Acta literal de los debates

Miércoles 31 de marzo de 2004 - Estrasburgo

1. Consejo Europeo / Seguridad

PRESIDENCIA DEL SR. COX
Presidente

(Se abre la sesión a las 9.05 horas)⁽¹⁾

  Randzio-Plath (PSE). – (DE) Señor Presidente, al ir desde la Cámara a una reunión de mi Grupo ayer, un equipo de televisión me empujó hasta una esquina impidiéndome seguir mi camino y lastimándome la espalda. Quisiera pedirle, de forma urgente, que se asegure de que los diputados puedan ocuparse de sus asuntos en esta Cámara sin la intromisión de los representantes de los medios de comunicación.

  El Presidente. Haré que los servicios lo examinen para asegurar que podamos trabajar como es debido en la Cámara.

  Kinnock, Glenys (PSE). – (EN) Señor Presidente, estoy segura de que es usted consciente de que el próximo miércoles el mundo conmemorará el décimo aniversario del genocidio ruandés. Casi un millón de personas fueron masacradas, y la intervención internacional llegó demasiado tarde. Incluso ahora tenemos que preguntarnos si existe la voluntad política de poner en práctica medidas capaces de impedir sufrimientos futuros de estas proporciones.

Sé que estarán de acuerdo en que nunca debe haber una «próxima vez», y por ello les pido que mañana recordemos los hechos que tuvieron lugar en Ruanda hace diez años y que guardemos un minuto de silencio para apoyar que nunca nos quedemos mirando de nuevo desde las gradas.

  El Presidente. Tomo nota de ello para la apertura de la sesión de mañana, señora Kinnock.

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre el Consejo Europeo y la seguridad:

- Informe del Consejo Europeo y declaración de la Comisión – Reunión del Consejo Europeo (Bruselas, 25-26 de marzo de 2004) y

- Declaraciones del Consejo y la Comisión – Seguridad de los ciudadanos en Europa tras los atentados de Madrid.

  Ahern, Bertie, Consejo. – (EN) Señor Presidente, señor Presidente Prodi, me satisface enormemente estar aquí hoy con ustedes para informarles del resultado del Consejo Europeo de primavera de la semana pasada. La última vez que tuve el honor de dirigirme a esta Cámara en enero al hablar sobre las prioridades de la Presidencia irlandesa, dije que el objetivo primordial de nuestra Presidencia era obtener resultados que tuvieran una repercusión positiva en las vidas de los europeos. Creo que el Consejo Europeo de la semana pasada ha contribuido a obtener resultados positivos muy reales. La Unión Europea ha demostrado, una vez más, que tiene capacidad para abordar nuevos retos. Ha demostrado que cuando nos movemos juntos, podemos cambiar realmente la vida cotidiana de las personas.

El progreso significativo logrado en el Consejo Europeo de la semana pasada se debió a muchos factores. Estoy convencido de que un factor importante es la excelente relación de trabajo que se ha creado entre el Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. El tema de la Presidencia irlandesa es «Europeos - trabajando juntos». El Consejo Europeo ha demostrado claramente todo lo que podemos alcanzar cuando logramos hacerlo.

Como sus Señorías sabrán, en la reunión el Consejo Europeo adoptó una Declaración sobre la lucha contra el terrorismo. Acordamos reanudar nuestras negociaciones en la Conferencia Intergubernamental y llegar a un acuerdo a más tardar en nuestra reunión de junio. Delimitamos lo que queda por hacer en términos prácticos para promover el crecimiento sostenible y fomentar el empleo. Discutimos distintas cuestiones de política exterior, entre ellas las del Oriente Próximo, Afganistán, Iraq, los Balcanes y Rusia.

Lamentablemente, como todos bien sabemos, el Consejo Europeo de la semana pasada se celebró a la sombra del terrible atentado que tuvo lugar en Madrid el 11 de marzo. Quiero expresar una vez más mis condolencias a las familias de las víctimas. Sé que todos los presentes estarán de acuerdo conmigo cuando digo que este atentado fue una amenaza grave para todo lo que representa la Unión Europea. Al plantear el modo de responder a esta amenaza, el Consejo Europeo quería asegurarse de que se hace todo lo posible para proteger a nuestros ciudadanos de la plaga del terrorismo. Al mismo tiempo, es preciso proteger los derechos humanos fundamentales de nuestras democracias.

Creo que la Declaración sobre la lucha contra el terrorismo adoptada por el Consejo Europeo consigue el equilibrio adecuado. Hace hincapié en nuestra cooperación actual y busca mejorar y subrayar la necesidad de implementar lo que hemos acordado. Me complace decir también que la Declaración asume una propuesta realizada por los parlamentarios europeos de declarar el 11 de marzo Día Europeo de conmemoración de las víctimas del terrorismo.

La Declaración incluye una serie de ámbitos de acción específicos, que incluyen medidas para mejorar el intercambio de información, para reforzar los controles fronterizos y la seguridad de los documentos de viaje, una mejor protección para nuestros sistemas de transporte y medidas para combatir la financiación del terrorismo. También incluye un compromiso para la cooperación efectiva con terceros países y otras organizaciones internacionales, especialmente las Naciones Unidas.

Se ha nombrado un Coordinador contra el terrorismo, el Sr. De Vries, para reflejar la necesidad de una acción coordinada en toda la Unión Europea. El Consejo Europeo considerará de nuevo el Plan de acción sobre el terrorismo en junio, y todos acordaremos las tareas clave y los plazos en los que estas tareas han de realizarse.

El Consejo Europeo también acordó una Declaración sobre la solidaridad contra el terrorismo. Esta compromete a los Estados miembros a actuar de forma conjunta en un espíritu de solidaridad si uno de ellos resulta víctima de un ataque terrorista. La Declaración representa una señal política importante de nuestra solidaridad en la lucha contra el terrorismo.

Agradezco enormemente que el Presidente Cox haya participado en la primera sesión de nuestra reunión acerca del terrorismo. La solidaridad demostrada por las instituciones de la Unión transmitió un mensaje importante. La amenaza del terrorismo es una amenaza para nuestra seguridad, nuestras democracias y nuestro modo de vida en la Unión Europea. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestros ciudadanos de esta amenaza.

Me complace especialmente que haya habido un gran avance en la Conferencia Intergubernamental. Basándose en mi informe, el Consejo Europeo solicitó que la Presidencia continuara con sus consultas. También solicitó que la Presidencia organizara la reanudación de las negociaciones formales en la CIG tan pronto como fuera aconsejable. Decidió que debía llegarse a un acuerdo sobre la nueva Constitución a más tardar en el Consejo Europeo de junio.

Cuando intervine aquí en enero, dejé claro mi compromiso de aprovechar cualquier oportunidad para hacer avanzar la CIG y, si es posible, concluirla durante nuestra Presidencia. Pero en ese momento, y de hecho hasta la celebración del propio Consejo Europeo, no estaba claro cuánto podríamos avanzar. No sabíamos con seguridad si podría relanzarse la CIG, aunque deseábamos hacerlo con gran firmeza. De hecho, mucha gente me dijo en la fase inicial de nuestra Presidencia que pensaban que había pocas posibilidades.

No podríamos haber llegado a un acuerdo sobre el plazo para la conclusión de la CIG sin el compromiso político de mis colegas del Consejo Europeo. La semana pasada, todos nos volvimos a dedicar a la Constitución, y reconocimos su valor e importancia. Cuanto antes entre en vigor, mejor. También reconocimos que aunque las negociaciones finales serán difíciles, nunca hubo motivo para creer que se volverían fáciles con el tiempo. De hecho, en torno a la mesa había un sentimiento general de que el retraso podría crear todavía más complicaciones. También se sentía la necesidad de flexibilidad y compromiso por parte de todos. El desarrollo de este espíritu positivo y constructivo posibilitó la decisión de avanzar ahora.

Este es un gran paso adelante, y gran parte del mérito corresponde a este Parlamento. Siempre ha instado a los Estados miembros a impulsar las negociaciones de modo colectivo. Su apoyo sumamente positivo a la estrategia de la Presidencia ha sido muy apreciado, y espero seguir trabajando con ustedes y con sus representantes en el futuro.

En nuestras consultas con todas las delegaciones, hemos podido constatar que la mayor parte del texto de la Convención no se discute. También hemos averiguado que muchas de las propuestas adicionales realizadas por la Presidencia italiana habrían sido aceptables para los socios en el contexto de un acuerdo general.

Todavía quedan pendientes varias cuestiones, que difieren de modo considerable en cuanto a su complejidad y sensibilidad. No obstante, también hemos podido identificar posibles vías de avance y creemos que todas ellas pueden resolverse. No será fácil. Habrá que hacer concesiones mutuas por parte de todos. Pero creo que el ingrediente clave –la voluntad política de llegar a un acuerdo– está ahí.

Los representantes del Parlamento, como los de todas las demás delegaciones, nos han expuesto claramente las cuestiones que revisten una importancia especial para sus Señorías. No puedo decir que todas las delegaciones conseguirán todos los objetivos que han planteado. No obstante, puedo asegurarles –como les aseguro a todos los demás– que la Presidencia estará abierta y será ecuánime en sus negociaciones con todos. Puedo garantizarles que no se les dejará de lado ni se les pasará por alto en las negociaciones. Quiero que todos los participantes puedan recomendar a los ciudadanos europeos el resultado final como un resultado justo, equilibrado y positivo.

Como he dicho en mi informe, las cuestiones que revisten más dificultad siguen siendo el tamaño y la composición de la Comisión, y la definición y ámbito de aplicación del voto por mayoría cualificada. En la reunión de la semana pasada, no entramos en debates detallados sobre estas cuestiones, y tampoco intenté sacar conclusiones. Pero expuse mi visión general sobre las vías de compromiso que cabe explorar con más visos de éxito.

Reconozco que la Comisión debe ser efectiva y legítima. Creo que estas dos perspectivas deberían conciliarse con el mantenimiento, durante un período ampliado, de una Comisión que incluyera a un nacional de cada Estado miembro, y que se redujera después mediante un sistema de rotación equitativa.

Está claro que solo un sistema de votación basado en una doble mayoría puede permitir un consenso. También es fundamental que tengamos en cuenta la necesidad de una mayor eficiencia, mientras consideramos debidamente el equilibrio entre los Estados miembros y sus preocupaciones específicas. Debería ser posible alcanzar un resultado que refleje las preocupaciones de todos. Creo que esto podría hacerse a través de ciertos ajustes de los umbrales de población y Estados miembros y mediante acuerdos destinados a confirmar la transición hacia la doble mayoría. De todas formas, sin duda necesitamos examinar todavía más los detalles.

En cuanto al ámbito de aplicación del voto por mayoría cualificada, existe un deseo general –que me consta que el Parlamento comparte– de que se amplíe, a fin de favorecer la toma de decisiones eficiente en una Unión ampliada. Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta las preocupaciones particulares de los Estados miembros en cuanto a una serie de cuestiones específicas. Creo que se llegará a un resultado general satisfactorio, que implicará un aumento del número de ámbitos sujetos a votación por mayoría cualificada y codecisión, en comparación con los Tratados actuales.

Probablemente estas cuestiones no se resuelvan finalmente hasta que se acerque el fin de las negociaciones. No obstante, en adelante, será esencial alcanzar un acuerdo en tantos temas como sea posible, para reducir al mínimo el número de cuestiones pendientes. En este proceso, la Presidencia pretende hacer uso de todos los canales, incluidas las reuniones bilaterales y las discusiones a nivel oficial. Pero sin duda, la CIG tiene lugar en el plano político, y pediré a los Ministros de Asuntos Exteriores que trabajen sobre una serie de cuestiones durante las negociaciones finales entre los Jefes de Estado o de Gobierno.

Como ustedes, yo también quiero concluir la CIG lo antes posible. No obstante, habrá que tener en cuenta una serie de factores, incluida la formación de nuevos Gobiernos en algunos países y las cuestiones que aún quedan por resolver. Les aseguro que si encontramos la oportunidad de terminar antes de junio, lo haremos. No deberíamos subestimar lo lejos que hemos llegado. Tan solo hace unas semanas, muy pocos se habrían mostrado optimistas en cuanto a la posibilidad de terminar en junio. Hasta la fecha, esta Presidencia ha intentado como tal moderar las expectativas pero mostrarse ambiciosa. No existe ambición más grande que alcanzar nuestro objetivo común de una Constitución que favorezca a nuestros ciudadanos y ayude a hacer más efectiva la Unión dentro de ella y en el resto del mundo. Con su ayuda, espero alcanzar ese objetivo.

Cuando intervine en esta Cámara en enero, señalé la gran prioridad que la Presidencia irlandesa daba a la Agenda de Lisboa y nuestra firme determinación de que el Consejo Europeo de primavera sirviera para revitalizar el proceso de Lisboa. En aquel momento me animó mucho la respuesta del Parlamento Europeo a nuestras ideas.

Me complace informarles de que el Consejo Europeo tuvo una discusión fructífera la semana pasada. Nos centramos en las cuestiones clave en que es fundamental actuar si queremos dar un nuevo impulso a la Agenda de Lisboa. Mis colegas estuvieron de acuerdo con mi propuesta de que las discusiones debían centrarse dos temas generales –el crecimiento sostenible y el empleo–, que son los principales retos que urge abordar.

El Consejo Europeo estuvo de acuerdo en que necesitamos un enfoque equilibrado si queremos garantizar que el crecimiento futuro sea sostenible. Tenemos que mantener políticas macroeconómicas sólidas a la vez que promovemos una mayor competitividad e innovación. Al mismo tiempo, la cohesión social debe ocupar un lugar central en nuestro enfoque. Del mismo modo, el crecimiento futuro tiene que respetar el medio ambiente para ser sostenible.

El compromiso constructivo del Parlamento Europeo con el Consejo ha sido crucial para el avance efectivo en todos los aspectos del trabajo de la Unión, entre otras cosas en la labor legislativa relacionada directamente con la Agenda de Lisboa. En las últimas semanas, la legislación acordada se extiende desde los servicios financieros a la apertura del mercado ferroviario, a los derechos de propiedad intelectual y a la responsabilidad medioambiental. Espero más resultados en las próximas semanas. Es muy importante, para mantener la credibilidad de la Agenda de Lisboa, que cumplamos nuestros objetivos. En este contexto, me complace acoger con satisfacción su aprobación de dos propuestas legislativas importantes en el día de ayer, la Directiva de mercados de instrumentos financieros y la Directiva sobre la transparencia.

Un reto fundamental señalado en el Consejo Europeo se sitúa en el sector servicios, que sigue estando muy fragmentado. La creación con éxito de un verdadero mercado único en este ámbito arrojará beneficios considerables para el consumidor europeo. El sector servicios ha representado un 70% de la creación de empleo y crecimiento en los últimos diez años. Me complace informar de que el Consejo Europeo, viendo el potencial de expansión en este ámbito, acordó que el proyecto de directiva sobre servicios, que el Consejo está examinando actualmente, debía aprobarse con carácter prioritario.

El desarrollo de una normativa mejor reforzará la competitividad y la productividad. El Consejo Europeo acogió con satisfacción la iniciativa de cuatro Presidencias encabezada por Irlanda, los Países Bajos, Luxemburgo y el Reino Unido, que impulsará esta cuestión con carácter prioritario en los próximos dos años. Volveremos sobre esta cuestión de una normativa mejor en el Consejo Europeo de noviembre de 2004.

Si realmente queremos fomentar la competitividad, la innovación y el espíritu empresarial en toda Europa, debemos tener una gran capacidad científica y de investigación. El progreso en el ámbito de la investigación es un elemento esencial de la Agenda de Lisboa. Debemos trabajar para garantizar que los científicos permanezcan en Europa y que se sientan atraídos a trabajar en Europa. El Consejo Europeo acordó, como primer paso de este proceso, que el Programa marco de investigación y desarrollo europeo debía ser más asequible para los usuarios, a fin de facilitar la inversión en materia de investigación y desarrollo por parte de pequeñas y medianas empresas y empresas de nueva creación. El Consejo Europeo también subrayó la necesidad de invertir en investigación fundamental. Esta investigación es una pieza esencial para la innovación y la competitividad.

El crecimiento no solo debe ser sostenible económicamente, sino también en términos medioambientales. Uno de los ámbitos más interesantes a este respecto es el de las tecnologías medioambientales. El Consejo Europeo reconoce la importancia de capacitar a las empresas para explotar nuevas tecnologías, y ha solicitado la aplicación inminente del Plan de acción de tecnologías medioambientales. También hemos invitado a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones a examinar el modo de movilizar instrumentos financieros para promover dichas tecnologías. La Comisión va a preparar un informe para el Consejo Europeo del año que viene sobre el progreso en este terreno.

Sin duda, el crecimiento y la competitividad no son fines en sí mismos: son medios para garantizar y desarrollar el modelo social europeo, con el acento puesto en la sostenibilidad y la inclusión. Proteger a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad es una parte esencial de la Agenda de Lisboa.

El Consejo Europeo ha situado el empleo en el centro de su plan de actividades. Crear más y mejores puestos de trabajos es la cuestión que hay que abordar con más urgencia el año que viene. El Consejo Europeo acordó que los Estados miembros debían prestar atención urgente a cuatro retos estructurales particulares, señalados por el Grupo de trabajo para el empleo y reafirmados en el Informe Conjunto sobre Empleo. Se trata de promover una mayor adaptabilidad por parte de empresas y trabajadores, atraer a más personas al mercado laboral, mejorar la calidad del empleo y fomentar una mayor inversión en capital humano. Tomar medidas ahora para maximizar las oportunidades de empleo comportará beneficios reales. Un alto nivel de empleo impulsará el crecimiento y también abre el mejor camino para salir de la pobreza y de la exclusión social.

El Consejo Europeo de primavera del año que viene revisará el progreso realizado en este terreno en el curso del año. Se prestará especial atención al progreso impulsado por las medidas nacionales para conseguir los objetivos de empleo de Lisboa. Se ha invitado al Consejo y a la Comisión a que preparen conjuntamente un informe de síntesis conciso, basado en el informe conjunto sobre empleo, específicamente para esta discusión.

Como he indicado anteriormente, la función del Parlamento ha sido fundamental para permitirnos impulsar la Agenda de Lisboa. Uno de los ámbitos en los que esperamos progresar en las próximas semanas es el de un paquete de movilidad con el propósito de facilitar la circulación de los trabajadores entre Estados miembros. Hemos cooperado en torno al Reglamento (CEE) nº 1408/71 que, una vez acordado, debería reportar ventajas significativas de cara a una mejor coordinación de los sistemas de seguridad social y un acceso más fácil a los derechos. Espero que podamos concluir este expediente de forma conjunta antes del fin del mandato.

Del mismo modo, espero una cooperación fructífera respecto a los expedientes relacionados de Europass y la Directiva del reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales, que tienen por objeto favorecer el reconocimiento de cualificaciones educativas en otros Estados miembros.

Los Gobiernos por si solos no pueden implantar todos los cambios necesarios para alcanzar el objetivo de Lisboa. Todas las partes tienen una función crucial en el progreso y el impulso del cambio. Con este fin, el Consejo Europeo estuvo de acuerdo con la propuesta de la Presidencia de establecer Asociaciones para la reforma en cada Estado miembro, según los mecanismos y las tradiciones nacionales, implicando a los agentes sociales, a la sociedad civil y a las autoridades públicas. Estas asociaciones serán un mecanismo útil para construir un compromiso a favor del cambio y la reforma.

Todos reconocemos que queda mucho por hacer para que Lisboa se aplique en el plazo originalmente previsto. La revisión intermedia del año que viene nos brindará una oportunidad crucial para examinar lo que hay que cambiar si queremos acelerar el proceso de implementación. Tenemos que prepararnos para la revisión intermedia sobre una base sólida. Con este fin, los Jefes de Estado o de Gobierno invitaron a la Comisión a establecer un grupo de alto nivel, presidido por el Sr. Wim Kok, para realizar una revisión independiente que contribuya a este ejercicio. El nombramiento de Wim Kok asegurará la continuidad respecto a la labor realizada por el Grupo de trabajo para el empleo. Su experiencia sin parangón proporcionará un impulso crucial y muy valioso para la revisión intermedia. Hemos pedido al Grupo de alto nivel que informe el 1 de noviembre de este año, para permitir que la Comisión presente sus propias recomendaciones al Consejo Europeo de primavera del año que viene.

El Consejo Europeo revisó una serie de cuestiones de la agenda internacional y aprobó conclusiones sobre el proceso de paz del Oriente Próximo, Iraq, la Asociación Estratégica con el Mediterráneo y el Oriente Próximo, Rusia, Afganistán y Côte d´Ivoire. También examinamos la cuestión de Chipre.

El Consejo Europeo examinó la situación en Kosovo tras el brote reciente de violencia motivada por cuestiones étnicas. La situación parece haberse estabilizado, pero sigue estando tensa. Es esencial que se reafirme la primacía del proceso político y que los políticos locales se responsabilicen de esa situación. La Unión Europea sigue estando plenamente comprometida con un futuro estable para un Kosovo seguro, democrático, próspero y multiétnico. La Unión seguirá apoyando plenamente los esfuerzos del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Harri Holkeri, y el proceso de «normas antes que el estatuto».

El Consejo también ha debatido la situación en el Oriente Próximo, que sigue siendo bastante preocupante. La Presidencia está en estrecho contacto con los líderes de los principales Estados árabes para asegurar que no se pierda esa dinámica en el proceso de paz. El Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Cowen, ha visitado El Cairo y Damasco en los dos últimos días y ha subrayado la necesidad de un esfuerzo concertado por avanzar en nuestros objetivos comunes de paz y seguridad en la región mediante una solución justa del conflicto.

Por lo que se refiere a Afganistán, el Consejo Europeo espera con interés los resultados de la conferencia internacional que tiene lugar hoy en Berlín. La Unión Europea sigue estando comprometida plenamente con la reconstrucción de Afganistán. El Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Cowen, representa a la UE en esta importante conferencia, junto con el Sr. Solana y el Comisario Patten.

Las negociaciones sobre una solución para Chipre se encuentran en la fase final mientras nos reunimos aquí hoy. La adhesión de una Chipre unida el 1 de mayo sigue siendo la firme preferencia de la Unión Europea. En nuestras conclusiones, el Consejo Europeo reiteró el apoyo de la Unión a las negociaciones dirigidas por las Naciones Unidas y reafirmó nuestra disposición para adaptar las condiciones de un acuerdo según los principios en los que se funda la Unión Europea.

Este Consejo Europeo se celebró en un momento de importancia crucial en la historia de la Unión Europea. Como hemos expuesto en nuestro programa de la Presidencia, la primera mitad de 2004 representa un momento de grandes cambios y retos, pero también de gran esperanza y oportunidad para la Unión. El 1 de mayo marcará el fin de una división de posguerra del continente y nos permitirá avanzar juntos hacia una Europa mejor y más integradora. Hechos terribles como los del 11 de marzo sirven únicamente para reforzar nuestra determinación de trabajar juntos para forjar acuerdos que harán funcionar a Europa en todos los sentidos.

Espero seguir trabajando en cooperación plena con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Hoy les agradezco de manera especial toda su cooperación en los últimos meses. Mientras estamos en el umbral de la ampliación, podemos seguir demostrando que la nueva Europa, trabajando todos juntos, tiene tanto la voluntad como la determinación de producir resultados positivos y decisiones que nuestros ciudadanos merecen.

(Aplausos)

  Prodi, Presidente de la Comisión. – (IT) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el proceso de integración europea empezó su andadura como un proceso de paz. Durante los últimos cincuenta años, los objetivos de paz han evolucionado y se han estabilizado, y hoy todos los partícipes de nuestra Europa unida comparten algunos principios fundamentales, porque ser parte de la Unión significa respetar los derechos fundamentales de la persona, regular democráticamente la vida pública y desarrollar y proteger nuestro modelo de desarrollo económico y social. He estado pensando mucho últimamente en estos principios al reflexionar sobre los desafíos internos y externos a los que se enfrenta nuestra Unión, principalmente porque al confrontarnos con las amenazas cada vez más horribles del terrorismo buscamos puntos de referencia comunes.

El Consejo Europeo que se clausuró en Bruselas el sábado pasado se guió por el mismo instinto. Como saben, el Consejo de Primavera se centra en la gobernanza económica de la Unión. Sin embargo, recientes acontecimientos obligaron a cambiar profundamente el orden del día, sobre todo los atentados de Madrid del 11 de marzo, a raíz de los cuales el Consejo aprobó una serie de medidas para garantizar nuestra seguridad frente a la amenaza del terrorismo. Una vez más, el atentado se cobró las vidas de ciudadanos inocentes y una vez más nuestros primeros pensamientos deben estar dedicados a ellos y a las familias de las víctimas. Las secuelas de los atentados han afectado a todos los europeos: nos han afectado personalmente y han afectado a nuestras instituciones cívicas y políticas. El terrorismo es el peor desafío que se haya lanzado, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, contra los principios democráticos y civiles que regulan la vida pública y contra nuestra sociedad, basada en el respeto de los derechos humanos.

Me complace poder decir a esta Cámara que el Consejo ha decidido hacer frente a esta amenaza con la mayor determinación físicamente posible. La Declaración aprobada en Bruselas no deja lugar a dudas: los Estados miembros de la Unión Europea forman un frente unido con el objetivo compartido de erradicar completamente el terrorismo. Por ello acojo con sumo agrado las medidas de coordinación y unificación de los sistemas de inteligencia, de policía y de seguridad que se aprobaron el pasado fin de semana. En esta fase histórica, recordemos que este es el mayor nivel de coordinación posible, pues no ha sido posible crear una agencia de seguridad europea única. Quizás hubiera sido maravilloso, pero no era factible en la práctica. No obstante, estoy seguro de que este es solamente el primer paso hacia una integración todavía mayor. Mirando al futuro, el objetivo real es la creación de estructuras operativas comunes a nivel europeo. Sin embargo, lo más importante por el momento es que los europeos se han dado cuenta de que la fuerza por sí sola no es suficiente para derrotar al terrorismo. Para entender y resolver la causas de fondo, se necesita fuerza e inteligencia.

Junto a la opción de la fuerza militar y la represión, hay que seguir con la misma determinación la vía política. Y ambas opciones deben practicarse de forma multilateral, puesto que los enfoques unilaterales ya no son suficientes. En primer lugar, como se afirma solemnemente en la Declaración, eso significa reforzar los vínculos de confianza recíproca entre Europa y los Estados Unidos, que ya son estrechos y leales. Sin esta sólida alianza no hay esperanza de mantener la paz mundial. No obstante, es fundamental asegurar que las Naciones Unidas desempeñen un papel central y tengan la credibilidad necesaria. Las Naciones Unidas tienen que implicarse de forma activa en las intervenciones sobre el terreno y en los proyectos políticos destinados a devolver la estabilidad a las regiones en crisis. La Unión Europea por su parte tiene la oportunidad de aprovechar la experiencia en las tareas de mantenimiento de la paz y de diálogo acumulada en casi medio siglo de existencia. Nuestra contribución debe incluir la implicación y movilización de los recursos de todos los países para aislar a los grupos terroristas. El objetivo es privar al terrorismo de su savia vital, y eso significa prevenir el reclutamiento y cortarle el acceso a cualquier apoyo técnico, logístico y financiero.

Pero el terrorismo también tiene una vertiente ideológica, por muy aberrante que sea, y un plan político, y por lo tanto es necesario afrontar las situaciones de crisis que dividen el mundo y amenazan su estabilidad En primer lugar, y me complace continuar con lo que el Taoiseach, el Sr. Ahern, acaba de decir, es preciso buscar una solución al conflicto entre Israel y Palestina. Esta es la máxima prioridad. El éxito de nuestra estrategia contra el terrorismo internacional depende de la paz en Oriente Próximo. Además, tenemos que trabajar para encontrar una salida a la situación en el Iraq. Ambas iniciativas, en Oriente Próximo y en el Iraq, deben llevarse a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Y, naturalmente, el objetivo es devolver el Iraq a los iraquíes en el plazo más breve posible, al tiempo que se garantiza a este país la seguridad, la independencia y el máximo nivel de participación democrática

Señorías, como ya he dicho, el Consejo de Primavera se dedica a la gobernanza de la Unión, y la sesión dedicada a la economía ha reforzado todavía más ese papel. Desde hace algunos años, la economía europea atraviesa por dificultades y esto constituye también una amenaza para uno de los pilares de nuestra Unión: nuestro modelo económico y social. Hace cuatro años, en Lisboa, la Unión decidió que para mantener y desarrollar nuestro estilo de vida teníamos que realizar una profunda reforma de nuestros sistemas económicos. Las conclusiones del último Consejo demuestran que existe una amplia convergencia en el análisis de lo que hay que hacer, tal como figura en el informe que la Comisión presentó el pasado mes de enero.

Todos estamos de acuerdo con el uso de referencias comparativas, la coordinación y las prioridades para favorecer el crecimiento y la competitividad. Llevamos muchos años repitiéndolo: es necesario invertir en investigación, desarrollo y recursos humanos. Sin embargo, ponerse de acuerdo sobre lo que hay que hacer no basta; también es necesario un trabajo serio y tenaz y los instrumentos necesarios para cumplirlo realmente, pero no tenemos ninguna de las dos cosas. Siento tener que decir que hasta la fecha no hemos logrado pasar de las palabras a los hechos. La mayoría de las decisiones que hemos tomado no se han traducido en acciones concretas de cada Estado miembro, y no se ha producido el desplazamiento de recursos previsto hacia las inversiones que todos, repito, todos, consideramos necesarias.

Estas incertidumbres y la limitación de los compromisos financieros demuestran la existencia de dos problemas básicos del sistema de gobernanza de la economía europea. Por una parte, el proceso de Lisboa carece de un centro de autoridad fuerte a nivel comunitario, que es la única manera de coordinar las acciones. Por otra, es preciso evaluar la dinámica de las organizaciones políticas modernas. Las inversiones en recursos humanos y conocimiento, que todos consideramos indispensables, son rentables a muy largo plazo. Las tendencias en la política privilegian, en cambio, cada vez más las acciones que producen resultados visibles antes de que finalice el ciclo electoral, mucho más breve. En honor a la verdad hay que decir que algunos Estados miembros han iniciado reformas importantes, incluso dolorosas, demostrando con ello sentido de responsabilidad, previsión y valor político.

El Consejo reafirmó la necesidad de continuar por esta vía porque todos se han dado cuenta de que lo que está en juego es el futuro de Europa. Espero que esta vez las reformas iniciadas lleguen a buen puerto y se amplíen a los ámbitos del conocimiento, la formación y la investigación. Por el momento, parece que existe la voluntad política de aplicar rápidamente la Iniciativa Europea de Crecimiento, que incluye una lista de proyectos urgentes en investigación y desarrollo, transporte, energía y tecnologías de la información. Se trata de medidas definidas claramente que el Consejo Europeo ya había aprobado y que pueden ponerse en marcha rápidamente. Se necesitan progresos reales desde este mismo año y hasta el próximo debemos recuperar los retrasos en la incorporación de las directivas de Lisboa a la legislación nacional. Lamento tener que decir esto, pero creo que es muy justo y adecuado.

Señorías, terminaré mi intervención con unas breves ideas sobre la Constitución Europea, las mismas ideas con las que el Taoiseach ha iniciado su discurso. Hemos visto que los desafíos externos e internos ponen en peligro los pilares que sostienen nuestra casa común. En estos momentos difíciles tenemos que dejar de lado las divergencias y dotar a la Unión Europea de los medios necesarios para construir un marco de cooperación más sólido que nos permita decidir conjuntamente y poner en común nuestros recursos. No nos engañemos. Solo podremos afrontar los desafíos de Europa si permanecemos unidos. Ningún país europeo, por grande y potente que sea, dispone de medios suficientes para hacerlo solo.

En este sentido, el Consejo de primavera nos ha traído una buena noticia con la que me complace terminar hoy y que además confirma mi fama de eterno optimista. Dicho sea de paso, no me he equivocado al ser optimista en los últimos años. En Bruselas se han sentado las condiciones para volver a emprender en un futuro próximo las negociaciones sobre el tratado constitucional y para su conclusión antes de que termine la Presidencia irlandesa, y esto gracias al extraordinario trabajo de mediación de la Presidencia, a la que expreso mi aplauso y admiración.

En las últimas semanas han llegado señales positivas de varios Gobiernos, que dicen que están dispuestos al compromiso. Durante el Consejo tuvimos la confirmación de que finalmente las cosas están yendo por el buen camino, también desde el punto de vista psicológico y humano. El problema más difícil de solucionar sigue siendo el que determinó el bloqueo anterior: los umbrales necesarios para el voto por mayoría cualificada. Por supuesto, no es simplemente una cuestión de porcentajes, sino algo de lo que depende todo nuestro proceso de integración: la Unión ampliada debe ser capaz de tomar decisiones. Si el umbral necesario para tomar una decisión por mayoría es demasiado alto, la Unión no tendrá capacidad de decisión –ni sobre la lucha contra el terrorismo, ni sobre la gobernanza económica, ni sobre cualquier otro tema–, porque un grupo reducido de países podrá bloquear cualquiera propuesta Este es el problema, simplificándolo, y hasta ahora el debate se ha centrado en el tamaño de esta minoría de bloqueo.

Pido a todos que piensen detenidamente sobre el hecho de que no se puede entablar un debate institucional pensando en las formas e instrumentos de que disponen los Estados miembros para bloquear las decisiones. El debate debe centrarse, en cambio, en la cuestión contraria: ¿qué formas e instrumentos son los mejores para tomar decisiones, no para bloquearlas? A la vista de los últimos acontecimientos, parece que hemos evitado otro tropiezo; por ello parece probable que en breve tendremos nuestra querida y anhelada Constitución. No obstante, hago un llamamiento a que el compromiso final sea un compromiso exigente, que permita a la Unión ampliada a 25 miembros funcionar de modo eficaz.

(Aplausos)

  Poettering (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, la Cumbre de Bruselas se centró y tuvo como tema principal los terribles sucesos del 11 de marzo de 2004 en Madrid, y es bueno que haya extraído de ellos las conclusiones necesarias. Por ser uno de los que todavía recuerdan bien cómo el Presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, dijo en 1963 en el Berlín dividido: «Ich bin in Berliner», pienso que, en nuestra calidad de europeos, tenemos que adoptar una actitud similar hacia nuestros socios y amigos españoles. Debemos decir que este atentado en Madrid no solo ha sido un ataque contra España, sino un ataque contra Europa en su conjunto, contra todo el mundo occidental, contra el mundo entero. Por eso debemos comprometernos por afinidad y solidaridad con España a actuar y a fomentar de forma clara y decisiva la Unión Europea y la unidad de Europa. Esta debe ser nuestra respuesta al terrorismo. Deseo agradecerle sinceramente en este sentido, señor Presidente en ejercicio del Consejo, su liderazgo, que ha hecho posible enviar esta señal desde Bruselas. Europa debe actuar ahora. Europa quiere estar unida y quiere encontrar su camino al futuro con los demás.

Es correcto que la cumbre haya aceptado la cláusula de solidaridad en la versión de la Constitución. Es una cláusula de solidaridad contra el terrorismo. Sin embargo, Europa debe mostrar solidaridad en general cuando se enfrenta con ataques del exterior y, hoy más que nunca, sabemos que la política nacional y la política exterior forman un todo integrado y que no se puede separar una de otra. También nos complace la designación de un coordinador en asuntos de seguridad interna, y el Sr. Gijs de Vries, un ex diputado de esta Cámara, es un excelente candidato para este puesto. Deseo intensamente colaborar con el Coordinador de Seguridad Interna.

Sin embargo, permítame decir, señor Presidente en ejercicio del Consejo, y esta intervención no será con seguridad la última palabra, que lo habríamos acogido con agrado si la oficina del coordinador de seguridad no se hubiese creado en el ámbito de la política exterior y la colaboración intergubernamental sino, como la Comisión quería, en el ámbito de las instituciones comunitarias, de modo que estuviese sometida al control parlamentario y legal. Creo que esto es importante para el futuro y, si bien no deseo poner en duda la creación de este puesto, es necesario que no lo tratemos simplemente como una excusa para poder decir que hemos hecho bastante en este ámbito. Lo que necesitamos ahora es aplicar una política muy específica en materia de seguridad interior.

Por esta razón, lamento mucho que la orden de detención europea todavía no esté en vigor, y urgimos a los cinco Estados miembros que todavía no la han ratificado a que lo hagan. También tenemos que fortalecer Europol, que sería mucho más eficaz si no fuese necesario realizar estas difíciles negociaciones financieras entre los Estados miembros de la Unión Europea siempre que queremos darle dinero. ¿Por qué no incluimos a Europol también en el método comunitario, de modo que se pueda financiar con cargo al presupuesto comunitario? Esto haría todo mucho más fácil. Creo que debemos aceptar el método comunitario en este ámbito también.

Creo que lo más importante en los debates sobre seguridad interior y terrorismo es que debemos decir al mundo árabe que no identificamos terrorismo con él o con el islam. Permítanme decir ahora, en mi calidad de alemán, que recuerdo los debates posteriores a 1945, cuando se hablaba de la culpa colectiva de los alemanes. Aquello se rechazó, y con razón, porque no todos fueron responsables de los crímenes del nacionalsocialismo. Exactamente del mismo modo, no debemos cometer hoy el error de equiparar terrorismo con el mundo árabe y el mundo islámico en su conjunto. Queremos cooperación; queremos colaboración con el mundo árabe y el mundo islámico. Por esta razón también, estoy totalmente de acuerdo con el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, que ha dicho, al igual que usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que la paz en el Oriente Próximo con seguridad y dignidad para todas las personas en Israel y Palestina es absolutamente esencial para la paz del mundo y para las relaciones pacíficas entre Europa y el Oriente Próximo y el mundo árabe en su conjunto. Debemos responder al desprecio por la humanidad con la dignidad del hombre, reivindicando nuestros principios de vida contra sus principios de muerte, y, en lugar del odio, nuestro deseo de colaboración. El mensaje ahora debe ser, y se lo agradezco sinceramente, que vamos a tener una Constitución, a favor de la cual está decididamente nuestro Grupo, y todo el Partido Popular Europeo ha declarado que tiene la máxima prioridad. Quisiéramos decirle, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que sería un gran logro que, bajo su Presidencia, nos gustaría incluso verlo antes de las elecciones europeas, usted fuese capaz de llevar la Constitución a buen puerto. Le deseamos mucho éxito. Le apoyamos. La respuesta correcta al mundo entero es que Europa está decidida y unida.

(Aplausos)

  Barón Crespo (PSE). – (ES) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, permítanme, ante todo como madrileño y haciéndome portavoz de mis paisanos que se sientan en esta Cámara, que agradezca las muestras de apoyo, de solidaridad y las condolencias recibidas, no solo en Europa sino en todo el mundo.

Quiero dirigirme expresamente al Presidente Cox porque la declaración institucional que hizo en nombre del Parlamento tuvo un enorme impacto en Madrid y en España y estuvo a la altura de las circunstancias, de los momentos dramáticos que vivimos. Hemos mostrado que estamos construyendo Europa con los minutos de silencio que todas y todos los europeos mantuvimos después de los trágicos acontecimientos de Madrid.

Me permitirá el Taoiseach -que, desgraciadamente, comparte conmigo y con otros una larga experiencia de lucha contra el terrorismo- que diga que, además de agradecer estos gestos -y esto se aplica a ambos lados del Atlántico-, no hay que confundir estoicismo y resistencia con cobardía y apaciguamiento; que no se lucha contra el terrorismo solo con tanques, aviones e invasiones; se lucha con dignidad, con resistencia y también con la coordinación necesaria de los servicios de inteligencia y con una legislación como la que intentamos elaborar en la Unión Europea a partir del 11 de septiembre.

En este sentido, tengo que decir al Consejo que el Parlamento trabajó con enorme rapidez y que el Consejo, en este caso, ha dado un paso con el nombramiento del Sr. De Vries -y comparto las críticas de mi colega Sr. Poettering en relación con las circunstancias de este nombramiento-, pero llama la atención que, en este momento, todavía cinco países comunitarios no hayan traspuesto a su legislación nacional la orden de arresto y que sigamos con problemas a la hora de aplicar, concretamente, medidas de lucha contra el blanqueo de dinero. Eso demuestra que no estamos trabajando seriamente contra el terrorismo y que tenemos que dar pasos muy importantes, porque somos solidarios pero estamos todos amenazados.

Dicho esto, señor Presidente, me permitirá que pase al segundo tema, que es la Constitución. Creo que hay que saludar el paso adelante que ha dado la Presidencia irlandesa y creo que el anuncio del candidato a la presidencia del Gobierno español, Sr. Zapatero, ha sido un paso importante a la hora de desbloquear esta situación. En efecto, ha afirmado que los españoles, el Gobierno español, consideran que debemos estar de vuelta en Europa y, además, con la línea que siguieron siempre los gobiernos de mi color político. En relación con este punto quiero señalar, por una parte, algo que es muy importante: mayoría cualificada y codecisión, que son un tema fundamental para la democracia europea.

Por otra parte, me permitirá el señor Presidente de la Comisión que me dirija a él porque las circunstancias en las que se está encontrando nos tienen que llevar a reflexionar sobre un tema importante, que es el papel de la Comisión.

En este momento, el Presidente Prodi está corriendo el riesgo, porque tiene muy buenos comisarios, de estar casi solo como "en la balsa de la Medusa" al final de la legislatura. Tenemos ya por lo menos tres o cuatro comisarios que vuelven a sus países -lo cual demuestra que hay vida después de la Unión Europea-, pero esto está planteando un problema importante: no podemos seguir con una situación en la que nos encontramos con una interinidad que puede durar casi diez meses. Eso no es sostenible.

También llamo la atención sobre el hecho de que el Comisario griego, Sr. Dimas -y no creo que sea de su responsabilidad-, ha intervenido en el Pleno antes de pasar por la audición en la comisión correspondiente. Tenemos que tratar todos de cuidar las formas para respetar las mismas, eso es algo esencial en democracia.

En relación con la Constitución, me permitirá también, señor Presidente, que agradezca al ex alcalde de Roma, Sr. Rutelli, el gesto de solidaridad y dignidad que ha tenido proponiendo una enmienda -que espero que apruebe hoy el Parlamento- que haga que este tratado que tenemos que aprobar, la Constitución europea, lleve el título de "Constitución de Madrid". Me parece que es un gesto que nos honra a todos y, desde luego, yo pienso apoyarlo.

Por último, en relación con un punto importante que es Chipre, quiero reiterar, en nombre de nuestro Grupo, el apoyo incondicional a los esfuerzos que está haciendo el Secretario General de las Naciones Unidas para encontrar una solución al tema chipriota y, de paso, para ayudar a que el proceso de ampliación sea existoso. Creo que debemos hacer un llamamiento a ambas partes para que se aproveche esta oportunidad histórica y se unifique un país dividido desde hace cuarenta años, eliminando así el último muro que queda en Europa.

  Watson (ELDR). – (EN) Señor Presidente, ha pasado un tiempo desde la última vez que todos han salido sonriendo de un Consejo Europeo. Felicito a la Presidencia por una cumbre centrada que ha sido positiva en muchos aspectos. Esta cumbre ha puesto de manifiesto que existe otra Europa: la que consigue realmente que se hagan las cosas.

Los Liberales, Demócratas y Reformistas Europeos acogen con satisfacción la nueva voluntad de llegar un acuerdo sobre la Constitución Europea para el Consejo Europeo de junio. Señor Presidente en ejercicio, una serie de hechos y la astucia en la diplomacia han allanado el camino para el acuerdo. Como dice una bendición irlandesa: «que el camino salga a tu encuentro».

Esta Cámara quiere un trato a toda costa, pero nuestras condiciones no han cambiado ni lo harán. Esperamos que el tratado se base al máximo posible en el texto de la Convención. Esperamos que el Consejo respete los poderes presupuestarios del Parlamento y extienda la democracia en nuestra Unión mediante el voto por mayoría cualificada y una mayor codecisión. Esperamos que el Consejo contraiga los difíciles compromisos necesarios de buena fe y después vuelva para vender esos compromisos en casa. Esto no habrá terminado en junio. La ratificación es una montaña todavía por escalar.

Esta cumbre también ha actuado de forma decisiva para mejorar el modo en que nos protegemos del terrorismo en Europa. Mi Grupo acoge con satisfacción el nombramiento de Gijs de Vries como coordinador antiterrorista y solicita que se le dé un mandato claro para garantizar que realice su trabajo. El siguiente paso es reforzar los recursos de Europol y hacer que funcione: no a la nueva burocracia, a la duplicación, a las reticencias de las agencias de inteligencia europeas a las que no les gusta jugar con otros. Si esta no es nuestra defensa de primera línea contra el terrorismo, entonces es simplemente una apuesta barata por la seguridad de los europeos.

Los Liberales, Demócratas y Reformistas también apoyan un compromiso firme de ratificación de los instrumentos existentes, como la orden de detención europea. Hemos propuesto una tabla de clasificación de la implementación que sacará a la luz y avergonzará a los Estados que no se tomen en serio la seguridad de sus ciudadanos. El tono decisivo del fin de semana tiene que traducirse en actos. Seamos claros acerca de ese nuevo tono decisivo. Recordemos lo que los europeos –lo que los madrileños– han tenido que sufrir. Esta Cámara lleva solicitando con urgencia una política más concertada sobre el terrorismo desde antes de 11 de septiembre de 2001. Recordemos que cuando la Comisión solicitó 15 millones de euros para las actividades inteligencia contra el terrorismo el año pasado, el Consejo ofreció 1 millón de euros.

Los europeos se merecen más. Una política antiterrorista inspirada en el pánico invadiría muy probablemente las vidas privadas y erosionaría las libertades públicas. Datos biométricos, transferencias de datos de pasajeros, eso es lo que corremos el peligro de obtener.

Mi Grupo quiere recordar al Consejo que ha vuelto a ignorar la solicitud explícita de esta Cámara de discutir la detención sin juicio en la Bahía de Guantánamo y que se comprometa a plantear esta cuestión con los norteamericanos en la cumbre UE-Estados Unidos. Cualquier Gobierno europeo que cuente con que se olvide la cuestión no ha contado con la voluntad de esta Cámara.

Mi Grupo acoge con satisfacción el compromiso del Consejo de acelerar el ritmo de la reforma en torno a la Agenda de Lisboa. Recordamos al Consejo que el 40% de las directivas de mercado único no se han aplicado en todos los Estados miembros. Recordamos al Consejo que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento debe revitalizarse este año para que los europeos puedan confiar en la sólida gestión de la economía de Europa. El tono del debate público celebrado en Alemania y Francia sugiere que los Gobiernos europeos no están abogando propiamente por la reforma en su país, digan lo que digan en Bruselas.

Antes de esta cumbre, solicité una acción urgente en tres ámbitos: el terrorismo, la CIG y la reforma económica. Parafraseando a W. B. Yeats, de nuestras disputas con otros hacemos retórica, de nuestras disputas entre nosotros hacemos pobreza. La cumbre mostró voluntad de volver a los asuntos de Europa. Esperemos que la voluntad política se mantenga y el impulso dure, en bien de todos nosotros.

(Aplausos)

  Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Señor Presidente, las conclusiones de esta Cumbre de Primavera muestran que los líderes de los Gobiernos continúan obstinadamente con una política que es indiferente al deterioro de la situación económica y social, que hace la vista gorda ante los elevados índices de desempleo, la pobreza y la exclusión social y el aumento de las desigualdades sociales y hace oídos sordos a las protestas de los trabajadores amenazados por la deslocalización y reestructuración de las empresas multinacionales. Hemos visto un ejemplo de ello ayer mismo, con la multinacional canadiense Bombardier, que quiere cerrar muchas de sus unidades de producción en países como Alemania, el Reino Unido, Suecia y Portugal, y que, en lo relativo a mi propio país, es la única empresa dedicada a la producción de material rodante y vagones de tren.

Hoy está claro que, cuatro años después de las expectativas creadas por la llamada «Estrategia de Lisboa», que se aprobó durante la Presidencia portuguesa, la situación socioeconómica es considerablemente peor y no se ha logrado ni uno de los objetivos sociales. Esto lo demuestra el reconocimiento por parte del nuevo Comisario de Asuntos Sociales de que solo se ha logrado el 10% de los objetivos de la «Estrategia de Lisboa». Esto no ha impedido al Consejo anunciar más de lo mismo, a pesar de que estamos a menos de dos meses de la adhesión de diez nuevos países cuya situación económica y social no es muy halagüeña. La receta del Consejo para el éxito sigue siendo comprometerse con la «competitividad», fomentar lo que considera la cultura empresarial, aumentar la flexibilidad y la inseguridad laboral, reducir los costes de la mano de obra y moderar los salarios, atacar los servicios públicos, en otras palabras, con el plan neoliberal de los grupos económicos y financieros en lugar de preocuparse de las condiciones de vida y de trabajo de las personas, del desarrollo sostenible, de una mayor cohesión económica y social y de proporcionar un nuevo ímpetu a la inversión pública y social, específicamente en el ferrocarril, en la salud, en el medio ambiente, en la educación y en la investigación.

El Consejo sugiere que la prioridad debe ser adelantar el ritmo de las reformas en los campos del empleo, la seguridad social y la salud, a pesar de la creciente oposición pública a medidas que, en algunos de nuestros países, están poniendo en peligro los derechos sociales fundamentales. Lo que se está prometiendo es el continuo apoyo al proceso de liberalización y privatización en muchos sectores, demostrando un flagrante prejuicio contra el sector público.

No se puede permitir la continua intervención en este ámbito, porque esto amenaza la existencia de servicios y empleos públicos de alta calidad, esenciales para combatir la pobreza y para garantizar la inclusión social y un alto nivel de vida para toda la población.

Deben revisarse las políticas económicas y monetarias, deben detenerse las liberalizaciones y debe revisarse el Pacto de Estabilidad para priorizar los criterios sociales, el empleo, la formación, la educación y la investigación, todos ellos ámbitos esenciales para el desarrollo sostenible de Europa. Lo que se necesitan son medidas eficaces para frenar la deslocalización de las multinacionales y dar a las organizaciones de los trabajadores europeos el derecho a veto «suspensivo». Debe tratarse a los trabajadores con dignidad y el bienestar y el progreso social debe situarse en el centro del quehacer político de la Comunidad.

  Frassoni (Verts/ALE). – (IT) Señor Presidente, se ha dicho que ha sido un Consejo Europeo de una cohesión redescubierta tras la terrible tragedia de Madrid, que nos ha dejado totalmente claro que hoy todos somos víctimas potenciales del terrorismo indiscriminado, mediante el cual unos criminales blasfemos manipulan una gran religión en favor de sus propios fines sangrientos. Esperamos que realmente haya habido cohesión, pero después de leer las conclusiones y escuchar al Presidente en ejercicio del Consejo, y especialmente después de observar las medidas adoptadas por los Estados miembros y las propuestas hechas por la Comisión relativas al asilo y la protección de los datos personales de sus ciudadanos, debo expresar nuestra profunda preocupación. Pedimos que el Sr. Prodi y el Consejo tomen nota de la resolución que el Parlamento va a aprobar hoy en este sentido. Está redactada en un lenguaje muy diferente del suyo, señores.

Europa puede y debe elegir una vía de combatir el terrorismo distinta de la de los Estados Unidos, con sus mentiras, su carrera de armamentos, sus guerras preventivas y su Bahía de Guantánamo. Necesitamos una vía que pasa por la estabilidad democrática, respeto de los derechos humanos y rechazo de medidas de emergencia como condiciones necesaria para la acción a escala internacional y para la cooperación en el ámbito de la seguridad interior. ¿Qué es lo que vemos hoy en su lugar? Vemos la patética incapacidad de los Gobiernos de los Estados miembros para cooperar, ocultándose datos e información, como ha señalado el Sr. Solana; vemos que la Comisión hace propuestas alarmantes e insostenibles sobre el asilo que infringen claramente las convenciones internacionales, y propone la entrega de los datos personales de los ciudadanos a unos misteriosos organismos administrativos norteamericanos; también vemos a nuestro inveterado amigo, el Sr. De Vries, situado a la cabeza de un grupo de trabajo vagamente definido, otra vez totalmente intergubernamental, mientras por otra parte no emerge ni una sola idea para un plan de acción basado en reglas comunes aprobadas democráticamente.

Por eso ahora está bastante claro que realmente no queremos que nuestra policía y nuestros servicios secretos cooperen en la lucha contra el terrorismo, sino que queremos crear sistemas de vigilancia generalizada para los pasajeros y los ciudadanos, con la ilusión de que esto significa que estamos controlando todo. El grado de seriedad de nuestra lucha contra el terrorismo también puede medirse por la capacidad de la Unión Europea para dotarse de una Constitución, como hemos dicho todos hoy aquí: una Constitución capaz de mantener sus promesas de eficacia y democracia. El espíritu positivo de este Consejo Europeo, sin embargo, no nos libra de nuestra preocupación, aumentada hoy, señor Ahern, por su ambiguo mensaje sobre los famosos, o, mejor dicho, infames 82 puntos de la Presidencia italiana que de vez en cuando surgen como base para las negociaciones y que con igual frecuencia caen en el olvido. Si ese es el caso, y, por favor, si es así, dígamelo, entonces la nueva Constitución será simplemente una pálida e insostenible copia del Tratado de Niza.

El Consejo Europeo habló mucho de la economía y el crecimiento. Este torrente de palabras se encuentra también en las conclusiones, que enumeran tantos asuntos de importancia fundamental que no se puede realmente ver cuáles son las prioridades reales. La única cosa de la que estamos seguros es de que el medio ambiente no es una prioridad y para nosotros esto es un gran retroceso. No es sorprendente, entonces, que llegados a este punto muerto, y por falta de un plan de acción real, práctico y de un liderazgo político auténtico, se haya decidido hacer algo típico de la tradición socialista, aunque la mayoría de los Gobiernos actuales son de centro-derecha, como la creación de otro grupo de trabajo, presidido por otro gran hombre, el Sr. Wim Kok. Nunca escogen a una mujer, fíjense. Pienso que realmente sería una buena idea.

Nuestro objetivo, tengo que señalarlo, es de hecho un objetivo compartido. Tenemos que dar pasos para sacar a la economía europea del círculo vicioso de bajo crecimiento y elevado desempleo. Pero, sin embargo, expresamos nuestro escepticismo ante el enfoque apoyado por el Consejo Europeo y también, lamentablemente, por el Parlamento Europeo en su resolución, que en este sentido no podemos apoyar, un enfoque que hace de la competitividad un dogma absoluto.

¿En comparación con quién debemos ser competitivos? Pregunten a los electores que acaban de votar en Francia y en España; pregúntenles lo que piensan de los sistemas y condiciones de trabajo y bienestar de los Estados Unidos y los países en desarrollo. Se darán cuenta de que la estrategia que necesitamos es muy diferente, una estrategia que está perfectamente al alcance de la Unión Europea. Por supuesto, sería posible si la decisión se hubiese hecho para salir del pacto de estabilidad, que ahora está muerto pero todavía muy vivo en la retórica política, si se hubiese tomado la decisión de hacer uso de formas potenciales de crecimiento sostenible que todavía seguimos ignorando, y si se hubiese tomado la decisión de invertir en sectores de futuro, como la investigación, la energía limpia, el ecoturismo y el transporte público. Esto es lo que pedimos; este es el camino que queremos que sigan para lograr el crecimiento. ¡Algo distinto de puentes y autopistas!

  Collins (UEN). – (EN) Señor Presidente, yo también comparto la opinión de los anteriores oradores de que la cumbre de líderes de la Unión Europea fue un éxito en una serie de frentes. En primer lugar, sin duda hay buena voluntad por parte de los líderes de la Unión Europea para alcanzar un acuerdo sobre un nuevo Tratado de la Unión Europea, y quiero elogiar los esfuerzos del Presidente del Consejo, Taoiseach Bertie Ahern, por su función tan positiva al impulsar estas negociaciones recientemente.

El Taoiseach ha intensificado, sin duda, la serie de negociaciones bilaterales con otros Gobiernos de la Unión Europea con respecto a las disposiciones de un nuevo Tratado de la UE, pero como el propio Taoiseach dijo en Estrasburgo en enero, se trata de un trabajo que no puede hacer uno solo. Necesita la buena voluntad y el apoyo de muchas personas de los Estados miembros pequeños y grandes de la Unión Europea.

La CIG está avanzando ahora a un ritmo rápido. Ahora debemos consolidar la buena voluntad existente, asegurar el acuerdo en torno a las cuestiones fundamentales e intentar con todas nuestras fuerzas llegar a un acuerdo antes del 17 de junio sobre el nuevo Tratado europeo. Entiendo plenamente y pienso que esto no va a ser tarea fácil, pero no debemos subestimar los retos que tenemos ante nosotros.

Debemos ser realistas acerca de una situación en particular. Si no se alcanza un acuerdo sobre un nuevo Tratado europeo hasta la fecha de la próxima reunión del Consejo Europeo de líderes de la UE, será difícil llegar a un acuerdo a medio plazo. Esto sucede principalmente porque la dinámica de las instituciones europeas va a cambiar. Habrá un nuevo Presidente de la Comisión Europea, puede que la mitad de la Comisión sea sustituida, y la composición del Parlamento Europeo va a cambiar en julio de este año. Eso podría significar que dos de cada tres diputados presentes en este Parlamento serán sustituidos.

Quisiera instar a los Gobiernos de la Unión Europea a tomar el camino más largo y alcanzar un acuerdo que garantice el funcionamiento eficaz de la Unión Europea durante muchos años. Como ha dicho el Sr. Prodi aquí esta mañana, nuestra Unión Europea debe ser capaz de tomar decisiones. Ha dicho que ningún grupo pequeño de países debería poder obstaculizar las decisiones, y esto es así. Necesitamos un Tratado que garantice que las instituciones de la Unión Europea puedan tomar decisiones de modo simplificado y eficaz durante muchos años.

Hemos visto demasiados tratados de la Unión Europea en el pasado reciente. De hecho, hubo un momento en el que se sucedían tan rápido que se descartaban antes de aplicarse. Ahora todos esperamos la ocasión histórica de la ampliación el 1 de mayo, pero tenemos que cambiar el modo en que tomamos nuestras decisiones para garantizar que la Unión Europea se fortalezca como entidad económica y política.

La plaga del terrorismo internacional también debe ser atajada de raíz, y estoy totalmente de acuerdo con las opiniones y comentarios expresados por los oradores anteriores. Acojo con satisfacción el gran apoyo de los Gobiernos de la UE a una cooperación más estrecha en el ámbito de justicia y asuntos interiores. Los nombramientos de nuevo personal clave en Europa para hacer frente al terrorismo internacional en Europa merecen un aplauso, pero debemos recordar que la democracia es frágil y debemos mantener nuestros esfuerzos por promover el Estado de derecho y proteger las instituciones democráticas.

Al Qaeda representa un mal de naturaleza bárbara para el que la vida humana no tiene significado alguno. Desde su perspectiva, cuanta más gente pueda asesinar al Qaeda para debilitar la democracia en el mundo occidental, tanto mejor. Al Qaeda ha atentado en América, ha atentado África, ha atentado en Asia, ha atentado en el Oriente Próximo y ahora atenta en Europa. No obstante, quiero reiterar lo que el Sr. Poettering y otros han dicho: de ninguna manera debemos creer que todos los árabes son terroristas. Eso no es así, y nunca deberíamos permitir a nadie decirlo. La única manera de derrotar el mal del terrorismo para por una resolución colectiva, y acojo con satisfacción las medidas recientes tomadas por los Gobiernos europeos a este respecto.

(Aplausos)

  Abitbol (EDD). – (FR) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, como quizá ya sepan, las elecciones europeas van a tener lugar del 10 al 13 de junio próximos. Pero es a un perfecto simulacro de democracia al que se va a convocar a unos 300 millones de electores de 25 países. En efecto, las verdaderas bazas se les ocultarán cuidadosamente.

¿La Constitución? ¡Circulen, no hay nada que ver! Se la desvelaremos después de las elecciones, unos días después, para mostrar claramente el desprecio que tenemos al sufragio universal, o bien, más bien, el miedo que nos inspira. Oh sí, empieza bien, esa Europa suya, más democrática, más transparente, más próxima de los ciudadanos: con un escamoteo.

¿La entrada de Turquía, que cambiaría la naturaleza misma del proyecto europeo? Circulen, no hay nada que ver. Les comunicaremos nuestra decisión después de las elecciones y muchos de los que se disponen a abrir a este país en octubre las puertas de la adhesión, harán campaña en junio jurando por Dios –se puede volver a decir– que se oponen a ella.

Señor Presidente en ejercicio del Consejo, tiene hoy una gran responsabilidad: tiene que adelantar el Consejo de junio para que se celebre antes de las elecciones europeas –una semana bastaría–, para que las primeras elecciones de la Europa ampliada no sean una mistificación más. Porque si fuera así, a semejante escala, no dude, señor Presidente, de que tendremos un efecto de retroceso de la misma magnitud que el insulto que hacemos a la democracia en Europa.

  Cappato (NI). – (IT) Señor Presidente, sobre el tema del coordinador antiterrorista creo que es un error tomar el atajo de la cooperación de las burocracias nacionales sin ningún control democrático o judicial. Al igual que con Europol, en el caso de Eurojust no es simplemente un asunto de derechos y libertades individuales, por muy graves que estos temas puedan ser, sino también un problema de eficacia: de hecho, no han logrado otorgar verdaderos poderes a este coordinador para la lucha contra el terrorismo. Esto no es coherente con alguien que quiere ver medidas antiterroristas más eficaces y una capacidad de reacción más rápida, alguien que no quiere menos democracia, que es el sueño de toda burocracia, sino más democracia y más Estado de derecho. Si la creación del señor Antiterrorismo va a ser el paradigma de la nueva Constitución que queremos, toda modesta ampliación de poderes a costa de abandonar la democracia y el Estado de derecho no es el camino que queremos seguir.

