Acta literal de los debates

Jueves 13 de enero de 2005 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR. FRIEDRICH
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 10.05 horas)

2. Comunicación del Presidente

  Presidente. Señorías, señor Comisario, buenos días. Ayer sucedió algo que causó cierta sensación. Alrededor de las 15.00 horas, el señor Batten hizo una declaración sobre un incidente en el que supuestamente se había visto implicado nuestro personal de seguridad, y eso provocó un debate muy acalorado. El Presidente, en el plazo de 24 horas que se establece en el artículo 166 del Reglamento, ha tomado una decisión, que ahora paso a comunicarles.

Ya se ha informado a los Cuestores del incidente de ayer y lo van a investigar. Van a entrevistar a todas las personas implicadas y después presentarán un informe al Presidente.

Por tanto, doy por sentado que ese incidente puede considerarse cerrado por ahora, ya que habrá una investigación. Así pues, procederemos como siempre con el orden del día.

3. Resultado de las elecciones en Ucrania

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre los resultados de las elecciones de Ucrania.

  Potočnik, Comisión. (EN) Señor Presidente, es un honor y un placer para mí exponer el punto de vista de la Comisión sobre las elecciones presidenciales en Ucrania. Ya han pasado más de siete semanas desde lo que se ha venido a llamar la revolución naranja de Ucrania. Los acontecimientos ocurridos durante ese período han demostrado que los ciudadanos de Ucrania se sienten comprometidos con la democracia y también que los Estados miembros de la UE, al actuar conjuntamente, pueden desempeñar un papel importante.

Permítanme que aborde ahora tres cuestiones. En primer lugar, ¿cuánto ha avanzado Ucrania desde la primera vuelta de la segunda ronda electoral del 21 de noviembre de 2004 y qué significará esto para el país en el futuro? En segundo lugar, ¿qué papel ha desempeñado la UE en la ayuda a Ucrania a encontrar una solución pacífica a la crisis? En tercer lugar, ¿cuáles son los retos actuales en la relación entre la Unión Europea y Ucrania?

Comenzaré con el curso de los acontecimientos en Ucrania y lo que significa para el futuro. Lo más importante es que Ucrania ha sido capaz de encontrar una solución pacífica a la crisis a la que se enfrentaba tras las graves deficiencias detectadas en las elecciones presidenciales y, sobre todo, en la primera vuelta de la segunda ronda del 21 de noviembre. Esta situación supuso una amenaza para el ordenamiento jurídico del país y su integridad territorial, aunque ambas cosas se han mantenido incólumes. La misión internacional de observación del proceso electoral, conducida por la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, declaró que la repetición de la segunda ronda de las elecciones presidenciales el 26 de diciembre acercó Ucrania a las normas internacionales. Es una señal positiva.

El compromiso político alcanzado el 8 de diciembre de 2004 fue importante, puesto que preparó el terreno para una nueva segunda ronda de las elecciones presidenciales. Esperamos firmemente que el compromiso también ayude a estimular el proceso de democratización de Ucrania. Se acordaron importantes cambios constitucionales, estableciendo el marco para el desarrollo interno del país en los próximos años. Asimismo, el papel del Parlamento ucranio ha salido fortalecido.

Los recientes acontecimientos han demostrado el firme apego de los ucranios a la democracia. Acogemos este hecho con gran satisfacción. Se necesitarán esfuerzos adicionales para proseguir sobre esta base y llevar adelante el proceso de democratización en los años venideros. Esperamos sinceramente que la celebración de las elecciones parlamentarias el año que viene refleje un nuevo avance hacia la democratización.

A continuación, la segunda pregunta: ¿cómo ha ayudado la UE a Ucrania a encontrar una solución pacífica? La UE ha prestado apoyo político sostenido para ayudar a los ucranios a encontrar una solución pacífica a la crisis. Habló con una sola voz, instando a las autoridades ucranias a que guardaran la compostura y a todos los partidos a que se expresaran exclusivamente por medios no violentos.

La UE ayudó además a preparar el terreno para el compromiso político del 8 de diciembre de 2004, con mediadores europeos, incluidos el Alto Representante, el señor Solana, el presidente polaco, el señor Kwasniewski, y el presidente lituano, el señor Adamkus, que contribuyeron enormemente a facilitar los contactos.

La Unión Europea ha realizado también una importante contribución, junto con la comunidad internacional más amplia, al ayudar a asegurar que la repetición de la segunda ronda de las elecciones fuese limpia y libre. Concretamente, la UE envió a 587 observadores procedentes de los Estados miembros en misión de breve duración para las elecciones del 26 de diciembre. La participación en la misión de observación de un equipo de nueve diputados al Parlamento Europeo, encabezados por el señor Siwiec, fue una contribución importante. La Comisión Europea financió la participación de 150 observadores adicionales, procedentes de Estados miembros de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) no pertenecientes a la UE, también en misión de corta duración, así como actividades educativas para los votantes. En general, la UE desempeñó un papel muy significativo ayudando a garantizar que las elecciones del 26 de diciembre se llevasen a cabo correctamente.

Por último, ¿cuáles son los retos actuales en la relación entre la Unión Europea y Ucrania? Sin duda, ha llegado el momento de mirar con nuevos ojos nuestras relaciones con Ucrania, un país vecino y socio crucial de la Unión Europea. A través de los acontecimientos de las últimas semanas, los ciudadanos de ese país ya han demostrado claramente su voluntad de que Ucrania se convierta en una sociedad plenamente respetuosa de la democracia y las libertades fundamentales. No obstante, este no es más que el comienzo de un largo proceso que requerirá nuestro continuo apoyo.

La cuestión de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea no está sobre el tapete. La Política de Vecindad europea es diferente de la adhesión. Nos permitirá acelerar la relación en cooperación con Ucrania. En el marco del Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y Ucrania, abre nuevas perspectivas de asociación y cooperación e integración económicas, además de prometer una notable profundización de nuestras relaciones. La herramienta clave para poner esto en práctica es el plan de acción. El pasado diciembre, el Consejo apoyó el plan de acción de la Política de Vecindad europea entre la UE y Ucrania y decidió remitirlo al Consejo de Cooperación UE-Ucrania «tan pronto como lo permitan los acontecimientos en Ucrania». Todos creemos que ha llegado el momento de seguir adelante con este plan de acción. Fija prioridades clave, como por ejemplo un mayor fortalecimiento de la estabilidad y efectividad de las instituciones, la garantía de la democracia y del Estado de Derecho, la garantía de celebración democrática de elecciones en Ucrania, de acuerdo a las normas de la OSCE, y la garantía del respeto de la libertad de los medios de comunicación y de la libertad de expresión. Asimismo, establece un programa completo para nuestra labor con Ucrania en todas las áreas de cooperación, especificando acciones en el terreno del diálogo político, la justicia y los asuntos de interior, las relaciones económicas y comerciales, los contactos entre los pueblos, las actividades transfronterizas y la responsabilidad compartida en la prevención y resolución de conflictos. Esperamos que el Consejo de Cooperación UE-Ucrania, que se reúne el 21 de febrero, apoye este plan de acción, con lo que se allanará el camino para que Ucrania y nosotros procedamos a su implementación.

A petición del Consejo, el Alto Representante y el Comisario están elaborando propuestas concretas con miras a fortalecer la cooperación con Ucrania aprovechando plenamente uso del plan de acción y, por tanto, mejorando la relación de Ucrania con la Unión Europea. Desde el punto de vista de la Comisión, esta propuesta también debe tener en cuenta, en la medida de lo posible, las expectativas de Ucrania.

La Comisión está convencida de que el plan de acción de la Política de Vecindad europea es una herramienta suficientemente amplia y flexible para permitirnos responder a la nueva situación. La oferta que hace la UE en el plan de acción se puede modular para reflejar el progreso realizado por el socio. Cuanto más preparado se sienta un socio para dar pasos prácticos a fin de implementar valores comunes, más preparada estará la UE para fortalecer nuestros vínculos mutuos. El ritmo de avance en la Política de Vecindad europea dependerá pues del ritmo de avance que logre la nueva administración ucrania. Por tanto, no hay necesidad de renegociar el plan de acción con esa administración.

La UE ha reconocido repetidas veces las aspiraciones europeas de Ucrania y ha acogido con satisfacción la opción europea de este país. Los recientes acontecimientos dramáticos ocurridos en Ucrania han vuelto a confirmar el lugar de este país en el mapa europeo. No nos cabe ninguna duda de que dichos acontecimientos pasarán a la historia como un hito, no solo para Ucrania, sino también para las relaciones de la UE con ese país. La Unión Europea y Ucrania tienen el interés común de fortalecer sus vínculos culturales, económicos y políticos. Si Ucrania respeta plenamente sus compromisos, tal como están expresados en el plan de acción, la Comisión estará dispuesta a ayudar a garantizar que la Política de Vecindad europea comporte una mejora significativa de las relaciones entre la Unión Europea y Ucrania. Confiamos en que el Parlamento Europeo nos apoye en todos estos esfuerzos.

  Saryusz-Wolski (PPE-DE), en nombre del Grupo.  (PL) Señor Presidente, tras poco menos de dos meses, Ucrania vuelve a ser tema de debate en esta Cámara. Esa es una señal importante que refleja nuestro interés por los cambios y nuestra actitud positiva frente a ellos. Refleja también el papel especial que desempeñó el Parlamento Europeo, uno de los primeros en reaccionar ante la victoria de la democracia en Ucrania. El momento de las declaraciones ha pasado; ahora es el momento de actuar.

La silla vacía de la Presidencia de Luxemburgo, que ha preferido estar ausente en este debate, es reveladora. En el debate celebrado ayer en esta Cámara, recalqué el hecho de que en la lista de prioridades de la Presidencia de Luxemburgo no aparece Ucrania. Me ha decepcionado también mucho la posición extremadamente conservadora, moderada y estática adoptada por la Comisión Europea en esta cuestión.

Considerando los cambios ocurridos, sería totalmente inoportuno ofrecer a Ucrania el antiguo plan de acción. La democracia y los valores que también nosotros compartimos han triunfado en Ucrania, lo cual exige un cambio en la estrategia de la Unión Europea frente a ese país. Tenemos que ofrecer a Ucrania una nueva estrategia y un nuevo orden de relaciones, lo que significa que necesitamos nuevos instrumentos que sustituyan a los instrumentos negociados en una era anterior con el Gobierno del Presidente Yanukóvich.

Las numerosas manifestaciones de solidaridad y apoyo deben transformarse en una actuación decisiva y rápida, y no hay que olvidar que el tiempo es un factor muy importante. No podemos permitirnos el lujo de esperar; tenemos que actuar más allá de la mera retórica. Así pues, esperamos que tanto el Consejo como la Comisión adopten medidas inmediatas. El antiguo plan de acción elaborado en una era anterior ya no resulta apropiado dadas las nuevas condiciones del país y, por tanto, debe revisarse y ampliarse más allá del ámbito de la Política de Vecindad. Debemos apoyar a Ucrania en su intento de implantar la economía de mercado y asegurar la creación de un espacio de libre comercio entre la Unión Europea y Ucrania. Hay que ayudar a este país a entrar en la OMC (Organización Mundial del Comercio) y en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), y a aproximar su legislación a la de la Unión Europea. Debemos iniciar un diálogo político sobre cuestiones estructurales y, en el marco de ese diálogo, iniciar conversaciones con Ucrania en materia de seguridad energética y de lucha contra el terrorismo. Debemos considerar un régimen de visados simplificado para ese país y reemplazar el plan de acción por un acuerdo de asociación con Ucrania. Y ese trabajo relacionado con el acuerdo de asociación debe comenzar ya, para que pueda sustituir al plan de acción dentro de tres años. Por último, debemos ofrecer a Ucrania la perspectiva de la adhesión.

Las anteriores medidas deben servir de incentivo importante para las numerosas y trascendentales reformas políticas y económicas en Ucrania. Eso redundará claramente en nuestro interés y en el del triunfo de la democracia en toda Europa Oriental. Gracias.

