Acta literal de los debates

Miércoles 11 de febrero de 2004 - Estrasburgo

6. Gobernanza empresarial y supervisión de los servicios financieros (caso Parmalat)

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la gobernanza empresarial y la supervisión de los servicios financieros a través del caso Parmalat.

Tiene la palabra el Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión.

  Bolkestein, Comisión. La Comisión acoge con satisfacción este debate y apoya en gran medida el contenido de varios proyectos de resolución presentados por el Parlamento. Pese a que los hechos no están todavía totalmente claros, el caso Parmalat es muy preocupante. Es el último de una lista cada vez mayor de diversos escándalos financieros que se producen en los últimos años en varios lugares.

El tamaño aparente de este fraude es asombroso y la aparente complicidad de varias personas de profesiones reconocidas y liberales, además de los fallos del control regulador, son igualmente asombrosos. Un escándalo tras otro debilitarán gradualmente los mercados financieros, al igual que la gota corrosiva de un depósito de combustible que pierde. Muchos inversores sensatos se retirarán. El crecimiento económico se verá afectado al aumentar el coste del capital, como ya ha demostrado el caso Enron. Así que esto nos afecta a todos.

Mi primer comentario es el siguiente: es mejor que el sector de servicios financieros se organice y que lo haga rápidamente. Necesitamos un liderazgo sectorial efectivo que se ponga en pie y tome el control, para eliminar a los sinvergüenzas, exhibir sus prácticas carentes de escrúpulos y poner freno a su excesiva avaricia. Si los líderes del sector no están dispuestos a hacerlo, entonces los reguladores tendrán que hacer mucho más que lo que ellos o nosotros desearíamos. Si este es el resultado, los líderes del sector no podrán quejarse de la normativa de Bruselas. Ellos mismos se lo habrán impuesto. Para ser francos, en estos momentos carecemos de liderazgo sectorial.

En segundo lugar, ya contamos con varias políticas que de algún modo mejorarán las cosas en el futuro: las medidas del Plan de Acción de Servicios Financieros –como las Directivas sobre abusos del mercado y de servicios de inversión– que deberían aplicarse rápidamente; medidas como la nueva Directiva de servicios de inversión, que ayudará a tratar algunos de los principales conflictos de intereses en el negocio de los servicios de inversión; las nuevas normas contables internacionales que mejorarán la revelación de datos, además de la Directiva relativa a la transparencia, que queremos que se apruebe antes de la disolución del Parlamento previa a las elecciones. Todas estas Directivas reforzarán también los poderes de las autoridades competentes para actuar y cooperar mucho más entre fronteras. En mi opinión, esto significa cooperar también, del mismo modo, con los reguladores extranjeros –no europeos–, en concreto la SEC de Washington y también el Public Company Accounting Oversight Board de los Estados Unidos. En la actualidad, como todos sabemos, los mercados de capitales son globales y la cooperación en materia de regulación también debe serlo para adaptarse a la situación.

En tercer lugar, en marzo propondré a mis colegas de la Comisión la revisión de la Directiva de derecho de sociedades con respecto a la función de la auditoría legal. Esto fortalecerá los controles sobre la profesión de auditor en la Unión Europea con una supervisión independiente; un refuerzo de la inspección; principios instructivos y éticos más sólidos y normas de auditoría de alta calidad. Estos cuatro aspectos se incluirán en la revisión de la Directiva sobre el derecho de sociedades.

A raíz del caso Parmalat, es probable que la revisión de la octava Directiva sobre el derecho de sociedades también incluya los cuatro elementos siguientes: en primer lugar, la plena responsabilidad del grupo auditor sobre las cuentas consolidadas de un grupo de empresas; en segundo lugar, la obligatoriedad de las comisiones de auditoría independientes para las empresas que cotizan en bolsa, la totalidad de las 7 000 que hay en Europa; en tercer lugar, requisitos más estrictos de rotación de auditores; y en cuarto lugar, un refuerzo de las sanciones.

Estoy acelerando el trabajo en otras tres áreas en la gobernanza empresarial o del Derecho de sociedades con el fin de tener propuestas preparadas, si fuese posible, este mismo año. Son las tres áreas siguientes: el papel de los administradores no ejecutivos; la responsabilidad de los consejeros con respecto a las cuentas de la sociedad; la plena revelación en las cuentas de la sociedad de los vehículos especiales extraterritoriales, incluido el motivo por el que la sociedad recurre a esas estructuras extraterritoriales y una verificación mucho más estricta de su contenido por parte del auditor del grupo. También estamos dedicando muchos esfuerzos a los casos de conflictos de intereses de los analistas financieros y analizando de nuevo las agencias de calificación crediticia. El informe Katiforis es muy útil al respecto.

Por último, es necesario endurecer el papel y el control regulador de los centros extraterritoriales. Estamos considerando las opciones, aunque no es fácil. En junio esperamos presentar la tercera Directiva sobre blanqueo de dinero y esperamos que desempeñe un papel importante.

Para concluir, este es un debate muy importante. Apoyamos las principales líneas de esta resolución. Estamos trabajando con firmeza en ese sentido. Todavía deseamos un fuerte liderazgo sectorial y una dosis adecuada de ética.

  Fiori (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, señor Comisario Bolkestein, el caso Parmalat es una crisis sistémica porque ha sido posible gracias a una red mundial de complicidad y omisiones, cuyos protagonistas clave han sido los bancos, las entidades financieras y los organismos de control externos e internos, tanto públicos como privados. Creo que el caso Parmalat es un buen reflejo de los aspectos negativos de la globalización de los mercados financieros, cuya internacionalización permite que las defraudadores oculten y manipulen la información. Esto demuestra cómo una combinación necesaria de transparencia, eficacia y estabilidad es demasiado a menudo teórica y, sobre todo, frágil cuando tiene que enfrentarse a deseos perversos enraizados en la falta de ética.

Siento tener que decir que el caso Parmalat es muy similar a tantos otros escándalos financieros que han aparecido recientemente en las noticias: WorldCom y Enron, para empezar. Es desagradable y difícil tener que admitirlo, pero hay algo en el equilibrio mundial que se ha inclinado y que lo ha arrastrado todo al abismo, incluso a los ahorradores y operadores desinformados, quienes supuestamente debían estar alerta e impedir que pasara lo que ha pasado. No queremos ni debemos ocuparnos de las responsabilidades individuales, porque esta no es nuestra labor, sino que nuestra tarea es tratar de impedir que ocurran de nuevo casos similares. Es esencial combatir las infracciones y el fraude de tal manera que luego los analistas financieros no se encuentren en una situación en la que se vean obligados a aconsejar a sus clientes a que realicen inversiones delictivas.

Entre otras cosas, también hemos revisado la comunicación de la Comisión de mayo de 2003 al Consejo y al Parlamento sobre la modernización del derecho de sociedades. En la propuesta de resolución que presentamos hay directrices que tienen en cuenta el impacto que ha tenido el caso Parmalat y que podría tener en sus trabajadores, ahorradores, bancos y en el buen funcionamiento del sistema financiero. Nuestra tarea es intentar invertir esta tendencia para tratar de proteger los ahorros de millones de personas y recuperar la confianza plena de los inversores del mercado financiero.

Es esencial que aprendamos de este caso y reaccionemos de forma apropiada mediante la evaluación objetiva de lo ocurrido, mediante la elaboración de proyectos de futuro y no solo buscando a toda prisa un chivo expiatorio. Se trata de determinar lo que no ha funcionado, cuáles son las ineficiencias de la normativa, de proponer las correspondientes soluciones y de prever nuevos poderes de control público.

Podemos tener distintas ideas políticas sobre los objetivos de la reglamentación, sobre la producción y la distribución de los ingresos, pero todos debemos estar de acuerdo en el hecho de que no debe haber fraude. Quizás la crisis de la legalidad no es solo una cuestión de personas, sino de instituciones que, tal vez, no son satisfactorias. Quizás se tendría que echar un vistazo a las normas, repensarlas y revisarlas, y para ello necesitamos cooperar. Las autoridades competentes para el control financiero de las distintas jurisdicciones dentro de la Unión deben cooperar. También se requiere una cooperación con terceros países; no solo Europa, sino también los Estados Unidos forman parte de este plan sumamente importante. También insto a la Comisión a hacer un seguimiento de cualquier nueva medida que tenga que ver con el papel de las agencias de calificación.