Una última palabra sobre el Iraq. La Unión Europea pide la intervención de las Naciones Unidas, pero la pide para ocultar su propia incapacidad. Los terroristas tienen una agenda política, un objetivo político, que es la retirada de Europa, o lo que queda de Europa, del Iraq. Nosotros habríamos preferido que la Unión Europea hubiese tenido la fuerza para elegir, proponer y decidir hacer lo contrario de lo que los terroristas quieren.

  Doyle (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, el atentado terrorista en Madrid fue un ataque contra todos los que creemos en la democracia. Acojo con satisfacción la resolución de la cumbre de primavera de nombrar un coordinador contra el terrorismo. Todos nuestros Estados miembros deben cooperar plenamente para minimizar los riesgos para todos nuestros ciudadanos.

El líder de mi Grupo, el Sr. Poettering, tiene razón: no debemos equiparar el mundo árabe con el terrorismo. Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para trabajar con los muchos líderes y portavoces del mundo árabe que sienten lo mismo que sentimos en Occidente acerca de estas atrocidades.

La clave, sin duda, es la resolución del intratable problema del Oriente Próximo. Nunca debemos olvidar que el terrorismo tiene su raíz en la pobreza y en la exclusión social, y que, mientras discutimos sobre la gobernanza económica de la UE en la cumbre de primavera, debemos darnos cuenta de que nuestro crecimiento económico depende de la paz y de la estabilidad que, a su vez, dependen de nuestros esfuerzos por garantizar la estabilidad y el crecimiento económico en aquellas partes del mundo en las que la pobreza y la exclusión social son la norma para millones de hombres y mujeres jóvenes. Contrarrestar el terrorismo significa en gran medida contrarrestar la pobreza.

Por lo que se refiere a la agenda de Lisboa, le digo a nuestro Taoiseach que hemos vuelto a fracasar en el progreso de nuestra tan citada ambición para que la UE se convierta en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo para 2010. Sus palabras, señor Presidente en ejercicio, sobre debates fructíferos, nuevos enfoques para cuestiones clave, crecimiento y empleo sostenible, etc., etc., etc., podrían ser las de cualquier Presidente en ejercicio de los últimos cuatro años: todos ellos han dicho exactamente lo mismo. Me temo que no ha habido progreso alguno sobre la transposición práctica en nuestros Estados miembros. Solo tienen que ver el hecho de que 400 000 investigadores formados en la UE trabajan hoy en los Estados Unidos. Los educamos, les damos conocimientos y entonces se van. El beneficio de ese conocimiento se produce en otras partes del mundo.

Señor Presidente en ejercicio, ¿por qué ha decidido la Presidencia irlandesa iniciar relaciones diplomáticas con la dictadura militar de Birmania? ¿Por qué ahora? Lo hemos evitado con muy buenos motivos durante muchos años. Por favor, respóndame, pero no me diga que como Presidente en ejercicio no tenía otra opción que negociar en nombre de la UE. Me opongo firmemente, y estoy segura de que también lo hacen muchos irlandeses y muchos diputados aquí presentes, a que Irlanda inicie relaciones diplomáticas con una dictadura militar que controla a los ciudadanos birmanos en contra de la voluntad de su pueblo.

Por último, permítanme hacerme eco de las palabras que mi colega el Sr. Watson ha utilizado y decir «que el camino salga a tu encuentro» – «go ndeirig an mbóthar leat». A todos los implicados en la Presidencia irlandesa, ojalá consigan firmar el Tratado Constitucional en junio. Tienen todos nuestros buenos deseos. Gracias por el progreso en materia de consulta realizado hasta la fecha. Gracias, como Enda Kenny dijo recientemente en el Dáil, a la Representación permanente y a todos los funcionarios que están entre bastidores que han hecho que esta Presidencia sea técnicamente muy buena.

(Aplausos)

  Hänsch (PSE). – (DE) Señor Presidente, Taoiseach, todos los hombres y mujeres presentes acogerán con agrado el hecho de que usted haya podido resucitar el tema de la Constitución. Aunque no es un avance decisivo, lo que usted ha logrado es un gran paso hacia delante. Puede contar con nuestro apoyo para cada paso adelante en el proceso de elaboración de la Constitución.

Hay tres asuntos que todavía nos preocupan particularmente: el primero es la mayoría cualificada. Nos complace que parece que se ha aceptado el principio de la doble mayoría. Sin embargo, en el diseño de esta doble mayoría, el objetivo esencial es no fortalecer la minoría de bloqueo, no facilitando que la Unión Europea se vea frenada, sino fortaleciendo su capacidad de decisión. Por favor, no acepte compromisos mezquinos en este ámbito.

El segundo asunto es la mayoría cualificada en política interior y jurídica. En vista de la necesidad de ser capaces de actuar contra la amenaza del terrorismo internacional, Taoiseach, el objetivo no puede volver a ser la ampliación de la unanimidad, sino que la tarea debe ser la introducción de las decisiones por mayoría también en el ámbito de la política interior y jurídica. Esto es necesario también, pero no solo, para hacer más eficaz la lucha contra el terrorismo.

En tercer lugar, será usted consciente de nuestras reservas, nuestras preocupaciones y nuestras demandas en lo relativo a las normas presupuestarias del Parlamento Europeo. Quisiera recordárselas, pues el resultado de la Convención, el proyecto de la Convención, es como tal un compromiso que no ha encontrado gran aceptación en esta Cámara. Sin embargo, le digo ahora que una Constitución que tiende a reducir el derecho intrínseco de todo Parlamento, es decir, el derecho de establecer el presupuesto, no podemos aceptarlo en el Parlamento Europeo.

Finalmente, un comentario particular, Taoiseach, sobre la Presidencia irlandesa: para lo que tienen que hacer en los próximos tres meses no hay mejor símbolo que el arpa irlandesa. Esto es así porque todos los pueblos de Europa son como las cuerdas de un arpa; cada país con su propio tono, pero hay que tocar todas las cuerdas si se quiere obtener una melodía. Taoiseach, afine las cuerdas, haga vibrar a sus colegas Jefes de Gobierno y cante. Termine en junio con la melodía que todos los europeos están esperando, el Himno a la Alegría de Beethoven: «Freude, schöner Götterfunken».

(Aplausos)

  El Presidente. ¡Vaya, diplomacia con símbolos irlandeses de un bando inesperado!

  Malmström (ELDR). (SV) Señor Presidente, por supuesto que es una gran tragedia que tengan que producirse actos de terrorismo como el que hemos visto en Madrid para que los líderes de Europa vuelvan a mostrarse unidos. A pesar del hecho de que el terrorismo ha mostrado su feo rostro en varios Estados miembros en ocasiones anteriores, habíamos creído quizás ingenuamente durante mucho tiempo que estos grandes ataques nunca nos sucederían a nosotros. Ahora nos damos cuenta de que la lucha debe realizarse a nivel mundial, pero también mediante una intensificación de la cooperación europea. Por eso es bueno que en esta cumbre del fin de semana se hayan dado muchos pasos importantes, aunque sean insuficientes. Debemos crear precondiciones mucho mejores para la coordinación de los servicios de inteligencia y también, con el tiempo, crear una especie de FBI europeo que también sea operativo. Así como los bellacos y los criminales actúan de forma transfronteriza, del mismo modo debe actuar el largo brazo de la ley.

Sin embargo, la tarea más importante en la lucha contra el terrorismo es la tarea de la paz y el desarrollo, y la UE puede hacer mucho en este sentido. Una política exterior unida es un medio importante para este fin. Es muy importante, por tanto, que se aprueben las propuestas de la Convención en este ámbito. Quiero agradecer a la Presidencia la tarea que está haciendo en este ámbito.

  Marset Campos (GUE/NGL). – (ES) Señor Presidente, con emoción recibimos y compartimos la solidaridad con las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo expresada por el Consejo, la Comisión y especialmente por usted, señor Presidente Pat Cox. Asimismo, suscribimos la propuesta de dedicar cada año ese día a la memoria de las víctimas del terrorismo.

Pensamos que las medidas de coordinación policial y judicial y de información, así como la creación de un responsable contra el terrorismo a escala europea son positivas en la lucha contra el terrorismo, pero no debemos caer en la histeria controladora y de suspicacia de la que ha hecho gala Estados Unidos, con la Patriot Act, con las medidas que atentan a los derechos humanos y a las bases de la democracia y la libertad.

Ése es, junto con el terror, uno de los objetivos de los terroristas: minar la democracia. En ese sentido, no estamos de acuerdo con las propuestas de control policial que suponen datos biométricos y similares. Nos parece que la respuesta que ha dado España y Europa, tan alejada de la que dio Estados Unidos ante el 11 de septiembre, es la adecuada. En lugar de inclinarse por la agresividad, la reacción militar y la reducción de libertades o invadir países, hemos puesto énfasis en la persecución policial, para llevar ante la justicia a estos criminales.

Justamente el papel internacional de Europa puede y debe encaminarse a conseguir un mundo más justo y solidario, sin pobreza ni desigualdades, que prive de toda justificación, siempre condenable, a los asesinos de la democracia y de la libertad. Entre estas medidas, de una orientación totalmente diferente a la estadounidense, están las que suponen acabar con la ilegal e injusta ocupación de Iraq y el reconocimiento del Estado de Palestina, para poner fin a otra ocupación ilegal, igualmente asesina, la de Palestina por las tropas de Israel.

Haría falta celebrar una conferencia mundial contra el terrorismo bajo la égida de la ONU, donde se puedan expresar las diferentes medidas: la cooperación entre las policías; los problemas estructurales: pobreza, deuda, desigualdad; el papel de las instituciones financieras y también de las distintas entidades comerciales; la lucha contra los paraísos fiscales y el blanqueo de dinero. Estas medidas también han sido mencionadas por la Sra. Doyle.

Por último, en relación con la posible y deseable modificación y terminación de la Constitución Europea -que se ha abierto a partir de la designación del Sr. Zapatero como candidato para Presidente del Gobierno de España, junto con otros movimientos en Europa-, pensamos que sería importante aprovechar esta oportunidad para, junto con la reforma necesaria en la toma de decisiones, lograr más democracia y más solidaridad en la Constitución Europea, con un control parlamentario y de la soberanía popular sobre el Banco Central Europeo y una modificación del Pacto de Estabilidad que suponga progreso en toda Europa.

  Ortuondo Larrea (Verts/ALE). – (ES) Señor Presidente, el pasado 11 de marzo, todos los eurodiputados nos incorporamos al Parlamento horrorizados por la noticia de la masacre terrorista en Madrid, a las 7.30 de la mañana.

Permítanme, en primer lugar, expresar mi pésame, condolencia y solidaridad con las víctimas y sus allegados, así como mi rechazo a toda clase de terrorismo.

Aquella mañana yo había sentido como un mazazo especial, añadido a tanta sangre y a tanto dolor, que su autoría pudiera haber sido obra de unos fanáticos ultrarradicales vascos de ETA. A media mañana, tuve la oportunidad de escuchar una cadena de televisión belga, que apuntaba la posibilidad de su autoría por un terrorismo islámico. Cuando, a mediodía, en el hemiciclo se planteó como enmienda oral que se declarara el 11 de marzo como día europeo contra el terrorismo, el diputado proponente culpó a ETA. Para entonces ya se había producido la llamada temprana a la policía del testigo que vio a tres encapuchados en Alcalá de Henares y se había encontrado la furgoneta con los detonadores y la cita con los versos del Corán. Y también se habían producido las declaraciones contrarias al atentado y de la autoría de ETA, por parte del portavoz de Batasuna. Ya se sabía que el atentado no había sido obra de ETA y, pese a ello, se presionó y se logró mantener artificialmente la autoría de ETA en la Resolución del Parlamento Europeo y en la del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Por todo ello, comprendí que el Gobierno español del Partido Popular del Sr. Aznar estaba tratando de desviar su responsabilidad por participar en la invasión de Iraq, en contra de la opinión de los ciudadanos españoles, de la ONU y de la legalidad internacional, y aprovechaba, una vez más, la oportunidad para echar la culpa a ETA y a los nacionalismos de los problemas que autoritarismo e intolerancia, como la suya, han generado en España y en el mundo.

Tampoco le sirvió de nada el descubrimiento de una mochila con detonadores explosivos y un teléfono móvil manipulado por islamistas; ni los reiterados comunicados reivindicando los atentados por la organización Al Qaeda. El Partido Popular seguía echando la culpa a ETA, mediante llamadas personales del Sr. Aznar a los principales diarios y de la ministra de Asuntos Exteriores a los embajadores, así como a través de las inefables comparecencias públicas del ministro Acebes.

Y, lo que es peor, millones de ciudadanos europeos y gobiernos de otros Estados fueron descaradamente engañados por el Gobierno popular, a quien no importó un bledo el riesgo de repetición de atentados y muertes en otras ciudades, con tal de que los españoles no supieran, hasta después de las elecciones del domingo 14, que el horror padecido en Madrid era una respuesta a la guerra injusta e ilegal de Iraq.

Afortunadamente, la ciudadanía española supo reivindicar la verdad y despachar del gobierno a quienes pretendieron engañarle. Y ojalá que nos convenzamos pronto de que la mejor receta contra el terrorismo es acabar con la injusticia y la pobreza, que tan extendidas están por el mundo, y así podremos vivir en paz.

  Bonde (EDD). – (DA) Señor Presidente, 25 países han acordado ahora elaborar una Constitución de la Unión Europea hasta el 17 de junio. Ya se han negociado compromisos entre bastidores y se ha aprobado como principio una doble mayoría con la población como elemento decisivo. Lo que ahora se está negociando son los porcentajes según el número de países y el número de ciudadanos. También hay negociaciones sobre una Comisión más pequeña a partir de 2014, de modo que no todos los países tendrán un Comisario. Lo que no se pueda acordar ahora podrá decidirse después por mayoría cualificada.

En lugar de esto, nosotros proponemos que todos los países mantengan un Comisario y que el Comisario sea elegido por los Parlamentos nacionales y tenga la obligación de responder ante ellos, para mantener el principio democrático. También proponemos que se exija para una mayoría cualificada el 75% de los países, que al mismo tiempo representen al 50% de la población. También queremos un adelgazamiento de la UE, la abolición de la mayor parte de las 100 000 páginas de legislación de la Unión Europea y que los Estados miembros legislen en todas las materias que no tienen una dimensión transfronteriza. En lugar de ello, la UE debe centrarse en aquello en lo que los países mismos no pueden legislar de forma eficaz. En los casos en los que nosotros mismos somos incapaces de actuar, no tenemos ninguna democracia que perder, sino que podemos ganar influencia común allí donde de otro modo seríamos impotentes.

Es posible que en esta Cámara se ridiculicen las propuestas minoritarias de la Convención de la UE. Mi experiencia de todas las visitas y reuniones de grupo es que los quince puntos de la minoría se corresponden mucho mejor con la actitud de la mayoría de los votantes. Todos los que tengan alguna duda sobre esto pueden mirar las elecciones regionales en Francia, donde el gran líder y Rey Sol de la Convención de la UE pronto será el ex alcalde de un municipio. Adiós, Giscard d´Estaing. Nos veremos en los referendos sobre la Constitución de la UE.

Por último, deseo felicitar a Bertie Ahern por el nombramiento de nuestro antiguo colega, el Sr. Gijs de Vries, como coordinador antiterrorista. Siempre ha luchado por la apertura y los derechos de los ciudadanos. Es alguien en quien tengo confianza, al contrario que el jefe de OLAF, que roba ordenadores y teléfonos y libretas de direcciones para revelar las fuentes de los periodistas.

  Claeys (NI). – (NL) Señor Presidente, en vista del poco tiempo que se me ha asignado, debo limitarme a un aspecto, que es el problema que muchas personas tienen en Europa con la definición del problema del terrorismo. El terrorismo no es simplemente un problema aislado; debe verse, en su mayor parte, en el contexto del extremismo islámico. Esto puede verse en todo el mundo y no necesito dar ejemplos recientes de esto.

Debemos aprender a aceptarlo y tenerlo en cuenta al definir las estrategias antiterroristas. Por ello debemos poner freno, en primera instancia, al creciente extremismo islámico dentro de la UE. En Bélgica, por ejemplo, los servicios de seguridad del Estado se quejan de que les faltan los medios necesarios para controlar al fundamentalismo musulmán. Recientemente, el Gobierno belga nombró a ocho conocidos fundamentalistas para el ejecutivo musulmán, del que constituirán la mitad. Mientras tanto, en algunas mezquitas, al igual que en todas partes en Europa, se proclama la yihad.

Hoy veremos la presentación a esta Cámara del informe sobre antisemitismo elaborado por el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. Se trata de la versión depurada, porque en la versión original se señalaba que el antisemitismo se produce sobre todo entre los inmigrantes islámicos y por esto hemos empezado a censurar nuestros propios informes. Mientras sigamos atascados en este autismo políticamente correcto, no podremos desarrollar una estrategia eficaz contra el terrorismo que nos amenaza.

  Galeote Quecedo (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, quiero agradecer, en nombre de los eurodiputados del Grupo del PPE-DE, las innumerables muestras de solidaridad, y a usted, personalmente, le agradezco su apoyo y su compañía en los momentos de dolor.

Nuestro recuerdo permanente está, por supuesto, con las víctimas y con sus familiares. Por ello, con otros colegas, tomamos la iniciativa en la Comisión de Libertades Públicas de recomendar a la Unión Europea que fijara un día en memoria y recuerdo de las víctimas. El Pleno decidió que fuera el 11 de marzo y me congratulo de que esa propuesta haya sido ratificada por el Consejo -lo decidió casi por unanimidad. El Sr. Ortuondo no lo apoyó y él sabrá y explicará por qué.

Pero el apoyo a las víctimas desde las instituciones europeas no debe ser solo moral, sino también material. Para cubrir estas necesidades, mi Grupo ya solicitó la inclusión, por primera vez en el presupuesto de 2004, de una línea de un millón de euros destinada a crear un programa piloto de apoyo a las víctimas del terrorismo y a sus familiares. Las circunstancias, desgraciadamente, demuestran que hay que hacer más y, sin menoscabo de nuestro apoyo a las medidas de asistencia a las víctimas, que el Consejo ha aprobado, quiero expresar aquí nuestra voluntad de que se incremente significativamente la dotación financiera del proyecto piloto de ayuda a las víctimas, elevando el rango de dicho proyecto a una acción comunitaria de gran envergadura. Ese es, señor Presidente, el compromiso del Grupo del PPE-DE que ha sido incluido entre las prioridades políticas para la próxima legislatura y que prevé la creación de un fondo europeo de compensación para las víctimas del terrorismo.

Señoras y señores eurodiputados, tras el 11 de septiembre se aprobó el plan de acción contra el terrorismo y, sin embargo, el 11 de marzo de 2004, algunas de las medidas allí previstas todavía no se habían transcrito a los ordenamientos nacionales. Reitero aquí la petición que han hecho varios de los colegas, porque es esencial la colaboración de los Estados miembros en la pronta incorporación de las medidas adoptadas en el marco del tercer pilar. Es de vital importancia mejorar la seguridad en el sector de la prevención en Europa.

Para finalizar, quisiera recordar, señor Presidente, desde la experiencia de mi país, que la derrota del terrorismo no es fácil, exige persistencia y tenacidad, pero es un reto ineludible de todos los europeos si queremos seguir viviendo en sociedades libres y democráticas. Nadie está libre de esa amenaza y sería una tragedia que algunos quisieran escapar de ella mirando para otro lado. Al contrario, la superaremos si la afrontamos juntos, con firmeza democrática y con la fuerza del Estado de Derecho.

  Terrón i Cusí (PSE). – (ES) Señor Presidente, después del 11 de septiembre este Parlamento trabajó deprisa y muy en serio apoyando a la Comisión y pidiendo al Consejo una serie de medidas para hacer frente al terrorismo.

Las instituciones de la Unión se pusieron a trabajar con eficacia para obtener una definición común del delito de terrorismo, para obtener y poner en marcha la orden de búsqueda y captura.

Se hicieron en esta sede, y en otras sedes comunitarias, grandes proclamas a favor de una mayor cooperación policial, a favor de reforzar la task force de jefes de policía, a favor de una Europol operativa, bajo control judicial efectivo; se hicieron, además, esfuerzos para conseguir el establecimiento de garantías mínimas procesales y, en definitiva, para crear un marco que pudiera ofrecernos mayor seguridad y mayor agilidad, ante situaciones como la que se había producido en Estados Unidos.

Esto sucedía además durante el debate sobre la nueva Constitución, que abría un marco de oportunidades importante para mejorar el espacio jurídico en el que enmarcar la cooperación policial y judicial y para someterla al muy necesario control parlamentario. Pero el momento pasó, y las medidas propuestas fueron avanzando solo por inercia, a un ritmo, Señor Presidente, que aún hoy no han llegado a ninguna parte.

Ha sido necesario vivir el horror que hemos vivido para que volvamos a hablar en sesión solemne, un miércoles por la mañana, de ello. Señor Presidente, el 11 de marzo todos hicimos un triste papel. Si hay algo que los ciudadanos esperaban de nosotros es cooperación para ofrecer seguridad, y lo que escenificamos, por distintas razones, y con distintos grados de responsabilidad, fue una verdadera ceremonia de la confusión.

Tiene razón la Comisión Europea cuando dice que no necesitamos nuevas ideas. Necesitamos solo poner en práctica las que están sobre la mesa, ya aburridas, y demasiado manoseadas. Aun así no hemos escapado a la tentación de tener una nueva y hemos creado un "Mister terrorismo" que no sé muy bien qué hará, si no mejoramos el marco global de confianza mutua.

Europa puede y debe marcar la diferencia. No necesitamos una Patriot Act europea. Podemos y debemos ofrecer más seguridad a partir de confianza mutua y de cooperación fuerte en estricto respeto a las libertades y derechos que el terrorismo quiere destruir.

Espero que la próxima vez que hablemos de esto no sea con lágrimas aún recientes, sino con la voluntad firme de estar a la altura del mundo de hoy. Un mundo en el que Europa, trabajando a favor de una cooperación interna, puede ofrecer también un camino y una guía para -en el marco de Naciones Unidas y de una acción multilateral- hacer frente a los peligros importantes a los que nos enfrentamos.

  Duff (ELDR). – (EN) Señor Presidente, el Taoiseach afirma que, en su opinión, el principio del sistema de la doble mayoría ya está aceptado. Sin embargo, a mí me parece que todavía no está aceptado en la práctica, porque hay diversos Ministros intentando complementar la fórmula de la doble mayoría con nuevas cláusulas de cualificación que permitirían a un número determinado de Estados miembros formar una minoría de bloqueo. Yo recomendaría firmemente a la Presidencia que rechace estas complicaciones superfluas. Sería mucho mejor conseguir una fórmula simple, es decir, 55/55, que elimine la necesidad de una tercera llave. Europa no se puede construir basándose en ecuaciones matemáticas, sino en la confianza política.

  Kaufmann (GUE/NGL). – (DE) Señor Presidente, los atentados criminales en Madrid muestran claramente que Europa se ha convertido en objetivo directo del terrorismo internacional. Esto sitúa a la Unión Europea en una nueva posición. El mundo político debe tenerlo en cuenta tanto a corto como a largo plazo. Desafortunadamente, los Jefes de Estado y de Gobierno se han limitado exclusivamente al corto plazo, a un activismo exagerado, que a fin de cuentas produce solamente una ilusión de seguridad en lugar de una seguridad real, y que también corre el riesgo de acabar en un Estado Gran Hermano orwelliano en el que los derechos básicos de los ciudadanos se sacrifican cada vez más. No es simplemente que, como actualmente estamos también experimentando en Alemania, cada día «se saque a la palestra una nueva idea en materia de política de seguridad». Benjamín Franklin, el padre de la Constitución norteamericana, tenía razón al decir que una persona que está dispuesta a sacrificar su libertad para ganar seguridad perderá ambas. No es posible impedir los atentados terroristas con medios militares, es decir, con la guerra.

Mi crítica principal a las resoluciones del Consejo Europeo se refiere sobre todo a su incapacidad para entender la verdad básica de que la lucha contra el terrorismo es una de las tareas estratégicas de la Unión Europea. Esto es así porque el terrorismo y la criminalidad solo pueden combatirse con éxito si se actúa políticamente para combatir sus causas en el caldo de cultivo que suponen los profetas del odio y la violencia. La pobreza, la explotación, la desesperanza y la pérdida de los derechos y el desprecio de los sentimientos religiosos y las tradiciones culturales son lo que inducen al terrorismo y a la violencia. Por eso digo que la mejor prevención y la mejor protección contra el terror, la violencia y la guerra es un orden internacional justo. Por ello Europa debe desarrollar una política convincente, que busque un equilibrio de intereses pacífico y justo entre el norte rico y el hemisferio sur y acabe con el saqueo del llamado «tercer mundo».

Las tareas inmediatas incluyen la retirada de los Estados Unidos y de sus aliados del Iraq, la resolución pacífica del conflicto de Oriente Próximo, y también un embargo de las exportaciones de armas europeas. Estas son las tareas estratégicas a largo plazo que debe proponerse la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo.

  Booth (EDD). – (EN) Señor Presidente, la Cumbre Europea celebrada en Bruselas la semana pasada dio el mandato a la Presidencia irlandesa de llevar a término las negociaciones sobre el Tratado constitucional antes de la próxima cumbre del 17 de junio. Pasar de una Unión de 15 Estados miembros –que pronto serán 25– a un Estado único con personalidad jurídica, cuyas leyes primarán sobre las de esos Estados miembros, es un paso que, en opinión de mi partido, el Partido por la Independencia del Reino Unido, no se debería dar sin consultar el deseo expreso de la población mediante un referendo.

Nuestros políticos de Westminster votaron ayer en contra de conceder al electorado británico ese derecho. Sin duda, esta decisión provocará descontento entre la población. Continuaremos ejerciendo presión sobre nuestro Gobierno para que acceda a celebrar un referendo. Los sondeos de opinión demuestran que los británicos, si tuviesen la oportunidad, rechazarían esta Constitución. La opinión clara de mi partido es que Gran Bretaña estaría mucho mejor fuera de la Unión Europea y el primer paso hacia esa posición sería negar al Sr. Blair el mandato para firmar la Constitución. Si la firma, seamos claros: significará el fin de nuestro derecho al autogobierno.

  Raschhofer (NI). – (DE) Señor Presidente, Señorías, la cumbre, como ya se ha dicho hoy repetidamente, se realizó bajo la sombra de los atentados de Madrid. Es una señal positiva que se haya nombrado un coordinador antiterrorista y que se haya aplicado la cláusula de solidaridad del proyecto de Constitución. Son signos de la necesaria colaboración europea que pueden imputarse al haber de la cuenta. Sin embargo, para ser francos, el conocimiento de que la policía y los servicios de seguridad deben cooperar y que los resultados de las investigaciones deben intercambiarse más allá de las fronteras no es nuevo.

Desde los atentados del 11 de septiembre ha habido muchas palabras, pero no muchos actos. Europa se mueve lentamente, como dijo una vez Robert Schuman. ¡Qué gran verdad! La estrategia de Lisboa de 2000 tiene el ambicioso objetivo de hacer de la UE la zona económica más fuerte del mundo. Todavía estamos esperando resultados. En Laeken se dio el pistoletazo de salida para una Constitución, pero Polonia y España, y también Francia y Alemania, no han desempeñado un papel distinguido en la Cumbre de Bruselas. ¿Se entrevé el final del bloqueo? La esperanza en este sentido no está injustificada. La Presidencia irlandesa ha hecho hasta ahora un buen trabajo. Sin embargo, soy realista y veo que muchos capítulos del proyecto de Constitución todavía son controvertidos: la cuestión de cuántos Comisarios debe haber por cada país, el principio de rotación, la ponderación de los votos. Pero no se cuestiona el hecho de que la Comunidad ampliada debe ser capaz de actuar, al menos de boquilla. Espero que los hechos sigan a las palabras.

  Evans, Jonathan (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, mi partido y nuestros 37 diputados al Parlamento Europeo comparten las palabras del comunicado del Consejo que expresa su simpatía y solidaridad con las víctimas de los atentados terroristas de Madrid, con sus familias y con el pueblo español.

Con respecto a Lisboa, acojo con satisfacción muchos de los puntos de la declaración del Consejo: la necesidad de una importante reforma estructural, la realización del mercado interior, mejora de la normativa e intercambio de las mejores prácticas. Sin embargo, las actuales economías europeas siguen siendo tan restrictivas e inflexibles que el progreso será difícil de conseguir. Todavía existe, debo decir, un silencio ensordecedor sobre nuestra propia incapacidad para reducir el afán regulador, que afecta seriamente a nuestra competitividad y destruye puestos de trabajo. Por desgracia, las buenas intenciones no sustituyen a las medidas prácticas.

Con respecto a la Constitución, el líder del partido del Sr. Watson y del Sr. Duff en el Reino Unido se ha unido a mi partido en un llamamiento a que se celebre un referendo en este país sobre la Constitución. El lunes afirmó en la Cámara de los Comunes que la Constitución era necesaria, con el fin de definir y aclarar los límites de la competencia de la Unión Europea. La cuestión, según dijo, es: ¿tiene esta Constitución implicaciones constitucionales? La respuesta que dio fue un «sí» rotundo.

Usted ha afirmado, Taoiseach, que los Gobiernos de los Estados miembros deben demostrar flexibilidad y compromiso en todos los sentidos; he tomado nota de sus palabras. Sin embargo, en ese mismo debate el Sr. Blair afirmó que las cuestiones fiscales, de seguridad social, del descuento para el Reino Unido, política exterior, defensa y justicia penal forman parte de nuestra idiosincrasia nacional, e insistiremos en ellas. Así pues, hay otros dos asuntos. En primer lugar, con respecto al asilo y a la inmigración en ese debate el Sr. Blair aseguró al pueblo británico que era una auténtica tontería sugerir que la Unión Europea tendrá competencia alguna a la hora de determinar cualquier decisión política o legislación en este ámbito. En segundo lugar, con respecto a la Carta de los Derechos Fundamentales, aseguró al pueblo británico que el Tribunal de Justicia Europeo no tendría ninguna competencia para hacer cumplir esta Carta ni los derechos expresados en la misma. Creo que la situación jurídica es muy distinta y le agradecería que nos diese su opinión.

No es de extrañar, cuando nuestro Primer Ministro niega que una Constitución para la Unión Europea tenga alguna implicación constitucional, que el pueblo tenga dificultades para confiar en él. Por esta razón mi partido opina que deberíamos confiar en el pueblo y celebrar un referendo.

  De Rossa (PSE). – (EN) Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar a la Presidencia irlandesa, al Taoiseach, al Ministro Roche y al Ministro Cowen, por los progresos que han hecho en torno a la Constitución Europea. Resulta extraño que tenga motivos para alabar el trabajo de este Gobierno, pero cuando se lo merece lo hago de buen grado.⁽¹⁾

Habiendo felicitado a la Presidencia irlandesa, me gustaría elogiar también el compromiso y la profesionalidad del cuerpo diplomático y de la administración pública irlandesa, sin cuyo apoyo no habría sido posible el progreso. Se ha dado un enorme paso adelante, pero todavía debemos llegar a una conclusión con respecto al texto. Como uno de los 200 parlamentarios de todas las partes de Europa que elaboraron este texto en un foro abierto, debo decir que lo que tenemos es una propuesta de tratado cualitativamente diferente de cualquier tratado que se haya presentado jamás a los ciudadanos de Europa. Por lo tanto, es importante que cualquier nueva negociación o intento de cambiar compromisos difíciles se haga en un foro lo más abierto posible. Creo que no sería aceptable para este Parlamento, ni para los ciudadanos de Europa, que los acuerdos se alcancen a puerta cerrada, lo que afecta seriamente a la coherencia, los valores, los objetivos y la capacidad de actuar que ofrece el texto actual. Es importante, si queremos conseguir la ratificación de los 25 Estados, que el proceso que está llevando a cabo actualmente la Presidencia intente garantizar que los ciudadanos también estén implicados en el mismo.

Con respecto a la cuestión del terrorismo, aquí se ha insistido con acierto en que la inteligencia es la clave para vencer al terrorismo. Me gustaría sugerir que debemos entender el concepto de «inteligencia» en su sentido más amplio. La recopilación de información es importante para prevenir terribles atrocidades, como las ocurridas en Madrid. Sin embargo, el uso de nuestra inteligencia también es necesario para acabar con el sentimiento de alienación e injusticia que tienen muchos de los que son reclutados para cometer este tipo de actos horribles. No basta con que simplemente intentemos mejorar nuestra capacidad de arresto, detención, imputación y encarcelamiento, aunque es importante; debemos estar en guardia frente a las acciones que minan los principales derechos que pretendemos defender. Tenemos que asegurarnos de mejorar también nuestra capacidad intelectual para analizar y entender exactamente lo que está impulsando esta nueva forma de terrorismo. No es la misma forma de terrorismo que hemos experimentado en Francia, Irlanda, España y otros lugares, por parte de ETA y otras organizaciones terroristas. Tenemos que analizar detenidamente e intentar comprometernos con los componentes de las comunidades de Europa que están alienadas hasta el punto de llegar al asesinato y al terror.

  Schmid, Herman (GUE/NGL). (SV) Señor Presidente, siempre se ha tenido la intención de dedicar todos los años el Consejo Europeo de Primavera a los asuntos económicos y sociales, al crecimiento y al desarrollo. Este año ha habido muy poco de esto. Admito que hubo temas de debate que fueron importantes en sí mismos, pero deseo protestar por la casi completa indiferencia por los temas de desarrollo económico y social. El proceso de Lisboa no está funcionando en modo alguno como se pretendía y los problemas son grandes. El desempleo es elevado, la inversión no es la que podría ser y así sucesivamente.

Por supuesto, se van a necesitar grandes esfuerzos políticos de los Estados miembros, pues ahí es donde la política económica debe adquirir su forma tangible. En lugar de ello, las únicas directrices europeas que tienen peso real se encuentran en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que hace lo contrario y les pone una camisa de fuerza. Comparto plenamente la opinión del Sr. Prodi de que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es una estupidez. Es hora de hacer algo al respecto y hacer mucho más dinámico el desarrollo económico en Europa.

El aspecto social del proceso de Lisboa tampoco está funcionando como debiera. Todos hablan de aprendizaje permanente, pero en realidad los Estados miembros no están invirtiendo absolutamente nada en educación; al contrario, están haciendo recortes. Realmente hay que hacer algo y el electorado está reaccionando. En Alemania y Francia vemos cómo los electores protestan contra una política económica y social que ahora se deja en manos de dios.

  Berthu (NI). – (FR) Señor Presidente, a todos nos ha afectado duramente el atentado de Madrid y me parece muy bien que el Consejo Europeo del último 25 de marzo haya respondido anticipando la cláusula de solidaridad. En efecto, este principio de solidaridad, al margen de los procedimientos, que pueden discutirse, merece nuestro apoyo unánime.

Por otra parte, el Consejo fijó para el 17 de junio la fecha tope para concluir las negociaciones sobre el proyecto de Constitución europea. Esta decisión es menos sencilla de lo que parece, ya que a día de hoy todavía no se han encontrado compromisos sobre puntos esenciales. Al parecer, el objetivo es, sobre todo, presionar a los países recalcitrantes. Esta decisión parece también muy poco respetuosa del sufragio universal. En efecto, que el acuerdo se anuncie al día siguiente de las elecciones europeas o que se haya alcanzado quince días antes no cambia gran cosa. En todos los casos, el resultado es que no habrá tiempo de organizar un debate concreto. Este método dice mucho, una vez más, señor Presidente, sobre el tipo de Europa que esta Constitución anuncia.

  Grossetête (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, por lo que se refiere a las conclusiones del Consejo Europeo, me permitiré insistir en tres puntos. En materia de terrorismo y después de la tragedia de Madrid, esperamos determinación y eficacia. Nos satisface que se haya nombrado un coordinador para la lucha contra el terrorismo, pero es preciso que pueda ser eficaz. Me pregunto, por tanto, de qué poderes dispondrá. Reclamamos más eficacia para Europol y Eurojust, del mismo modo que no podemos sino lamentar que algunos países no se hayan pronunciado aún sobre la orden de detención europea.

Señor Presidente en ejercicio del Consejo, nos va a hacer falta determinación para que las cosas cambien, porque, en Madrid, no fue España la atacada, sino toda Europa. Estos sucesos nos llevan a plantear la siguiente cuestión: ¿qué queremos hacer de Europa? ¿Un simple mercado, una zona de libre comercio o una auténtica Europa política solidaria? Europa es un barco que avanza, no se construye sobre el miedo, sino sobre la ambición y la voluntad. Ya no es hora de vacilaciones. Necesitamos más Europa, necesitamos una constitución lo antes posible, porque Europa debe ofrecer un contrato de confianza a los europeos.

Por último, nuestra acción política debe ser coherente, eficaz y duradera. Hay que dar prioridad a la cuestión económica y social. Restablecer la prosperidad económica para resolver la cuestión social, ese es el reto. La prosperidad económica debe ser nuestro objetivo inmediato, porque condiciona el empleo y es la única fuente de progreso social. No se inventa ni se decreta, sino que se obtiene o no en función del espacio que se deje a los creadores de riqueza. No desalentar nunca el espíritu emprendedor, ese debe ser el hilo conductor de cualquier política nuestra, lo que quiere decir que hay que atajar con más energía aún los frenos que impiden este cambio de perspectiva. Esta prioridad deseable de retorno a la prosperidad económica a través de una mayor libertad de empresa no podrá alcanzarse si no va acompañada de un nuevo contrato social, que se base en asociaciones claras y un sindicalismo moderno, más interesado en las reformas que apuntalado en la defensa de sus privilegios y de derechos adquiridos. Ante la confusión de algunos de nuestros conciudadanos, la acción reformadora solo puede comprenderse si beneficia a la mayoría y suprime la injusticia. Así es como haremos participar a nuestros conciudadanos en el proyecto europeo.

PRESIDENCIA DEL SR. IMBENI
Vicepresidente

  Berès (PSE). – (FR) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, Europa avanza a medida que se suceden las reacciones y, después del drama de Madrid, después del de Nueva York, hemos hecho, hacemos, progresos en materia de lucha contra el terrorismo. Después de Nueva York, tuvimos una negociación larga y difícil sobre la orden de detención europea. Consolidamos los avances con respecto a Europol y Eurojust. Pero después, la aplicación es tan lenta y tan desesperante para nuestros conciudadanos que debemos encontrar otros medios para forzar a los Jefes de Estado y de Gobierno. En efecto, después de haber dado su consentimiento al Consejo, olvidan poner en práctica el objeto del acuerdo en su propio país. Pongamos la orden de detención europea: no es normal que todavía sean tantos los Estados miembros que no han ratificado esta herramienta esencial, tal como quisimos que hicieran después de Nueva York.

Hoy, después de Madrid, nuestro antiguo colega el Sr. de Vries ha sido nombrado coordinador. Todos nos alegramos, todos conocemos su determinación en estos temas, todos conocemos su determinación de trabajar por la creación de un fiscal europeo. Pero si no tiene los medios necesarios, si no tiene un mandato claro, nos encontraremos en la impotencia. Bajo la presión de los acontecimientos, se ha designado un coordinador, cuando, en el fondo, se trata de una idea, una intuición que animaba a muchos de nosotros dentro mismo de la Convención: la idea de que, en temas en que los Jefes de Estado y de Gobierno tienen su palabra que decir y deben poder cooperar de forma activa con las herramientas de una visión europea que están en manos de una Comisión, hace falta una articulación mejor entre las distintas autoridades europeas. Lo que hicimos con el Ministro de Asuntos Exteriores, vemos bien que, en cierto modo, tendremos que hacerlo en el ámbito del espacio de justicia, seguridad y libertad. En el fondo, este coordinador es una primera impresión de lo que, sin duda, deberá realizarse un día. Pero hoy no tiene ninguna relación, ningún vínculo con la Comisión. Creo que debemos reflexionar, si queremos ser eficaces en la coordinación de los medios de lucha contra el terrorismo.

Con este espíritu, señor Presidente en ejercicio del Consejo, tiene en sus manos el futuro de la Constitución europea, puesto que ahora tiene un mandato definido con un calendario un tanto difícil, sin duda bienvenido en la medida en que dota a la Europa más amplia, la que se reunificará por fin el 1 de mayo, de una Constitución a corto plazo, pero de todos modos un tanto difícil habida cuenta de las elecciones al Parlamento Europeo. Simplemente, quiero llamar su atención sobre elementos esenciales para este Parlamento. Como han dicho otros antes que yo, está la cuestión de los poderes presupuestarios del Parlamento Europeo. Pero, aparte de eso, veo un riesgo de retroceso con respecto a lo que se apuntó en la Convención: quiero hablar de la perspectiva de un fiscal europeo, quiero hablar de la mayoría cualificada allí donde sea posible obtenerla, en el ámbito fiscal y social, aunque esto no sea suficiente. Veo un riesgo de retroceso en el ámbito de la cooperación reforzada y de las cláusulas pasarela. Veo un riesgo de que no se aborde la cuestión de la revisión de la Constitución. Sería muy grave.

Por último, señor Presidente, en lo que se refiere a la composición de la Comisión, tiene usted un problema muy grave. Conozco la tendencia: es dar un Comisario por Estado miembro. Pero quiero llamar de nuevo su atención sobre una propuesta que está sobre la mesa, la de no definir el número de Comisarios en la Constitución y dejar al Presidente de la Comisión, junto con el Consejo Europeo, la libertad de definir el equilibrio en la composición de la Comisión, poniendo simplemente un límite de un Comisario por Estado miembro como máximo. Quizás durante algún tiempo, ello conduciría a una Comisión de 25 que tendría que organizarse, pero al menos dejaríamos...

(El Presidente retira la palabra a la oradora)

  Borghezio (NI). – (IT) Señor Presidente, Europa ha despertado al tema del terrorismo, aunque deja un amargo sabor de boca darse cuenta de que esto ha sucedido solamente después de la masacre de trabajadores, niños y personas corrientes por parte de los carniceros de Al Qaeda en Madrid.

Sin embargo, lo sorprendente es que ni en los discursos de esta mañana ni tampoco en las 18 páginas de la Declaración sobre la solidaridad contra el terrorismo no haya ninguna referencia explícita a esta. He tenido que esperar hasta el discurso del Sr. Claeys, un diputado flamenco, para escuchar a alguien explicar el peligro que supone el islam, el fundamentalismo y el terrorismo que se deriva de este.

Me limitaré a hacer dos comentarios, el primero de los cuales es un imperativo moral. Si queremos ser capaces de honrar la memoria de las víctimas de este terrorismo, debemos abordar el problema de la ayuda de la Unión Europea a la Autoridad Palestina y el destino de esa ayuda, de modo que no acabe financiando a los terroristas, los terroristas suicidas o incluso a aquellas actividades supuestamente sociales como los campos de entrenamiento, que realmente son escuelas de fundamentalismo y extremismo. También debemos abordar las actividades que se realizan en las mezquitas europeas: en los últimos días, no solo en Roma, sino en toda Europa, en cientos si no miles de mezquitas se han pronunciado oraciones por el Jeque Yasin, el teórico e instigador de los atentados suicidas y de los asesinatos terroristas.

  Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, es evidente que las conclusiones de la Cumbre de Primavera han venido marcadas por el atentado terrorista de Madrid, que ha tenido no solo unas consecuencias políticas, sino, también, unas consecuencias económicas evidentes, habida cuenta de las dosis de incertidumbre, de inestabilidad y de inseguridad que todo fenómeno terrorista comporta, como saben muy bien los ciudadanos madrileños que han padecido este terrible atentado y como saben muy bien los ciudadanos españoles del País Vasco, donde, desde hace más de veinte años, hay un gobierno nacionalista que no ha sido capaz de garantizar, durante todo este período, ni la seguridad ni los más elementales derechos de los ciudadanos y cuyo Presidente, por cierto, ha sido el primer responsable político en España que ha atribuido la autoría de este atentado a la banda terrorista ETA.

Quisiera decir, señor Presidente, en lo que se refiere al tema constitucional, que no comparto las observaciones que se han hecho esta mañana en el hemiciclo, según las cuales el cambio del Gobierno en España está en el origen del nuevo clima se ha creado. Este nuevo clima se ha creado precisamente como consecuencia de la actitud que han asumido los Estados miembros -incluidos los más recalcitrantes- a la luz de las nuevas circunstancias y quiero insistir en que España siempre ha estado dispuesta a una negociación para flexibilizar sus condiciones. Europa quiere y Europa necesita una Constitución, pero tiene que ser una Constitución en la que todos los ciudadanos europeos se puedan ver reconocidos.

Es importante decir, señor Presidente, que, no solo al lado del fenómeno terrorista, sino también con la crisis del Pacto de Estabilidad, la apreciación del euro y los desafíos, retos y oportunidades que nos presenta la ampliación, el clima que está viviendo la Unión Europea en estos momentos no es el más optimista.

La prensa destacaba que Europa ha perdido un punto de competitividad en los últimos diez años con respecto a los Estados Unidos y que hoy la prosperidad del ciudadano medio de la Unión Europea está en un 30 % por debajo de la prosperidad del ciudadano medio norteamericano. ¿Cuáles son los elementos que necesitamos para recuperar la senda del crecimiento sostenido y la recuperación del empleo?

Señor Presidente, con independencia de las reformas estructurales que exige la estrategia de Lisboa, lo más importante, el salto cualitativo que tiene que dar Europa es el relanzamiento del proyecto europeo, no como una simple unión monetaria, no como un simple mercado único, sino el verdadero proyecto político y, para eso, contamos con la presidencia del Consejo y, muy particularmente, con la Presidencia de la Comisión Europea.

  Randzio-Plath (PSE). – (DE) Señor Presidente, en un aspecto esta Cumbre de Primavera nos ha dado renovada esperanza. Podemos decir: «¡Soltad amarras, adelante a toda máquina con el barco llamado Constitución Europea!» Espero de verdad que sea posible encontrar una solución satisfactoria a los aspectos críticos que otros ya han mencionado hoy. El hecho es que necesitamos esta Constitución Europea para dejar claro que Europa no es solo un mercado, que no somos solamente una unión económica y monetaria y que no solo tenemos una moneda única, sino que también queremos hablar con una sola voz como una Comunidad de valores y derechos.

También tenemos que hablar con una sola voz en otro ámbito, en el cual la diversidad de voces es excesiva. La estrategia de Lisboa todavía no se ha malogrado. Seguimos interesados en el crecimiento sostenible, el pleno empleo y la cohesión social. Sin embargo, estamos lejos de los objetivos que nos hemos fijado: la primavera económica todavía no ha llegado, tenemos un desempleo masivo con más de 14 millones de personas desempleadas y más de 55 millones de personas que viven en el umbral de la pobreza, y, si nos fijamos en las inversiones, tenemos que hablar realmente de una «moratoria de inversiones» en Europa. La demanda interna tampoco se ha estimulado; sin duda no es solamente por el sentimiento de incertidumbre derivado de la mundialización o por la incertidumbre sobre el avance de Europa, sino también por el miedo a los ataques terroristas por lo que la voluntad de compra de los consumidores europeos deja mucho que desear. También nos falta realmente el estímulo necesario para lograr el crecimiento de la producción, que solo podemos aplicar mediante una mayor tasa de compra, es decir, mediante una reducción del desempleo en la Unión Europea. La Unión Europea necesita un nuevo dinamismo. Incluso si se diera el caso de que mañana el Banco Central Europeo, a la vista de las bajas tasas de inflación y del bajo crecimiento de la oferta monetaria, utilizase su margen de maniobra y redujese los tipos de interés, ni siquiera eso sería suficiente. Se necesitan además medidas políticas. Esto no significa discursos en las cumbres o acuerdos alcanzados en ellas. Significa medidas de aplicación en los Estados miembros. Perderemos el éxito y la credibilidad si no hacemos nada al respecto.

Señor Presidente, Europa necesita más proyectos como el Airbus, que ha mostrado que la colaboración del sector público y el privado, diferentes países, diferentes empleados, diferentes empresas pueden trabajar juntos. ¿Por qué no puede Europa organizar otros proyectos de éxito con estos valores que crearían realmente esperanza, que crearían puestos de trabajo específicos, que fomentarían de forma muy específica el liderazgo europeo en tecnologías específicas del futuro? Para ello, el impulso de la inversión, el programa Quickstart, es sin duda un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente; es demasiado pequeño. Debemos seguir luchando por las reformas; debemos eliminar las barreras al comercio y en servicios particulares, pero debemos también concentrarnos en la inversión y el Pacto no debe ser un obstáculo para ello.

La persistente ausencia de una patente comunitaria es también un factor disuasorio para los líderes de la investigación y el desarrollo. Aunque los Jefes de Estado y de Gobierno han prometido seriamente que llegará, todavía no llegará este año. Solamente los resultados visibles y concretos convencerán a los ciudadanos de Europa de la ventajas y el valor añadido de Europa. Europa se encuentra una vez más en una encrucijada. O aumentamos la tasa de consumo, nos armamos de optimismo y dinamismo y eliminamos el desempleo, o la credibilidad del proceso de unificación europea estará en peligro.

  Corbett (PSE). – (EN) Señor Presidente, permítame felicitar también a la Presidencia irlandesa por la forma en la que ha manejado las negociaciones de la CIG. El Taoiseach acaba de mencionar la importancia de hacer concesiones mutuas en estas negociaciones. Quiero insistir en la cuestión de las concesiones mutuas en relación con un punto específico: las competencias en materia presupuestaria del Parlamento Europeo.

El texto de la Convención implicaba ciertas concesiones mutuas. Nosotros, como Parlamento, hemos renunciado a nuestro derecho a decidir conjuntamente mediante acuerdo interinstitucional con el Consejo acerca de las perspectivas financieras, para simplemente dar nuestra aprobación a dichas perspectivas. A cambio, hemos adquirido el derecho a tener la última palabra dentro de esos límites y dentro de un margen de maniobra con respecto a cada partida del gasto, que anteriormente era obligatorio y no obligatorio. Se trata de un paquete equilibrado y justo con concesiones mutuas.

Algunos Ministros de Finanzas solo pretenden adquirir derechos sin renunciar a nada. Querrían reducir el papel del Parlamento a emitir simplemente una opinión sobre las perspectivas financieras y fijar ellos también los límites sobre los demás aspectos de nuestras competencias en materia presupuestaria. Francamente, eso no es aceptable para el Parlamento Europeo. Sería una de nuestras líneas rojas, y nosotros también podemos tener líneas rojas.

Quiero insistir en lo que «Harry Pottering» ha dicho en nombre del Grupo del PPE-DE. Ha dicho que este Grupo está totalmente a favor de la Constitución. Me satisface escuchar que en su Grupo, lo conservadores británicos están a favor de la Constitución, porque eso no es lo que han dicho algunos de ellos en un debate de la Cámara de los Comunes celebrado ayer, ni lo que Jonathan Evans afirmó en un debate que mantuvo conmigo el pasado viernes en la cadena BBC. Van a oponerse a la Constitución y, de hecho, anunciaron en la Cámara de los Comunes que utilizarán todos los mecanismos parlamentarios que puedan para impedir su aprobación. También están difundiendo historias alarmistas acerca de la Constitución. Alegan que crea un superestado centralizado, con un traspaso de todos los poderes a Bruselas, con lo que Bruselas podrá determinar la política nacional en todos los ámbitos de gobernanza. En esta Cámara, sabemos que eso no es cierto. Están contando mentiras e intentando fomentar el euroescepticismo que se encuentra latente en gran parte de la prensa británica y en partes de la opinión pública, en su propio beneficio electoral. No podemos permitir que se salgan con la suya.

Debemos celebrar un debate basado en los hechos y no en los mitos. Espero que «Harry Pottering» seleccione a los miembros de su Grupo –agitando su varita mágica, quizás– y que pida a los diputados que aparentemente quieren pertenecer a su Grupo muy federalista en el Parlamento Europeo que asuman las consecuencias de ello. De acuerdo con nuestro Reglamento, uno se une a un grupo político basándose en la afinidad política. Me pregunto qué afinidad existe entre los conservadores británicos y el conjunto del PPE con respecto a esta cuestión fundamental. Parece no haber ninguna e invito al PPE-DE a que mantenga un vivo debate interno sobre este asunto.

  Hernández Mollar (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, no quiero comenzar mi intervención sin agradecer, en mi calidad de español y como presidente de la Comisión de Libertades Públicas, el apoyo que ha recibido, por parte del Consejo Europeo, la propuesta hecha por este Parlamento de que el día 11 de marzo sea el día europeo en memoria de las víctimas del terrorismo.

Los últimos acontecimientos, además de habernos sumido en el desconcierto y el dolor, nos han hecho conscientes -como, desgraciadamente, lo somos desde hace tiempo en mi país- de que el mundo civilizado está en riesgo, en peligro, ante un nuevo enemigo cuyos límites no están definidos: el terrorismo. Y la lucha contra este enemigo, provisto de muchos tentáculos y que mata y asesina de una forma despiadada y brutal, no es una guerra al uso, no es una guerra tradicional, pero sí es -y de ello no cabe la menor duda- una guerra desigual y criminal contra las sociedades estructuradas sobre principios como la libertad y la democracia.

La Unión Europea debe unir todos sus esfuerzos y poner en marcha con urgencia todos los instrumentos jurídicos, financieros y humanos para combatir el terrorismo. Por todo ello considero que este Parlamento está obligado a dar al Consejo Europeo un mensaje de respaldo a las medidas que adoptó el pasado 25 de marzo, contenidas en su Declaración contra el terrorismo, pero también a exigirle, con la legitimidad que nos da representar a los ciudadanos europeos, que ni un minuto más podemos aceptar la falta de voluntad política en la implementación de estas medidas por los Estados miembros, como ocurre en la actualidad -y destaco solo algunos de los ejemplos más evidentes, como la euroorden o la Decisión marco sobre terrorismo. Y menos aún podemos aceptar que, por razones puramente presupuestarias o de procedimiento, se hayan desmantelado instrumentos tan eficaces en la lucha contra el terrorismo como la Unidad antiterrorista, creada en el seno de Europol a raíz de los atentados del 11 de septiembre.

Por otra parte, Señorías, la realidad demuestra que la Unión Europea se ve a menudo envuelta en importantes dificultades a la hora de adoptar decisiones, y ello, con 25 Estados miembros, me temo que se traducirá de facto en el bloqueo de muchas decisiones. ¿Por qué no entonces -siguiendo el ejemplo del último Consejo Europeo, que ha utilizado la cláusula de solidaridad, prevista en el aún proyecto de Tratado constitucional- anticipar la puesta en marcha del sistema de adopción de toma de decisiones por mayoría cualificada, ya incluido en el texto de nuestra futura Constitución?

Considero, Señorías -y así termino-, que ello facilitaría mucho nuestra labor contra el que ha demostrado ser el mayor peligro actual para la estabilidad de las sociedades democráticas y basadas en el Estado de Derecho. No es menos, Señorías, lo que se merecen nuestros ciudadanos.

  Brok (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, muchas gracias por su consideración; en mi Grupo se están produciendo cosas importantes y teníamos que estar allí.

Quiero extender mi sincero agradecimiento a la Presidencia irlandesa del Consejo. En estos días vemos cómo se está haciendo historia y es la Presidencia irlandesa la que la está haciendo. Dirigiendo las negociaciones de forma astuta y prudente, pero sin embargo persiguiendo decididamente su objetivo, ha sido capaz de volver a poner sobre la mesa la Constitución. Les doy las gracias sinceramente por ello. Creo que todavía podemos ver algunos puntos en los que será necesaria una negociación sustancial. El Taoiseach, en su calidad de Presidente en ejercicio del Consejo, también lo ha dejado claro con los puntos que ha tratado, primero seis y luego otros 22.

Una vez más quiero dejar claro, como muchos oradores, que el derecho presupuestario, y la Perspectiva Financiera asociada, es la prerrogativa de todo Parlamento. Espero que esto se recuerde en las negociaciones.

También hemos buscado esta Constitución para que la UE ampliada tenga capacidad de acción. Hemos conseguido que se acepte como principio la doble mayoría; pero ahora debemos tener también los números de la doble mayoría, de modo que incremente el poder de decisión.

En tercer lugar, creo, precisamente en el caso del voto por mayoría en el Consejo, que debe asegurarse nuestra insistencia en el voto por mayoría en especial en los ámbitos en los que nuestros ciudadanos se encuentran particularmente amenazados debido a las acciones terroristas, es decir, la política de justicia e interior. Solo para mencionar aquí tres ámbitos importantes en este contexto.

Sin embargo, quisiera señalar que, en este Parlamento, debemos aunar esfuerzos con la Comisión para apoyar a la Presidencia irlandesa. Si se confirma que el Sr. Barnier pasa a ser Ministro de Asuntos Exteriores francés, lo que considero una buena noticia, me gustaría que, por su importancia, se reasignase su puesto en la Conferencia Intergubernamental al Presidente Prodi en persona en los próximos meses, para subrayar con ello el hecho de que la Comisión también respalda el proceso.

PRESIDENCIA DEL SR. COX
Presidente

  Cederschiöld (PPE-DE). (SV) Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, las atrocidades en Madrid han puesto la lucha contra el crimen y el terrorismo en lo más alto de la agenda europea. Europa necesita unir fuerzas a una escala desconocida hasta el momento. Los líderes europeos debían haberse dado cuenta mucho antes, antes del atentado en Madrid y preferiblemente incluso antes del Tratado de Ámsterdam, que una de sus responsabilidades políticas más importantes es garantizar la seguridad exterior e interior de la Unión.

La introducción de medidas que sean suficientemente eficaces y polifacéticas exige el respeto de los derechos fundamentales y también transparencia y control democráticos. De otro modo existe el riesgo de que las medidas que afectan directamente a los ciudadanos sean demasiado débiles y no gocen del apoyo suficiente. Esto se aplica particularmente a los servicios de inteligencia. Los líderes europeos deberían haber dado a la UE mayores poderes reales para luchar contra el terrorismo y el crimen transfronterizo mucho antes de vernos forzados a adoptar medidas de pánico. En el programa con el que ejemplarmente nos obsequia ahora la Presidencia irlandesa quedan reflejados años de inactividad, pero los asuntos merecen un enfoque a largo plazo.

La dura realidad es que los líderes europeos deberían haber mostrado liderazgo político europeo mucho antes. Sin duda se necesita un responsable a cargo de la lucha antiterrorista, pero la Comisión debe desempeñar un papel central. La cosa más natural sería basarnos en la competencia que ya tenemos en la Comisión, y complementarlo con un Comisario que llene el vacío que la escalada de la lucha contra el terrorismo amenaza con crear en la protección básica de los ciudadanos, particularmente la protección de su privacidad. Un conjunto de soluciones a la crisis no es suficiente para luchar contra el terror. En lugar de ello se necesitan medidas a largo plazo sobre una base comunitaria.

  Tannock (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, la lucha contra el terrorismo internacional es el mayor desafío de la Unión Europea. Ayer, en mi circunscripción de Londres, la policía británica arrestó a ocho ciudadanos británicos de origen pakistaní con media tonelada de material para la fabricación de bombas. Necesitamos medidas más sólidas para combatir este azote y mi partido, los conservadores británicos, aceptarán incluso el nombramiento de un coordinador antiterrorista, si se demuestra que esto puede mejorar la seguridad.

También apoyo totalmente la cooperación entre los servicios y autoridades policiales, de inteligencia y judiciales, no solo dentro de la Unión Europea, sino también a escala mundial, con aliados como los Estados Unidos, y con otras potencias como Rusia y China, que tienen sus propios problemas nacionales con los islamistas en Chechenia, así como con la minoría uigur y con terroristas relacionados con Al Qaeda.

Los conservadores británicos rechazan la orden de detención europea y no aceptan que este problema tenga nada que ver con la pobreza del Tercer Mundo, dado que muchos terroristas proceden de familias de clase media, educadas y acaudaladas. De hecho, las zonas más pobres del mundo, como África, han sido víctimas del terrorismo extranjero, como es el caso de los atentados con bombas contra la embajada en Kenia. Necesitamos una estricta aplicación de la legislación sobre la lucha contra el blanqueo de dinero y la congelación de los activos terroristas, así como la ratificación del Convenio sobre asistencia mutua en materia penal relativo al control de las cuentas bancarias.

La unidad antiterrorista de Europol necesita reforzarse, pero no necesitamos un fiscal europeo, y el Reino Unido es prudente al mantenerse fuera de Schengen y controlar sus propias fronteras. La opinión pública europea acepta plenamente que la seguridad es lo primero y que sus apreciadas libertades, incluido el derecho a la intimidad, tendrán que ser restringidas en esta lucha.

Finalmente, quiero pedir una condena más firme del terrorismo por parte de los líderes musulmanes y el rechazo del extremismo en sus comunidades. Me ha inquietado particularmente leer que el 13% de los musulmanes británicos apoyan a los terroristas suicidas. Por lo tanto, acojo con satisfacción la declaración realizada ayer por el Consejo Musulmán Británico, que ha invitado a todos los líderes de sus mezquitas a rechazar el terrorismo y a cooperar plenamente con las autoridades y la policía del Reino Unido en la identificación de quienes se encuentran detrás de las recientes intentonas violentas.

  Kauppi (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, Señorías, tras la reunión del Consejo Europeo podemos sentirnos al menos satisfechos. Irlanda puede recibir el mérito de haber hecho avanzar muchos asuntos difíciles. Al menos parece que la Conferencia Intergubernamental puede lograr un acuerdo sobre la nueva Constitución. La propuesta de la Convención es una buena base para un acuerdo constitucional, pues es equilibrada y tiene en cuenta los intereses de Europa en su conjunto.

Desde que se acordó la agenda de Lisboa ha pasado mucha agua bajo el puente. Sin embargo, lamentablemente, la corriente no ha acercado a la Unión al objetivo celebrado que, vista su ambición y considerando los hechos de los últimos años, es casi tan poco realista como los planes quinquenales de Brezhnev. Por el contrario, si existía algo de fe en la capacidad de la UE para llevar a cabo reformas estructurales adecuadas, esta se ha aguado en la corriente.