(Aplausos)

  Wiersma (PSE), en nombre del Grupo. – (NL) Señor Presidente, en este Parlamento podemos hoy celebrar con satisfacción el resultado de la tercera ronda de elecciones presidenciales en Ucrania. La crisis de Ucrania ha culminado en una gran victoria de la democracia y la libertad en un país que, en la última década, ha estado a punto en varias ocasiones de convertirse en un estado autocrático. Además, es una agradable sorpresa para la Unión Europea, y sobre todo para esta Cámara, que han desempeñado un papel protagonista en el resultado positivo de los acontecimientos en Ucrania.

Al final, la democracia se ha abierto camino en Ucrania. Puesto que los ucranios pudieron expresar libremente la dirección que querían que tomara su país, el resultado refleja la voluntad de la ciudadanía. Lo que ha ocurrido en Ucrania en los últimos meses es un cambio fundamental, una especie de levantamiento democrático que no ha acabado en violencia, como suele ocurrir en otros casos, y por ello debemos dar las gracias a todos los implicados.

Este es el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Ucrania. El Gobierno del nuevo Presidente tendrá, como primera tarea, que consolidar la democracia y el Estado de derecho, además de desarrollar la economía. Creo que todos estamos de acuerdo en que la Unión Europea debe poner en práctica, con carácter urgente, el plan de acción que la Comisión Europea ha presentado en el marco de la Política de Vecindad para fortalecer al máximo nuestros lazos con Ucrania en este contexto. De ahí se deduce la necesidad de aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece ese plan de acción.

Sin embargo, los acontecimientos ocurridos constituyen un gran desafío no solo para Ucrania. La Unión Europea tiene que reconsiderar su estrategia frente a este país. Ya no basta con que la Unión Europea se limite a intensificar el diálogo restringido que siempre ha mantenido, a pesar de la políticas del Presidente saliente, Kuchma, con el régimen anterior. En estos momentos, Europa se enfrenta a la tarea de modificar las relaciones políticas con Ucrania, porque el país ha elegido como Presidente a alguien que nunca ha ocultado su orientación y sus aspiraciones europeístas. Quienes avanzan hacia la democracia, avanzan hacia Bruselas en lugar de hacia Moscú, y creo que debemos tener esto muy en cuenta en nuestra política. Comparto la opinión expresada por el señor Saryusz-Wolski, del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, de que debemos preguntarnos si realmente la política de la Comisión, expuesta por el Comisario Potočnik, es suficientemente ambiciosa. En cualquier caso, la resolución que el Parlamento debate hoy va un poco más lejos de lo que la Comisión y el Consejo han estado dispuestos a hacer hasta la fecha.

Lo que en estos momentos importa es que prestemos un apoyo activo a quienes en Ucrania quieren realmente emprender reformas. Tendrán que tomar decisiones difíciles y el apoyo de la Unión Europea, las señales claras desde la Unión Europea, pueden servirles claramente de ayuda.

Tenemos mucho que ver en el buen resultado de las elecciones. Ahora también somos responsables de la futura consolidación de la democracia en ese país. Quiero añadir que lo ocurrido en Ucrania se ha producido en un momento en el que tenemos que revisar la política de la Unión Europea frente a todos los países de esa región, y nos da pie a ello. Asimismo, es importante que preparemos las respuestas y nos anticipemos a las preguntas que Ucrania, y también los otros países de la región, sin duda alguna formularán.

  Neyts-Uyttebroeck, Annemie (ALDE), en nombre del Grupo. – (NL) Señor Presidente, señor Comisario, el 26 de diciembre fue un gran día para Ucrania, un gran día para la Unión Europea y, naturalmente también, un gran día para la democracia. Fue un gran día para Ucrania porque, tras varias semanas de protestas pacíficas y a pesar de las pésimas condiciones meteorológicas, se decidió celebrar una tercera ronda de elecciones presidenciales. Al final, dando muestras de una gran madurez, todos los implicados aceptaron esa decisión. Fue un momento importante para la Unión Europea, porque su intervención unánime permitió conseguir un resultado positivo, y también porque la Unión Europea hizo un gran esfuerzo en el ámbito de la observación electoral, a la que mi Grupo, por supuesto, también contribuyó. Por último, la corrección con que se celebraron las elecciones hizo de ese día una jornada especialmente grande para la democracia. Quiero destacar que 300 000 ucranios participaron también en esta observación electoral, que fue una empresa bastante titánica. Todo el período anterior a las elecciones hizo de Ucrania una sociedad más fuerte.

Por último, quiero hacer hincapié en que será también muy necesaria la existencia de medios de comunicación libres e independientes, y en que el nuevo Presidente y el Gobierno que va a formar tendrán que empezar a construir y fortalecer la economía de mercado y el Estado constitucional. No sé si le he entendido bien, señor Comisario, cuando ha dicho usted que el plan de acción ofrece grandes posibilidades para estrechar las relaciones entre la Unión Europea y Ucrania. Quiero que me lo confirme, porque, de no ser así, queremos dejar claro que también pediríamos que se renegociase el plan de acción.

Quiero terminar recordándoles el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, según el cual cualquier país europeo puede, siempre que reúna las condiciones necesarias, solicitar su adhesión a la Unión Europea.

  Isler Béguin (Verts/ALE), en nombre del Grupo. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, ha respondido usted a la pregunta que yo misma me planteaba. ¿Qué hacemos ahora con nuestros amigos ucranios que han vuelto su mirada a Europa? Es cierto que, en las calles y con un frío glacial, el pueblo ucranio eligió el terreno, en el curso de un mes, en el que quiere construir su futuro: el terreno de la democracia, la no violencia y Europa. Creo que la victoria del señor Yúschenko es la victoria de nuestros valores europeos.

Yo misma formé parte de los 1 200 observadores de la OSCE que vigilaron el escrutinio del 26 de diciembre, no en Kiev, sino en Belgrado, en la región de Odessa, cerca de la frontera con Rumanía y Moldavia, donde en algunos pueblos no se habla ni ruso ni ucranio. Gracias a la nueva ley adoptada, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales pudo prepararse de forma notable. Comprobamos su correcto desarrollo en los colegios electorales durante el recuento; pudimos seguir las papeletas hasta su registro final en las comisiones regionales.

Esta voluntad inquebrantable de Ucrania de unirse a las filas de la democracia trastoca nuestras políticas, señor Comisario. Basta leer el proyecto de este nuevo equipo, con el que pude reunirme al término de nuestra misión. Puedo comunicarles sus propuestas. Hay dos objetivos que se desprenden muy claramente: el primero, señor Comisario, es la integración en la Unión Europea, y ya hay grupos de trabajo que están estudiando la cuestión. El segundo es la descentralización, con el fin de evitar una fractura en este país. Tampoco hay que olvidar el trauma masivo de Chernóbil.

Así pues, señor Comisario, me sorprende su intervención, que cierra esta perspectiva a Ucrania. Sin embargo, con su revolución naranja, el pueblo ucranio nos ha planteado y nos plantea la cuestión de nuestra capacidad para responder a las aspiraciones que nosotros mismos hemos suscitado. Hace muy poco, y con más del 70 % de los votos, ratificamos de nuevo el artículo primero de la Constitución, declarando que la Unión estará abierta a todos los Estados europeos que respeten sus valores y se comprometan a promoverlos en común.

Ahora debemos reflexionar, señor Comisario, sobre la relevancia de la política de nueva vecindad para países como Ucrania si no hay perspectivas de adhesión. Creo que nos equivocamos si les transmitimos este mensaje. Por tanto, para nosotros, señor Comisario, Ucrania tiene, sin duda alguna, su lugar entre los Estados miembros de la Unión.

(Aplausos)

  Maštálka (GUE/NGL), en nombre del Grupo. (CS) Señorías, me complace haber podido actuar como observador en la repetición de las elecciones presidenciales de Ucrania. Estoy de acuerdo con el Comisario Potoènik en que, básicamente, todo ha sucedido sin derramamiento de sangre y en que las elecciones se han celebrado de acuerdo con las normas europeas desde un punto de vista organizativo y técnico, aunque desde luego hay algunas cuestiones que merecen comentarse.

Sin embargo, en mi visita a Ucrania en el período anterior a las elecciones presidenciales pude confirmar mi opinión de que la realidad es bastante diferente a como la retratan los medios. Lamento tener que decir que incluso los informes de Euronews han sido sorprendentemente tendenciosos a favor de la facción naranja. No entiendo por qué tenemos que fabricar antagonistas artificialmente, ni por qué exportamos grandes malentendidos de Europa al este.

No obstante, creo que nuestra labor actual no consiste en dirigir prédicas a Ucrania, a Rusia o a los medios de comunicación, sino en avanzar hacia los ideales de entendimiento mutuo en Europa. Por tanto, quiero recomendar que apoyemos a los grupos de trabajo, que están empezando a analizar los términos y las condiciones para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. No es solo una cuestión de ayudar a que Ucrania y la Unión estrechen sus vínculos; tenemos que contribuir a estabilizar la situación política de Ucrania ayudando a cumplir una de las promesas que el nuevo Presidente hizo antes de las elecciones. Podemos contribuir también a lograr un objetivo que nunca ha estado en desacuerdo con los deseos de la facción azul, pero que ha sido tergiversado por los políticos y los medios de comunicación.

En segundo lugar, recomiendo que iniciemos conversaciones sobre un código de elecciones democráticas. Es fundamental no solo que se establezcan unos principios unificados que deban ser respetados para que unas elecciones puedan considerarse democráticas, sino que se diga hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar divergencias entre la realidad y nuestros ideales.

Mi tercera recomendación es que se establezcan criterios de tolerancia para la injerencia extranjera en el proceso de democratización. Es indiscutible que todo Estado tiene derecho legítimo a defender sus propios intereses, de manera que todo país tiene un gobierno bien predispuesto hacia él. Pero, en una situación así, ¿podemos hablar de legitimidad del gobierno elegido? Debemos encontrar respuestas a estas preguntas. Gracias.

  Giertych (IND/DEM), en nombre del Grupo.  (PL) Señor Presidente, Señorías, el Parlamento Europeo ha desempeñado un papel político en Ucrania. Los sucesos futuros demostrarán si podemos enorgullecernos de nuestra implicación, ahora bien, ¿qué nos depara el futuro?

En primer lugar, los ucranios son conscientes de que la Unión Europea ofrece su apoyo al señor Yúschenko. Los apretones de mano con Yúschenko delante de las cámaras en la Plaza de la Independencia y la orgía naranja en esta Asamblea, a la que los medios de comunicación han dedicado tanta atención, dejó bien claro a los ucranios que no éramos neutrales. Si hubiese sido tan solo la democracia lo que estaba en juego, los diputados no se habrían vestido de naranja. Una vez que el señor Yúschenko asuma el cargo como nuevo presidente, cualquier crítica contra él también se dirigirá a la Unión Europea como la fuerza que le ayudó a conseguir la victoria.

Pronto empezarán a formularse preguntas, y de hecho ya se han formulado, en relación con las fuentes de financiación de la revolución naranja. A treinta y tres mil de los representantes del señor Yúschenko en las comisiones electorales se les dio teléfonos móviles, pero ¿quién los pagó? Se facilitaron tiendas de campaña y alimentos a los manifestantes en Kiev, pero ¿quién los pagó? Se nos ha dicho que el Presidente Yanukóvich trasladó a sus seguidores desde Donbas en autocares, casi con total seguridad pagados con fondos del Estado, pero ¿quién pagó a los seguidores del señor Yúschenko para ir a Kiev, y con qué forma de transporte? Ucrania es un país pobre, y todo esto ha debido ser financiado por alguien. Rusia, los EE UU y la Unión Europea se acusan mutuamente de interferir en los asuntos ajenos. A medida que empiece a quedar claro que el señor Yúschenko es incapaz de cumplir todo lo que se espera de él, el Parlamento Europeo recibirá cada vez más críticas, pues es la fuerza externa más visible que se vio implicada en nombre del señor Yúschenko.

