal de Justicia con respecto a la cuestión del contenido de la Directiva.

En lo que se refiere al asilo, señor McDowell, señor Comisario, deseo enviar mis condolencias al Consejo por no haber sido capaz de aprobar las dos directivas sobre la definición de refugiados y los procedimientos para otorgar y revocar la condición de refugiado, que fueron también asuntos que la Presidencia griega hizo avanzar. Entretanto es un hecho bien conocido que de un extremo al otro de la Unión Europea se ha hecho trizas la Convención de Ginebra sobre los refugiados.

En lo relativo a la lucha contra el crimen organizado internacional, pienso que no se ha avanzado en este sector si tenemos en cuenta que cada día se envían miles de mujeres y niños a la Unión Europea con el fin de explotarlos sexualmente. Creo que este error se debe a la ausencia de cooperación operativa esencial entre las autoridades policiales de los Estados miembros para combatir este fenómeno, que es un insulto a nuestra civilización.

De modo similar, los esfuerzos de la Presidencia irlandesa por cerrar el asunto de la creación de una base de datos personales de los inmigrantes con elementos biométricos, como huellas dactilares y fotografías digitales, creará, pienso, serias discrepancias en lo relativo al respeto y el control de la gestión de los datos personales.

Espero, señor Comisario, que se presenten nuevas ideas y una nueva estrategia para Tampere II.

 
  
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  Beysen (NI).(NL) Señor Presidente, a pesar de las muchas medidas que la Unión Europea ha adoptado, desde las competencias de Europol hasta la creación de una orden de detención europea, me doy cuenta de que, básicamente, se han obtenido pocos resultados, si es que se ha obtenido alguno, en el espacio de libertad, seguridad y justicia. Las estadísticas muestran que la criminalidad ha aumentado en varios Estados miembros. Además, el crimen se está caracterizando cada vez más por agresiones cada vez mayores, lo que aumenta la percepción pública de falta de seguridad. Desafortunadamente ya no es excepcional que se asesine o se hiera gravemente a ciudadanos inocentes durante un asalto. Sin duda, ahora, con la ampliación a la vuelta de la esquina, los angustiados ciudadanos tienen derecho a preguntar si la Unión Europea puede ofrecer garantías suficientes para salvaguardar su seguridad. Son los mismos ciudadanos que tienen que contentarse con contemplar cómo la acción policial es insuficiente para frenar este comportamiento delictivo cada vez más descarado. Es sumamente importante que la Comisión proponga medidas para aliviar este inconveniente particularmente doloroso. Después de todo, la principal tarea de un Gobierno es la de garantizar la seguridad de sus ciudadanos en cualquier circunstancia. Puesto que se piensa ampliar considerablemente las fronteras exteriores de la UE, se trata sobre todo de si los nuevos Estados miembros tienen capacidad suficiente para servir de barrera contra la inmigración no deseada y contra la inmigración ilegal. Es un asunto cada más candente dentro de la UE, a resultas del cual la política de integración, que debe aprobarse, está siendo socavada. De hecho, ¿a qué estamos esperando para aplicar un plan de acción global con la intención de expulsar a todos los inmigrantes ilegales del territorio de la UE? Porque mientras no tengamos un control firme de la inmigración ilegal, no habrá un espacio real de libertad, seguridad y justicia.

 
  
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  Matikainen-Kallström (PPE-DE).(FI) Señor Presidente, los objetivos fundamentales de la Unión incluyen la garantía de un espacio de libertad, seguridad y justicia para sus ciudadanos. Desafortunadamente todavía estamos muy lejos de la aplicación de este objetivo. Los ciudadanos de la Unión deben poder circular libremente dentro de la UE y al mismo tiempo tenemos que redoblar la lucha contra el crimen. Los mayores desafíos son la prevención del crimen, la garantía de la seguridad de las fronteras exteriores y la plena aplicación de Schengen. El Convenio de Schengen es un importante paso adelante en el ámbito de la libre circulación.

Debe prestarse especial atención a la seguridad de las fronteras exteriores cuando estamos a un paso de la ampliación. Tan pronto como la adhesión se produzca, los nuevos Estados miembros podrán participar en la primera fase del proceso de Schengen que los preparará para convertirse en miembros plenos de Schengen. Durante la primera fase todavía habrá controles fronterizos internos en las fronteras entre los nuevos y los antiguos Estados miembros. No podrán eliminarse hasta que los controles de las nuevas fronteras exteriores de la Unión alcancen el nivel necesario. La actualización del sistema de información de Schengen debe acelerarse de modo que ningún posible defecto técnico de los sistemas de información de la Unión impida a los nuevos Estados miembros pasar a la segunda fase.