¿Cuáles son las reformas estructurales de las que tanto se habla? Debe garantizarse la libre circulación de la mano de obra. Los períodos de transición para los nuevos Estados miembros son un error que debería corregirse lo antes posible. El presupuesto de la UE no debería recortarse en el próximo período presupuestario: hay que centrarse en la labor de apoyo a la competitividad y el crecimiento. Debe intensificarse la aplicación de la legislación del mercado interior en los Estados miembros. También debemos recelar de una regulación demasiado detallada y rigurosa. A menudo ocurre que regulamos demasiado y no aplicamos bastante. Algunas leyes, como las relativas a los productos químicos, a menudo resultan una traba desde el punto de vista de la mejora de la competitividad. De acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industria de Finlandia, la propuesta generaría un 2% de reducción del PIB en Finlandia y en otros países de la UE durante el período 2007-2017. ¿Les parece razonable?

Los cobardes atentados terroristas de Madrid afectaron hondamente no solo a la nación española, sino a todos nosotros en Europa. Lamentablemente, los terroristas lograron su objetivo. No hay que dejar que esto ocurra otra vez. Todavía hay problemas en la lucha contra el terrorismo. ¿No dijimos después de los terribles ataques del 11 de septiembre que aumentaríamos el intercambio de datos de inteligencia entre los Estados miembros? Hay un gran trecho entre lo que los políticos dicen y lo que hacen. Debemos tener cuidado con esto. Sin embargo, en la lucha contra el terrorismo es necesario asegurar que los derechos básicos de nuestros ciudadanos y las libertades civiles no se restrinjan inútilmente. Los ciudadanos respetuosos con la ley no tienen nada que temer en Europa.

  Nassauer (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, el atentado de Madrid no solo mató a muchas personas, sino que también socavó la soberanía de un Estado europeo. El hecho es que, se mire por donde se mire, los terroristas claramente lograron influir en la decisión soberana del electorado español. A raíz de ello, entre otras cosas, los terroristas han intervenido en Europa. Me pregunto si los europeos han reconocido la naturaleza de esta amenaza adecuadamente y están dispuestos a hacerle frente.

La reacción hasta el momento ha sido relativamente débil. Hemos resucitado programas que teníamos desde el 11 de septiembre de 2001, pero que se habían aplicado de forma inadecuada. Se ha recurrido a ideas visionarias, como la creación de un servicio secreto europeo, que podría considerarse en un futuro lejano, pero que ciertamente no hace frente a la amenaza real. Se ha pedido que se nombre a alguien para tratar este asunto, la respuesta habitual a un problema europeo, y de hecho se ha nombrado a alguien; el Sr. de Vries es una persona muy estimada y ex diputado de esta Cámara. Lo importante no es que haya sido nombrado, sino qué poderes va a tener. Se han dado pocas respuestas a esta cuestión.

Parecería que la necesidad del momento es la prevención, con cuyo propósito deberían recopilarse los datos disponibles en Europa, por ejemplo sobre los terroristas. Aunque los servicios nacionales disponen de una gran cantidad de información, la disposición a compartirla a nivel europeo es escasa. Si Europa colabora de forma más estrecha y fiable en este ámbito de lo que lo ha hecho hasta ahora, tendrá una oportunidad para defenderse contra los terroristas a largo plazo y con un efecto impresionante.

  Ahern, Bertie, Consejo. (EN) Quiero dar las gracias a todos los diputados por sus constructivas observaciones. En este debate se han hecho muchos comentarios y la Presidencia irlandesa ha tomado debidamente nota de los mismos, incluida una serie de temas comunes que se han planteado.

Al principio, el Sr. Poettering, el Sr. Barón Crespon, el Sr. Watson y muchos otros han planteado la cuestión del terrorismo y la amenaza a la que nos enfrentamos. Todos estamos comprometidos en el combate contra el terrorismo de acuerdo con los principios fundamentales en los que se basa la Unión. Puedo asegurar a todos que nuestros esfuerzos contra el terrorismo se realizarán respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sin duda, eso es algo que debemos respetar totalmente.

Nuestra prioridad inmediata es garantizar la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea. Sin embargo, también tenemos que tratar los factores más amplios que contribuyen al terrorismo. Eso no es justificar el terrorismo, sino que más bien es un paso esencial para su eliminación. Muchas personas han señalado aquí en las últimas semanas que tenemos que trabajar para intentar comprender las causas profundas del terrorismo. Un colega irlandés, el Sr. De Rossa, ha señalado que este terrorismo es diferente de gran parte del terrorismo que hemos presenciado en las últimas décadas. En el Consejo Europeo tenemos muy claro que no pretendemos justificar en absoluto ninguno de los actos, tenemos que intentar entenderlos para ver cómo podemos hacerles frente, no hablando con las personas que los cometen, porque no escuchan a nadie, sino comprendiendo y analizando las causas de fondo.

Estoy totalmente de acuerdo con la opinión expresada por el Sr. Poettering y la Sra. Doyle de que no es cuestión de culpar colectivamente a ningún grupo de personas o países del azote del terrorismo. No debemos estigmatizar al mundo árabe. Quiero hacer constar mi pleno acuerdo con respecto a este punto. Estoy decidido a colaborar estrechamente con los líderes del mundo árabe. Como ya he informado, eso es precisamente lo que está haciendo la Presidencia. En la lucha contra el terrorismo, sería totalmente equivocado e inaceptable que se sugiriese de algún modo que la comunidad árabe en general está implicada o tiene algún tipo de responsabilidad colectiva.

La declaración sobre la lucha contra el terrorismo subraya que en la Unión Europea estamos de acuerdo en valorar la gravedad de la amenaza que supone el terrorismo. También coincidimos en nuestra determinación de acabar con esa amenaza. Comunicaremos los progresos en la reunión del Consejo de junio acerca de la aplicación de estas medidas, incluido un programa de acción revisado de la Unión Europea para combatir el terrorismo. Espero trabajar estrechamente con la Comisión, el Parlamento Europeo, la Secretaría del Consejo y el recientemente nombrado coordinador antiterrorista, el Sr. De Vries, para avanzar en esta tarea.

Estamos trabajando con un verdadero sentido de la urgencia. Muchas personas han subrayado la necesidad de sacar las consecuencias de la declaración y las demás tareas en el Consejo Europeo. Ayer, en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, invitamos al Sr. De Vries a participar en el que está siendo un debate concreto y muy útil acerca de cómo debemos avanzar en esa tarea. El Consejo también actuó con decisión para cumplir el primer plazo establecido en la declaración, es decir, con respecto al proyecto de directiva sobre la compensación de las víctimas, que ha estado aparcado cierto tiempo por problemas con el fundamento jurídico. El Consejo Europeo fijó el plazo en el 1 de mayo y la Presidencia ha realizado un esfuerzo particular para garantizar que el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de ayer alcanzara un acuerdo político. Digo esto para subrayar la determinación de traducir la declaración en un resultado concreto. Ayer dimos un primer paso y haremos todo lo que podamos para continuar progresando durante el tiempo que queda de mandato a nuestra Presidencia.

La semana pasada también subrayé que todos nosotros en el Consejo debemos asegurarnos de que las medidas que hemos acordado desde el 11 de septiembre sean aprobadas lo antes posible. Hemos establecido plazos en la declaración. La mayor parte de esto deberá concluir este año, en junio o en diciembre.

Señor Presidente, le estoy muy agradecido a usted y a todos los diputados por su constante apoyo a la conclusión de la CIG, expresado por el Sr. Poettering, el Sr. Barón Crespo, el Sr. Watson y muchos otros. Ha servido para crear una atmósfera política en la que la gente esté dispuesta a comprometerse a alcanzar un acuerdo para junio. Como ha dicho mi colega, el Sr. Collins, será más difícil alcanzar un acuerdo si no avanzamos ahora. No hay ningún motivo político ni administrativo para esperar a que el año avance; simplemente será más complicado. Al igual que ustedes, prefiero un acuerdo lo antes posible e idealmente antes de las elecciones. Esto es lo que pedí la semana pasada.

Sin embargo, como ya he dicho al comienzo de mi discurso, una serie de factores pueden hacer que esto sea difícil de conseguir, por lo que tendremos que esperar y ver los progresos conseguidos. En las últimas semanas se han producido muchos cambios en el Consejo Europeo, y la postura de una serie de Gobiernos –no solo el español– está cambiado, lo que ocasiona ciertas dificultades. Así pues, haremos todo lo posible por avanzar y progresar tanto como sea posible.

Quiero que se resuelvan rápidamente tantas cuestiones como sea posible. De una forma u otra, deberíamos ser capaces de solucionar un gran número de cuestiones antes de las elecciones europeas. De este modo, aunque queden algunas cuestiones pendientes, la gente podrá apreciarlo. No veo ninguna dificultad especial en eso. Estoy de acuerdo con la afirmación del Sr. De Rossa y otros de que tenemos que hacerlo de la forma más abierta posible, y esa es mi intención. Cuando hagamos cambios, intentaré irlos explicando según se vayan produciendo, como ya he venido haciendo en los últimos meses. Por supuesto, la cuestión de la doble mayoría era muy importante: conseguir que todos estuvieran de acuerdo en que fuese la base de nuestros esfuerzos de progreso. Sin embargo, el hecho de haber tomado esa decisión da pie a la flexibilidad en otros aspectos. He mencionado algunas esta mañana. Creo que podremos avanzar en esa discusión sin tener que esperar hasta el final del debate.

La Sra. Frassoni ha preguntado que cuántas cuestiones quedan por resolver en la Conferencia Intergubernamental. Esta mañana se ha mencionado la cifra de 82. Afortunadamente no son 82, sino unas 22 cuestiones en total. En mi discurso he señalado algunas de las cuestiones principales: por supuesto, la Comisión; la votación en el Consejo y los escaños del Parlamento Europeo, particularmente para los Estados miembros más pequeños y también para los nuevos Estados miembros. Por otra parte, también es necesario encontrar una solución equilibrada sobre el ámbito de validez de la votación por mayoría cualificada, en virtud de la nueva Constitución; he tomado nota de lo que han dicho algunos diputados al respecto.

Existen algunas otras cuestiones, muchas de las cuales fueron objeto de propuestas en la Cumbre de Nápoles de la Presidencia italiana. Nunca se alcanzó un acuerdo con respecto a las mismas, porque no fueron discutidas en el Consejo de diciembre. La base para las propuestas está ahí. Sin embargo, como suele suceder con todas estas cosas, hay matices con respecto a las posturas de la gente y en los tres últimos meses he estado intentado llegar a un acuerdo con respecto a las mismas. No creo que sean obstáculos para alcanzar un acuerdo y será posible alcanzarlo después de algunas discusiones. Hasta la fecha hemos buscado opciones con respecto a todas estas cuestiones en nuestras consultas con nuestros socios. Conocen mi opinión y los aspectos en que podemos alcanzar un compromiso. Como siempre, nada se acuerda hasta que todo está acordado, pero confío en que estamos avanzando hacia un acuerdo con respecto a muchos de esos puntos. De este modo, creemos que debería ser posible conseguir un resultado satisfactorio para todas estas cuestiones y entonces nos enfrentaremos a los pocos asuntos difíciles que quedan.

Todavía quedan cuestiones difíciles por resolver, por lo que para alcanzar un acuerdo se necesitará una mayor flexibilidad y compromiso. Sin embargo, si miramos el cuadro general –una Constitución que ayudará a la Unión a relacionarse mejor y a hacer más cosas–, estoy absolutamente convencido de que podemos triunfar. Estoy de acuerdo en particular con el Sr. Watson en que no solo debemos ponernos de acuerdo con respecto a una Constitución, sino que también debemos estar dispuestos a conseguir que nuestros parlamentos y pueblos la acepten. Espero que este sea el final del debate en curso durante algún tiempo, porque, como se ha dicho con acierto, el hecho de pasar constantemente de un debate a otro –Maastricht, Ámsterdam, Niza, etc.– crea muchos problemas y dificultades.

Con respecto a la agenda de Lisboa, el Sr. Barón Crespo, el Sr. Watson y otros han pedido un nuevo impulso para esta agenda. Como ya he dicho anteriormente, el Consejo Europeo acordó un mensaje de confianza y determinación, demostrando que Europa tiene la voluntad y la capacidad de avanzar en la agenda de Lisboa. Debemos concentrarnos en que nuestros objetivos se hagan realidad.

Algunos oradores han llamado la atención sobre los constantes problemas de cumplimiento de la agenda de Lisboa. No podría estar más de acuerdo. Es un punto en el que he hecho mucho hincapié al dirigirme a mis colegas del Consejo Europeo. Es un punto que se aborda en primer lugar en nuestras conclusiones del Consejo Europeo. El Presidente Prodi y yo comentamos esto en nuestras conferencias de prensa, la semana pasada. Yo lo hice cuando me reuní con los interlocutores sociales.

Sin embargo, como todos sabemos, el cumplimiento de la agenda de Lisboa depende, en gran medida, de las acciones nacionales. En la cumbre intentamos definir el enfoque, en lugar de continuar eternamente con cientos de conclusiones y referencias a izquierda, derecha y centro. Intentamos definir más su enfoque y aumentar la presión de los homólogos, para promover el intercambio de mejores prácticas. Por otra parte, dimos los nuevos pasos colectivos que he descrito en mi intervención inicial.

Sin embargo, no hay una fórmula mágica para cumplir los objetivos de Lisboa. Necesitamos concentración, resolución y determinación, y el trabajo de detalle debe continuar sin pausa. Realmente creo que acabamos el Consejo Europeo de primavera con nuestra determinación individual y colectiva reforzada. Eso ha sido útil. El papel de sus Señorías será fundamental y crucial en este punto, para apoyar el proceso de ejecución de las reformas esenciales. Espero que el Consejo, el Parlamento y la Comisión puedan trabajar juntos de forma constructiva, para garantizar la conclusión del mayor número posible de expedientes relacionados con Lisboa, antes de que finalice su mandato. Aprecio y les agradezco todo lo que ya han hecho.

Los desafíos que nos esperan pueden ser importantes, pero los posibles beneficios para nuestros ciudadanos en Europa también son considerables. Estoy de acuerdo con quienes han subrayado la necesidad de que Lisboa se refleje en mejoras reales en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos.

El Sr. Barón Crespo ha mencionado Chipre y, por supuesto, hoy es el día en que se espera que concluyan las negociaciones de Kofi Annan. Va a ser difícil, pero están esforzándose por cumplir este plazo. Han trabajado muchísimo durante los últimos diez días o más y continuarán haciéndolo. El Consejo Europeo, por supuesto, discutió sobre esta cuestión en un momento crucial, con la intención de resolver el problema de Chipre por medio de las negociaciones de las Naciones Unidas. Me he mantenido en contacto con todas las partes en los últimos meses. En el último año me he reunido en varias ocasiones con el Sr. Erdogan, el Presidente Papadopoulos y el personal de las Naciones Unidas implicado en esta cuestión. En el Consejo Europeo insistimos en nuestra clara preferencia por la adhesión de un Chipre unido el próximo mes. Hemos ofrecido todo nuestro apoyo a los esfuerzos del Secretario General Annan, para ayudar a las partes a aprovechar la oportunidad histórica de conseguir una solución global. Pedimos a todas las partes que se comprometieran a conseguir un resultado positivo. Gracias al entendimiento alcanzado con las partes en Nueva York el mes pasado, el Secretario General Annan ha expresado su intención de concluir estas negociaciones en Suiza esta noche; así que, deseo mucha suerte a los negociadores. Kofi Annan espera que las partes firmen una versión final del plan de acuerdo y que las autoridades garantes lo ratifiquen esta noche, para que pueda ser presentado como documento de consenso al pueblo de Chipre para su aprobación en abril. El debate de esta mañana pone de manifiesto que todos compartimos esa esperanza.

Algunos diputados han planteado la cuestión del presupuesto. Los comentarios son oportunos. Se ha hablado sobre el compromiso vigente. Subrayaremos esos comentarios en el debate. En respuesta al Sr. Hänsch y otros, quiero decir que soy totalmente consciente de que los procedimientos de acuerdo con respecto al presupuesto de la Unión son una cuestión particularmente delicada para el Parlamento. Lo tendré totalmente en cuenta. Como Presidencia, concederemos especial importancia a garantizar un resultado equilibrado que todos, incluido el Parlamento, puedan aceptar. Comunicaré las observaciones destinadas particularmente al Consejo del Ecofin y a su Presidente, mi colega el Sr. McCreevy.

En respuesta al importante comentario de la Sra. Doyle sobre Birmania, quiero decir que la decisión de establecer relaciones diplomáticas con Birmania/Myanmar se tomó en el contexto de nuestra Presidencia de la Unión y de la necesidad de Irlanda, como Presidencia de la Unión Europea, de tratar directamente con las autoridades birmanas que, de lo contrario, no habríamos podido hacer. Antes de entablar relaciones –cuya necesidad entendemos– consultamos a Aung San Suu Kyi, que estaba expresamente de acuerdo con nuestra decisión, porque entendía nuestra necesidad de cumplir nuestra tarea y que realmente lo haríamos. Así que lo comprobamos y ella estaba de acuerdo. Como Presidencia de la Unión Europea tenemos tanto la oportunidad como la responsabilidad de hablar con las autoridades birmanas en nombre de la Unión Europea. Por supuesto, podríamos no haber hecho nada. Sin embargo, nuestros objetivos continúan siendo el retorno de la democracia a Birmania, el fin de las violaciones de los derechos humanos y la consecución de la paz y la prosperidad para un pueblo que lleva sufriendo tanto tiempo como el birmano. Eso es lo que todos queremos. En nuestra opinión, el nombramiento de un embajador en Birmania amplía las plataformas desde las que podemos promover estos objetivos de la Unión Europea y de la comunidad internacional. Con excepción de Luxemburgo, todos los Estados miembros mantienen relaciones diplomáticas con Birmania.

Para terminar, quiero dar las gracias a todos los que han intervenido por sus comentarios. También quiero dar las gracias a los líderes de los Grupos por su cooperación y constantes contactos con la Presidencia y con los diputados del grupo de la CIG, con los que he tenido la oportunidad de hablar en numerosas ocasiones, sin ir más lejos esta semana en Dublín, mientras asistían a la reunión del grupo de presidentes de asuntos exteriores. Soy plenamente consciente de apoyo sistemático del Parlamento en numerosas cuestiones de nuestra agenda. Esperamos seguir contando con su apoyo en los próximos meses. Por supuesto, me dirigiré al nuevo Parlamento después del Consejo Europeo de junio, pero les aseguro que habrá algún mecanismo por el que podamos continuar estando al corriente de todas las cuestiones en el período intermedio. Haré todo lo que esté en mi mano por mantener ese contacto y mantenerles a ustedes y a sus colegas informados de los últimos detalles que vayan surgiendo en abril y mayo.

(Aplausos)

  Prodi, Presidente de la Comisión. – (IT) Seré breve porque me identifico totalmente con las respuestas del Sr. Ahern y las políticas enérgicas desarrolladas en todos los temas tratados por el Consejo Europeo.

Solo quisiera hacer una observación a lo que ha dicho el Sr. Barón Crespo en su intervención. Ha expresado una gran preocupación por la forma en que algunos miembros de la Comisión se han ido para asumir importantes puestos gubernamentales. No puedo negar que esto puede causar algunos problemas y no puedo negar que se necesitan decisiones rápidas para asegurar la eficacia y continuidad del delicado trabajo de la Comisión en estos últimos meses de su mandato.

La primera, más franca y más firme reacción por mi parte es de gran satisfacción. El hecho de que los Gobiernos nacionales una y otra vez ofrezcan puestos a los Comisarios para superar tiempos de crisis o prepararse para la reelección es un reconocimiento claro, oficial, del gran papel político que esta institución ha desempeñado a lo largo de su mandato. Siempre he mantenido que la Comisión es un organismo político y en coherencia con ello he pedido siempre a los Comisarios que asumieran su propia responsabilidad política por lo que dicen y hacen. Si observan cómo la ex Comisaria Anna Diamantopoulou ha asumido el papel principal en la campaña política griega, el Sr. Solbes Mira se convertirá probablemente en el responsable de la dirección de la economía española y el Sr. Barnier se hará cargo de la política exterior de Francia, comprenderá el papel que la Comisión ha desempeñado en los últimos cinco años.

Cuando se produjo el primer cambio, se nombró rápidamente y de modo eficaz al Comisario Dimas, que ya ha iniciado su excelente labor. Seré igual de rápido para no interrumpir ni un momento el trabajo de la Comisión y me responsabilizaré de que estos períodos intermedios sean lo más cortos posible. Ocurrirá lo mismo con los otros dos casos pendientes y con cualquier otro que se produzca en el futuro, pues probablemente se producirán otros casos; habrá otros Comisarios que se presentarán a las elecciones europeas, cosa que considero una señal muy positiva. Espero que esto se convierta en un proceso de doble sentido y que al final habrá diputados de este Parlamento que formen parte de la próxima Comisión. De hecho, estas son las reglas de la democracia, la forma en que el Parlamento y la Comisión se refuerzan recíprocamente. Esta intervención es sin duda muy general, pero es seria y realmente necesaria y los discursos sobre un organismo burocrático y tecnocrático se refieren al pasado: los hechos han mostrado cuál es la situación real.

En lo que a mi Comisión se refiere, continuará funcionando con colegialidad, eficacia y continuidad, y responderé de su continuidad hasta el final de nuestro mandato, es decir, hasta la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Señora Doyle, ¿puede comunicárselo a nuestro amigo el Sr. Poettering? Estoy seguro que estará muy contento de oírlo.

(Risas. Aplausos)

  El Presidente. ¡Bravissimo!

  Ortuondo Larrea (Verts/ALE). – (ES) Señor Presidente, intervengo por haber sido aludido en este debate sobre mi abstención, el pasado 11 de marzo, con ocasión de la enmienda oral, que proponía que dedicáramos como Día Europeo contra el terrorismo el 11 de marzo.

Y tengo que aclarar que yo no estoy en contra de que exista un día internacional contra el terrorismo, ni un día europeo contra el terrorismo. Si hubiese estado en contra, habría votado negativamente; me abstuve, porque en la justificación de esa declaración se introducía un elemento falso, manipulador, que engañaba a la opinión europea con respecto a la autoría de esos tristes y horrorosos atentados.

También se ha aludido a que el Gobierno vasco, en veinte años, no ha sabido atajar el terrorismo. Yo tengo que recordar aquí que el Sr. Aznar, el Gobierno del Partido Popular, prometió acabar con el terrorismo en cinco años; han pasado ocho años y ahora, en lugar de un terrorismo, tenemos dos.

Debemos empezar a comprender que atajar el terrorismo no es posible solo con medidas policiales y judiciales. La clave de lo que tenemos que hacer es atajar la injusticia y la pobreza. La clave es respetar la identidad, la cultura y la religión de los demás y, la clave, es un ordenamiento jurídico internacional equitativo, que respetemos todos y no solo cuando conviene a unos determinados intereses.

  Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, el Sr. Ortuondo no me ha mencionado personalmente, pero se ha referido a unas manifestaciones que yo he hecho durante el debate, y entiendo que tengo derecho, sobre la base del artículo 122, a responder a esas alusiones en las que él ha citado textualmente algunas de las palabras que he pronunciado.

Normalmente, no suelo entrar al trapo de estos debates, porque entiendo que los trapos sucios se lavan en casa. Pero la verdad es la verdad -dígala Agamenón o su porquero- y el Sr. Ortuondo, antes de lanzarse a hacer aseveraciones y dar consejos a otros, debería darse una vuelta por su propia casa, porque, aunque le pese, el único responsable político -y cuando utilizo la palabra responsable tengo serias dudas sobre una persona que vincula un proyecto anticonstitucional que pretende hacer saltar por los aires la unidad de España- ha sido el Presidente del Gobierno autónomo, de su mismo partido.

Por lo tanto, me reafirmo en todo lo que he dicho y no retiro ni una sola de mis palabras.

  El Presidente. Señor Ortuondo Larrea, lo siento, pero no puedo permitir ninguna respuesta más. Tendrán que resolver esto en otra parte. Cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer uso del artículo 122 en una ocasión. No tendrá oportunidad de hacer uso del mismo por segunda vez.

Quiero dar las gracias a todos por haber participado en el debate: el Taoiseach, el Presidente Prodi y todas sus Señorías.

He recibido seis propuestas de resolución⁽²⁾ presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento.

El debate conjunto queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana a mediodía.

DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO)

  Maaten (ELDR), por escrito. – (NL) Si la Presidencia italiana fracasó a la hora de establecer la Constitución Europea, parece que la irlandesa lo está consiguiendo. Ahora tenemos inesperadamente una oportunidad única de implicar a todos los europeos en este proceso. Debemos dar claridad a los votantes antes de que depositen sus votos entre el 10 y el 13 de mayo. El Consejo tendrá por tanto que presentar el texto antes de tiempo en mayo, lo que es bastante factible.

¿Qué grado de resolución tiene el Consejo? ¿Cuán fuerte es, por ejemplo, la voluntad de hacer frente realmente al terrorismo? Aunque el nuevo coordinador antiterrorista, el Sr. de Vries, es sin duda la persona adecuada para este trabajo, tendrá una tarea imposible si los servicios de seguridad nacionales se niegan a cooperar.

También queríamos decisiones definitivas por parte del Consejo para dar a la economía europea una palmada en el hombro estimulando la innovación, haciendo más flexible el mercado laboral y aboliendo las normas innecesarias. Hemos recibido otra decisión clara: se está creando una comisión. ¿Cuándo asumirá el Consejo finalmente su responsabilidad? Sigo dudando de que el informe de la comisión Kok sobre el crecimiento económico pueda cambiar las cosas. En última instancia, las reformas estructurales deben realizarse en los países mismos.

PRESIDENCIA DEL SR. PODESTÀ
Vicepresidente

(1) Documentos recibidos, curso dado a los dictámenes y resoluciones del Parlamento: cf. Acta.

(1) Esta parte del discurso se pronunció en gaélico. Esto es una traducción.

(2) Cf. Acta.

2. Bienvenida

  El Presidente. – Señorías, me complace dar la bienvenida al Sr. Oleg Viktorovich Morozov, jefe de la delegación de la Duma Estatal de la Federación Rusa en la Comisión de Cooperación Parlamentaria Unión Europea-Federación Rusa y Vicepresidente de la Duma, y a los Sres. Alexandr Nikolaevich Belousov y Gennady Alexandrovich Gorbunov, diputados al Consejo de la Federación, que se encuentran en la tribuna oficial. La delegación se halla en Estrasburgo para una serie de reuniones con nuestra delegación en la Comisión de Cooperación Parlamentaria. Les deseo expresar nuestros saludos y agradecimiento por su presencia.

(Aplausos)

  Frassoni (Verts/ALE). – (IT) Puesto que el Parlamento recibe hoy la visita de una delegación de alto nivel de la Duma de la Federación Rusa, quiero expresar, y creo que no solo en nombre propio, nuestra indignación por la política del Gobierno ruso en Chechenia.

(Aplausos)

⁂

  Schulz (PSE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, permítanme llamar su atención sobre una cuestión de observancia del Reglamento. Señor Presidente, he pedido la palabra porque quiero formularle una petición, en su calidad de Presidente de turno, que presenté el lunes pasado al Presidente de esta Cámara y que me gustaría repetir. Se trata de lo siguiente: un diputado a esta Cámara ha formulado graves acusaciones contra sus colegas diputados sobre varios temas, que esta persona afirma se refieren a otros diputados. Yo me veo afectado personalmente por ello, al igual que muchos otros diputados de mi país. Son acusaciones que pienso deben examinarse.

(Aplausos)

Formulo esta petición en mi nombre personalmente, señor Presidente, pero también en nombre de los 34 diputados socialdemócratas alemanes al Parlamento Europeo, y estoy seguro de que los diputados de los otros Grupos, los Verdes, el PDS y la CDU/CSU, sin duda también tendrán algo que decir sobre ello. Por tanto, en mi nombre y en nombre del resto de mis colegas, solicito que los órganos competentes de esta Cámara, especialmente el servicio jurídico y el colegio de cuestores, en estrecha colaboración con el Tribunal de Cuentas y la OLAF, examinen cada una de las acusaciones que se han formulado, realmente una por una.

(Aplausos)

Al mismo tiempo, señor Presidente, solicito que los resultados del examen de las objeciones se comunique a la Cámara y por tanto al público antes del final del período de sesiones de este Parlamento, es decir, en mayo.

(Aplausos)

Es inaceptable, señor Presidente, que cualquiera venga y haga acusaciones de modo que toda una institución tenga que justificarse. Solicito que, siguiendo el debido procedimiento, que incluya al servicio jurídico, los cuestores, el Tribunal de Cuentas y la OLAF, se examine cada una de las acusaciones y se publiquen los resultados. Solicito esto para mí mismo y para todos los demás diputados afectados.

(Aplausos)

  El Presidente. – Señor Schulz, este es un tema sobre el que creo que esta Cámara ya se ha manifestado. En gran medida estamos de acuerdo con su posición. El Presidente está al corriente, puesto que ha hablado con usted sobre ello al inicio de este periodo parcial de sesiones y por ello estoy seguro de que tomarán medidas en este sentido.

  Nassauer (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, yo también quiero llamar su atención sobre los asuntos descritos por el Sr. Schulz y apoyar su petición de que se examinen inmediatamente las acusaciones y que se informe a la opinión pública y a nosotros mismos. Se ha acusado maliciosamente a un grupo de 50 a 60 diputados alemanes al Parlamento Europeo de haber cobrado incorrectamente su dieta diaria, acusaciones que rechazo de plano. La dieta diaria no es una remuneración por la participación en las sesiones. Además de participar en las sesiones, todos nosotros tenemos otras innumerables tareas que realizar que no aparecen en ningún calendario de sesiones, y para poder estar presentes para tales labores en Bruselas o Estrasburgo se necesitan dietas diarias para cubrir los gastos. De acuerdo con esto, no podemos aceptar que se nos difame de esta forma. Una vez más rechazo de plano estas acusaciones. Un diputado a esta Cámara está aprovechando sus derechos parlamentarios para espiar a sus colegas de la forma más indigna y molesta.

(Aplausos)

Por esta razón, señor Presidente, exijo que se investiguen estos sucesos inmediatamente y que, como he dicho, se informe al público y a nosotros mismos.

(Aplausos)

  Lehne (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, durante tres semanas esta Cámara se ha visto inundada por la acusación anónima de que algunos diputados han estado falsificando firmas en las listas de asistencia. Desde ayer por la tarde, la «fábrica de rumores» en esta Cámara ha estado diciendo que la administración ha completado sus investigaciones con la ayuda de grafólogos y ha llegado a la conclusión de que no hay falsificaciones. Pienso que es inaceptable que hoy, miércoles, una vez que las investigaciones han concluido, esta información no se haya anunciado públicamente en la sesión plenaria y a la prensa.

(Aplausos)

Espero que el Presidente de esta Cámara, no usted mismo, sino el Presidente como tal, se ocupe de que los resultados de estas investigaciones se den a conocer públicamente antes de finalizar el día.

(Aplausos)

  Rühle (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, quiero apoyar los comentarios hechos por los oradores anteriores. Lo que está pasando es una campaña contra el Parlamento Europeo como tal, y que creo que debemos repudiar. La consecuencia es que debemos aclarar estos asuntos completamente lo antes posible porque me temo que esto tendrá comportará una participación muy baja en las próximas elecciones. Si queremos reconquistar la confianza de la opinión pública necesitamos una explicación. Insto a todas las instituciones a que aporten su granito de arena para cerrar este asunto lo antes posible y zanjar definitivamente esta campaña.

(Aplausos)

  Barón Crespo (PSE). – (ES) Señor Presidente, intervengo para solicitar a la Presidencia que se dirija al diputado Sr. Hans-Peter Martin y le pida que se someta al mismo procedimiento al que el Sr. Schulz y los demás colegas alemanes han aceptado someterse, en relación con las acusaciones que se han formulado contra él mismo, especialmente en la prensa austriaca.

(Aplausos)

  El Presidente. – Señor Barón Crespo, todas estas peticiones se transmitirán escrupulosamente a Pat Cox.

  Kaufmann (GUE/NGL). – (DE) Señor Presidente, apoyo sin reservas los comentarios hechos por los oradores anteriores. Ayer, en esta Cámara, dimos una conferencia de prensa en la que participaron todos los Grupos políticos. Escribimos una carta abierta conjunta a un periódico concreto de Alemania y expresamos nuestra opinión sobre las acusaciones. Solo si cada acusación concreta se refuta de forma concreta podremos restablecer juntos la confianza popular y pública en esta Cámara; lo que está en juego es el prestigio de cada uno de sus diputados, el prestigio y la integridad del propio Parlamento Europeo. Por eso pido que se examine concretamente cada una de las acusaciones, como ha propuesto el Sr. Schulz.

  Brok (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, como representante del Parlamento Europeo, tengo el honor de participar en una conferencia gubernamental. En mi calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, he mantenido debates frecuentes en el Consejo, en la Comisión y en las embajadas con los representantes de otros países, algunos de los cuales son candidatos a la adhesión. Quiero solicitar su apoyo y protección para asegurar que el Sr. Martin no pueda interpretar esta actividad en el ejercicio de mi mandato como una desventaja para el público.

(Aplausos)

  Atkins (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, con respecto a una cuestión de observancia del Reglamento, además de las ya planteadas, me gustaría pedir también a la Presidencia del Parlamento que analice exactamente cuáles son las normas –y cómo se aplican– relativas a la utilización de cámaras para filmar a los diputados que se ocupan de sus obligaciones. En cada cuerpo legislativo o Consejo con el que he estado relacionado, existen normas estrictas acerca de lo que se puede hacer y lo que no. Las pruebas que tenemos demuestran que han estado ocurriendo muchas cosas que no deberían haber ocurrido y es necesario poner fin a esto. ¿Podemos tener la seguridad de que esto será así?

(Aplausos)

  El Presidente. – Señorías, informaré a Pat Cox de todas las observaciones que se han hecho. Personalmente estoy de acuerdo con muchas de ellas y estoy seguro de que se aclararán las cosas.

3. Votaciones

Informe (A5-0162/2004) de la Sra. Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas del Consejo 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE y 94/19/CE y las Directivas 2000/12/CE, 2002/83/CE y 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo a fin de establecer una nueva estructura organizativa de los comités de servicios financieros

Antes de la votación:

  Randzio-Plath (PSE), ponente. – (DE) Señor Presidente, permítame, en nombre de la comisión, hacer unos comentarios sobre el informe que hemos aprobado unánimemente, ya que tiene que ver con la extensión del proceso Lamfalussy. Esto significa que los derechos legislativos del Parlamento Europeo no se reducirán sin una disposición en la Constitución Europea, hasta ahora solamente en el artículo 35 del proyecto. Lo que se plantea es que si delegamos competencias legislativas en comités de expertos y el ejecutivo, debemos mantener en todo momento el derecho de revisión, de modo que, en el contexto del equilibrio institucional, recibamos el mismo trato que el Consejo. Esto ha generado grandes problemas en el tema de la legislación sobre los valores mobiliarios, pero hemos visto que esta Cámara ha podido mantener el control del proceso legislativo, mantener la soberanía de definición y trazar una clara línea divisoria entre los problemas técnicos y los políticos, de modo que el Parlamento Europeo, elegido por el pueblo y por tanto soberano, siga siendo de hecho un colegislador.

Lo que se debate ahora es su extensión a los sectores bancario y de seguros. En este sentido, las instituciones, los participantes legislativos del Consejo Europeo y la Comisión con su derecho de propuesta nos han asegurado que respetarán los derechos del Parlamento Europeo como participante en el proceso legislativo, y ahora los dos presentan una declaración a tal efecto, de modo que no se produzca un trato privilegiado del otro legislador.

Estamos dispuestos a aprobar este procedimiento porque la legislación es cada vez más compleja, como también se va a hacer patente en el ámbito de las telecomunicaciones, pero no podemos delegar la soberanía de la definición y de la determinación política de la legislación en expertos o el ejecutivo. Habiendo recibido estas garantías de la Comisión y el Consejo, ahora procedemos a votar sobre mi informe, que después permite la expansión, pero que al mismo tiempo deja claro que el Parlamento sigue siendo el legislador en el proceso de codecisión. Esto no se había establecido con este grado de claridad antes del proyecto de la Convención, pero ahora tenemos un acuerdo entre las instituciones y considero que este es un gran paso adelante para el Parlamento Europeo.

  Roche, Consejo. (EN) Señor Presidente, me gustaría hacer una declaración en relación con la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para establecer una nueva estructura organizativa del Comité de Servicios Financieros. En particular, quiero llamar la atención de la Cámara sobre el contenido de una carta enviada el 24 de marzo por el Presidente en ejercicio del Ecofin, el Ministro Charlie McCreevy TD, a la Presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la Sra. Randzio-Plath. El contenido de la carta es el siguiente:

«Con respecto a la propuesta de directiva para establecer una nueva estructura organizativa del Comité de Servicios Financieros, presentada por la Comisión el 5 de noviembre de 2003, me gustaría aclarar algunos puntos que se han planteado durante los contactos entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Cuando, en marzo de 2001, el Consejo Europeo de Estocolmo tomó la decisión de aplicar el procedimiento Lamfalussy al sector de los valores, se incluyó el siguiente párrafo en las Conclusiones de la Presidencia: “El Parlamento Europeo señala que, en el marco de la decisión de comitología del 28 de junio de 1999, la Comisión se comprometió, con el fin de encontrar una solución equilibrada para los casos de aplicación de medidas en el ámbito de los mercados de valores, consideradas particularmente sensibles a la luz de las discusiones, a evitar oponerse a las opiniones predominantes que pudieran surgir en el Consejo con respecto a la idoneidad de tales medidas. Este compromiso no constituirá un precedente.”

El Consejo, señalando que este compromiso en nombre de la Comisión no constituye un precedente y teniendo en cuenta la función del procedimiento Lamfalussy en el sector de los valores, no pedirá a la Comisión que contraiga un compromiso similar en el marco de la ampliación del procedimiento Lamfalussy al sector de la banca y los seguros.

Con respecto a la cuestión del equilibrio interinstitucional, recordarán ustedes la declaración de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el Consejo el 9 de diciembre de 2002, en la que decidieron que llamarían la atención de sus Jefes de Estado y de Gobierno sobre la importancia de la revisión del artículo 202 del Tratado CE y que les invitarían a analizar esta cuestión en la preparación de la CIG. Ahora tenemos sobre la mesa de la CIG un proyecto de Tratado Constitucional que regula la delegación en la Comisión de la competencia para promulgar reglamentos delegados. El Tratado todavía no ha sido aprobado, pero puedo asegurarles que los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el Consejo apoyan la idea de un sistema legislativo equilibrado, de conformidad con los principios establecidos en el apartado 1 del artículo 35 del proyecto del Tratado.»

(Aplausos)

  Bolkestein, Comisión. (EN) Señor Presidente, la propuesta de directiva que tienen ante ustedes, aunque de carácter principalmente técnico, tiene una considerable importancia para el éxito de la integración financiera europea. En los últimos años hemos pasado a un planteamiento totalmente nuevo con respecto a la normativa europea en materia de valores, con el fin de garantizar que Europa pueda responder rápida y efectivamente ante los avances y oportunidades del mercado. Teniendo esto en cuenta, la Comisión planteó la propuesta encaminada a establecer un sistema normativo coherente y efectivo en todo el ámbito de los servicios financieros. Para ello tuvimos en cuenta las reservas del Parlamento y, en particular, sus preocupaciones relativas a la garantía del equilibrio institucional con el Consejo.

Así pues, debo felicitarles por el gran espíritu de cooperación que sus diputados y el Consejo, y en particular la Presidencia irlandesa, han demostrado al trabajar con nosotros para alcanzar una solución. Teniendo esto en cuenta, ahora quiero hacer una declaración formal en nombre de la Comisión Europea.

(FR) La integración de los mercados de servicios financieros es fundamental para reforzar la economía europea, tal como han recordado los Consejos Europeos de Lisboa y Estocolmo. La ejecución del plan de acción de servicios financieros en los plazos fijados en las conclusiones de los Consejos Europeos, a saber, en 2005 para el conjunto del plan de acción, es crucial para alcanzar este objetivo.

La Comisión se congratula de la estrecha cooperación existente entre las instituciones comunitarias y manifiesta su confianza en la continuidad de esta cooperación para la aplicación de las propuestas de la Comisión, siguiendo las recomendaciones del Comité de expertos presidido por el barón Lamfalussy. La Comisión señala que el segundo informe intermedio del Grupo interinstitucional de vigilancia de los mercados de valores mobiliarios, el comité de seguimiento, ha afirmado que el proceso Lamfalussy prueba que es un instrumento viable para mejorar la eficacia y celeridad de la legislación y la regulación de los mercados financieros en la Unión Europea.

De forma general, la Comisión afirma en su Libro Blanco sobre la gobernanza que sus responsabilidades ejecutivas deben definirse con más claridad y que el Consejo y el Parlamento deberían participar equitativamente en el control de cómo desempeña la Comisión su misión ejecutiva. La Comisión destaca su deseo de que el Parlamento y el Consejo estén en pie de igualdad en el control de las competencias delegadas en codecisión. Recuerda a este respecto que, desde la declaración del Presidente Romano Prodi en el pleno del 5 de febrero de 2002, ha hecho propuestas concretas para revisar el artículo 202 y, en la espera de la posible adopción del nuevo Tratado constitucional, para modificar la Decisión de «comitología» de 1999, demostrando así su ambición de llegar a una solución equilibrada.

Entre tanto, en espera de la adopción y la entrada en vigor, en su caso, del proyecto de Tratado constitucional, en el ámbito de los servicios financieros, y sin que ello constituya un precedente, son necesarios mecanismos de reglamentación flexibles dentro del pleno respeto del equilibrio institucional. A este respecto, por lo que se refiere al ámbito de los valores mobiliarios, el 2 de octubre de 2001 el comisario competente envió una carta a la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento. Dicha carta fue seguida de una declaración solemne pronunciada, el 5 de febrero de 2002, en sesión plenaria en el Parlamento. En el contexto específico de una ampliación de este enfoque al ámbito de los bancos, los seguros y las pensiones profesionales, así como de los OPCVM (organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios), la Comisión está en condiciones de reiterar lo siguiente. Tomar nota de la intención del Parlamento de limitar a cuatro años...

(Aplausos)

... a partir de la entrada en vigor de cada directiva la duración de una delegación de nuevas competencias de ejecución en la Comisión, sin perjuicio de una prórroga propuesta por esta y aceptada por el Parlamento y el Consejo. La Comisión podría aceptar enmiendas futuras adoptadas por el Parlamento a tal fin. Velar por conceder al Parlamento un plazo de tres meses a partir de la primera transmisión de los proyectos de medidas de ejecución para que pueda examinarlas y pronunciarse sobre ellas. No obstante, en caso de urgencia debidamente motivada, este plazo podrá acortarse. Garantizar plenamente la transparencia hacia el Parlamento durante todo el procedimiento de adopción de las medidas de ejecución, y garantizar asimismo una amplia consulta pública en las fases previas de la elaboración de los proyectos de medidas de ejecución.

La Comisión acogería con agrado la creación de grupos de partícipes de los mercados en el Comité Europeo de Supervisores Bancarios, el Comité Europeo de Supervisores de Seguros y Pensiones de Jubilación, así como el Comité Europeo de Reguladores de Valores. Recuerda su voluntad política de esforzarse por que el Parlamento disfrute de un trato equivalente. Reafirma su compromiso de garantizar una cooperación eficaz entre las instituciones, teniendo en cuenta estrictamente la posición del Parlamento y las resoluciones que podría aprobar sobre medidas de ejecución que excedan de las competencias previstas en el acto básico y su objetivo de llegar, en esos casos, a una solución equilibrada.

(Aplausos)

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

⁂

Propuesta de resolución (B5-0153/2004) en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación sobre el Sudán

(El Parlamento aprueba la resolución)

⁂

Informe (A5-0223/2004) del Sr. Berenguer Fuster, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición de la Comunidad Europea sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas relativo a las prescripciones uniformes aplicables a la homologación de motores de combustión interna que se instalen en tractores agrícolas y forestales y en las máquinas móviles no de carretera, en lo que concierne a la medición de la potencia neta, el par neto y el consumo específico de combustible

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

⁂

Informe (A5-0120/2004) del Sr. Obiols i Germà, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, por otra parte

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

⁂

Informe (A5-0119/2004) del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros, las Repúblicas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y la República Bolivariana de Venezuela, por otra parte

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

⁂

Informe (A5-0199/2004) del Sr. Seppänen, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE, Euratom) nº 2728/94 del Consejo por el que se crea un fondo de garantía relativo a las acciones exteriores

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

⁂

Informe (A5-0198/2004) del Sr. Böge, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 2000/24/CE para tener en cuenta la ampliación de la Unión Europea y su nueva política de relaciones con los países vecinos en una Europa más amplia

Antes de la votación:

  Böge (PPE-DE), ponente. – (DE) Señor Presidente, me remito al apartado 2 del artículo 69 del Reglamento. El informe sobre «la nueva política de relaciones con los países vecinos» requiere una reorganización de los instrumentos de crédito del Banco Europeo de Inversiones. Habiéndolo consultado con la mayoría de los coordinadores, quisiera solicitar la votación por separado de las enmiendas en el Pleno, pero que se aplace la votación sobre el proyecto de resolución legislativa con objeto de tener una nueva oportunidad de negociar con la Comisión y con el Consejo sobre la base de nuestras enmiendas y de manera que también se puedan tomar en consideración las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, con el fin de que las negociaciones establezcan nuevas prioridades con respecto a Rusia y los nuevos Estados independientes.

(El Parlamento decide aplazar la votación de la resolución legislativa)

⁂

Informe (A5-0225/2004) del Sr. Berenguer Fuster, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se concede una ayuda macrofinanciera a Albania y se deroga la Decisión 1999/282/CE

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

⁂

Informe (A5-0219/2004) de la Sra. Sanders-ten Holte, en nombre la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la gobernanza en la política de desarrollo de la Unión Europea

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

⁂

Informe (A5-0139/2004), en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, sobre la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales

(El Parlamento aprueba el texto conjunto)

⁂

Informe (A5-0133/2004) de la Sra. Keppelhoff-Wiechert, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se fijan los requisitos en materia de higiene de los piensos

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

⁂

Informe (A5-0133/2004) de la Sra. Thors, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

⁂

Informe (A5-0132/2004) de la Sra. Maes, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1726/2000 relativo a la cooperación al desarrollo con Sudáfrica

Antes de la votación:

  Nielson, Comisión. (EN) Señor Presidente, la Comisión cree que existe una buena base para que el Parlamento, el Consejo y la Comisión alcancen un acuerdo con respecto a este reglamento modificado sobre la cooperación para el desarrollo con Sudáfrica. La enmienda 3 es el único obstáculo a la aprobación por parte de la Comisión y –debo decir– por parte del Consejo.

  Maes (Verts/ALE), ponente. – (NL) Señor Presidente, agradezco la explicación del señor Comisario. En estas circunstancias, podemos retirar la enmienda 3 y comunicar asimismo que la enmienda 2 se sustituye por la enmienda 4.

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

⁂

Informe (A5-0133/2004) del Sr. Goodwill, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

⁂

Informe (A5-0190/2004) de la Sra. Korhola, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aplicación a las instituciones y a los organismos comunitarios de las disposiciones de la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación pública en la adopción de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

⁂

Informe (A5-0133/2004) de la Sra. Schörling, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

⁂

Informe (A5-0133/2004) del Sr. Sjöstedt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

⁂

Informe (A5-0190/2004) de la Sra. Korhola, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Consejo sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, de la Convención sobre el acceso a la información, la participación pública en la adopción de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

⁂

Informe (A5-0225/2004) del Sr. Radwan, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a las estructuras de gestión del programa europeo de radionavegación por satélite

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

⁂

Informe (A5-0214/2004) de la Sra. Paciotti, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión marco del Consejo relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

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Informe (A5-0091/2004) de la Sra. Hazan, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Italiana con vistas a la adopción de una decisión del Consejo relativa a la organización de vuelos conjuntos de dos o más Estados miembros para la expulsión de sus territorios de nacionales de terceros países que sean objeto de órdenes de expulsión individuales

Antes de la votación:

  Hazan (PSE), ponente. – (FR) Señor Presidente, en este informe propongo rechazar la iniciativa italiana encaminada a organizar vuelos conjuntos para la expulsión de nacionales de terceros países en situación ilegal, y ello por dos razones. En primer lugar, y en cuanto al fondo, el punto central de mi informe destaca que los Estados europeos no pueden contentarse con desarrollar el capítulo represivo de la política de asilo e inmigración mientras, al mismo tiempo, abandonan aspectos enteros de la política relativa a la inmigración legal y la integración de los nacionales de terceros países legalmente instalados en nuestros países. Por otra parte, la iniciativa propuesta por Italia no aporta ningún valor añadido a la acción europea en este ámbito.

Quiero decir aquí solemnemente que las expulsiones masivas constituyen una práctica deplorable, ...

(Aplausos)

... que solo debería emplearse de forma excepcional, mientras que, con esta iniciativa precisamente, este tipo de medidas tendería a generalizarse, a ser habitual. Además, me parece realmente lamentable que los únicos elementos que constituyen una garantía de preservación de los derechos de las personas expulsadas se incluyan, en esta resolución, en un apéndice no vinculante, lo que resulta especialmente revelador de las intenciones del Consejo de construir una Europa que no es otra cosa que una fortaleza.

Por último, en cuanto a la forma, el Consejo no puede pasar por alto, como ha hecho, la opinión del Parlamento Europeo sobre un tema que afecta tanto a las libertades fundamentales. El ejercicio de consulta al Parlamento Europeo, que en este ámbito es ya solo una formalidad, para este tipo de propuestas resultaría totalmente superfluo, lo que demuestra, si falta hace, la necesidad de reformar nuestras instituciones, cuyas víctimas son en primer lugar los ciudadanos a los que representamos.

Por esta razón, Señorías, les pido que rechacen esta iniciativa.

(Aplausos)

(El Parlamento rechaza la iniciativa)

  Hazan (PSE), ponente. – (FR) Señor Presidente, quería señalar que estoy a favor de que este texto se devuelva a comisión.

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Informe (A5-0132/2004) de la Sra. Sbarbati, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 337/75 por el que se crea un Centro europeo para el desarrollo de la formación profesional

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

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Propuesta de resolución (B5-0156/2004) de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre la protección de los datos de los pasajeros aéreos

Antes de la votación:

  Cappato (NI). – (IT) Señor Presidente, la Comisión Europea ha optado por seguir un rumbo ilegítimo en relación con este asunto, que ha despojado al Parlamento Europeo de sus competencias al ceder claramente parte de la soberanía europea a los Estados Unidos de América. Llegados a este extremo, yo quisiera preguntarle, por lo tanto, a la Comisión si, en lugar de pasar por el trámite de hacernos votar, no sería preferible que trasladase el asunto a la única institución democrática con poder de decisión que interviene en el mismo, o sea, al Congreso de los Estados Unidos.

(El Parlamento aprueba la resolución)

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Informe (A5-0133/2004) de la Sra. Paulsen, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la estrategia europea de medio ambiente y salud

(El Parlamento aprueba la resolución)

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  Nicholson of Winterbourne (ELDR). – (EN) Señor Presidente, tiene razón en que debemos investigar la transparencia y responsabilidad. ¿Podríamos investigar también si estamos cumpliendo la legislación con respecto al empleo? A mi me ha preocupado constantemente la falta de un estatuto de los asistentes. ¿No supone esto una oportunidad de comprobar y confirmar si estamos cumpliendo la legislación en materia de empleo?

  Zimmerling (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, soy una de las víctimas de las calumnias del Sr. Hans-Peter Martin y no estoy dispuesto a seguir tolerando este tipo de actuaciones. Por consiguiente, solicito –y pido que conste en acta– la suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Hans-Peter Martin. Me propongo presentar una denuncia penal contra dicho diputado por infundio, difamación, injurias, daños y todos los demás delitos que puedan ser pertinentes. Por lo tanto, solicito la suspensión de su inmunidad parlamentaria, con objeto de que se pueda proceder contra él.

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EXPLICACIONES DE VOTO

- Informe Randzio-Plath (A5-0162/2004)

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Conviene recordar que el Parlamento Europeo aceptó el llamado procedimiento Lamfalussy para la adopción de normas relativas a los mercados financieros, conforme al cual las decisiones políticas fundamentales se adoptarán por el procedimiento de codecisión y la Comisión adoptará las medidas técnicas para su ejecución.

La finalidad principal de dicho procedimiento es agilizar la aplicación del plan de acción de servicios financieros, con objeto de crear un mercado único, en forma de un mercado integrado de capitales, para 2005. El procedimiento beneficiaría a los principales operadores del mercado, ya que les permitiría ejercer una influencia considerable sobre el procedimiento legislativo y liberalizaría los movimientos de capitales y los instrumentos financieros para satisfacer el afán de lucro de los especuladores. El Parlamento Europeo aceptó dicho procedimiento porque estaba de acuerdo con sus fines y, con ello, dejó sus competencias legislativas en otras manos. Por consiguiente, no podemos quejarnos o describir dicho procedimiento como un mero procedimiento de comitología.

La Comisión Europea intenta aplicar el procedimiento Lamfalussy al sector bancario, los seguros y los fondos de inversión colectivos mediante la creación de una nueva estructura organizativa para los comités responsables de los servicios financieros. El Parlamento Europeo mantiene una vez más una posición crítica, pero nuevamente va a aprobar el procedimiento porque, de nuevo, está de acuerdo con sus fines declarados. Una buena lección para los ruidosos defensores del procedimiento de codecisión.

- Informe Obiols i Germà (A5-0120/2004)

  Queiró (UEN), por escrito. (PT) La elaboración del presente acuerdo de asociación –cuyo objetivo es mejorar las relaciones entre la Unión Europea y Centroamérica– tiene su origen en el deseo de sentar las bases para un acuerdo interregional que facilite la creación de una asociación entre la Unión Europea y América Latina, incluida una zona de libre comercio, tras los acuerdos de asociación establecidos con los países de Centroamérica y de la Comunidad Andina, idénticos a los ya concluidos con México y Chile y a los que se están negociando actualmente con Mercosur. El propósito es, por lo tanto, incrementar la influencia de la Unión Europea en dicha región, como un contrapeso frente a la enorme influencia que ya ejercen allí los Estados Unidos, que han concentrado su interés en la creación de una zona de libre comercio entre los Estados Unidos y Centroamérica, para empezar, y en la posterior creación de la llamada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Aun teniendo presentes estas circunstancias, considero que la competencia siempre es positiva y que todas las relaciones que se puedan establecer con dichos países van a resultar mutuamente beneficiosas para los Estados miembros que participen en las mismas y para el conjunto de la Unión, así como también para el equilibrio socioeconómico y las relaciones geoestratégicas en el contexto intercontinental. Por esto he votado a favor del informe.

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) Es claramente necesario que la tercera cumbre entre la Unión Europea y América Latina, que se va a celebrar en México, fije una fecha para el inicio de las negociaciones de acuerdos de asociación con los países de Centroamérica y de la Comunidad Andina, con idénticas características, mutatis mutandis, que los ya suscritos con México y Chile, o los que se están negociando en estos momentos con Mercosur.

Comparto la opinión del ponente sobre el papel fundamental que podrían desempeñar dichos acuerdos con vistas a un posterior acuerdo interregional global que conduzca a la creación de una futura asociación Euro-Latinoamericana, incluida una zona de libre comercio, en 2010 como muy tarde, tal como solicitó el Parlamento Europeo en su resolución del 15 de noviembre de 2001.

Los objetivos principales del nuevo acuerdo son consolidar las relaciones entre la Unión Europea y América Central mediante el desarrollo del diálogo político y la intensificación de la cooperación, y crear, sobre la base de los resultados del Programa de trabajo de Doha, unas condiciones que permitan la negociación de un acuerdo de asociación viable y mutuamente beneficioso, incluido un acuerdo de libre comercio, entre las partes.

He votado a favor.

- Informe Salafranca Sánchez-Neyra (A5-0119/2004)

  Queiró (UEN), por escrito. (PT) Las opiniones que he expuesto en mi explicación de voto en relación con el Informe Obiols i Germà también son aplicables al presente informe; a saber: el contexto en el que se ha elaborado el Acuerdo de asociación sienta las bases para un acuerdo interregional global que contribuirá a la creación de una Asociación Euro-Latinoamericana, incluida una zona de libre comercio, que ampliará la influencia de la Unión Europea en la región y actuará como un contrapeso frente a la influencia que allí ejercen o desean ejercer los Estados Unidos. Si no se establece dicha asociación, los intereses de los países de la región se polarizarán en torno a la creación de una zona de libre comercio entre los Estados Unidos y Centroamérica, primero, y en torno a la creación de la llamada Área de Libre Comercio de las Américas, después. Por lo tanto, deberíamos promover unas relaciones con dichos países que resulten mutuamente beneficiosas tanto para los países y Estados miembros que participen en ellas como para el conjunto de la Unión, y que a la vez contribuyan a equilibrar las relaciones socioeconómicas y geoestratégicas intercontinentales. Por esto he votado a favor del informe.

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) Comparto la preocupación que manifiesta el ponente en lo que se refiere a la necesidad estratégica de que la Unión Europea establezca una cooperación más estrecha con la totalidad de América Latina. Esto debe constituir una prioridad estratégica para Europa.

Lamento que la Comisión no haya realizado mayores progresos en la profundización o mejora de las relaciones con esa zona del mundo, que comparte los valores y la historia europeos, tal como ha venido reclamando el Parlamento Europeo.

Desde esta perspectiva, acojo con satisfacción el nuevo acuerdo de diálogo político y cooperación propuesto con la finalidad de consolidar las relaciones entre la Unión y la Comunidad Andina mediante la ampliación del diálogo político y el fomento de la cooperación, a la vez que se crean las condiciones que permitan la negociación de un acuerdo de asociación «viable y mutuamente beneficioso», incluida la suscripción de un acuerdo de libre comercio.

Me preocupa especialmente el deterioro de la situación política y social en Venezuela que observo, y creo que la conclusión del acuerdo citado puede otorgar a la Unión Europea una mayor capacidad de actuar para impulsar la democracia y la estabilidad social en dicho país.

La próxima Cumbre de Guadalajara puede ser una buena ocasión para promover dicha relación y fijar un calendario realista para la conclusión de una auténtica asociación entre la Unión Europea y América Latina.

He votado a favor.

- Informe Seppänen (A5-0199/2004)

  Flemming, Karas, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber and Stenzel (PPE-DE), por escrito. (DE) En relación con la enmienda 1 del informe sobre la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE, Euratom) n° 2728/94 por el que se crea un fondo de garantía relativo a acciones exteriores (COM (2003) 604), deseo destacar explícitamente que entre las centrales nucleares «nuevas» también se incluyen aquellas que se vayan a «ampliar» (como la de Cernavoda en Rumania). Deseo volver a reiterar que por central nuclear «nueva» también se debe entender la «ampliación» de una ya existente.

  Queiró (UEN), por escrito. (PT) El informe propone la modificación del Reglamento (CE, Euratom) nº 2728/94 por el que se establece un fondo de garantía relativo a las acciones exteriores, en el contexto de la adhesión de nuevos Estados miembros el 1 de mayo de 2004.

El Fondo de Garantía cubre los préstamos concedidos a terceros países y las garantías de los mismos. Con la próxima adhesión de diez países a la UE, en 2004, el Fondo se verá afectado por el hecho de que varios países han sido beneficiarios de préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), garantizados por el presupuesto de la Unión, lo cual significa que estarán cubiertos por el montante previsto a partir del momento de su adhesión a la Unión. Las garantías se mantendrán, pero el riesgo asociado se transferirá al presupuesto de la Unión. La propuesta de modificación establece las normas destinadas a hacer frente a todas esas situaciones y a garantizar una transferencia ordenada de las responsabilidades del Fondo al presupuesto. Por lo que respecta a sus consecuencias financieras, se trata de una operación excepcional e inevitable, puesto que está vinculada al proceso de ampliación, y por consiguiente he votado a favor.

  Ribeiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) El Fondo de Garantía se creó originariamente para proteger al presupuesto de la Unión del riesgo potencial asociado a los crecientes préstamos exteriores concedidos. El mecanismo del Fondo de Garantía cubre tres tipos diferentes de préstamos a terceros países: garantías que cubren los préstamos del BEI, los préstamos concedidos en calidad de ayuda macrofinanciera (AMF) y los préstamos exteriores de Euratom.

En este contexto, el Fondo también es un instrumento importante de nuestra política de cooperación con terceros países. Esta propuesta tiene por objeto retirar de la cobertura del Fondo a los nuevos Estados miembros, una vez que también pasen a integrarse en la Unión Europea, y establecer un marco uniforme para las futuras rondas de ampliación. No tenemos nada que objetar al respecto.

No obstante, compartimos la opinión del ponente en el sentido de que se deberían adecuar mejor los parámetros del Fondo, que se pueden considerar excesivamente prudentes.

Entre las enmiendas propuestas, nos parece útil, aunque quizá poco realista, reducir ligeramente el tipo de aprovisionamiento del Fondo antes de que expiren las actuales previsiones financieras. Como ratifica el ponente, la Comisión debería evaluar atentamente los parámetros financieros del Fondo y presentar propuestas más acordes con los riesgos reales dentro del marco posterior a 2006.

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) La propuesta de reglamento nace de la necesidad de modificar el Reglamento 2728/94/CE/Euratom por el que se crea un fondo de garantía relativo a las acciones exteriores, con vistas a la adhesión de nuevos Estados miembros el 1 de mayo y la consiguiente modificación de su situación. El Fondo de Garantía cubre los préstamos concedidos a terceros países y las garantías de los mismos.

El mecanismo del Fondo de Garantía se estableció originariamente en el contexto de las perspectivas financieras para el período 1993-1999, a fin de proteger el presupuesto de la Unión del riesgo potencial asociado al incremento de los préstamos exteriores y, en consecuencia, solo cubre los riesgos de los préstamos a terceros países y sus garantías.