Asimismo se harán preguntas acerca de los organismos externos que se aprovecharon más de la elección del señor Yúschenko. Actualmente, Ucrania es un país pobre, pero tiene el potencial de convertirse en un país rico. ¿Quién intentará hacerse con esta riqueza? ¿Quién la explotará y en qué medida se aprovecharán los ucranios de ella? Va siendo hora de que nos demos cuenta de que sigue quedando mucho camino por recorrer hasta que la situación política en Ucrania esté estabilizada y el uso de la fuerza sigue siendo una posibilidad.

Esperemos que los métodos de diálogo y mediación se establezcan como características estándar de la vida política. Pero ¿podemos garantizarlo? Si la situación culminara en el uso de la fuerza, ¿qué haríamos entonces? Espero que los ucranios encuentren respuesta a sus problemas de una manera pacífica, y espero que los cambios que han tenido lugar den resultados positivos. De lo contrario, el Parlamento Europeo compartirá la vergüenza. Gracias.

  Kamiński (UEN), en nombre del Grupo.  (PL) Señor Presidente, Señorías, el Parlamento Europeo desempeñó un papel sumamente importante en la serie de acontecimientos que han venido en llamarse la Revolución Naranja. El hecho de que nos pusiésemos el color naranja y las visitas realizadas por muchos de nosotros a Ucrania no eran expresiones de apoyo por uno de los candidatos, y es algo que debería dejarse bien claro. Al margen de las diferencias políticas dentro de esta Cámara, tal como lo veo yo, no defendimos a un candidato político específico ni participamos en debates políticos en Ucrania. Lo que hicimos fue apoyar la democracia y el proceso democrático. Si hubiésemos estado seguros de que el Presidente Yanukóvich habría salido victorioso en una elección democrática, habríamos respetado la elección hecha por Ucrania. Al implicarnos y ayudar a los ucranios, apoyamos la democracia y la libertad...

(Aplausos)

y demostramos nuestro respeto por los ucranios, que evidenciaron una enorme valentía y determinación al defender los valores compartidos por las personas desde Ucrania hasta Portugal y en todo nuestro continente.

Me gustaría dejar bien claro que las instituciones europeas deberían demostrar ahora la misma valentía de la que hicieron gala los ucranios durante las semanas de la Revolución Naranja. Por desgracia, después de la intervención del comisario hoy, solo puedo sacar la conclusión de que, por decirlo con suavidad, seguimos sin tener esta valentía. Los ucranios han dejado muy claro que su elección tenía que ver con cuestiones de geopolítica y civilización, y que deseaban formar parte de nuestra Comunidad, conscientes de que no es un acto político que pueda realizarse rápidamente y sin dolor. Si quiere ser realista, esta Cámara tendrá que admitir que es un proceso que durará necesariamente algún tiempo. Pero, los ucranios y muchos ciudadanos de la Unión Europea esperan ahora que las instituciones de la UE ofrezcan a Ucrania la perspectiva de adhesión a la Unión Europea. Gracias.

(Aplausos)

  Belohorská (NI). (SK) Gracias, señor Presidente. Yo también tuve la oportunidad de participar en el seguimiento de las elecciones en Ucrania y puedo informar, como observadora, que las elecciones fueron libres y democráticas. Me gustaría señalar que sé de lo que estoy hablando.

Como miembro del Consejo de Europa, durante diez años he tenido la oportunidad de seguir diversas elecciones y ha sido un periodo crítico para algunos países, puedo mencionar las elecciones en Croacia, Albania o incluso las últimas elecciones parlamentarias de Ucrania. En comparación con todas estas elecciones, puede decirse que las elecciones se prepararon bien, se celebraron en un ambiente tranquilo, que fueron transparentes y fueron seguidas por observadores para los dos candidatos.

La mayoría lograda en los resultados de la elección demuestra que el presidente fue elegido realmente. Esto no significa una victoria para Occidente o una derrota para Oriente. Puede decirse que los ucranios salieron victoriosos. Ahora, por primera vez, Ucrania tiene la sensación de que ha logrado la independencia, que ha alcanzado la mayoría de edad como Estado.

Según el dicho: «¡Gloria para el vencedor, honor para el perdedor!» Ahora es importante que el Presidente ucranio unifique la nación en un esfuerzo por revivir la importancia histórica que siempre ha tenido Ucrania en Europa, para tender un puente importante entre la Unión Europea y Rusia. Y por supuesto, también apoyo la propuesta hecha aquí de que Ucrania llegue a ser miembro de la Unión Europea, pero por supuesto solo si sus ciudadanos lo desean. Apoyo la propuesta del presidente de nuestra delegación, el señor Saryusz-Wolski, de que se forme una comisión.

  Brok (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, lamento que no podamos dar la bienvenida a un representante del señor Solana, cuyo trabajo en Ucrania ha tenido éxito. Allí, un pueblo se ha puesto en acción y, utilizando medios pacíficos, ha obligado a que se celebraran elecciones libres. Los que han visto a los jóvenes en los campamentos de tiendas de campaña en Kiev no pueden negar que ello se logró –y fue ejemplar al demostrar que se puede lograr– con el poder persuasivo que poseen los demócratas pacíficos, y que fue comparable a la situación en la que muchos de nuestros pueblos se encontraban en 1989, 1990 y 1991.

Que no nos quepa duda de que en esta Cámara ayudamos a hacerlo posible, al igual que las demás instituciones, a las que tuvimos que convencer para unirse a nosotros. Además, hemos de tener claro que esto sucedió para poner en marcha un proceso democrático y, al mismo tiempo, permitir que Ucrania decidiera cuál es su sitio. El hecho es que, desde el Acta Final de Helsinki, lo realmente importante de Europa es que cada país tiene el derecho de autodeterminación, pero sus ciudadanos han de luchar por él. El rumbo que seguirá entonces es una decisión del pueblo.

No deberíamos pensar en términos de esferas de influencia. En esta Europa nuestra, por supuesto, es preciso encontrar los equilibrios y tender puentes para evitar que surjan nuevas tensiones, también con nuestros grandes vecinos en el Este. Si queremos que funcione, tendremos que apoyar al Presidente elegido democráticamente de forma que su pueblo vea claramente que vale la pena decidir por la democracia y mirar hacia Occidente. Para ello, el plan de acción no es adecuado, y tenemos que reflexionar más. Sin lugar a dudas ha de implicar que Ucrania tenga perspectivas de unirse a la UE, pero ellos mismos tendrán que decidir si quieren hacerlo o no.

Pero esto significa también que la Unión Europea ha de crear las condiciones propicias para que suceda, y aquí pido la ayuda del Parlamento Europeo. Hoy, muchos de los que apoyaron la idea de que Ucrania se uniera a la Unión Europea eran los mismos que ayer no votaron a favor de la Constitución. Hemos de poder dar la bienvenida a otros países como miembros de la UE; hoy, no podemos, y hemos de esperar hasta que las cosas funcionen realmente bien en los nuevos Estados miembros. Por ello, aparte de la plena adhesión, hemos de desarrollar otras opciones, como el artículo 47 y una Política de Vecindad sensible que incluya la posibilidad de participar en el Espacio Económico Europeo.

Si se hace correctamente, también Moldavia pasará pronto a la democracia, así como –espero que en los próximos años– Belarús. Se producirá una situación como en los Balcanes a escala más amplia, y hemos de ofrecer algo a estos países; no solo la adhesión dentro de 20 años, sino algo que sea significativo ahora.

Asimismo pido a la Comisión y al Consejo que aborden esta cuestión con menos reservas y más imaginación.

  Siwiec (PSE).   (PL) Señor Presidente, las propuestas presentadas por el Comisario en su discurso de introducción podrían hacernos creer que las relaciones entre la Unión Europea y Ucrania siguen un horario ideado para un trayecto por ferrocarril en los días del vapor. Hoy, señor Potočnik, los trenes tienen motores eléctricos modernos. Si no podemos ofrecer a Ucrania una locomotora eléctrica moderna, al menos deberíamos ofrecerle una de gasóleo. Necesitamos un nuevo Plan de Acción, con un horario en que la estación término sea la adhesión. Puede haber otras estaciones a lo largo de la ruta, pero la adhesión ha de ser el término. La Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Ucrania, que he tenido el honor de presidir y que ha sido nombrada por el Parlamento Europeo, trabajará para lograr un horario como este.

Se nos ha presentado una oportunidad de avivar las llamas de la revolución del pueblo en otro país europeo. Es una revolución que no empezó en 1989, sino en 1980 en Polonia. Para apoyar este proceso, el pueblo ucranio y su nuevo Gobierno han de hacer unas declaraciones claras y han de demostrar su determinación y disposición a hacer sacrificios. Escucharemos con detenimiento lo que dice el señor Yúschenko como presidente, no en la Plaza de la Independencia, sino después de que haya prestado juramento. Es necesario un apoyo institucional renovado para realizar reformas en el mercado y la democracia, y es una tarea de Europa y los organismos financieros internacionales. Hemos de mantener unas conversaciones realistas y cooperar con los Estados Unidos, y también hemos de mantener unas conversaciones realistas con Rusia para asegurarnos de que ve la situación que se desarrolla en Ucrania como una oportunidad y no solo como una amenaza. Son necesarios valor y precaución.

La revolución en Ucrania ha llegado a su fin. No hemos de olvidar que las divisiones que sacó a la luz no pueden describirse en términos sencillos, con los «buenos» en el lado de las barricadas y los «malos» en el otro. Al final, ambos lados tomaron parte en las conversaciones de mesa redonda y resolvieron el problema pacíficamente, implicando en el proceso al Tribunal Supremo, el Presidente y otras instituciones. Se celebraron nuevas elecciones y se eligió un nuevo presidente, que reconocemos como tal.

Ahora se trata de trabajar para traducir los eslóganes revolucionarios a la práctica, y para ello se necesita el consentimiento de los dos bandos opuestos. Una Ucrania mejor no puede construirse sin el 44 % de los votantes que apoyaron al señor Yanukóvich. Por último, un país grande siempre es una fuente de incertidumbre y una amenaza para los cobardes, pero una fuente de interés y de oportunidades para los aventureros. Deberíamos ocupar nuestro sitio entre los aventureros. Gracias.

(Aplausos)

  Staniszewska (ALDE).   (PL) Señor Presidente, ayer, el Presidente de la Comisión dijo que ninguno de nosotros quiere tener que decir que Europa es tímida y aprensiva. Quiero pedir a esta Asamblea que considere que las declaraciones que hizo ayer el señor Barroso también están relacionadas con Ucrania, pues es otro ejemplo en el que no deberíamos ser tímidos ni aprensivos.

No todos apreciamos plenamente lo que ha sucedido en Ucrania. Soy consciente de que a Ucrania aún le queda un largo camino por recorrer y que es un país con el que no estamos familiarizados. Sabemos mucho acerca de Cuba o Iraq, y casi nada acerca de Ucrania. Pero Ucrania es un país poderoso en la Europa del Este, y los últimos acontecimientos en este país pueden compararse fácilmente con otra caída del Muro de Berlín, aunque el Muro de Berlín en el Este.

Hasta la Revolución Naranja, los principios democráticos eran algo inaudito en el este de la Unión Europea, a excepción del pequeño país de Georgia. Siguen siendo algo inaudito en Rusia y Belarús, así como en las demás antiguas repúblicas soviéticas. Aparte del pequeño país de Georgia, que se atrevió a apostar por la democracia hace un año, el único lugar donde se defienden estos principios en estos momentos es en un país poderoso de 50 millones de habitantes. Este país abarca una zona mayor que la de Francia, y su pueblo ha pedido con energía y decisión que los principios democráticos se apliquen en la práctica y no solo sobre el papel.