Deben aumentarse los niveles de cooperación entre las autoridades de los Estados miembros de la UE en la prevención y la lucha contra el crimen. La cooperación basada en convenios ha quedado anticuada y constituye un proceso lento en la UE actual. Los Estados miembros firman y ratifican convenios según su propio ritmo, si es que lo hacen. La aplicación de un convenio desde el momento de su negociación puede tardar varios años. Entretanto los inconvenientes en los niveles de cooperación y el flujo de información entre las autoridades son un obstáculo para resolver y prevenir el crimen de forma eficaz. La Unión debe desarrollar nuevos instrumentos legales para hacer frente a las actuales demandas sobre cooperación entre Estados miembros de forma más eficaz. La cooperación entre las autoridades policiales, aduaneras y de control de fronteras no han avanzado de la forma esperada. Necesitamos ahora iniciativas y acciones por parte de los Estados miembros y la Comisión para lograr mejores niveles de coordinación. La UE en su forma actual ofrece el potencial para una cooperación más plena. Juntos podemos hacer más si en los Estados miembros existe la voluntad de luchar contra el crimen.

 
  
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  Marinho (PSE).(PT) Señor Presidente, en realidad, el Consejo es el único culpable del retraso en la adopción de medidas fundamentales en el campo del asilo y la inmigración. Recordamos la propuesta de una directiva sobre la concesión de la condición de refugiado, que debía haberse aprobado mucho antes de finales de 2003, pero no se trata, desafortunadamente, de un caso aislado. Debemos hablar también del objetivo general de crear las condiciones para una entrada ordenada en la Unión Europea de aquellos que no disponen de protección internacional, pero el hecho es que otra directiva importante sobre los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para otorgar la condición de refugiado finalmente cayó en el olvido.

El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días 27 y 28 de noviembre abandonó la búsqueda de un acuerdo político sobre estos dos instrumentos legislativos que son cruciales para la primera fase de armonización del sistema de asilo común, y decidieron posponer su adopción hasta finales de 2004. Afortunadamente no todo ha terminado en inercia o en un punto muerto. Debemos ensalzar la actitud de la Comisión y el compromiso del Comisario Vitorino, plasmados en la propuesta de un reglamento por el que se establece un programa de asistencia técnica y financiera a terceros países en los ámbitos de la migración y el asilo, un instrumento que nos permitirá abordar las necesidades apreciadas por estos países en su esfuerzo por asegurar una mejor gestión de los flujos migratorios.

Tampoco debemos pasar por alto el hecho de que el proyecto de Constitución de la Convención Europea prevé un auténtico sistema de asilo común europeo y una política de inmigración que nos permitirá abandonar el sistema actual de normas mínimas en el que los Estados miembros mantienen gran parte de sus sistemas nacionales.

Desafortunadamente, incluso este ámbito histórico esencial está comprometido y por ello solo podemos concluir que 2003 fue un año en el que se tomó conciencia vivamente de las necesidades y se previeron los medios adecuados, y en estos ámbitos la Comisión y el Parlamento hicieron lo que se les pidió. Sin embargo, también fue un tiempo que adoleció de hipocresía, dudas y bloqueos que las estrategias nacionales y los prejuicios ideológicos impusieron sobre la capacidad de decisión del Consejo.

 
  
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  Oreja Arburúa (PPE-DE). (ES) Señor Presidente, como se ha dicho aquí, a lo largo de esta mañana, este es el último debate de esta legislatura sobre el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y coincide, además, con la cercanía a la fecha del 1 de mayo, en la que se modifican algunos aspectos del Tratado, como consecuencia de lo adoptado en el Tratado de Niza, y se incorporan diez nuevos países a la Unión Europea.

El artículo 6 del Tratado de la Unión establece que esta se basa en principios de libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, así como al Estado de Derecho, común a todos los Estados miembros. Creo que no debemos garantizar simplemente que sean los Estados quienes cumplan estos principios, sino que, como Unión Europea, debemos convertirnos en garantes del respeto de esta libertad y del cumplimiento del Estado de Derecho.

Además, contamos hoy con el apoyo de los ciudadanos europeos, que cada vez nos piden más Europa, que nos piden que Europa sea no solamente un gran mercado, sino, además, un lugar más seguro, más libre y más justo.

Provengo de un país donde el terrorismo es una de las grandes lacras y donde algunos de los principios que se establecen en el artículo 6 no son cumplidos. La banda terrorista ETA nos impide a algunos hablar con libertad, actuar con libertad y hacer política con libertad. ETA y su entorno limitan nuestra libertad y atentan gravemente contra el Estado de Derecho. Y desde el Estado de Derecho, junto con la justicia y la policía, podremos luchar contra la lacra del terrorismo.