Paralelamente a la presente propuesta, la Comisión presentó un informe general sobre el funcionamiento del Fondo de Garantía, que llega a la conclusión de que este continuó cubriendo sus objetivos principales durante el período 1998-2002.

Por consiguiente, he votado a favor de la propuesta que, en su calidad de instrumento técnico presupuestario, sigue una política que suscribo plenamente y que tiene por objeto garantizar que la Unión Europea impulse acciones exteriores firmes de apoyo al desarrollo y de fomento del bienestar de los pueblos y los países de allende las fronteras de Europa.

- Informe Böge (A5-0198/2004)

  Ribeiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) La Comisión propone la revisión del mandato del Banco Europeo de Inversiones para conceder préstamos exteriores garantizados por el presupuesto comunitario, con objeto de tener en cuenta la Nueva Política de Vecindad en el contexto de una Europa ampliada, incluida entre sus propuestas de un marco político y financiero para el período 2007-2013.

Si se considera el límite máximo de los préstamos, que es de 20 260 millones de euros, se llega rápidamente a la conclusión de que el informe que acompaña a la propuesta legislativa añade poco a las consideraciones y objetivos geopolíticos que están en su base, particularmente el de crear una zona de libre comercio euromediterránea, donde la Unión Europea pueda ejercer una influencia política, económica y militar.

La Política de Vecindad incluye con carácter prioritario a Rusia, para la cual el ponente propone un incremento de 500 millones de euros en el reparto provisional, y a los países de la cuenca mediterránea. Dichos préstamos estarían claramente al servicio de una política de influencia, interés particular e interferencia regional de la Unión Europea. Un objetivo que rechazamos.

Todavía resulta más preocupante, empero, el hecho de que dicha política de buena vecindad se proponga en detrimento de la política de cooperación y desarrollo de la UE, en particular en relación con los países ACP, América Latina y Asia.

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) La propuesta se refiere a la revisión –al finalizar el último período que resta del mandato– de la garantía bancaria comunitaria del Banco Europeo de Inversiones (BEI), destinada a cubrir los préstamos concedidos por este a países no-miembros a partir de los recursos comunitarios.

La ampliación de la Unión el 1 de mayo de 2004 va a aumentar la capacidad de préstamo del BEI, sin ampliar el techo de su mandato de préstamos exteriores, lo cual resultará particularmente favorable en un momento en que la Unión Europea está incrementando la cooperación con los países candidatos potenciales de los Balcanes occidentales y se dispone a ampliar sus relaciones con otros vecinos del Sur y del Este.

Según el Plan de Actividades del BEI (PAB), el uso previsto de los diferentes paquetes regionales durante lo que resta del período del mandato parece responder a un volumen total de préstamos superior al volumen global fijado.

Con estas proyecciones en mente, la Comisión propone una nueva distribución geográfica del volumen previsto para el mandato, a la vez que mantiene el límite actual de 19,46 millones de euros.

Dado que es necesario mejorar las relaciones de la Unión con sus vecinos más próximos, he votado a favor de las enmiendas propuestas.

- Informe Sanders-ten Holte (A5-0219/2004)

  Ribeiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) El presente informe es de carácter teórico, conceptual e incluso ideológico.

La lectura de la exposición de motivos crea la impresión de que vivimos en un mundo idílico. Este mundo se puede dividir en «donantes» y beneficiarios de la filantropía de dichos «donantes». Sin embargo, los «donantes» deben rendir cuentas a sus contribuyentes, que imponen condiciones –justificadas– a su capacidad de aportar ayuda.

Por esto, en este mundo existe una auténtica necesidad de garantizar que no se haga un mal uso de dicha ayuda y por esto el Banco Mundial introdujo en 1991 el concepto de «gobernanza», con una definición de sus aspectos principales.

Tanto la comunicación de la Comisión como la valoración crítica que figura en el informe (que hace extensiva la idea más allá de la esfera del Estado, concebido como mero «proveedor» de la «sociedad civil») consideran la «gobernanza» como un concepto terminológico, más pragmático que el de democracia, por ejemplo, y opinan que debería estar en la base de la política de desarrollo de la UE.

El mundo real dista, no obstante, mucho de ser idílico. Existen intereses contrapuestos que entran en conflicto y ninguna dosis de «gobernanza» puede disimular la escasa importancia que se otorga a la cooperación en todo el abanico de políticas comunitarias, la ausencia de cualquier noción de solidaridad o de respeto hacia lo «diferente» y la presencia constante de la condicionalidad, que impone unos modelos económicos y sociales.

Por consiguiente, el informe nos parece peligroso, pues describe el mundo como quienes actúan de buena fe desearían que fuese o que pudiera llegar a ser, y no tal como es.

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) He votado a favor porque pienso que la Unión Europea debe proseguir e intensificar sus esfuerzos para promover la democracia como un eje fundamental de su política de desarrollo.

Promover una gobernanza auténticamente democrática a escala local, regional y nacional es un factor de innegable importancia, en el que nunca se insistirá bastante y sin el cual no llegaremos a ver la deseada armonización de las administraciones públicas. Por esto quiero destacar la absoluta necesidad de una mayor participación de la sociedad civil, que nos permita emprender reformas electorales y parlamentarias continuadas con el fin de garantizar que la actividad política se sustente sobre una base más amplia y sea más eficaz. En este contexto, apoyo la declaración del ponente sobre la necesidad de acabar con la impunidad, lo cual solo se conseguirá si se establecen o consolidan unos sistemas judiciales independientes y se respetan plenamente las libertades civiles y políticas.

Sin perjuicio de la mayor o menor capacidad de los Estados individuales, por mi parte apoyaría en última instancia la idea de que las denegaciones de ayuda se deben limitar a los casos en que los Gobiernos pasen por alto o sean responsables de atentados permanentes contra los derechos universales básicos de los hombres, mujeres y niños. Lo cual, evidentemente, no debe ser óbice para la continuidad del diálogo y la aportación de ayuda humanitaria o alimentaria.

- Informe Manders (A5-0139/2004)

  De Rossa (PSE), por escrito. (EN) Quiero dejar constancia de mi apoyo a este informe, como un gran paso para facilitar la aplicación del principio de «quien contamina paga». Cuando se producen daños medioambientales, la primera pregunta siempre es: ¿quién va a pagar? Este informe permite la aplicación del principio de «quien contamina paga», un principio que debe ser utilizado con gran coherencia y eficiencia.

El requisito de que la Comisión presente un informe, en el plazo de seis años, también nos dará la oportunidad de revisar esta importante cuestión y de evaluar convenientemente su impacto en la práctica.

En un mundo ideal, yo esperaría que los ciudadanos estuviesen protegidos frente a cualquier riesgo de daño medioambiental, y afortunadamente estamos haciendo progresos con algunas medidas preventivas reales. Sin embargo, lamentablemente siguen produciéndose demasiados daños medioambientales y debemos contar con medidas estrictas para garantizar que quienes provoquen esos daños realmente paguen los costes. Las medidas incluidas en este informe también garantizarán que quienes contaminan se enfrenten a exigencias y sanciones similares en toda la Unión Europea.

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) El proceso ha llegado ahora a la tercera y última fase de las negociaciones entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Un proceso que ha estado marcado por las presiones de las grandes empresas –véanse, por ejemplo, las opiniones de la UNICE, la confederación de los empresarios europeos– encaminadas a evitar la responsabilidad por los daños directos causados al medio ambiente, mientras los gobiernos de algunos países de la UE defendían dichos intereses en las negociaciones de la presente directiva.

Aun cuando el acuerdo no incluya algunos de las propuestas presentadas por el Parlamento Europeo y por mi Grupo político en particular –y sin entrar en detalles sobre los problemas fundamentales que plantea, los conceptos que adopta, su aplicación adecuada y todas sus consecuencias, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas–, se trata de un compromiso que podría ayudarnos a combatir mejor los daños contra el medio ambiente, con especial atención a aquellos causados por las grandes empresas.

Como ya he señalado, las políticas de protección del medio ambiente y de los recursos naturales son esenciales para el futuro de todos. Es preciso dar prioridad a las políticas y medidas centradas en la prevención, la investigación y el apoyo del acceso a la tecnología, con especial atención a los problemas y necesidades de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas.

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) Como manifesté en la primera lectura, cuando se votó la propuesta de directiva (el 14 de mayo de 2003), es sumamente importante que adoptemos un sistema comunitario global de prevención y reparación de los daños ambientales, incluida la contaminación de las aguas, los atentados contra la biodiversidad y la contaminación de los suelos, que representa un grave riesgo para la salud humana. Tras varios años de debates y de repetidas catástrofes ambientales, hemos llegado a un momento decisivo para la prevención y reparación eficaz de los daños ambientales; a una auténtica divisoria de aguas, por decirlo de otro modo.

Acojo con satisfacción el acuerdo alcanzado en el Comité de Conciliación sobre una garantía financiera (el compromiso alcanzado con el Consejo establece que la Comisión presentará un informe sobre la situación relativa a los instrumentos de garantía financiera obligatorios a los seis años de la entrada en vigor de la directiva). También acojo con satisfacción el enfoque gradual y la exclusión de las actividades de bajo riesgo.

En la futura revisión prevista, la Comisión deberá prestar especial atención a las diferencias entre los niveles de responsabilidad establecidos en los diferentes Estados miembros, sin perjuicio de la necesidad de observar atentamente los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad en relación con las acciones de los Estados miembros.

El presente enfoque común mejora el marco jurídico para la protección del medio ambiente.

Por ello he votado a favor.

- Informe Keppelhoff-Wiechert (A5-0133/2004)

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) La contaminación de los piensos puede afectar a los alimentos destinados al consumo humano. El caso de la EEB constituye un buen ejemplo, en el que el uso de harinas animales originó una de las crisis alimentarias más graves jamás vividas en la Unión Europea. Otro tanto se podría decir de los nitrofuranos, las dioxinas, la hormona MPA (acetato de medroxiprogesterona) o los antibióticos, con consecuencias, aguas arriba, para la salud humana. Actualmente, nos encontramos ante un caso extremo bajo la forma de los organismos genéticamente modificados (OGM), puesto que la carne o la leche de ganado alimentado con productos que contengan OGM no están cubiertas por los procedimientos en materia de etiquetado y trazabilidad.

Creo en el principio según el cual la responsabilidad primaria por el cumplimiento de la legislación en materia de alimentos y de seguridad alimentaria debe recaer sobre el sector de la alimentación animal. Dicho principio, unido a la trazabilidad, podría permitir una actuación rápida para acabar con los riesgos para la salud humana y animal y también para el medio ambiente. No obstante, un aspecto fundamental es cómo garantizar la responsabilidad financiera de los operadores cuyas actividades causen daños económicos al sector de la alimentación animal, habida cuenta que dichos operadores a menudo reciben el apoyo de fondos públicos.

La Comisión propone que se establezca una garantía financiera, un seguro en este caso, aunque por nuestra parte tenemos reservas al respecto, ya que primero habría que realizar una evaluación del impacto socioeconómico de la medida, que no debe invalidar un sistema eficaz de garantía financiera. Se tiene que realizar un seguimiento y la ley se debe cumplir.

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) La propuesta de reglamento comunitario debe estar a la altura del compromiso del Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria, dado que este establece los requisitos de un sistema completo de registro de todos los operadores de empresas del sector de la alimentación animal y los que debe cumplir la producción de piensos.

La propuesta establece requisitos en materia de higiene de los piensos en todas las fases de su uso, producción, transformación y distribución y mantiene ciertas condiciones para las importaciones de terceros países, que estipulan que estos deberán cumplir unas normas equivalentes, como mínimo, a las establecidas en el reglamento (medidas que se deberán aplicar conforme al procedimiento de la comitología).

A mi parecer, sin ánimo de quitar importancia a la seguridad alimentaria, debemos evitar establecer medidas excesivamente restrictivas o perjudiciales para los productores de piensos e irrazonablemente más duras que las que se aplican a los productores de alimentos destinados al consumo humano.

Por estos motivos, he votado a favor.

- Informe Thors (A5-0147/2004)

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) La finalidad del reglamento es actualizar la normativa relativa a los materiales destinados a entrar en contacto con alimentos y crear un reglamento marco que establezca las normas que se deben aplicar a los envases y materiales, las normas de seguridad que deben prevalecer y el procedimiento de autorización de los materiales y métodos empleados. También incluye nuevas disposiciones sobre envases activos e inteligentes. El reglamento forma parte de un paquete global encaminado a mejorar la seguridad alimentaria.

Esta depende mucho del envasado que, además de proteger a los alimentos de la luz, los microorganismos y el aire, también contribuye a preservar su sabor y frescor. Por esto, hay que prestar especial atención a los materiales que entran en contacto con los alimentos y también a las funciones de los mismos.

No obstante, en el contexto de la premisa fundamental de que todos los envases deben cumplir la normativa comunitaria en materia de seguridad alimentaria y no deben inducir a engaño a los consumidores, tenemos reservas importantes en relación con el concepto de envasado activo. Este implica una modificación de la condición e los alimentos, mediante la adición de sustancias aromáticas, la supresión de olores o la adición de conservantes destinados a prolongar su período de comercialización. Esto puede ocultar el verdadero estado de los alimentos. Por lo tanto, aunque aceptamos la enmienda 6, consideramos que se deberían realizar estudios más rigurosos sobre el uso de este tipo de envasado y de sus materiales activos.

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) Estamos asistiendo a la aparición del llamado envasado «activo» o «inteligente» para la conservación de los alimentos, pero la legislación europea no siempre ha estado a la altura de dicha evolución.

La propuesta responde a un intento de proteger mejor la salud de los consumidores y facilitar la libre circulación de mercancías mediante la creación de un marco jurídico aplicable al desarrollo tecnológico, actualmente regulado por una directiva que data de 1989 y que ahora se está revisando.

La propuesta define el envasado «activo», concebido para interactuar con los alimentos con el fin de mantener sus cualidades y conservarlos frescos durante más tiempo, y el envasado «inteligente», que puede proporcionar información sobre el estado de los alimentos que contiene. También se contemplan otros materiales y productos recientes.

Combinadas con las medidas específicas propuestas en materia de trazabilidad, las citadas medidas relativas a la seguridad alimentaria contribuirán a una mejora real de la calidad de los productos alimentarios, al aumento de la confianza de los consumidores europeos y, evidentemente, también a una mayor rigurosidad de las normas en materia de seguridad alimentaria.

Por ello he votado a favor.

- Informe Maes (A5-0132/2004)

  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL), por escrito. – (FR) La exposición de motivos denuncia con razón el apartheid «social», que prolonga el apartheid a secas, y pretende actuar a favor de la reducción «de las diferencias entre los pobres y los ricos».

Si sucediera así aunque solo fuera un poco, votaríamos a favor de este informe. Sin embargo, cabe dudarlo, ya que el principal sector mencionado para beneficiarse de una subvención a la reestructuración de 15 millones de euros es el sector sudafricano de los vinos y licores. Parece dudoso que este tipo de ayuda llegue a los townships, a los barrios populares miserables donde viven los pobres.

El informe no permite siquiera descartar la hipótesis de que entre los propietarios vitícolas beneficiados, aparte de sudafricanos ricos, se encuentren también grandes sociedades occidentales.

Además, nada permite controlar que el «apoyo presupuestario directo» vaya destinado a los presupuestos sociales o los servicios públicos y no, por ejemplo, a la compra de armamento o de equipos militares y policiales para oponerse a los pobres.

En estas condiciones, preferimos abstenernos.

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) Vengo siguiendo desde hace tiempo la evolución de la situación sociopolítica en Sudáfrica y creo que intensificar la cooperación con los principales países del África austral podría fomentar el desarrollo y consolidar la democracia en dicha región.

Comparto la opinión del ponente en cuando a la necesidad de que las políticas comerciales y de desarrollo estén orientadas a combatir la pobreza, fomentar el empleo y la justicia social, crear riqueza, asegurar una distribución equitativa de los ingresos y promover el desarrollo económico, social y cultural en general.

Sin embargo, es esencial no olvidar, en el contexto de la lucha contra las causas sociales de la inseguridad con que se enfrenta actualmente el país, las medidas destinadas a frenar de manera eficaz la espiral de violencia que ha causado incontables víctimas inocentes, incluidos muchos ciudadanos de nacionalidad o ascendencia portuguesas.

Creo que la asignación de 15 millones de euros de los fondos de la UE para la reestructuración del sector de los vinos y licores debe tomar en consideración la violación de los derechos de propiedad industrial como resultado del uso ilegal por parte de los productores sudafricanos de los nombres tradicionales de ciertos vinos europeos, como los asociados al vino de Oporto.

Por mi parte, he votado a favor para ratificar el deseo de cooperación de la UE con el África austral, con el fin de impulsar la democracia y el desarrollo.

- Informe Goodwill (A5-0172/2004)

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) Afortunadamente, la población europea está prestando mayor atención al cambio climático y esto ha contribuido a mejorar las condiciones para la investigación. Lo cual nos permitirá adoptar soluciones técnicas y tecnológicas más adecuadas en el futuro, que garanticen tanto el progreso humano como la sostenibilidad del mismo.

Según los expertos en la materia, la propuesta de reglamento es fundamental para la primera fase del Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC) y tiene como finalidad crear un marco legislativo que permita reducir los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6), todos ellos potentes gases de efecto invernadero incluidos en el Protocolo de Kyoto.

Los gases fluorados representan actualmente el 2% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. Su potencial de calentamiento mundial es, sin embargo, considerable, debido a que muchos de ellos tienen una larga vida atmosférica (de hasta quince años). La propuesta permitirá reducir las emisiones de gases fluorados para 2010, conforme a las previsiones, y proceder seguir reduciéndolas todavía más a continuación.

Se están realizando diversos estudios en este campo, que evidentemente deben recibir un apoyo adecuado de la Unión Europea, de carácter financiero en particular, con objeto de poder cumplir las obligaciones establecidas en 2002 en la Cumbre de Johanesburgo: coherencia política, gestión sostenible de los recursos naturales y fomento de métodos de consumo…

(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento.)

- Informe Korhola (A5-0190/2004)

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) La Comunidad Europea y sus quince Estados miembros firmaron en 1998 la llamada Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación pública en la adopción de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, con el objetivo principal de hacer posible una mayor participación de los ciudadanos en las cuestiones medioambientales y su contribución activa a una mejor conservación y protección del medio ambiente. La firma de la Convención de Aarhus obliga a las instituciones y órganos de la Comunidad Europea a adoptar medidas jurídicamente vinculantes y el presente reglamento así lo hace de manera concreta en relación con los tres pilares de la Convención: acceso a la información, participación pública en el proceso de toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

El acceso a información de alta calidad (preferentemente disponible a través de bases de datos electrónicas de acceso público) se debe considerar en la actualidad como una prerrogativa habitual de la ciudadanía. Establecer unas normas que regulen dicho acceso es la única vía para contribuir de manera eficaz a garantizar el control de los ciudadanos en un ámbito que nos afecta a todos: una auténtica ciudadanía en el ámbito del medio ambiente, incluido el acceso a la justicia en materia ambiental en el ámbito comunitario.

- Informe Schörling (A5-0189/2004)

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Esta propuesta sigue a otras dos iniciativas –sobre el acceso público a la información en materia de medio ambiente y sobre la participación pública en la elaboración de determinados planes y programas relativos al medio ambiente– destinadas a contribuir a la aplicación d la Convención de Aarhus de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/UN) sobre el acceso a la información, la participación pública en las decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

El informe del Parlamento Europeo contiene algunos aspectos que acojo con satisfacción, en particular la ampliación de la definición de «entidad habilitada» (para incluir específicamente a las autoridades locales), la posibilidad de promover la participación de organizaciones privadas «para responder –según dice el texto– a la creciente privatización de las funciones tradicionalmente públicas» o las garantías que permitan la participación de organismos sin capacidad financiera para asumir los costes.

Es un instrumento de último recurso, que podría contribuir a reforzar las acciones emprendidas por las comunidades para proteger sus condiciones de vida y el medio ambiente en el que habitan.

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) El informe se debe considerar en el contexto de un importante paquete en materia de «medio ambiente» y, más concretamente, sobre la incorporación al sistema legal de la Unión Europea de la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación pública en las decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (tercer pilar). También se propone remediar diversas insuficiencias en el control de la aplicación de la normativa en materia de medio ambiente.

La directiva que ahora se propone establece unas condiciones mínimas para el acceso a los procedimientos civiles y penales en materia de medio ambiente y define explícitamente criterios capaces de asegurar una transposición más adecuada de la normativa medioambiental con el menor impacto posible. Como ya he manifestado, concretamente en mi explicación de voto en relación con el informe Korhola, es necesario un control público eficaz en un ámbito que nos afecta a todos, un auténtico «control ciudadano» que nos permita proteger nuestro patrimonio medioambiental. La propuesta formaliza las condiciones en las que se podrá ejercer democráticamente dicho control.

No obstante, me he abstenido en la votación final porque el informe no deja clara su posición con respecto a la Convención, que los Estados miembros ya han suscrito, y esto me induce a mantener algunas reservas.

- Informe Sjöstedt (A5-0177/2004)

  Caudron (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Me complace mucho esta propuesta de la Comisión Europea. En efecto, hasta ahora no existía ninguna legislación específica aplicable a la industria extractiva. Se recurría a las directivas vigentes, en particular a la Directiva marco sobre los residuos y a la Directiva sobre el vertido de residuos. Pero esto no era satisfactorio en absoluto, menos aún cuando la industria extractiva produce grandes cantidades de residuos. Es fácil imaginar el séquito de efectos nefastos para el medio ambiente que puede generar una mala gestión. Era hora, por tanto, de reglamentar las actividades y satisfacer las necesidades específicas del sector.

De forma general, la industria extractiva acoge con benevolencia esta propuesta. Sé que han aparecido algunas divergencias en cuanto a la clasificación de los residuos. La más importante es establecer criterios que permitan determinar cuáles son residuos peligrosos y cuáles no. Es importante asimismo mirar hacia el futuro y alentar la investigación con vistas a permitir una producción más sostenible que genere menos residuos. Apoyo por lo demás la constitución de una garantía financiera para pagar la rehabilitación de los emplazamientos después de su cierre.

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) En el marco del seguimiento de la comunicación de la Comisión, que trataba, entre otras cosas, de la gestión de los residuos mineros, teniendo en cuenta las características específicas de las minas y las considerables disparidades entre los subsectores de las industrias extractivas, se procedió a una reevaluación de la política comunitaria en materia de medio ambiente en el contexto de algunos accidentes mineros recientes, como los de Baie Mare, en Rumania, y de Aznalcóllar, en España, por ejemplo.

Evidentemente apoyo la propuesta, ya que establece unas condiciones mínimas para mejorar la gestión de los residuos de las industrias extractivas, incluidos, específicamente, los riesgos medioambientales y humanos asociados a las operaciones de transformación y eliminación de residuos.

Además, la forma de recuperación de residuos que propugna la propuesta tiene por objeto preservar los recursos, reduciendo la presión sobre la explotación de los recursos naturales.

Las disposiciones de la directiva intentan cubrir, por lo tanto, los sectores que representan riesgos graves para el medio ambiente y la salud o riesgos potenciales de accidentes graves, con especial atención, por este motivo, a los aspectos estructurales de una política medioambiental que debería ser sostenible, tal como propone la Unión Europea.

Finalmente, quisiera destacar la introducción de algunas enmiendas importantes encaminadas a proteger los intereses de las pequeñas canteras que están obligadas a cumplir las exigencias de la directiva.

He votado a favor.

- Informe Korhola (A5-0173/2004)

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) Con el fin de cumplir sus compromisos internacionales, la Unión Europea debe aprobar formalmente la decisión sobre la celebración de la Convención de Aarhus.

El objetivo de dicha Convención, adoptado en la Conferencia «Medio Ambiente para Europa», celebrada el 25 de junio de 1998 en Aarhus (Dinamarca), es facilitar el acceso a la información medioambiental y mejorar la participación pública en las decisiones que puedan tener consecuencias para el medio ambiente, a lo cual se podría añadir un «tercer pilar»: el del acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, de 16 de junio de 1972, declaraba que todos tienen derecho a vivir «en un medio ambiente de calidad tal que permita llevar una vida digna y gozar de bienestar» (…). La Unión se comprometió a contemplar la protección del medio ambiente en todas sus políticas en el propio Tratado de Maastricht.

La medida se ajusta, por lo tanto, al apartado 4 del artículo 175 del Tratado CE, que estipula explícitamente que los Estados miembros deberán garantizar la aplicación de la política medioambiental y constituye también otro paso importante hacia la deseada sostenibilidad del desarrollo en la UE.

- Informe Radwan (A5-0209/2004)

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) La propuesta de reglamento relativo al sistema europeo de navegación por satélite tiene por objeto crear un sistema de gestión de dicho sistema de la máxima eficacia y fiabilidad posibles. La Comisión sugiere, por consiguiente, la creación de dos organismos: un órgano de supervisión y un centro de seguridad. El órgano de supervisión que se propone debería ser una institución de la Comisión; a la cual, al ser propietaria de la infraestructura de Galileo, le corresponden también las competencias de control del sistema de navegación por satélite. El Centro de Seguridad deberá garantizar, por su parte, la seguridad operativa y exterior del sistema.

Suscribo las sugerencias del ponente en cuanto a la conveniencia de incorporar a las instituciones que se van a crear la pericia técnica adquirida por las estructuras ya existentes, concretamente mediante la transferencia de conocimientos de la Agencia Espacial Europea (una organización que ha participado muy estrechamente en el programa) al órgano de supervisión.

Comparto asimismo la preocupación del ponente por lograr un equilibrio entre la independencia del órgano de supervisión y la transparencia de sus procedimientos de apelación. Coincido, en particular, con la afirmación de que la presentación al Parlamento Europeo de una memoria anual elaborada por su director no constituiría por sí sola una garantía suficiente de dicha transparencia.

Por ello he votado a favor.

- Informe Paciotti (A5-0214/2004)

  Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) Por mi parte, apoyo la medida porque constituye un paso adelante en la creación de un sistema de cooperación judicial y policial, que es necesario para la realización del espacio de libertad, seguridad y justicia.

El presente marco de decisión está destinado a reemplazar la simple cooperación en materia penal, mediante la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. En consecuencia, debería permitir una cooperación más rápida y eficaz, y mejorar simultáneamente la eficacia de la orden de detención europea. Permitirá emitir un exhorto europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal, siempre que ya estén disponibles en el Estado miembro ejecutor.

Medidas como la orden de detención europea y el exhorto europeo de obtención de pruebas solo serán eficaces, no obstante, si todos los Estados miembros las aplican. Por consiguiente, no podemos dejar de lamentar que la decisión marco sobre la orden de detención europea no se haya aplicado en toda la UE. A 1 de enero de 2004, solo ocho Estados miembros la habían aplicado.

Por esto me congratulo de que el Consejo Europeo haya fijado un plazo máximo hasta junio para la aplicación de las medidas ya adoptadas para combatir el terrorismo, incluida la orden de detención europea. Espero que esta vez se transpongan y se apliquen por fin las medidas adoptadas tras el 11 de septiembre de 2001. Todo es cuestión de voluntad política y no parece haberla.

  Crowley (UEN), por escrito. (EN) Como los demás diputados a esta Cámara, comprendo perfectamente el deseo de ver una cooperación más estrecha entre las autoridades judiciales de todos los Estados miembros. En concreto, me gustaría que hubiera reconocimiento y respeto mutuos de las decisiones y procesos judiciales. Desde la Cumbre de Tampere, y después de las atrocidades del 11 de septiembre y del 11 de marzo en los Estados Unidos y en Madrid, es comprensible que exista el deseo de tomar medidas contra los presuntos criminales y terroristas.

Pero todas esas iniciativas deben basarse en el principio de protección de los derechos civiles y las libertades fundamentales. Me preocupa mucho que la propuesta actual no consagre suficientemente estas protecciones básicas.

Me preocupan varias cosas, como una importante duda respecto al fundamento jurídico, serios interrogantes sobre la falta de protección y salvaguardas, especialmente el uso de las medidas de vigilancia y los métodos coactivos; el hecho de permitir el uso de pruebas que serían inadmisibles en un tribunal irlandés; el debilitamiento de la protección para los demandados que ofrece la Constitución irlandesa; permitir la autoinculpación.

El Parlamento no tiene poderes legislativos en el ámbito del derecho penal, cuyas decisiones se toman mejor a escala nacional. Por esas y otras muchas razones he votado en contra del informe.

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Es lamentable que el PE no haya tenido en cuenta la opinión de su Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y haya rechazado la presente iniciativa de la Comisión Europea.

La propuesta se ajusta al enfoque federalista, que pretende retirar a los Estados ciertas competencias fundamentales que forman parte del núcleo central de su soberanía. Esto pondría en peligro los derechos, garantías y libertades de sus ciudadanos.

El exhorto europeo de obtención de pruebas está «emparentado» con la orden de detención europea, que debemos recordar que se aprobó con el pretexto de la «lucha contra el terrorismo».

Como ya se ha dicho, el objetivo principal de la Comisión Europea es reemplazar los actuales mecanismos de asistencia judicial, basados en los convenios internacionales, por un sistema de reconocimiento mutuo, que exige el reconocimiento directo de una decisión judicial adoptada en un Estado miembro, sin su traducción previa en una decisión nacional.

Como se ha señalado, el procedimiento sigue adelante sin que se prevea ninguna salvaguardia para proteger los derechos de los ciudadanos de cada Estado, pues al cuestionar el enfoque de la cooperación entre Estados, también pone en entredicho las garantías que están salvaguardadas en dicho ámbito.

También es de lamentar el rechazo de las enmiendas encaminadas a asegurar el respeto de los derechos, garantías y libertades consagrados bajo la soberanía popular de cada Estado.

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) El informe se refiere a una propuesta encaminada a permitir que un Estado miembro pueda emitir un exhorto europeo de obtención de pruebas para que sea ejecutado en otro Estado miembro. En otras palabras, el exhorto europeo de obtención de pruebas es una orden judicial emitida en un Estado miembro con el objetivo específico de recabar documentos y datos destinados a procedimientos de carácter penal, que se podrá ejecutar en otros Estados miembros sin su traducción previa en una orden judicial del Estado miembro en cuestión.

En la forma propuesta, el exhorto europeo de obtención de pruebas permitirá obtener las pruebas ya disponibles en el Estado ejecutor. En cambio, no se podrá emplear para iniciar una acción o solicitar la realización de investigaciones en forma de interrogatorios, audiencias, interceptación de comunicaciones, seguimiento o vigilancia de personas, etc.

En conjunto, acojo con satisfacción el informe, en lo que respecta a la emisión del exhorto europeo de obtención de pruebas. No me satisfacen, en cambio, las referencias a las garantías procesales de las enmiendas 5 y 7. El tema del informe es el exhorto europeo de obtención de pruebas y, dado que este documento no es el lugar apropiado para tratar el asunto de las garantías procesales, me veo obligado a votar en contra.

  Turco (NI), por escrito. (IT) Los diputados radicales de la Lista Bonino consideramos prematura la propuesta de decisión marco del Consejo relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal. Al igual que en el caso de la orden de detención europea, opinamos sencillamente que no es posible seguir adelante con la integración del Derecho penal y aplicar el principio de reconocimiento mutuo entre Estados miembros de medidas y decisiones en materia penal si no se mejoran simultáneamente las garantías y el derecho de defensa en Europa.

La Comisión se ha comprometido a presentar una decisión marco sobre la protección de los derechos de los sospechosos y acusados en la Unión Europea. El Parlamento la ha solicitado repetidamente, pero la propuesta se encuentra bloqueada. Dada esta circunstancia, la decisión que hubiésemos querido impulsar habría sido el rechazo de la propuesta en cuestión o el condicionamiento de su entrada en vigor a la aprobación de la decisión marco sobre las garantías, con objeto de asegurar el pleno respeto de las garantías procesales en los procedimientos penales, que son fundamentales para la protección efectiva de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Europa.

- Informe Hazan (A5-0091/2004)

  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Hemos votado evidentemente en contra de esta iniciativa del Gobierno italiano encaminada a organizar, por parte de varios países europeos, vuelos chárter conjuntos para expulsar a los «residentes ilegales» a sus países de origen, no solo porque la brutalidad de esta iniciativa da efectivamente a la Unión Europea una imagen de «Europa fortaleza», sino también y sobre todo porque denunciamos la realidad misma de esta Europa fortaleza rodeada de alambradas y el uso de la fuerza militar para expulsar a migrantes indeseables.

Estamos a favor de una Europa en que no haya obstáculos a la circulación y la residencia en su interior y que sea también abierta y acogedora hacia el exterior. Esto implicaría entre otras cosas la concesión de papeles oficiales en toda la Unión Europea a quienes carezcan de ellos.

  Boudjenah (GUE/NGL), por escrito. – (FR) La iniciativa del Gobierno italiano pretende organizar vuelos chárter europeos para expulsar «masivamente» a nacionales de terceros países. El Consejo Europeo la aprobó antes incluso del dictamen del Parlamento. Por su parte, la Comisión anunció 30 millones de euros: este procedimiento es inadmisible. Pero esta iniciativa hay que rechazarla por el fondo, como han reclamado con razón centenares de organizaciones y miles de ciudadanos europeos.

El carácter discriminatorio, humillante y degradante de este método de expulsión traiciona el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales. Más ampliamente, una política ultraprotectora y represiva en materia de inmigración es un peligro para los migrantes, para las relaciones entre los pueblos y para la propia Europa. No podemos cerrar nuestras puertas y nuestros ojos al mundo que nos rodea, como recordó aquí el Sr. Kofi Annan. Al contrario, Europa debe abrirse a los que están dispuestos a todo para huir de la guerra, la pobreza, la muerte a veces. La necesidad en Europa de una política común ambiciosa, humana y solidaria exige por el contrario que los migrantes sean considerados agentes del desarrollo. Para ello, es urgente abandonar la «Europa fortaleza» y poner medios financieros suficientes al servicio de una auténtica cooperación y de un desarrollo mutuamente beneficioso.

  Krivine y Vachetta (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Hemos rechazado la iniciativa de la República italiana sobre los «vuelos chárter europeos», que constituyen una violación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y que pudorosamente se llaman vuelos conjuntos. Estamos escandalizados por la obstinación de que ha dado muestras la Unión Europea (UE) en general y algunos de sus Estados miembros, como Francia, Alemania e Italia, en querer implantar a cualquier precio un dispositivo destinado a racionalizar, mediante la organización de vuelos conjuntos, las operaciones de expulsión de residentes ilegales. Encontramos escandalosa la idea de financiar este tipo de operación con 30 millones de euros, como proponen la Comisión y el Consejo. Esta política de la Europa fortaleza no es otra cosa que vergonzosa.

Nos gustaría más que se consagrara la misma obstinación, los mismos esfuerzos, a la lucha contra el desempleo, las desigualdades y la pobreza en la UE. Pero no parece ser esta la prioridad de los Quince. Prefieren favorecer las tendencias populistas y xenófobas del electorado designando a los inmigrantes como el problema número uno de nuestras sociedades.

Nosotros, por el contrario, en este contexto, seguimos reafirmando, junto con las asociaciones de defensa de los derechos humanos y antirracistas, la necesidad de otra política de inmigración en Europa, una política basada en la apertura de las fronteras, en el respeto del derecho de asilo y en la igualdad de derechos.

- Informe Sbarbati (A5-0208/2004)

  Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL), por escrito. – (FR) No tengo nada en contra de que desarrollemos la formación profesional armonizándola a escala europea. Pero esta formación profesional debe incluir una gran proporción de cultura general, de aprendizaje de las lenguas, etc., lo que implica descartar a la gran patronal de la dirección, de la gestión e incluso de la inspiración de esta formación. Si no, fabricaremos simplemente mano de obra en función de las necesidades cambiantes de los patronos, y no en función del interés de los jóvenes.

  De Rossa (PSE), por escrito. (EN) Me complace mostrar mi apoyo a este informe, que reconoce que los logros del Cedefop hasta la fecha demuestran su capacidad para realizar una valiosa aportación al desarrollo de la política de formación profesional de la Comunidad.

La Agencia, creada en 1975, presta unos servicios excelentes a la Comisión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea y los interlocutores sociales, así como a países asociados como Noruega e Islandia. El Cedefop proporciona información a políticos, investigadores y profesionales para promocionar un mejor entendimiento de la evolución de la formación profesional, y permitirles tomar decisiones informadas para acciones futuras.

Creo que las enmiendas propuestas mejorarán la eficacia de los procedimientos administrativos del Cedefop, y me complace en especial que impliquen una representación equilibrada de hombres y mujeres abordando este tema en toda la cadena del procedimiento de candidatura y elección.

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) Como han puesto de manifiesto las sucesivas evaluaciones externas, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), una agencia de la Unión Europea creada en 1975, ha contribuido de manera fundamental al desarrollo de la política comunitaria de formación profesional a lo largo de los años.

La composición tripartita de su consejo de administración se traduce en la participación de representantes gubernamentales, de las organizaciones empresariales y de las organizaciones de trabajadores, con la Comisión como cuarto participante, que confiere mayor legitimidad a sus opiniones y le permite adoptar decisiones más informadas y eficaces sobre el terreno.

Las enmiendas propuestas al Reglamento de base del Cedefop tienen por objeto mejorar su capacidad de respuesta, con vistas a la ampliación inminente, y dotarlo de un marco institucional más flexible y eficaz.

Me congratulo sinceramente de que todos los interlocutores sociales participen en las consultas sobre el proyecto social destinado a mejorar la cualificación profesional y fomentar el empleo, lo cual contribuirá a mejorar, a su vez, la calidad del trabajo. Para que así sea, me parece necesario prestar mayor atención a informar a los ciudadanos sobre la labor de esta y otras agencias, con el fin de mejorar su sensibilización sobre el enriquecimiento personal y colectivo que puede aportar el desarrollo de las cualificaciones profesionales.

- Resolución: Protección de datos personales (B5-0156/2004)

  Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck y Wachtmeister (PPE-DE), por escrito. (SV) La delegación del Partido Moderado ha optado por abstenerse en la votación de este asunto.

La lucha contra el terrorismo y la protección de la intimidad no están reñidas. Una lucha de amplio alcance y eficaz contra el terrorismo exige el respeto de los derechos fundamentales.

Las exigencias de los Estados Unidos han colocado a las compañías aéreas en una posición insostenible, puesto que dichos requisitos infringen las normas europeas de protección de la intimidad o de lo contrario obstaculizan el transporte aéreo. La Comisión se ha esforzado de manera ejemplar por encontrar una solución. Por lo tanto, no apoyamos la petición de la resolución de que la Comisión retire la propuesta. Dicha propuesta supone una mejora con respecto a la situación actual, aunque todavía presenta deficiencias graves.

Los comisionados en materia de protección de datos de los Estados miembros y de la UE, el Grupo de trabajo previsto en el artículo 29, destacan la preocupante falta de protección de los datos. La propuesta requiere una revisión jurídica meticulosa y, por consiguiente, apoyamos que la revise el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Es necesario pasar sin demora del sistema de las presiones al del impulso para remediar la falta de protección de los datos. Un acuerdo satisfactorio requiere como condiciones previas que se informe a los pasajeros sobre los datos que se comunicarán a las autoridades estadounidenses y que estos dispongan en la práctica de la posibilidad de autorizar voluntariamente dicha transferencia de sus datos personales y económicos y de examinar los datos registrados.

  Atkins, Callanan, Dover, Hannan, Kirkhope y Stockton (PPE-DE), por escrito. (EN) Los diputados conservadores apoyan plenamente la lucha contra el terrorismo y todos los medios que puedan desplegarse con este fin.

Somos conscientes de que se han llevado a cabo bastantes negociaciones entre la Comisión Europea y las autoridades estadounidenses en relación con la información sobre los pasajeros. Nos satisface que el acuerdo a que se ha llegado permita el equilibrio adecuado entre el derecho a la intimidad y los medios para proteger nuestras vidas y libertades.

Aunque comprendemos que es posible que en algunas ocasiones los pasajeros lo encuentren poco oportuno, los últimos acontecimientos demuestran que debemos permanecer alerta y vigilantes. Estamos juntos en esta lucha.

  Berthu (NI), por escrito. – (FR) Al censurar a la Comisión, que había negociado con los Estados Unidos un acuerdo que les permite consultar, en el marco de la lucha contra el terrorismo, los «registros de pasajeros» de las compañías aéreas que efectúan vuelos transatlánticos, el Parlamento Europeo ha tomado una decisión doblemente criticable.

Por un lado, no puede sino desorientar a nuestros socios haciéndoles dudar de nuestra voluntad de combatir verdaderamente el terrorismo, cuando el Consejo Europeo acababa de adoptar, el viernes pasado, una declaración aparentemente muy decidida de hacer precisamente eso. Por otra parte, sobrevalora la sensibilidad del problema de los «registros de pasajeros», ya que esos datos apenas son confidenciales, sobre todo para las autoridades de policía encargadas de preservar la vida de los propios pasajeros.

Esta falsa maniobra del Parlamento Europeo es imputable al deseo que le anima de darse importancia y adquirir una imagen de defensor de las libertades; quizás también se deba a un elemento de demagogia antinorteamericana, y por último a las provocaciones de la Comisión, que se ha extralimitado manifiestamente en sus competencias de ejecución. Para coronarlo todo, se ha dejado totalmente al margen a los Parlamentos nacionales. Tratándose de un tema que al principio parecía simple, es un buen estropicio.

  Cappato (NI), por escrito. (IT) Los diputados radicales de la Lista Bonino están enormemente satisfechos con la adopción, hoy, por parte del Parlamento Europeo de la resolución elaborada por la Sra. Boogerd-Quaak sobre la transmisión de datos de pasajeros a las autoridades estadounidenses. En realidad, la resolución considera que la Decisión de la Comisión es equivocada, ya que esta última consideraba «adecuado» el sistema estadounidense que regula la cuestión de la privacidad asociada con el tratamiento de los datos de pasajeros recogidos en territorio europeo. También sostiene que la Comisión se extralimitó en sus competencias y le pide que retire su Decisión. Asimismo, la resolución establece que el Parlamento se reserva la posibilidad de pedir al Tribunal de Justicia un dictamen sobre la legalidad del proyecto de acuerdo internacional con los Estados Unidos. Creemos que hoy, a pesar de la fuerte presión ejercida por la Comisión, los Gobiernos nacionales y los Estados Unidos, el Parlamento Europeo ha aceptado plenamente y con valentía su papel de representante de los ciudadanos europeos y defensor de sus derechos y libertades, de la democracia y del Estado de derecho.

  De Rossa (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de los términos de este acuerdo que impedirían la transmisión a las autoridades estadounidenses de una cantidad inaceptable de datos personales sobre los pasajeros.

Aunque respeto plenamente la necesidad de imponer el nivel más elevado posible de vigilancia contra el terrorismo, los terroristas habrán ganado si sacrificamos las libertades civiles y los derechos humanos so pretexto de garantizar la seguridad.

El proyecto de acuerdo actual permite la transmisión de demasiados datos personales: también permite un acceso ilimitado a dichos datos y la retención de los mismos. Niega a los pasajeros el derecho a corregir los datos incorrectos o a interponer recurso ante una autoridad independiente si se les niega la entrada a los Estados Unidos.

Me ha decepcionado mucho que Irlanda votara a favor de ese acuerdo, dando así luz verde a una intrusión sin garantías en la intimidad de los pasajeros irlandeses.

La Comisión debe modificar el texto de este proyecto de acuerdo para asegurar el respeto de los derechos a la protección de datos de los ciudadanos europeos. Los pasajeros irlandeses y europeos merecen saber que sus libertades civiles básicas no serán sacrificadas en la lucha contra el terrorismo.

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) En diciembre de 2003, la Comisión, extralimitándose en sus competencias, concluyó un acuerdo con los Estados Unidos de América sobre la transmisión de datos de pasajeros aéreos. Solo con posterioridad presentó su proyecto de Decisión al Consejo y al Parlamento.

Tal como hemos mencionado anteriormente, nos oponemos enérgicamente a este acuerdo.

Con el pretexto de la «guerra contra el terrorismo», hay que transmitir datos personales a los Estados Unidos de América, que abarcan 34 campos –inclusive números de teléfono, detalles de tarjetas de crédito, opiniones políticas, antecedentes familiares, creencias religiosas y estado de salud– sin ningún tipo de garantías ni control efectivo. Esta situación solo sirve para demostrar la forma en que se utiliza la denominada «guerra contra el terrorismo» para socavar los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos.

Tal como hemos manifestado anteriormente, se trata de un acuerdo inaceptable e ilegal, que viola la Directiva europea sobre protección de datos. Actualmente, la responsabilidad de asegurar la protección de los ciudadanos en lo que se refiere a los datos básicos sobre pasajeros aéreos reside en los países a nivel individual y, sin embargo, este acuerdo pretende eliminar eficazmente de cada país la responsabilidad de impedir las transmisiones con el fin de preservar los derechos de los ciudadanos.

Por lo tanto, estamos de acuerdo con la idea general de esta resolución, en especial al invitar a la Comisión a que impida el sistema actual de transmisión de datos a los Estados Unidos y a que retire su propuesta de Decisión.

  Korakas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La resolución reconoce, tal como ha denunciado el Partido Comunista de Grecia, que la Unión Europea, que se ha proclamado a sí misma guardiana de los derechos fundamentales, permite la violación flagrante de la privacidad con la transmisión de datos personales confidenciales de sus compañías aéreas a los Estados Unidos de América. De modo similar, señala la violación de la ley por parte de la Comisión y las autoridades nacionales, que todavía no han puesto en marcha los procedimientos legales para evitar que las compañías aéreas transmitan esta información. También pide que la Comisión retire el proyecto de Decisión, que supedita básicamente a la UE a las demandas estadounidenses que se presentaron hace algunos meses tras consultas mantenidas con la parte estadounidense.

Sin embargo, en sus conclusiones, la resolución, en lugar de proponer una prohibición de la transmisión de datos personales, considera que existe un vacío legislativo y propone que se celebre un acuerdo con los Estados Unidos de América simplemente con menos datos, un período de almacenamiento más corto y el derecho de las personas cuyos datos se encuentran archivados a tomar medidas para corregir la información que figura en sus expedientes. Para el futuro inmediato, reclama el consentimiento de los pasajeros para la transmisión de 39 datos diferentes. Por descontado, toda negativa conllevaría que no se les autorizaría a entrar en los Estados Unidos de América.

Independientemente de las intenciones de sus autores, vuelve a demostrar que el Parlamento Europeo acepta las condiciones de los Estados Unidos de América, como un ayudante del sheriff.

Por estas razones, los diputados del Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia se han abstenido en la votación.

  Malmström, Paulsen y Olle Schmidt (ELDR), por escrito. (SV) La lucha contra el terrorismo es crucial para nuestra seguridad y cuenta con todo nuestro apoyo. La tarea de la lucha contra el terrorismo tiene que llevarse a cabo a escala mundial y ser preventiva, pero la lucha siempre debe ponderarse con respecto a la privacidad de las personas.

Hoy, el Parlamento Europeo ha votado sobre un acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos relativo a la entrega de datos seleccionados, sobre una base que no está clara, de las listas de pasajeros comerciales, para su envío a la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos.

Entre otras cosas, nos oponemos al volumen de datos del registro de nombres de pasajeros a los que los Estados Unidos de América quieren tener acceso, al número de organismos que tienen acceso a ellos, al uso que se pretende hacer de estos datos, a la falta del recurso de apelación para las personas a las que se les deniegue la entrada en los Estados Unidos a causa de los datos personales, y a que los Estados Unidos puedan acceder directamente a los datos sin necesidad de solicitarlo.

Actualmente no existe un fundamento jurídico en la Unión Europea que autorice el uso de datos comerciales del registro de nombres de pasajeros para proteger la seguridad de las personas. Por consiguiente, proponemos que se redacte en su lugar un verdadero acuerdo internacional entre la Unión Europea y los Estados Unidos en el que se estipule claramente el fin, los datos, las garantías y responsabilidades.

El acuerdo en su forma actual amenaza eliminar el Estado de derecho. Por lo tanto, damos nuestro apoyo al informe de la Sra. Boogerd-Quaak y votamos en contra de este acuerdo con los Estados Unidos.

  Sacrédeus y Wijkman (PPE-DE), por escrito. (SV) El terrorismo es una de las peores lacras de nuestro tiempo, y tiene que combatirse con vigor y de forma eficaz tanto a escala nacional como internacional. Si quiere ser eficaz, la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo debe extenderse a los datos personales, en particular en el caso del transporte aéreo.

Apoyamos la recogida y entrega de datos sobre pasajeros aéreos a las autoridades estadounidenses, pero tienen que llevarse a cabo basándose en normas legales claras (tanto en Estados Unidos de América como en Europa), tienen que ser proporcionadas con respecto al objetivo y tiene que haber disposiciones claras que especifiquen qué datos deben recogerse. No debe tener lugar de forma automática (el denominado pull system o mecanismo de acceso directo a la información sin ningún tipo de restricciones). Hay que dejar claro cuáles son las entidades que tienen acceso a los datos, y establecer claramente durante cuanto tiempo se pueden almacenar los datos. Hay que establecer las responsabilidades de las compañías aéreas para con los pasajeros, y es necesario que estos tengan la opción de recurrir a una autoridad independiente.

Es lamentable que los datos personales de pasajeros europeos se entreguen a los Estados Unidos de América sin fundamento jurídico, ya que esto quiere decir que no se tiene en cuenta la protección de la privacidad. Hay que abordar estas irregularidades. Por lo tanto, la Comisión tiene que retirar su proyecto y presentar una nueva propuesta legislativa que preste atención a los puntos anteriores. Solo una legislación de esta naturaleza puede reconciliar la lucha contra el terrorismo con respecto a la privacidad y los derechos fundamentales.

Hemos votado a favor de los puntos 1 y 10 (aprobados por 226 votos a favor y 203 en contra, y por 233 votos a favor y 207 en contra, respectivamente) de la resolución, y a favor de la resolución en su conjunto (aprobada por 229 votos a favor, 202 en contra y 19 abstenciones).

- Informe Paulsen (A5-0193/2004)

  Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck y Wachtmeister (PPE-DE), por escrito. (SV) En nuestra opinión, los límites en materia de salud pública deben establecerse, en la medida de lo posible, a escala local o nacional cuando los propios particulares no pueden tomar decisiones.

Los diputados del Partido Moderado hemos votado en contra del citado informe, ya que opinamos que los asuntos que conciernen al medio ambiente local –en este caso, por ejemplo, en relativo al ambiente de los lugares cerrados y el tabaquismo pasivo– no deben tratarse a escala de la Unión Europea.

El principio de subsidiariedad también hay que aplicarlo a las decisiones sobre la protección de los recursos hídricos locales.

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) La iniciativa de la Comisión y el informe correspondiente del Parlamento plantean muchas preguntas.

Acogemos con satisfacción los pasos dados para lograr un mayor conocimiento de las amenazas medioambientales para la salud humana, identificar las enfermedades causadas por los factores medioambientales y planificar respuestas políticas para los retos que plantean.

Sin embargo, me pregunto si no sería más recomendable que evaluáramos y demostráramos el impacto de las actuales políticas vigentes a escala de la Unión Europea, como por ejemplo los efectos de la política agrícola común en grandes explotaciones agrícolas; las políticas de liberalización que fomentan la privatización de los servicios públicos esenciales, como el acceso al agua, que se centran enteramente en los beneficios (para unos pocos); o la atenuación de los objetivos de Kioto mediante el establecimiento de un mercado de emisiones contaminantes, dando prioridad a los intereses de las grandes corporaciones. Hay otros ejemplos. Por lo tanto, es lamentable que el informe se refiera brevemente a la necesidad de «un enfoque intersectorial».

El informe también hace hincapié en la necesidad de aplicar el principio de cautela, allí donde la ciencia no es concluyente sino cuando existe una amenaza potencialmente grave o irreversible para la salud o el medio ambiente, en especial en el contexto del debate sobre organismos modificados genéticamente (OMG).

  Ribeiro e Castro (UEN), por escrito. (PT) La estrategia propuesta tiene por objeto reducir las enfermedades causadas por factores medioambientales. En efecto, un estudio reciente sobre este tema de la Agencia Europea del Medio Ambiente ha revelado que, en ciudades europeas de gran tamaño, aproximadamente 60 000 muertes al año podrían estar relacionadas con la exposición prolongada a la contaminación atmosférica. Los riesgos son mayores entre los niños que entre adultos.

En consonancia con la estrategia europea en los ámbitos del medio ambiente y la salud propuesta por la Comisión, el Consejo ha aprobado una serie de conclusiones, que hay que aplicar en la estrategia SCALE. Entre 2004 y 2010, SCALE se centrará en los cuatro problemas principales de salud pública –las enfermedades infantiles de las vías respiratorias, el asma, las alergias; los trastornos del desarrollo neurológico; el cáncer infantil; y los efectos de los disruptores endocrinos– y en sus tres objetivos finales, concretamente, reducir la carga de enfermedades causadas por factores medioambientales, identificar y prevenir las nuevas amenazas para la salud causadas por estos factores y reforzar la capacidad de la UE para la formulación de políticas en este ámbito.

Por lo tanto, la Comisión pretende establecer un sistema europeo integrado que pueda supervisar el ámbito del medio ambiente y la salud e intervenir en caso necesario. De esta forma se crearían sinergias y se facilitaría el intercambio de datos y prácticas de trabajo para lograr un mayor conocimiento...

(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento.)

  El Presidente. Con esto concluye la votación.

(La sesión, suspendida a las 13.45 horas, se reanuda a las 15 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. COX
Presidente

4. Declaración del Presidente

  El Presidente. Antes de volver al orden del día de esta Cámara, quisiera aprovechar esta oportunidad para responder oficialmente a la invitación que se ha formulado aquí esta mañana, durante mi ausencia por asistir a una conferencia de prensa con la Presidencia irlandesa y el Presidente Prodi, y comentar, en nombre de esta Cámara, varios temas que en estos momentos son objeto de gran atención por parte de los medios de comunicación en algunos Estados miembros.

Como Presidente de esta Cámara tengo una doble obligación: tengo, y tenemos todos nosotros, la obligación ante nuestros electores y los ciudadanos de ser responsables, y tengo la obligación ante esta Cámara de ser justo. Y hago todo lo que puedo para cumplir ambas obligaciones.

En los últimos días y semanas se ha creado un clima enardecido generado por la prensa sensacionalista, sobre todo en Alemania, aunque también en otros lugares. En primer lugar quiero aclarar un punto general. Como Presidente de este Parlamento me niego a aceptar que nosotros, miembros electos de esta Cámara, debamos asumir ningún tipo de culpa colectiva. No deberíamos ser culpables por defecto si no demostramos nuestra inocencia individualmente.

(Aplausos)

Quiero que quede claro, sobre todo para algunas de las publicaciones sensacionalistas alemanas que han orquestado esta campaña. Precisamente los medios de comunicación alemanes, entre todos los medios de Europa, deberían saber muy bien que no se puede achacar una culpa colectiva a ningún pueblo ni a ninguna institución.

(Aplausos)

A través de sus Señorías, quiero transmitir al mundo exterior la máxima garantía de que responderemos a todas las pruebas o acusaciones fundamentadas que se nos presenten, pero deben basarse en pruebas y no en prejuicios.

(Aplausos)

Permítanme repetir hoy aquí que el ejercicio más importante de reforma de esta Cámara –el intento de dotarnos de un estatuto que tardó tantos años y que obtuvo el voto de una mayoría de esta Cámara– fracasó por culpa de los Gobiernos, no por nuestra voluntad. Que asuman sus responsabilidades quienes nos fallaron.

(Aplausos)

Permítanme ahora abordar un caso concreto. Hace poco se recibió una acusación anónima en relación con dos observadores de un país en vías de adhesión. Esta acusación anónima, como muchas otras acusaciones, por supuesto, vio por primera vez la luz del día en los medios de comunicación. Cuando llegó a nuestro conocimiento decidimos que, como había una supuesta controversia con respecto a las firmas de algunos observadores, recabaríamos la opinión de un reconocido experto grafólogo externo independiente.

Este mediodía, por casualidad, he recibido el informe en cuestión. La conclusión del experto es que las 27 firmas analizadas son auténticas, es decir, que están escritas por la persona cuyo nombre aparece al lado.

(Aplausos)

Quiero que quede muy claro. De conformidad con las pruebas presentadas por un experto externo independiente, no hay motivos para tener de entrada sospechas de fraude o irregularidades en este caso en concreto. Es más, probablemente la institución tiene la obligación especial de garantizar que no quede ni rastro de sospecha con respecto a las personas en cuestión.

Por desgracia, en este caso concreto solo puedo llegar a la conclusión de que estas acusaciones, que se ha demostrado que carecían de fundamento, fueron hechas con mala intención.

(Aplausos)

Como Presidente de esta Cámara, me niego a permitir que nuestro trabajo se vea desbaratado por prejuicios o rumores maliciosos y carentes de fundamento, sea cual sea su origen, de dentro o de fuera.

Permítanme decir para quienes no lo sepan –de modo que no me dirijo a la Cámara, sino a través de la Cámara a quienes puedan estar siguiendo la sesión en estos momentos– que la práctica de esta Cámara es asegurarse de que los diputados firmen cada día que asistan. Y esto puede hacerse aquí en nuestra sesión plenaria. Puede hacerse cuando nos reunimos en nuestros Grupos. Puede hacerse cuando nos reunimos en las comisiones. Y, si queremos, puede hacerse en un registro central.

Cuando un diputado firma en el registro de la sesión plenaria, no tiene la obligación de pasar el resto del día sentado en el pleno, ni la obligación de pasar el resto del día sentado con su Grupo, si firma en un Grupo; ni en una comisión; y, evidentemente, no tiene la obligación de estar todo el día sentado en el registro central, si es allí donde ha firmado.

(Aplausos)

Exigir la firmas como prueba de asistencia no es una práctica universal en los Parlamentos de los Estados miembros. Me gustaría señalar que exigimos más a esta Cámara en este sentido que a muchos parlamentos que son Estados de esta Unión y que se basan en una democracia parlamentaria.

(Aplausos)

Y a nuestros amigos de dentro y de fuera les digo que si, aparte de lo que he hecho constar hasta ahora, hay pruebas de fraude, que las presenten y trataremos el tema como hemos tratado el tema que he mencionado antes.

Quiero que los que están en esta Cámara sepan –y la población a través de esta Cámara– que trataremos todos los casos sin miedo ni favoritismos. Pero concederemos a todo el mundo la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Nos guiaremos exclusivamente por pruebas. No nos dejaremos guiar por prejuicios y no permitiremos que la prensa sensacionalista escriba nuestro guión.

(Grandes aplausos)

PRESIDENCIA DEL SR. PACHECO PEREIRA
Vicepresidente⁽¹⁾

(1) Aprobación del Acta de la sesión anterior: cf. Acta.

5. Solicitud de adhesión a la Unión Europea presentada por Croacia

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0206/2004) del Sr. Baltas, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, que contiene una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea presentada por Croacia.

  Baltas (PSE), ponente. – (EL) Señor Presidente, como bien sabe, el 21 de febrero de 2003 Croacia presentó una solicitud de adhesión a la Unión Europea con todas las formalidades y responsabilidades exigidas para ello. La Comisión emitirá su dictamen sobre esta solicitud a finales de abril. El Parlamento Europeo, a través de mi informe, ha elaborado una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea presentada por Croacia de conformidad con el apartado 1 del artículo 49 del Reglamento, que ha sido aprobada por la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. Este informe exigió una atención especial para que fuera equilibrado y estuviera suficientemente bien fundamentado, de modo que la iniciativa del Parlamento Europeo para una recomendación al Consejo se considerara debidamente y representara las opiniones y exigencias de todas las partes de manera ejemplar. Doy las gracias a mis estimados colegas por su ayuda en este sentido.

En resumen, los principales puntos de este informe, a los que Croacia debe prestar la debida atención, son los siguientes: primero, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Se toma nota de los progresos realizados en la cooperación con este tribunal internacional, así como los demás asuntos pendientes, en especial ahora que el General Gotovina ha sido entregado al Tribunal.

En segundo lugar, el regreso de los refugiados y de las personas desplazadas. Para el Parlamento es muy importante que se cumpla esta promesa, que considera que es uno de los criterios fundamentales para la adhesión de Croacia a la Unión Europea. Observa con satisfacción la elección de representantes de las minorías al Parlamento, pero espera que se realicen mayores esfuerzos por garantizar todos los requisitos para el regreso de los refugiados y las personas desplazadas, como la protección jurídica, el alojamiento, la reconciliación y su integración progresiva en la sociedad croata, sin discriminaciones ni temores.

En tercer lugar, las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional. Las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional van por buen camino y el informe hace hincapié en que es un requisito clave para el desarrollo de la democracia en la propia Croacia, así como un ejemplo para garantizar la paz, la estabilidad y el desarrollo económico en la zona en su conjunto.

En cuarto lugar, el sistema judicial y la infraestructura administrativa. Se toma nota de las reformas y ajustes efectuados en el sistema judicial de conformidad con el que prevalece en la Unión Europea, pero se espera que se realice una aplicación ejemplar y la aceptación social indiscutible de la interpretación de la legislación, así como una mayor autoridad de los jueces. De la misma manera, una infraestructura administrativa moderna es una condición sine qua non para la gestión correcta de los recursos comunitarios, mientras se espera que se ponga especial atención en combatir los casos de corrupción y en una prestación de servicios rápida a los ciudadanos.

En quinto lugar, tiene que continuar el diálogo tripartito entre Croacia, Italia y Eslovenia con el buen espíritu que lo rodea hoy para que se puedan solucionar las diferencias y las cuestiones pendientes.

En sexto lugar, la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación. La libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación son el requisito fundamental para el funcionamiento de la democracia y no se justifica ninguna interferencia en la libertad de expresión en forma de intervención estatal.

En séptimo lugar, la economía de libre mercado. Se reconocen los progresos realizados por Croacia en el funcionamiento del libre mercado y se toma nota de los logros de Croacia, tanto en el incremento interanual del producto nacional bruto durante los últimos años como en la reducción del nivel de inflación, que está cerca de la media de la Unión Europea.