Es una revolución importante y nuestras acciones deberían igualar a estos acontecimientos. Hasta ahora, las acciones de la Unión Europea han sido iguales a los acontecimientos en Ucrania. Seré sincera y admitiré que me quedé asombrada al ver que la Unión Europea reaccionaba con tanta rapidez, y al ver que fueron los mediadores de la Unión Europea, y no de los de Estados Unidos, los que desempeñaron un papel destacado en la resolución del conflicto en Ucrania. Ello me enorgulleció, pero ciertamente no me siento orgullosa al oír las declaraciones que ha hecho hoy el señor Potočnik. Da la impresión de que el Comisario, la Comisión Europea y el Consejo Europeo lamentan su implicación después del 21 de noviembre y que ahora desean dar marcha atrás. No podemos consentirlo. Nos implicamos, actuamos como mediadores y nos aseguramos de que las cuestiones se resolvieran pacíficamente. Nuestro deber es seguir ofreciendo ayuda a la Revolución Naranja y a la democracia en Ucrania y abrir las puertas de la Unión Europea a un país que está enteramente dentro de las fronteras geográficas de Europa.

(Aplausos)

  Horáček (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, es muy apropiado citar la Biblia en este debate, pues en Navidad nos llegaron buenas noticias de Kiev, anunciando el nacimiento de la democracia y la libertad. Si no fuera por el hecho de que las elecciones presidenciales en Ucrania se vieron ensombrecidas por las terribles inundaciones en Asia, esta habría sido para mí la segunda mejor Navidad en términos políticos desde Praga en 1989.

Estuve con la delegación del Parlamento en los distritos electorales al sur de Kiev y puedo confirmar que la elección no solo tuvo lugar pacíficamente, sino también de una manera muy correcta. Felicitamos al movimiento democrático y al señor Yúschenko por ganar las elecciones,

Su victoria es excepcional, lograda en difíciles circunstancias económicas y en una región que sigue sufriendo los efectos del desastre de Chernóbil y, sobre todo, del régimen soviético. Apoyamos el movimiento democrático y la renovación de un antiguo país europeo, Ucrania, que avanza hacia el Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia.

Este tremendo movimiento ampliará su influencia a Rusia y Belarús, pero quiero refutar lo que ha afirmado el Comisario Potočnik de que la adhesión a la UE no está en la agenda. Creo que Ucrania es una parte de Europa y, siendo así, Ucrania también pertenece a la UE, siempre y cuando cumpla las condiciones. Hemos de hacer todo lo necesario por garantizar que lo haga.

(Aplausos)

  Belder (IND/DEM). – (NL) Señor Presidente, ante todo, para mí es un placer oír las referencias positivas que se han hecho a la Biblia en esta sesión plenaria. Es algo que, como calvinista convencido, me gustaría mencionar.

El lunes 10 de enero por la tarde, la Comisión Electoral Central de Ucrania declaró oficialmente a Viktor Yúschenko ganador de las elecciones presidenciales y con ello, un hecho asombroso se hizo realidad tanto para el oeste como para el este. En una gran antigua república soviética, la oposición consiguió por medios pacíficos, vencer a la nomenklatura poscomunista. Es lógico que las fuerzas democráticas, sobre todo en el vecino Belarús, saquen ánimos de este hecho. Sin embargo, me temo que necesitarán mucha paciencia para repetir la hazaña política del señor Yúschenko y sus seguidores. Al mismo tiempo espero que el Consejo y la Comisión ofrezcan todo el apoyo que puedan a los ciudadanos reformistas de Belarús. Por cierto, el bando de Yúschenko no puede arreglárselas sin el mismo nivel de apoyo europeo.

En términos muy prácticos, el señor Klich ha ilustrado este apoyo en dos enmiendas útiles. Baste con recordar la ayuda de Europa para promover la adhesión de Ucrania a la Organización Mundial de Comercio y su rápido reconocimiento como economía de mercado; el apoyo de Europa también es necesario para combatir el mal generalizado de la corrupción y reforzar el sistema jurídico. Mientras tanto, el nuevo Presidente ucranio y su Gobierno se enfrentan a dos tareas delicadas. Dentro del país tendrán que enfrentarse a los seguidores del mal perdedor, el señor Yanukóvich, con mucho tacto y habilidad reconciliadora. En el exterior, lo más importante es establecer con seguridad en sí mismo la necesaria buena relación con Moscú.

Y así, 15 años después de 1991, Ucrania tendrá una segunda oportunidad para empezar de nuevo. Sin duda, con el Presidente Yanukóvich ello no hubiese sido posible. Lo llamativo en este sentido es el paralelismo histórico que el especialista en Ucrania, el catedrático Gerhard Simon, estableció recientemente en una presentación en la Universidad de Eichstätt. La Revolución Naranja de Ucrania es políticamente tan importante como la caída del Muro de Berlín o el final de la Unión Soviética.

(Aplausos)

  Krasts (UEN). – (LV) Señor Presidente, señores Comisarios, los acontecimientos que han tenido lugar en Ucrania en los últimos meses han evidenciado claramente al mundo democrático que el pueblo ucranio no quiere aceptar un destino similar al de los antiguos Estados soviéticos, presididos por regímenes autoritarios y semiautoritarios. Ucrania no será nunca más la misma. Ha habido reivindicaciones públicas a favor del derecho de movilizar a las personas no solo en la acción contra el fraude en las elecciones presidenciales, sino también reivindicaciones a favor de la democracia y el Estado de Derecho. La amplia participación popular ha ayudado a Ucrania a realizar tareas para las cuales en el pasado fueron necesarias revoluciones.

Los cambios significativos en el camino hacia la democratización ya han tenido un impacto sobre el Tribunal Supremo, los servicios de seguridad y los medios de comunicación. Sin embargo, siguen existiendo riesgos importantes que pueden impedir al pueblo ucranio poner en práctica su elección. Es posible que se exageren los peligros de un país dividido, pero existen. No hay razón para dudar de que los medios de comunicación de masas, que son leales al Presidente ruso y siguen teniendo una importante influencia en la parte oriental de Ucrania, seguirán poniendo en tela de juicio la elección hecha por la mayoría del pueblo ucranio. Entre los riesgos se encuentra la dependencia de Ucrania de Rusia para la energía. El mercado ruso también es el principal destino de las exportaciones de Ucrania. Recientemente, a finales de la década de los noventa, los Estados bálticos, en particular Letonia, aún sentían el impacto del deseo de Rusia de aprovechar una dependencia similar.

La debilidad de anteriores reformas, en especial en el sistema de tribunales, pueden poner en peligro la calidad de las futuras reformas en Ucrania. La Unión Europea ha de ayudar a Ucrania a superar estos riesgos, no podemos perder esta oportunidad de cambio histórico: asistencia económica, inversiones, pero sobre todo oportunidades comerciales. La Unión Europea ha de brindar a Ucrania la oportunidad de entrar en su mercado interior, en particular a las pocas empresas ucranias competitivas del sector del acero y la alimentación. Hay que fomentar la entrada de Ucrania en la Organización Mundial de Comercio. La rápida preparación de un plan de acción entre la Unión Europea y Ucrania también es importante y a la primera oportunidad hay que dar una clara señal al oeste y este de Ucrania, a la opinión pública y a los políticos, de que, si cumple los rigurosos requisitos de entrada, el camino de la adhesión a la Unión Europea estará abierto para Ucrania.

El mundo ha centrado su atención en Ucrania; ahora le toca hacerlo a la Unión Europea. Hay que dar una oportunidad a Ucrania de unirse a la Unión Europea.

  Czarnecki, Ryszard (NI).   (PL) Señor Presidente, Señorías, es agradable celebrar el triunfo de la democracia, sobre todo porque ha triunfado en parte gracias a nosotros, el Parlamento Europeo, y no gracias a la siempre conservadora Comisión Europea. Pero, va siendo hora de que se acaben las celebraciones y empiece el duro trabajo. En Ucrania queda mucho trabajo por hacer para asegurar que la victoria del señor Yúschenko no se desperdicie y se convierta en una victoria pírrica, pero en la UE también tenemos que hacer deberes.

Ucrania tiene que ponerse dos objetivos. En primer lugar, ha de poner la democracia en un pie firme y en segundo lugar ha de aplicar reformas económicas esenciales y de gran alcance. Nuestras tareas son las siguientes. En primer lugar, hay que ofrecer a Ucrania, como vecino más cercano de Polonia y por tanto vecino de la Unión Europea, una posición privilegiada y un «mapa de carretera» fácil de comprender para su viaje hacia la adhesión, aunque esta carretera implique un recorrido de muchos años. En segundo lugar, hay que apoyar las reformas de la administración y de la judicatura ucranias, así como la reforma genuina del sistema de gobierno local. Las autoridades ucranias deberán tener una clara visión de estos cambios.

La primera visita del Presidente Yúschenko será a Moscú, pero creo que Kiev importará las normas democráticas y el libre mercado de Occidente, y no del Este, pues de lo contrario su camino hacia Bruselas será aún más largo. Ucrania tiene ante sí un camino largo y rocoso, pero es el camino correcto. Deberíamos ofrecerle asistencia y acompañar al país en su viaje, incluso cuando las cámaras de televisión occidentales desaparezcan de Ucrania, como sin duda harán dentro de poco. Los ucranios han de soportar la parte más pesada del trabajo, pero tienen que saber que les estamos esperando y que no queremos esperar demasiado tiempo.

(Aplausos)

  Kelam, Tunne (PPE-DE). – (ET) Señor Presidente, la mayor victoria del pueblo ucranio puede considerarse su decisión de no seguir tolerando la seudo democracia que existe en otras zonas anteriormente gobernadas por las dictaduras comunistas, y que casi se habían convertido en una realidad internacionalmente aceptada.

Se trataba esencialmente de una alianza corrupta entre la antigua jerarquía comunista, los oligarcas económicos y los burócratas estatales. Esta alianza desarrolló su propio modelo de «democracia guiada», originariamente patentado por el dictador indonesio Sukarno.

Por ello, el nuevo rumbo de Ucrania hacia una democracia real es una elección, una elección a favor de valores fundamentalmente diferentes. De acuerdo con las palabras del analista político ruso Pointovski, es una elección entre el pasado y el futuro, entre la Ucrania soviética y la Ucrania europea. Una elección que según él, también tendrá que hacer tarde o temprano el pueblo ruso. Europa ha de aplaudir claramente estas elecciones y no ha de afligirse o desorientarse por los posibles cambios en el actual equilibrio de poderes.

Sería una enorme tragedia que se defraudara la fe que tiene el pueblo de Ucrania en la libertad y la justicia. Por ello, el deber de la UE es hacer un compromiso a largo plazo para apoyar las reformas en Ucrania y dar una perspectiva europea al pueblo ucranio. Es importante que la resolución pida un cambio en el plan de acción de la Política de Vecindad a la luz de los recientes sucesos. Asimismo proponemos que se tomen medidas adicionales, como convocar una conferencia de donantes para Ucrania.

Al mismo tiempo, además de la Política de Vecindad europea, hemos de ofrecer a Ucrania otras formas de asociación que abran la puerta a una cooperación más estrecha. Esto es conforme a los deseos de la inmensa mayoría del pueblo ucranio, y finalmente podría culminar en la adhesión de Ucrania a la UE.

Apoyo a mi colega, el señor Saryusz-Wolski cuando dice: «¡Es la hora de los hechos, no de las palabras!»

  Weiler (PSE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, me encontraba entre los observadores que pasaron la Navidad en Kiev, y estoy segura de hablar en nombre de todos los que estábamos allí cuando digo que este acontecimiento político hizo que nos resultara más fácil pasar esta época festiva de una forma diferente para variar.

Las elecciones transcurrieron conforme a las normas de la OSCE y las pocas irregularidades constatadas, como la decisión del Tribunal Constitucional, se manejaron relativamente bien. Por supuesto lo que ayudó a que las elecciones se celebraran correctamente fue el Interés de la opinión pública en Europa y en todo el mundo, pero este interés y esta atención no han de decaer ahora, pues el proceso democrático aún no se ha completado. Los observadores estábamos impresionados por el compromiso y la determinación evidenciada por los ciudadanos –como demostró la alta participación– y no solo por los expertos y las elites. Vimos un gran número de personas recorrer grandes distancias –pues estaban obligadas a hacerlo– para poder llegar a los colegios electorales.