Me tomaré la libertad de pedir de nuevo a la Comisión que incorpore el plan de acción sobre las medidas de gobernanza empresarial, concebido para impedir que surjan conflictos de intereses, bien los relacionados con las inversiones de los bancos u otras entidades financieras en empresas declaradas que son controladas por los propios accionistas, bien los que tienen que ver con los casos de analistas financieros que trabajan para los bancos de inversión y aconsejan a sus clientes que inviertan en empresas que adquieren servicios rentables de su banco. Además, debemos conseguir que los accionistas sean más responsables y participen más. La garantía de la transparencia óptima antes y después de las transacciones es absolutamente necesaria para los inversores en el campo de los instrumentos financieros. Por lo tanto, sería deseable que se creara una autoridad europea para examinar, de forma imparcial, los mercados financieros europeos e investigar los casos con implicaciones transfronterizas, en la misma línea que la modernización reciente de la política europea de competencia.

Además, insto a la Comisión a que adopte una decisión, tan pronto como sea posible, sobre la compatibilidad de las disposiciones del Gobierno italiano con la normativa europea en el sector de los productos lácteos en relación con el caso Parmalat. Las empresas en este sector, los contribuyentes históricos del grupo Parmalat, están desde hace algún tiempo en un estado de liquidez financiera sumamente grave, lo que podría derivar en una crisis para el conjunto de la empresa. Si la solicitud de ayuda fuera considerada contraria a las leyes de la libre competencia, eso significaría el principio del fin para un sector que presume de tradición y cuenta con una calidad indiscutible a escala europea.

El caso Parmalat requiere un gran sentido de la responsabilidad, sobre todo a nuestra escala, a escala europea. Existen tres áreas en las que debemos actuar. Creo que hemos elaborado un informe bien fundado y que el próximo Parlamento será con seguridad capaz de entablar para una mejor cooperación con la Comisión.

  Fava (PSE). – (IT) Señor Presidente, nuestro Grupo aprecia tanto la rapidez con que la Comisión ha intervenido en este caso particularmente lamentable, especialmente para la economía italiana, como el sentido de responsabilidad con que el Comisario ha ilustrado sus propuestas, que son urgentes si resulta que las cifras que debemos examinar son verdaderas. 15 000 millones de euros representan un agujero financiero equivalente al 15% del presupuesto total de la Unión Europea. Esto también es fruto de la liberalización económica y del cinismo financiero del que, como ha dicho el Sr. Fiori, muchos son culpables. Por ejemplo, los grandes bancos que han traicionado la confianza de sus inversores; los asesores internacionales, que a menudo certifican a sabiendas cuentas falsas; los organismos de control que han fracasado en su labor; y, si se me permite mencionarlo, señor Comisario, aquellos Gobiernos que toleran los paraísos fiscales también son culpables. Muchos de los paraísos fiscales están controlados por Estados miembros de la Unión Europea. Citaré un par de estadísticas italianas: 25 empresas italianas controlan 400 empresas off-shore; de estas, 171 tienen sede en Delaware, un pequeño Estado norteamericano, y 127 en Luxemburgo, el centro neurálgico de la Unión Europea.

Así que, ¿qué estamos haciendo en Europa? Quiero proponer, en nombre también del Sr. Imbeni, una iniciativa para restringir el secreto bancario. El economista y premio Nobel Joseph Stieglitz habla de cómo el uso del secreto bancario es a menudo uno de los factores de inestabilidad económica, y la Unión Europea siempre predica, oportunamente, que hay que ser transparentes. Sin embargo, yo no deseo que nos dobleguemos ante ninguno de estos ídolos. Podríamos proponer que la comunidad internacional introdujera finalmente una dimensión moral en la mundialización y, por consiguiente, que se propusiera un acuerdo global sobre el secreto bancario, al que nos comprometemos con el intento de proponer un «Kioto para bancos» –si se me permite usar esta metáfora– en interés de una «ecología financiera» y para introducir finalmente un poco de ética en la economía mundial.

Comisario Bolkestein, usted es consciente, y usted así lo ha manifestado, de que los instrumentos de control nacionales no son suficientes: precisamos urgentemente leyes mundiales y supranacionales. Necesitamos gobernar los mercados financieros y evitar los conflictos de intereses y los planes perversos entre bancos y negocios. La Unión Europea debe revisar rápidamente los reglamentos comunitarios, reforzar las sanciones contra el fraude, intervenir contra la impunidad de los paraísos fiscales y elaborar leyes sobre la independencia absoluta de los auditores.

Una cuestión tan urgente y sensible quizás merece una mayor atención de nuestra parte, del Parlamento y de las instituciones comunitarias, y no una simple comunicación. No proponemos una Comisión de Investigación, pero sí tal vez una investigación promovida por la Conferencia de Presidentes –y por lo tanto con la autoridad de una iniciativa de la Conferencia de Presidentes–, una investigación encomendada, de manera informal y voluntaria, a un grupo de diputados y que pueda continuar más allá del fin de la legislatura. Su función sería investigar y presentar una propuesta para comprender lo ocurrido, cómo ha podido suceder y qué es lo que se necesita hacer para que no vuelva a ocurrir, con el fin de evitar casos similares al de Parmalat.

Para terminar, señor Presidente, señor Comisario Bolkestein, en la comunicación de la Comisión se hace referencia a los accionistas, a la dirección, a las relaciones entre los accionistas y la dirección, mientras que hay muy pocas referencias, si es que las hay, a los trabajadores, que son los primeros que pagan personalmente las repercusiones de sucesos tan trágicos como el de Parmalat.

Queremos que de esta Cámara surja una voz fuerte para proteger, dar garantías y apoyar a los miles de trabajadores, desde Parma hasta Sicilia, a los empleados directos y a los de las industrias asociadas, que hoy corren el riesgo de perder sus empleos y sus salarios. Creo que una dimensión ética de la economía, a la que nos hemos referido hace poco recordando la gran responsabilidad que tienen también los Gobiernos y la Unión Europea, implica ahora seguir considerando la protección y la garantía del derecho al trabajo un problema clave.

  Riis-Jørgensen (ELDR). – (DA) Señor Presidente, en primer lugar quiero darle las gracias al Comisario Bolkestein por su discurso tan claro y tan bien articulado. No podría haber dejado las cosas más claras, pues lo que queremos ver es un liderazgo industrial y una conducta ética, simplemente un comportamiento adecuado. Por lo tanto, estoy muy satisfecha con lo que hemos escuchado de la Comisión.

También quiero dar las gracias por el plan de acción para la gobernanza empresarial y el derecho de sociedades. Esto ya se presentó el año pasado, y es por supuesto magnífico que la Comisión se adelantara en este sentido. También es esperanzador escuchar algo sobre todas las iniciativas comentadas hoy por el Comisario Bolkestein.

Hay una necesidad de un plan de acción y de que la Comisión proporcione más recursos para poder aplicarlo. Sin embargo, no solo la Comisión debe contribuir con recursos, sino también el Parlamento y el Consejo. El hecho desafortunado es que pasan seis a ocho años en promedio entre que la Comisión presenta una propuesta y se aplica en todos los Estados miembros. Gran número de escándalos financieros pueden surgir durante ese periodo de tiempo, pero en su plan de acción la Comisión se mantiene continuamente alerta ante las cuestiones de calendario.

La buena gobernanza empresarial es abierta y transparente. Forma parte de ello, por supuesto, una contabilidad correcta. Otro factor importante es el de la responsabilidad colectiva de los miembros del consejo de administración en las decisiones financieras y no financieras importantes. Además, debe haber mejores reglas para inspeccionar las diversas estructuras de grupo que encontramos entre las empresas. Determinadas empresas se estructuran de tal forma que los observadores se sienten como si estuvieran en medio de un laberinto, sin hilo rojo alguno que facilite los movimientos hacia delante ni hacia atrás. Dichas estructuras son insostenibles.

Una cosa que no debemos olvidar es la de contar con un balance correcto. No sirve de nada amontonar norma sobre norma y presumir que las normas lo resolverán todo. La cultura que rodea a la gobernanza empresarial es importante. Si el director gerente es un sinvergüenza con intenciones criminales, las normas no ayudan. No sirve de nada poner obstáculos innecesarios en el camino de todas las numerosas empresas honestas. Es por lo tanto importante que lo que acordemos sea equilibrado y que ayude a todo el mundo. Además, los inversores deben insistir en que se practique una gobernanza empresarial correcta. El mejor medio para aplicar todo lo que estamos discutiendo ahora, a pesar de todo, es el mercado. La presión de los inversores es a menudo el mejor incentivo para no apartarse del buen camino. Entonces, en general, vamos por buen camino. Solo tenemos que acelerar la marcha y conducir un poco más rápido hacia nuestro destino.