En octavo lugar, nuevo Gobierno y orientación europea. Se considera positiva la determinación del nuevo Gobierno de continuar los esfuerzos del Gobierno anterior de seguir una orientación europea y se aprecia en particular la voluntad del nuevo Gobierno de promover todas las reformas necesarias para que Croacia pueda avanzar rápidamente hacia el objetivo de la integración en la Unión Europea, que también lo desea.

Pedimos a esta Cámara que vote a favor de este informe y la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos, que yo respaldo.

(Aplausos)

  Nielson, Comisión. (EN) Señor Presidente, la Comisión acoge con gran satisfacción el informe Baltas. Lo hemos analizado con gran atención e interés, y me complace tener la oportunidad de realizar aquí algunos comentarios iniciales.

El Sr. Baltas presenta una evaluación de unos temas políticos y económicos importantes, como los derechos de las minorías, el regreso de los refugiados, la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, la reforma del poder judicial, la libertad de los medios de comunicación, la cooperación regional, las reformas económicas y estructurales, temas que se abordan con carácter preferente en todas las reuniones que celebramos con las autoridades croatas. Aunque el informe está destinado al Consejo, la Comisión ha mostrado un interés especial por el mismo y quiere aprovechar esta oportunidad para agradecer al Sr. Baltas y al Parlamento Europeo esta interesante evaluación de Croacia.

En estos momentos la Comisión está todavía preparando su «Dictamen sobre la solicitud de adhesión de Croacia», que esperamos poder adoptar en las próximas semanas. El dictamen sobre la solicitud de Croacia se basa en más de 10 000 páginas de información facilitada por el Gobierno croata. Para evaluar esa solicitud utilizamos exactamente los mismos criterios que para todas las solicitudes anteriores. Como en los demás casos, los criterios políticos tendrán un papel esencial en este contexto, y Croacia debería cumplirlos antes de que empiecen las negociaciones.

De modo que hoy la Comisión no está en condiciones de comentar en detalle todos los temas mencionados en el informe Baltas. El Parlamento recibirá una copia del dictamen de la Comisión una vez adoptado, donde se incluirá nuestro análisis de si Croacia cumple o no los criterios de Copenhague y nuestra recomendación al Consejo sobre si deberían iniciarse las negociaciones o no.

La Unión Europea es una comunidad basada en un conjunto de valores compartidos. Un país debe demostrar que los hace suyos antes de poder empezar las negociaciones para la adhesión. Por lo tanto, la evaluación del dictamen de la Comisión se centrará en si Croacia respeta los valores de la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y los derechos de las minorías, que constituyen los criterios políticos para la adhesión a la UE.

La Comisión Europea reconoce perfectamente el progreso realizado por Croacia en los últimos años. La situación política es estable y se han consolidado los logros democráticos. Se ha reforzado la cooperación regional. La situación económica mejora, las perspectivas de crecimiento son buenas y, más en general, las perspectivas económicas siguen siendo positivas. Croacia ya ha empezado a trabajar intensamente para adaptar su legislación al derecho europeo.

Al mismo tiempo, quedan varias cuestiones importantes que hay que evaluar con detenimiento y que la Comisión sigue muy de cerca en la actualidad: cuestiones como la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, el regreso de los refugiados, el respeto de los derechos de las minorías, la reforma judicial y la cooperación regional.

Las perspectivas de Croacia para la adhesión son claras, como lo son para todos los países del sudeste de Europa. Pero hay que cumplir los criterios de Copenhague. Siempre que lo haga de forma clara e inequívoca, tiene perspectivas de seguir avanzando hacia una posible adhesión a la familia europea.

  Pack (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, hace un año Croacia solicitó el ingreso en la Unión Europea con el apoyo de todos sus partidos políticos. Hay que recordar que Croacia podría haber entrado junto con Eslovenia el 1 de mayo si no hubiera sido por los años terribles de guerra que sufrió, así como su país vecino, Bosnia y Herzegovina, y los cuatro años de ocupación serbia de una tercera parte de su territorio, que derivó en que la joven democracia independiente diera muchos giros equivocados. En los últimos cinco años, Croacia se ha decidido claramente por Europa y ha creado las condiciones para su adhesión. Puedo decir al Comisario que mantiene buenas relaciones con sus vecinos y la cooperación regional está funcionando. Está llevando a cabo la modernización de su economía y los datos económicos son motivo de optimismo. Estoy de acuerdo con usted de que la reforma judicial lleva retraso. También pueden mejorarse las capacidades administrativas. Sin embargo, no se puede hacer todo en un día. Croacia se halla en el buen camino y está decidida a proseguir por este camino con resolución. Los objetivos del nuevo Gobierno incluyen el regreso de los refugiados y la devolución de propiedades. Este año ya ha visto estos ambiciosos objetivos encarnados en un acuerdo entre el Gobierno y la minoría serbia.

Estaría bien que la Unión Europea pudiera por fin convencer a la Republika Srpska de Bosnia y Herzegovina para que acepte que los refugiados croatas vuelvan de Croacia. De este modo se dispondría de alojamiento para los serbios que quieren regresar. La falta de oportunidades de empleo, en especial en las zonas de Croacia donde solían vivir los serbios, es un obstáculo importante para su regreso y espero que el programa CARDS también podrá ser de ayuda en este aspecto.

Croacia está cooperando bien con el Tribunal de La Haya, al que el año pasado el Gobierno croata incluso abrió sus archivos. También el año pasado, tres croatas acusados de crímenes de guerra fueron sentenciados a largas penas de reclusión en la propia Croacia. Hace tres años, dos generales condenados fueron a La Haya voluntariamente. Europa no juzgará la cooperación de Croacia con el Tribunal Internacional solo por el caso de Ante Gotovina, quien pertenece a la legión extranjera francesa, de quien se dice que posee un pasaporte francés, y que puede que esté tomando el sol en Cannes o Córcega, o que puede estar en cualquier otro lugar. No está en Croacia, de otro modo ya lo habrían capturado. Tomar a Croacia como rehén del caso Gotovina es injusto y no hace justicia a los progresos que ha realizado sin lugar a dudas.

El informe Baltas también menciona los problemas relativos a la frontera entre Croacia y Eslovenia. Creo que estos problemas están a punto de resolverse. Solo quisiera hacer un comentario sobre el anuncio unilateral de la zona de protección de pesca en el Adriático. Fue una estupidez. Era perfectamente legal, pero creo que el nuevo Gobierno lleva razón cuando trata ahora de fundamentarlo mejor en la cooperación regional con Eslovenia e Italia. El tratamiento y la evaluación de los progresos realizados por Croacia por parte de la Comisión enviará una señal a toda la región. Todos los políticos con los que me he reunido tanto en Bosnia y Herzegovina como en Serbia esperan con ansia el resultado. En ese momento podrán ver si los ingentes esfuerzos que les exigimos para sus naciones merecen realmente la pena.

  Swoboda (PSE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero empezar agradeciendo muy sinceramente al Sr. Baltas, el ponente, su informe sumamente equilibrado. Tanto el país del que procedo como este Grupo al que pertenezco están muy bien predispuestos hacia Croacia, pero esto no quiere decir que cerremos un ojo, o incluso los dos, cuando se trata de evaluar si está preparada para Europa. Solo quiero que la Comisión vea cuán importante es para Croacia que expresemos una opinión positiva; estoy totalmente de acuerdo con el orador precedente en este sentido. También enviaría una señal a todos sus vecinos de que el camino hacia Europa también les está abierto siempre y cuando den los pasos necesarios hacia Europa. Por desgracia, ningún país de los Balcanes ha hecho tanto.

¿Están resueltos ya los problemas? No, no lo están. Aunque Croacia mantiene básicamente buenas relaciones con sus vecinos, creo que todavía existen algunos problemas que hay que resolver con Eslovenia. Me complace mucho que no solo existan buenas relaciones con la vecina Bosnia y Herzegovina, sino que tanto el Gobierno anterior como el actual han demostrado que Croacia está ahora interesada en una Bosnia y Herzegovina común y no solo en el bienestar de la población de habla croata que hay allí.

Por lo que respecta a la situación de los criminales de guerra, creo que Croacia ha avanzado mucho en los últimos años y meses. Creo que también en este tema tenemos que ser justos y objetivos. A veces creo que muchos países que han tardado mucho más en reconciliarse con su pasado y sus propios crímenes y enfrentarse a ellos están exigiendo más de Croacia. Sin embargo, Croacia necesita saber que se trata de una cuestión crucial y, por lo tanto, tiene que mostrarse dispuesta a cooperar.

Respecto al regreso de los refugiados, siempre ha sido para nosotros un punto muy importante en las conversaciones mantenidas con representantes croatas y aquí en el Parlamento Europeo. Creo que Croacia necesita intensificar sus esfuerzos para que todos los refugiados regresen y esto incluye, naturalmente, intercambios con los países vecinos. Teniendo esto presente, señor Presidente, creo que debemos acoger favorablemente el informe Baltas. También teniendo esto presente, pido a la Comisión que sea muy positiva en su planteamiento hacia Croacia.

  Väyrynen (ELDR). – (FI) Señor Presidente, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas está a favor de la adhesión de Croacia a la Unión Europea. También indicará el camino de la adhesión a otros países de la región de los Balcanes Occidentales. Macedonia ya ha presentado su solicitud. El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas apoya a Croacia en sus esfuerzos por preparar su adhesión a la UE y tener éxito en las negociaciones de adhesión. Al mismo tiempo manifestamos que exigimos un mayor grado de cooperación por parte de Croacia con el Tribunal de La Haya que el que ha habido hasta ahora.

Nuestro Grupo pide una votación por separado sobre el punto (q) del apartado 1, que insta a los Estados miembros a que ratifiquen el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y Croacia. Algunos Estados miembros han pospuesto la ratificación precisamente porque no están satisfechos con el grado de cooperación de Croacia con el Tribunal de La Haya. Nuestro Grupo cree que deberían ser capaces de plantearse cuándo debería ratificarse el acuerdo por su parte.

La adhesión de Croacia será una vez más un nuevo paso en la ampliación de la Unión Europea. Cuando Bulgaria, Rumania, Turquía y los cinco países de la región de los Balcanes Occidentales entren en la Unión, el número de Estados miembros será de 33. Moldavia y Ucrania también han dado su primer paso hacia la adhesión, y se les ha invitado a la conferencia europea. La ampliación funciona sobre el principio de que todos los países europeos que cumplan las condiciones para la adhesión pueden entrar en la Unión. A medida que la ampliación avance, la política de una Europa más amplia y la política de vecindad de la UE adquirirán cada vez más importancia. El Parlamento Europeo también tiene que implicarse más en estas políticas de lo que ha hecho hasta ahora. Por otro lado, una Unión que se amplía rápidamente tiene que diferenciarse internamente, empleando un proceso de cooperación más estrecha. La diferenciación interna y la política de una Europa más amplia nos permitirá gradualmente crear una Europa de círculos concéntricos. Por último, quiero dar las gracias a mi colega Alexandros Baltas por su trabajo excelente en la elaboración de este informe.

(Aplausos)

  Belder (EDD). – (NL) Señor Presidente, el Sr. Baltas ha formulado una recomendación muy equilibrada al Consejo con respecto a la solicitud de adhesión a la UE por parte de Croacia. Enumera categóricamente los principales ámbitos de constante preocupación desde el punto de vista de la UE, y que son la buena vecindad, la cuestión de los refugiados y la cooperación con el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia. Asimismo, el ponente no ha perdido de vista las principales dificultades de Zagreb con estos objetivos y sus esfuerzos para su consecución. Menciona con razón la contribución indispensable de los países vecinos de Croacia a un clima de mutua confianza y seguridad en la región, cosa que también ha señalado la Sra. Pack. En resumen, el informe del Sr. Balta es, en mi opinión, «terriblemente» bueno, y utilizo la palabra «terriblemente» por un motivo que entenderán.

Aún más interesantes han sido para mí las reacciones más bien críticas al proyecto de recomendación por una serie de participantes académicos croatas. En general, sus comentarios eran que «la Unión Europea nos exige en cada ocasión un gran esfuerzo, pero ¿qué es exactamente lo que el ciudadano medio croata espera obtener?» No les faltan preocupaciones cotidianas –mencionaré el empleo, la educación, la asistencia sanitaria y la vivienda–, pero no se abordan en el informe del Sr. Balta, a pesar de lo minucioso que es por lo demás. No en vano pide al Consejo, en el punto (s) del apartado 1, una mayor ayuda para Croacia en sus continuas dificultades en el camino hacia Europa. El sorprendente resultado de una encuesta de opinión en Croacia esta semana da otra vuelta de tuerca a esta petición. Nada menos que el 82% de las personas entrevistadas se oponen a la eventual adhesión de Croacia a la Unión Europea. Esperemos que solo se trate de una instantánea en el tiempo, y que de desvanezca pronto.

De todas formas, el rumbo proeuropeo del Primer Ministro Sanader está en tela de juicio, por lo que lo que necesita es un verdadero apoyo de Bruselas. Por otro lado, Zagreb es claramente partidaria de la integración en la comunidad euroatlántica. Por lo tanto, corresponde a las instituciones europeas ofrecer a Croacia unas estrechas relaciones transatlánticas.

  Ebner (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, ante todo quiero expresar mi alegría de que ahora las cosas empiecen a moverse en relación con la demanda de adhesión de Croacia a la Unión Europea y de que existan perspectivas definidas para la apertura de negociaciones. No puedo sino estar de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. Pack y confirmo los grandes esfuerzos que Croacia está realizando para acercarse más a la Unión Europea.

He seguido los desarrollos de Croacia desde 1995, primero como presidente de delegación y, posteriormente, como presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Eslovenia, y he constatado que se han realizado cada vez mayores esfuerzos en la dirección correcta. Naturalmente, las cosas avanzaron con gran vacilación y dificultad en las etapas iniciales, pero con el tiempo ganaron impulso. El nuevo Gobierno de Ivo Sanader ya ha avanzado a pasos agigantados, en especial en la política hacia las minorías y la coexistencia de grupos étnicos. Lo digo en calidad de representante de una minoría. El enfoque del nuevo Gobierno y, en particular, del Primer Ministro, merece nuestra mayor admiración. Se puede considerar un ejemplo para otros países que quieren entrar en la UE y ser considerados un paradigma de una nueva integración y una nueva apertura entre poblaciones mayoritarias y minorías de todo tipo.

También han prevalecido consideraciones positivas gracias al arbitraje internacional en los conflictos fronterizos o diferencias de opinión sobre la frontera en la Bahía de Piran. Creo que es la forma correcta cuando ambos Estados tienen intereses legítimos y, por lo tanto, esta cuestión ya no necesita ser una traba. Por consiguiente, quiero dar las gracias al Sr. Baltas por su buen informe y espero que la Comisión hará cuanto pueda para que se inicien las negociaciones.

  Volcic (PSE). – (IT) Señor Presidente, encuentro que, en lo esencial, el informe Baltas es muy equilibrado y lógico. La situación se ha tranquilizado considerablemente en los últimos tiempos, lo cual es muy importante en esta región. En su visita a Belgrado, el Presidente Mesic pidió disculpas a los que habían sufrido dolor o daños a manos de ciudadanos croatas. El Presidente serbio pidió disculpas a su vez por los actos de gran maldad cometidos por ciudadanos serbios contra los croatas.

Sería más fácil lograr la reconciliación ahora que se han hecho estos gestos, aunque solo hayan transcurrido unos pocos años desde su guerra llena de tanta amargura y muy reñida. El Primer Ministro, el Dr. Sanader, visitó la minoría serbia en el día de su Navidad y se dirigió a la minoría italiana en italiano: nada de esto hubiera sido posible hace tan solo unos años. Incluso esa amargura característica hacia Eslovenia ya no existe. Este es el contexto que ayudará a resolver la controversia que rodea las órdenes de detención y el regreso de los refugiados.

Si este es el contexto, también existe la posibilidad de razonar con Croacia sobre su decisión unilateral de declarar parte de su costa zona ecológica y biológica. En su informe, el Sr. Baltas manifiesta que esta decisión unilateral de Croacia va en contra de la práctica del diálogo y la consulta, que se halla en el centro de los esfuerzos por gestionar los problemas que tienen un impacto regional.

Naturalmente, también hay las dificultades de Zagreb en aplicar sus reformas económicas y políticas. Hemos de recordar que la inflación entre 2000 y 2002 cayó del 7,4% al 2,3%, y sabemos lo que esto significa. Sin embargo, una escala publicada por el Frankfurter Allgemeine Zeitung, evaluando los resultados alcanzados por los países candidatos que ingresarán este año y en los próximos, demuestra que los primeros países candidatos que entren en la Unión Europea en mayo obtienen una puntuación general del 80%, mientras que la de Croacia es del 50%. Todavía tiene un largo camino que recorrer.

Creo que existe el peligro, que se ha mencionado hace un momento, de que la gente se decepcione. Pueden decepcionarse porque Croacia no ingrese inmediatamente en la Unión, pero el Sr. Baltas nos recuerda que Croacia necesitará una gran perseverancia y tiempo antes de que pueda adquirir los medios necesarios para consolidar el Estado de derecho y la democracia.

  El Presidente. Muchas gracias, señor Volcic.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

6. Situación de los derechos fundamentales en la UE (2003)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0207/2004) de la Sra. Boumediene-Thiery, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2003).

  Boumediene-Thiery (Verts/ALE), ponente. – (FR) Señor Presidente, Señorías, quisiera comenzar dando las gracias a todos los que han contribuido a este trabajo y que me han permitido mejorarlo. Desde su adopción, la Carta de los Derechos Fundamentales es el marco de referencia del Parlamento Europeo para la elaboración de su informe anual sobre los derechos fundamentales, un informe que es una parte esencial de nuestra vida parlamentaria. En efecto, la Carta de los Derechos Fundamentales se considera un conjunto definitivo de directrices. Sin embargo, para el año 2003 hemos optado por un enfoque un poco diferente, considerado únicamente unos pocos artículos de la Carta y confrontándolos con lo que vemos en la realidad y la práctica.

La primera cuestión que podríamos preguntar es: ¿por qué se interesa el Parlamento Europeo por la cuestión de los derechos fundamentales? Pues bien, recordaré que nuestro Parlamento es la expresión de la soberanía popular y, por tanto, debe pronunciarse sobre las materias que afectan directamente a los ciudadanos, en particular cuando va en ello su dignidad, puesto que su primera función es representarlos y defender sus intereses.

Las libertades públicas y los derechos fundamentales están consagrados en nuestras constituciones, en nuestras legislaciones nacionales y europeas. El proyecto de Constitución europea integra incluso en su preámbulo la Carta de los Derechos Fundamentales. La legitimidad del Parlamento Europeo en materia de derechos fundamentales ha quedado reforzada por el artículo 7. Sobre la base de una propuesta motivada, puede remitir una notificación formal al Consejo cuando exista en un Estado miembro un riesgo claro de violación grave de los principios enunciados en el artículo 6. Así, el presente informe permite confirmar la capacidad del Parlamento Europeo para desempeñar su función de vigilancia y control de los derechos fundamentales en la Unión.

Este es el cuarto informe. Cada año, como saben, el informe lo redacta un grupo político distinto. Este año he tenido el placer de elaborarlo yo. En el marco de este informe, hemos intentado medir la efectividad de los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales, su efectividad con respecto a todos los individuos, cualquiera que sea su sexo, origen étnico o cultural, orientación sexual, religión, discapacidad o estatuto. Hemos observado que se ha adoptado un gran número de medidas, sobre todo después del 11 de septiembre de 2001, tanto en la Unión Europea como en cada uno de los Estados miembros, en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transnacional y la inmigración clandestina.

Hoy, en nombre de la seguridad de la Unión, se acotan nuestras libertades públicas y nuestros derechos fundamentales. Muchas disposiciones afectan directa o indirectamente a algunos grupos vulnerables y movimientos sociales. Por justificada que esté la lucha contra la delincuencia, la inseguridad y el terrorismo, no debemos permitir que socave en ningún caso derechos fundamentales y libertades democráticas, ya que esto pondría en peligro los fundamentos mismos de nuestra Unión Europea.

Por esta razón optamos por centrar este informe en el tema subyacente de la criminalización de movimientos sociales y grupos vulnerables. Entre los grupos objetivo hemos identificado en especial las asociaciones de solidaridad y defensa de los derechos humanos, los migrantes, los refugiados, las víctimas de la trata de seres humanos, los romaníes y gitanos, los periodistas, las mujeres, los niños y las personas con movilidad restringida.

Tres puntos han llamado especialmente mi atención, y permítanme que se los exponga brevemente. Por lo que se refiere a la libertad de prensa, la existencia de unos medios de comunicación libres y pluralistas refuerza el principio de la democracia. A propósito del pluralismo de los medios de comunicación, acabamos de someter a votación un informe de la Sra. Boogerd-Quaak sobre los riesgos de violación de aquel en la Unión Europea, y en particular en Italia. Por tanto, no volveré sobre ello, pero de todos modos recordaré que este informe hace referencia a la información de los ciudadanos en la Unión Europea, a la obligación de los medios de comunicación y de las instituciones de respetar el derecho de los ciudadanos a estar plena y objetivamente informados. El derecho a una información objetiva está expuesto a una manipulación política de la información. Por desgracia, hemos visto algunos ejemplos de ello en el Reino Unido en el momento de la guerra contra el Iraq o incluso en Francia durante la canícula.

Este informe muestra, por ejemplo, que determinadas autoridades ejercen casi un monopolio y que, en algunos países, existe una gran concentración de la televisión, del sector privado o de la prensa escrita. La libertad de prensa y por desgracia también nuestros derechos están amenazados por esta verdadera concentración de los medios de comunicación y la presión que sufren algunos periodistas a la hora de facilitar su información, debido a su afiliación política o ideológica. Es necesario, por tanto, modificar la directiva para exigir a los Estados miembros que preserven el pluralismo de los medios de comunicación y refuercen la protección del secreto profesional.

Paso ahora al derecho de asilo. La tradición humanista de Europa de los derechos de asilo está siendo sustituida por una política de seguridad de fronteras cerradas. Las leyes todavía no están armonizadas, a menudo se utilizan leyes nacionales para limitar el derecho de asilo, y el trato y las condiciones de vida en los centros de detención distan mucho de ser ideales.

En cuanto al derecho a la sanidad y la posibilidad de cualquier ciudadano de acceder a este derecho, debemos poder garantizarlos. Todos estos derechos están asociados a la ciudadanía, y sabemos muy bien que, en la Europa de hoy, la ciudadanía europea no puede construirse sin ellos. Por tanto, les pediré que se mantengan especialmente vigilantes para que nuestros derechos, que están cada vez más amenazados, sigan siendo los únicos que gobiernen nuestras políticas.

Por último, para que la Unión Europea sea creíble, para que ella misma pueda respetar los derechos y se haga respetar, debe poner en orden su propia casa y no tener miedo a responder y actuar cuando se cometen violaciones.

  Roche, Consejo. (EN) Señor Presidente, de entrada debería decir que como ex miembro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y como ex presidente de la comisión irlandesa de Justicia y Paz, me complace especialmente estar hoy aquí para hablar de este informe. Agradezco la oportunidad de participar en el debate sobre un informe fundamental de importancia esencial para la Unión. El informe merece una atención especial. Como ha dicho la ponente, si la Unión Europea está dispuesta a ser muy exigente en el ámbito de los derechos humanos, debería estar dispuesta a examinar su propio comportamiento y ser muy exigente consigo misma. Dado el alcance y la naturaleza del informe, no se pueden abordar todos los temas planteados, pero me esforzaré por tratar algunos temas clave.

En las últimas semanas, todos nos hemos sentido horrorizados por los trágicos acontecimientos de Madrid y hemos expresado nuestra más sincera simpatía hacia las víctimas, los familiares y todos los ciudadanos de España. Como ha declarado ya el Taoiseach, el Consejo Europeo ha adoptado una declaración sobre el terrorismo y está elaborando un paquete de medidas destinadas a mejorar la capacidad de la Unión Europea para hacer frente a la amenaza del terrorismo. También somos conscientes de nuestra obligación de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales al adoptar medidas contra el terrorismo. No se pueden poner en entredicho estos valores fundamentales, no renunciaremos a una cosa por otra. La supresión efectiva del terrorismo requiere el respeto de los debidos procedimientos y del Estado de derecho. La Declaración nos obliga a luchar contra el terrorismo de conformidad con los principios fundamentales en los que se basa la Unión.

El Consejo Europeo también ha acordado que deberían reanudarse las negociaciones sobre la nueva Constitución. Como sus Señorías sabrán, la Carta de los Derechos Fundamentales, que fue ampliamente debatida en la Convención Europea, y en torno a la que hubo un amplísimo consenso, es un elemento que hay que incorporar al nuevo Tratado Constitucional, cosa que todos agradeceremos.

En el Consejo Europeo de Tampere de 1999 se acordó trabajar para la creación de un sistema europeo común en materia de asilo sobre la base de la aplicación plena e integradora de la Convención de Ginebra. Nos complace el progreso que se consiguió ayer en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior sobre la Directiva de requisitos para el asilo. Nuestra prioridad es llevarla a buen puerto y llegar a un acuerdo en torno a la Directiva de Procedimientos en el marco de la conclusión de la primera fase del sistema europeo común en materia de asilo.

Cambiando de tema, el tráfico de seres humanos es una práctica espantosa, explotadora y criminal. La Declaración de Bruselas sobre la Prevención y la lucha contra el tráfico de seres humanos, aprobada por el Consejo el mes de mayo pasado, constituye la base de un programa global de cinco años en el que estamos trabajando de forma activa. El Consejo también ha acordado medidas para ayudar a las víctimas del tráfico mediante la concesión de permisos de residencia de corta duración para las víctimas que cooperen con las autoridades competentes. En ese contexto, recuerdo la decisión marco sobre la lucha contra la explotación sexual de niños y la pornografía infantil, que se adoptó el año pasado y que forma parte del espectro de medidas para la defensa de los derechos humanos.

En relación con el tema de la solidaridad y la exclusión social, los Estados miembros han adoptado planes de acción nacionales en el contexto de la Agenda de Lisboa, y han perfilado las medidas a tomar para combatir la exclusión social. El año pasado se elaboró en todos los Estados miembros el segundo de estos planes, después de un proceso de consulta con los grupos interesados en la cohesión social. El Consejo Europeo acordó que era esencial para la Agenda de Lisboa que hubiera un elevado nivel de cohesión social y que había que reforzar las estrategias que podían tener un impacto decisivo en la exclusión social y la erradicación de la pobreza. Se centró especialmente en el papel esencial que podría tener la modernización de los sistemas de protección social.

Consideramos que el empleo es la ruta principal para salir de la pobreza y de la exclusión social; el empleo en trabajos bien remunerados, que permitan a los ciudadanos disfrutar de un mayor grado de prosperidad en toda la Unión. El Consejo Europeo reconoció que el tema más urgente que había que abordar era la oferta de más puestos de trabajo de mayor calidad.

Es esencial atraer a más personas hacia el ámbito laboral. La consecución de una mayor participación de mujeres y grupos de más edad en el ámbito laboral debería ayudar a combatir la exclusión social y evitar el cada vez mayor riesgo de pobreza que experimentan esos grupos. Y, en cualquier caso, esto revertirá también favorablemente en la Comunidad.

Pasando al tema de la igualdad que se aborda en el informe, el efecto global de las tres directivas de la Unión Europea sobre la igualdad es exigir a los Estados miembros que prohíban la discriminación directa, la discriminación indirecta y el acoso por motivos de género, raza o etnia, origen, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual en relación con el empleo, el trabajo autónomo o la formación profesional. También se prohíbe el trato discriminatorio. Ahora es importante que avancemos hasta aplicar del todo esas protecciones vitales para algunos de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

Avanzar en este proyecto de directiva sobre la igualdad en el acceso a la oferta de productos y servicios se ha identificado como una prioridad importante de la Presidencia irlandesa y tiene su impacto en este ámbito.

Los representantes de los Estados miembros que se reunieron en el Consejo Europeo de Bruselas el 13 de diciembre de 2003 reconocieron la importancia de la recogida de datos sobre derechos humanos y su análisis para ayudar en la formación de una política. Acordaron ampliar el mandato del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia y convertirlo en Agencia para los Derechos Humanos, y la Comisión está preparando una propuesta para poner en práctica la decisión del Consejo Europeo.

En cuanto a la libre circulación dentro de la Unión, me gustaría dejar constancia de la adopción de la directiva sobre la categoría de residente de larga duración para ciudadanos de terceros países. Esa directiva abre la posibilidad de acceder a la categoría de residente de larga duración después de cinco años de residencia legal y reconoce la igualdad de trato en una serie de aspectos de la vida social y económica. Dadas algunas de las declaraciones más extremas aparecidas en algunos medios de comunicación que la ponente ha mencionado sobre temas relacionados con la libre circulación, este paso es muy bien acogido. A nivel personal me gustaría mencionar en concreto que en el apartado 155 hay una referencia a los retrasos judiciales. Debo decir a la ponente que me ha impresionado mucho el hecho de que se cite aquí un caso irlandés. Es un caso en el que yo mismo me vi implicado y en el que, en mi opinión, los retrasos fueron imperdonables.

He escuchado con interés la cuestión de la participación en las elecciones europeas y locales y el déficit democrático. Dado que nos acercamos a las elecciones europeas, en interés de todos debemos alentar y asegurar la máxima participación posible de todos los votantes. La participación es la esencia de la democracia.

Por desgracia, es evidente, a la luz de las encuestas de opinión, del bajo volumen de participación en las elecciones de la Unión Europea y de los medios de comunicación, que los europeos se sienten desconectados de la Unión Europea y consideran que no están suficientemente informados al respecto. Por ese motivo, la Presidencia ha decidido convocar una Conferencia Ministerial sobre el tema «Comunicar Europa», que se celebrará la próxima semana. La Conferencia tendrá dos objetivos clave: debatir cómo se podría informar mejor a los ciudadanos sobre la Unión Europea y valorar cómo se podría promover una mayor implicación por parte de todos los europeos en la toma de decisiones sobre el desarrollo y el avance de la Unión.

Una vez más, quiero agradecerles la oportunidad de participar en este debate y, a nivel personal, quiero felicitar a la ponente por lo que considero un informe muy bueno y de extrema importancia.

  Vitorino, Comisión. (FR) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar a la Sra. Boumediene-Thiery y a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores por su excelente informe, que testimonia bien la continuidad del esfuerzo del Parlamento a favor de una auténtica política de los derechos fundamentales en la Unión Europea que queremos construir juntos. Se trata de un documento que, una vez más, se basa en la Carta de los Derechos Fundamentales, aunque la ponente ha optado por un enfoque temático transversal de la Carta, analizando la criminalización de los movimientos sociales y los grupos vulnerables.

En el contexto de la lucha contra el terrorismo, que por desgracia es de nuevo un tema de gran actualidad y que nos afecta a todos profundamente, hay que velar por que se respeten los derechos fundamentales y las libertades públicas. Puedo asegurarles que tengo un gran apego a este principio y espero que, tras los trágicos acontecimientos del 11 de marzo en Madrid, podamos resolver algunas dificultades encontradas en el pasado para adoptar normas jurídicas sobre la protección de las personas, incluidas las garantías procesales comunes en materia de procedimiento penal, que son fundamentales para construir la confianza mutua y aplicar el principio del reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales. Las medidas adoptadas para proteger la democracia y el Estado de derecho en Europa contra todas las formas de delincuencia y contra el terrorismo deben conducir al establecimiento de un equilibrio claro entre la protección de los derechos fundamentales –en particular el derecho a la seguridad y a la libertad, que son derechos indisociables–, por una parte, y las medidas de protección social, por otra. Es evidente que la Unión Europea se encuentra en un momento muy importante por lo que se refiere a la protección de los derechos fundamentales. Al ampliarse, al fijar sus normas constitucionales y al desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia, está definiendo su verdadera identidad. Su informe cumple una función muy importante, que es el control del respeto de los derechos fundamentales por parte de los Estados miembros –y eso es muy importante en sí mismo–, pero también por parte de las instituciones europeas. El informe va a contribuir también a la promoción de los derechos fundamentales, y es un elemento esencial para el futuro. Todas las recomendaciones que usted hace a la Comisión serán valoradas muy atentamente para darles el curso más adecuado. Voy a centrarme ahora en algunos puntos.

En primer lugar, la red de expertos independientes en materia de derechos fundamentales acaba de concluir su informe del año 2003. La Comisión acaba de recibir la versión definitiva de ese informe, que les será remitida oficialmente lo antes posible. Me gustaría destacar que, en respuesta a la petición hecha por el Parlamento Europeo el año pasado, las red nos ha hecho llegar este año los 25 informes nacionales en que se basa el informe de síntesis de toda la red. Al igual que el primer informe de la red, el informe 2003, que únicamente expresa las opiniones de la red de expertos independientes y no las de la Comisión, hace hincapié no solo en determinadas preocupaciones asociadas al respeto de los derechos fundamentales, sino también, hay que decirlo, en aspectos positivos, y en particular en las buenas prácticas desarrolladas en algunos Estados miembros, que podrían inspirar soluciones equivalentes en otros. El deseo de la red de expertos es preservar el vínculo entre la Carta de los Derechos Fundamentales, que constituye su punto de referencia, y la evolución más general del Derecho internacional en materia de derechos humanos, en particular la modificación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.

El informe presentado por la red abarca una serie de temas muy vasta. En varios aspectos, la red insiste en la contribución que puede aportar el ejercicio por la UE de las competencias que posee en materia penal a la protección de los derechos fundamentales, por ejemplo en materia de lucha contra el racismo y la xenofobia, contra la trata de seres humanos o contra la impunidad ante graves crímenes contra el Derecho internacional. La red dedica comentarios importantes a la evolución de la política de asilo en los Estados miembros y en los instrumentos de la Unión. A este respecto, el Sr. Roche acaba de señalar que ayer se llegó a un acuerdo en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior sobre una directiva especialmente importante, la que armoniza el concepto de refugiado de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951, que aproxima los regímenes de protección subsidiaria existentes en todos los Estados miembros de la Unión y contempla la cuestión tan importante y delicada de la persecución por parte de agentes no estatales. El informe de la red expresa también preocupaciones por la lentitud con que el Derecho europeo integra la evolución que registra la legislación de determinados Estados miembros en relación con el concepto de familia.

Paso ahora a la cuestión de la Agencia de Derechos Humanos. Como acaba de recordarnos el Sr. Roche, el Consejo Europeo de diciembre decidió ampliar el mandato del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para transformarlo en Agencia de Derechos Humanos. Por lo demás, la idea de crear una Agencia de Derechos Humanos ya había sido planteada por este Parlamento, en concreto en el informe elaborado por la Sra. Swiebel sobre los derechos fundamentales en la Unión en 2001. La Comisión había comenzado ya a evaluar la conveniencia de crear dicha agencia. La idea se anunció en la comunicación de la Comisión sobre el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que presentamos al Parlamento el pasado mes de octubre. Hacia el mes de julio, la Comisión presentará un documento de reflexión, a fin de someter a un gran debate público la idea de la entrada en funcionamiento de una Agencia de Derechos Humanos. Nosotros creemos que la creación de la Agencia debería ir precedida de un debate más amplio sobre sus objetivos y modalidades de acción. A fin de permitir la participación del próximo Parlamento en esta reflexión, esta fase de diálogo con la sociedad civil se prolongará hasta el mes de octubre y se clausurará con la organización por la Comisión de una audiencia pública, sobre cuya base tenemos la intención de presentar un proyecto de reglamento relativo a la nueva Agencia en la primavera de 2005.

En la actualidad, no me puedo comprometer con respecto al fondo del tema, pero desde ahora puedo destacar que la creación de la Agencia no pondrá en entredicho en absoluto el estudio de los fenómenos racistas y xenófobos, que seguirán siendo pilares importantes de su ámbito de acción, y también de su visibilidad política. No puede ser de otro modo en un momento en que –como muestran los trabajos del Observatorio de Viena y, en particular, sus informes sobre el antisemitismo, que van a presentarse hoy al Parlamento Europeo– surge de nuevo en Europa el temor a un desarrollo del racismo y la xenofobia. Está claro asimismo que la creación de esta Agencia deberá respetar el equilibrio institucional existente. Por último, no tenemos previsto por el momento ampliar el mandato de la Agencia fuera del territorio de la Unión Europea.

Señor Presidente, Señorías, la política europea en materia de derechos fundamentales está tomando forma. El año 2000 estuvo marcado por la proclamación de la Carta y, a raíz de la recomendación del Parlamento Europeo, en 2002 establecimos la red de expertos de la que he hablado. La entrada en vigor del Tratado de Niza marcó un hito importante en lo que se refiere a la aplicación de los artículos 6 y 7 del Tratado. El nuevo tratado constitucional dará a la Carta de los Derechos Fundamentales un carácter jurídicamente vinculante y permitirá la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de los Derechos Humanos.

En su comunicación sobre el artículo 7, la Comisión presentó un marco de análisis de las condiciones de aplicación de esta disposición en el futuro, haciendo hincapié en la prevención, que pasa en particular por una concertación entre las instituciones y con los Estados miembros y un diálogo con la sociedad civil. El futuro de la integración europea descansa en los valores comunes, que son los derechos fundamentales, el Estado de derecho y las instituciones democráticas. Estos valores comunes deben ser la base de cualquier acción en el ámbito de la justicia y los asuntos interiores.

Será necesaria una reflexión sobre el modo de tratar, de forma coherente, la dimensión interna y externa de los derechos humanos. Con la Constitución, estoy firmemente convencido de que modificamos profundamente el entorno jurídico y político de la Unión. Espero que la Comisión y el Parlamento, juntos, vayan por el buen camino para construir una verdadera política de los derechos fundamentales en la Unión Europea.

PRESIDENCIA DEL SR. MARTIN
Vicepresidente

  Stockton (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Peticiones. – (EN) Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la Sra. Boumediene-Thiery por este trascendental informe.

Debo dejar constancia de que en muchos aspectos mi partido no se siente del todo satisfecho con la Carta de los Derechos Fundamentales tal como ha quedado y, sobre todo por lo que hemos oído tanto del Presidente en ejercicio como del Comisario, nos preocupa que pueda convertirse en otro marco de regulación y burocracia, cuando habría que dejar paso al sentido común y a las buenas maneras.

Ante la inminencia de las elecciones, todos sabemos que el mayor partido de Europa es ahora el partido de la apatía. Somos muy conscientes de que las previsiones dicen que la participación en junio va a ser aún más baja que en el pasado. Una de las principales tareas con que se enfrentará el nuevo Parlamento será que los ciudadanos de la nueva Europa comprendan mejor sus instituciones y se impliquen en las mismas. Son sus instituciones, y no nuestras instituciones. Hay varios métodos para que los ciudadanos puedan hacer oír su voz. Pueden acudir directamente a sus Gobiernos nacionales electos, que constituyen el Consejo; pueden acudir al Comisario nombrado por su Gobierno electo; a nosotros, como representantes electos, al Defensor del Pueblo Europeo; y también a la Comisión de Peticiones de este Parlamento. Y en nombre de dicha comisión he presentado una opinión sobre este informe.

En la Comisión de Peticiones hemos observado que a menudo podemos resolver cosas que deberían haberse resuelto a escala nacional o incluso a veces a escala regional. Sin embargo, la existencia de la Comisión de Peticiones constituye una válvula de seguridad y un recurso muy útil, y a diferencia de las demás comisiones del Parlamento seguirá trabajando en el interregno hacia el nuevo Parlamento.

Algunos de ustedes habrán observado que hay una obra de arte –supongo que es una obra de arte– en el centro del patio del edificio: un globo de cristal de unos dos metros de diámetro. Desde lejos parece simple y transparente, pero a medida que uno se acerca, puede comprobar lo complicado de su construcción y la opacidad de su superficie. Es un símbolo magnífico, pero irónico, tanto de este Parlamento como de la Unión Europea.

De modo que, en mi opinión, la misión de la nueva Cámara y de la nueva Comisión será hacer que las instituciones actuales funcionen, y simplificar sus relaciones con los ciudadanos. Sería un paso de gigante para cumplir los objetivos establecidos por el Presidente en ejercicio y para garantizar que, cuando seamos reelegidos, tengamos el apoyo de nuestros ciudadanos.

  Swiebel (PSE). – (NL) Señor Presidente, este informe, por el que quiero felicitar calurosamente a la ponente, la Sra. Boumediene-Thiery, confirma el patrón de violaciones y problemas de los derechos humanos en la Unión Europea, que también hemos identificado en los cuatro informes anteriores durante la presente legislatura. La mala conducta de funcionarios gubernamentales y agentes de policía, las condiciones en las prisiones, la desigualdad de trato, la discriminación, el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y, en particular en los últimos tiempos, la creciente erosión de los derechos civiles, como los derechos de los sospechosos, la presunción de inocencia, y también la intimidad, todo esto bajo en nombre de la lucha contra el terrorismo. La Sra. Karamanou dirá algo más sobre esto en un momento.

En general, estos informes y, en particular, el último de la Sra. Boumediene-Thiery, nos llevan a reconsiderar cuál debe ser la respuesta política de las instituciones europeas a todo esto. Por ello me alegra especialmente que el Ministro Roche, que se halla presente aquí en nombre de la Presidencia irlandesa, haya declarado inequívocamente que la Unión Europea tiene que estar dispuesta a buscar en su propio corazón. Aprecio mucho esta declaración. Otras Presidencias han evitado la cuestión o no han hecho acto de presencia en los debates de este tipo, y a mí me parece que esta honestidad merece un gran aprecio, así que le felicito por ello.

Sin embargo, tenemos que preguntarnos si se puede considerar que la UE, hasta ahora, posee una política integral en materia de derechos humanos. El hecho es que no. Avanzamos en la dirección correcta, pero por el momento lo que tenemos son fragmentos y piedras angulares. En un periodo de tiempo relativamente corto, durante los últimos cinco años, se han modificado importantes parámetros normativos e institucionales. Tal como ya han señalado varios oradores, aunque se hayan realizado cambios, todos estos esfuerzos combinados no han dado lugar aún a una política coherente en materia de derechos humanos. Permítanme que esboce los diversos puntos en el tiempo que todavía me queda.

Ante todo, tenemos una Carta de los Derechos Fundamentales que establece explícitamente las obligaciones de los Estados miembros con respecto a los derechos humanos. Es realmente maravilloso.

En segundo lugar, tenemos un Parlamento Europeo que utiliza esta Carta como fundamento para sus informes. Esto también es encomiable, ya que de esta forma el proceso es sistemático y verificable.

En tercer lugar, tal como ha indicado el Comisario con razón, existe una red, y esta no solamente ha hecho que la comunicación, sino también el análisis y el asesoramiento sean mucho más profesionales. No cabe duda de que tenemos que seguir avanzando por esta senda, al ser un logro importante.

En cuarto lugar, tenemos el artículo 7 del Tratado, al que el Consejo en Niza añadió un mecanismo de alerta. Esto también supone un gran avance, porque para decirlo sin rodeos, hace falta algo más que una bomba atómica para hacer la guerra.

En quinto lugar, hemos recibido la Comunicación de octubre de 2003 de la Comisión, que desarrollaba este artículo 7 revisado. Debido a ello, sabemos lo que piensa la Comisión sobre la forma en que debe abordarse, aunque todavía seguimos esperando la opinión del Consejo sobre esta Comunicación de la Comisión. Supongo que el Parlamento deliberará sobre esta cuestión durante el próximo periodo de sesiones.

Tal como ya ha señalado el Comisario, el sexto componente básico del que disponemos es la Agencia de Derechos Humanos. Es el resultado de una Decisión a la que se llegó en el Consejo el pasado mes de diciembre. Me alegra que haya dado un primer paso en el curso de la toma de decisiones que seguirá. Yo misma voy a contribuir en la medida de lo que pueda.

En séptimo lugar, también se ha mencionado esto, pronto vamos a tener una Constitución en la que se reforzará el artículo sobre valores y en el que se incluirá la Carta. Todo esto es maravilloso, pero solo son piedras angulares, y todavía no forman un todo coherente.

Lo que realmente necesitamos es una política coherente en materia de derechos humanos que abarque todas las metas, instituciones, instrumentos y finanzas. Asimismo, me gustaría mucho que hubiera más claridad en la cuestión de hasta qué punto los problemas de los derechos humanos en un Estado miembro son realmente una cuestión de la Unión Europea en su conjunto, de modo que los países y los Estados miembros, y nosotros también, nos atrevamos a pedir cuentas unos a otros mucho más honestamente de lo que lo hemos estado haciendo hasta la fecha. Dejen que diga otra vez cuánto me complacen las intervenciones del Sr. Roche, en nombre de la Presidencia, y del Comisario Vitorino.

  Schmidt, Olle (ELDR). (SV) Señor Presidente, señor Comisario, señor Roche, quiero empezar agradeciendo a la Sra. Boumediene-Thiery la buena labor realizada sobre un informe importante. ¿Cuál es la situación en la UE de los 15, que es una Unión fundada sobre la igualdad de todos los seres humanos, el humanismo, la tolerancia y la dignidad humana? Creo que la gran mayoría de nosotros en esta Cámara puede ver grietas en la fachada de la UE. Bienvenidos a nuestra Unión: se insulta y se rechaza a los refugiados, que corren el riesgo de perder sus vidas en el camino hacia una vida mejor en Europa. Ayer se dio un paso importante hacia una política común con respecto a los refugiados, tal como ha dicho el Ministro, pero ha tardado mucho en llegar y las propuestas no van suficientemente lejos.

Se compran y venden ochocientas mujeres y niños como mercancías en un repugnante comercio sexual. Hay mujeres que sufren la mutilación de sus genitales, corren el riesgo de que se las fuerce a contraer matrimonio y sufren abusos diariamente solo por su condición de mujer. Se está reduciendo la libertad de los medios de comunicación y de expresión. Los homosexuales sufren discriminación. El antisemitismo aumenta, y los judíos oyen los mismos eslóganes que resonaron en toda Europa en los años treinta. Hay pruebas de odio y violencia en el informe que hoy se presenta. Crece el racismo y la intolerancia hacia los inmigrantes. Se excluye de la sociedad a millones de inmigrantes. Se persigue a los musulmanes. El fundamentalismo islámico se fortalece en los suburbios de nuestras ciudades. De hecho, ha sido en nuestra Unión donde 190 españoles de a pie han perdido sus vidas camino del trabajo en un día cualquiera.

Es verdad que la libertad nunca ha sido tan fuerte como en esta primavera cuando Europa está unida y cicatrizan viejas heridas. Sin embargo, al mismo tiempo, sabemos que nuestra UE de los 15 nos aportará muchas deficiencias a la nueva UE el 1 de mayo de 2004.

Quiero concluir diciendo que es lamentable que prácticamente todos los Estados miembros estén introduciendo restricciones con respecto a los nuevos Estados miembros. Los líderes europeos tendrían que haber prevenido esto conjuntamente, preparándose mejor y adaptando el acervo comunitario a tiempo. Muchos de nuestros nuevos amigos se sienten justificadamente decepcionados por ello. Para concluir, quiero decir que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas solicita el apoyo de la Cámara a dos enmiendas sobre la orden de detención europea y la prohibición de los pañuelos en Francia.

  Kaufmann (GUE/NGL). – (DE) Señor Presidente, este informe sobre la situación con respecto a los derechos fundamentales en la Unión Europea contiene referencias a un gran número de violaciones en diferentes ámbitos. En vista de la última reunión de Ministros de Justicia y Asuntos de Interiores y sus mensajes, quiero centrarme en la protección de los refugiados, es decir, en los artículos 18 (Derecho de asilo) y 19 (Protección en caso de devolución, expulsión y extradición) de la Carta de los Derechos Fundamentales.

El informe, por el que felicito sinceramente a la ponente, acusa a los Estados miembros de ser incapaces hasta ahora de llegar a un acuerdo en torno a una Directiva en materia de procedimientos de asilo y del estatuto de refugiados. Esta misma semana, los Ministros de Interior han alcanzado un acuerdo al respecto. Está bien que la nueva Directiva también conceda a las personas que huyen de sus países de origen debido a la persecución por parte de agentes no estatales un estatuto reconocido en todos los países de la UE. Tanto yo como muchas organizaciones no gubernamentales y ciudadanos hemos estado bregando a favor de esto. A instancias de mi Gobierno, por desgracia, hay refugiados –pero no víctimas de persecución política– que se encuentran en desventaja cuando se trata de acceder al mercado del empleo. No puedo entrever ninguna razón objetiva para ello y también creo que es contraproducente desde el punto de vista económico, ya que los refugiados con la denominada protección subsidiaria se verán forzados a trabajar ilegalmente para poder sobrevivir.

Aquellos que predican los derechos fundamentales y humanos a los cuatro vientos también tienen que examinar su propio desempeño y no solo mirar siempre cómo pueden mejorar sus vecinos. Esto es acertado y me alegra que el Presidente en ejercicio también lo vea de este modo.

El propio registro de Europa sobre migración y asilo es, a mi entender, totalmente vergonzoso, tal como indica claramente el informe. Quiero llamar la atención en particular sobre el hecho de que las personas que han construido sus vidas aquí en la Unión Europea todavía siguen sin tener el derecho a votar, pese a que el Parlamento Europeo lo ha reclamado en numerosas ocasiones. También quiero señalar que el concepto de un tercer país seguro hará que sea prácticamente imposible para los refugiados entrar legalmente en la Unión Europea en el futuro. La única forma de obtener asilo aquí consistirá en saltar sobre Europea en paracaídas. Por lo tanto, quiero que nosotros en Europa tengamos la valentía de realizar un cambio de política para que no tengamos otra vez un informe que critique a la Unión Europea por tantas diferentes violaciones graves de los derechos humanos.

  Turco (NI). – (IT) Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la Sra. Boumediene-Thiery por el trabajo que ha realizado, que también ha sido muy importante para el debate posterior que tuvo lugar en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores.

Creo que he de subrayar una cuestión: durante años este informe anual se ha ido convirtiendo cada vez más en una copia de sí mismo. Vemos repetidas violaciones, siempre de los mismos derechos; siempre se produce el mismo debate, pero no llegamos nunca al punto crucial planteado por la Sra. Swiebel. ¿Quieren realmente la Comisión y el Consejo que el respeto de los derechos humanos fundamentales sea una política adecuada? Esperamos una respuesta a esto. Sin embargo, si la respuesta fuera que ya tenemos el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, entonces deben entender desde ahora mismo que se trata de una respuesta falsa. Aunque existen las condiciones para su aplicación, el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea no se ha aplicado nunca y nunca lo será en un contexto institucional en que la Comisión Europea, por razones obvias, nunca tendrá la fuerza de ir en contra de uno de los Estados miembros. Por lo tanto, teniendo en cuenta las violaciones repetidas denunciadas en estos informes y en ausencia de sanciones, es inevitable que volvamos a ver esta imagen deteriorarse todavía más el año que viene.

A todo ello hay que añadir las denominadas iniciativas antiterroristas. En los últimos tiempos, la única consecuencia práctica de todas las iniciativas emprendidas por el Consejo, o que el Consejo querría emprender, a pesar de su propósito declarado de luchar contra el terrorismo, ha sido en realidad la de reprimir las libertades de los ciudadanos.

En cuanto a la iniciativa realmente útil, la de infundir vida a la agencia europea de inteligencia, hemos leído las declaraciones del Ministro de Interior italiano diciendo que esto no es posible dado que cada agencia nacional se muestra posesiva con sus propios datos. Si esta es la forma en que la Unión Europea protege a sus ciudadanos de los peligros del terrorismo, ¿cómo puede tener la fuerza y la capacidad de proteger a sus propios ciudadanos de las violaciones cometidas contra ellos por los propios Estados miembros?

  Evans, Robert J.E. (PSE). – (EN) Señor Presidente, quiero empezar haciéndome eco de lo que ha dicho el Ministro Roche en su introducción, que dice mucho en favor de la Unión Europea que hayamos podido presentar esta autoevaluación crítica, este informe sobre los derechos humanos en la UE. Es muy fácil criticar a los demás; es más difícil, y dice mucho a nuestro favor, que estemos dispuestos a mirar dentro de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea y de los Gobiernos que colaboran para que las instituciones sean más democráticas, y no me refiero, ni por asomo, a un superestado que inspire temor, como podríamos leer en los periódicos. Como ha dicho el Comisario Vitorino, con razón, se pueden reconocer muchos puntos positivos, y podemos transmitir buenas prácticas de un país a otro.

También estoy de acuerdo con él y con el Ministro Roche cuando hablaban de la necesidad de desarrollar una interpretación moderna de la Convención de Ginebra sobre refugiados. Hoy la situación es distinta que en la época de posguerra de 1951, pero los retos son similares, aunque los aspectos prácticos sean distintos. Todos debemos cooperar si queremos poner en práctica sus principios.

Nada podría ser más importante para una UE de 25 países que tener una política europea común en materia de inmigración y, juntos pero no revueltos, una política europea común en materia de asilo. La ponente se ha referido a esta necesidad y la animo en su trabajo. Como dice, no debe basarse en el mínimo común denominador; más bien, un sistema que pueda merecer el máximo respeto y recibir la mínima crítica posible debe basarse en el nivel más alto posible, y respetar a las familias y los derechos humanos.

  Boudjenah (GUE/NGL). – (FR) Señor Presidente, también yo comparto muchas de las constataciones y propuestas de la Sra. Boumediene-Thiery. Para ser breve, quiero limitarme aquí a las preocupaciones asociadas al enfoque excesivamente centrado en la seguridad que acaba de confirmar el último Consejo Europeo. Esta posición, que se alinea con el modelo norteamericano, es peligrosa, está cargada de amenazas y, además, pasa por alto las raíces del terrorismo. Amparándose en la lucha contra este flagelo, las legislaciones que se acumulan en todos nuestros países ya comportan nuevas vulneraciones de los derechos humanos. Pienso, por ejemplo, en las denominadas medidas preventivas en materia de expedición de visados en Alemania, en las que autorizan la práctica deportación de 26 000 personas en los Países Bajos, en las que provocaron un aumento de más de un tercio de las expulsiones con respecto a principios de 2003 en Francia.

La orientación europea se aleja cada vez más de los principios universales de asilo y solidaridad. Por lo demás ¿no pisotean los Jefes de Estado esos principios al autorizar de hecho, desde 2005, un fichaje sistemático de todas las personas que viven en Europa? La misma lógica prevalece en los proyectos de directiva encaminados a armonizar la política de asilo. ¿No hay que preocuparse, como acaba de hacer el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por el concepto de terceros países seguros, hacia los cuales se podría expulsar a los refugiados sin ninguna certeza sobre su seguridad? Es la misma lógica que prevalece en los vuelos chárter europeos que nuestro Parlamento acaba felizmente de rechazar. A la inversa, el futuro de los derechos humanos en Europa pasa por una verdadera política de acogida, por la igualdad de derechos, incluido el derecho de todos a votar y ser elegidos en todas las elecciones, y también por el pleno respeto de la libertad de expresión, incluida la libertad de asociación.

  Dillen (NI). – (NL) Señor Presidente, Señorías, este Parlamento ha debatido un montón de informes sobre derechos constitucionales. En cada ocasión, es sorprendente la forma en que cada ponente logra eclipsar a sus predecesores en criminalizar a millones de europeos que se enfrentan con los trágicos efectos de la inmigración desenfrenada. No sirve culpar a los pocos políticos y Gobiernos que intentan tímidamente hacer algo ante las enormes implicaciones del uso indebido del asilo, de falta de solidaridad. Es intelectualmente injusto lanzar sistemáticamente el reproche del racismo y la xenofobia a la cara de los políticos que creen que nuestras sociedades densamente pobladas ya no pueden absorber nuevas olas de inmigración sin repercusiones sociales catastróficas. Hace menos de dos semanas, bandas de jóvenes inmigrantes causaron destrozos sin sentido a varias propiedades privadas en esta ciudad de Estrasburgo, y han hecho lo mismo todas las Navidades durante años. Puede que algún ponente pueda incluir en su informe sobre derechos constitucionales un apartado sobre los derechos –a la integridad física, la seguridad y la propiedad– de los europeos que viven en el extrarradio de nuestras ciudades. Sería mucho más útil que el enésimo documento vacío e irrelevante sobre cuán miserablemente los europeos solemos tratar a nuestros conciudadanos.

  Santini (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, es cierto que este informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea corre el riesgo de convertirse casi en una cita rutinaria. Para no repetir lo que ya se ha dicho en otras ocasiones o por otros diputados, centraré mi intervención, por lo tanto, en tres temas en particular. El primero, ineludiblemente, es la familia. Hablando no solo en mi nombre, sino en el del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, rechazo enérgicamente los apartados 102 y 103, que de nuevo piden reiteradamente el reconocimiento legal de las parejas de hecho, incluso las homosexuales. También rechazamos la enmienda 157, que añade a esta petición incluso el derecho a adoptar niños normalmente. Parece que algunas personas no aprenderán nunca la vieja lección de que sobre esta cuestión es inútil intentar ir en contra del Tratado Europeo que atribuye claramente a los Estados miembros la capacidad, la competencia y la soberanía de decidir sobre esta cuestión tan conflictiva.

Un segundo tema que quiero abordar es el de la libertad de prensa y el pluralismo, que ayer mismo fue objeto de un acalorado debate en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. Nuevamente, en un lenguaje bastante inadecuado para esta Cámara, el apartado 63 dice que en Italia la noción de pluralismo se pisotea con el mayor cinismo. ¡Vamos, Sra. Boumediene-Thiery, esta es una frase para un manifiesto electoral, pero no para un debate en el Parlamento Europeo! Por lo tanto, rechazamos categóricamente las enmiendas 84, 85 y 86, que reiteran este malentendido y al final ponen a Italia en la línea de fuego porque sí, como si todos los problemas mediáticos se concentraran en nuestro país.

Empiezan, eso sí, con supuestos que todos podemos compartir, como los criterios del pluralismo, la libertad y el acceso a la prensa para todos, pero llegan a conclusiones tan limitadas al caso individual de Italia que terminan también por desacreditar todos sus nobles supuestos. Solo tiene que leer el informe de Reporteros sin Fronteras, que sin duda no se juntaron con la organización del Primer Ministro italiano sino que son, como bien sabe, una organización de periodistas de izquierda. Han llevado a cabo investigaciones en Italia en abril de 2003, que con posterioridad han publicado, en las que llegaron a muy diferentes conclusiones de las que caracterizan el informe increíble de ayer de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, con sus aún más increíbles enmiendas. Por ejemplo, existe un conflicto de intereses en Italia, es verdad, pero se está resolviendo estos días –puedo decir que justo en estos momentos mientras hablamos– en el Parlamento italiano, el único foro donde esta cuestión se puede debatir con seriedad. Se está a punto de aprobar un proyecto de reforma que la izquierda italiana nunca tuvo la valentía y ni siquiera la capacidad de proponer durante sus siete años en el Gobierno.

Reporteros sin Fronteras afirman que la prensa en Italia, y cito directamente –no me lo invento– es «libre y pluralista, aunque está debilitada por la hegemonía de la televisión». En contraposición a lo que ocurrió ayer en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, no hablan de censura ni de tiranía de los medios de comunicación. Sobre la orientación política de las emisiones de noticias de televisión, tanto públicas como privadas, dicen que están «sustancialmente equilibradas»; la única crítica explícita es el distanciamiento de la pantalla de figuras públicas como el Sr. Biagi, el Sr. Santoro y el Sr. Luttazzi, quienes –les aseguro, si no les conocen ustedes– nadie en Italia les echa en falta, salvo quizás los dirigentes políticos que les pagan.

Una última palabra, esta vez, tras tantas negativas, para recomendar la aprobación de la enmienda 199, presentada por el Sr. Borghezio y yo mismo, sobre la indemnización debida a los detenidos militares italianos por los trabajos forzados que realizaron en Alemania entre 1943 y 1945. Solo los italianos no han sido indemnizados. Pedimos a Alemania que indemnice a aquellos ciudadanos italianos que trabajaron duramente en contra de su voluntad en factorías y campos de trabajo, incluso si ahora es realmente muy tarde. Quiero decir al Sr. Schroeder que lo haga rápidamente, porque el más joven de ellos tiene 80 años, y el 10% de ellos mueren cada año que pasa.

  Karamanou (PSE). – (EL) Señor Presidente, el informe anual sobre derechos fundamentales llega en unos tiempos difíciles, marcados por el reciente ataque terrorista en España y la violación del derecho a la vida de docenas de personas inocentes. En el último Consejo Europeo, las deliberaciones y decisiones se centraron lamentablemente en las repercusiones y no abordaron la esencia y las causas de la nueva situación creada por la guerra contra la democracia, tal como el Presidente Pat Cox denominó al terrorismo.

Estoy segura de que las medidas represivas que se promueven no solo no llegan a la raíz del mal, las desigualdades masivas y discriminaciones del mundo moderno, sino que también amenazan con erradicar las libertades fundamentales y los derechos democráticos, y de ese modo fortalecer los objetivos del terrorismo desde otro ámbito. Dicho de otro modo, se nos está abocando con precisión matemática a una situación lamentable, en la que dejará de existir la protección de los datos personales y la intimidad estará bajo el examen permanente del Gran Hermano. El terrorismo se está utilizando de pretexto para aumentar los gastos en seguridad y convertir las democracias modernas en Estados policiales autocráticos en los que se trata a cada uno de los ciudadanos como un terrorista potencial.

Mientras todo esto está ocurriendo en el frente terrorista, otro crimen terrible que se está cometiendo diariamente contra miles de mujeres y niños en la forma de comercio de esclavos moderno, se ha añadido a nuestra agenda política. Los derechos fundamentales y las libertades democráticas en la Unión Europea se ven, en efecto, gravemente amenazados.

  Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Señor Presidente, este informe anual sobre la política en materia de derechos humanos llama la atención sobre el número cada vez mayor de violaciones que tienen lugar en la UE, y formula propuestas concretas sobre la forma en que esta situación se puede resolver. El informe plantea muchos puntos válidos, de los que me gustaría destacar la referencia que se hace a que a muchas mujeres se les niega el derecho al aborto en la UE, como es el caso de Portugal, donde siguen estando sometidas a procedimientos penales.