Lo que me pareció impresionante y alentador fue que el interés y la implicación de las mujeres en este proceso de democratización y en los colegios electorales era evidente. No puedo ofrecerles una cita de la Biblia para ilustrarlo, pero son signos de una sociedad compuesta por ciudadanos que no esperan las decisiones de sus Gobiernos. Espero que este proceso democrático también sea un incentivo para los Estados vecinos de Ucrania, especialmente para Belarús.

¿Qué ha de hacer Europa ahora? Para empezar, el país ha sido dividido y polarizado durante las elecciones y no hemos de profundizar aún más estas divisiones. En segundo lugar, hemos de considerar qué ayuda y qué perspectivas podemos ofrecer a Ucrania. El concepto de ayuda a la vecindad deberá reconsiderarse radicalmente si no ofrecemos la perspectiva de la adhesión en los próximos dos o tres años.

  De Sarnez (ALDE). – (FR) Señor Presidente, catorce años después de conquistar su independencia, Ucrania se ha convertido en una democracia.

Nunca debemos olvidar que esta victoria de la democracia la debemos ante todo al propio pueblo ucranio. Día tras día, noche tras noche, centenares de miles de ucranios se reunieron y movilizaron para pedir simplemente poder ejercer libremente su derecho de voto. Gracias a su valentía y a su firmeza, Ucrania ha accedido a la democracia.

Esta victoria la debemos también a las instituciones de Ucrania. Pienso en particular en el Parlamento y en el Tribunal Supremo, que actuaron dentro del respeto del Derecho con un gran sentido de la responsabilidad, a pesar de las numerosísimas presiones que se ejercieron sobre ellos.

Esta es también una victoria de Europa. Por una vez, Europa ha dicho no, rechazando las elecciones trucadas y los fraudes masivos. Cuando estábamos en Kiev, a principios de diciembre, estábamos orgullosos de ser diputados al Parlamento Europeo. Por una vez, Europa ha sabido hablar con una sola voz y, cuando Europa decide poner su peso en la balanza, existe y es capaz de cambiar el curso de las cosas. Hoy, tanto los desafíos como las expectativas –de reforma, de democracia– son inmensos. Europa ha sabido estar a la altura de un acontecimiento histórico formidable y significativo. El pueblo de Ucrania debe poder seguir contando con nosotros tanto hoy como en el futuro. Es nuestra responsabilidad que pueda hacerlo. No debemos y de hecho no podemos decepcionarle.

PRESIDENCIA DEL SR. MOSCOVICI
Vicepresidente

  Tannock (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, hace poco el Comisario Rehn escribió en un artículo publicado en el Financial Times que la UE no puede cerrar sus puertas a una futura ampliación, que abarca a todos los países europeos con vocación europea y valores democráticos comunes. Seguidamente, por motivos inexplicables, se etiqueta a Ucrania de «vecino de Europa» sin perspectivas de adhesión a la UE, sino únicamente de mayor integración con ella.

La revolución naranja, que presagió un cambio notable de la mentalidad democrática de Ucrania, sucedió sin que desde la UE se le tentara a cambiar su sistema de gobierno. Ello contrasta nítidamente con Turquía y los Balcanes Occidentales, a los que se ha ofrecido la plena adhesión, lo cual, en mi opinión, representa a todas luces una postura moralmente insostenible a la larga.

Siempre he apoyado las aspiraciones de adhesión de Ucrania a la UE. El rechazo de las expectativas de adhesión de Ucrania refleja los temores infundados del Consejo: por parte de Francia, en particular, de una fuerte competencia agrícola, y por parte de Alemania, de una fuerte competencia industrial, a pesar del hecho de que la Política Agrícola Común habrá quedado obsoleta cuando Ucrania se halle en condiciones de ingresar en la UE dentro de 10 o 15 años y que el traslado de industrias es más probable para una Ucrania integrada en la OMC pero no en la UE que para una Ucrania que sea Estado miembro de la UE, con todos los requisitos onerosos del mercado único.

También recomendaría a Ucrania el ingreso en la OCDE, aunque para ello tiene que pertenecer primero a la OMC, uno de los nuevos objetivos urgentes del Gobierno. Curiosamente, la Comisión sigue negando a Ucrania –a diferencia de Rusia– la condición de economía de mercado. Dadas las expectativas actuales de la población ucrania, a menos que la UE admita que el país tiene algún tipo de aspiración a largo plazo de adherirse a la UE, será difícil para el Presidente Yúschenko llevar a cabo las apremiantes reformas políticas y económicas y ganar las elecciones parlamentarias de 2006.

Un importante cambio político que el nuevo Gobierno de Ucrania podría llevar a cabo y que demostraría la independencia de Kiev con respecto a Rusia consiste en ayudar a resolver el problema de Transdniéster. Este territorio disidente de Moldova es un refugio para la actividad delictiva, incluido el blanqueo de dinero y el contrabando de armas, y plantea además un grave problema de seguridad para la UE después de 2007, cuando nuestras fronteras se amplíen hasta Moldova. Esta sería una manera útil de mostrar a Bruselas que Ucrania es ahora verdaderamente independiente de Moscú y desea de verdad participar en el escenario internacional.

  Ilves (PSE). – (ET) Ahora que se ha acabado la farsa inicialmente grotesca de las elecciones al estilo soviético en Ucrania, principalmente gracias a los esfuerzos de la UE, es hora de preguntarse: «¿ahora qué?» Dejemos por un momento de lado la pregunta de si Ucrania será o no será miembro de la UE. Lo será, siempre y cuando haga lo que es preciso y siempre y cuando nosotros hagamos lo que es preciso.

En primer lugar, hemos de ir mucho más lejos que el plan de acción del periodo de estancamiento del Presidente Kuchma. Hemos de concentrarnos en las reformas esenciales con las que la UE pueda ayudar a Ucrania, dado que los logros de Ucrania durante la ventana de oportunidades de los próximos dos años determinarán en gran medida si Ucrania está lista para Europa o no. La UE ha de concentrarse en las cuestiones prácticas que frenan a Ucrania: corrupción, baja capacidad administrativa, capitalismo mafioso, libertad de prensa. Las soluciones no solo exigen dinero, sino también miles de expertos procedentes de los nuevos Estados miembros de la UE que se han enfrentado a los mismos problemas y los han resuelto con éxito; su adhesión a la UE es prueba de ello. Pido a la Comisión que amplíe considerablemente su plan de desarrollo para reformas, principalmente utilizando ciudadanos y funcionarios de los países que han aplicado con éxito las mismas reformas. Deberíamos ser pragmáticos y usar el potencial humano de la UE para ayudar a Ucrania y deberíamos hacerlo ahora.

En segundo lugar, la conducta de Rusia en toda la saga de las elecciones ucranias indica que va siendo hora de que la UE acabe su política de avestruz con Rusia. Además de un importante retroceso en el ámbito de la democracia y la libertad, que según la Freedom House ha colocado a Rusia en la categoría de No libre, no hemos de ignorar las acciones de política exterior de Rusia. Recientemente, Rusia anunció que no cumpliría el compromiso hecho en la cumbre de 1999 de la OSCE en Estambul de retirar sus tropas de Georgia y Moldova. La descarada interferencia de Rusia en las elecciones ucranias, la creciente hostilidad hacia las instituciones de la UE y la inaceptable declaración en torno a los líderes y funcionarios de la UE que resolvieron la crisis ucrania demuestran que la UE tiene que reconsiderar sus políticas en esta dirección.

  Klich (PPE-DE).   (PL) Señor Presidente, Señorías, podemos decir con seguridad que el Parlamento Europeo ha demostrado su valía durante la crisis ucrania. Reaccionamos de forma adecuada y rápida, y podemos estar satisfechos de nuestros esfuerzos. Sin embargo, no emprendimos estos esfuerzos para nuestra propia satisfacción, sino en claro interés de la Unión Europea, porque una Ucrania estable y democrática, con una economía de mercado, redunda en interés de la Unión Europea. ¿Qué puede hacerse para garantizar que ello se logrará a largo plazo? Por supuesto, los propios ucranios han de emprender grandes esfuerzos y las promesas hechas durante las elecciones han de cumplirse. Estamos autorizados a esperarlo de Ucrania y también a condicionar a ello la disposición de la UE a abrir sus puertas a Ucrania, pero entonces tendremos que asegurar que estas puertas están abiertas de par en par.

Sinceramente, me ha sorprendido el discurso del Comisario. Esto demuestra que la Comisión Europea no ha conseguido en absoluto comprender la importancia de lo que ha sucedido en Ucrania. ¿Cómo puede ser posible alabar hoy las virtudes del Plan de Acción, cuando se elaboró para una Ucrania que era un país totalmente diferente? Se debería ofrecer a Ucrania la perspectiva de la adhesión, así como un mapa de carretera para lograrlo. Este mapa de carretera debería incluir lo siguiente. En primer lugar, la rápida adopción y aplicación de un Plan de Acción muy modificado y ampliado. En segundo lugar, la organización urgente de una conferencia de donantes, de acuerdo con la organizada por la Comisión Europea y el Banco Mundial para Georgia en abril de año pasado. Si pudieron recaudarse 861 millones de euros para Georgia, debería ser posible recaudar una cantidad muchas veces superior para Ucrania, un país con 48 millones de habitantes. Este proyecto debería negociarse con los socios estadounidenses y el Banco Mundial. Por último, hay que hacer preparativos para las conversaciones sobre un Acuerdo de Asociación, dado que la reciente ampliación nos ha enseñado que es el instrumento adecuado para conseguir la estabilización y abrir las puertas a una futura adhesión.

  Ford (PSE). – (EN) Señor Presidente, tuve el privilegio de formar parte de la misión de observación del proceso electoral que envió el Parlamento Europeo a Ucrania el día de los comicios. Me destinaron a una zona rural a unos 80 kilómetros de distancia de Kiev, donde solo vi, como todo observador individual, un microcosmos de la situación del país. No obstante, también pude formarme una imagen de conjunto gracias a la información facilitada por la misión de observación del proceso electoral de la OSCE.

Está claro que en estas elecciones hubo una integridad esencial que faltó en las anteriores. El margen de la victoria era un orden de magnitud mayor que cualquier posible margen de fraude. Quedó claro que la mayoría de los ucranios habían elegido presidente al señor Yúschenko y no al señor Yanukóvich. Fundamentalmente fue un triunfo de las clases ilustradas urbanas y de la población rural sobre la clase obrera urbana. A la vez, fue también la victoria de una política más limpia sobre una política ruin hasta la médula.

Las celebraciones en la plaza de la Independencia de Kiev en la noche del 26 de diciembre, saludando el renacimiento de la democracia en Ucrania, fueron una inspiración. Acojo con agrado el resultado de las elecciones como una afirmación de la democracia, incluso si quedan dudas acerca de todos los aspectos del programa social y económico expuesto por el presidente Yúschenko. La UE necesitará revisar su compromiso con Ucrania, al menos cualitativamente, si no desde el punto de vista cuantitativo. A la vez, si Ucrania no desea la ruptura entre una parte oriental y otra occidental, entre el campo y la ciudad, el presidente Yúschenko debe tratar de tender puentes, aunque no con los políticos incompetentes que le han precedido, sino con las circunscripciones que estos representan.

  Potočnik, Comisión. (EN) Señor Presidente, he tomado buena nota de todas las declaraciones realizadas y abordaré ahora algunos de los puntos clave mencionados. También he examinado con detenimiento las críticas.

En primer lugar, haré unos comentarios sobre lo que supone la Política de Vecindad europea y, a continuación, aclararé el plan de acción, es decir, expondré su contenido esencial y la forma de proceder con el mismo.