Hoy ya no podemos decir que el terrorismo sea un problema local, sino que es un problema global, que nos afecta a todos, que afecta también a la Unión Europea.

Sin duda, la aplicación de la "euroorden", la inclusión de las organizaciones terroristas en listas europeas reconocidas por todos, la definición del delito del terrorismo son algunos de los grandes logros de Europa en la creación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y en la lucha contra el terrorismo. Y es que nuestra victoria en esta lucha dependerá de nuestra firmeza, del respeto y la aplicación del Estado de Derecho y de la aplicación de todos los mecanismos que nos permite la ley. No será por vía de la negociación o de la ambigüedad como venceremos al terrorismo. El terrorismo es un ataque a la democracia y tendremos que vencerlo con más democracia.

En relación con las víctimas también se ha avanzado mucho en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, y este propio Parlamento, en estos últimos años, ha concedido un premio a organizaciones de defensa de las víctimas del terrorismo.

Refiriéndome concretamente al informe del Sr. Ribeiro e Castro, querría, en primer lugar, felicitarle por su informe y felicitar también al Sr. Comisario, por el esfuerzo que ha hecho en estos años en la creación de este Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Creo -y destaco algunos de los aspectos que aparecen en el citado informe- que todos debemos luchar para que las decisiones marco sean incorporadas lo antes posible al ordenamiento jurídico de los Estados miembros y no debemos permitir que la distinta aplicación -como dice su informe- del Derecho en los Estados miembros se convierta en un tratamiento desigual a los ciudadanos europeos.

Por lo que se refiere a Europol y a la cooperación policial europea, ese es también un aspecto importante de la lucha contra el terrorismo y aquí también debemos avanzar en la cooperación.

Por último, quiero añadir que, en el próximo Tratado constitucional, que estoy seguro de que no tardará mucho tiempo en ver la luz, debemos avanzar en la creación de este Espacio y -como dice el informe citado- eliminar la estructura de los pilares, aumentar el número de decisiones que se tomen por mayoría cualificada y, contando con la participación de este Parlamento, reforzar el derecho de iniciativa de la propia Comisión y reforzar el papel de los Parlamentos nacionales.

Sin duda la Unión debe garantizar la libertad a todos sus ciudadanos y la lucha contra el terrorismo es la garantía de que esta Unión Europea sea más justa y más libre.

 
  
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  Ceyhun (PSE). – (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, al hacer balance de nuestros logros en 2003, creo que es necesario decir, señor Vitorino, que tenemos una deuda de gratitud con usted no solo por 2003, sino por los últimos cinco años. Dado que estamos debatiendo hoy esta cuestión, y que pronto llegaremos al final de esta legislatura, es justo decir que hemos logrado mucho trabajando con usted. No solo le hemos exigido cosas a usted en su calidad de Comisario, sino que usted también nos ha exigido a veces cosas a nosotros en nuestra calidad de Parlamento. Por esta razón podemos decir que todos juntos hemos logrado mucho con las disposiciones actuales, teniendo en cuenta lo difícil que es lograr algo con esas disposiciones cuando tienes 15 Estados miembros con 15 puntos de vista diferentes.

Existen por supuesto muchos problemas. Todavía no hemos podido realmente combatir el contrabando de personas. No hemos logrado detener a las bandas de tipo mafioso que operan en este ámbito y esta es la razón por la que muchas víctimas mueren todavía. Sin duda tenemos que mejorar todavía más la cooperación policial. Debemos mejorar las medidas internacionales para poder resolver este problema de forma más eficaz en los países de origen. Pero por supuesto necesitamos también, en última instancia, una política de inmigración común de modo que no haya lagunas que las bandas de contrabandistas de personas puedan aprovechar.

No podemos ignorar el 11 de septiembre de 2001. El terrorismo es realmente un enorme dolor de cabeza para nosotros. En este ámbito particular necesitamos pensar en cómo emprender acciones más eficaces en el futuro utilizando Europol y Eurojust y pensar qué medidas organizativas urge adoptar en este terreno.

No debemos olvidar, sin embargo, que en todos estos ámbitos no deben pasarse por alto la protección de los datos y los logros de los derechos civiles. En este sentido, señor Comisario, deseo expresar mi sincera gratitud por todo lo que ha hecho hasta ahora.