Aplaudo a la ponente cuando pide a los Estados miembros que garanticen el acceso de todas las mujeres, incluidas las jóvenes, pobres e inmigrantes, al aborto seguro y legal, a la contracepción de emergencia, a servicios de salud reproductiva y sexual asequibles y a la educación sexual. Espero que el Gobierno portugués –y el clima político reinante en mi país– aceptará por fin esta propuesta.

También quiero destacar la manera en que el informe condena todas las formas de violencia contra las mujeres y pide a los Estados miembros que combatan y eliminen la violencia contra las mujeres y los niños en Europa.

  Gorostiaga Atxalandabaso (NI). – (EN) Señor Presidente, doy las gracias a la ponente por su continuo compromiso con los derechos humanos. Pero en el informe no se reconoce un tema esencial y urgente: la tortura de los detenidos en el País Vasco.

Ayer, una chica joven, Ainara Gorostiaga, fue liberada por orden del juez Baltasar Garzón después de haber pasado dos años en prisión. Ha estado incomunicada desde febrero de 2002. La Sra. Gorostiaga había admitido todos los cargos que se presentaron contra ella, pero después se retractó diciendo que su declaración se había obtenido con torturas. El juez Baltasar Garzón reconoce ahora que no es culpable. También han sido liberados otros tres jóvenes porque tampoco había pruebas contra ellos. ¡Dos años incomunicados por causa de la tortura! Señorías, ¿quousque tandem?

  Krarup (GUE/NGL). – (DA) Señor Presidente, si las buenas intenciones y las palabras sinceras pudieran cambiar el mundo, el agradable informe de la Sra. Boumedienne-Thiery constituiría una revolución. Sin embargo, cuando leo sobre todos estos derechos formulados en largos discursos, me pongo a pensar en un político danés que, de regreso a casa en nuestro país alborotado, salió elegido con un programa concebido para impulsar los carriles para bicicletas. Es el mismo refrán en que se basa este informe, concretamente la noción de que los derechos se derivan de las palabras. De hecho, los derechos se derivan de la práctica social, de la lucha y la actividad política.

Lo que también me sorprende de este informe es un detalle del homenaje que se rinde a la Carta de los Derechos Fundamentales. No tengo nada en contra de los derechos –bien al contrario–, pero ¿por qué no se permitió a la Unión Europea como tal acceder a la Convención Europea de Derechos Humanos? Al hacerlo se hubieran obtenido los mismos resultados. La razón es que existe otra agenda en la que estos derechos, en el grado máximo, están implicados en el proceso de integración propiamente dicho, y es esta duplicidad en la agenda la que me induce a hacer esta observación.

  Schröder, Ilka (GUE/NGL). – (DE) Señor Presidente, Señorías, la hipocresía de la charla sobre los derechos fundamentales en esta Cámara difícilmente puede superarse, en particular cuando procede de la derecha. Cuando el Consejo y los Gobiernos emprendieron cada vez más nuevos programas de vigilancia, sumergiendo a miles de migrantes en la más profunda desesperación con su política de «Fortaleza Europa», cerrándoles el paso en las fronteras, permitiendo que se ahogaran en el mar, y los pocos que lo consiguen son internados en la UE solo para devolverlos lo antes posible, el Parlamento Europeo, que clama ser el guardián de los derechos humanos y fundamentales, de hecho aplaude. Por desgracia, la realidad se ve de modo muy distinto por todas aquellas personas a quienes se les priva de sus derechos civiles más elementales. La violencia estatal, policial y racista son sucesos cotidianos en la sociedad capitalista de la Unión Europea. La descarada justificación de la tortura en Alemania por numerosos políticos y representantes del poder judicial y de la policía en 2003 es un ejemplo concreto. Por desgracia, cuando la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores rechazó mi proyecto de resolución condenando esta justificación de la tortura, lo hizo gracias a los Grupos que ahora defienden a sus amigos políticos.

  Roche, Consejo. (EN) Señor Presidente, el debate ha sido muy interesante. Coincido con la opinión formulada por muchos de que nuestra Unión se basa en un compromiso compartido con la libertad, los derechos humanos, las instituciones democráticas y el Estado de derecho. Nuestra Unión debe ser ejemplar en todos esos ámbitos, ya que de lo contrario seríamos unos hipócritas.

He dicho que en el programa de Tampere el Consejo reafirmó la importancia que la Unión y los Estados miembros otorgan al derecho absoluto a pedir asilo, mencionado por varios diputados. Se acordó ir hacia el establecimiento de un sistema europeo común en materia de asilo. Es muy importante y absolutamente correcto. El Sr. Evans, por ejemplo, ha dicho que el sistema que establezcamos debe ser claro. Tiene toda la razón. En vistas del debate que ha surgido en varios Estados miembros, quiero tocar el tema de la inmigración, un tema planteado por varios oradores. Existe un inquietante aumento de los comentarios xenófobos, especialmente en algunos sectores de los medios de comunicación más populares. Europa está abierta a la inmigración. De hecho, la inmigración en Europa es necesaria y deseable, junto con la migración dentro de Europa. Por lo tanto, es crucial desarrollar una política de inmigración común en la UE. Tanto el Sr. Evans como la Sra. Kaufmann han tocado este tema. Es importante que tengamos una política clara sobre inmigración legal para ayudar a poner fin a algunas histerias inquietantes.

La Presidencia irlandesa seguirá apoyando una iniciativa de la Comisión para luchar contra el tráfico de seres humanos, especialmente teniendo en cuenta el trabajo del grupo de expertos en este ámbito y la Declaración de Bruselas.

Varios oradores han hecho referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales en el proyecto de Tratado Constitucional. Me parece que los elementos de la Carta de los Derechos Fundamentales incluidos en el proyecto de Tratado Constitucional son uno de los grandes pilares en los que se basa el Tratado. La Carta proporciona una salvaguarda adicional para los ciudadanos de la Unión en sus relaciones con las instituciones de la Unión o las de los Estados miembros cuando aplican el derecho de la Unión. Simplemente no puedo entender cómo se puede considerar algo negativo. Por lo tanto, me ha sorprendido la aportación del Sr. Stockton en este sentido. No creo que sea correcto describir la Carta como algo negativo; es positiva en todos los sentidos.

El Sr. Stockton ha dicho que la mejor protección son el sentido común y las buenas maneras. Quizás tendría razón si viviéramos en un mundo ideal; pero no es así. Vivimos en un mundo que está lejos de ser perfecto. Mi experiencia personal es que el sentido común y las buenas maneras nos han fallado en más de una ocasión.

Varios diputados han hecho referencia a la importancia de la libertad de prensa en la protección de las libertades civiles. La libertad de prensa es fundamental para la protección de las libertades civiles. Pero los mismos diputados han expresado su preocupación por una concentración excesiva. La concentración es una realidad en la Unión Europea, y en la medida en que interfiere en el libre ejercicio de la libertad de expresión o entorpece la capacidad de una prensa libre para defender nuestras libertades, tal concentración es motivo de preocupación.

Doy las gracias a los diputados por este debate tan interesante y estimulante. También quiero dar las gracias a los diputados por las amables palabras que han expresado respecto a la Presidencia irlandesa. Puedo asegurarles que la Presidencia, en su trabajo en el Consejo, tendrá muy en cuenta los puntos que se han expresado hoy aquí.

Felicito a la ponente por este informe. Quizás no estemos de acuerdo en todos los puntos y todos los comentarios que en él aparecen, pero es increíblemente importante que de vez en cuando nos miremos al espejo para ver si cumplimos nuestros propios principios. Y ciertamente este informe nos es de gran utilidad.

  Vitorino, Comisión. (PT) Señor Presidente, Señorías, tal como demuestran claramente este debate y este informe, lamentablemente en la UE se continúan violando los derechos fundamentales. Sin embargo, creo que para los diputados de esta Cámara, que pronto se presentarán ante el electorado en unas elecciones que son especialmente importantes para el futuro de la UE, merece la pena recordar que los logros extraordinarios de los últimos cinco años en el ámbito de los derechos humanos deben enorgullecernos y pueden, en efecto, alentar a los ciudadanos a participar en el proceso electoral, dadas las perspectivas de establecer una política europea de derechos fundamentales.

La Convención, que aprobó la Carta de los Derechos Fundamentales, la función anual del Parlamento de señalar problemas con los derechos fundamentales –a veces con un debate altamente ideológico, pero sin duda siempre de actualidad–, la enmienda al artículo 7 del Tratado de Niza, el hecho de que se haya constituido una Agencia de Derechos Fundamentales y, como acaba de decir el Presidente en ejercicio del Consejo, el Sr. Roche, la perspectiva de dar a la Carta de los Derechos Fundamentales un papel principal en el proyecto del Tratado Constitucional, constituyen, en mi opinión, una serie de aspectos que demostrarán a los ciudadanos que este órgano, que eligen directamente, siempre ha situado la cuestión de los derechos fundamentales en la primera fila del debate y de la actividad política.

Mi segunda observación se refiere a las referencias que se han hecho a la política de asilo. No podemos ocultar que los Estados miembros tienen diferencias que a veces son difíciles de vencer, y que a veces el precio que tenemos que pagar por superar estas diferencias es un acuerdo basado en el mínimo denominador común. Siempre hemos considerado que este tipo de acuerdos son una parte de una definición gradual de la política de asilo y de migración. No podemos cerrar los ojos a esto, pero no seamos derrotistas. Hoy, he de confesar –y me duele decirlo– el día después de que el Consejo de Ministros haya adoptado finalmente una Directiva que define el concepto de refugiado, alineando sistemas de protección subsidiaria y reconociendo que agentes no estatales pueden ser agentes de persecución, en cuyo caso también se puede conceder el estatuto de refugiado; acogemos con satisfacción esta Directiva, que contiene propuestas excelentes en el ámbito de la protección internacional y es un gran paso hacia la definición de un concepto europeo de asilo. Al menos hoy, no seamos derrotistas y reconozcamos los elementos positivos de las medidas que se han tomado.

Mi tercer comentario se refiere a la protección de la privacidad y de los derechos fundamentales en la guerra contra el terrorismo. No estamos en trance de crear un mundo orwelliano. No se puede negar que nos enfrentamos a una amenaza y para proteger nuestro estilo de vida abierto tenemos que impedir el terrorismo y proteger a nuestros ciudadanos. Con este fin, tenemos que utilizar la tecnología que demuestre ser la más adecuada.

No tenemos que luchar contra molinos de viento, ni tenemos que ir en contra de la tecnología solo porque sí. Lo que tenemos que hacer es asegurar que esta tecnología se utiliza con arreglo a la ley y las medidas preventivas necesarias en lo que atañe a la privacidad y las garantías de los derechos fundamentales. Este es el desafío con el que nos enfrentamos, y el Parlamento tiene que implicarse, en consecuencia, en la definición de las normas legales que rigen la introducción de datos biométricos en los pasaportes y visados, y la comparación de datos en el ámbito de la seguridad.

Por último, el marco clave de referencia de la política de protección de los derechos fundamentales en la UE es la Carta de los Derechos Fundamentales, pero no se limita únicamente a la misma. No queremos que se nos aparte del desarrollo general de la protección de los derechos fundamentales en toda Europa en su conjunto, en especial en el ámbito del Consejo. Por lo tanto, no existe ningún conflicto entre el carácter constitucional de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la defensa de la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos. La futura Constitución europea apunta en esta dirección.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana a mediodía.

7. Informe solicitado por el Banco Mundial sobre las industrias extractivas

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión relativas al informe solicitado por el Banco Mundial sobre las industrias extractivas.

  Roche, Consejo. (EN) Señor Presidente, este es un debate interesante porque hablamos de un informe del Banco Mundial. El informe sobre las industrias extractivas que publicó el Grupo del Banco Mundial en 2001 guiará la participación del Banco en los sectores del petróleo, el gas y la minería. El proceso consultivo es un elemento significativo del informe global del Grupo sobre sus actividades en este terreno.

Es importante señalar que el Banco Mundial está examinando el resultado de esta iniciativa, en forma de informe de consulta elaborado por el equipo de revisión, dirigido por el Dr. Salim, y se aguarda su respuesta a este informe. Por tanto, en cierto sentido, estamos hablando de un trabajo que está en curso. Es preciso dejar que el proceso siga su curso en vista de las significativas recomendaciones que figuran en el informe.

Los jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johanesburgo en septiembre de 2002, la importancia de proteger y gestionar los recursos básicos del desarrollo económico y social. Las materias primas, como los minerales y el petróleo, sientan las bases del crecimiento económico y del bienestar, tanto en la industria como en nuestras vidas diarias. Son básicas para la fabricación, el transporte, la calefacción y otras actividades y, sobre todo, son esenciales en los países donde existe una actividad extractiva.

Mientras que la extracción mineral contribuye de forma sustancial al desarrollo económico, es preciso equilibrar los beneficios con medidas encaminadas a impulsar los pilares ambientales y sociales del desarrollo sostenible a través de la gobernanza. A la mayoría de los diputados probablemente les preocupa esto, porque no siempre ha existido gobernanza. En reconocimiento de la necesidad de equilibrar estas demandas, se acordaron acciones relacionadas con la gestión de los recursos naturales básicos de forma sostenible e integrada.

El Banco Mundial no es el único que reconoce la necesidad de abordar todos los elementos del desarrollo sostenible. En muchos aspectos este informe es equiparable al trabajo realizado por la Unión Europea en los últimos años, como el fortalecimiento de la gobernanza de la minería a través, por ejemplo, de la modificación de la Directiva Seveso y una nueva directiva propuesta sobre la gestión de los residuos de la industria extractiva, una cuestión que preocupa en toda la Unión. La Unión Europea también adopta una política de desarrollo sostenible a través de iniciativas como la estrategia temática para el uso sostenible de los recursos naturales. En su reunión del 2 de marzo, el Consejo de Ministros de medio Ambiente estableció amplias orientaciones políticas en relación con el futuro desarrollo de la estrategia temática.

El informe sobre industrias extractivas reconoce la posible contribución de la minería y el petróleo al primer mandato del Banco Mundial, es decir, la mitigación de la pobreza, y propone un número considerable de medidas a este respecto. Merecen un estudio detallado.

También quiero informar de que el Banco Mundial ha aprobado la iniciativa de transparencia lanzada en la cumbre de Johanesburgo. Esta es una iniciativa de especial importancia. También es una cuestión compleja y es necesaria más claridad en la forma de distribuir los impuestos y cánones por estas actividades. Además, probablemente sea necesario estudiar si han sido debida o apropiadamente distribuidos, pero esto es para otro momento.

Entre las medidas de protección ambiental detalladas que recoge el informe sobre las industrias extractivas se incluyen propuestas como una planificación del cierre y orientaciones sobre la gestión de los desechos en las industrias extractivas. En muchos sentidos reflejan las preocupaciones que también nosotros nos planteamos. La guía de la Unión Europea sobre las mejores técnicas disponibles para los residuos de la minería está muy avanzada y establecerá buenas prácticas en este ámbito. Numerosos factores locales, como las condiciones climáticas, determinan las formas más apropiadas de mitigar los posibles efectos adversos. Sin embargo, nuestro trabajo en Europa contribuirá de forma útil a la mejora de la práctica medioambiental y de las normas de gestión de los residuos de la minería, así como el código de práctica sobre el cianuro, desarrollado por el PNUMA a través de la consulta y la participación multilateral.

Apoyamos las conclusiones de la Cumbre de Johanesburgo y el Plan de Aplicación, incluidos los compromisos específicos en relación con la minería, los minerales, los metales y los sectores energéticos. Además, también apoyamos la promoción de la responsabilidad corporativa, así como el intercambio de buenas prácticas en el contexto del desarrollo sostenible. Nuestra posición con respecto a estas cuestiones es clara, y espero que todos los interesados, incluido el Banco Mundial, la conozcan bien. Sin embargo, es preciso subrayar y reafirmar nuestros intereses y nuestras preocupaciones.

El cambio climático sigue siendo una de las preocupaciones ambientales más importantes para la Unión. La Unión sigue estando totalmente comprometida, por ejemplo, con el cumplimiento del Protocolo de Kioto. En el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y habiendo ratificado el Protocolo de Kioto, la Comunidad Europea y sus Estados miembros están deseando garantizar la armonía entre las actividades del Banco Mundial y el objetivo de la Unión Europea de estabilizar las emisiones de gas de efecto invernadero a la atmósfera en unos niveles seguros.

De acuerdo con el informe del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, será preciso recortar drásticamente, a lo largo de este siglo, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero si se quiere lograr este objetivo. Las recomendaciones del informe sobre las industrias extractivas a este respecto son coherentes con una necesidad reconocida de recurrir a fuentes de energía menos intensivas en carbono. La promoción de fuentes energéticas más limpias y que emitan menos gases de efecto invernadero en los países en vías de desarrollo, haciendo especial hincapié en la promoción de las fuentes de energía renovables, persigue el cumplimiento de los objetivos de cambio climático a largo plazo de la Unión Europea.

Para concluir, aguardamos con impaciencia la respuesta del Banco Mundial a este informe. Como ya he dicho, la respuesta todavía está por venir. Acogemos con satisfacción el carácter amplio y transparente de la consulta integrada en este proceso y apreciamos que el informe del Dr. Salim haya informado bien el trabajo que está realizando en estos momentos el Banco. El enfoque progresista adoptado por la Unión Europea del desarrollo sostenible es bien conocido, y también anticipamos una respuesta del Banco Mundial que será coherente con toda su misión, en particular la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible.

  Vitorino, Comisión. (EN) Señor Presidente, el informe sobre las industrias extractivas, encargado por el Banco Mundial, es un informe importante y sus recomendaciones debería examinarlas el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y la Comisión.

La Comisión es un gran donante de subvenciones destinadas a la mitigación de la pobreza. La ayuda a las industrias extractivas en el programa de desarrollo de la Comunidad Europea prácticamente ha concluido. El instrumento específico del sector minero, Sysmin, quedó suspendido en virtud del Acuerdo de Cotonú. Al amparo del Noveno Fondo Europeo de Desarrollo, los propios países socios han definido todos los programas del sector minero, de acuerdo con el concepto de propiedad. Menos del seis por ciento de los fondos han sido asignados a actividades mineras en programas indicativos nacionales. Además, las crecientes preocupaciones ambientales en la Unión Europea han propiciado que desde la década de los noventa se haya generalizado el uso de las evaluaciones de impacto ambiental. Esto también se aplica a la cooperación con instituciones financieras, como el Banco Europeo de Inversiones o el Banco Mundial.

La OCDE discute actualmente unas directrices para créditos a la exportación con ayuda oficial. Hace poco ha anunciado un acuerdo encaminado a fortalecer enfoques comunes para evaluar el impacto ambiental de proyectos de infraestructura que reciben ayuda de agencias de créditos a la exportación de Gobiernos de la OCDE, con objeto de garantizar que cumplan las normas internacionales establecidas.

Como ya sabe el Parlamento, la Unión Europea lanzó una «iniciativa energética de la UE para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible» en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johanesburgo en septiembre de 2002. La secretaría de la iniciativa corre a cargo de la Comisión. Su objetivo es responder a las mismas cuestiones planteadas por el Parlamento, contribuyendo a facilitar el acceso a la energía necesaria para lograr los objetivos de desarrollo del milenio. Esto se logrará en el contexto de las actividades desempeñadas por los países en vías de desarrollo participantes, mediante la prestación de servicios de energía suficientes, asequibles y sostenibles.

Aunque la iniciativa no se centra en la tecnología, intenta promover la prestación de servicios de energía asequibles y sostenibles. Con ello pretende promover las soluciones más económicas sobre la base de los impactos económico, social y ambiental. Esto implica promover tecnologías de combustibles fósiles más limpias y eficientes.

La Comisión también acoge la secretaría de la Coalición por la energía renovable de Johanesburgo. Esta coalición quiere extender más la energía renovable en los países en vías de desarrollo.

Permítanme concluir asegurándoles que la Comisión apoya la petición de aplicar en su totalidad las recomendaciones del informe sobre las industrias extractivas relativas a la sostenibilidad de las inversiones, la promoción de la gobernanza, el consentimiento popular, la evaluación del impacto social y ambiental, el respeto de los derechos humanos y las principales normas de trabajo.

  Wijkman (PPE-DE). (SV) Señor Presidente, esta es la segunda vez en este día que debatimos sobre minas y canteras. Esta mañana fue el informe del Sr. Sjöstedt y ahora se trata de esta resolución que se refiere indirectamente al sector de las minas y canteras. Estoy de acuerdo con el Sr. Roche y el Comisario Vitorino en que las industrias extractivas revisten una gran importancia para las economías de numerosos países pobres. Sin embargo, también sabemos que este tipo de actividad industrial adopta a menudo una forma que no ha beneficiado directamente a la mayoría pobre, que ha causado graves daños medioambientales y que, por desgracia, ha resultado en que los ingresos procedentes de las concesiones terminen sobre todo en los bolsillos de diversos ministros y no en el tesoro público, donde habrían podido contribuir al desarrollo de dichos países.

El estudio al que nos referimos aquí es interesante e importante, pues apunta las oportunidades que se presentan para estas industrias, así como el riesgo que implica que esta actividad no se efectúe en el marco de criterios sociales, medioambientales y humanitarios. A menudo, sus consecuencias resultan ser un aumento de la pobreza y la destrucción del medio ambiente. Hace cosa de una semana, nos reunimos con el Dr. Salim, que estaba de paso y que nos ofreció un gran número de ejemplos de los problemas que tiene la población local en las zonas de diversos proyectos: desplazamiento forzoso, daños al medio ambiente, etc.

Es importante que el Banco Mundial tenga en cuenta las críticas que formula este estudio, y quiero señalar que tanto el Presidente del Consejo como la Comisión coinciden con muchas de sus recomendaciones. Es sumamente importante que los Estados miembros de la UE, cuyos Gobiernos forman una parte considerable del Consejo del Banco, coordinen sus actividades en este ámbito y procuren que el Banco tome en consideración dichas recomendaciones. Creo que la Presidencia podría desempeñar un papel muy importante en este aspecto.

Y si ahora es importante que el Banco Mundial reconsidere la cuestión, igualmente importante es que también lo hagan otras entidades financieras. El Comisario Vitorino señalaba que se ha alcanzado un cierto acuerdo sobre las actividades de las agencias de crédito a la exportación Quizá sea así, pero es sumamente endeble por el momento. Necesitamos criterios mucho más estrictos para sus actividades, sobre todo en referencia a la situación social, medioambiental y climática.

He aquí un ejemplo: entre 1994 y 2000, las entidades de créditos a la exportación de los países de la OCDE garantizaron inversiones en nuevas instalaciones de producción de energía por un valor equivalente a 100 000 millones de USD. Todas estas actividades se basaban en combustibles fósiles, y no se gastó ni un céntimo en eficiencia energética o energías renovables.

Se necesitan varias medidas a este respecto. Aunque no deseo elevar este informe y este estudio al nivel de verdades absolutas, constituyen, no obstante, un buen fundamento para promover y ajustar las políticas relacionadas con los problemas de la pobreza y el desarrollo sostenible.

  Van den Berg (PSE). – (NL) «No dudo por un momento de que, tarde o temprano, la guerra económica que Shell libra en el delta del Níger quedará al descubierto y de que se castigarán los crímenes cometidos en esta guerra.» Estas palabras, señor Presidente, las pronunció el dirigente ogoni Ken Saro-Wiwa hace diez años. En Occidente, Saro-Wiwa sigue siendo, diez años después, el critico más conocido de las industrias extractivas. Desde entonces, Shell ha mejorado algunas de sus políticas y la Revisión de las Industrias Extractivas se centra sobre todo en los proyectos de las industrias nacionales.

El análisis actual de las industrias extractivas muestra lo mucho que queda por hacer para que el Banco Mundial opere con eficacia en este sector. La lucha del pueblo ogoni en Nigeria simboliza una de las principales condiciones de la participación del Banco Mundial, a saber, garantizar el derecho de los pueblos indígenas a dar su previo consentimiento, sin coerción y estando debidamente informados, a los proyectos financiados por el Banco Mundial.

Para muchos países en vías de desarrollo, las materias primas son su principal fuente de ingresos, pero incluso si tienen en su suelo oro líquido o sólido, los pueblos indígenas de estos países ven muy poco de los beneficios de estos materiales. La pobreza, un alto índice de mortalidad, las guerras civiles, la corrupción y el totalitarismos se oponen al desarrollo de estos países. Aparte de los pueblos indígenas, el medio ambiente ocupa un segundo plano ante los rápidos beneficios que traen consigo las materias primas. Fue el propio Ken Saro-Wiwa quien señaló que los peces del delta del Níger saben a petróleo. De ahí que para el Grupo del PSE sea sumamente importante que el Consejo Europeo y la Comisión deliberen acerca de este informe e impongan severas condiciones a la participación del Banco Mundial y a los proyectos de extracción, de manera que solo puedan llevarse a cabo si se cumplen los requisitos ordinarios con respecto a las consecuencias sociales, económicas y ecológicas de la extracción de materias primas.

Es sumamente importante que las decisiones sobre los proyectos estén sujetas al cumplimiento de requisitos de buena gobernanza. Pues solo así podrán desarrollarse en su conjunto estos países ricos en materias primas. Esto también se puede lograr mediante la iniciativa consistente en publicar lo que se va desembolsando, mediante la cual se dan a conocer los pagos e ingresos, y los pueblos indígenas tienen la garantía de que la recaudación no desaparezca simplemente en los bolsillos de los ricos, sino que beneficie efectivamente a los pueblos indígenas. A tal fin se puede rechazar la financiación de proyectos en zonas de conflicto y, por último, reforzando la política vigente en materia de hábitats naturales y no invirtiendo en proyectos en zonas protegidas de vida silvestre, sino invirtiendo positivamente en fuentes de energías renovables.

  Rod (Verts/ALE). – (FR) Señor Presidente, tras el informe de las Naciones Unidas sobre la situación en el Congo y el informe del Gobierno norteamericano sobre el calentamiento del planeta, ahora un informe encargado por el propio Banco Mundial acaba de confirmar los temores expresados desde hace mucho tiempo por los Verdes. En efecto, el Banco Mundial ha llevado a cabo un estudio sobre las industrias extractivas que, tras dos años de consulta a la sociedad civil, los Gobiernos y las empresas, presenta un informe abrumador para su política de desarrollo.

El informe pone de relieve las carencias y los efectos contraproducentes de la política del Banco Mundial en los países ricos en recursos naturales. Según las propias palabras del estudio, el Banco Mundial ha atraído demasiado a los inversores, sin interesarse verdaderamente por ayudar a los países a desarrollar su capacidad para transformar sus riquezas naturales en medios de lucha contra la pobreza.

La Comisión destaca, del mismo modo, la pasividad del Banco Mundial en materia de supervisión medioambiental y social. Así, el estudio afirma que si se da rienda suelta a toda la fuerza del mercado sin marcos sólidos, los daños ocasionados pueden ser extremadamente graves. Hay numerosos ejemplos de financiación detestable. La mina de oro Yanacocha en Perú es el prototipo de tragedia tóxica. Gestionada por una empresa norteamericana, la mina ha allanado cinco montañas, desplazado a miles de personas y contaminado con cianuro el agua de toda la región.

El Banco Mundial ha apoyado también el oleoducto Chad-Camerún, que fuimos los únicos en combatir y que ha tenido consecuencias sociales y medioambientales desastrosas: migración masiva, aumento de la inseguridad alimentaria, aumento de la prostitución con el consiguiente aumento del sida. ¿Podemos hablar realmente de política de desarrollo? La explotación del petróleo, del gas o de las minas no es forzosamente sinónimo de reducción de la pobreza.

En países en los que todavía reina una gran corrupción, donde los marcos jurídicos siguen siendo poco fiables y las prácticas democráticas inciertas, el Banco Mundial no actúa por desgracia en absoluto a favor del desarrollo sostenible. Al contrario, en muchos países las industrias extractivas han sido asociadas con violaciones de los derechos humanos y con conflictos civiles, como se vio en Birmania. Lo que es peor, más del 80 % de las financiaciones petroleras del Banco Mundial van a parar de hecho al Norte y no a los países pobres. Resultado de esta inversión ciega y generosa: son más los países con resultados decepcionantes que los países que registran progresos sustanciales.

Los Verdes, en la línea de las recomendaciones del estudio, preconizan el cese de la financiación de proyectos petroleros de aquí a 2008, el cese de la financiación de las minas de carbón, para luchar contra los gases de efecto invernadero y para la promoción de energías limpias y renovables y de la eficiencia energética. La Unión Europea tiene un importante papel que desempeñar reclamando, a través de sus Estados miembros, que el Banco Mundial tenga en cuenta las recomendaciones del estudio. El Banco Mundial ha seguido durante demasiado tiempo un camino equivocado, ya es hora de que cambie de rumbo para que, al fin, la política de desarrollo beneficie a los más necesitados.

(Aplausos)

  Frassoni (Verts/ALE). – (EN) Señor Presidente, no hemos solicitado este debate simplemente para decirle al Banco Mundial lo que debería hacer. También tenemos que conocer la posición del Consejo, donde están representados los 15 Estados miembros, todos los cuales desempeñan una función muy importante en la toma de decisiones del Banco Mundial. Queremos preguntar al Consejo qué posición va a adoptar en torno a este informe sobre las industrias extractivas y si intenta o no coordinar la posición de los Estados miembros a este respecto.

En las interesantes observaciones del Sr. Roche no he oído la respuesta a esta pregunta; el verdadero motivo por el que solicitamos este debate. Estamos convencidos de que el Parlamento debe escrutar lo que hace el Banco Mundial, y también de que, como institución de la Unión Europea, tenemos que saber qué hacen nuestros Estados miembros cuando están en el Banco Mundial. Por tanto, el Banco Mundial no es algo ajeno a esta institución o a la suya, señor Roche.

El Sr. Vitorino ha dicho muy claramente que en su opinión, y en la de la Comisión, es preciso apoyar la recomendación más importante. Repito: Me gustaría saber cuál es la posición del Consejo y, si la tiene, si tiene intención de hacer algún comentario al respecto.

Nos parece que hablar de esta cuestión en el Consejo es absolutamente crucial por dos motivos. Primero, porque las conclusiones del informe dicen muy claramente que invertir en los sectores del petróleo, de la minería y del gas en sí mismo no reduce la pobreza. A veces, como se puede leer en el informe, es perjudicial, y esto también es importante para la Unión Europea. En segundo lugar, estamos convencidos de que si el objetivo del Banco Mundial es reducir la pobreza y mitigar la exclusión de las poblaciones indígenas y de las personas pobres, no podemos seguir apoyando un método de financiación de un proyecto que es perjudicial desde este punto de vista. Por ello le pedimos, señor Roche, que nos diga qué van a hacer.

  Thors (ELDR). (SV) Señor Presidente, en vista de que se aproxima el fin de la legislatura, deberíamos comportarnos de forma muy civilizada entre nosotros, y quiero señalar que el debate sobre el informe del Banco Mundial es una iniciativa excelente. También sabemos que tenemos a una experta entre nosotros, pues la Sra. Frassoni es miembro de la Red Parlamentaria sobre el Banco Mundial. Por consiguiente, resulta oportuno que debatamos esta cuestión e intentemos coordinar los enfoques de los Estados miembros de la UE.

Hablando del Banco Mundial en términos generales, desgraciadamente observamos que, en algunos aspectos, tiene un pésimo historial en materia de gestión de proyectos de desarrollo. Cuando estuve en Níger hace cosa de un mes, todas las partes de ese país ya habían presentado sus trabajos sobre el plan titulado Educación para Todos, salvo el Banco Mundial. Su gestión está tan concentrada que no funciona. Espero que la Sra. Frassoni pueda exponernos esta cuestión, en el marco de su labor con los demás miembros de la Red Parlamentaria sobre el Banco Mundial.

Sabemos que el Banco Mundial tiene experiencia en este ámbito, pues hace tiempo señaló que el acceso a este tipo de recursos es lo que intensifica los conflictos. Por consiguiente, debemos tomarnos en serio sus recomendaciones. Deben servirnos de orientación a la hora de conceder ayudas a los proyectos y de tomar decisiones sobre los países y el nivel de la ayuda que deseamos concederles.

  Roche, Consejo. (EN) Señor Presidente, ha sido un debate breve pero muy interesante. Quiero decir antes que nada que no ha sido mi intención decepcionar a la Sra. Frassoni, pero en mi intervención he planteado una serie de puntos relativos a las medidas que se han adoptado. No obstante, acepto, porque me parece totalmente válido, su planteamiento de que el Banco Mundial no nos es ajeno.

De hecho, el Sr. Wijkman ha hablado de la protección de los países y las comunidades vulnerables y en particular de la protección cuando las tentaciones de corrupción son grandes. Evidentemente esto es cierto, y en cuanto a la gobernanza, el Banco Mundial tiene la responsabilidad de garantizarla. Sabemos lo que ocurre por los casos citados aquí. Conocemos la degradación ambiental que sufren en especial los pueblos indígenas indefensos.

El Sr. Van den Berg también ha hablado en términos muy dramáticos de lo que ha descrito como la guerra ecológica silenciosa y oculta, y otro diputado ha mencionado la extracción de oro y la degradación que ha causado. De hecho, esto es muy correcto. Estas cuestiones deberían preocupar al Banco Mundial y a la comunidad internacional.

El Sr. Van den Berg lleva razón cuando dice que, por un lado, es necesario equilibrar el desarrollo con los derechos de los pueblos indígenas y al mismo tiempo hay que garantizar que el dinero de las industrias de explotación y extractivas se dedique a atender a los pueblos de la región, una cuestión que también ha mencionado el Sr. Rod.

Esta es una cuestión relativamente nueva que preocupa al Consejo, pero este intenta garantizar que la Unión Europea siga desempeñando una función en el foro mundial como socio destacado a favor del desarrollo sostenible. Esta es la cuestión más importante, y desarrollo sostenible es el término que abarca todas estas cuestiones, que van desde el impacto, por ejemplo, en los pueblos indígenas, hasta el efecto de la degradación ambiental, y también incluye la desaparición del resultado de este desarrollo a través de la corrupción.

En la reunión del 2 de marzo, el Consejo reiteró la necesidad de que la realización de los compromisos de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johanesburgo han de seguir teniendo la máxima prioridad e integrarse en todas las políticas relevantes internas y externas de la Unión Europea. Esta cuestión está específicamente relacionada con la cuestión planteada por la Sra. Frassoni. El Consejo espera que todos los Estados miembros defiendan estas opiniones comunes en todos los foros internacionales, incluido el Banco Mundial. Si en mi anterior contribución le he decepcionado, espero haberlo compensado ahora.

  El Presidente. He recibido seis propuestas de resolución⁽¹⁾ presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves.

(1) Cf. Acta.

8. Tráfico internacional de órganos

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el tráfico internacional de órganos.

Tiene la palabra el Ministro Roche, quien interviene en nombre del Consejo.

  Roche, Consejo. (EN) Lo siento, señor Presidente, estaba un poco distraído: la Sra. Frassoni estaba flirteando conmigo. Esto demuestra que a veces el Parlamento Europeo puede ser un lugar mucho más agradable que el Dáil Éireann; nunca he tenido una experiencia así.

Dejemos el humor para centrarnos en algo bastante horripilante: el equivalente moderno de Burke y Hare, es decir, el tráfico de órganos humanos.

A medida que la ciencia médica avanza en el ámbito del transplante de órganos, existe una creciente demanda de órganos, lo que genera un problema de tráfico de órganos humanos. Esta es una práctica brutal y repugnante, y constituye una grave violación de la dignidad humana y de la integridad física. También tiene implicaciones graves en la lucha contra el crimen organizado, porque como en todo lo demás, el crimen organizado ha conseguido entrar en este ámbito particular. Conocemos la participación de bandas criminales en esta actividad bastante insólita.

Sé que esta cuestión ha sido motivo de preocupación y debate en el Parlamento. De hecho, elogio al Parlamento porque ha sido en gran medida el foro de condena de esta práctica. También es motivo de preocupación para el Consejo y es importante que al abordarla lo hagamos debidamente y tengamos claro el alcance del problema. Es una cuestión compleja y multidimensional y exige una consideración detenida.

En febrero de 2003, la Presidencia griega presentó una propuesta de Decisión marco sobre la prevención y el control del tráfico de órganos y tejidos humanos del Consejo, en el marco del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. El objetivo de la propuesta es contribuir a la lucha contra el tráfico de órganos y tejidos humanos como forma de crimen organizado.

El proyecto de Decisión marco contiene propuestas de exigir a los Estados miembros que garanticen que la extracción de un órgano de un donante por la fuerza, mediante amenazas o fraude, o que la extracción de un órgano de un donante que ha accedido a cambio de dinero, sean consideradas delitos penales. También se considera delito el reclutamiento, el transporte o la ocultación de una persona a quien se obliga por la fuerza o mediante amenazas, o cuando se paga para extraer un órgano o un tejido. También propone que la participación de personal médico o de enfermería en el transplante de un órgano a sabiendas de que ha sido adquirido por cualquiera de estos medios constituirá un delito penal. La propuesta en el documento marco será bastante amplia.

La propuesta ha sido objeto de debate en varias ocasiones en órganos relevantes del Consejo. Varios Estados miembros cuestionaron la necesidad de un instrumento en estos momentos. Además, resulta que los Estados miembros no tienen información precisa sobre la escala del problema, en el seno de la Unión Europea o cuando esta es el lugar de destino. En este sentido, las conclusiones del proyecto Falcone, que incluye un estudio de 13 Estados miembros sobre este asunto, serán interesantes. La Presidencia irlandesa seguirá supervisando las opiniones de los Estados miembros sobre la utilidad de una medida como esta en el ámbito de la Unión Europea con vistas a establecer si puede avanzarse con respecto a dicha medida.

Volviendo a la cuestión asociada del uso legal de órganos para su transplante, surgen cuestiones muy específicas con motivo de la escasez de órganos. Es preciso garantizar un alto nivel de calidad y seguridad. La Comisión ha indicado que realizará una profunda evaluación científica en relación con la situación del transplante de órganos. Presentará lo antes posible las conclusiones de esta evaluación y esperamos con interés este informe.

Resumiendo, en esta fase solo estamos al principio de un proceso que puede ser muy largo hasta que adopte un carácter definitivo. Pero el hecho de que estemos debatiéndola indica que existe sensibilidad y preocupación en torno a esta cuestión.

  Vitorino, Comisión. (EN) Señor Presidente, la Comisión acoge con satisfacción el debate que se celebra hoy aquí sobre un problema que genera una gran preocupación, la del tráfico de órganos humanos.

Las víctimas de este tipo de crimen son seres humanos especialmente vulnerables, en particular los niños. El tráfico ilegal de órganos puede suponer un riesgo significativo tanto para el donante como para el receptor. El tráfico de órganos humanos es una obscena violación del derecho a la integridad física y, en el peor de los casos, del derecho a la vida, tal y como reconoce la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Últimamente la Comisión recibe cada vez más informaciones sobre supuestas situaciones de tráfico ilícito de órganos humanos en Mozambique y Albania, sobre todo a través de preguntas escritas que hace poco han formulado el Sr. Ribeiro e Castro y la Sra. Karamanou. La alarma también ha saltado por la proliferación de rumores en los medios de comunicación. Estas supuestas situaciones de tráfico son especialmente preocupantes y la Comisión las sigue muy de cerca, a través de la delegación de la Comisión en las regiones en cuestión y del intenso diálogo que mantiene con los Estados miembros a escala local, en particular en el contexto del diálogo político con estos países.

En cuanto a la situación de Mozambique, la Comisión ha contactado con la Oficina del Fiscal General, quien ha asegurado que ya se han iniciado investigaciones. La Comisión también ha insistido en su preocupación en una reunión celebrada en Bruselas con el Embajador de Mozambique.

La realidad demuestra que el tráfico de órganos humanos suele ir de sur a norte y de los pobres a los ricos, pero sin excluir movimientos dentro de una región concreta. La cooperación regional e internacional son esenciales para abordar este fenómeno con éxito. Los criminales en este tipo de actividad se aprovechan de la debilidad de la policía local, a menudo socavada por la corrupción, que, por tanto, no impide el comercio ilícito transfronterizo de órganos; así como de sistemas judiciales poco eficaces.

Hay que destacar que la Comisión viene subrayando la importancia que tiene para Albania adoptar las medidas necesarias para cerrar un acuerdo con Europol. Como he dicho antes, Albania es uno de los presuntos escenarios de actividades de tráfico de órganos de niños, cuyo destino es, supuestamente, la Unión Europea. A fin de impedir la entrada en la Unión Europea de órganos humanos que se obtienen ilícitamente, sirven mucho las medidas adoptadas para mejorar la cooperación entre las policías de los Estados miembros y las administraciones aduaneras, así como fortalecer los controles en las fronteras exteriores.

Sin embargo, en la actualidad las medidas específicas relativas a este tipo de delito parecen insuficientes. En esta línea, Grecia, durante su Presidencia de la Unión, presentó una iniciativa para la adopción por el Consejo de una decisión marco relativa a la prevención y al control de tráfico de órganos y tejidos humanos. El objetivo de esta iniciativa, que ya ha mencionado la Presidencia, era definir qué tipos de conducta habría que castigar en todos los Estados miembros y establecer normas mínimas en relación con las penas por dichos delitos.

La Comisión apoyó en gran medida esta iniciativa, a la vez que reconocía, sin embargo, que era preciso examinar y conocer más a fondo el aspecto jurídico y la realidad de la situación en los Estados miembros. En este contexto, y en vista de las deficiencias detectadas cuando se intentó llevar adelante la iniciativa griega, es importante mencionar que las competencias de Europol se ampliaron en enero de 2001, para incluir el tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos. Actualmente, Europol está analizando este fenómeno y recabando información y datos relevantes relativos a los aspectos legales e ilegales del tráfico de órganos humanos. De hecho, Europol puede aportar un gran valor añadido en esta lucha común.

En cuanto a la recopilación de información, también debo mencionar el hecho de que el Consejo de Europa hace poco examinó la cuestión del tráfico de órganos y que en diciembre de 2003 preparó un informe útil que permite comprender la situación actual de este fenómeno en Europa. Al amparo del programa financiero AGIS de la Comisión para la cooperación policial y judicial en asuntos penales, también es posible apoyar proyectos en este ámbito especialmente delicado de la criminalidad, que todavía no ha sido analizado a fondo.

Además, es importante hacer hincapié en que la Comisión reconozca que la grave escasez de donantes de órganos sigue siendo un gran obstáculo al pleno desarrollo de servicios de transplante y limita gravemente el número de pacientes que pueden beneficiarse de esta forma de terapia. Esta escasez de órganos puede promover el comercio ilícito.

La Comisión es muy consciente de las consecuencias derivadas de la escasez de órganos y, por este motivo, ha señalado como acción prioritaria en su plan de trabajo para 2004, a fin de ejecutar el programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública 2003-2008, el desarrollo de una estrategia de la Unión Europea para aumentar la sensibilidad y la disponibilidad de órganos utilizados para su transplante. De hecho, la Comisión ya ha realizado un estudio de las prácticas actuales y los requisitos jurídicos asociados al transplante de órganos en los Estados miembros y en los países en vías de adhesión, y actualmente está analizando los resultados. Este análisis se comunicará al Parlamento Europeo, así como a los Estados miembros, tan pronto como concluya.

Para terminar, se han lanzado una serie de iniciativas para luchar contra el tráfico ilícito de órganos humanos, y la Comisión seguirá apoyando las iniciativas que resulten apropiadas para luchar contra este tráfico inaceptable.

  Coelho (PPE-DE). – (PT) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, el tráfico de seres humaos es una de las manifestaciones más nauseabundas del creciente problema de la delincuencia internacional, y el tráfico de menores resulta todavía más nauseabundo. El tráfico de menores para extraerles órganos es la parte más horripilante de este negocio inmoral y repulsivo.

Desde la perspectiva de la ética, no tengo interés en debatir los motivos en que se basa esta actividad criminal, ya se trate de motivos de brujería, tráfico de órganos u otros. Hay seres humanos que necesitan nuestra ayuda y nuestra protección, personas que pierden sus órganos o incluso su vida debido a estas prácticas.

Recientemente se han publicado informaciones sobre la práctica continua de este tipo de actividades delictivas en Mozambique, cosa que, desde luego, es motivo de gran preocupación. Aparte de la dimensión humana de estos sucesos, los portugueses mantenemos lazos lingüísticos y culturales con ese país. Por ello acojo con agrado tanto este debate como el que tuvo lugar ayer en el Parlamento portugués, a iniciativa de la Sra. Morais, diputada al Parlamento portugués. También me complació observar que el Primer Ministro de Portugal, el Dr. Durão Barroso, planteara esta cuestión al Presidente de Mozambique durante la visita que está realizando en este país.

Me gustaría señalar tres puntos acerca de esta cuestión. En primer lugar, debemos luchar contra este delito dondequiera que se cometa. No creo que podamos asumir otra postura. El tráfico de seres humanos y, en especial, de menores para la extracción de órganos, es un tráfico despreciable que hay que combatir y una de las peores manifestaciones del creciente fenómeno de la delincuencia internacional. Todos los especialistas están de acuerdo en que las redes más organizadas son las internacionales; al igual que otros tipos de delincuencia, este trasciende las fronteras nacionales. Si queremos hacer frente eficazmente a la delincuencia, identificar a los delincuentes y proteger a las víctimas, tenemos que reforzar la cooperación internacional. Y esto nos lleva a mi segundo punto. No debemos sentirnos avergonzados por nuestro nivel de desarrollo. He leído que la renuencia por parte de algunos países a aceptar que este tipo de delincuencia tenga lugar en su territorio se debe a la peregrina idea de que solo sucede en los países en vías de desarrollo. La verdad es que estas atroces actividades se realizan en todas partes, puesto que tanto comprar como vender órganos humanos es un delito, y cada vez hay menos fronteras para la delincuencia internacional.

El 23 de octubre del año pasado, en esta Cámara celebramos un debate sobre una propuesta de decisión marco para promover la lucha contra el tráfico de órganos y tejidos de origen humano al que han hecho referencia tanto el Presidente en ejercicio del Consejo como el Sr. Vitorino. Al mismo tiempo manifesté mi preocupación por la aparición de este fenómeno y mencioné el alarmante número de secuestros ocurridos en Brasil y Guatemala, así como las inquietantes noticias procedentes de nuevos Estados miembros, como Hungría y la República Checa. Pedí un planteamiento comunitario integrado y que se armonizara la definición tanto de los delitos de tráfico de órganos y tejidos de origen humano, como de sus respectivas sanciones.

En tercer y último lugar, no debemos tener miedo de ayudar. Tenemos la obligación de ayudar, tanto en nombre de las causas humanitarias que suscribimos, como en interés –que debe ser un interés común– de poner fin a este comercio nefasto y de desmantelar las redes internacionales existentes. Por ello decimos con toda claridad a la Comisión y al Consejo que tenemos la obligación de ayudar. Tomamos nota de la declaración que hizo el Comisario Nielson en su momento, en el sentido de que las autoridades mozambiqueñas no habían solicitado hasta entonces nuestra ayuda. Por ello nos gustaría decir a los Gobiernos, al poder judicial y a las fuerzas de policía de los países interesados que no tienen nada que temer de la ayuda internacional a la lucha contra estos delitos. Pues al hacerlo no debilitamos, sino que reforzamos los instrumentos y recursos para combatir este mal común.

  Lage (PSE). – (PT) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, nos complace observar que la cuestión que planteamos sobre el tráfico de seres humanos y menores en Mozambique ha desencadenado un debate más amplio sobre el tráfico ilegal de órganos y tejidos de origen humano, no solo en la UE, sino a una escala mucho más amplia. No cabe duda de que no hay nada más abominable que manipular la forma humana –que debe ser un artículo acabado en sí mismo y cuya integridad y dignidad es necesario proteger– para convertirla en un objeto del que se puede extraer un órgano para transplantarlo en otra persona. Esta práctica es tan horripilante que la UE tiene razón de alarmarse y nosotros –es decir, el Parlamento, la Comisión y el Consejo– tenemos que hacer todo lo posible por dotarnos de los medios necesarios para impedir que prolifere dicho tráfico, por evitar que crezca y enriquezca a unas cuantas personas sin escrúpulos y a sus redes delictivas.

Me gustaría hablar de Mozambique. En Mozambique, el misterio rodea la provincia de Nampula. El tráfico de menores tiene lugar en dicha provincia; se sabe que han desaparecido 50 menores, probablemente secuestrados y sacrificados, ya sea para retirar órganos con fines de brujería, rituales mágicos o satánicos, esclavitud sexual, o retirar órganos para venderlos a alguna red internacional. El misterio rodea la existencia en Mozambique de una red internacional de tráfico de menores destinada a la obtención de órganos.

La iglesia mozambiqueña afirma que las sospechas están bien fundadas y que se teme que dicha red funciona efectivamente. Las autoridades mozambiqueñas han realizado declaraciones contradictorias sobre este tema, que van desde declaraciones para apaciguar los temores de la población, en el sentido de que no existen pruebas de que se realice dicho tráfico, hasta afirmaciones de que existen señales que indican la existencia de esta red. Por ello me gustaría pedirles, señor Comisario y señor Presidente, que soliciten a las autoridades mozambiqueñas que clarifiquen este asunto. Es necesario aclarar este asunto, y debemos ayudar a la población de Nampula y a los niños de Nampula y de Mozambique en general para que puedan vivir en paz.

PRESIDENCIA DE LA SRA. LALUMIÈRE
Vicepresidenta

  Calò (ELDR). – (IT) Señora Presidenta, las escalofriantes informaciones que nos llegan de Mozambique, en particular de la zona de Nampula, en la que la inexplicable desaparición de menores oculta un obsceno tráfico de órganos humanos, pueden parecer increíbles porque resultan tan repugnantes para cualquier ser humano. Desgraciadamente, a pesar de que el Holocausto puede parecer increíble, sucedió en realidad sin quitar el sueño a aquellos que debían haber tenido los medios para conocer o intervenir pero no lo hicieron.

Tras una experiencia tan terrible, debemos asumir el compromiso de poner fina a este obsceno tráfico con todos los medios con que cuenta la comunidad internacional. Los diputados a este Parlamento debemos alzar nuestra voz contra aquellos que son sus cómplices o no se oponen a él con suficiente determinación, y a favor de aquellos que arriesgan e incluso pierden su vida por denunciar e intentar detener esta masacre moderna de los inocentes. Son los miembros de la sociedad civil y política, y no solo los de la sociedad religiosa, los que deben hacerse cargo de este problema.

Las preguntas ya se han formulado, pero no basta con ello. Todas las personas prominentes de este mundo que pueden influir en el destino de tantas personas tienen la responsabilidad ética de adoptar medidas prácticas y urgentes para garantizar la seguridad de los menores y de las personas que los protegen.

  Ribeiro e Castro (UEN). – (PT) Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, el tráfico de órganos humanos es la nueva piratería de la época moderna y constituye una forma especialmente sórdida y brutal de piratearía. Puede provocar persecuciones, secuestros e incluso asesinatos. Su causa es la codicia y no conoce escrúpulos. La lucha contra este fenómeno debe ser firme, amplia e inquebrantable. No todos los casos son iguales. Hay casos en los que las autoridades ignoran deliberadamente el tráfico de órganos, mediante el cual una persona puede vender, digamos, su propio riñón por un puñado de dólares. Incluso es esos casos, la libertad es una ilusión y la realidad sigue siendo una sórdida forma de piratería que explota la indefensión de los pobres y desdichados donantes.

Aparte de la violencia de este tráfico nefasto que viola la dignidad e integridad humanas, también alimenta un mercado horroroso y estimula actividades delictivas sumamente peligrosas y el desarrollo de redes mafiosas internacionales. Puesto que se permite que funcione este mercado, cuando no hay suficiente oferta de órganos para la venta, los criminales cubren la laguna secuestrando o incluso asesinando a sangre fía a personas.

El principio de la donación gratuita de órganos para transplantes es uno de los principios fundamentales de la civilización y una condición básica para la dignidad de la persona y para nuestra seguridad y libertad. Si la donación de órganos no es gratuita, todos somos, en teoría, víctimas potenciales de este asalto generalizado contra el cuerpo humano. La UE deberá aplicar el principio de la donación gratuita en todo su territorio, debe hacer tremendos esfuerzos por consagrarlo en su legislación y debe asegurarse de que se cumple en todo el mundo. Si la donación de órganos no es gratuita, la perseguirá la amenaza de la delincuencia o tal vez ya operen en ella los delincuentes. Asimismo, la UE debe encabezar la lucha contra este azote moderno a nivel internacional, pues se trata de una de las manifestaciones más horrorosas de la delincuencia internacional de los tiempos modernos. La propuesta de Decisión marco presentada por la Presidencia griega debe aprobarse sin demora con el fin de asegurar que todos los Estados miembros puedan erradicar este tráfico, ya sea como proveedores o receptores, o como campo de operaciones. Debemos reaccionar con presteza y eficacia cada vez que se descubra este delito en el mundo.

En los últimos tiempos, la atención se ha centrado en determinadas regiones de Mozambique, en África Oriental. Los hechos de este caso aún están por dilucidar; no obstante, por esta misma razón debemos seguir actuando hasta que exista una transparencia completa y la gente pueda quedarse tranquila. Debemos responder a la valentía y tenacidad de organismos religiosos y activistas de los derechos humanos que han puesto de relieve las docenas de desapariciones de niños y jóvenes, algunos de los cuales han sido encontrados muertos posteriormente, con sus cuerpos mutilados. No debemos retrasar nuestra respuesta debido a inquietudes fuera de lugar o debido a que la transparencia no es total. Es posible que en Nampula se hayan producido no uno, sino varios sucesos trágicos, en los que se haya visto implicado el tráfico de seres humanos y menores, o el tráfico de órganos para la brujería u otros fines no médicos y el tráfico de órganos humanos destinados a las redes internacionales. No lo sabemos, pero aún así no podemos cejar en nuestros esfuerzos tan solo porque no conocemos todos los hechos. Debemos luchar sin cesar contra lo que es, en todas sus formas, un delito despreciable.

Las autoridades que se enfrentan a delitos tan terribles a veces se sienten avergonzadas y empiezan a contradecirse a sí mismas o se muestran vacilantes cuando salen a la luz casos concretos. A nadie le gusta que el nombre de su país se asocie con esta situación a escala internacional. Tenemos que comprenderlo y tratar siempre con respeto al país implicado. Y precisamente por ello tenemos que dejar claro, con paciencia y perseverancia, que el problema no es la vergüenza, sino que el problema es el tráfico y el delito. Todo el mundo, en todo el planeta, debe colaborar en la investigación y en la lucha contra esta pérfida piratería, que carece de país de origen. La amenaza tiene carácter internacional y afecta a cada uno de nosotros.

Ya sea en Israel o Sudáfrica, en el continente asiático, europeo o americano, ya tenga su origen en Mozambique o en las regiones más desfavorecidas de Brasil, en Moldova o Albania, en los fragmentados Balcanes, en la inmensidad de África, en la deprimida Asia Central o en los extrarradios más pobres de las ciudades asiáticas o latinoamericanas, sabemos que este tráfico va a atacar. Al igual que un buitre, este asalto general al cuerpo humano busca regiones de pobreza humana y lugares en que la autoridad del Estado es débil. Explota las zonas en las que viven las personas y las comunidades más débiles; detecta a los miembros más débiles y pobres de la sociedad y los ataca. Estos son los ámbitos en los que debemos actuar en colaboración con las autoridades competentes a fin de sensibilizar, de estimular y ofrecer ayuda práctica, para procesar e intercambiar información, para averiguar toda la verdad, para tranquilizar a la gente y desmantelar las redes dondequiera que aparezcan. La Comisión y el Consejo deben hacer un esfuerzo y me gustaría que el Consejo actuara con la misma diligencia que ya ha mostrado la Comisión en este tema, independientemente de que los casos se produzcan en Mozambique o en cualquier otro lugar del mundo.

  Evans, Robert J.E. (PSE). – (EN) Señora Presidenta, he estado escuchando, especialmente al Ministro Roche, y ha sido una especie de experiencia surrealista. A medida que transcurría mi perplejidad iba en aumento. Señor Roche, ha concluido su intervención diciendo que este proceso acaba de empezar. Lo cual suscita esta pregunta: ¿qué es la coordinación entre las Presidencias de la Unión Europea? Usted ha mencionado el documento marco elaborado, en febrero de 2003, por el Gobierno griego, porque fue una iniciativa griega. Yo fui el ponente de este Parlamento sobre el documento marco, y el Gobierno griego anhelaba presentarlo durante su Presidencia en el primer semestre del año pasado.

El proceso está lejos de su inicio; de hecho, el año pasado por esta época esperábamos que estuviera cerca del final. Algunos Gobiernos, quizá el italiano, el irlandés y, sin duda, algunos escandinavos, lo estaban fastidiando y frenando todo. Mi informe fue aprobado por 420 votos contra ninguno en el Parlamento Europeo. ¿Conoce usted este informe sobre el tráfico de órganos humanos? ¿Lo ha leído? El Sr. Coelho lo ha mencionado antes. Estoy seguro de que mi informe respondería a algunos de los problemas que ha planteado usted. Yo podría contarle muchas cosas sobre esta situación: supuestamente, más de 1 000 ciudadanos europeos al año va a países más pobres del mundo a buscar órganos humanos, ya sea la India, Pakistán, Albania u otros de los países que se han mencionado.

En el mercado ya existe mucha información; no partimos de la nada. ¿Qué posibilidades hay de lograr verdaderos progresos? En realidad, ¿qué sentido tiene este debate? ¿Qué investigaciones hay detrás de sus declaraciones si no ha tenido en cuenta todo lo que ya ha pasado por este Parlamento, si no ha leído a fondo el trabajo realizado y los informes aprobados en este Parlamento, previa consulta con la Comisión y otros Gobiernos? El peligro es que todo el trabajo bien hecho y las buenas intenciones de que aquí han hablado sus Señorías quedarán en nada si una Presidencia tras otra no se basan en lo que ya está hecho.

  Roche, Consejo. (EN) Señora Presidenta, ha sido un debate interesante. No tiene ningún sentido intentar convertir un debate en el que no ha habido desacuerdos en motivo de confrontación. He mencionado la cuestión que se planteó en una contribución excelente en los documentos de que todavía hace falta mucha información sobre esta cuestión. Estoy de acuerdo en que ese excelente trabajo se inició durante la Presidencia griega. Personalmente opino que es una pena que hasta la fecha no se hayan adoptado medidas más concretas.

Es un debate asombroso. El Comisario Vitorino ha dicho con razón que en cualquier comunidad civilizada existiría preocupación por un comercio de este tipo. Ha esbozado con bastante detalle los esfuerzos realizados. Me ha impresionado mucho el Sr. Coelho, quien ha demostrado la necesidad de que la Unión actúe de forma coherente para abordar una política. El Sr. Lage y el Sr. Calò han planteado cuestiones similares. Estoy de acuerdo con el Sr. Ribeiro e Castro en que no debemos permitirnos el lujo de poner objeciones a la acción por preocupaciones que no vienen al caso. Al final, la realidad es que la Unión no ha avanzado en este asunto. La Presidencia griega lo planteó y lo propuso a la Unión. Hay motivos para que no haya avanzado más. No estoy muy seguro de que ningún Estado miembro lo haya «fastidiado todo». Si así fuera, estoy seguro de que lo habrán hecho porque consideraban que había motivos de peso y convincentes para ello.

Sin embargo, a excepción de esta displicente intervención final, ha sido un buen debate. Ha contribuido a subrayar la necesidad de una acción concertada de la Unión. Demuestra que, si la Unión actuara de forma concertada, podría poner fin a lo que es claramente un comercio maléfico.

  Vitorino, Comisión. (PT) Señora Presidenta, Señorías, antes que nada me gustaría reiterar que la Comisión continuará siguiendo muy de cerca los casos mencionados, relacionados con Mozambique y Albania, y se mantendrá vigilante, en estrecha cooperación con las embajadas de los Estados miembros en estos dos países.

En segundo lugar, tengo que señalar que, desde un punto de vista jurídico, la iniciativa de Grecia durante su Presidencia plantea ciertos interrogantes que exigen un debate político. Nuestros estudios muestran que, de hecho, el tráfico ilegal de órganos no está penalizado en todos los Estados miembros. La información de que disponemos muestra diferencias significativas en relación con la debida clasificación de estos delitos.

En tercer lugar, la aplicación de medidas penales presenta cierta complejidad, ya que, como sabemos, los beneficiarios de los transplantes de órganos obtenidos ilegalmente son generalmente europeos, si bien dichos transplantes se efectúan en terceros países, lo que plantea la cuestión de la sanción penal basada en el principio del territorio nacional en el que se ha cometido el acto delictivo. Por consiguiente, estas cuestiones fueron planteadas durante la presentación y el primer debate de la iniciativa griega a favor de una Decisión marco aplicable al tráfico ilegal de órganos, y se realizó un estudio en el marco del programa Falcone para identificar las cuestiones básicas que exigían un tratamiento legislativo a escala europea.

Como saben sus Señorías y yo acabo de señalar, esta no fue una iniciativa de la Comisión y, en cierto modo, el quid de este debate es la falta de continuidad de las iniciativas de los Estados miembros, que adquieren cierto impulso cuando el país interesado ocupa la Presidencia, pero que más tarde carecen de garantía de continuidad. Por nuestra parte hemos elaborado este estudio y hoy día estamos mejor preparados para identificar, de forma más exhaustiva que la iniciativa griega, los ámbitos principales que deben ser objeto de una intervención legislativa en este ámbito.

  La Presidenta. – Gracias, señor Comisario.

El debate queda cerrado.⁽¹⁾

(La sesión, interrumpida a las 17.49 horas, se reanuda a las 18.00 horas)

(1) Posición común del Consejo y de la Comisión – Modificación del orden del día: cf. Acta.