La Política de Vecindad europea supone un importante paso adelante para los países afectados en sus relaciones con la Unión Europea. Es una política muy ambiciosa que implica una mejora sustancial de nuestras relaciones con los socios, a través de una cooperación política más profunda y un grado significativo de integración económica, acercando los socios al mercado interior. La aplicación de esta política con Ucrania –el plan de acción UE-Ucrania– sería una clara señal de que la UE otorga gran importancia a esta relación y reconoce la orientación europea de Kiev. La Política de Vecindad europea es realmente distinta de la cuestión de una posible ampliación ulterior de la UE, pero no cierra ninguna puerta.

Con respecto al plan de acción, haré hincapié en la importancia de aprovecharlo plenamente, reforzando así la relación de la UE con Ucrania. Sería difícil afirmar que un plan de acción es un instrumento anticuado antes de que de verdad lo hayamos utilizado y puesto en práctica en algún país. Constituye un instrumento realmente nuevo que debe llevarse a cabo tan pronto como sea posible.

¿Cuáles son las principales características de un plan de acción? Es cierto que, en principio, su enfoque es el mismo para todos los países. No obstante, es muy flexible, siempre a la medida del país en cuestión, y con las propuestas concretas que el Consejo y la Comisión ya están elaborando podemos llegar tan lejos como desee o pueda el país en cuestión. Puedo asegurarles que, en el caso de Ucrania, la Comisión está dispuesta a llegar muy lejos.

Para concluir, repito –puesto que es un mensaje importante– que la UE, en más de una ocasión, ha reconocido y acogido con agrado las aspiraciones europeas de Ucrania. Los recientes acontecimientos ocurridos en Ucrania han vuelto a confirmar el lugar de este país en el mapa europeo. No nos cabe ninguna duda de que dichos acontecimientos pasarán a la historia como un hito, no solo para Ucrania, sino también para las relaciones de la UE con ese país.

  El Presidente. – El debate sobre Ucrania queda cerrado.

He recibido, al término de este debate, seis propuestas de resolución con arreglo al artículo 103 del Reglamento.⁽¹⁾

La votación tendrá lugar a mediodía.

(1) Cf. Acta.

4. Comunicación de posiciones comunes del Consejo: véase el Acta

5. Despido de profesores de lengua de la Comisión

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede a la pregunta oral a la Comisión (O-0082/2004 - B6-0137/2004) de Stephen Hughes, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el despido de profesores de lenguas de la Comisión.

  Hughes (PSE). – (EN) Señor Presidente, el 9 de junio de 2004 el Colegio de Comisarios decidió despedir a 43 profesores de lengua con efecto casi inmediato. Nueve días más tarde, los funcionarios responsables informaron de esta decisión a los propios profesores en una asamblea general en Bruselas. Quisiera citar directamente lo que dijeron en esa ocasión dos de los profesores:

«Denunciamos la flagrante falta de transparencia por parte de la Comisión, que esperó hasta hoy para anunciar la ruptura de los contratos con los profesores. En una Europa que dice ser social, denunciamos también el cinismo de la Comisión, que ha sumido a estos trabajadores en grandes dificultades; algunos de ellos son el único sostén de familias con hijos, muchos son mujeres. La mayoría de los profesores están en una edad en la que les será extremadamente difícil encontrar un empleo apropiado. En el acuerdo alcanzado tras el diálogo a tres bandas de marzo de 1997, los profesores mostraron su disposición a colaborar a cambio de la promesa de la Comisión de mantener sus contratos hasta la jubilación. No hace mucho, la señora Morelli, que está a cargo de la formación en el Consejo, reafirmó en varias ocasiones, en presencia de representantes de la Comisión, que el empleo de los profesores estaba garantizado hasta su jubilación. Deseamos que conste formalmente el incumplimiento de estas promesas por parte de la Comisión.»

Creo que esta larga cita resume muy bien una triste historia. Me he reunido con los profesores despedidos muchas veces en los últimos meses y hemos consultado numerosos documentos del período que concluyó con el despido. Destacan varias cuestiones. En primer lugar, para los profesores esta decisión ha sido totalmente inesperada. No recibieron ningún tipo de información previa sobre los planes de despedirlos, ni nadie les consultó sobre dichos planes. Los documentos de todo el año 2003 y del primer semestre de 2004 muestran que, en toda una serie de reuniones se dio a los profesores la impresión de que todo marchaba bien, de que no había nubes en el horizonte. De hecho, algunos documentos de mediados de 2003 desmienten los rumores de una supuesta reestructuración programada. Otros documentos reflejan una planificación totalmente normal de la formación lingüística para el período de 2004-2005; sin embargo, de repente, en junio de 2004, se dio a conocer a los profesores su despido inmediato.

En segundo lugar, destaca el hecho de que la Comisión considera por lo visto que está por encima de la ley. Cualquier empresa privada que se hubiese comportado de la misma forma que la Comisión estaría expuesta a la acusación de infringir el Derecho comunitario en materia de información y consulta, despidos colectivos y traslados de centros. No cabe duda de que hoy se nos dirá que la legislación belga que transpone estas directivas de la UE no se aplica a la Comisión como administración pública, pero estos profesores tenían contratos de trabajo belgas que están sujetos al derecho laboral belga. Esta es la misma institución que pide al mundo empresarial que actúe de forma socialmente responsable, cuando la forma en que ha llevado este asunto hasta el momento ha sido totalmente irresponsable desde el punto de vista social.

En tercer lugar, la Comisión ha mostrado una absoluta falta de consideración con la difícil situación de estas personas. Más del 60 % superan los 55 años de edad. Seis meses después de la decisión de la Comisión, sus peores temores de que no encontrarían trabajo a esta edad han resultado ser totalmente reales. Aún peor, debido a la posibilidad que tenían en virtud de los contratos que había acordado la Comisión con ellos de trabajar a jornada restringida, según apunta un documento que he recibido resulta que puede que los profesores no tengan derecho a prestaciones por desempleo, jubilación anticipada y cobertura de la seguridad social. Ello les deja sin ningún tipo de cobertura hasta los 65 años, mientras que en caso contrario podrían percibir unos 500 euros al mes. Sin lugar a dudas, algunas familias dependientes de estos profesores se enfrentan a una perspectiva real de pobreza.

Por último, en referencia al acuerdo del diálogo a tres bandas de 1997, los profesores y sus representantes llegaron al claro entendimiento de que su empleo duraría hasta la jubilación, a cambio de aceptar nuevas prácticas laborales y con la condición de que este trabajo se subcontrataría a empresas externas a medida que los profesores se fueran marchando. En aquel momento, esto se dio a conocer ampliamente –en boletines de los sindicatos, por ejemplo– y al parecer nadie de la Comisión lo contradijo. Una funcionaria de la Comisión nos dijo una cosa significativa cuando le preguntamos sobre este asunto en comisión. Indicó que un tiempo después del acuerdo en el diálogo a tres bandas se pidió al servicio jurídico de la Comisión que emitiera su dictamen sobre si tal garantía era posible. El servicio manifestó que no era posible. Eso nos plantea una importante pregunta. ¿Por qué se pidió al servicio jurídico que emitiese un dictamen si no se había dado esa garantía en el diálogo a tres bandas?

Parece claro que, tanto si fue un compromiso por escrito como si no, esa garantía realmente se había dado y que la Comisión, que se mantuvo en silencio durante las muchas reuniones posteriores en las que se mencionó dicha garantía, permitió que todo el mundo siguiera con esta idea hasta que resultara oportuno retomar el citado dictamen jurídico.

La Comisión ha tenido un comportamiento lamentable. Pero aún no es demasiado tarde. Entiendo que mañana se celebrará una reunión entre la Comisión y los sindicatos en Bruselas. Espero que suponga el primer paso hacia la reincorporación de estos profesores.

  Potočnik, Comisión. Señor Presidente, el 9 de junio de 2004 la anterior Comisión tomó la decisión de rescindir los contratos de 43 profesores de lengua. Algunos calificaron esta decisión de «opaca» e «injustificada». A este respecto, las preguntas planteadas por el presidente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales refleja las inquietudes manifestadas por los propios profesores. Antes de contestar en detalle a las preguntas de su Señoría, me gustaría plantear cuatro puntos a modo de introducción.

En primer lugar, la decisión se tomó con el fin de cumplir el principio de una sana gestión financiera. Desde 1997, los cursos de lengua de la Comisión han sido impartidos por profesores internos contratados directamente por la Comisión o por escuelas de idiomas seleccionadas mediante concurso público. Cada variante abarca aproximadamente el 50 % de los cursos.

En lo que respecta a la calidad, según los estudios, no existe diferencia entre los cursos impartidos por formadores internos y las escuelas de idiomas. Por otro lado, existe diferencia significativa desde el punto de vista presupuestario: una hora de formación impartida por un profesor interno cuesta cuatro veces más que una hora en una escuela de idiomas. En un año, tomando como referencia el año 2003, los costes son de unos 3,5 millones de euros frente a 900 000 euros.

En segundo lugar, los profesores de lengua han percibido una generosa compensación. La Comisión ofreció pagos de compensación que superaron con creces el mínimo legal. La compensación mínima habría sido el sueldo de tres meses por cada cinco años de servicio. El resultado habría sido una compensación equivalente a un total de 12 a 19 sueldos mensuales.

No obstante, la Comisión optó por calcular la compensación sobre la base del importe máximo otorgado por los tribunales belgas. El resultado fue una compensación de 14 a 24 sueldos mensuales. Ello suma cantidades brutas de 19 000 a 152 000 euros aproximadamente. Además, la Comisión optó por pagar esta compensación sin exigir que los profesores cumplieran el período de preaviso.

En tercer lugar, la decisión de rescindir los contratos en cuestión no es una iniciativa unilateral de la Comisión, sino más bien el resultado de iniciativas tomadas por la autoridad presupuestaria a mediados de la década de 1990. A fin de comprender la decisión del 9 de junio de 2004 hemos de remontarnos al origen de este asunto.

Todo el proceso comenzó a principios de la década de 1990, cuando el Parlamento externalizó la formación lingüística en Luxemburgo. En aquel entonces, los cursos de lenguas en la Comisión y el Consejo los impartían profesores internos que firmaban contratos de derecho privado, sin ningún concurso previo o procedimiento de selección.

A mediados de la década de 1990, la Comisión de Presupuestos criticó tanto a la Comisión como al Consejo por los costes asociados a esta práctica. Después de largos debates, el diálogo a tres bandas –el presidente de la Comisión de Presupuestos, el Secretario General del Consejo y el Comisario encargado del personal– llegó a la conclusión de que era deseable la plena externalización gradual. Como primer paso, las partes acordaron publicar un concurso para adjudicar los cursos de lengua y, además, como excepción a este principio, permitir que los profesores internos continuaran sus actividades al amparo de los contratos vigentes.

En cuarto lugar, el acuerdo del diálogo a tres bandas no supuso un compromiso por el cual los profesores se beneficiarían de un empleo vitalicio. En concreto, en el diálogo a tres bandas se aceptó permitir que los profesores de lengua siguieran trabajando con contratos de duración indefinida sin tener que participar en los concursos. Este aspecto se expuso a los sindicatos en aquel momento, como muestran las actas de las reuniones. Asimismo, la posibilidad de rescindir un contrato de duración indefinida está regulada por la ley belga y es irrenunciable. Todo acuerdo entre las partes que no sea acorde con la ley es nulo.

Tras la introducción básica, me centraré en las preguntas concretas. La primera es esta: ¿informó y consultó la Comisión al Consejo y al Parlamento antes de incumplir unilateralmente el acuerdo del diálogo a tres bandas? Hay tres elementos que es preciso considerar al respecto. En primer lugar, la Comisión no incumplió el acuerdo del diálogo a tres bandas porque dicho acuerdo no supuso un compromiso por el cual los profesores se beneficiarían de un empleo vitalicio. En segundo lugar, la Comisión admite que podría haber informado a los demás signatarios del diálogo a tres bandas –la Comisión de Presupuestos y el Consejo– de su intención de proceder a la segunda fase de externalización. No obstante, la Comisión considera que su decisión concuerda a grandes rasgos con las orientaciones manifestadas del diálogo a tres bandas y la autoridad presupuestaria.