 
  
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  Banotti (PPE-DE).(EN) Señor Presidente, yo también quiero dar la bienvenida al Ministro McDowell en la Asamblea. Quiero retomar algunos pequeños puntos, dado que estamos llegando al final del debate, y muchos de los puntos que quería plantear ya han sido tratados. En lo que respecta a la referencia del Sr. Evans sobre la migración legal, con la que estoy plenamente de acuerdo, me enorgullece y me complace que Irlanda sea uno de los únicos dos países de Europa que no haya levantado barreras a la circulación de trabajadores de algunos de los nuevos países candidatos que vienen a trabajar a nuestro país, como muchos de ellos están haciendo ya.

Mientras escuchaba cómo el Comisario y el Ministro enumeraban la legislación que ya se ha establecido, en especial en el ámbito de la inmigración y el asilo, sé que ambos son hombres de buen corazón, pero en la descripción de toda la legislación parecía faltar en cierta forma la cualidad de la compasión. Es preciso reconocer y celebrar la contribución que han hecho a la vida en muchos de nuestros países quienes han venido a vivir entre nosotros. De hecho, señor Ministro, cuando pienso en ello pienso en mi peluquería, en la misma circunscripción que la de usted. La calidad del servicio y la alegría y todo lo demás en nuestra pequeña peluquería, donde vamos las señoras de mediana edad para que nos peinen, ha mejorado mucho gracias a jóvenes estudiantes de China que trabajan allí; todas hacemos cola para que nos laven el pelo. Aunque esto pueda parecer trivial en el contexto de las cuestiones serias que tratamos hoy, es algo que hemos de celebrar. No todo son cuestiones criminales negativas; también hay una considerable contribución a la calidad de vida.

Se han mencionado, en especial el Comisario lo ha hecho, algunos de los ámbitos jurídicos civiles que se han resuelto en el último año, muchos de los cuales contribuyen considerablemente a la calidad de vida de nuestros ciudadanos. El ámbito que merece en especial mi atención es la protección de los niños, así como la cuestión según el Convenio de Bruselas II del acceso a los niños y la custodia de los niños en las disputas entre los padres. Sé que no se hace a menudo en esta Asamblea, pero no puede dejar de referirme a las dificultades que estoy teniendo con la República Federal de Alemania en muchos casos, especialmente en lo referente a que los padres tengan acceso a sus hijos, que han vuelto a vivir legal o ilegalmente a Alemania. Tenemos situaciones en que, por ejemplo, resulta perfectamente fácil y legal que un padre que tenga la custodia en Alemania cambie el apellido de sus hijos –los niños suelen llevar el apellidos del padre– sin hacer referencia alguna al padre. Los apellidos se cambian legalmente, lo cual causa mucha angustia a los padres, a quienes en muchos casos se deniega asimismo el acceso a sus hijos, tanto legalmente como a través de los servicios sociales. Por desgracia, a pesar de los grandes esfuerzos que he realizado yo y muchos otros, estos padres tienen muchas dificultades para acceder a sus hijos. Aunque el Comisario piensa que este tipo de legislación no se comenta a menudo en la prensa, he de decir que esta cuestión particular sí ha encontrado eco en la prensa; es una cuestión que preocupa de verdad a la gente y comprende un elemento de justicia que hay que reconocer.

Señor Comisario, por último, ¿podría usted escuchar la voz de su conciencia y ver si no puede hacer algo por mejorar nuestras relaciones con los países no adheridos al Convenio de La Haya, hacia los cuales aún se siguen secuestrando a muchos niños?

 
  
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  Fernández Martín (PPE-DE). (ES) Señor Presidente, este es uno de los debates que más interesa hoy a los ciudadanos europeos.

El Consejo de Sevilla estableció con claridad la necesidad de que la Unión hiciera un esfuerzo contra la inmigración ilegal, partiendo de un enfoque integral y equilibrado, destinado a combatir las causas de esa nueva forma de explotación de seres humanos, especialmente de mujeres y niños, que todos los días llegan a nuestras fronteras desde el este al sur y al extremo sur de Europa. Desde entonces, la Comisión y el Parlamento han realizado un esfuerzo para ordenar y dar forma a lo que debería llegar a ser una política común en materia de inmigración y asilo.

Desde la Comisión de Desarrollo hemos venido reclamando la necesidad de lograr una mayor integración de nuestras políticas de cooperación, dentro de la acción exterior de la Unión, con los países de origen de los flujos migratorios, para así avanzar en una gestión más eficaz de esos flujos. Sin duda, es necesario el reforzamiento de políticas de fronteras más eficaces, pero solo con ello no conseguiremos nuestros objetivos. Es necesario lograr una recíproca confianza y la colaboración con los países de origen para resolver las causas de los movimientos migratorios, así como una mejora e incrementación de los instrumentos de lucha contra la pobreza, verdadera causa de la inmigración desde los países en desarrollo.