  Ribeiro (GUE/NGL). – (PT) Señor Presidente, el escándalo financiero de Parmalat es el resultado directo de la monetarización de la economía. Esta monetarización es claramente excesiva, porque la producción y el comercio que satisfacen las necesidades materiales de la gente se ahogan en las aguas especuladoras de las altas finanzas internacionales. Mientras tanto, la economía informal florece junto con la criminalización de la economía, en la que los negocios turbios adquieren cada vez más peso, en detrimento del desarrollo social y económico.

Este escándalo es un ejemplo más de los efectos perjudiciales de la liberalización del mercado y de los desenfrenados movimientos de capitales. Parmalat ha hecho uso de todos los trucos de manual: entidades fachada en paraísos fiscales, ventajas de la normativa especial de sedes extraterritoriales, fondos de cobertura y documentos y facturas falsificados. Así es como se disimularon los agujeros financieros y como se cubrieron las pistas, usando estructuras complejas e involucrando a muchas filiales con el fin de llevar a cabo operaciones en el área de las obligaciones y de los derivados financieros, con la asistencia de bancos internacionales, cobertura por parte de empresas de auditoría y agencias de calificación internacionales que les otorgan evaluaciones positivas. Miles de puestos de trabajo están en peligro, en los más de treinta países donde Parmalat operaba, creando grandes dificultades a los miles de productores de leche que dependen de la empresa.

Sin embargo, no se trata de un caso aislado. Solo en los últimos años se han sucedido un número de escándalos financieros –Enron, WorldCom y Merck, en los Estados Unidos; Crédit Lyonnais, Vivendi, Ahold, Kirch, Marconi y Equitable Life en Estados miembros de la UE– que han tenido un impacto social y económico devastador.

Como se trata de una cuestión de modelos económicos, lo que se necesita es más rigor y controles más estrictos de los productos financieros derivados, reemplazando los mecanismos que son producto de la especulación y encuentran en ella su razón de ser. Hay que redoblar los esfuerzos internacionales para poner fin a los paraísos fiscales y para limitar las sucursales extraterritoriales. Se necesitan instrumentos financieros para hacer un seguimiento de los movimientos de capitales, como la aplicación de impuestos efectivos sobre los beneficios bursátiles. Sin embargo, lo que se requiere de forma más urgente es la vuelta a los valores centrales de la producción y el trabajo. Por muy grandes que sean los problemas de los accionistas, y sin duda son muy graves, debe concederse prioridad a la protección de los puestos de trabajo y a la salvaguardia de los derechos de los trabajadores, así como asegurar su derecho a la información, la consulta y la participación. En el caso Parmalat deberían plantearse inmediatamente indemnizaciones para los productores de leche afectados.

Me gustaría destacar la contribución negativa de la UE en términos de monetarización y, específicamente, del Plan de Acción de Servicios Financieros, que alienta a la desregulación, liberalización e integración de los mercados de capitales junto al desmantelamiento de normas prudenciales y de mecanismos de control. Me preocupa, señor Comisario, que usted diga que un mal pensamiento precipitado a través de la legislación pueda exacerbar, más que resolver, los problemas de regulación ilustrados por casos de gran calado, como los de Enron y Parmalat. A pesar de sus preocupaciones ideológicas y de su reticencia a correr riesgos, no podemos ignorar las pruebas que tenemos ante nosotros, ni la necesidad urgente de abordar estos problemas de forma eficaz.

  Jonckheer (Verts/ALE). – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, no quisiera hacerme pesado con el drama de la sociedad Parmalat –octava empresa más grande de Italia–, que puede costar el empleo a miles de trabajadores, y unos 10 000 millones de euros al presupuesto italiano, según las últimas estimaciones.

Usted mismo ha constatado, tal como se desprende de su declaración, que teníamos una resolución común del Parlamento sobre este tema. En el marco de las distintas iniciativas que nos anuncia o que están en curso, quisiera oírle decir más cosas sobre la responsabilidad que usted debe asumir como Comisario y pedirle que nos diga si las propuestas de directiva que presenta le parecen suficientes y están a la altura de los retos, en particular en dos aspectos. En primer lugar, con respecto a mi colega liberal, quiero destacar que hacen falta normas porque hay defraudadores. Si todo el mundo fuera honesto, no habría necesidad de normas. Por tanto, hacen falta normas para los defraudadores, normas que se apliquen a todo el mundo.

En cuanto al instrumento mismo de las directivas, necesitamos unos plazos de transposición extremadamente breves y hay que asegurarse de que todos los Estados transponen efectivamente las directivas. Son sus propios servicios los que, semestre tras semestre, año tras año, elaboran informes de evaluación sobre la estrategia del mercado interior y constatan que no pocas directivas están sin transponer. Le pregunto, pues, si, en materias como las que debatimos, no harían falta instrumentos jurídicos directamente aplicables a los Estados miembros y sin demoras de transposición demasiado grandes; en caso contrario, podríamos encontrarnos dentro de un año, o incluso de dos, en el mismo tipo de situación. Y sobre este punto, considero que la elección del instrumento es de su responsabilidad directa y de la del Colegio.

Paso ahora a mi segunda reflexión y debo decir que deploro de nuevo que el Consejo no esté presente –no comprendo por qué el Consejo está presente en unos momentos y no en otros–, porque ya he preguntado a la Presidencia irlandesa qué pensaba hacer en estos ámbitos. Ahora bien, en la Comisión Económica y Monetaria, el Ministro de Hacienda me respondió de una forma muy evasiva, diciendo que si la gente quería defraudar, era muy difícil oponerse a ello, opinión que evidentemente no puedo compartir.

En cuanto a los paraísos fiscales, señor Comisario, ¿por qué no plantear la cuestión de una reglamentación internacional eficaz en el marco de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC)? En efecto, la cuestión afecta tanto al comercio como a los intercambios. Una serie de países solicitan nuevas normas de la OMC en materia de servicios financieros. ¿No piensa que la Unión Europea –el Consejo y la Comisión–, podrían llevar este debate a la OMC, donde tenemos obligaciones? Hace años que, en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en comités de las Naciones Unidas, debatimos el problema de la reglamentación de los paraísos fiscales y, por decirlo de una forma muy simple, de su abolición. ¿No cree que es hora de pasar a una velocidad superior, o bien habrá que esperar aún diez escándalos financieros más?

Concluyo, señor Presidente, diciendo que tenemos aquí, a mi modo de ver, una oportunidad única de demostrar a los ciudadanos europeos la utilidad de la Unión Europea. El caso de Parmalat es verdaderamente escandaloso, así como el hecho de que las autoridades políticas no se muevan más rápido, cosa que yo le animo a hacer.

  Muscardini (UEN). – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, el asunto Parmalat, como el caso Cirio en Italia, el caso Enron en los Estados Unidos, o casos similares en Gran Bretaña y Francia, es una muestra de la crisis que, durante algún tiempo, ha estado afectando a organizaciones financieras multinacionales. La causa de ello es la enorme y terrible distancia que existe entre la economía real y la burbuja especulativa: una riqueza virtual sobre el papel que sobrepasa enormemente la riqueza real, basada en la producción y las inversiones.

Hay otra amenaza común a todos los casos a los que me he referido: la ausencia o la insuficiencia de control por parte de las instituciones competentes: bancos centrales, comisiones de control de las bolsas, entidades de crédito, organismos de inspección profesionales. No es una coincidencia que cuando los ahorradores y las asociaciones de consumidores cuestionan estos organismos, siempre repitan el mismo estribillo. Dicen que no eran conscientes de la verdadera situación, que desconocían este fraude ilícito. Otra posibilidad es que estas instituciones mienten o que las normas de control son tan flexibles –y, por lo tanto, no muy precisas– que es posible interpretarlas de tal forma que permitan el fraude por todo lo alto. En primer lugar, esto lo hacen ahorradores e inversores, puede que con la conformidad de los propios bancos, un asunto, además, al que ya nos hemos referido en diversas ocasiones en relación con el problema de la burbuja especulativa. Aunque hablamos de ello mucho antes de que estallara, las instituciones europeas tampoco le han prestado atención suficiente en esta ocasión.

Hablo sobre conformidad porque otro hecho que se deriva de estos casos es el conflicto de intereses que sufren las entidades de crédito, siempre en detrimento de los inversores. En las semanas anteriores ya habíamos presentado una resolución a la Comisión para sortear las normas insuficientes, en la que pedíamos que se tomara la iniciativa, a escala europea y con el fin de proteger los intereses de los ahorradores, de vincular a todos los organismos encargados de las relaciones de supervisión y control entre las empresas y los bancos y para que se evaluara la posibilidad de armonizar la normativa vigente para garantizar que se aplican principios éticos, lo que significa que los inspectores no deben ser remunerados por aquellos a quienes supervisan.