9. Acuerdo de pesca CE/Dinamarca y Groenlandia

  La Presidenta. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0060/2004) de la Sra. Miguélez Ramos, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo de modificación del Cuarto Protocolo por el que se establecen las condiciones de pesca previstas en el Acuerdo de pesca entre la Comunidad Económica Europea, por una parte, y el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de Groenlandia, por otra.

  Miguélez Ramos (PSE), ponente. – (ES) Señora Presidenta, en relación con este Acuerdo de pesca con Groenlandia, quizás lo primero que habría que recordar es que es el segundo más caro de los firmados por la Unión Europea, después del Acuerdo con Mauritania. Además, entre estos dos acuerdos que acabo de mencionar existe una diferencia, que nosotros llamamos la diferencia entre los "acuerdos del norte" y los "acuerdos del sur". En los acuerdos del norte hay toda una serie de características, que iré exponiendo a lo largo de mi intervención, que los diferencian de los acuerdos del sur.

Sobre este Acuerdo de pesca con Groenlandia se ha dicho mucho, se ha dicho de todo y casi todo ello es verdad. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas subrayó en su día que el Acuerdo de pesca con Groenlandia no respetaba algunas normas presupuestarias básicas, por ejemplo, las posibilidades de pesca. De los 42,8 millones de euros que cuesta este acuerdo, solamente 28 se gastaban en posibilidades de pesca y además ahí se incluían los peces de papel, denominados así porque eran peces que, aunque se pagaban, no existían en las aguas groenlandesas porque habían desaparecido hace mucho tiempo.

Además de que la utilización de las cuotas de pesca era muy baja y distaba mucho de alcanzar el valor que se había previsto para posibilidades de pesca, solamente cuatro Estados miembros podían y pueden pescar al amparo de este Acuerdo: el Reino Unido, Alemania, Francia y Dinamarca. El resto de los Estados miembros estaban y están excluidos de estas aguas.

Habría que decir que esta exclusión y este no aprovechamiento de cuotas de pesca pagadas provocó y sigue provocando una serie de distorsiones, como, por ejemplo, el que algunos de los Estados miembros beneficiarios del Acuerdo hayan intentado revender cuotas no utilizadas, porque no son interesantes para el mercado consumidor de ese Estado miembro y sí son interesantes para el consumo en otros Estados. Además de esta distorsión (intento de reventa de algo ya pagado) se ha producido y se produce la pesca de cuotas no pescadas por parte de navíos abanderados en esos Estados miembros, pero que en realidad ni son de esos Estados miembros ni de otros, sino que son navíos incluso extracomunitarios.

Lo cierto es que existe el deseo de adquirir esas cuotas no pescadas, o por lo menos iniciar una pesca, aunque sea con carácter experimental, por parte de algunos Estados miembros que no están incluidos como beneficiarios de este Acuerdo o que han sido excluidos -el caso de las flotas ibéricas: la española y la portuguesa- en el momento de nuestra adhesión a la Comunidad Europea, a pesar de que pescábamos en esas aguas desde hace siglos.

La Comisión reconoció en su documento todas estas distorsiones y propuso un mecanismo según el cual la Comisión podría transferir temporalmente las oportunidades de pesca no utilizadas a otro Estado miembro, solamente durante el año en curso y sin que ello afectase a la atribución de cuotas en los años futuros.

A nosotros nos parecía este un buen mecanismo, sobre todo porque era un mecanismo probatorio y, andando el tiempo, se podría verificar si funcionaba o no. Pero, sin embargo, en la Comisión de Pesca se aprobó una enmienda, presentada por nacionales de alguno de los Estados miembros concernidos, en el sentido de que la Comisión podría establecer procedimientos de consulta entre los Estados miembros, pero que serían aquéllos que tenían las cuotas quienes podrían determinar o decidir acerca de su reparto o atribución a otros Estados miembros no beneficiarios pero sí interesados en pescar en esta zona.

Yo creo que, en realidad, el debate central de la cuestión está en saber si la Comisión tiene únicamente un papel de facilitador o bien si, puesto que se trata de un acuerdo de pesca de la Comunidad, debe asegurar la mejor tasa de utilización de las posibilidades de pesca que, como digo, han sido adquiridas y pagadas a Groenlandia por la Comunidad, dentro de este Acuerdo de pesca.

Creo que estamos hablando, en el fondo, no de cuestiones nacionales -porque, en los acuerdos de pesca, en general -y los que estamos aquí lo sabemos bien- las cuestiones nacionales están siempre muy presentes y hay siempre muchas tensiones debidas a ello-, sino del principio de buena gestión financiera, el nudo gordiano de esta cuestión. Se trata de definir este principio con relación a los principios de economía, de eficiencia y de eficacia, y de asegurar el respeto, a través del seguimiento de los indicadores de performance, que se establecen por actividad y que además son mensurables, de manera que se puedan apreciar los resultados obtenidos.

Digo esto desde el punto de vista de alguien que ha trabajado en este Acuerdo desde hace mucho tiempo y que creo conocer a fondo. Groenlandia es además totalmente favorable a las tesis que acabo de manifestar aquí -de hecho, ha concluido ya un acuerdo con la Comisión-, y yo pienso que sería una buena señal que enviaríamos desde aquí a dos flotas pesqueras comunitarias: dejarles pescar -no todo, pero sí un poquito- en esas aguas.

  Vitorino, Comisión. (EN) Señora Presidenta, quiero agradecer a la diputada su informe sobre la propuesta de un Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo de modificación del Cuarto Protocolo de Pesca entre la Unión Europea y Groenlandia.

Me alegra constatar que la diputada apoya esta propuesta. El Protocolo de Groenlandia ha sido objeto de graves críticas en el pasado. Creo que la versión revisada del Protocolo es una medida importante en la dirección correcta. Sobre la base del mandato dado por el Consejo el 24 de febrero de 2003, el informe de evaluación elaborado por los servicios de la Comisión y el informe del Parlamento Europeo aprobado el 2 de septiembre de 2003, la Comisión rubricó el 18 de junio de 2003 en Atenas el Cuarto Protocolo modificado. Quiero destacar los principales elementos nuevos.

Se ha realizado un ajuste sustancial de las cuotas, a fin de eliminar, entre otras cosas, los «peces de papel» como el bacalao y adaptar las posibilidades de pesca al consejo científico: no más bacalao, gallineta nórdica en aguas occidentales o bacaladilla; y en la capacidad pesquera de la Unión Europea, no más «peces de papel». Se ha establecido el pago de licencias para compartir la carga entre la Comunidad y los propietarios de las embarcaciones. Esto es coherente con la reforma de la Política Pesquera Común, equipara el acuerdo con otros acuerdos con terceros países y, por último, permite a la Comisión supervisar la actividad pesquera.

En respuesta a la falta de transparencia, se ha incorporado un programa de ayuda presupuestaria y el Gobierno nacional de Groenlandia se ha comprometido a realizar una reforma estructural de sus políticas de pesca. Las autoridades de Groenlandia se han comprometido a reestructurar su sector pesquero favoreciendo una mayor privatización y menos subvenciones. También se ha comprometido a aumentar sustancialmente el presupuesto del Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia para que pueda aumentar su capacidad científica.

Se promueve la pesca experimental y se amplia a los cefalópodos y a las almejas. Si tiene éxito, esta podría ser la respuesta a la diversificación que necesita la pesca de Groenlandia y a la necesidad de incluir las nuevas especies en el próximo acuerdo entre la Comunidad Europea y Groenlandia.

Con respecto al problema de la escasa utilización de las posibilidades de pesca y al derroche de fondos comunitarios, se ha creado la cláusula de transferencia estándar, que permite que la Comisión reasigne las posibilidades de pesca infrautilizadas a otros Estados miembros más antiguos sin cuota. Esta cláusula respeta totalmente el principio de estabilidad relativa y el apartado 5 del artículo 20 del Reglamento básico. Se trata de un nuevo elemento crucial que no solo proporciona a la Comisión los medios para garantizar una buena gestión financiera de los fondos comunitarios y el uso óptimo del dinero de los contribuyentes, sino que también equipara el Acuerdo de Groenlandia a otros acuerdos con terceros países con compensación financiera.

  Langenhagen (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, el acuerdo con Groenlandia es importante en varios aspectos. Se nos ha dicho que lo es y que solo podemos estar de acuerdo.

En primer lugar, por lo que se refiere a las capturas y la compensación financiera, es uno de los acuerdos pesqueros más importantes de la UE. En segundo lugar, constituye un excelente ejemplo de sostenibilidad y equilibrio en las aguas del Atlántico Norte. Sin duda se han introducido mejoras. En tercer lugar, es igualmente una expresión de la relación especial entre un antiguo miembro de la CE, Groenlandia, y la Unión. Ya sé que no estoy diciendo nada nuevo cuando digo que la política europea de pesca es una auténtica política comunitaria con todo lo que esto entraña. Existen bases y principios jurídicos comunitarios que son vinculantes. Entre estos encontramos, señora Miguélez Ramos, el principio de estabilidad relativa que fue confirmado hace poco en el marco de la reforma a gran escala de la política común de pesca. Considero poco recomendable y oportuno intentar introducir una modificación por la puerta trasera y ceder ante intereses sectoriales, como parece ser la intención manifiesta de muchos de los presentes en esta Cámara en la cuestión de Groenlandia.

Los países pesqueros de la UE que forman parte del Acuerdo con Groenlandia se han comprometido a la pesca sostenible y responsable. De lo contrario, este Acuerdo nunca hubiera visto la luz. Han conseguido cuotas que pueden utilizar y que pueden intercambiar. Eso no puede modificarse. Ahora no podemos retirar estas cuotas con medidas coercitivas que usurpe derechos sustantivos de los Estados miembros. Simplemente imaginemos qué sucedería si un equipo fútbol no hiciera uso de sus posibilidades de sustitución de jugadores y, por esa razón, no se le permitiera hacer cambios en el siguiente partido, pero sí presentar un equipo con el doble de jugadores. Es otras palabras, es absurdo. No puede justificarse mediante supuestas razones económicas y de equidad. No necesitamos una redistribución impuesta, lo que necesitamos es colaboración y cooperación. Todos los implicados nos han asegurado en numerosas ocasiones que desean aprovechar al máximo las cuotas y les creemos. Como hemos visto, Alemania, mi país de origen, ha adoptado una actitud ejemplar en esta cooperación en los últimos años –y me complace poder decirlo– y ha transferido parte de sus cuotas correspondientes a poblaciones en buen estado a otros Estados miembros. Es así como se lleva a cabo una política de pesca sostenible.

Para el futuro estoy a favor de una cooperación más estrecha en materia de cuotas; eso puedo concederlo, pero es necesario mantener las competencias de los Estados miembros y de la Comisión. Asimismo apoyo plenamente un procedimiento mejorado para las consultas entre los Estados miembros sobre el intercambio de cuotas procedentes de acuerdos con terceros países. Y pido a los demás diputados y diputadas que lo apoyen.

  Lage (PSE). – (PT) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la modificación del Cuarto Protocolo por el que se establecen las condiciones de pesca entre la UE y Groenlandia, constituye un paso en la dirección correcta, ya que los principios que lo orientan son la verdad, la transparencia y la reciprocidad. Como dice usted, señor Comisario, ya no tenemos peces de papel ni peces virtuales. Por consiguiente, podemos establecer una relación entre las contribuciones financieras de la UE y los peces que pueden realmente capturarse, ya que quedan peces para capturar.

Por ello acojo con agrado esta modificación y el informe de la Sra. Miguélez Ramos, que considero adecuado y bien estructurado. También acojo con satisfacción el contenido de su intervención, ya que nos ha permitido centrarnos en la principal cuestión política que está en juego. Asimismo acojo favorablemente la intervención del Comisario Vitorino. Su conocimiento de la pesca no me sorprende, ya que sus numerosos talentos le permiten hablar sobre pesca con un extraordinario conocimiento de causa. Y yo que pensaba que todo lo que sabía de peces era lo que encontraba en el plato... Ya hablando en serio, espero que el Comisario Vitorino pueda venir aquí a enseñarnos física de partículas y biología molecular (risas), pues tiene el talento y la inteligencia para hacerlo.

Volviendo, no obstante, a la cuestión política planteada por la Sra. Miguélez Ramos, la retirada de los españoles y los portugueses de las zonas pesqueras de Groenlandia resulta injusta y «antihistórica»; ahora que el «destino de la historia» ya no está de moda, permítanme utilizar el término «antihistórico». Si los españoles y los portugueses fueron los primeros en descubrir las rutas pesqueras en todo el planeta, igualmente debieron de descubrir los caladeros de Groenlandia de los que ahora han sido expulsados. Ahora tenemos la oportunidad de rectificar esta injusticia, y esta oportunidad de rectificar la injusticia consiste en permitir que las cuotas de los Estados miembros que no las utilicen sean aprovechadas por Portugal y España. Esto no significa necesariamente que estos dos países deban someterse a la autoridad de los países titulares de las cuotas. No se trata de una especie de moderna ley feudal inventada junto a las cuotas que se asignan a cada país, el cual más tarde las transfiere o no al Estado miembro que, dentro del ámbito de aplicación de la política comunitaria, desee utilizarlas.

Por ello apoyo de todo corazón la posición de la Sra. Miguélez Ramos en el sentido de que la Unión Europea y la Comisión pueden asignar las cuotas pesqueras no utilizadas a los países que deseen utilizarlas, como Portugal y España.

  McKenna (Verts/ALE). – (EN) Señora Presidenta, mi Grupo celebra algunos de los cambios efectuados en este informe en la medida en que ahora se hace una distinción entre dinero para derechos de pesca y dinero para desarrollo. Convendría que se aplicara a todos los acuerdos de pesca y no solo a este. Nos parece que necesitamos una separación clara con respecto al fin a que se destina el dinero.

En el ámbito del desarrollo, el dinero se destinaría a la vigilancia y a análisis científicos, etc., y también cabría la posibilidad de que se hiciera una auditoría de cómo se gasta el dinero. Aquí existe un gran vacío, porque el dinero de los contribuyentes europeos se destina a financiar estos acuerdos de pesca sin que puedan comprobar cómo se ha gastado el dinero, en particular cuando se trata del ámbito del desarrollo y de la vigilancia. A nosotros, y a los ciudadanos europeos, nos gustaría que hubiera garantías de que ahí es a dónde va el dinero, en lugar de tener que darlo por supuesto. En muchos casos no me parece que tengamos garantías de que el dinero va a dónde esperamos que vaya.

La mayor parte del acceso en este acuerdo es para los países del norte, y en la propuesta de la Comisión se dice que esta podrá reasignarlo. Los diputados de la comisión preferían la fórmula «deberá reasignar». Esta idea de que si no se utiliza, entonces ha de reasignarse a otros países es una mala idea, ya que en primer lugar hemos de examinar y ver cómo intentamos reducir la capacidad, y si no se utiliza, puede que sea por buenos motivos. Por ejemplo, quizá no hay suficientes peces. Por tanto, ¿por qué decir que ha de reasignarse independientemente de los motivos por los que no se utiliza?

Hemos de intentar reducir la actividad pesquera porque sabemos que los océanos no tienen la capacidad de soportar las presiones que ejerce sobre ellos la industria pesquera de la Unión Europea y otros lugares.

  Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE). – (ES) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, lamento tener que comenzar en esta ocasión mi intervención sin poder felicitar a la ponente por su informe.

El informe Miguélez Ramos, tal como viene hoy al Pleno, es peor que la propuesta de la Comisión. Esta es la razón por la que votamos en contra de su informe en comisión, tal y como hizo la propia ponente.

Sinceramente, creo que la propuesta de la Comisión era buena y suficiente, y pienso que hubiese sido aceptada mayoritariamente en el seno de la Comisión de Pesca, en cuyo caso habría sido innecesaria la presentación de enmiendas al artículo 3, ya que, por primera vez, la Comisión se hacía eco de una larga lucha del Grupo del PPE-DE en este Parlamento Europeo y del propio Gobierno español para que en el Acuerdo de pesca con Groenlandia se apliquen los mismos criterios que en los "acuerdos del sur" y no queden posibilidades de pesca pagadas pero no utilizadas, permitiendo, con ello, directamente a la Comisión la reasignación de esas posibilidades de pesca infrautilizadas a otros Estados miembros que así lo soliciten.

Señor Vitorino, le pido que transmita usted al Comisario Fischler que siga adelante con su propuesta, porque es razonable, justa, equitativa y acorde con los principios de buena gobernanza, que tanto nos reclamó el Tribunal de Cuentas, favorable a los intereses mutuos de Groenlandia y de la Unión Europea, y, sobre todo, es una propuesta europeísta, pues vela por el interés común europeo, frente al actual informe Miguélez Ramos, que es anticomunitario, pues impide que sea la propia Comisión quien vele directamente por el interés común de todos los Estados miembros para reasignar cuotas no utilizadas y la obliga a doblegarse a la voluntad negociadora bilateral de ciertos Estados que no usan esas cuotas.

El informe es, por tanto, a nuestro juicio, un paso atrás, por lo que votaremos de nuevo en contra si no se aprueba la nueva enmienda 5, que es mejor que la enmienda 2 que figura en el actual informe Miguélez Ramos.

  Stihler (PSE). – (EN) Señora Presidenta, aunque apoyo las cuatro primeras enmiendas, rechazo la enmienda 5. Creo que la enmienda se rechazó en un principio en comisión, pero se ha vuelto a presentar. El motivo que me lleva a rechazar la enmienda es bastante sencillo, y es que socava el principio de estabilidad relativa. Este principio es el núcleo de la posición escocesa y británica en política de pesca y, creo, de otros Estados del norte. No puedo apoyar ninguna medida que amenace este principio o que lo ponga en peligro. El concepto de estabilidad relativa es vital para la flota escocesa, ya que garantiza los derechos históricos, y la enmienda 5 lo pone en tela de juicio.

La enmienda 5 también transfiere competencias a la Comisión en materia de trueques de cuotas, cosa que, me parece, es contraria a las normas básicas de la Política Pesquera Común. La competencia debe corresponder al Estado miembro, permitiendo nuevos accesos a las pesquerías existentes, lo que generará presiones para que se reasignen repartos de cuotas actualmente garantizadas. También ignora las diferencias básicas entre acuerdos de pesca del sur, donde están en juego las licencias de pesca, y acuerdos del norte, donde están en juego las cuotas.

Me parece interesante que algunas personas quieran que la Comisión tenga más responsabilidad en el ámbito de la pesca, y, sin embargo, cuando se trata de ciertas propuestas sobre las cuales la Comisión tiene responsabilidad, quieran rechazarla rotundamente. La enmienda 5 es peligrosa para los intereses pesqueros del norte, es contraria a las normas de la Política Pesquera Común y plantea el riesgo de reducir el volumen de las cuotas de Groenlandia que pueden utilizarse a cambio de cuotas para Noruega, de las que depende notablemente la industria del Reino Unido. Lamento discrepar esta vez con la ponente.

  Hudghton (Verts/ALE). – (EN) Señora Presidenta, observo que el Comisario Fischler no ha podido estar aquí hoy con nosotros. Espero que se deba a que está muy ocupado intentando subsanar los problemas que generó para Escocia el Consejo de Pesca celebrado en diciembre en Bruselas.

En cuanto a Groenlandia, estoy seguro de que muchos escoceses de las comunidades pesqueras estos días mirarán con envidia a Groenlandia porque está fuera de la Política Pesquera Común. Sin embargo, mientras en Escocia todavía sigamos con la Política Pesquera Común, es vital que no se viole en absoluto el principio rector de la estabilidad relativa. Este informe, y su propuesta de reasignar las cuotas a diferentes Estados miembros, y que las reasigne la Comisión, es totalmente inaceptable. Es un precedente muy peligroso que podría utilizarse, y se utilizaría, para socavar la estabilidad relativa.

No ayuda nada que en diciembre de 2002 el Gobierno del Reino Unido y el Gobierno laborista y liberal escocés apoyaran la reforma de la Política Pesquera Común permitiendo el acceso equitativo a las aguas y a los recursos. Si el Comisario Fischler hubiera estado aquí le habría pedido que explicara cómo puede mantenerse la estabilidad relativa con un acceso equitativo a las aguas y a los recursos. Los dos no son compatibles, y solo espero que podamos salirnos de la Política Pesquera Común antes de que se revise o revoque la estabilidad relativa.

  Stevenson (PPE-DE). – (EN) Señora Presidenta, mejor que tenga cuidado con lo que digo sobre la Sra. Miguélez Ramos, por si acaso llega a ser Ministra de Pesca en Madrid; por tanto, a partir de ahora seré simpático con ella.

En la Comisión de Pesca hace poco hemos recibido la visita de un científico eminente, el Dr. Chris Reid, de la Fundación Sir Alistair Hardy de la Universidad de Plymouth. Explicó a la Comisión de Pesca que el calentamiento global, que ha elevado significativamente la temperatura del Mar del Norte en los últimos 20 años, ha llevado el plancton del que se alimenta el bacalao hacia el norte. Por tanto, no sorprende que estemos viendo una caída de las existencias de bacalao en el Mar del Norte, que ha generado la crisis que ahora afronta la flota escocesa en particular, y al plan de recuperación que la ejecutado la Comisión.

No obstante, al examinar el conjunto de oportunidades de pesca propuestas al amparo del Cuarto Protocolo para el Acuerdo de Groenlandia, se observa una reducción de las oportunidades de pesca; una reducción drástica del bacalao para empezar, lo que quizá plantee alguna pregunta a la ciencia sobre la que el Dr. Chris Reid informó a nuestra comisión. Como mínimo indica que en las aguas de Groenlandia no tenemos la vasta abundancia de pescado que se dijo una vez que había.

Lo positivo de esta modificación del Cuarto Protocolo es que al menos ahora no tenemos peces de papel: pagamos a cambio de verdaderas posibilidades de pesca. Relacionamos el dinero que pagamos desde la Unión Europea con la verdadera realidad de las posibilidades de pesca existentes. Si existen estas posibilidades de pesca, las personas que más precisan beneficiarse de ellas son la atribulada flota que opera actualmente en el Mar del Norte.

Por este motivo lamento tener que decir, y con esto me sumo a lo que han dicho mis colegas esta tarde y me hago eco de ello, que comparto la opinión de que no podemos apoyar la enmienda 5. No solo socava el principio de estabilidad relativa, tal y como han explicado de forma elocuente la Sra. Stihler y el Sr. Hudghton, sino que también negaría las posibilidades de pesca a la flota del Mar del Norte para dárselo a flotas pesqueras de fuera del Mar del Norte, cosa que es inaceptable para los pescadores del Reino Unido.

  Kindermann (PSE). – (DE) Señora Presidenta, Señorías, el excelente informe de la Sra. Miguélez Ramos sobre la modificación del protocolo del Acuerdo pesquero con Groenlandia pone de manifiesto una vez más que su contenido y aplicación pueden ser objeto de criticas. Estas críticas no provienen tan solo de la ponente de la Comisión de Pesca, sino también de la Comisión de Presupuestos.

Coincido con la ponente cuando pide que se adapte el gasto financiero destinado a este acuerdo a la situación real. Su llamamiento para que se realice un informe general de evaluación y un análisis de rentabilidad cuenta igualmente con mi pleno apoyo. El Parlamento los ha venido pidiendo desde hace mucho tiempo para los acuerdos de pesca con terceros países.

Sin embargo, no puedo apoyar a la ponente cuando pide a la Comisión que reasigne las oportunidades de pesca no utilizadas a otro Estado miembro a petición de este, incluso si esta asignación se limitase a una sola campaña de pesca. En mi opinión, esto tendría un efecto muy grave para el principio de estabilidad relativa de la política común de pesca.

La posibilidad de transferir o intercambiar cuotas de pesca asignadas debe seguir siendo competencia de los Estados miembros. Después de todo, la no utilización de las oportunidades de pesca redunda en beneficio de la explotación sostenible de las poblaciones de peces. Sin embargo, si parte de las cuotas asignadas no se usan debido a determinadas circunstancias previsibles, la manera adecuada de abordar esta cuestión sigue pasando por acuerdos contractuales bilaterales entre los Estados miembros. En este aspecto se puede permitir que la Comisión intervenga en calidad de órgano regulador. Cualquier cosa que vaya más allá, no obstante, socavaría gravemente los fundamentos de la política común de pesca.

Por ello solicito su apoyo a la enmienda 2 y que voten en contra de la enmienda 5 en la votación de mañana.

  Vitorino, Comisión. (EN) Señora Presidenta, quiero empezar dejando claro que mis conocimientos sobre esta cuestión los he obtenido de mi colega, el Sr. Fischler, quien, por desgracia, no puede estar hoy aquí. Sin embargo, será un placer tener en cuenta lo que se ha dicho e intentaré abordar en la medida de lo posible los argumentos presentados en este debate.

En primer lugar, intentaré aclarar la posición de la Comisión con respecto a las enmiendas que se han presentado. Primero, en cuanto a la enmienda 1: la compensación financiera del acuerdo es una compensación única, que corresponde al acceso a las aguas, así como una compensación por el impacto causado por la actividad de los buques de la Unión Europea en aguas de terceros países. El hecho de que el país tercero, en el marco de un diálogo del sector pesquero, acepte comprometer una parte de la compensación financiera a cambio de actividades a favor de la reforma de su propia política de pesca, no constituye un argumento para la diferenciación en dos conceptos financieros diferentes. El enfoque de diferenciar la compensación financiera propiciaría la negativa del país tercero a comprometerse a reformar su política de pesca. Por lo tanto, la Comisión no puede aceptar la enmienda 1.

En cuanto a la enmienda 2, que, en cierta medida, si le he entendido correctamente, está relacionada con la enmienda 5, teniendo en cuenta el hecho de que la Comisión es responsable de la buena gestión financiera de los fondos comunitarios, no es aceptable. De hecho, la autoridad presupuestaria debe facilitar a la Comisión los medios y el fundamento jurídico para garantizar la buena gestión financiera de este acuerdo. A pesar de algunas transferencias efectuadas en 2003 por los Estados miembros con cuotas, la experiencia demuestra que estas no han sido suficientes para garantizar la utilización óptima de las posibilidades de pesca y, por tanto, la buena gestión financiera. Con respecto al argumento aducido, ¿cómo podemos garantizar que se respete el principio de estabilidad relativa y el apartado 5 del artículo 20 del Reglamento básico? Quiero subrayar que la transferencia temporal de las posibilidades de pesca de un Estado miembro a otro por parte de la Comisión no contradice el principio de estabilidad relativa, porque, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 20 del Reglamento (CE) del Consejo nº 2371/2002 sobre la asignación de posibilidades de pesca entre los Estados miembros, dicha transferencia no afectará en el futuro a la asignación de posibilidades de pesca entre los Estados miembros en aguas de Groenlandia.

La asignación continúa y continuará rigiéndose por las fórmulas de distribución, como siempre. Los Estados miembros que se benefician de una transferencia temporal no pueden explotar las capturas efectuadas para cambiar en el futuro la base de la asignación. La determinación de las posibilidades de pesca se realiza sobre la base de informes científicos. Una innovación de este acuerdo es precisamente que todas las cuotas están sujetas ahora a una revisión anual, si así lo solicita el dictamen científico.

Además, no puedo aceptar la idea de que con este mecanismo estemos sentando un precedente. La cláusula de transferencia existe y se aplica en todos los demás acuerdos con terceros países con compensación financiera, sin ningún problema. El único acuerdo que no contiene este tipo de artículo es precisamente el acuerdo de Groenlandia. Esto es lo que ahora queremos cambiar.

En 2003, el valor comercial de las capturas, incluidas las capturas reales de las transferencias efectuadas en Noruega, Islandia y las Faroes, ascendieron a 50 millones de euros. En comparación con la compensación actual financiera de 42,82 millones de euros, esto no es satisfactorio. En un acuerdo con compensación financiera es inaceptable que la Comisión no disponga de medios para garantizar que no se malgastan los fondos comunitarios. Dicho esto, la Comisión acoge con satisfacción la última enmienda: la enmienda 5. Tenemos la responsabilidad de garantizar la buena gestión financiera de los fondos comunitarios. La enmienda 5 demuestra la voluntad de la autoridad presupuestaria de dotar a la Comisión del fundamento jurídico necesario para garantizar una buena gestión sin perjudicar la estabilidad relativa, tal y como he dicho antes.

En cuanto a la enmienda 3, estamos de acuerdo con su espíritu, pero creemos que la Comisión ya transmite este tipo de información conforme a los acuerdos interinstitucionales y, en particular, al acuerdo marco entre la Comisión y el Parlamento Europeo. Por tanto, la enmienda 3 no es necesaria.

Por último, no podemos aceptar la enmienda 4. A este respecto recuerdo el principio establecido con respecto al carácter de un protocolo de un acuerdo de pesca. Teniendo en cuenta que es un anexo al acuerdo marco, su renovación periódica no exige un nuevo mandato.

  La Presidenta. – Gracias, señor Comisario.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana a mediodía.

DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO)

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) En 2003, se firmó un nuevo Protocolo con Groenlandia que abarca el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2006, en el marco de la revisión intermedia del Cuarto Protocolo, que establece las condiciones contempladas en el Acuerdo de pesca entre Groenlandia y la Comunidad Europea.

Esta revisión introduce diversos ajustes, pero no modifica el importe de la compensación financiera, que se mantiene en 42 820 000 euros anuales. No obstante, esta revisión establece una distinción más clara entre los importes reservados para la compensación de las posibilidades de pesca y las ayudas destinadas a las reformas estructurales. Acogemos con agrado el aumento de las cuotas de halibut, lo que significa que las flotas nacionales pueden capturar ahora 800 toneladas de halibut de Groenlandia. Cabe señalar, no obstante, que en el momento de adoptarse la decisión, Portugal fue excluido de este acuerdo, a pesar de sus derechos históricos a pescar en esta zona.

En vista del grado de utilización incompleta de estas cuotas, debemos aplicar el principio de buena gestión financiera, es decir, que las posibilidades de pesca que ofrecen los acuerdos internacionales de pesca se utilicen de forma eficaz, sin socavar el principio de estabilidad relativa. El informe y la propuesta de la Comisión abren la posibilidad de redistribuir las cuotas que no hayan sido utilizadas por completo en un año dado. Sin embargo, consideramos que el texto de la enmienda 5 resulta más aceptable y, por ende, que esta enmienda debería aprobarse en el Pleno.

10. Obligación de los transportistas de comunicar los datos de las personas transportadas

  La Presidenta. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0211/2004) del Sr. Schmitt, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa del Reino de España con vistas a la adopción de una Directiva del Consejo sobre la obligación de los transportistas de comunicar los datos de las personas transportadas.

  Schmitt (PPE-DE), ponente. – (DE) Señora Presidenta, Señorías, en mi opinión, el informe que tenemos ante nosotros y este punto del orden del día se encuentran entre los más difíciles de la legislatura que concluye. No porque el informe tenga un alcance tan amplio, sino porque el procedimiento ha resultado sumamente difícil. Desde que se presentó la iniciativa del Reino de España para obligar a los transportistas a comunicar los datos de los pasajeros, es decir, desde que apareció el primer documento a principios del año pasado, cada mes han visto la luz nuevas versiones oficiales con la promesa de presentar en breve una nueva versión oficial. Esto se ha prolongado hasta comienzos de este año, y puesto que nos aproximamos al final de esta legislatura, presenté un informe a principios de febrero, basado en la propuesta anterior. Luego, a mediados de febrero, el Consejo presento súbitamente un nuevo documento, por lo cual tuve que elaborar un informe completamente nuevo.

En el punto que nos ocupa, mi Grupo está de acuerdo en el punto de partida, a saber, que puede resultar conveniente obligar a los transportistas a comunicar previamente los datos de las personas que entran en la UE procedentes de terceros países a las autoridades competentes del control de fronteras. Tal como está, sin embargo, el documento presentado por el Consejo resulta muy poco convincente desde un punto de vista técnico. Es cierto que el Consejo se corrigió en muchos aspectos. Inicialmente, por ejemplo, deseaba obligar a las compañías aéreas a que notificaran a las autoridades cualquier persona que no utilizara su billete de vuelta en un plazo de 48 horas a partir de la fecha prevista de retorno. Eso significa que cualquiera de nosotros podríamos ser sospechosos de permanecer en un lugar en el que no tenemos derecho a estar simplemente porque no hemos utilizado nuestro billete, o al menos no en el momento previsto. Respecto a otros puntos, el Consejo ha reconocido que ha emprendido el camino erróneo, pero en mi opinión, no ha facilitado la herramienta necesaria. Por ejemplo, hasta ahora no se ha entablado un diálogo con las compañías aéreas afectadas sobre las modalidades técnicas para llevarlo a cabo, su coste y quién las pagará al final. Tan solo puedo indicar que si deseamos evitar la inmigración ilegal, estamos tratando con terceros países que no son precisamente ricos. Pensemos en esos terceros países; también sabemos que el registro en esos países se hace en muchos casos manualmente, la tarjeta de embarque no la imprime el ordenador, sino que uno recibe una tarjeta preimpresa en la que se inscribe a mano el número de asiento. En esos casos, las compañías aéreas incurrirían en gastos considerables. Creo que si tenemos tales expectativas, primero debemos intentar entablar un diálogo con las compañías aéreas sobre la forma de organizar conjuntamente esta cuestión.

En segundo lugar, no explica de forma convincente si las autoridades de control fronterizo podrán hacer algo útil con los datos facilitados. En otras palabras, ¿hará que sean más sencillos y eficaces los controles? Esta pregunta no se ha estudiado en absoluto, ni en las reuniones de la comisión parlamentaria ni en el documento. Además, este documento no contiene justificación alguna, la iniciativa del Consejo no está motivada, no existe una justificación general ni detallada de los distintos artículos.

Un punto muy importante sobre el que no he recibido una explicación satisfactoria es la cuestión de si los datos recopilados harán que los controles sean más eficaces en el país de entrada. De ahí que, por el hecho de que mi informe y la iniciativa han sido rechazados en comisión, mi Grupo se abstendrá en la votación de mañana, pues nuestra posición es básicamente que consideramos la idea interesante y puede resultar oportuna, pero es necesario elaborar debidamente su aspecto técnico. Hasta ahora, esta iniciativa del Consejo no lo ha hecho, y por ello no creo que debamos seguir por este camino. Deseo sinceramente que mañana celebremos una votación final sobre esta iniciativa y no la devolvamos a la comisión parlamentaria. En todo caso, mañana no propondré que lo hagamos. Creo que el camino que debemos emprender juntos consiste en que la Comisión presente una propuesta sensata basada en el documento original del Consejo (la Comisión ya lo ha propuesto en una reunión de la comisión parlamentaria) y que a continuación celebremos un debate informado y encontremos una solución sensata.

  Vitorino, Comisión. (FR) Señora Presidenta, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente, Sr. Schmitt, por el trabajo realizado en la elaboración de su informe y del proyecto de resolución. Ha dicho usted que el cariz de la iniciativa ha cambiado varias veces y creo que, tras mi intervención, dirá que ha cambiado una vez más en el último minuto.

En efecto, para que quede del todo claro, la Comisión comparte los objetivos de intensificación de los controles en las fronteras exteriores y de lucha contra la inmigración ilegal, que están claramente recogidos en el texto de la iniciativa española. Se trata de armonizar prácticas que están ya en curso en varios Estados miembros sobre la transmisión de datos de tipo APIS, que no hay que confundir con los datos de tipo PNR. En efecto, la información personal en cuestión se limita a los elementos consignados en los documentos de viaje de los pasajeros, que en cualquier caso deben presentar en el momento de cruzar las fronteras exteriores.

Además, el nivel de protección de los datos ofrecido por el texto sobre el cual se consulta al Parlamento era suficientemente alto y obtuvo la aprobación del comité del artículo 29. No obstante, en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de ayer, el proyecto de directiva fue objeto de un acuerdo político tras la introducción de enmiendas propuestas por el Reino Unido, encaminadas a autorizar el almacenamiento de los datos más allá del período de 24 horas inicialmente previsto en la iniciativa y su utilización con fines más amplios. Estas enmiendas, que cambian el alcance de la directiva, suscitaron dudas en la Comisión, que se recogen en una declaración adjunta al texto definitivo. En dicha declaración, la Comisión afirma que la directiva debe interpretarse a la luz de los objetivos que se había fijado, que era la intensificación del control en las fronteras y la lucha contra la inmigración ilegal.

Por otra parte, en la declaración, la Comisión lamenta que las disposiciones añadidas a petición del Reino Unido no hayan podido examinarse en el marco de las medidas que la Comisión se comprometió a presentar para junio de 2004. Dichas medidas se refieren a la protección de los datos y el intercambio de información entre las autoridades policiales y judiciales a la luz de la declaración adoptada por el Consejo Europeo sobre la lucha contra el terrorismo.

Además, la Comisión es sensible a las preocupaciones de los transportistas llamados a participar en este esfuerzo común. Con todo, no hay que sobrevalorar las consecuencias logísticas y financieras que pueda tener la ejecución de las medidas contempladas en la propuesta actual. Aparte de que los datos personales en cuestión se limitan a la información mencionada en los documentos de viaje de los pasajeros, que los transportistas están obligados ya a controlar en el momento del embarque, conviene destacar que la transmisión de dichos datos solo se hará, según las disposiciones de la directiva, a petición de las autoridades nacionales competentes. De todas formas, la Comisión está dispuesta a entablar un diálogo con los transportistas sobre esta cuestión.

  Roure (PSE). – (FR) Señora Presidenta, en un contexto cada vez más complejo de gestión de los flujos migratorios y de lucha contra la inmigración ilegal, nos resulta muy difícil aceptar esta iniciativa española, tanto en el fondo como en la forma. En la forma, acoger esta iniciativa equivaldría a avalar el método de trabajo del Consejo, que consiste en modificar permanentemente los textos propuestos al Parlamento. Celebro el trabajo del ponente y su magnífica constancia. En efecto, recibió nuevas versiones cuando ya había redactado su informe, quedando caduco el texto anterior. Esto es, desde luego, inaceptable. Semejante actitud de falta de coordinación en el Consejo y de desprecio hacia el Parlamento y los representantes de los pueblos europeos, por no hablar de la energía y el tiempo desperdiciados, nos causan consternación.

Podemos plantearnos después la cuestión del resultado obtenido. ¿Tiene una eficacia real? Leyendo el último texto oficial de la iniciativa española, encontramos las palabras «obligación» y «sanción» prácticamente en cada párrafo. El objetivo está claramente definido, se trata de luchar contra la inmigración ilegal. Por tanto, las sanciones deberían recaer esencialmente sobre los contrabandistas de migrantes clandestinos. ¡Pues no! Sanciones y obligaciones se aplican a las compañías aéreas, y no podemos aceptar que los Estados declinen sus responsabilidades, las descarguen así en compañías privadas y sancionen después a estas últimas si el trabajo está mal hecho. Exigir a las compañías privadas que recojan datos para controlar la inmigración ilegal equivale a imponer a los transportistas que asuman las obligaciones de los Estados.

El objetivo, que es reducir la inmigración ilegal, es justo, pero ¿en qué puede ser eficaz el texto propuesto? La utilidad operativa real de este texto no está demostrada. El hecho de que solo concierna a los transportistas aéreos debilita ya el objetivo de esta directiva. De ser aceptado tal cual, este texto desorganizaría por completo el trabajo de las compañías aéreas, porque la transmisión de datos, obligatoria para estas compañías, representa una carga considerable en términos de costes. En algunos países, los pasaportes no pueden ser leídos por las máquinas, en otros este tipo de máquinas todavía no está disponible: para remediar estas lagunas, los Estados miembros no prevén ningún sistema de indemnización. Además, el sistema de sanciones sería terriblemente pesado y no tendría en cuenta los esfuerzos realizados por las compañías condenadas para satisfacer estas obligaciones.

Para concluir, entonces, la inmigración ilegal debe combatirse, pero, a mi modo de ver, hay muchos otros medios. Rechazamos, por tanto, esta iniciativa y desearíamos que la Comisión nos presentase una propuesta en el futuro, una propuesta coherente y que respete las competencias, así como de los derechos y los deberes de los ciudadanos. Confiamos en que la Comisión sea capaz de hacerlo.

  Kaufmann (GUE/NGL). – (DE) Señora Presidenta, Señorías, esta Cámara no debe negar su apoyo al informe elaborado por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, que rechaza la iniciativa del Gobierno español saliente. Después de todo, este mediodía ya hemos aprobado dos importantes decisiones. Esta Cámara ya se ha negado –por buenos motivos– a comunicar los datos de los pasajeros a las autoridades de protección y seguridad de fronteras de los Estados Unidos y, gracias a Dios, hoy ha rechazado la expulsión colectiva a través de vuelos conjuntos europeos.

¿Por qué, me pregunto, una medida que era motivo de tanta preocupación en materia de protección de datos súbitamente deja de presentar problema alguno cuando «únicamente» afecta a la Unión Europea? ¿O bien ahora todos los métodos resultan admisibles para luchar contra la inmigración «ilegal»? ¿Ya no cuentan los derechos fundamentales?

El derecho fundamental de decidir por uno mismo lo que se hace con sus datos personales es un activo valioso, que no debe tratarse con ligereza, pues se deriva claramente no solo de las constituciones nacionales de los Estados miembros, sino también del artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Directiva comunitaria sobre protección de datos establece normas muy estrictas para la comunicación de los datos personales. La iniciativa española, por otra parte, hace de la lucha contra la inmigración ilegal con métodos de vigilancia estricta la meta primordial... y desgraciadamente, el ponente la apoya. Sin embargo, como muestra la experiencia –y esto debe quedar muy claro–, la inmigración ilegal no se evita con represión policial, sino únicamente con el establecimiento de condiciones pacíficas acordes con la dignidad humana en otras partes de Europa y del mundo.

La intención de permitir a las compañías aéreas recopilar y comunicar los datos de los pasajeros resulta sumamente problemática por varias razones. Se concedería a empresas privadas derechos de soberanía que, hasta ahora, han estado reservados exclusivamente a los organismos estatales de los Estados miembros, por ejemplo en caso de peligro inminente o en otros casos que deben motivarse concretamente. No creo que en Europa deba reinar una situación en la que se espíen los movimientos de millones de personas. ¿Qué sucede si los datos son utilizados incorrectamente? Ni siquiera pensemos en ello.

Asimismo, la afirmación de que esta medida está destinada a luchar contra la inmigración ilegal carece de credibilidad. Me parece totalmente absurdo suponer que los más pobres entre los pobres que vienen a Europa lo hacen en avión, que es el medio de transporte más caro. La realidad es muy distinta, pues el gran número de personas que se ahoga al intentar cruzar el Mediterráneo o los ríos fronterizos –cosa que sucede todos los días– nos cuentan una historia muy diferente.

Creo que es importante poner coto al celo con el que las autoridades se dedican a reunir datos, celo que está volviéndose incontrolable. No debemos emprender un camino que, en los Estados Unidos, es criticado con toda razón por las organizaciones que velan por las libertades civiles. Europa no necesita una vigilancia ininterrumpida de sus pasajeros y fronteras. Lo que Europa necesita es una auténtica protección de los derechos fundamentales de cada una de las personas que viven en ella.

  Van Dam (EDD). – (NL) Señora Presidenta, señor Comisario, es mejor detenerse a tiempo que perseverar en el error. Esta es la sensación que me da este asunto. La propuesta original española de cerrar el paso a los inmigrantes ilegales hacia el continente era menos adecuada que el plan que se propone actualmente. Sin embargo, ambas presentan la similitud de imponer estrictas obligaciones a las compañías aéreas. Obligaciones que son injustas. Después de todo, la intención no puede ser transferir las obligaciones de los organismos aduaneros a las compañías aéreas sin el adecuado debate, sin un mandato. Si sucede esto, los esfuerzos y los daños financieros deben ser mínimos. Pero esto tampoco sucede con la última propuesta.

Sin embargo, todavía resulta más importante que las compañías aéreas sepan dónde se encuentran, que conozcan la legislación que deben cumplir. Es responsabilidad del legislador comunicarla claramente y eliminar las duplicaciones y contradicciones. Se trata de un punto crucial en el debate sobre las obligaciones que las autoridades norteamericanas están imponiendo a las compañías aéreas. Por el momento, las compañías aéreas que vuelan a los Estados Unidos trabajan al parecer en un campo jurídico minado. Cualquier paso hacia un lado u otro puede tener consecuencias no deseadas de largo alcance. Imponerles una nueva serie de obligaciones en materia de transmisión de información no contribuye a mejorar su posición. Y por eso no lamentamos rechazar la iniciativa de España. Si bien así no se creará necesariamente una situación clara para las compañías aéreas, al menos se evitará la acumulación de distintas obligaciones. Corresponde a los organismos competentes establecer obligaciones claras y uniformes acerca de la información que las compañías aéreas deben facilitar en interés de todos a ambos lados del Atlántico.

  La Presidenta. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana a mediodía.

(La sesión, interrumpida las 18.55 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. VIDAL-QUADRAS ROCA
Vicepresidente

11. SIS - Certificados de matriculación de vehículos

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0205/2004) del Sr. Coelho, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes por lo que se refiere al acceso al Sistema de Información de Schengen de los servicios de los Estados miembros responsables de la expedición de los certificados de matriculación de vehículos.

  De Palacio, Vicepresidenta de la Comisión. (ES) Señor Presidente, Señorías, quiero, antes que nada, dar las gracias al ponente, Sr. Coelho, por su informe. Esta propuesta de Reglamento sigue la senda trazada en 1999 por la Directiva relativa a los documentos de matriculación de los vehículos, con el fin de combatir el tráfico ilícito de los vehículos robados, y debe permitir mejorar el funcionamiento del mercado interior, ofreciendo a los servicios responsables de la matriculación de vehículos un mejor acceso a la mayor base de datos europea de vehículos robados, concretamente el Sistema de Información de Schengen.

Están en juego -lo sabemos todos- intereses financieros muy importantes, porque todos los años se matriculan en los Estados de la Unión millones de coches y se roban miles de estos millones. Además, al introducir mecanismos más eficaces para combatir el robo de vehículos, la propuesta tendrá un impacto en la seguridad ciudadana y, por lo tanto, en la implantación de una zona de libertad, seguridad y justicia.

Concretamente, prevé la posibilidad de que, antes de proceder a matricular un vehículo, los servicios nacionales responsables puedan, bajo determinadas condiciones, consultar la base de datos SIS de vehículos y documentos de matriculación robados y verificar si el vehículo en cuestión ya ha sido matriculado en otro de los Estados signatarios del Acuerdo de Schengen. Esta información hará más difícil que los ladrones puedan vender vehículos robados en otro "Estado de Schengen" e incrementará, al mismo tiempo, la posibilidad de que las víctimas puedan recuperar el vehículo perdido.

Actualmente las autoridades carecen de recursos para verificar la procedencia del millón largo de vehículos que se matriculan todos los años. La propuesta que se está debatiendo actualmente permitirá el acceso sistemático a la base de datos, por lo tanto, a la búsqueda de los vehículos y los documentos de matriculación y, para tener acceso a ella, habrá que atenerse a una serie de normas comunes sobre transparencia y a una serie de principios sobre protección de datos.

El respeto de dichas normas se supervisará de modo similar a como se hace con otras búsquedas realizadas en esta misma base de datos SIS. En aras de la protección de datos, se ha propuesto dar un acceso diferente a los servicios públicos y a los servicios privados responsables de la matriculación de vehículos. Los funcionarios de los servicios públicos responsables deberían tener derecho a interrogar directamente la base de datos Schengen, mientras que, a pesar de realizar una función propia de la administración pública, cuando sean servicios privados los que desarrollen esta actividad, tendrán un acceso restringido a la misma, a través de la policía, al igual que el resto de los servicios de matriculación de vehículos existentes.

Quiero reiterar una vez más mi agradecimiento al ponente y al Parlamento por el trabajo realizado.

  Coelho (PPE-DE), ponente. – (PT) Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, debemos luchar contra el fraude y el comercio ilegal de vehículos robados y esa es la finalidad de esta propuesta.

El robo de automóviles en los Estados miembros ha aumentado hasta alcanzar 1 200 000 vehículos cada año. De hecho, esta cifra ha sido superada en años anteriores, y se han provocado pérdidas considerables que se elevan a 15 millones de euros. Por ello es indispensable que luchemos contra este tipo de delito que provoca no solo pérdidas económicas, sino también daños físicos y psicológicos en vista de las diversas formas de violencia que se asocian a los delitos relacionados con vehículos. Además, como ha señalado el señor Comisario, afecta al sentido de la justicia y la seguridad de los ciudadanos.

Cada día se roban más de 3 300 vehículos, lo que equivale a aproximadamente un robo cada 25 segundos. Desde que inicié mi intervención es muy probable que hayan sido robados dos vehículos, y espero que ninguno de ellos pertenezca a sus Señorías. La finalidad de modificar el Convenio de Schengen consiste en permitir que las autoridades públicas encargadas de la matriculación de vehículos tengan acceso directo a ciertas categorías de datos incluidos en el Sistema de Información de Schengen (SIS). Los servicios privados de registro de vehículos solo podrán tener un acceso indirecto, a través de una autoridad que tenga acceso al SIS.

De este modo, el SIS se convertirá en un instrumento aún más importante en la lucha contra la delincuencia, al permitir a las autoridades comprobar rápida y eficazmente si el vehículo cuya matriculación se ha solicitado ha sido robado, sustraído o perdido. Así mejorará el funcionamiento del mercado interior, pues se reforzará la libre circulación de mercancías y esta, a su vez, contribuirá a la creación gradual de un espacio de libertad, seguridad y justicia, y a la aplicación de la política común de transportes.

¿Por qué un acceso directo? A fin de evitar, a tiempo, que los vehículos robados en un país sean matriculados y, por ende, legalizados en otro. Se estima que entre un 30% y un 40% de los vehículos son robados por organizaciones criminales, que a continuación los transforman y exportan a otros países, tanto dentro como fuera de la UE. Generalmente, toda esta operación dura menos de 48 horas.

Existen dos argumentos clave a favor, el primero de los cuales es la eficiencia. En la UE están matriculados varios millones de automóviles. Comprobar sistemáticamente todos ellos en el SIS sería una tarea demasiado pesada para la policía. Cada año se matriculan unos 15 millones de vehículos. Por consiguiente, el acceso directo hace que resulte más rápido y más fácil verificar la situación legal de un vehículo, lo que significa una mayor eficiencia. El segundo argumento a favor es la transparencia. Todos los Estados miembros han encontrado una manera de comprobar en el momento de la matriculación si el vehículo ha sido robado. La información que reciben es razonablemente fiable, pero estos métodos son relativamente opacos y complejos. La inclusión de un artículo en el Convenio de Schengen concedería una mayor transparencia a todo el proceso.

¿De qué tipo de datos estamos hablando? Solo se permitiría acceder a los datos sobre los vehículos con una cilindrada superior a 55 cm3, así como a los datos sobre remolques y caravanas con un peso sin carga superior a 750 kg. Se propone aumentar el acceso a los datos que todavía no forman parte del SIS, a saber, los datos relativos a los certificados de matriculación y las placas de matricula que han sido robadas, sustraídas o perdidas.

Las iniciativas españolas, que acogemos con agrado, relativas a las nuevas funciones del SIS, en particular en la lucha contra el terrorismo, ya contemplaban la integración de estos datos en el SIS, pero todavía no ha sido adoptadas debido a una reserva parlamentaria de Dinamarca. Confiamos en que estas iniciativas se aprueben lo antes posible. Sin embargo, propongo que se suprima la propuesta relativa al acceso a los datos sobre los papeles de identidad emitidos, de conformidad con la opinión de la Autoridad Común de Control de Schengen, junto con los datos sobre documentos oficiales en blanco. El ámbito de aplicación de dicho concepto resultaría demasiado amplio y vago.

Por consiguiente, los datos a los que podrán acceder las autoridades encargadas de la matriculación de vehículos quedará claramente definida y limitada a lo necesario y adecuado. El acceso a los datos considerados demasiado sensibles se suprimirá y se limitará a objetos, es decir, a los propios vehículos. Quiero pedir a esta Cámara que apruebe esta iniciativa y rechace la propuesta presentada por el ponente alternativo, la Sra. Pacciotti, del Grupo Socialista, que aboga por el mantenimiento del sistema actual de acceso indirecto. De adoptarse esta última propuesta, nada cambiará y no avanzaremos en la lucha contra estos delitos.

Confío en haber expuesto claramente mis argumentos al presentar las cifras a las que nos referimos, que ilustran ampliamente la necesidad de adoptar nuevas maneras para luchar contra los delitos relacionados con los automóviles. No podemos tolerar que continúe la situación actual. La Sra. Paccioti teme que, al permitir el acceso directo, aumentará el riesgo de utilizar incorrectamente los datos personales. Siempre he abogado por la protección más rigurosa de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, entre ellos del derecho a la protección de sus datos personales. En vista de las enmiendas a la propuesta original de la Comisión que he presentado –todas ellas aprobadas por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores–, no creo que se ponga en peligro la protección de los datos personales. El acceso que se concederá a las autoridades públicas de matriculación de vehículos estará claramente definido y limitado a lo necesario y adecuado, en otras palabras, únicamente a los objetos, es decir, a los propios vehículos, a fin de determinar mediante el sistema si el vehículo de que se trate ha sido o no robado.

Señor Presidente, en mi opinión, rechazar esta medida sería una decisión incorrecta, pues no aumentaría la eficacia de la lucha contra este tipo de delitos. Y asimismo enviará la señal errónea a nuestros ciudadanos, que desean una mayor cooperación y eficiencia en la lucha contra la delincuencia y para garantizar su seguridad.

  Paciotti (PSE). – (IT) Señor Presidente, quiero dar las gracias a la representante de la Comisión y al ponente que han expuesto con suma claridad sus opiniones.

Cuando se crean bases de datos para almacenar grandes cantidades de información es sin duda inevitable sentirse tentado de utilizarlas para toda una serie de fines. Lo que puede ser útil y legítimo si se cumplen determinadas condiciones, sobre todo en relación con el derecho fundamental de los ciudadanos a proteger sus datos personales, consagrado en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Ahora se plantea la exigencia de que los organismos encargados de la matriculación de vehículos puedan verificar si un vehículo ha sido robado y si los documentos de un solicitante son auténticos obteniendo toda la información necesaria almacenada en el Sistema de Información de Schengen. Los problemas que plantea la base jurídica impedirían al parecer el uso de los datos relacionados con los documentos de identidad, según el ponente, de forma que la información se limitaría a los datos sobre vehículos de motor. El proyecto de reglamento sigue siendo útil incluso con dichas limitaciones.

Con lo que no puedo estar de acuerdo es que la información no sea facilitada por la policía o las autoridades aduaneras que son responsables del almacenamiento y procesamiento de los datos de Schengen, sino que sean obtenidos directamente por los organismos públicos de matriculación a través de un acceso directo a la base de datos del SIS. Este acceso por parte del inmenso número de organismos de matriculación de vehículos que existen en los 25 Estados miembros planteará una grave amenaza a la protección de los datos personales que se almacenan en el sistema de Schengen.

La naturaleza de los servicios responsables de la seguridad de los ciudadanos, las normas y controles a los que están sujetos y las finalidades para las que pueden utilizar los datos de los que pueden tener conocimiento son muy diferentes de los de los órganos administrativos, tanto públicos como de otro tipo, que se ocupan de la matriculación de vehículos. Además, no considero que exista una necesidad urgente de permitir el acceso directo a los datos de Schengen, en vista de que dicho acceso no se concedería a los órganos privados, a diferencia de los públicos, con arreglo a las normas aplicables en diversos países. Esto provocaría una diferencia normativa que aumentaría la confusión, en lugar de facilitar la prestación de un servicio. Así pues, sería preferible regular el uso de los datos de Schengen por parte de los organismos de matriculación de vehículos permitiendo a todos ellos el mismo acceso indirecto, lo que evitaría cualquier riesgo de abuso y cumpliría el principio de proporcionalidad.

  Krarup (GUE/NGL). – (DA) Señor Presidente, según el informe, esta modesta propuesta pretende luchar contra el fraude y el comercio ilegal de vehículos de motor, siendo el medio utilizado para ello un mayor acceso al Sistema de Información de Schengen. Y cito el informe: «[La propuesta] contribuirá a hacer que el SIS sea un instrumento todavía más importante para luchar contra la delincuencia y... [promoverá] el establecimiento progresivo del espacio de libertad, seguridad y justicia.» A pesar de ello, la base jurídica de la propuesta es la política de transporte –sobre la que volveré–, es decir, el artículo 71. Lamento decirlo, señor Comisario y señor Coelho, pero esta es una farsa legal, jurídica y política. Limitaré mis observaciones a tres cuestiones.

En primer lugar, en relación con el proyecto de Schengen en general, que constituye el sistema de supervisión y control político y social más amplio de la historia mundial. Los informes anuales y las encuestas nos dicen que, en 2001, la base de datos del Sistema de Información de Schengen contenía más de diez millones de informaciones individuales. Esta cifra, la última publicada, sin duda es mucho mayor hoy día. Cualquier persona con el más mínimo sentido de la justicia debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Quién está facultado a registrar y qué? ¿Quién puede recuperar dicha información y cómo puede ser utilizada esta? La lectura de los textos no da respuestas concretas a estas preguntas. Los criterios son tan elásticos que en realidad son los numerosos usuarios del sistema los que definen los límites, y los numerosos usuarios representan aproximadamente 125 000 terminales conectadas a la base de datos central de Estrasburgo. Por ejemplo, ¿cuál es el significado del artículo 96, en el cual, según uno de los supuestos, la presencia de personas puede suponer una amenaza para el orden público? Criterios tan inciertos requieren controles exhaustivos, pero el sistema no ofrece verdaderos controles.

Lo que se denomina Autoridad Común de Control ha manifestado, en varios informes anuales, su incapacidad para funcionar de forma independiente. Las condiciones de trabajo son tan deficientes que la Autoridad Común de Control ha declarado que sus funciones de control constituyen una coartada para el empleo de instrumentos policiales. La Autoridad Común de Control carece de la independencia y recursos necesarios para que el sistema funcione con eficacia y solo ofrece garantías modestas en lo referente a la recopilación e intercambio de información que se realiza en el SIS y el sistema SIRNE, que es todavía más avanzado. Estos son los antecedentes generales de la propuesta, que es una ampliación de la cooperación de Schengen.

Paso ahora a mis dos preguntas complementarias a la Comisaria en funciones. La base jurídica que acabo de mencionar completa la farsa. Se trata del artículo 71, que se refiere a la política de transporte. Es absurdo, a pesar de los tecnicismos jurídicos a los que hace referencia la Comisión.

Por último, en mi pequeño país, Dinamarca, tenemos una normativa especial en lo relativo a la extensión de la cooperación de Schengen o los reglamentos de Schengen. ¿Cómo opera el protocolo danés en este ámbito, señora Comisaria? Este misterioso fundamento jurídico quizá explique por qué el representante danés en el Consejo, con el que he hablado hoy, simplemente declaró que desconocía la propuesta. Por ello no sorprende tampoco que esta propuesta se camufle en forma de política de transporte.

  Evans, Robert J.E. (PSE). – (EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Coelho por presentar este informe ante el Parlamento. Estoy seguro de que, como yo, está profundamente impresionado por la gran ayuda que ha recibido de sus colegas del Grupo del PPE-DE y de este lado de la Asamblea que figuran en la lista de oradores de esta noche.

Independientemente de esto, se trata de una cuestión importante. Nos ha hablado de los 1,2 millones de vehículos robados en la Unión Europea. Es evidente que en cada uno de los países existe un porcentaje de delincuentes que no cumplen las leyes y los reglamentos. Se supone, y él lo sabrá mejor que yo, que estos ladrones tienen diferentes motivos para cometer estos delitos. Hemos de recordar que detrás de una parte, por muy pequeña que sea, de estos ladrones de coches hay otros motivos muy graves. Ya se trate de asuntos de drogas ilegales, de suministro de armas ilegales o de terrorismo internacional, lo cierto es que son cuestiones que cruzan las fronteras europeas.

Otros han expresado su preocupación por la protección de los datos y si el Acuerdo de Schengen contiene garantías suficientemente sólidas. Desde el punto de vista del Reino Unido, significa que ahora podrá acceder a datos internacionales que contribuirán a luchar contra el crimen transfronterizo internacional, que a todos nos parece un asunto muy serio.

También hay quien está preocupado por la idea del acceso directo a los datos y por la cuestión de si existen suficientes garantías de protección de los datos y de protección de los ciudadanos, y por si estamos sentando un precedente peligroso. Comparto y comprendo estas preocupaciones. No obstante, como ciudadanos responsables y como representantes elegidos de los ciudadanos, tenemos que hacer lo que podamos en la lucha contra los delitos graves. El robo de vehículos es, por supuesto, muy importante, pero hemos de centrar nuestra atención en el objetivo último de este delito y en todos los demás aspectos relacionados con él.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas.

12. Sistemas de asilo mejor gestionados, más accesibles y equitativos

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0144/2004) del Sr. Marinho, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: hacia sistemas de asilo mejor gestionados, más accesibles y equitativos.

  Marinho (PSE), ponente. – (PT) Señor Presidente, soy consciente, como todos nosotros, de los graves problemas que afectan actualmente al sistema tradicional europeo de concesión de asilo. En un mundo que cada vez se hace más pequeño y está cada vez mejor conectado mediante sofisticados medios de comunicación, en un mundo en que las islas de riqueza, paz y bienestar están rodeadas de pobreza, guerra y miseria, las partes más prósperas del mundo tienen que soportar inevitablemente considerables presiones migratorias procedentes de las regiones menos favorecidas. Esta enorme masa migratoria, que es impulsada sobre todo por motivos económicos, está poniendo en peligro el régimen de asilo, ya que muchos migrantes económicos que carecen de otros medios legales para entrar en los países ricos intentan tomar la ruta del asilo para acceder al territorio de la UE.