La Unión debe aspirar a integrar eficazmente la gestión conjunta de los flujos migratorios en sus relaciones con terceros países. Para ello, los acuerdos de cooperación deberán reflejar el compromiso de las partes de asumir sus responsabilidades en materia de lucha contra las mafias, que, a ambos lados de esas fronteras, obtienen los mayores beneficios en la explotación de seres humanos, la más reciente y sofisticada forma de esclavitud.

Esas acciones deben servir, al mismo tiempo, para movilizar la creación de riqueza como elemento clave al servicio del codesarrollo. Esa nueva versión de la esclavitud que es el tráfico ilegal de inmigrantes fomenta la explotación laboral, la corrupción y la infiltración de personas que pueden poner en riesgo la seguridad. Los acuerdos de readmisión deberán ser un elemento nuevo en la relación de la Unión con terceros países.

Para terminar, quiero señalar que, durante el último año, ha cobrado especial notoriedad el volumen de los enormes flujos económicos que representan las remesas de dinero de los inmigrantes hacia sus países de origen. Esas remesas se ven sometidas a unos costes financieros escandalosos que alcanzan, en algunos casos, niveles de usura. No es este su cometido, señor Comisario, pero debo decirle que la Comisión debería encontrar los instrumentos legales para garantizar la transferencia ágil y segura de esos rendimientos del trabajo de los inmigrantes al servicio de iniciativas de codesarrollo y de fortalecimiento de la sociedad civil y del sector privado en los países terceros, respetando así las conclusiones de la Conferencia de Monterrey.

Sin duda, en este último año hemos comenzado a dar algunos pasos y agradezco al Comisario, Sr. Vitorino, sus valiosas aportaciones, pero, por desgracia, queda todavía un largo camino por recorrer.

 
  
  

PRESIDENCIA DEL SR. COLOM i NAVAL
Vicepresidente

 
  
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  McDowell, Consejo. (EN) Señor Presidente, quiero dar mis más sinceras gracias a los diputados a este Parlamento por el honor que me han hecho al escucharme hoy y también por la muy extensa y amplia gama de opiniones que han expresado aquí. No estoy de acuerdo con todas las opiniones, pero he escuchado con atención el debate y soy consciente del hecho de que si tuviera que mencionar a todas las personas que han intervenido, agotaría por completo el poco tiempo del que dispongo, por ello abordaré las cuestiones muy importantes que muchos de ellos han planteado y los temas muy importantes que se han repetido en las intervenciones.

En primer lugar, en relación con la cuestión central en diversas contribuciones –si miramos hacia atrás o hacia delante–, la humilde tarea de la Presidencia irlandesa es completar en la medida de lo posible los temas pendientes de la agenda. Será el Comisario Vitorino quien en el Consejo de junio ofrezca su mirada retrospectiva sobre lo que se ha logrado en el periodo de tiempo contemplado en el Tratado de Ámsterdam y crear el escenario, si lo desea, para la agenda de Tampere II, cuyo proceso inicial se desarrollará bajo la Presidencia neerlandesa. Por el contrario, para Irlanda y su Presidencia se trata de abordar las cuestiones aún pendientes de la agenda y concentrar sus esfuerzos en ellas.

Se ha mencionado el lento progreso en relación con los dos principales imperativos de Ámsterdam: las Directivas relacionadas con el asilo. Será una tarea considerable asegurar el acuerdo necesario para completar estas dos medidas. En relación con una de ellas –la Directiva sobre los procedimientos de asilo–, tengo que decir que aunque obtenga un acuerdo político sobre esta cuestión antes del 1 de mayo, mi sucesor tendrá que volver al Parlamento Europeo entrante para conseguir la codecisión necesaria. Por ello, no quiero crear expectativas poco realistas sobre lo que se puede conseguir. Sin embargo, en relación con todas estas medidas, ha transcurrido mucho tiempo, y estoy de acuerdo con diversos diputados que expresan su frustración por el hecho de que, a nivel político, no se hayan cumplido los plazos establecidos en Ámsterdam y Tampere. En inglés hay un refrán que dice: «puedes llevar a un caballo hasta el agua, pero no puedes obligarle a beber». Este es uno de los problemas. Has de decidir si existe la voluntad política. ¿Están dispuestas las personas a cumplir los mandatos que, en un arranque de entusiasmo, pueden adoptar en una reunión del Consejo? ¿Están dispuestas a hacer el trabajo político básico para lograr la aplicación de las agendas que han creado ellas mismas?