Los casos notorios de ilegalidad que afectan desastrosamente a las inversiones de cientos de miles de ahorradores nos brindan la oportunidad de intervenir en nombre de consultores profesionales independientes –de los que ya hemos hablado en este Parlamento– e instar a la Comisión a que estudie la posibilidad de crear un registro europeo de este tipo de profesionales. Por un lado, intentar resolver la grave cuestión del conflicto de intereses con la reducción del monopolio bancario sobre el asesoramiento y, de otro lado, aspirar a una cualificación profesional de alta calidad basada en la ética y en la experiencia demostrada en el sector en cuestión.

Lo que pedimos son medidas de apoyo a todos los trabajadores de Parmalat y para indemnizar a los ahorradores que han sido estafados, en algunos casos, dos veces, no solo por Parmalat, sino también por aquellos que les aconsejaron determinadas inversiones. Sin embargo, creemos que la Unión Europea ha de hacer frente con firmeza a otras nuevas consecuencias potencialmente desastrosas de la enorme distancia existente entre la economía real y la economía financiera. Hasta que no se tomen medidas para reducir esta distancia, los riesgos seguirán al acecho.

  Borghezio (NI). – (IT) Señor Presidente, la creación de una comisión de investigación, tal como pide el Parlamento Europeo, podría proporcionarnos esos elementos útiles que no creímos que estaban lo suficientemente bien concretados en la propuesta de resolución, y dotarnos de unas directrices específicas y precisas en cuanto a los instrumentos necesarios para impedir que vuelvan a producirse casos como el de Parmalat.

Creemos que Parmalat Finance, con sede en Rotterdam, en los Países Bajos, emitió cinco mil millones de obligaciones a través de una compañía con un capital modesto de solo unos miles de euros. En realidad, no se trataba de obligaciones reales, sino de pagarés, que algunos bancos –incluso algunos muy conocidos– recomendaron desde sus mostradores a sus clientes, sin informar de su verdadera naturaleza que, no obstante, no podían desconocer.

En cuanto a informar mejor a los firmantes, es necesario establecer normas específicas al respecto: los impresos tienen que incluir una descripción concisa del producto, y pedimos que también contenga un informe sobre el factor de riesgo, especificando las características de las obligaciones, algo que no se contempla actualmente.

Queda el asunto de la indemnización: a lo hecho pecho y, por lo tanto, tenemos que pensar en recuperar las sumas malversadas y dar garantías concretas a los ahorradores en caso de colapso. ¿Por qué los bancos no tienen que responder directa e inmediatamente cuando son ellos quienes han asesorado a las personas, incluso poco tiempo antes de quebrar, para que compraran «bonos basura»? En las reuniones corporativas, los accionistas también pueden desempeñar un papel de supervisión, pero, puesto que esto es efectivo, tiene que existir una disposición para que sea obligatorio publicar el acta en un folleto informativo sobre la medida objeto de la reunión.

En el caso que nos ocupa, los directivos ya informan de que es muy difícil recuperar las sumas, por ejemplo de los bancos estadounidenses, ya que hoy en día la normativa estadounidense permite a los acreedores estadounidenses obtener un trato preferente. Por lo tanto, es necesario establecer una auténtica reciprocidad entre Europa y los Estados Unidos en los procesos para confiscar los activos y el capital adquiridos en actividades que impliquen delitos financieros.

En una democracia económica, que se logra a través de la participación de los trabajadores, ¿por qué no prever una obligación para disponer de una representación, que también tenga una función supervisora, de trabajadores y accionistas en los consejos de administración de las empresas que cotizan en Bolsa?

  Villiers (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, como hemos sabido, el caso Parmalat fue una catástrofe para sus trabajadores, los inversores, los ahorradores, sus acreedores, sus clientes y de hecho para los mercados financieros. Es nuestro deber como legisladores y responsables políticos ver cómo debemos responder a esto y ver qué podemos hacer para tratar de impedir que una catástrofe así se vuelva a producir.

¿Cómo podemos garantizar que se detecte este tipo de conducta delictiva antes de que alcance las proporciones catastróficas y desastrosas que alcanzó en el caso Parmalat, antes de que se prolongue durante años, como ha sucedido? Solicito a la Asamblea que garantice que nuestra respuesta sea proporcionada, moderada y analice lo sucedido de forma imparcial, que hagamos un análisis concienzudo de lo sucedido, de qué funcionó mal –si es que algo funcionó mal– en el sistema regulador, y de cómo podemos mejorar el marco legal y regulador para tratar de impedir que se vuelva a producir un caso Parmalat.

Podemos estar orgullosos del hecho de que este proceso comenzase antes de que se produjese el caso Parmalat, ya que como se ha dicho, se han producido escándalos en todo el mundo. Enron es el más grande, pero existen otros en toda la Unión Europea. Pocos fueron lo bastante ingenuos para decir «bueno, el caso Enron se produjo en los Estados Unidos y nosotros no tenemos ningún problema en la Unión Europea». Los que lo hayan dicho está claro que ahora se sentirán en ridículo, pero esta no fue la respuesta general aquí y en los Estados miembros a la crisis de Enron. Observamos lo sucedido y respondimos a ello. Esto nos ayudará, ya que hemos preparado el terreno para tratar de afrontar un suceso tan desastroso como este en la Unión Europea.

Como ya se ha dicho, necesitamos analizar el papel que desempeñan los profesionales –los banqueros, los auditores, las agencias de calificación– implicados en el caso Parmalat, para ver si existe un modo de que en el futuro no se vean arrastrados, de que sean capaces de ayudar a los ahorradores y a los inversores en la detección de este tipo de fraudes, y que su actividad esté debidamente regulada; y examinar si una regulación adicional garantizaría que cuentan con una mayor capacidad para detectar este tipo de fraudes. Pero no debemos cometer el error de tratar de convertir a los auditores, abogados y agencias de calificación en policías, porque no funcionará.

También debemos aceptar que el tipo de conducta claramente delictiva y fraudulenta observada en el caso Parmalat es algo que nunca podrá eliminarse por completo. No importa lo eficaz y amplio que sea nuestro sistema regulador, siempre habrá defraudadores y delincuentes que incumplan las normas. Debemos concentrarnos en una mejor aplicación de las normas y reglas vigentes.

En muchos aspectos, esto es asunto de los Estados miembros. Estos deben dedicar más recursos a su policía, especialmente a la que se enfrenta a los delitos financieros. Esta es una de las principales lecciones que podemos aprender de Parmalat. No necesariamente debemos introducir nuevas normas, que en definitiva puedan llegar a ser una carga para los partícipes del mercado que son totalmente honrados. Necesitamos una mayor cooperación entre nuestros reguladores nacionales, no un único regulador de la Unión Europea. Los Estados miembros deberían dedicar más recursos a combatir los delitos financieros y contar con una gran fuerza policial eficaz que desempeñe esta tarea en el futuro.

  Berès (PSE). – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, tras el caso Enron –y es uno de los puntos en los que me sumo a la Sra. Villiers– algunas personas pensaron en Europa que este tipo de cosas sucedían con el capitalismo norteamericano pero no con el capitalismo europeo. Pues bien, el asunto Parmalat demuestra que el capitalismo europeo del siglo XXI puede experimentar derivas similares. En realidad, nos encontramos ante algo que rebasa ampliamente el caso Parmalat y que tiene que ver con la adaptación de unas herramientas que en realidad no hemos modificado fundamentalmente desde el siglo XIX, cuando la naturaleza del capitalismo, por su parte, ha cambiado tanto. En el siglo XIX, una empresa confrontaba capital y trabajo. Desde entonces, el capital se ha dispersado y ha encontrado con gran inteligencia mil medios de estar presente. En cambio, no existe un mercado de trabajo europeo o mundial, que sigue basándose exclusivamente en sus propias fuerzas.