La segunda pregunta es: ¿cuándo informó la Comisión a los representantes de los profesores, a los representantes de los sindicatos y al comité de personal local? La Comisión informó a los representantes de los profesores, junto con los profesores afectados, en una asamblea general celebrada el 18 de junio de 2004, antes de que se notificase la decisión. Según el acuerdo del diálogo social, los representantes del personal y el comité de personal local representan a las personas empleadas al amparo del Estatuto de los funcionarios. Puesto que los profesores de lengua no entran en esta categoría, no participaron representantes del personal.

La tercera pregunta es: ¿qué tipo de información se comunicó a los representantes de los profesores? La Comisión informó a los profesores y sus representantes de la decisión tomada el 9 de junio de 2004, alegando los motivos para ello y explicando las consecuencias prácticas y las disposiciones, que incluían los planes de la Comisión de abonar compensaciones.

La cuarta pregunta es: ¿considera la Comisión que la forma en que ha llevado este asunto supone un buen ejemplo de mejores prácticas en materia de consulta previa y de suministro oportuno de información? Visto desde el punto de vista legal, respondería afirmativamente: la Comisión cumplió plenamente todas las obligaciones pertinentes, incluso si, como ya se ha dicho, la Comisión podría haber informado a los demás signatarios del acuerdo del diálogo a tres bandas antes de adoptar la decisión.

La quinta pregunta es: ¿considera la Comisión que ha asumido plenamente su responsabilidad social para con los profesores afectados? La Comisión no solo ha cumplido sus obligaciones legales, sino que también las ha interpretado de la forma más favorable para las personas afectadas.

La sexta y última pregunta es: ¿puede la Comisión comentar los dictámenes de su servicio jurídico, y proporcionar copias de los mismos, acerca del despido de los profesores solicitado por la DG de Administración? Los dictámenes emitidos por el servicio jurídico de la Comisión se rigen por las normas aplicables a las relaciones entre los abogados y sus clientes. Por tanto, la Comisión no publicará los dictámenes o comentarios del servicio jurídico.

En conclusión, la postura de la Comisión se puede resumir del modo siguiente. En primer lugar, en cuanto a la sustancia del asunto, la Comisión considera que la decisión de rescindir los contratos fue responsable. Ya no era defendible continuar un sistema dual por el que los profesores internos impartían la mitad de los cursos a un coste aproximadamente cuatro veces superior que los cursos impartidos por escuelas de idiomas, sin diferencias de calidad.

En segundo lugar, la Comisión puso en práctica esta decisión cumpliendo plenamente sus obligaciones legales.

En tercer lugar, la Comisión acepta que podría haber informado a los demás signatarios del acuerdo del diálogo a tres bandas antes de adoptar la decisión. No obstante, la Comisión considera que dicha decisión concuerda en general con las orientaciones del diálogo a tres bandas y la autoridad presupuestaria.

Por último, la Comisión no tiene intenciones de reducir el número de cursos. Reafirma su compromiso con el multilingüismo y su voluntad de continuar ofreciendo al personal oportunidades de alcanzar un alto nivel de dominio de idiomas sin arriesgar la calidad. Obtener un servicio más económico sin merma de la calidad es claramente una forma de lograr este objetivo.

  Mann, Thomas (PPE-DE), en nombre del Grupo. – (DE) Señor Presidente, eran las 16.00 horas del viernes en junio de 2004 y 43 profesores de lengua celebraban una reunión para planificar el currículo del año siguiente. Entonces se lanzó la bomba y fueron despedidos sumariamente. Este personal especializado había trabajado durante décadas para la Comisión, y más de la mitad tenían edades comprendidas entre los 55 y los 59 años. La Comisión, que a la sazón era presidida por el señor Prodi, actuó sin previo aviso y sin consultarlo ni informar a los empleados a su debido tiempo, algo que contraviene flagrantemente los acuerdos del diálogo a tres bandas de 1997, que tengo aquí en mis manos. Se trataba de un acuerdo entre las instituciones, firmado por el señor Samland en nombre de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, el señor Trumpf en nombre del Consejo y el Comisario Liikanen en nombre de la Comisión, que aseguró a los profesores que sus contratos se mantendrían hasta que alcanzaran la edad de jubilación.

Por cierto que los profesores de lengua me han dicho que como contribución a la sólida gestión financiera que acabo de mencionar, cumplieron el ahorro que se les exigía trabajando cuatro horas adicionales por semana sin remuneración. En nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, y a raíz de los debates con las personas implicadas, quiero preguntar, como he hecho antes, qué alternativas de empleo había realmente para estos profesores en vista del hecho de que a finales de junio expiraron las fechas límite para los nombramientos en otras instituciones.

Su intervención ha hecho poco para disipar mis recelos sobre si se ha cumplido la ley belga, según la cual los despidos sin disposiciones financieras son legalmente inválidos. El patrono no hizo nada para cumplir sus obligaciones. Por ejemplo, ¿se consultó al abogado de los profesores a su debido tiempo? Lo dudo. ¿Cómo encaja su conducta con el principio de una gobernanza responsable, y con la rendición de cuentas por parte de las autoridades públicas? ¿Está enterada la Comisión de las condiciones precisas de su propia comunicación sobre la responsabilidad social de las empresas? Señor Comisario, la guardiana de los Tratados ha de dar ejemplo; ha de fijar normas y no socavarlas. Hay que hacer algo urgente a este respecto.

  Jöns (PSE), en nombre del Grupo. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, lo que ha dicho el Comisario no me ha convencido; sigo teniendo la impresión de que, con la decisión que tomó en junio, la Comisión rompía realmente el acuerdo alcanzado en el diálogo a tres bandas de 1997. Que yo sepa, tampoco se informó de antemano a esta Cámara acerca de ello, y es muy sospechoso que la decisión de despedir a los profesores se tomara en la última reunión de la Comisión antes de las elecciones europeas, como si se hubiese dado por supuesto que luego no volveríamos a oír nada al respecto.

La segunda cosa que quiero decir es que no creo que sea aceptable que la Comisión, que después de todo se ha comprometido con nosotros en la lucha por una Europa social, eluda su responsabilidad social y sus obligaciones como patrono cuando se trata de salvaguardar sus propios intereses. ¿Cómo si no hay que explicar el hecho, al que ya se ha hecho referencia en este debate, de que los profesores no fueran informados de antemano sobre su despido, por no mencionar el modo en que, durante años seguidos, los informes a las autoridades belgas los describían solo como empleados a tiempo parcial, para que su tiempo de trabajo real no pudiera tenerse en cuenta?

En tercer lugar, se nos dice que, en el futuro, la enseñanza solo correrá a cargo de escuelas de idiomas. Ya se han pedido las primeras ofertas y se ha comunicado que se han concedido los primeros contratos. Por ello ahora podemos contar con la posibilidad de que parte de la enseñanza de lenguas de la Comisión sea asumida por el British Council, y, dado que, como sabemos, este organismo tiene un nuevo director, es interesante considerar las implicaciones que conlleva.

Quiero pedir a la Comisión que realice una investigación independiente en todo este asunto, a fin de refutar concluyentemente –si es posible– las acusaciones que se han hecho.

  Jensen (ALDE) , en nombre del Grupo. – (DA) Quiero empezar dando las gracias al Comisario por sus respuestas a las preguntas realizadas por el señor Hughes en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. La cuestión se ha debatido en varias ocasiones en dicha comisión, pero de hecho también se ha debatido en la Comisión de Presupuestos en la que quizás tuvimos que enfocarla desde un ángulo más bien difícil, dado que, por supuesto, también queremos que la administración sea lo más eficiente y barata posible. Cuando, para justificar el despido de 43 profesores, la Comisión hace referencia a consideraciones de una sólida gestión financiera y a la necesidad de garantizar que los costes no se desorbiten y que los cursos de lengua puedan obtenerse por una tercera o cuarta parte del precio anterior, resulta difícil para las personas implicadas con el presupuesto no decir que la decisión ha sido aparentemente sensata.

Por ello, en la Comisión de Presupuestos hemos prestado atención sobre todo al modo en que se ha procedido. Por supuesto, la administración ha de ser eficiente y barata y, en los últimos años, en el Parlamento hemos ejercido una presión considerable para garantizar que la Comisión aplique las reformas y que, a través de estas reformas, se obtenga un sistema más abierto y transparente, lo cual también significa un sistema que quizás esté mejor sintonizado con el mundo a nuestro alrededor. Por supuesto entre nuestros electores existe un prejuicio general de que los empleados de la Comisión están mimados, son unos privilegiados y están muy bien pagados, y por ello hemos de hacer lo posible para asegurar que esta remuneración es razonable y que las cosas no se compran a un precio superior del necesario. Este es un importante punto de partida.

Dicho esto, quisiera señalar que la Comisión también debería ser un lugar de trabajo atractivo y también debería cumplir con las actuales reglas básicas diseñadas para proteger a los empleados. Se nos ha asegurado que se han cumplido las reglas belgas. Supongo que este hecho se refleja en la indemnización que se ha dado a los profesores y que, según el Comisario, es aparentemente la más generosa que se ha dado nunca. Esto sin duda refleja también el hecho de que en este caso no se ha procedido correctamente.

Como ha señalado el señor Hughes, la Comisión también ha de cumplir algunos de los requisitos que imponemos a los patronos fuera de los límites de la Comisión. La Comisión también ha de demostrar responsabilidad social y una gestión sólida. Por ello recomiendo que se encuentre una solución amistosa en relación con esta cuestión, asegurando así que se solucione adecuadamente. Sin embargo, también habría que buscar formas para asegurar, en el futuro, una administración adecuada que cumpla con los requisitos de la ley, que sea barata y adecuada a la hora de asumir la responsabilidad social de la organización.

  Bennahmias (Verts/ALE), en nombre del Grupo. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, este asunto no nos parece aceptable ni en el fondo ni en la forma. Hemos oído la respuesta de la Comisión. Es la respuesta habitual de la patronal a los trabajadores despedidos, es decir, que se han respetado todas las formas. De hecho, no es este el caso. Existe un conflicto laboral real. Esos profesores de lenguas trabajaron durante decenios para la Comisión, formaron a distintos Comisarios en las lenguas de los distintos países, y ahora se les echa a patadas. Esto no es aceptable.

No puedo creer ni por un segundo que la Comisión pueda compararse a lo que en Francia se denomina, peyorativamente, los patronos. Esto no es posible. Existe aquí un conflicto laboral y por tanto hay que seguir negociando y discutiendo. Quiero creer que hay cuestiones inevitables de externalización progresiva, pero bastaba esperar algunos años antes de que la externalización progresiva llevase a despedir a profesores de lenguas en la Comisión. Bastaba esperar cinco, seis, diez años para la mayoría de ellos. Por tanto, en un conflicto como este, hay que discutir.

Por mi parte, creo que si la Comisión quiere que se le escuche en el aspecto social, que defienden el Parlamento Europeo y Europa en su conjunto, pues bien, hay que discutir, y la Comisión tiene en este terreno, sobre todo ahora, el deber, en este nivel, de dar ejemplo.

  Figueiredo (GUE/NGL), en nombre del Grupo. – (PT) Señor Presidente, estamos tratando un grave problema político y laboral que merece nuestra más viva oposición. El 30 de junio del año pasado, el presidente de mi Grupo, el señor Wurtz, envió una carta a los Presidentes de la Comisión y del Parlamento diciendo que la decisión brutal de despedir a 43 profesores de lengua en la Comisión con contratos de duración ilimitada no respetaba los compromisos hechos por la Comisión, el Consejo y el Parlamento en el diálogo a tres bandas del 18 de marzo de 1997.