Un segundo punto acerca del espacio de libertad, seguridad y justicia es este: no se trata de una agenda represiva, sino alentadora. Quiero hacerme eco de las contribuciones que nos han recordado que la lucha contra el crimen, por ejemplo, es una lucha positiva para reforzar y reivindicar los derechos de las personas que de otro modo serían víctimas del crimen. Por consiguiente, no se trata de que los Ministros de Interior o los Ministros de Justicia se reúnan en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior para idear nuevas medidas represivas, sino de la otra cara de la moneda, que se refiere a los derechos de los individuos y el derecho a gozar plenamente de un espacio de libertad, seguridad y justicia.

Me hago eco de lo que han dicho el Sr. Collins, el Sr. Beysen y otros sobre la importancia de la cooperación práctica. Los terroristas no temen una decisión marco. Los terroristas no temen algunos de los resultados de decisiones sobre el terrorismo, como penas reforzadas para los que han sido condenados. Lo principal que puede hacer la Unión Europea en relación con el terrorismo no tiene que ver con el papeleo, sino con el ámbito de la cooperación pragmática, concreta y diaria entre las diversas agencias en los Estados miembros y las agencias europeas, para asegurarse de que la plaga del terrorismo no destruya el espacio de libertad, seguridad y justicia que estamos construyendo.

Así pues, nunca podemos limitarnos a considerar estas cuestiones sobre una base legislativa o de política de papel. También hemos de mirarlas desde un punto de vista pragmático, concreto y cooperativo. Lo mismo se ha dicho en relación con Europol. Es preciso hacer que esta agencia funcione, y no plantearnos una y otra vez ante quién ha de rendir cuentas, para que sea el motor de la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo.

A veces existe el peligro de que sigamos las políticas del Libro del Génesis: que se haga la luz, y la luz se hizo. Desde mi punto de vista, el enfoque es adecuado en algunos ámbitos donde es importante elaborar un plan político y crear un marco legal para determinados ámbitos de progreso; pero asimismo deberíamos ser conscientes de que no podemos simplemente legislar para la seguridad, la libertad y la justicia. Hemos de actuar para lograr estos resultados.

La Sra. Karamanou y la Sra. Banotti han mencionado cuestiones prácticas relacionadas con el derecho civil y su aplicación a las víctimas del tráfico ilegal con fines sexuales, y asimismo en los ámbitos legislativos de la familia. Creo que, hasta el momento, se han logrado progresos muy importantes en estos ámbitos, pero hay mucho más que hacer, en especial en relación con la protección de los derechos de la gente corriente: el derecho a no ser explotado sexualmente o, por ejemplo, el derecho a tener acceso a sus hijos. En todos estos ámbitos hemos de garantizar que la nueva Unión Europea sea un espacio en el que se respeten estos derechos, y no un espacio que cree nuevas oportunidades para que las personas eviten estos derechos.

El Sr. Hernández Mollar se ha referido a la cuestión del terrorismo y la conmemoración de las víctimas del terrorismo. Es una opinión que personalmente comparto. A veces vemos el terrorismo puramente como una historia de prensa, pero hemos de concentrarnos en preservar los derechos de las víctimas y reconocer el terrible daño que causa el terrorismo.

Asimismo quisiera tratar la cuestión de la migración. Está de moda decir que el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior se centra en combatir la inmigración ilegal y que no se recalca suficientemente la migración legal y sus implicaciones, como la integración y cosas por el estilo.

Quiero hacerme eco de los sentimientos expresados por la Sra. Banotti, que creo son compartidos por muchas personas aquí, que la migración –la inmigración dentro de la Unión Europea– no es solamente inevitable, sino también deseable. Europa necesita enriquecerse cultural, económica y socialmente por medio de las posibilidades que ofrece la migración. La migración no ha de considerarse algo negativo, algo que ha de controlarse o desalentarse. La migración es sin duda un fenómeno del mundo globalizado en el que vivimos. Las sociedades capaces de abordar la migración positivamente y sin miedo son sociedades que, por eso mismo, son mucho más ricas y más justas internamente.

Quedan pendientes dos dictámenes que, para poder completar la agenda de nuestra Presidencia, esperamos recibir del Parlamento. Lo mencioné en comisión el mes pasado. Me gustaría volver a recalcar que pediré la cooperación del Parlamento a este respecto.

En lo que respecta a toda la cuestión de la CIG, el papel de la Presidencia irlandesa consiste en intentar consultar, reflejar e informar a la reunión del Consejo de marzo sobre los posibles progresos en la CIG. Creo que tanto si estos progresos se hacen rápida como lentamente, es una tarea muy importante de la Presidencia irlandesa realizar todos los progresos posibles, para que los Estados miembros se unan tras la iniciativa de implementar un nuevo tratado constitucional para la Unión Europea.