Tenemos que abordar cuatro grandes problemas: la cuestión de los paraísos fiscales, la de las estructuras del capital, la del divorcio entre financiación y producción y, por último, la de la suerte de los empleados y los trabajadores. Nada menos. A este respecto, le doy las gracias, señor Comisario, por las propuestas que presenta, porque suponen una pequeña semilla plantada en el largo camino de la regulación del capitalismo mundial. Dicho esto, desearía destacar dos o tres dificultades que surgen a mi modo de ver de las propuestas que usted ha formulado. Pienso que no comparte la opinión de la Sra. Villiers de que bastaría poner un policía detrás de cada banquero para regular el capitalismo. Por mi parte, estoy de acuerdo con ella en un punto: siempre habrá canallas. Los hay en el campo del transporte marítimo y siempre los habrá, como los hay en el ámbito financiero, donde siempre los habrá. ¡Pero no les ayudemos! Hoy, el funcionamiento del capitalismo moderno echa cables a los canallas de las finanzas y, de hecho, esos cables se llaman paraísos fiscales, fraudes fiscales y estructuras de capital inextricables. Lo que tenemos que combatir es esa opacidad que nos impide detener al culpable. Por ello, hay que luchar contra los paraísos fiscales con determinación, ejerciendo más presiones, con todos los medios a nuestra disposición, ya se trate de embargos o de boicots. Si se boicotea a un país porque no respeta los derechos humanos, ¿por qué no boicotearlo por abrigar operaciones capitalistas fraudulentas? Me parece que merece la pena reflexionar sobre ello.

Y después, si queremos de verdad conseguir la transparencia, debemos dar voz a los que pueden ejercer un contrapeso. En efecto, no se puede pretender regular mejor el funcionamiento de las empresas sin conceder más voz a los empleados y los asalariados. Esto vale para el debate que hemos mantenido sobre el informe del Sr. Katiforis, relativo a las agencias de calificación, y vale también para la cuestión de las adquisiciones sobre las que ya ha deliberado el Parlamento. Sin olvidar la cuestión de los consejos de administración de las empresas y, en este punto, me parece, señor Comisario, que el texto que ha presentado sobre la gobernanza empresarial sigue estando muy por debajo de lo que necesitamos.

En conclusión, quiero recordar que la vida de las empresas es algo demasiado importante para dejarla en manos de los financieros.

  Calò (ELDR). – (IT) Señor Presidente, el caso Parmalat tiene difícil solución porque no hemos llegado al fondo de las responsabilidades ni de los mecanismos complejos y ambiguos que posibilitaron que se produjera. Considerar que solo se trata de un escándalo italiano es una visión limitada. En realidad, se trata de un asunto internacional de enormes proporciones, en los que están implicados importantes bancos a escala internacional.

Sin embargo, todo el mundo tiene muy claras las pérdidas que han tenido que sufrir los ahorradores. Tenemos que pensar en ellos y hemos de considerar, y estimular, la aplicación de medidas suficientes, como por ejemplo seguros de tipo específico, que permitan indemnizar a los pequeños ahorradores implicados en la quiebra. Por otra parte, lo que se ha descrito como el mayor fraude financiero y contable que jamás se haya registrado en Europa pone de relieve sobradamente la grave falta de normas rigurosas y efectivas, capaces de impedir casos de falsificación de las cuentas de las empresas que, con arreglo a una reciente ley italiana, ha sido despenalizada. Es esencial que en un mercado común como el europeo, donde los Tratados establecen que se aplican los principios constitucionales de libre circulación de las personas, mercancías, capitales y servicios, la Comisión intervenga para ofrecer una mayor protección a los ciudadanos contra este tipo de fraude, y que lo haga con medidas comunitarias capaces de intensificar el control de las auditorías contables de las empresas de la Unión Europea.

Sin embargo, con esto no basta. L’Italia dei valori, presidida por el Sr. Di Pietro e integrada en el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, pide que se establezcan normas estrictas a escala europea para impedir todo tipo de asistencia económica o financiera desleal a nivel de empresa o individual en empresas que operan en los 25 Estados miembros y en estructuras que actúan en paraísos fiscales en «Estados delincuentes». En particular, un embargo económico estricto, vinculante en este sentido, forzaría a toda la comunidad internacional, incluidos los Estados Unidos, a actuar honestamente, y así poder impedir que vuelvan a producirse episodios lamentables como los que hemos estado comentando.

  Cauquil (GUE/NGL). – (FR) Señor Presidente, durante años, el patrón de Parmalat debió de utilizar con sus 36 000 trabajadores repartidos por treinta países el mismo lenguaje que todos los patronos con sus trabajadores. Les debió de decir que no era posible aumentar los salarios, que había que reducir la plantilla y que eso se debía a la necesaria competitividad. Pues bien, los trabajadores de esta empresa pudieron comprobar cuán burdas eran estas mentiras. Pudieron comprobar que les habían timado. ¿Cuántos salarios podrían haberse aumentado con los 14 000 millones malversados por el patrón de Parmalat? ¿Cuántos despidos supuestamente necesarios habrían podido evitarse?

El colmo es que todos los cómplices de estas malversaciones, los bancos y las administraciones, seguirán como antes, mientras que los 36 000 trabajadores de la empresa pueden quedarse sin su medio de vida y miles de campesinos productores de leche han resultado perjudicados. Pero entre las empresas que usted pretende que son la mayoría y que tienen un comportamiento ético y honesto, ¿cuántas Parmalat más hay que aún no han sido descubiertas? Y ¿cómo saberlo? ¿Cómo podría distinguir la población a los patronos canallas de los que pretenden no serlo? Y al lado del gangsterismo declarado de los patronos de Parmalat y muchos otros, ¿cuántas grandes empresas, todas en realidad, practican esa forma de gansterismo –legal en este caso– que consiste en cerrar una fábrica echando a los trabajadores a la calle simplemente para obtener una plusvalía bursátil suplementaria? Sus leyes otorgan a los patronos y a los consejos de administración un poder dictatorial sobre sus empresas.

Estamos a favor de que los trabajadores, los consumidores y la población puedan controlar las empresas, sus cuentas, la forma en que realizan sus beneficios y la forma en que los utilizan. Es preciso que la colectividad pueda vigilarlas permanentemente y prohibir decisiones que vayan manifiestamente en contra de sus intereses. Los paraísos fiscales no están solo en las Bahamas. Para suprimirlos aquí, en Europa, hay que suprimir el secreto bancario y el secreto comercial.

  Frassoni (Verts/ALE). – (IT) Señor Presidente, hay algunos casos en que Europa es realmente necesaria, donde es especialmente importante y crucial la rapidez de acción para poder establecer si nuestras instituciones están realmente en condiciones de interpretar las necesidades de los ciudadanos. Esto hay que hacerlo de forma visible y decisiva. Por supuesto, señor Comisario, Bolkestein, no somos los Estados Unidos; nuestra capacidad de acción es más limitada, puesto que está limitada por rivalidades nacionales y diversos derechos de veto, en especial en aquellos sectores que estamos tratando en estos momentos.

Sin embargo, creemos que existe margen de maniobra en el caso de Parmalat y que la Comisión ha de utilizarlo. Básicamente, es necesario que nos movamos en tres direcciones, que, además, ya se han mencionado. En primer lugar, la Comisión ha de formular propuestas sobre la conducta de las compañías cuando operan en paraísos fiscales para ocultar su dinero negro. Creemos que se puede adoptar una legislación de la Unión Europea para intentar ponerle freno e impedirlo, ya que esto fue una de las causas fundamentales de lo que ocurrió en Parmalat. Esto, Comisario Bolkestein, va más allá de una propuesta sobre el blanqueo de dinero. Me temo que, para estar realmente del lado de los consumidores y ahorradores, en particular en este periodo políticamente sensible, la Comisión tiene que formular una propuesta que les apoye visiblemente y que –repito– va más allá de las propuestas que se han presentado hoy aquí.

En segundo lugar, me alegraría que el Comisario Bolkestein presentara una propuesta para garantizar que los países de la UE que controlan estos paraísos fiscales, que tienen acceso a estos o que disponen de legislación particularmente poco estricta sobre esta cuestión, se les pueda persuadir de alguna manera para que cambien de rumbo.

En tercer lugar, –como ya ha dicho mi colega, el Sr. Jonckheer– ¿qué piensa el Comisario Bolkestein sobre la posibilidad de presentar la posición de la Unión Europea sobre estas cuestiones a la Organización Mundial del Comercio?

  Angelilli (UEN). – (IT) Señor Presidente, tal como ya han dicho algunos colegas, la quiebra financiera de la multinacional Parmalat ha constituido un episodio extremadamente grave para Italia y ha implicado a miles de pequeños ahorradores italianos; es probable que perjudique la credibilidad financiera y, en el futuro, también cree una desconfianza generalizada hacia nuestro país entre los inversores internacionales.