Por esa razón acojo con agrado las dos comunicaciones de la Comisión. Debemos establecer el régimen de asilo exigido por el Consejo Europeo de Tampere. Sin embargo, habrá que elaborar nuevas políticas que tengan en cuenta las nuevas realidades, como el flujo combinado de refugiados y migrantes económicos, que actualmente es considerablemente mayor que en el momento en que se celebró dicho Consejo Europeo. Por supuesto, los solicitantes de asilo seguirán llegando en gran número a las fronteras exteriores de la UE, y es para ellos que se ha designado gran parte del régimen ideado en Tampere. Por consiguiente, es indispensable mantener lo que se encuentra en el acervo y adoptar las directivas que aún están a la espera de su aprobación por el Consejo a fin de ultimar la primera parte establecida en Tampere del estatuto de los refugiados y los procedimientos de asilo, a fin de poder pasar a la segunda fase de desarrollo.

Por ello debemos invitar al Consejo a que adopte lo antes posible las directivas que he mencionado, que fueron reclamadas con insistencia en los Consejos Europeos de Laeken, Sevilla y Salónica. Resulta obvio que el régimen actual presenta deficiencias. Numerosos solicitantes de asilo no necesitan realmente asilo. De hecho, muchos de los que realmente lo necesitan se quedan en sus regiones de origen o en zonas fronterizas, donde son objeto de persecución, aflicción, indignidad, hambre y muerte.

Por ello apruebo la posición de la Comisión consistente en buscar nuevos métodos de asilo que se adapten mejor a la realidad de la situación Debe adoptarse una nueva política para tratar a los solicitantes de asilo en su punto de entrada a la UE, mediante un programa comunitario de reasentamiento y procedimientos de entrada protegida. El asilo y la inmigración son dos fenómenos distintos y, no obstante, intrínsecamente relacionados entre sí, que deben abordarse conjuntamente.

Me gustaría repetir nuestro llamamiento a que se aumente la ayuda económica sin condiciones a las regiones de origen de estos flujos migratorios, con el fin de reducirlos y de fomentar la solidaridad con los países más pobres y con las personas que más la necesitan. Por ello pido a la UE que adopte una política de inmigración legal, en la que la única manera de entrar legalmente en el territorio de la UE para los migrantes económicos no sea la solicitud de asilo, ya que de este modo se pone en peligro la supervivencia misma del sistema. Europa, señor Presidente, es tierra de asilo y debemos proteger este sistema si deseamos mantener esta tradición humanitaria.

  De Palacio, Vicepresidenta de la Comisión. (ES) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad que ofrece este Parlamento para discutir sobre estas cuestiones esenciales.

Como saben, el Consejo Europeo de Salónica, desarrollando la Comunicación anterior, dio a la Comisión otro mandato para que explorara todos los parámetros que garantizaran una entrada ordenada y gestionada en la Unión Europea de las personas que necesitaran protección internacional por vía de asilo, y las vías y medios para incrementar la capacidad de protección en las regiones de origen, y que presentara ante el Consejo un informe antes de junio de 2004.

Evidentemente hay claros vínculos entre las dos Comunicaciones -sobre el asilo, la de 2003, y la próxima Comunicación de la Comisión- y, así, su informe y los debates de hoy enriquecerán, en gran medida, los trabajos que estamos realizando en el ámbito de la Comisión y que presentaremos en breve.

Quiero empezar señalando que acojo con satisfacción que el informe apruebe el análisis de las deficiencias del régimen actual de protección del sistema de asilo, que socavan la credibilidad y la integridad de la institución del asilo y el apoyo público que pueda recibir. En este contexto, es imperativo que se logre un acuerdo sobre la Directiva relativa a los procedimientos de asilo, que es realmente la única medida extraordinaria que queda pendiente.

Me gustaría aprovechar la oportunidad para poner de relieve que el nuevo planteamiento que exploramos en la Comunicación, objeto de su informe, señala un cambio de enfoque: alejarnos de lo que podemos hacer para reducir las cifras de solicitudes y avanzar, sin embargo, hacia lo que podemos hacer para mejorar el trabajo, es decir, para proteger mejor a un número de refugiados -que sospechamos va a ser mayor a escala global- intentando encontrar nuevas formas de mejorar la accesibilidad, la equidad y la gestión del régimen internacional de protección. Se trata también, por ello, de hacer una mejor utilización de los fondos y de los presupuestos de los que disponemos.

En este contexto, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer sinceramente al ponente y al Parlamento Europeo el papel tan constructivo que desempeñaron para hacer avanzar el programa Aeneas que contribuirá a ayudar a los terceros países de acogida, proporcionándoles asistencia financiera y técnica para que puedan hacer frente a las presiones a las que están sujetos en situaciones prolongadas con refugiados.

Sin embargo, la asistencia financiera y técnica por sí sola no basta. Es necesario compartir las cargas y la responsabilidad si la Unión Europea quiere mostrar que su deseo de que la protección internacional llegue a ser más equitativa es un deseo auténtico. En este contexto, se podría considerar asumir parte de la presión sobre los países de acogida, ofreciendo lugares de reasentamiento para refugiados en la Unión Europea.

La próxima Comunicación entrará con más detalle en el análisis razonado y los parámetros en un posible plan de reasentamiento dentro de la Unión Europea, y está claro que tales consideraciones deben encajar bien en un contexto global en el que el ACNUR desempeñará, obviamente, un papel importante, dadas la relación con los actuales debates globales sobre el uso estratégico del reasentamiento.

Señor Presidente, Señorías, quiero agradecer el informe realizado por el Parlamento y, desde luego -insisto muy especialmente ante su ponente- se tendrá en cuenta de cara a la próxima Comunicación de la Comisión.

  Sauquillo Pérez del Arco (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. – (ES) Señor Presidente, cuando hablamos de asilo tenemos que decir que se trata de un derecho que asiste a toda persona que tenga un miedo fundado a ser perseguida y que el Derecho internacional, el comunitario y los ordenamientos internos obligan jurídicamente a la Unión Europea y a sus Estados miembros a respetar tal derecho. Y es fundamental que la institución del derecho de asilo no se vea afectada por la crisis en la que está sumido el sistema de asilo, a causa, posiblemente, de una utilización abusiva del mismo.

Quiero felicitar a las instituciones porque, por fin, cinco años después del Consejo Europeo de Tampere, se acomete la creación de un sistema europeo de asilo que debe implicar estándares comunes de recepción, tramitación de expedientes y ayudas que reciban los solicitantes de asilo.

La Unión Europea debería, en primer lugar, adaptar las condiciones en las que actualmente se recibe a los solicitantes de asilo a los propios estándares europeos de garantías y derechos individuales, higiene y bienestar. En segundo lugar, habría que aprovechar para adaptarse a la realidad actual e incluir entre los supuestos susceptibles de recibir asilo los casos de mujeres y niñas amenazadas con sufrir mutilaciones genitales, los de los niños soldados y los de las víctimas de nuevas formas de esclavitud.

Como ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, me alegro de que la mejora de los sistemas de asilo y el eventual establecimiento de un sistema europeo común no se haga desde un punto de vista policial, sino teniendo en cuenta también los aspectos políticos y los problemas de desarrollo y derechos humanos que están en la base tanto de las demandas de asilo como de las migraciones masivas de carácter económico que, en ocasiones, enmascaran el asilo.

El planteamiento de la Comisión debería conllevar medidas de ayuda a la construcción de sistemas de libertades respetuosos con los derechos humanos en los países de origen, y al establecimiento de las indispensables condiciones de seguridad en los países limítrofes. Con ello disminuiría la presión de los demandantes reales de asilo en las fronteras europeas.

Para los solicitantes ficticios de asilo, la tendencia a que migrantes económicos utilicen la institución del asilo solo podemos cortarla si se financian proyectos de cooperación en los países de origen que proporcionen perspectivas de desarrollo. El Grupo socialista apoya desde hace mucho tiempo las medidas de codesarrollo, es decir, el desarrollo concreto de los lugares de origen de la emigración para facilitar el retorno y desalentar la emigración o abuso del asilo.

Espero que el próximo Parlamento tenga la oportunidad de pronunciarse sobre el establecimiento definitivo de un sistema común de asilo.

  Coelho (PPE-DE). – (PT) Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, como ha señalado el ponente, el Sr. Marinho, las personas siempre han buscado y seguirán buscando –y cada vez en mayor número– mejores oportunidades o protección fuera de su país de origen a fin de huir de la persecución, la guerra, las violaciones de los derechos humanos o simplemente la pobreza y el desempleo.

De conformidad con los Tratados de Ámsterdam y Niza, y de acuerdo con el resultado del Consejo Europeo de Tampere, hemos aprobado varias medidas e instrumentos legales destinados a tres categorías, a saber, los solicitantes de asilo, las personas desplazadas temporalmente y los migrantes económicos. Como indica el ponente, el régimen de asilo de los Estados miembros se enfrenta actualmente a una crisis provocada por el abuso de los diversos procedimientos, el aumento de los flujos combinados, problema que se ve exacerbado a menudo por la labor de las redes de traficantes. Este fenómeno ha tenido terribles consecuencias, que se reflejan en la inquietud del público.

Por consiguiente, tenemos que adoptar una política que comprenda los tres elementos clave: en primer lugar, la aplicación de la Convención de Ginebra; en segundo lugar, las aspiraciones legítimas de los ciudadanos de terceros países de buscar mejores condiciones de vida, y en tercer lugar, la capacidad de cada Estado miembro y de la UE en su conjunto para acoger refugiados. Esta política de equilibrio debe arraigarse siempre en un marco conjunto de medidas conexas elaboradas tras el detallado examen realizado en Tampere. Asimismo debemos adoptar procedimientos armonizados, eficientes y expeditivos.

La Comisión ha elaborado propuestas y obtenido el dictamen del Parlamento en todos los ámbitos de la política de asilo a los que hacen referencia las conclusiones de Tampere. Por su parte, el Consejo no ha respetado los plazos establecidos en los Consejos Europeos de Tampere, Laeken, Sevilla y Salónica, y seguimos a la espera de sus decisiones cinco años más tarde. El Consejo Europeo de Salónica recordó al Consejo la necesidad de adoptar lo antes posible las propuestas de directivas aún pendientes sobre las normas mínimas en materia de asilo e inmigración. Se pidió a la Comisión que estudiara todos los parámetros para garantizar una entrada más ordenada y mejor gestionada en la UE de las personas que necesitan protección internacional y para estudiar la forma en que las regiones de origen pueden proteger mejor la seguridad de estas personas.

El debate de hoy gira e torno al informe del Sr. Marinho, a quien me gustaría dar las gracias por la calidad de su trabajo. El informe se basa en dos comunicaciones de la Comisión, que si bien son fruto de consideraciones diferentes, ambas se refieren, no obstante, a las premisas y objetivos básicos de un posible nuevo enfoque para establecer sistemas de asilo más accesibles y equitativos y mejor gestionados, y estudian nuevas vías que complementarán el enfoque gradual que se adoptó en Tampere.

En mi opinión, señor Presidente, para mantener un planteamiento general coherente destinado al establecimiento de una política común de la UE en materia de asilo e inmigración, deben estar presentes los siguientes elementos clave: la existencia de vías legales de inmigración, una política de integración, la gestión conjunta de los flujos migratorios, controles más rigurosos de las fronteras exteriores, un régimen europeo de asilo, negociaciones sobre acuerdos de readmisión y política común de devolución, la necesidad de luchar de forma eficaz contra el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal y la ayuda a las víctimas de estos delitos.

  Berthu (NI). – (FR) Señor Presidente, el informe Marinho sobre los regímenes de asilo en Europa me parece que se va por las ramas. En efecto, ¿cuál era la cuestión planteada? Se trataba, en primer lugar y ante todo, de saber qué respuesta hay que dar al informe presentado por el Gobierno británico al Consejo Europeo de primavera del año pasado, titulado «New international approaches to asylum processing and protection» (Nuevos enfoques internacionales en el tratamiento de las solicitudes de asilo y de la protección). Este informe, que era muy sensato, planteaba la amplia cuestión de la necesidad de retomar las riendas de unos regímenes de asilo actualmente pervertidos bajo la presión de inmensos flujos migratorios. Fue seguido de una comunicación de la Comisión que complica cuestiones simples y lía el asunto con el título «Hacia sistemas de asilo mejor gestionados, más accesibles y equitativos», título que desvía por completo el sentido del informe británico. Conviene destacar que el informe del Parlamento Europeo examinado hoy se apoya en gran medida en la comunicación de la Comisión, pero no menciona ni siquiera en sus vistos el informe del Gobierno británico. Semejante desprecio por un Estado miembro me parece difícilmente tolerable. Por ello, yo, por mi parte, basaré mis comentarios en ese informe.

Hace cuatro constataciones: una, la ayuda financiera a los refugiados está mal distribuida; dos, el régimen de asilo actual no beneficia a la inmensa mayoría de los refugiados, los más vulnerables, que siguen teniendo una escasa protección; tercera, la gran mayoría de los solicitantes de asilo en la Unión Europea no cumplen los criterios para obtener el estatuto de refugiado o una protección subsidiaria; cuatro, las personas a las que se deniega el derecho de asilo permanecen la mayoría de las veces en nuestros países de forma ilegal, sin ser devueltas a sus países de origen.

Ante estos desafíos, el informe británico pide en particular la creación de zonas de protección en las regiones de origen, a fin de ofrecer refugios accesibles y el establecimiento de centros de tramitación de tránsito, situados fuera de la Unión, a partir de los cuales se ofrecería a los refugiados admitidos el acceso a los países participantes, mientras que los demás serían devueltos a su país de origen. A estas cuestiones y a estas propuestas, el informe que se nos presenta hoy solo responde de forma esquiva. En particular, en el apartado 16 rechaza la idea de zonas de protección o de centros de tránsito exteriores a la Unión, porque no ofrecerían suficiente protección y, en el apartado 8 propone, en respuesta a la multiplicación de falsas solicitudes de asilo, ampliar las posibilidades de inmigración legal –como acaba de señalar hace un momento el Sr. Marinho, lo cual sería en verdad un remedio todavía peor.

En general, señor Presidente, este informe no parece tomar conciencia ni del dramático problema planteado a nuestras sociedades, que se juegan hoy su supervivencia, ni de la necesidad de revisar en profundidad nuestros procedimientos de asilo y orientar prioritariamente nuestros esfuerzos hacia la estabilización política y el desarrollo económico de los países de los que esa gente se ve empujada, en su desespero, a emigrar.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas.

13. Consignación en el presupuesto del FED

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0143/2004) del Sr. Scarbonchi, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la consignación en el presupuesto del Fondo Europeo de Desarrollo (FED).

  Scarbonchi (GUE/NGL), ponente. – (FR) Señor Presidente, desde 1959, el Fondo intergubernamental destinado a financiar la cooperación entre la Unión Europea y los países ACP, denominado FED, que abarca un período de cinco años en el marco de los Acuerdos de Cotonú, funciona mediante contribuciones de los Estados sobre la base de un reparto de los costes. Francia y Alemania aportan hoy cerca del 42% de la financiación global. El fondo es gestionado por la Comisión con delegación en los países beneficiarios.

Para el período 2003-2007 están disponibles más de 15 000 millones de euros para nuevos compromisos y más de 10 000 millones para pagos. Hay que señalar, lo cual es escandaloso, que están disponibles 11 000 millones de euros de saldo debido a que no se utilizaron en el sexto, el séptimo y el octavo FED. Tras numerosas tentativas infructuosas de la Comisión, esta pensó que, dado que el noveno FED expira en 2007, que la ampliación de la Unión ya habrá tenido lugar, que se ha lanzado el debate sobre el marco financiero a partir de 2006, era oportuno debatir de nuevo sobre la integración del FED en el presupuesto. La Comisión se sumaba así a la preocupación constantemente expresada desde hace años por el Parlamento, preocupado por la disciplina presupuestaria, la utilización rápida y eficaz de los recursos y el papel de codecisión que le adquiriría con la integración en el presupuesto, mientras que hoy su papel en este ámbito es inexistente y simplemente no puede desempeñar su tarea de control presupuestario.

Frente a los disfuncionamientos actuales, ¿cuáles son las ventajas de la integración en el presupuesto? En primer lugar, la legitimidad democrática a través del control parlamentario sobre la financiación del FED. En segundo lugar, poner fin a la pesadez de los procedimientos, racionalizarlos, simplificarlos, aproximarlos a los beneficiarios, acelerar la rapidez de los desembolsos, mejorar la eficacia de la ayuda. En tercer lugar, introducir transparencia. La complejidad del sistema actual lo hace totalmente opaco en materia de uso de los fondos. En cuarto lugar, en lo que se refiere al saldo pendiente de liquidar, es decir los 11 000 millones de euros de que hablaba antes, la integración en el presupuesto podría aportar mejoras significativas. En quinto lugar, garantizar la contribución de todos los Estados. Como saben, si el FED queda fuera del presupuesto, el valor global del décimo FED puede verse limitado por la escasa contribución de los diez nuevos miembros de la Unión Europea. En cambio, si el FED se incluye en el presupuesto, las contribuciones de los Estados miembros se fijarán de acuerdo con las normas presupuestarias. Sexto, evitar los retrasos de la entrada en vigor del FED en razón de la obligación de los Estados miembros y de los países ACP de ratificar el protocolo financiero de Cotonú. Si el FED se integra en el presupuesto, la ratificación desaparece, de lo que resulta una ganancia de tiempo en el uso de los fondos del FED.

Por supuesto, hay riesgos, y los países ACP, como algunos Estados miembros de la Unión, son especialmente sensibles a ellos. Los riesgos son: garantizar un nivel fijo de financiación, y el temor a que los fondos reservados a los países ACP se dediquen a otros usos o se transfieran a otras aplicaciones, como sucedió en el caso del Iraq o del Afganistán, o como podría suceder para la reconstrucción de un Estado. Esta preocupación es real, pero somos conscientes de que el presupuesto tiene medios técnicos para preservar los créditos asignados al FED. Las perspectivas financieras establecen a veces límites máximos para las rúbricas que duran varios años y, por tanto, bastaría crear una subrúbrica, como se hace actualmente en las rúbricas 1 y 7, para evitar y limitar este riesgo.

Está después el problema de la programación plurianual. El FED abarca cinco años. A lo largo de cinco años, los fondos pueden ser utilizados y prorrogados. El temor de los países ACP es que, en el marco de la integración en el presupuesto, al término de un año se pierdan los fondos no utilizados. Por ello pedimos, con el acuerdo de la Comisión, la elaboración de un reglamento que fije la plurianualidad del FED y que permita utilizar los fondos de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan y que prácticamente ya existen hoy. Es importante, porque ello permitiría tranquilizar a los países ACP, que no solo temen que descienda el importe global del FED, sino también perder gran parte de los fondos previamente asignados a ellos.

Después, es importante, desde el punto de vista psicológico, humano, político y técnico, asociar a los países ACP a la gestión de los fondos europeos de desarrollo. ¿Cómo? Lo proponemos en el artículo 11: simplemente dando a la Asamblea Parlamentaria ACP y a los países ACP la capacidad de cuestionar, de verificar y de protestar con respecto al uso de estos fondos, lo que se haría bajo el control del Parlamento Europeo y en codecisión con la Comisión.

Esto incluye elementos que quería presentarles rápidamente. Todos conocen bien este expediente. Si se aprueba mañana y, sobre todo, si obtiene en el futuro la aprobación de los Estados miembros –cosa que va a ser una tarea difícil, como también la de obtener la aprobación de los países ACP– sería una verdadera revolución, porque al fin la tercera política de la Unión no integrada en el presupuesto entraría en el marco del presupuesto de la Unión Europea, lo cual nos parece positivo tanto para nosotros como para los países ACP, y sobre todo para la política de desarrollo, que sin duda lo necesita.

  De Palacio, Vicepresidenta de la Comisión. (ES) Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir que la Comisión aprecia el informe del Parlamento y quiero agradecer el magnífico trabajo realizado por el ponente, Sr. Scarbonchi.

Quiero decir que la consignación presupuestaria del FED puede impulsar la eficiencia y la flexibilidad de nuestra ayuda al desarrollo como una contribución a la erradicación de la pobreza. Acabará con la peculiar situación de administrar la ayuda a estos países utilizando dos sistemas diferentes y podremos, así, incrementar la eficacia de los fondos. Además, permitirá implantar una normalidad política y presupuestaria, y simplificar y armonizar los procedimientos, permitiendo, además, reforzar la responsabilidad democrática, al hacer posible que el Parlamento Europeo desempeñe plenamente su papel de autoridad presupuestaria en este importante ámbito.

La consignación presupuestaria no pone en peligro los logros cualitativos del Acuerdo de Cotonú. No obstante, comprendemos la inquietud de los países ACP ante los riesgos relacionados con la misma, en particular con respecto al futuro nivel de ayuda.

Estamos totalmente de acuerdo con el Parlamento en que no debería producirse una reducción de los fondos destinados a la cooperación con los países ACP, y la Comunicación de la Comisión estipula claramente que la ayuda a estos países deberá mantenerse, como mínimo, en su nivel actual, y evolucionar, además, conforme al conjunto de la partida y, cuando menos, al producto interior bruto de la Unión Europea.

También coincidimos con el Parlamento en que deberíamos conceder un cierto grado de protección a los países ACP para evitar que los fondos que les son destinados se utilicen para otros fines. Creemos que la mejor solución para este problema es una reglamentación decidida conjuntamente entre el Parlamento y el Consejo, con un importe de referencia para un período anual.

La Comunicación de la Comisión sobre la consignación presupuestaria ha puesto en marcha un intenso debate, en diferentes instancias, con los países ACP, con los Estados miembros de la Unión, en el Parlamento y en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, y ha llevado la cooperación con estos países a la primera línea del debate político en un momento en que se están debatiendo las perspectivas financieras para el período.

El Consejo no ha adoptado aún una postura definida sobre la cuestión y la opción entre consignación presupuestaria o FED sigue abierta. Pero es necesario llegar a una postura de la Comunidad sobre la consignación presupuestaria en el curso de este año, ya que está previsto que las negociaciones sobre la revisión del Acuerdo de Cotonú se celebren entre mayo de 2004 y febrero de 2005.

Quiero agradecer -insisto- al ponente su trabajo y garantizarle que la Comisión entiende que el nivel de apoyo a los países ACP debe ser mantenido y que si hay nuevos apoyos a otros países o se incrementa el esfuerzo de la Comisión en otras áreas geográficas, distintas de los países ACP, no debe ser a costa de los países ACP, sino, sencillamente, incrementando el volumen global de los fondos destinados a estas políticas importantísimas de la Unión Europea.

  Virrankoski (ELDR), ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos. – (FI) Señor Presidente, en primer lugar me gustaría agradecer y felicitar al ponente por su excelente informe y porque este incluye la mayoría de las enmiendas presentadas por la Comisión de Presupuestos.

El Fondo Europeo de Desarrollo responde al deseo de los Estados miembros de ayudar al desarrollo de las regiones de Asia, el Caribe y el Pacifico. Actualmente, todos los Estados miembros de la UE participan en su financiación, si bien la manera en que lo hacen difiere ligeramente de la forma en que contribuyen de forma proporcional al presupuesto de la Unión Europea. La gestión del Fondo Europeo de Desarrollo resulta confusa. El acuerdo sobre el fondo debe ser ratificado por todos los Estados miembros de la UE y por dos tercios de los países beneficiarios. Normalmente esta ratificación tarda años. Y a resultas de ello siempre se producen retrasos en su ejecución y fluctuaciones en los niveles de financiación. Los fondos son gestionados por la Comisión, pero son las autoridades de los países ACP las que ejecutan los proyectos. Uno de los problemas consiste en la falta de capacidad administrativa de los países beneficiarios. El control parlamentario es deficiente. El Parlamento Europeo aprueba la gestión, pero resulta difícil dilucidar los procedimientos administrativas y clarificar la cuentas. Una de las consecuencias de este confuso sistema de gestión es la ineficiencia

Dado que cada fondo de desarrollo debe utilizarse en su totalidad, esto implica que los recursos restantes de fondos anteriores se transfieren a los fondos posteriores. Al mismo tiempo se ha producido un aumento de los compromisos pendientes de pago, que actualmente se elevan a 11 000 millones de euros. Y paralelamente se concede ayuda al desarrollo a los mismos países con cargo al presupuesto de la UE, por ejemplo, por un total de 700 millones de euros en 2002. Estos fondos se gestionan con arreglo al Reglamento financiero de la UE. Se aprueban durante el procedimiento presupuestario, la Comisión es responsable de la forma en que se utilizan y los estados financieros son examinados durante el procedimiento de aprobación de la gestión.

Para la cooperación al desarrollo de la UE y los intereses de los países ACP es importante que la gestión del Fondo Europeo de Desarrollo se simplifique y funcione de forma más eficiente. De ahí que la iniciativa de la Comisión consistente en consignar el FED en el presupuesto de la UE es la correcta. De este modo se simplificará la administración, que funcionará con más eficiencia, se estabilizará el procedimiento de financiación y se armonizará en un único proceso la financiación futura a través de la UE. Por este motivo, la Comisión de Presupuestos apoya la propuesta de la Comisión en esta materia.

  Van den Berg (PSE). – (NL) Señor Presidente, señor Comisario, esta no es la primera vez que este Parlamento pide que el fondo Europeo de Desarrollo se integre en el presupuesto de la UE. Se trata de una cuestión que ha figurado en el orden del día con puntualidad cronométrica durante los últimos 25 años. Sin embargo, en vista del punto en el que nos encontramos, Europa no debe ni puede dejar pasar la oportunidad. No será por nosotros, el Parlamento. Si el Consejo adopta la opinión del Parlamento, la Unión Europea dará un paso más hacia una auténtica política democrática y transparente.

El hecho de que el FED no forme parte de las competencias de la Autoridad Presupuestaria no corresponde a la época en que vivimos. Ni tampoco que el Parlamento no tenga algo que decir acerca del nivel de financiación, la programación o las asignaciones para cada país, región o sector. Después de todo, estamos hablando de la mitad del presupuesto total de ayuda al desarrollo de la UE. Hoy día, el FED escapa casi totalmente de nuestro control parlamentario, y esta falta de control no es corregida en absoluto por la única competencia que el Parlamento tiene sobre el FED, a saber, la aprobación de su gestión.

Aparte de este déficit democrático, el mantenimiento del FED fuera del presupuesto presenta un segundo inconveniente, que son las duplicaciones que se producen en los presupuestos anuales de la Unión y del FED. La financiación de la ayuda alimentaria, de la ayuda humanitaria y de las operaciones en los países ACP (Asia, Caribe y Pacífico) a menudo proceden del presupuesto comunitario. Esta duplicación implica que el mismo flujo monetario de ayuda pasa del mismo donante al mismo beneficiario en virtud de dos procedimientos distintos. Ese argumento debería convencer al Consejo. Asimismo, este hecho no concuerda con las reformas iniciadas hace un año en el sector de las relaciones exteriores de la Comisión.

La integración en el presupuesto del FED exige un cambio de procedimientos administrativos y un cambio de mentalidad. Pido expresamente una garantía de la Comisión Europea y del Comisario de que esta integración se llevará a cabo detenidamente y que el Acuerdo de Cotonú seguirá siendo el marco para el FED una vez integrado en el presupuesto, de modo que no se pierdan las ventajas que ofrece el sistema actual, como la participación recíproca de los países ACP y de Europa, y la programación plurianual del presupuesto. Sin embargo, en vista de las ventajas de la integración del FED en el presupuesto, esto no debe ser un impedimento para aprovechar esta oportunidad.

En cuanto al contenido, la integración del FED en el presupuesto comunitario implica que el Parlamento podrá contribuir realmente a la consecución de los objetivos del milenio. Y repito, la mitad de nuestro presupuesto se encuentra en el FED. Debemos establecer en los presupuestos de los países ACP que un mínimo del 35% de los fondos deben destinarse a bienestar social, un 20% de los cuales a educación y atención sanitaria. Debemos asegurarnos, no obstante, que las asignaciones específicas para países y regiones sigan siendo la base y que el traslado de inversiones solo se realice previa consulta a los países ACP.

Por último, me gustaría señalar que tras la integración del FED en el presupuesto debe mantenerse estrictamente el principio de coherencia, de forma que la ayuda y las manos se pongan a trabajar para luchar contra la pobreza. Señor Presidente, señor Comisario, esta propuesta de la Comisión se presta como pocas a hacer que el esfuerzo general que realiza Europa a favor de los países más pobres, los países ACP, resulte mucho más eficaz, más serio y sea objeto de un control más democrático. Espero que con su apoyo tendremos éxito en el Consejo. Espero que todos los países vean las ventajas que he enumerado.

  Rod (Verts/ALE). – (FR) Señor Presidente, el informe del Sr. Scarbonchi plantea una serie de buenas preguntas. Desde hace varios años, nosotros, los Verdes, luchamos por el control parlamentario y la transparencia, garantías de la democracia. Es normal que la asignación y la utilización de los créditos sean controlados por un órgano representativo y democrático. Es cierto que el FED no presentaba hasta ahora esas características.

La integración en el presupuesto es uno de los medios de garantizar el control de este programa. No obstante, plantea nuevos problemas. ¿Cómo evitar el riesgo de transferencia de una línea presupuestaria a otra si no se prevé alguna especie de barrera protectora? ¿Cómo combinar la compartimentación presupuestaria anual del Parlamento con el presupuesto quinquenal del FED? El informe no aporta suficientes soluciones; es una pena, porque las deficiencias mermarán la calidad del control.

Por otra parte, no se puede hablar del FED sin recordar otros riesgos de desnaturalización. ¿Cómo evitar que este programa –exclusivamente controlado por las instituciones europeas– favorezca, por ejemplo, a empresas europeas en los países ACP? ¿Cómo evitar que se prefiera desarrollar grandes proyectos beneficiosos para Estados poderosos en vez de las iniciativas de Estados menos influyentes o de microproyectos más cercanos a las necesidades de la población? Lo que es peor, ¿cómo asegurar que no servirá de medio desviado para financiar ejércitos so pretexto del mantenimiento de la paz? Todo esto desviaría al FED de su finalidad, que es el desarrollo.

Muy al contrario, sería más pertinente servirse del FED para acciones encaminadas a mejorar las políticas de salud pública o de preservación del medio ambiente, por ejemplo. De hecho, para servir al desarrollo, sería más lógico delegar el control en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP/UE. Ese sería un auténtico avance que garantizaría un control democrático real. En efecto, ¿quién está en mejores condiciones que la Asamblea Parlamentaria Paritaria, tanto desde el punto de vista de la legitimidad política como desde el de la capacidad, para pronunciarse sobre la asignación y la utilización de los créditos? Para ello habría que darle los medios y las responsabilidades. Todos los diputados y diputadas que han intervenido han expresado su apego a los principios democráticos. Para defenderlos y para que sean efectivos, no podemos contentarnos con el mero control del Parlamento. No obstante, apoyaremos este informe como símbolo de un primer paso decisivo, aunque sin duda insuficiente.

  Sandbæk (EDD). – (EN) Señor Presidente, lamento que este debate tenga lugar ahora que los países ACP todavía siguen elaborando su posición en torno a la consignación en el presupuesto. Transmite la señal equivocada de adoptar la decisión de la integración en el presupuesto sin un intercambio completo de opiniones con nuestros socios, concretamente porque no está claro cómo se mantendrá esta asociación después de la consignación del FED en el presupuesto de la Unión Europea. Es crucial abordar estas cuestiones en un diálogo abierto y constructivo con nuestros socios ACP y examinar todas las opciones a fondo antes de alcanzar una decisión.

El Sr. Scarbonchi y la Comisión ya han mencionado los beneficios evidentes que la consignación en el presupuesto supone para la Unión Europea. Yo no estoy tan segura como la Comisión de los beneficios para los países ACP, por ejemplo, en relación con el nivel de financiación, la predictibilidad y el carácter plurianual de los fondos. ¿Qué futuro depara la consignación en el presupuesto a la asociación entre los países ACP y la Unión Europea?

Se han propuesto varias formas de vincular el Fondo de Desarrollo a objetivos concretos en los presupuestos de la Unión Europea. Todas implican procedimientos presupuestarios especiales, la revisión de reglamentos financieros de la Unión Europea y de principios presupuestarios. ¿Cómo podemos garantizar que se adoptarán las modificaciones necesarias para la protección suficiente de los fondos? ¿Por qué la comunicación de la Comisión no hace un análisis explícito del posible impacto de la consignación en el presupuesto en los futuros niveles de compromisos o desembolsos?

De acuerdo con el artículo 274 del Tratado CE pueden hacerse transferencias y reasignarse los recursos entre rúbricas y subrúbricas. ¿Protegerá la autoridad presupuestaria el FED una vez incluido en el presupuesto, o se centrará en nuevos intereses de la Unión Europea, como los nuevos objetivos fijados en la reciente declaración sobre la lucha contra el terrorismo?

Estas son algunas de las preguntas cuyas respuestas quisiera conocer antes de formarme una opinión sobre esta importante cuestión. Tal y como he dicho antes, me gustaría celebrar este debate conociendo previamente la posición de los países ACP.

  Kinnock, Glenys (PSE). – (EN) Señor Presidente, felicidades y gracias al ponente. En primer lugar, nadie esta noche debería afirmar que la consignación en el presupuesto es para los países ACP una bala de plata para la entrega del FED. Sin embargo, en un principio debemos decir que la integración en el presupuesto significará que dejaremos de acumular cientos de millones de euros, tal y como ha ocurrido con el FED, un dinero destinado a países que por diferentes motivos no lo han gastado de forma eficaz. Es preciso que no infravaloremos, tal y como ha dicho la Sra. Sandbæk, las preocupaciones de los países ACP, pero se equivoca al decir que no existe diálogo en torno a la consignación en el presupuesto. Está teniendo lugar en estos momentos, los países ACP están preparando documentos y existe un evidente debate.

Para algunas de las cuestiones planteadas es necesario garantizar que se mantendrán y aumentarán los niveles de los recursos para los países ACP, y eso significa la necesidad de acordar conjuntamente con los países ACP un marco financiero de cinco años. Podemos suponer con bastante seguridad que el Parlamento, la Comisión y los países ACP están de acuerdo en que es preciso vincular los fondos a objetivos concretos en un marco financiero de cinco años. La propuesta que lancé hace algún tiempo de la necesidad de tener subrúbricas no ha encontrado un gran apoyo. Todavía podríamos optar por apoyar esta propuesta con la Comisión, pero en torno a la limitación a objetivos concretos existe un verdadero consenso.

Tal y como están las cosas, creo que los países ACP pueden defenderse ahora solos ante los presupuestos sobre la base de que no es, en absoluto, la región peor situada entre aquellas con las que tratamos en el ámbito de las relaciones exteriores. Resulta bastante condescendiente presuponer o sugerir que los países ACP no podrán gestionar esa relación al amparo de los presupuestos.

La financiación plurianual de proyectos suscita preocupaciones. Actualmente, en virtud del presupuesto se aplica la cláusula llamada de suspensión y, sin duda alguna, se presionará a los países ACP a que concluyan en un período de tres años. Pero, personalmente, no tengo ningún problema con un período de tres años. A menudo he estado más preocupado por lo que me gustaría decir en torno a proyectos que han dejado de ser eficaces, que debían terminarse y cerrarse, por lo que un período de tres años es un plazo bastante cómodo para trabajar.

A los países ACP les preocupa si la cogestión será eficaz y el papel de las NAO. Me parece que la prioridad principal de los países ACP no es solo cómo mantener la administración de la ayuda de los países ACP, sino cómo mantener la titularidad de sus propias prioridades y sus propias estrategias de desarrollo. No debería haber ningún problema fundamental con la firma de contratos por la delegación de la Comisión, ¿por qué iba a ser un problema, ya que, sin lugar a dudas, aceleraría el proceso? He visto muchos NAO ahogándose bajo licitaciones y contratos. Es mejor que dispongan de los medios para abordar las prioridades de desarrollo.

Por último, los principios de asociación constituyen el núcleo del Acuerdo de Cotonú. Queremos que los países ACP ocupen el centro del diálogo y, tal y como han dicho otros, la Asamblea Paritaria Parlamentaria desempeña un papel importante y nos ayuda a centrar la atención de la Comisión en las opiniones de los países ACP y de sus parlamentarios.

  Maes (Verts/ALE). – (NL) Señor Presidente, me complace unirme a sus felicitaciones y doy las gracias al ponente por su informe, porque la integración del Fondo Europeo de Desarrollo en el presupuesto es un deseo anhelado durante mucho tiempo. No solo por la falta de transparencia, tanto en la toma de decisiones como en la ejecución. Tenemos que reconocer que los procedimientos fueron especialmente engorrosos y hemos sabido que se produjeron retrasos desesperados, hasta tal punto que ha surgido un retraso de 11 000 millones de euros en fondos asignados que corresponden a pagos que todavía han de realizarse. Es especialmente sorprendente para la opinión pública descubrir que la pobreza en los países en desarrollo está aumentando sin cesar y que no hay un modo eficaz de canalizar el dinero y de apoyar los proyectos necesarios de modo directo y eficiente.

Consideramos muy deseable esta consignación en el presupuesto, aunque somos conscientes de que no se trata de una varita mágica. Hasta ahora ha sido cuestión de contribuciones voluntarias, y nos preguntamos si aseguraremos las garantías de que los fondos se mantendrán. Sin duda, el Comisario nos ha prometido que será así, pero todavía hay que prever los mecanismos relevantes. Asegurar el nivel de los fondos es una cosa, pero la garantía de que podremos opinar al evaluar si los objetivos del milenio serán tomados en serio es otra.

Para mí no se trata en absoluto de reducir la autonomía de los países ACP a este respecto. Después de todo, cualquier intervención tendría que realizarse sobre la base de un documento de estrategia nacional y un plan de acción comunitario en el que debemos tomarnos en serio la participación de los países ACP. Entiendo el malestar de nuestros socios ACP en parte, pero no obstante sería una decepción si la consignación en el presupuesto se realizara para beneficio de la transparencia pero no hubiera eficacia en el gasto de los fondos. Por lo tanto, espero que podamos mantener el nivel y aumentar la eficacia y la transparencia.

  Junker (PSE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, soy diputado a esta Cámara desde hace quince años, y durante quince años mi Grupo ha solicitado la consignación del FED en el presupuesto. Es una situación insostenible que un fondo con un presupuesto general de este nivel no esté sujeto a ningún tipo de control parlamentario democrático. Creo que es esencial establecer este tipo de control. El informe del Sr. Scarbonchi describe un abanico suficiente de opciones para salvaguardar este control sin perjudicar a los países ACP, porque sin duda hay que considerar de forma especial la garantía de que ningún país ACP quede en situación de desventaja.

Hasta ahora, el Consejo ha estado jugando una especie de partida de póquer respecto a esta cuestión, razón por la cual la entrada en vigor del 9º FED se retrasó hasta el año 2003. Es absolutamente esencial que el Parlamento, en colaboración con la Asamblea Parlamentaria Paritaria, pueda ejercer su influencia. Por supuesto que hay que dar prioridad a la realización de los objetivos definidos en el Acuerdo de Cotonú, pero el Parlamento Europeo también puede ejercer su responsabilidad de cara al público, cosa que no ha sucedido hasta ahora.

Permítanme resumir algunas de las solicitudes expuestas en el informe y que son indispensables: en primer lugar, salvaguardar los principios de asociación con los países ACP, cosa que creo que está garantizada; en segundo lugar, establecer la seguridad y previsibilidad jurídicas, especialmente para los más pobres de entre los pobres, es decir, los países menos desarrollados, a los que preocupa –no sin razón– que puedan irse con las manos vacías.

La tarea es facilitar una planificación financiera a medio plazo y no aferrarse al principio de anualidad, que imposibilitaría la cooperación para el desarrollo a largo plazo. Sin duda, y sobre todo, como han dicho varios oradores, deben garantizarse ciertos niveles de financiación del desarrollo para los países ACP. Sin embargo, es todavía más importante impedir que estos fondos se reduzcan para hacer frente a las necesidades de otros lugares. En su lugar, los recursos deben estar comprometidos y disponibles para los países ACP y su uso debe acordarse con ellos sobre la base de la asociación. Siempre que estos criterios se cumplan, creo que también eliminaremos cualquier idea preconcebida y cualquier reserva. Con este fin, esperamos recibir apoyo no solo de la Comisión sino también, y sobre todo, del Consejo.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas.

14. Seguridad de las aeronaves de terceros países que utilizan los aeropuertos de la Comunidad

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0125/2004) de la Sra. Maes, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el Texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, sobre la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de las aeronaves de terceros países que utilizan los aeropuertos de la Comunidad.

  Maes (Verts/ALE), ponente. – (NL) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, hemos llegado a la conclusión de una directiva que ha estado avanzando durante años y que, en realidad, siempre ha estado impulsada por el desastre. Espero que este no sea el caso del resultado futuro y definitivo.

Fue en el año 1996 cuando la Comisión presentó por primera vez una propuesta de directiva concebida para mejorar la seguridad de la aviación en nuestra Comunidad, para incluir los aviones de terceros países. En ese momento el procedimiento no pudo concluirse con éxito debido a un conflicto entre el Reino Unido y España acerca de Gibraltar. Por lo tanto, no fue hasta el desastre de 11 de septiembre de 2001, cuando la crisis estalló en el mundo de la aviación, que todos apreciaron el hecho de que ahora sí tenían que ponerse a trabajar para garantizar la seguridad y tranquilizar a los ciudadanos.

Entonces trabajamos con la máxima celeridad, y tras la primera lectura en el Parlamento, el 3 de septiembre de 2002, la Comisión presentó una propuesta modificada el 26 de noviembre, que incluía 13 de las 19 enmiendas aprobadas por el Parlamento. No estuvo mal. El Consejo adoptó su posición común sobre esta cuestión en junio, y el Parlamento concluyó su segunda lectura el 9 de octubre con la aprobación de cinco enmiendas. Por ejemplo, en cuanto a los requisitos del informe anual, el poder de la Comisión para imponer medidas impuestas por un Estado miembro, como la denegación de acceso al territorio o las condiciones operativas para una compañía, y ampliarlas a toda la Comunidad, y la aceleración de los procedimientos de aplicación.

Entonces sucedió otro desastre que hizo que las cosas se aceleraran. Esta vez fue el accidente de Flash Airlines, en el que murieron 149 personas en Sharm el-Sheikh. Entonces pudimos entablar con gran rapidez un diálogo a tres bandas, en el que se debatió en especial la cuestión de la transparencia, que ahora también se estaba debatiendo en todos los círculos y por parte de la opinión pública. Posteriormente adoptamos un propuesta de compromiso del Consejo con la condición de que se realizaran algunos cambios más. En principio al Consejo no le gustó la idea, pero sin embargo pudimos finalizar el proceso con éxito y esto nos complace.

Habrá un informe anual con datos agregados, que incluirá toda la información. Por insistencia del Parlamento, el informe también estará a disposición de las partes interesadas. También debe ser sencillo de entender y debe aclarar si hay alguna posibilidad de un riesgo de seguridad adicional para los viajeros. Hicimos bastante hincapié en este punto sensible. Por tanto, me complace que los poderes de la Comisión respecto a Estados o compañías que no apliquen las normas de seguridad internacionales hayan aumentado de modo significativo. De acuerdo con la posición común del Consejo, sin embargo, solo puede plantearse a modo de recomendación. No obstante, ahora hemos tenido éxito al reforzar sustancialmente los poderes de la Comisión a este respecto. Nos complace el procedimiento que se está siguiendo a este respecto, porque es precisamente este procedimiento el que nos garantiza que será posible trabajar con mucha claridad, transparencia y en público.

Sin duda, no estamos ciegos ante el hecho de que la totalidad del proceso está lejos de haber terminado. Me gustaría recordar a la Comisaria sus propias palabras acerca de las compañías chárter. A menudo no sabemos quién realiza el vuelo de viajeros a los que han informado de todos los demás detalles de su viaje. En este terreno será necesaria una nueva iniciativa. También creo que debemos tener en cuenta los comentarios de las personas que están llevando a cabo actualmente el procedimiento SAFA. Los encuentro en un informe sobre las inspecciones de la aviación belga según los procedimientos SAFA. Se dice en el informe que no debemos esperar demasiado de ellos, porque en realidad hay muy poco tiempo para realizar estas inspecciones con cierta exhaustividad y frecuencia.

Por lo tanto, creo que la aplicación posterior del procedimiento y de la directiva, y también el modo en que el público y las personas implicadas en los aeropuertos son informados y puede que desempeñen un papel a la hora de dar la alarma, dará pie a un ajuste posterior de los procedimientos. Espero que las demás directivas que van a adaptarse incluyan las mismas garantías, para que esta directiva ofrezca la plena garantía de que todos los viajeros que embarquen en un avión, ya sean de un tercer país o de un Estado miembro, tengan las mismas garantías respecto a su seguridad. Para esto hace falta voluntad política y no nuevos desastres, espero.

  De Palacio, Vicepresidenta de la Comisión. (ES) Señor Presidente, Señorías, quiero en primer lugar agradecer a la Sra. Maes el magnífico trabajo que ha realizado a lo largo de este tiempo, siendo ponente de una Directiva, que, efectivamente, se presentó originariamente en 1997, pero que estuvo bloqueada por las diferencias existentes entre el Reino Unido y España con respecto a la cuestión de Gibraltar.

Sra. Maes, Naciones Unidas ha dicho muy claro que Gibraltar es una colonia. Lo cual resulta bastante chocante, que en Europa, en territorio europeo, sigamos teniendo una colonia, pero lo dice Naciones Unidas, nada más. En fin, quiero decir que hay que conocer los problemas que se esconden tras otros problemas con los que, a veces, nos encontramos.

Pero, gracias, no al problema de septiembre de 2001, sino gracias a que conseguimos de nuevo que el Reino Unido y España pusieran entre paréntesis esa cuestión y aceptaran una fórmula que no prejuzga nada, ni a favor de un país ni del otro, -sencillamente deja congelado el contencioso entre los dos países, al margen del avance en el ámbito de la Unión Europea y del resto de los países, incluso de ellos dos-, pudimos desbloquear esta cuestión.

Una cuestión que afecta no solo a esta propuesta, sino a otra serie de propuestas que había sobre el sector aéreo. Cuando yo llegué me encontré que había 9 ó 10, más luego toda la iniciativa "Cielo Único", pero en fin, en el año 2000 conseguimos desbloquear todo y hemos conseguido sacarlo adelante.

Efectivamente, el pasado 3 de enero esto volvió a surgir con una brutalidad tremenda, después de la trategia de Flash Airlines, que produjo numerosos fallecidos.

Una vez más, vimos que deberíamos haber actuado más rápidamente. Pero, por fin, lo hemos hecho. Ya en ese momento estábamos en el proceso de conciliación, ya habíamos avanzado muchísimo, e indudablemente eso lo que hizo fue facilitar la conciliación y quiero agradecer a la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación y al Consejo también, la labor que hicieron y que nos ha permitido -yo creo- una buena conciliación.

Una conciliación que va a permitir otorgar a los inspectores, a las autoridades nacionales y a la Comisión, los medios para identificar a transportistas extranjeros que no respetan las normas de seguridad internacionales y para impedirles el acceso a los aeropuertos de la Comunidad, en caso necesario, incluso el sobrevuelo del espacio aéreo europeo.

Quiero decir que, antes de ser aprobada, esta Directiva ya está causando efecto. Hace unas semanas concretamente, uno de los países de la Unión Europea, al hilo del programa SAFA, que existe ahora en el ámbito de la CEAC, detectó, en una compañía de un país tercero, graves deficiencias, y le ha prohibido el acceso a sus aeropuertos.

Pues bien, esta medida nos ha sido comunicada a nosotros, a la Agencia, a la Comisión, y también lo hemos comunicado a los países de la Unión y ya ha habido otros cuatro países que han seguido a ese país en la decisión de excluir a esa compañía aérea de sus territorios.

A la Sra. Maes quiero contestarle que, antes de que termine el mandato de esta Comisión, antes de dejar mi responsabilidad, espero haber presentado la modificación que permita aclarar cuáles son las compañías con las que se realizan vuelos chárter y, eventualmente, cualquier cambio que pueda dar lugar a unas garantías, a unos derechos, para los clientes.

Quiero agradecer a sus Señorías y al Consejo el trabajo realizado, el que mañana -espero- puedan respaldar el resultado de esta conciliación cuya aplicación, insisto, es absolutamente urgente, no solo de una manera informal como se está haciendo ahora, pues ya está aplicándose, sino de una manera plena para que surta todos sus efectos.

  Stockmann (PSE). – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quisiera empezar agradeciendo a la ponente la buena cooperación. La seguridad es la cuestión clave en los viajes aéreos, como lo es en otros sectores, pero especialmente en los vuelos, no solo desde el trágico accidente en Sharm-el-Sheik. Puesto que el transporte aéreo es mundial, cada vez más aviones de terceros países utilizan los aeropuertos de la UE. Una oveja negra basta para minar la seguridad. Por tanto, la directiva que vamos a aprobar mañana es sumamente importante en el contexto de la política de transporte y a los ojos del público en general.

Por fin establecemos procedimientos uniformes por toda Europa respecto a controles de seguridad en aviones de terceros países, garantizando así un alto nivel de seguridad. En mi opinión, los siguientes puntos son importantes: en primer lugar, la realización de controles uniformes de aeronaves sobre las que pese una sospecha particular, al igual que inspecciones sobre el terreno en el caso de aeronaves en las que ya se han identificado defectos con frecuencia en el pasado, y de todas las demás; y en segundo lugar, la recogida y diseminación de toda la información relevante en materia de seguridad, al igual que sobre incidencias concretas y las medidas aplicadas. Esta transparencia comportará tarde o temprano la existencia de listas negras o blancas. Por supuesto, preferiría listas blancas, que es lo que el Gobierno francés propuso una vez, como una especie de sello de calidad para las compañías aéreas seguras y también los organizadores de paquetes de viaje, que beneficiarían a todos los pasajeros y asegurarían una mayor transparencia. En tercer lugar, las medidas adoptadas a escala nacional, como prohibiciones de vuelos, etc., pueden extenderse a todos los Estados miembros de acuerdo con el procedimiento relevante. En mi opinión, dado el creciente volumen de tráfico aéreo, estos esfuerzos para alcanzar la armonización llegan en el momento oportuno.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas.

15. Atribución de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0217/2004), en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios (Ponente: Sr. Stockmann).

  Stockmann (PSE), ponente. – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, los Ministros de Transporte de la UE adoptaron finalmente una posición común acerca de la reforma del Reglamento de franjas horarias a finales del año pasado. Y digo «finalmente» porque el Parlamento había esperado más de año y medio. No obstante, la posición común tiene en cuenta muchas de las enmiendas del Parlamento, aunque no todas. Permítanme señalar algunos ejemplos.

En primer lugar, la independencia del coordinador se mantiene intacta. En este contexto, pensamos que era importante asegurar una separación entre coordinadores y cualquier parte individual, para garantizar la independencia financiera de los coordinadores, y sobre todo para proteger a los coordinadores de las reclamaciones por daños. El Consejo asumió esta cuestión. Los coordinadores están protegidos de las reclamaciones por daños, excepto en casos de negligencia grave o mala conducta intencionada. Esto garantiza su independencia y significa que no son susceptibles de presión financiera indebida.

Al mismo tiempo se han ampliado los poderes de los coordinadores para imponer multas en caso de mal uso de las franjas horarias. El avance más importante para el futuro es, sin duda, el reconocimiento por parte de los Ministros de Transporte de la nueva definición de franjas horarias como derechos de uso. Este cambio del sistema es esencial, en mi opinión, también para la segunda fase del futuro Reglamento de franjas horarias.

El Consejo también ha seguido nuestra decisión y ha mantenido la flexibilidad y la seguridad de planificación para las compañías aéreas. Por ejemplo, la reprogramación de los grandfather’s rights sigue siendo posible, bien por razones operativas o bien si la reprogramación de una serie de franjas horarias supone para el operador una mayor aproximación a las franjas horarias solicitadas originalmente. En este punto creemos que la Comisión era demasiado restrictiva. Además, la gama de excepciones a la regla de «o lo usas o lo pierdes» se han ampliado. Ahora, hechos impredecibles como los del 11 de septiembre y circunstancias inevitables ajenas a la voluntad de las compañías aéreas no comportan la retirada de una franja horaria.

Estos ejemplos muestran que desde la perspectiva del Parlamento –desde nuestra perspectiva– hemos hecho un buen negocio. Por ello tenemos la intención y deberíamos votar a favor de la posición común sin enmiendas para que el Reglamento pueda, por fin, adoptarse.

Hay un punto que reviste una gran importancia para mí, y es el famoso artículo 8a del Reglamento, que trata de la movilidad de las franjas horarias. A este respecto, los Ministros de Transporte suprimieron la prohibición de negociar las franjas horarias. Esto quiere decir que todavía hay un agujero negro en el Reglamento en el que desaparecen franjas horarias. Quiere decir que las franjas horarias se seguirán negociando de manera poco transparente y desigual, y no solamente en Heathrow. Es una situación insostenible para el mercado interior. Por ello, insto a la Comisión a que presente una nueva propuesta antes de finales de año. Esta propuesta debe establecer reglas claras y transparentes para la negociación de las franjas horarias a escala de toda Europa. Solo entonces estará completa la reforma del sistema de atribución de franjas horarias.

Quisiera dar las gracias a todos mis colegas diputados por su buena cooperación.

  De Palacio, Vicepresidenta de la Comisión. (ES) Señor Presidente, Señorías, creo que hemos avanzado mucho con respecto a la propuesta de revisar las actuales normas comunitarias sobre la asignación de las franjas horarias en los aeropuertos. Quiero decirles también que, en su momento, celebré el planteamiento pragmático que ha mostrado siempre el Parlamento con este dossier y quiero felicitar al ponente Sr. Stockmann por el magnífico trabajo que ha realizado.

A mí tampoco me gusta todo el contenido de la posición común del Consejo -lo sabe muy bien su Señoría- y, concretamente, que el Consejo no haya aceptado los pequeños elementos que se habían introducido en el aspecto de la comercialización de slots, que permitían clarificar la situación actual. Pero si yo no hubiera dado también esa muestra de pragmatismo, por desgracia, esto seguiría bloqueado.

Como muy bien ha dicho su Señoría y todos sabemos, dentro del documento hay elementos muy positivos, desde el punto de vista técnico, que hacen que merezca la pena que consigamos sacarlo adelante. Lo más importante es que, por fin, sabemos lo que es un slot, sabemos lo que es una franja horaria, porque, hasta ahora, no sabíamos qué naturaleza jurídica tenía. No sabíamos muy bien qué era eso, que tiene un valor enorme -y lo hemos visto en el caso de compra, venta o quiebra de compañías aéreas. Se llama grandfather rights, pero ¿qué tipo de derechos? Ahora ya sabemos de qué tipo de derechos se trata. La clarificación de la naturaleza jurídica de las franjas horarias es lo que nos va a permitir pasar al siguiente paso, Señoría, que espero poder dejar presentado antes de fin de año. Y, en ese sentido, hice una declaración al acta del Consejo cuando adoptó la posición común, que yo acepté, de que antes de fin de año presentaremos una propuesta legislativa para plantear la clarificación y la regulación adecuada del mercado, del intercambio y de la negociación de estos derechos.

Hoy procedemos a la aprobación de la naturaleza de esos derechos. Con esa propuesta podremos establecer, además del sistema actual, que no deja, en teoría, ningún tipo de negociación de esos derechos, una clarificación de cómo se pueden negociar esos derechos dentro de un sistema transparente, teniendo muy en cuenta que hay aspectos de servicio público claramente asociados a la utilización de esas franjas horarias en distintos aeropuertos.

En cualquier caso, para ello, hemos iniciado ya el trabajo preparatorio. Estamos consultando a los Estados de la Unión, así como a los distintos interesados. Ya lo hicimos en su momento, antes de hacer esta propuesta. Las respuestas que entonces obtuvimos no eran las más adecuadas. Espero que ahora las obtengamos y nos permitan presentar ese documento antes de fin de año y, en cualquier caso, creo, Señoría, que el paso adelante que damos hoy es importantísimo y que mejora enormemente tanto el aspecto técnico como el aspecto jurídico. Por fin decimos qué es un slot, lo que no es poco, teniendo en cuenta su valor económico en este momento.

  Jarzembowski (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señora Vicepresidenta, señora Maes, señor Stockmann, personal de la Comisión, Señorías, sin duda somos un agradable grupito de expertos.

Mi Grupo apoya la recomendación del ponente de que se apruebe la posición común. También quisiéramos agradecer al ponente su trabajo entre bastidores con el Consejo. Es importante concluir este asunto. Señora Comisaria, señora Vicepresidenta, creo que es esencial que al reformar el Reglamento de franjas horarias, acordemos la nueva definición de franjas horarias como derechos de uso. Una franja horaria solo da derecho a las compañías aéreas a usar las instalaciones del aeropuerto para despegues y aterrizajes en fechas y horarios específicos. Estos derechos de uso no representan ningún tipo de derecho de propiedad, ni para los aeropuertos ni para las compañías aéreas. Las franjas horarias son buenas en general. Esa es la cuestión clave.

Le estoy enormemente agradecido, señora Vicepresidenta, por afirmar que se esforzará por presentar una versión revisada del nuevo Reglamento para noviembre. Personalmente, creo –y en este punto sigo la línea adoptada por el ponente en su informe– que es esencial aclarar que las franjas horarias no pertenecen al aeropuerto o a las compañías aéreas, lo cual significa que no son negociables. Podemos concebir todo tipo de reglas de negociación y enmiendas, pero permítanme decir esto: las franjas horarias de British Airways en Heathrow no son propiedad de British Airways ni pueden cambiarse por generosas sumas de dinero. Las franjas horarias son buenas en general, en Francfort, París o en cualquier otro aeropuerto. Estoy muy agradecido al Consejo, al Parlamento y a la Comisión por haber acordado reforzar el papel y la independencia de los coordinadores, porque el papel de los coordinadores es asegurar el uso efectivo de los aeropuertos y el espacio aéreo en interés común, no crear ventajas o desventajas para las compañías aéreas o aeropuertos. El objetivo debe ser asegurar el mejor uso posible de los aeropuertos por las compañías aéreas y los pasajeros en términos económicos y medioambientales. Por ello, estoy agradecido al Sr. Stockmann por concluir este asunto con éxito antes del final de esta legislatura. Mañana todos deberíamos votar a favor de su informe.

  De Palacio, Vicepresidenta de la Comisión. (ES) Señor Presidente, señor Jarzembowski, estamos todos de acuerdo en que los slots son bienes públicos. Se trata de un sistema de atribución de un bien público -lo que en España llamamos una concesión, un derecho de uso de un bien público que se atribuye en unos contextos y en unas circunstancias determinados. Una vez que se haya definido en qué consiste, quizás pueda establecerse que el titular negocie ese bien público, o ese derecho, durante un período de tiempo indefinido o limitado. Eso es lo que hay. De hecho, es una práctica que, de manera opaca, se realiza actualmente en algún aeropuerto europeo.

De lo que se tratará con la próxima propuesta es de introducir transparencia en esos intercambios, en esas negociaciones, guardando siempre la condición de bien público. Al tener la franja horaria una condición de bien público, la autoridad pública siempre tiene unas prerrogativas que, en cualquier caso, siguen manteniéndose. Entre ellas está la de poder reglamentar cómo se pueden hacer esos intercambios, bajo qué condiciones, etc. Eso es lo que habrá que resolver en la próxima iniciativa.

Si no me equivoco, creo que estas dos iniciativas que hemos discutido hoy -la conciliación sobre la seguridad en las aeronaves de terceros países y la segunda lectura sobre la propuesta de normas comunes para la asignación de franjas horarias- son las dos últimas iniciativas sobre el sector aéreo que vamos a aprobar en este Parlamento.

Solo se encuentran aquí tres de los esforzados habituales de la "Casa" -al final, somos siempre los mismos los que nos vemos en estas discusiones-, pero son tres muy significativos con los que, a lo largo de todos estos años, he trabajado, he colaborado maravillosamente bien, para dar un impulso espectacular al sector aéreo europeo, y citaré, entre otros, el "Cielo Único", determinados aspectos de seguridad, la Agencia de Seguridad Aérea, los derechos de pasajeros o los slots. A ellos en particular quiero expresarles mi agradecimiento.

Quiero agradecerles el trabajo que hemos realizado, la colaboración muy positiva que ha habido a lo largo de todo este tiempo y también quiero aprovechar para agradecer a los servicios de la Comisión su magnífico trabajo, que ha permitido y facilitado esta cooperación y, desde luego, también al Consejo que nos ha permitido salir adelante.

Entre tanto, antes de que concluya el mandato de este Parlamento, es posible que tenga alguna noticia bastante buena sobre las negociaciones con los Estados Unidos en el sector de la zona transatlántica común de aviación o, por lo menos, con respecto a los primeros pasos. Sé que el Secretario de Transportes, Sr. Minetta, va a comparecer ante este Parlamento y creo que eso también facilitará los debates.

  El Presidente. Muchas gracias, Señora Comisaria.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas.

Hemos agotado el orden del día. Sr. Jarzembowski, tiene usted la palabra.

  Jarzembowski (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, a la luz del tiempo ahorrado, permítame hacer dos comentarios: en primer lugar, señora Vicepresidenta, está en lo cierto. Es esencial tener en cuenta los grandfather’s rights en relación con las franjas horarias, pero esto no debe llevar a la compraventa de las mismas.

En segundo lugar, nos complace que venga el Sr. Minetta y nos complace que las conversaciones acerca del espacio aéreo común estén avanzando, pero les recordaría el siguiente proverbio: «Cuidado con los griegos que traen regalos.» Esto también se aplica a los americanos. Como uno de los diputados más antiguos de esta Cámara, permítanme decir que ha sido un placer trabajar con ustedes, especialmente en la cuestión del transporte aéreo, durante un período tan largo. Muchas gracias, señora Vicepresidenta.

  El Presidente. Muchas gracias, señor Jarzembowski.

La próxima sesión tendrá lugar mañana jueves⁽¹⁾.

(Se levanta la sesión a las 22.40 horas)

(1) Oden del día de la próxima sesión: Cf. Acta.