En relación con un aspecto de ese tratado, muchos diputados han hablado acerca de la necesidad de transparencia. Ha habido un trasfondo de preocupación en el debate de esta mañana acerca de la falta de transparencia y la falta de consulta, con la exclusión del Parlamento en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior. Ya he mencionado el nivel de consulta que existe en estos momentos. Una de las dificultades de conseguir que 15 –y dentro de poco 25– Estados miembros se pongan de acuerdo en torno a las propuestas reside en la necesidad de tener cierto margen para negociar con ellos y para que ellos expresen su posición sobre el papel. Pido al Parlamento que por lo menos comprenda que todos los documentos de trabajo –algunos de los cuales reflejan las posiciones cambiantes de los Estados miembros– podrían, por un lado, someterse al escrutinio público; pero por otro, el carácter de estos documentos probablemente se vería alterado si se vieran sometidos a un constante escrutinio. La flexibilidad y la disposición de los Estados miembros para hacer concesiones, una vez que han establecido una posición por escrito, podría verse afectada de forma significativa si cada acción en el proceso de deliberación se expusiera al escrutinio más amplio posible. Por ello pido a los diputados a esta Asamblea que comprendan que es preciso mantener un equilibrio entre la rendición de cuentas y la eficacia en el proceso de deliberación que implica a 25 Estados miembros.

Quiero dar las gracias a cada uno de los diputados por el debate muy constructivo y estimulante. Sé que tanto la Presidencia como la Comisión tienen previsto tener en cuenta todas las intervenciones hechas aquí. Doy las gracias al Parlamento por su cortesía al haberme escuchado hoy.

 
  
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  Ribeiro e Castro (UEN).(PT) Señor Presidente, he solicitado intervenir antes de que el Sr. McDowell hablase en nombre del Consejo porque deseo pedirle que clarifique su posición en relación con un tema muy importante en el debate de hoy, en concreto la idea de que la próxima legislatura debería abrirse con un Tampere II, y, por consiguiente, con una respuesta, un contrapeso de parte del Consejo. Deduzco por su respuesta que él también está a favor de esta sugerencia, que el Comisario aceptó inmediatamente. Estoy de acuerdo con la Presidencia en que la prioridad de la Presidencia irlandesa hasta el final de esta legislatura es la resolución de tantos asuntos pendientes como sea posible. Apruebo y apoyo esta clara prioridad, pero también sería bueno que la Presidencia y el Consejo diesen una señal clara a la próxima Presidencia, concretamente la Presidencia luxemburguesa, de que Tampere II está en condiciones de seguir adelante. Me interesaría por tanto saber tanto como sea posible cuáles son las ideas exactas del Sr. MacDowell sobre este asunto.

 
  
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  McDowell, Consejo. (EN) Señor Presidente, esto refleja por completo mi punto de vista. La agenda de Tampere II ha de progresar. Me encantaría poder dedicar toda mi atención a este proceso, pero por desgracia el volumen de trabajo que tengo que hacer para cerrar otras cuestiones es enorme. Deseo mucha suerte y fortuna a la Presidencia neerlandesa y a la luxemburguesa a la hora de establecer una nueva perspectiva orientada al futuro, para crear una agenda nueva y ambiciosa bajo la amplia rúbrica de Tampere II.

 
  
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  Vitorino, Comisión. (EN) Señor Presidente, doy las gracias al ponente, una vez más, y a todos los que han participado en este debate.

Cuando debatimos sobre la política de asilo y migración en nombre de la Comisión, me gustaría recalcar que nuestras propuestas coincidían plenamente con los objetivos que acordaron los Jefes de Estado y de Gobierno en Tampere. Es sumamente injusto y es pura demagogia decir que el enfoque de la Comisión en este ámbito político es laxo. No lo es en absoluto. Todos los instrumentos que hay sobre la mesa intentan alcanzar un equilibrio justo entre acciones efectivas y positivas hacia los migrantes y los solicitantes de asilo por un lado, y por otro garantizar la seguridad de las fronteras y una gestión adecuada de los flujos migratorios. La Comisión ha intentado alcanzar este equilibrio a través de una serie muy amplia de propuestas. Reconozco ante el Parlamento que en algunos casos el grado de ambición de la Comisión no ha sido igualado por el del Consejo. Esta es, como saben ustedes mucho mejor que yo, la manera normal de construir Europa: un enfoque gradual y progresivo. Si se compara el acervo jurídicamente vinculante –y se trata de una palabra muy adecuada– en este ámbito hoy con el acervo de hace cinco años, tendrán que reconocer que se han realizado enormes progresos y no deberíamos ser autodestructivos. Deberíamos ser activos y voluntaristas e intentar movilizar a los ciudadanos a hacer aún más y mejorar en el futuro próximo.