Una de las causas de esta quiebra financiera ha sido, principalmente, la aprobación de estados financieros falsos del Grupo Parmalat por una de las principales sociedades de auditoría, que presuntamente habría ocultado la verdadera situación patrimonial de la empresa. Es más, es obvio que los otros organismos empleados para la auditoría financiera –Banca d’Italia y Consob– tampoco efectuaron debidamente y en el momento adecuado las inspecciones necesarias. Varias de las entidades de crédito más conocidas en los mercados financieros mundiales –tanto italianas como europeas– también parecen haber participado en el asunto; emitieron un número descontrolado de obligaciones que ya no son rescatables.

Por todo ello, se ha descrito al caso Parmalat como el Enron europeo, aunque en realidad es mucho más grave que el escándalo estadounidense, puesto que el PIB de los Estados Unidos es mucho más alto que el italiano.

Como todos sabemos, la quiebra de Parmalat es, por desgracia, solo el último de una larga serie de casos similares que se han producido en toda Europa. Así pues, ¿qué pueden esperar los ciudadanos italianos y europeos que son a menudo las víctimas de este aventurerismo financiero? Creo que lo que esperan son medidas urgentes y tangibles, tanto para proteger a los trabajadores del Grupo Parmalat, que es el caso específico en cuestión como –de modo más general– para salvaguardar e indemnizar a los ahorradores implicados en esta quiebra. Asimismo, esperan que se establezcan instrumentos para impedir que este tipo de operaciones vuelvan a ocurrir en el futuro y limitar la exposición máxima de los pequeños ahorradores.

Por último, quiero llamar la atención del Comisario sobre dos cuestiones finales: creo que ha llegado la hora de crear un centro de supervisión y control a escala europea –una especie de Comisión Europea de vigilancia y control del mercado de valores– con derecho a inspeccionar e imponer sanciones, bajo el control directo del Banco Central Europeo, y concebido de manera que verifique la eficiencia y transparencia del mercado de valores para proteger a los inversores en la medida de lo posible. Por último, conviene establecer una lista negra para asegurar que los paraísos fiscales sean declarados ilegales.

  Della Vedova (NI). – (IT) Señor Comisario Bolkestein, acojo con satisfacción las iniciativas que anunció de antemano y las que se han tomado recientemente. Merece usted nuestro reconocimiento por declarar, justo en medio del caso Enron, que Europa no es inmune a este tipo de escándalos. Quiero dejar claro a todo el mundo que el escándalo Parmalat no tiene que ver con una empresa sólida destruida por mala conducta financiera; por desgracia para Italia, el escándalo Parmalat es un caso de actividades comerciales fraudulentas e ineficaces que alguien intentó salvar mediante infracciones financieras.

Hoy, con razón, hemos estado hablando largamente de controles. Creo que la cuestión a la que hay que enfrentarse es el del papel de los bancos centrales en cada uno de los Estados. Italia ha dado a su banco central determinados poderes con respecto a la competencia, y por lo tanto a las leyes antimonopolio, y desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de las actividades bancarias y, a resultas de dichas actividades bancarias, en el sistema industrial en su conjunto. Creo que se trata de una anomalía que hay que eliminar y que Europa, el Banco Central Europeo, la Comisión y el Consejo tienen que tomar medidas al efecto.

También creo que tenemos que actuar con extremada cautela, en respuesta al escándalo Parmalat, en lo que se refiere al equilibrio entre controles y sanciones. Está muy bien incrementar los controles, pero no hay que intentar imponer restricciones imposibles sobre el mercado financiero, que es crucial para el desarrollo económico de Europa. También estamos estudiando sanciones que, de la misma forma que los controles, servirán para desalentar el comportamiento fraudulento. En especial, necesitamos dar a los consumidores una herramienta importante, la demanda colectiva, sobre la base del artículo 153 del Tratado, lo que sería útil para desalentar el comportamiento fraudulento en cualquier ámbito.

  Lehne (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, primero tuvimos a Enron y WorldCom. Ahora, con Parmalat, Europa ha pillado un resfriado. La realidad es que hay delincuentes por todas partes. No solo hay buena gente, también la hay que es mala, y hemos elaborado leyes contra la mala gente. Por desgracia, la gente mala a veces infringe la ley. Por este motivo no tiene sentido volver a inventar la rueda ahora y plantearnos de nuevo si tenemos que prohibir este tipo de cosas una vez más. Ya estaban prohibidas.

Lo que necesitamos es un análisis racional para establecer dónde se han podido producir deficiencias en el sistema de supervisión y cuáles son las posibilidades de una legislación perfeccionada. Estoy muy agradecido, especialmente a la vista de las declaraciones efectuadas por el Comisario y las propuestas de la Comisión, de las que ya somos muy conscientes, de que al contrario de los Estados Unidos, en Europa no pretendemos reaccionar de forma exagerada, sino que intentamos, con medidas individuales, mejorar la posición jurídica en vigor. Nuestro objetivo no es impedir totalmente que estas cosas vuelvan a ocurrir en el futuro –eso sería imposible–, sino que sean menos probables. Creo que las propuestas efectuadas por la Comisión Winter en el Informe Winter II apuntan en gran medida en esta dirección. El plan de acción de la Comisión sobre derecho de sociedades ha integrado la esencia de las propuestas efectuadas en el Informe Winter II. No quiero entrar en detalles por la sencilla razón de que el plan de acción de la Comisión sobre derecho de sociedades se está abordando a través de una consulta especial que implica un informe separado al Parlamento.

Solo quiero referirme a dos aspectos, a modo de ejemplo: acojo con especial satisfacción que la Comisión vaya a presentar ahora la Octava Directiva en un futuro previsible, pero creo que independientemente de las numerosas buenas ideas que contiene, puede que deberíamos considerar la posibilidad de que algunos aspectos fueran un poco más coherentes. Creo que es indignante que todavía sea posible que sociedades de auditoría presten servicios de consultoría a la vez que llevan a cabo auditorías en grandes empresas que cotizan en Bolsa, al menos en Europa. Mantengo el principio de que si uno audita no puede asesorar, y si uno asesora no puede auditar. En todo caso, no afectará para nada al mercado, ya que el pastel seguirá siendo igual de grande, pero se cortará de otra manera. Frente a este panorama acojo con gran satisfacción que las propuestas legislativas elaboradas en los Estados Unidos también repercutirán en las sociedades de auditoría internacionales que operan aquí en Europa.

En otros ámbitos, a veces dudo de si tienen sentido las propuestas de la Comisión, por ejemplo la exigencia de la directiva de transparencia de que se presenten informes trimestrales obligatorios por parte de las empresas de toda Europa. Sobre este punto, solo quiero comentar que empresas como Enron, WorldCom y otras presentaron todos estos informes trimestrales. Lamentablemente, todos eran falsos. Por este motivo no creo que este instrumento sirva realmente de algo. No se trata de facilitar montones de información, sino de obtener la información correcta que precisan los inversores para tomar decisiones.

Termino con esta observación y les agradezco su atención.

  Goebbels (PSE). – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en su «Breve historia de la euforia financiera», John Kenneth Galbraith enunciaba la creencia de que, en sus propias palabras, «éxito económico e inteligencia van parejos».

El asunto Parmalat es una ilustración perfecta de ello, porque el fundador de Parmalat parecía tener éxito económico. El mundo financiero, los medios políticos y los medios de comunicación se sintieron satisfechos con su apariencia de éxito, y ni los auditores, ni los banqueros, ni las agencias de calificación, ni siquiera los reguladores italianos pusieron en duda las cuentas publicadas por Parmalat. Ahora bien, la lista de empresas que han empleado ante todo su inteligencia delictiva para engañar a unos mercados financieros eufóricos se ha hecho muy larga en los últimos años.

De Enron a Parmalat, son incontables ya las empresas aparentemente respetables que han acabado por maquillar sus cuentas para no sufrir un revés en bolsa. Todos estos escándalos financieros son el producto de la creencia muy extendida en los mercados de que se puede llegar a ser muy rico sin riesgos y en muy poco tiempo. Pero las grandes ganancias son por lo general fruto de grandes riesgos. Y cuando los riesgos asumidos no producen ganancias, sino pérdidas, es grande la tentación de ocultar estas temporalmente para compensarlas rápidamente con una ganancia basada en la asunción de un riesgo aún mayor.

Movilizando todos los recursos de la ingeniería financiera, se llega así a aparcar pérdidas en vehículos especiales, a inflar el volumen de negocios con operaciones ficticias –como la venta fantasma por parte de Parmalat de leche en polvo al régimen cubano– y a mostrar beneficios inexistentes con una contabilidad creativa. Frente a estos escándalos, el mundo de los negocios sigue padeciendo la misma miopía.

Yo fui ponente del Parlamento para la Directiva sobre los abusos de mercado y los delitos de iniciados. Como ponente, consulté a los medios económicos y recibí a un número impresionante de miembros de grupos de presión. A menudo, demasiado a menudo, oí, por entonces, que Enron no era más que un caso aislado, producto de la exuberancia irracional del mercado norteamericano, pero que Europa era otra cosa. Ahora sabemos que la energía delictiva se reparte equitativamente a una y otra orillas del Atlántico.

Para prevenir los escándalos financieros solo hay un medio. Europa, los Estados Unidos, Japón y todos los centros financieros importantes deben cooperar. Hace falta transparencia, hace falta un marco reglamentario vinculante que se imponga asimismo a los paraísos fiscales, a los centros offshore y otros agujeros negros de las finanzas internacionales. No se trata de prohibir que las islas del Caribe o del Pacífico jueguen en el patio de los mayores y ofrezcan estructuras de acogida para el mundo de los negocios, sino de prohibir a los grandes bancos norteamericanos, europeos y japoneses financiar cualquier cosa a través de sociedades pantalla situadas en islas no controladas y no reguladas, si esos bancos no pueden garantizar que esas transacciones son lícitas.

El instrumento para lograrlo deberían ser nuevas normas sobre la adecuación de los capitales bancarios, es decir, lo que se denomina en nuestra jerga el Acuerdo de Basilea II. Es conveniente, además, evitar los conflictos de intereses entre las distintas funciones de control, de auditoría, etc., pero no se trata de castigar a los bancos y a los demás operadores financieros. La economía de mercado, sobre todo si quiere ser social, necesita empresarios emprendedores y circuitos financieros innovadores que les financien, pero hay que hacer todo lo necesario para encuadrar esos mercados a fin de velar por que asalariados, subcontratistas, proveedores y accionistas no se conviertan en las víctimas de una delincuencia económica que opera bajo la apariencia de la respetabilidad.

  Andria (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, señor Comisario Bolkestein, Señorías, la quiebra de Parmalat y otras preocupantes crisis financieras antes y después de esta han revelado las limitaciones de las normas que rigen nuestros mercados financieros.

Tal como ocurrió en los Estados Unidos, en el punto culminante del caso Enron, y en el Reino Unido, con sus 34 escándalos de malversación, en Italia también entendimos de inmediato la necesidad de promulgar una legislación estricta para proteger a los ahorradores de forma más eficaz y –en sentido amplio– intentar limitar el descrédito que afectaría inevitablemente al mercado financiero implicado.

Sin embargo, en estos casos, hemos dejado de lado reacciones impulsivas y, en particular, no nos vamos a dejar influir por las apariencias, por graves que sean, de lo que ha ocurrido ni por los incentivos que puedan derivarse. De forma similar, no apoyo que se tomen medidas excepcionales, como la posibilidad de una superautoridad supervisora, ya que correríamos el riesgo de crear un nuevo órgano que tendría dificultades para hacer cualquier contribución adicional a un entorno que es preciso reestructurar.

Hay que aplicar bien las medidas vigentes y no hay duda de que es necesario modificarlas. La legislación en materia de quiebra también desempeña un papel clave: el principio par conditio creditorum y el «periodo de sospecha» también tendrían que desempeñar un papel tanto en la administración extraordinaria como en la administración controlada. Esto reforzará la protección de los acreedores. Asimismo, el sistema crediticio, que sin duda no está totalmente libre de culpa en el caso Parmalat, no sería el único árbitro de los acontecimientos. Sin embargo, estaría sujeto a la evaluación de un juez designado.

Así pues, para continuar con el tema de propuestas de gran alcance, sería necesario incrementar la información disponible sobre todos los productos financieros disponibles para el público, tanto en los prospectos ex ante como en las comunicaciones ex post, y eliminar el problema de la fragmentación de la información sobre los diferentes productos financieros a disposición del público. La supervisión de la transparencia tiene que extenderse a todo, incluidos los productos bancarios y de seguros que se ofrecen a los ahorradores, que contienen una labor de gestión. La introducción de ámbitos más estrictos de incompatibilidad para proteger la independencia de los órganos de inspección será ineludible. Sin embargo, en el caso de las sociedades emisoras de obligaciones es necesario ir más allá: habrá que emitir documentación vinculante para la empresa, en la que se exponga qué hará esta, cuándo lo hará y qué productos de inversión utilizará. Ahora bien, por encima de todo, además de los auditores de cuentas, necesitamos adoptar una figura que ya existe en los Estados Unidos desde hace diez años: el responsable de ética. Esta figura, que actúa como una especie de oyente, o identificador de indicios, tiene que poder captar las más débiles señales de peligro que escapan a la atención de los analistas, quienes se fijan en las pruebas. Al leer el trabajo del responsable de ética, es posible identificar no solo los resultados de la gestión, sino –desde el exterior– el grado de fiabilidad de la empresa.

  Ettl (PSE). – (DE) Gracias, señor Presidente. El asunto Parmalat de Europa no es menos devastador que el caso WorldCom, el mayor escándalo financiero de los Estados Unidos hasta la fecha. Por supuesto, me preocupa especialmente ya que el escándalo Parmalat también implicó a una empresa austriaca. Hemos estudiado mecanismos europeos de auditoría y legislación financiera desde que estallaron los grandes escándalos en los Estados Unidos hace unos tres años. Por desgracia, sigue dándose el caso de que algunas personas quieren más controles y otras quieren menos. Sobre esta cuestión –esta cuestión objetiva– el terreno de juego es muy estrecho; lo que tenemos en su lugar, a mi entender, es una polarización política absurda.

Ayer mismo deliberábamos sobre la cuestión de las agencias de calificación. Como es habitual en estas situaciones, los conservadores han votado en contra de mecanismos de control mejores y más estrictos y han aceptado el oligopolio de la auditoría y la evaluación tal como está, sin ningún comentario en particular. ¿Cómo tenemos que considerar esta situación desde nuestra perspectiva? Se trata de cuestión de gustos.

Pronto vamos a tener la ocasión de votar la directiva en materia de fusiones transfronterizas de sociedades anónimas. Empieza a ser evidente que se pretende orientar esta directiva en contra de los intereses de los trabajadores y de mejores mecanismos de control. Sin embargo, la normativa financiera vigente en la UE permite que sistemas financieros carentes de transparencia apliquen políticas fraudulentas. Se siguen manteniendo paraísos fiscales, aunque desde hace años se nos pide que los regulemos. Es totalmente inaceptable que los mecanismos de control y reguladores de Europa tengan tantos agujeros como un queso suizo, abriendo la puerta al fraude. Si no actuamos ahora, vamos a perder la confianza de los trabajadores que ahora están perdiendo sus puestos de trabajo, así como la de los inversores de los mercados de capitales, confianza que queremos asegurarnos.

  Inglewood (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, el escándalo Parmalat abarca una serie de crisis bastante diversas. En primer lugar, se ha producido un fraude de proporciones gigantescas; en segundo lugar, existe una crisis sistemática en el mercado, y, en tercer lugar, se ha producido un importante desastre social en Italia, donde viven la mayoría de los afectados.

No quisiera hacer más comentarios ni sobre el fraude ni sobre los problemas que pueden producirse en Italia. Preferiría hablar sobre su efecto en los mercados. En ocasiones olvidamos que una de las lecciones del siglo XX fue la evidencia de que los mercados son el mejor impulsor de la prosperidad y el mejor creador de empleos que hemos visto jamás en el mundo. Por lo tanto, está claro que el buen funcionamiento de los mercados es esencial para nuestro futuro bienestar colectivo. Estos mercados deben organizarse de forma que el delito resulte difícil. Sin embargo, al igual que es imposible organizar la Ciudad de Estrasburgo de forma que sea imposible atacarla, también es imposible organizar los mercados financieros de manera que no exista ninguna posibilidad de que se produzca un fraude delictivo. Deberíamos reconocerlo.

En segundo lugar, es importante que los inversores confíen en el mercado. Las afirmaciones y pruebas que facilitan las sociedades sobre si mismas deberían ser transparentes, y las normas sobre el modo en que se recopila esta información deberían ser inimpugnables. Celebro los comentarios del Comisario Bolkestein sobre su revisión de la auditoría y de las normas de auditoría.

Del mismo modo, la gobernanza empresarial en el mercado debería ser irreprochable con respecto al modo en que se toman las decisiones. Una vez más, acojo con satisfacción las observaciones del Comisario en su declaración. Por otra parte, las afirmaciones que se realizan en el mercado y el asesoramiento que se presta a posibles partícipes del mismo no deben sugerir ninguna incorrección. Tengo que preguntar –y quizás lo diga como alguien que no se presentará a las próximas elecciones– si puede decirse lo mismo de las afirmaciones que los partidos políticos van a hacer en la próxima campaña.