En el ámbito de las libertades civiles, existe una tensión permanente entre la garantía de los derechos fundamentales y la garantía de seguridad. No es algo que nos viene dado; es algo que hemos de encontrar en cada decisión tomada cada día. Creo, para ser sincero, que cuando integramos la Carta de los Derechos Fundamentales en el nuevo tratado constitucional, cuando debatimos las garantías procesales, cuando incluimos algunas garantías procesales en las decisiones marco sobre aproximación de las sanciones penales, intentamos encontrar el equilibrio justo entre libertad y seguridad. El Sr. Santini nos ha recordado que uno de los mayores logros de esta legislatura –espero que sea posible concluir el proceso antes de que acabe el mandato de este Parlamento– es la nueva legislación sobre la libertad de circulación de nuestros ciudadanos.

Les recuerdo que cuando hablamos del refuerzo de la seguridad de nuestras fronteras exteriores y de garantizar nuestra seguridad interior, no lo hacemos de forma represiva, sino en nombre de la libertad. Es precisamente para preservar la libertad de circulación y la abolición de nuestras fronteras interiores por lo que hemos de reforzar la seguridad de nuestras fronteras exteriores. Es en nombre de la libertad que decimos que deberíamos ser más eficaces a la hora de integrar a los migrantes legales. A tal fin, necesitamos garantizar a nuestra opinión pública que tenemos la situación bajo control.

No puedo decirles algo diferente, porque esto es lo que he dicho desde el principio. Les ruego relean la comunicación de la Comisión de noviembre de 2000 sobre la política de inmigración y la comparen con el discurso que hizo hace dos semanas ante el Parlamento el Secretario General de la ONU, Kofi Annan. Lamento que parezca algo presuntuoso por mi parte, pero por favor hagan la comparación y luego volveremos a hablar al respecto.

Mi tercera observación tiene que ver con la protección de datos. Para serles franco, cuando hablamos acerca de introducir la biometría en algunos documentos de viaje, hemos de tener mucho cuidado de garantizar que somos comedidos en el tipo de datos que elegimos, en los tipos de sistemas de almacenamiento de datos y en los tipos de control y supervisión realizados por las autoridades competentes. Lo que quiero es llamar su atención sobre el hecho de que hoy la protección de datos en el tercer pilar está bajo la plena autoridad y responsabilidad de los Estados miembros. Estamos intentando crear unas reglas de juego uniformes a nivel europeo para garantizar que en los 25 Estados miembros tengamos el mismo patrón de protección de datos personales en lo que respecta a la actividad policial. A este fin, las directivas vigentes basadas en el primer pilar no son suficientes. Espero que tendré la posibilidad de introducir estas propuestas en junio de este año y presentárselas a ustedes.

Mi última observación se refiere al presupuesto. Doy las gracias al Sr. Ribeiro e Castro y al Sr. Coelho por llamar la atención sobre el hecho de que para alcanzar nuestros ambiciosos objetivos, hemos de tener las herramientas financieras necesarias. Como verán ustedes en las propuestas que la Comisión presentó ayer sobre las nuevas perspectivas financieras para 2007-2013, el espacio de libertad, seguridad y justicia ha recibido herramientas financieras suficientes para abordar nuestros ambiciosos objetivos.

En lo que respecta a Tampere II, me sumo a lo que acaba de decir el Sr. McDowell. Espero que durante la Presidencia de los Países Bajos sea posible tener un Consejo Europeo de Tampere II. ¿Cuáles serán las sugerencias para Tampere II? Recalcaré tres cuestiones principales: en primer lugar, ser justos a la hora de evaluar las deficiencias y las cuestiones pendientes de Tampere I: tendremos la herencia de Tampere I, que habrá que retomar en Tampere II; en segundo lugar, en el tratado constitucional se establecen unos objetivos claros: Tampere II deberá seguir de cerca la agenda que se definió en ese tratado; y por último, Tampere II deberá concentrarse de forma más adecuada en la calidad de la transposición de la legislación europea en este ámbito en el plano nacional, y en el control de la aplicación concreta del acervo en los 25 Estados miembros. Espero con interés el debate sobre este tema que ha sugerido el Sr. Hernández Mollar y la Comisión presentará sus propias ideas en una nueva comunicación en junio de 2004.

(Aplausos)

 
  
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  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar en el período parcial de sesiones de marzo II.

 
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