Tampoco debemos olvidar que incluso en el caso de las grandes pérdidas evidentes de los bancos, puede darse el caso de que en un mundo en el que los fondos de prensiones privados cada vez serán más frecuentes, son los ciudadanos los que resultan perjudicados por estos desastres. Es la confianza del pequeño inversor –ya sea directamente o a través de fondos de pensiones – la que es tan importante para el funcionamiento del capitalismo del siglo XXI.

Muchos oradores han hablado de regular. Regular es la respuesta, pero no el exceso de regulación. Esta debe ser la lección que aprendamos de esta crisis.

  Bolkestein, Comisión. (EN) Quisiera comenzar dando las gracias a los diputados por sus comentarios sobre lo que he dicho al comienzo de este debate, además de las demás observaciones sobre esta importante cuestión. Me gustaría retomar varios puntos al término de este debate dada la importancia del tema.

En primer lugar, quisiera hacer un comentario sobre un aspecto realmente importante de este caso: los paraísos fiscales y los vehículos para fines especiales. Todavía debe aclararse toda la complejidad de la situación en el caso de Parmalat, en lo que respecta al uso de centros financieros extraterritoriales y los vehículos para fines especiales. Está claro que ha llegado la hora de poner algo de orden en la situación. Todos estos tipos de operaciones especiales deberían estar sujetos a tres requisitos: en primer lugar, deberían incluirse en las cuentas de la sociedad; en segundo lugar, la sociedad implicada debería explicar su objeto –¿por qué esa empresa cuenta con estos vehículos para fines especiales? – y en tercer lugar, el auditor del grupo debería ser responsable de comprobar que realmente hay lo que se supone que hay. Debe haber un mayor control sobre estas estructuras empresariales extremadamente complejas.

En consonancia con esto, la Comisión considerará requisitos adicionales de revelación en el contexto de las enmiendas a la cuarta y séptima directiva sobre el derecho de sociedades. Se pretende aprobar estas enmiendas para septiembre de 2004. La cuestión de la transparencia de los vehículos empresariales y otras disposiciones legales está siendo considerada por la Comisión, tanto de forma interna en la Unión Europea como en el más amplio contexto internacional.

En segundo lugar, me gustaría decir algo sobre la auditoría. Podría preguntarse si existe un fallo sistemático en la función de auditoría; aunque creo que el auditor tiene un papel muy importante que desempeñar para garantizar que los estados financieros sean correctos, este no es el único factor examinado. Es importante tener una imagen más amplia de las responsabilidades sobre los estados financieros y el funcionamiento de los mercados de capitales. Además de los auditores, también deberíamos cuestionar el papel de la dirección, de los administradores no ejecutivos, de los acuerdos de gobernanza empresarial, de las agencias de calificación crediticia –tal y como se ha dicho esta tarde– además de los bancos de inversión.

Con respecto a los auditores, creo que existe la necesidad de una estructura más fuerte que resista la contabilidad incorrecta y la presión comercial indebida por parte de las entidades auditadas. Varias medidas que propondrá la Comisión en su próxima directiva deberían ayudar a los auditores a mantenerse firmes; por ejemplo, los requisitos de independencia, la fuerte supervisión pública, la comunicación con las comisiones de auditoría y la serias revisiones externas de calidad.

También podríamos preguntar si existe un problema contable. Aparentemente, la legislación vigente en Italia sobre las cuentas anuales no requiere ni un informe del flujo de caja ni demasiada información sobre los derivados financieros y su efecto sobre la posición financiera. La Directiva de contabilidad al valor justo, adoptada en 2001, está en vigor desde el 1 de enero de 2004. Esta directiva requiere una revelación detallada de los instrumentos financieros como el valor justo de los instrumentos financieros, información sobre su alcance y naturaleza y una tabla que indique los movimientos del valor justo. Las cuentas anuales, preparadas conforme a las normas contables internacionales, que requieren un informe del flujo de caja y también valores justos, habrían reflejado mejor la verdadera posición financiera de Parmalat y habrían impedido el fraude, al menos en la medida en que se produjo.

Luego está la cuestión de la gobernanza empresarial. El apartado 7 de la resolución establece que las directrices políticas del plan de acción sobre la gobernanza empresarial se basan principalmente en la transparencia y la revelación. Esto es totalmente cierto, existen importantes iniciativas de transparencia y revelación, pero el plan de acción también contiene importantes iniciativas que se introducen a través de las directivas: esto sugiere normas vinculantes adecuadas y proporcionadas, por ejemplo sobre los derechos de los accionistas y también sobre la responsabilidad de los consejeros.

En lo que respecta a los consejeros independientes, el plan de acción anuncia una recomendación con el objetivo de fomentar su labor, al menos sobre una base de «cumplir o dar explicaciones». Por lo tanto, es cierto que la revelación es esencial. Pero las consultas sobre el plan de acción han demostrado que es dudoso si un planteamiento basado en normas vinculantes sobre la composición y el papel de los comités de consejo tendría sentido.

Por último, para cerrar este importante debate, quisiera citar al Sr. Fava, que ha dicho que necesitamos «normas globales». Estoy de acuerdo. No es tan fácil conseguir normas globales. Se ha mencionado la OMC: esta es una posibilidad. La OCDE hace mucho en este ámbito y deberíamos tener cuidado de no adelantarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, quisiera apoyar a la OCDE en la medida de lo posible en su trabajo.

El Sr. Jonckheer ha dicho que esta es una oportunidad de oro para demostrar a los ciudadanos para qué estamos aquí. Está en lo cierto, ya que, como han mencionado muchos de los que han participado en este debate, son los ciudadanos los primeros perjudicados y los que pierden el derecho a sus pensiones o sus trabajos. Debemos dejar claro que la Unión Europea está tomando las medidas necesarias para poner fin a este tipo de prácticas y las próximas elecciones parlamentarias quizás ofrezcan una buena oportunidad para hacerlo.

El Sr. Jonckheer preguntó asimismo si los consejeros también estarán a la altura. Es una pregunta muy oportuna. ¿Son suficientes las medidas adoptadas por la Comisión, el Consejo de Ministros y el Parlamento? Como han dicho el Sr. Lehne y Lord Inglewood, no pueden darse garantías. Es imposible dar garantías de que algo de esta naturaleza no sucederá: las garantías solo existen para las aspiradoras. Esto es algo que no podemos hacer, pero podemos poner las cosas muy difíciles a las personas con malas intenciones que pretenden continuar con su trabajo. Estamos un poco entre la espada y la pared, por una parte entre el Sr. Jonckheer, que dice que deberíamos asegurarnos de que esto no se repita y, por otra parte, el Sr. Della Vedova, el Sr. Lehne y Lord Inglewood, que dicen que es imposible evitar por completo el fraude delictivo. Sin embargo, podemos hacerlo más difícil.

Las medidas adoptadas por la Comisión y la Unión Europea de hecho hacen mucho más difícil que se repita algo así. Espero que todos los diputados se unan a la Comisión para dejar claro al electorado que esta está haciendo su trabajo, al igual que los diputados, para prevenir que esto vuelva a repetirse.

  Frassoni (Verts/ALE). – (EN) Señor Presidente, se trata simplemente de una aclaración. Señor Comisario, al comienzo de su intervención, usted ha hablado sobre la banca extraterritorial y ha enumerado algunos criterios. ¿Quiere decir esto que va a proponer una legislación al respecto?

  Bolkestein, Comisión. (EN) Señor Presidente, como he dicho antes, la frase es: «Está claro que ha llegado la hora de poner algo de orden en la situación.» He mencionado tres exigencias que deben formularse: las operaciones especiales deben incluirse en las cuentas de la empresa; su propósito debe explicarse –por qué cuenta con ellas la empresa–; y el auditor del grupo debe ser responsable de la comprobación. Nos planteamos incluir exigencias de revelación más estrictas en las enmiendas a la cuarta y la séptima Directiva sobre el derecho de sociedades, que se aprobarán en septiembre, pero no sé si estas enmiendas son suficientes para controlar en su totalidad el tema de los paraísos fiscales en el extranjero y los vehículos para fines especiales. Sin embargo, estos tres requisitos que acabo de formular deben cumplirse y debemos encontrar una forma de hacerlo.

  El Presidente. – Para concluir este debate he recibido seis propuestas de resolución de seis Grupos políticos.⁽¹⁾

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves.

PRESIDENCIA DEL SR. PUERTA
Vicepresidente

(1) Cf. Acta.