Este acuerdo estipula que «los representantes de las tres instituciones se comprometen a no dañar el marco contractual en el que se organiza la formación lingüística en la Comisión y en el Consejo en lo que respecta a los empleados que actualmente se benefician de contratos de duración ilimitada.»

En tal caso, ¿qué depara el futuro para la credibilidad de este tipo de acuerdos institucionales si una de las partes lo daña unilateralmente, utilizando el argumento de que cumple con la ley belga? ¿Qué tipo de credibilidad puede tener una institución que afirma combatir el dumping social cuando su enfoque del ahorro presupuestario consiste en externalizar los servicios? Al hacerlo, está poniendo en peligro los derechos sociales de personas con 10, 20 y 30 años de servicio, las está tratando como un producto desechable que se tira después de usarlo, y olvida el ahorro presupuestario real de cerca del 25 % que consiguieron estos empleados con trabajo no remunerado.

Por último, ¿cómo puede afirmar la Comisión que defiende el diálogo social y los derechos de los trabajadores, las mujeres y la familia, cuando despide, sin previo aviso y sin asesoramiento profesional ni empleo alternativo, a persona que en su mayoría tienen responsabilidades familiares y edades que dificultan encontrar empleo? ¿Es este el modelo de gestión y el modelo de la Europa social que la Comisión proclama defender cuando se olvida del derecho al trabajo y de sus responsabilidades sociales? ¿Es este el ejemplo que desea dar de una administración pública responsable, comprometida con la formación lingüística y la cultura, cuando despide a personas con gran formación y reconocida capacidad profesional y cultural y se propone contratar a otros a precios tan bajos que en realidad corre el riesgo de explotar a los profesores?

¿A qué espera la nueva Comisión para reintegrar a estos trabajadores que fueron despedidos indebidamente por el anterior ejecutivo? Nuestro Grupo irá directamente al Presidente de la Comisión, el señor Barroso, para saber cómo piensa...

(El Presidente interrumpe a la oradora)

  Masiel (NI).   (PL) Señor Presidente, perder el puesto de trabajo es uno de los sucesos más traumáticos que puede experimentar una persona en su vida, y me gustaría decirles a los profesores implicados que comprendo su posición. El modo en que estas personas fueron despedidas es censurable, y la Comisión debería disculparse por el modo en que las despidió. Repito, la Comisión debería disculparse por el modo en que las despidió. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, la Comisión tenía todo el derecho de despedirlas, y no lo hizo para su satisfacción o para atraer nuestras críticas. El dinero ahorrado hará posible crear más puestos de trabajo, pues no puede negarse que la UE es un patrono sumamente generoso. Fuera de los límites de las instituciones europeas en Bélgica se pagaría una media de 30 euros por hora por el mismo tipo de trabajo o dicho de otro modo cuatro veces menos que las cifras citadas aquí. Hemos sido injustos con estas personas al despedirlas de una forma tan poco diplomática, y merecen ser indemnizadas por ello. Sin embargo, sería justo preguntarse si sentirse culpables es suficiente razón para dar la vuelta a una decisión de la Comisión. Gracias.

(Aplausos)

  Lulling (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, tampoco a mí me satisface la respuesta de la Comisión. Pretende haber cumplido sus obligaciones jurídicas y haber actuado de acuerdo con los principios de una sana gestión financiera: ofrecer cursos de calidad a un precio razonable.

Personalmente me pregunto cómo se ha calculado el coste de la externalización o de la privatización de este servicio, en comparación con el coste de los contratos anteriores. Por otra parte, deseo destacar que en esta Cámara no desaprovechamos ninguna ocasión de denunciar las externalizaciones o las privatizaciones de servicios a que proceden empresas nacionales o internacionales de los Estados miembros. Ahora bien, nuestras instituciones practican también la privatización y la externalización, pero sin planes sociales, esos mismos planes sociales que imponemos a nuestras empresas tras la negociación con los sindicatos, al menos en mi país.

Creo, por tanto, que hay que elaborar un plan social para los interesados, con objeto de poner fin a la auténtica depauperización a que se ven expuestas las familias afectadas. Otros diputados al Parlamento Europeo han hablado largamente de ello.

Por mi parte, haría una pregunta muy concreta. ¿Cómo se ha llevado a cabo el concurso restringido para seleccionar a las empresas llamadas a sustituir a los antiguos profesores desde febrero de 2005? ¿Es cierto que entre los licitadores en este concurso de ofertas del 30 de junio se encuentra también el British Council, uno de cuyos puestos de responsabilidad ocupa actualmente el antiguo Comisario encargado de la administración, que procedió a este repentino despido?

Quisiera añadir, señor Presidente, en mi calidad de cuestor responsable de los cursos de lengua del Parlamento, que nosotros nos enfrentamos a un problema similar. Espero que lo resolvamos de un modo mucho más responsable desde el punto de vista social y respetando las normas elementales del Derecho laboral, tal como se aplica en todos nuestros Estados miembros.

  Cercas (PSE). – (ES) No gastaré mi escaso tiempo en reiterar los argumentos que han expuesto otros colegas y con los que me siento totalmente identificado.

Aprovecharé simplemente para decirle, señor Comisario, aparte de mi decepción y de la insatisfacción por su respuesta, que creo que tiene usted la oportunidad de oír lo que se está diciendo aquí esta mañana para reflexionar y no leer simplemente documentos que vienen de la anterior Comisión o análisis que le hacen sus funcionarios. Tome en cuenta, señor Comisario, y reflexione sobre el hecho cierto de que solo nos ha hablado de los elementos presupuestarios de la cuestión, con un olvido total de los elementos sociales que hay en este problema, y reflexione también, señor Comisario -y ésta es mi aportación-, sobre los elementos culturales. Esa externalización completa de servicios se está haciendo y argumentando sobre la base de unos argumentos presupuestarios, oyendo solamente esos argumentos.

En este Parlamento hay también una Comisión de Empleo y una Comisión de Cultura a las que ustedes tienen que escuchar. Respecto a la Comisión de Cultura, señor Comisario, hay un riesgo real de que el multilingüismo, y el multilingüismo de calidad, quede afectado por esta decisión. No es posible seguir tomando decisiones de este calibre atendiendo solamente a las razones monetarias. El multilingüismo es una joya que hay que mantener, y no es cierto ni está probado que puedan ser cubiertas todas las necesidades mediante fuentes externas; y no es cierto, señor Comisario, que la calidad sea equivalente, porque todos los análisis que se han realizado han sido hechos sobre elementos disímiles, comparando situaciones y lenguas que no son iguales.

Señor Comisario, estaremos muy atentos para que, en el futuro, esta Comisión no continúe como la anterior, pensando solamente en términos presupuestarios y arreglando siempre los temas presupuestarios sobre las calidades, sobre los empleados y las categorías de trabajadores más débiles de esta casa.

Por tanto, señor Comisario, escuche los argumentos sociales, escuche los argumentos culturales y vuelva atrás sobre esos documentos que le han escrito sus altos funcionarios.

  Toussas (GUE/NGL). – (EL) Señor Presidente, en un esfuerzo por responder a las justificadas acusaciones y a las preguntas de los diputados y trabajadores, la Comisión ha presentado como primer argumento que no incumplió ningún acuerdo con el despido de 43 profesores, porque el acuerdo no contenía ninguna cláusula que dijera que el empleo de los profesores sería vitalicio. Esta respuesta de la Comisión ilustra realmente que no hay argumentos y la desenmascara irreparablemente ante los empleados. En otras palabras, ha anunciado, antes de la sesión plenaria en el Parlamento Europeo, que los puestos de trabajo de todos los empleados en los servicios de la Unión Europea son inseguros.

El despido de 43 profesores de lengua después de entre 15 y 30 años de servicio constituye una acción inaceptable por parte de la Comisión. Es un ejemplo de la falta de sensibilidad social que caracteriza su política más general que olvida los problemas de la gente.

(El Presidente interrumpe al orador)

  Novak (PPE-DE). (SL) El despido del trabajo, sea por la razón que sea, siempre tiene un efecto en las personas y en su estilo de vida, y normalmente afecta también al estilo de vida de su familia. Por esta razón no hemos de permanecer indiferentes, al margen de las razones que hayan conducido a esta decisión.

En el caso del despido de los profesores de lengua por parte de la Comisión, he recibido información muy distinta, por lo que me ha resultado difícil decidir quién tiene la razón. A pesar de ello creo que la posición de los profesores despedidos debería regularse, especialmente porque tenían contratos de empleo permanente y también en vista de su trabajo en el pasado y el hecho de que algunos de ellos habían trabajado para la Comisión durante más de 20 años. En la Unión Europea aspiramos a la igualdad de trato de todas las instituciones y así la Comisión y el Parlamento Europeo han de ser ejemplos de este trato. Además, el artículo 90 de la nueva Constitución, que apoya la mayoría de esta Cámara, dice: «Todo trabajador tiene derecho a protección en caso de despido injustificado, de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales.»

Sea como fuere, propongo que el caso de los 43 profesores vuelva a examinarse y que, en vista de su trabajo en el pasado, se encuentre una solución adecuada para ellos. La ampliación ha provocado un aumento del número de Estados miembros, así que no puedo creer que repentinamente estos profesores ya no sean necesarios. También reconozco que la Comisión ha de actuar de una manera ahorrativa, pero no debería hacerlo violando la ley. En vista del hecho de que los contratos se elaboraron sobre la base del acuerdo trilateral, sería apropiado encontrar una solución en un marco de este tipo.

  Bösch (PSE). – (DE) Señor Presidente, quiero dar un buen consejo a nuestro nuevo Comisario, el señor Potočnik, y es que no lea todo lo que le escriben sus funcionarios. De este modo le irá mucho mejor.

La segunda cosa que quiero decir es que lo que ha hecho la Comisión es inexcusable. Señor Potočnik, llevamos suficiente tiempo en la política como para saber qué significa cuando, cuatro días antes de las elecciones europeas, se confronta al interlocutor en el diálogo a tres bandas con un hecho consumado. La intención, por decirlo claramente, era embaucarnos.

Señor Comisario, examinaremos qué ahorros ha realizado en realidad con su «sólida gestión». Permítame llamar a mi principal testigo, la Vicepresidenta Loyola de Palacio, y citar lo que escribió a su colega Vicepresidente Neil Kinnock el 29 de junio de 2004:

(EN) «En primer lugar, tengo la impresión de que las cifras que menciona usted no reflejan del todo la realidad.»

«Sobre esta base, el ahorro total que obtendría la Comisión sería muy inferior a los 20 millones de euros mencionados en la comunicación».

(DE) Señor Comisario, examinaremos su medida para ver hasta qué punto es realmente más barata. Es algo impertinente por su parte decir que el Parlamento quería que tomásemos estas medidas. Si miramos el diálogo a tres bandas, firmado –y no casualmente– por el entonces presidente de la Comisión de Presupuestos, cuyo punto 7 dice claramente que no hay intención de cancelar los actuales contratos de los profesores de lengua, ¡creo que tiene gracia que ahora quiera evitar que le echen la culpa!

Quiero pedirle que solucione esta cuestión o de lo contrario tendremos un problema interinstitucional.

  Graça Moura (PPE-DE). – (PT) Señor Presidente, esta mañana se anunció en esta Cámara una serie de problemas chocantes de carácter profesional, humano y jurídico. Apoyo lo que han dicho otros diputados a este Parlamento y, para ser breve, paso a mencionar otras consecuencias políticas y potencialmente negativas de la situación.

El multilingüismo saldrá perjudicado si prescindimos del trabajo realizado por profesionales capacitados y experimentados en su trabajo difícil y complejo, y externalizamos este trabajo a personas con un perfil, experiencia y competencia dudosos. A fin de cuentas, nadie puede garantizar que el trabajo se realice con el nivel de calidad exigido y en lo que respecta al procedimiento de reclutamiento y a las garantías de competencia, no parece haber disponible ninguna información exacta.

Esta cuestión debería preocuparnos a todos nosotros y no solo con respecto a los profesores, sino también por lo que podría suceder aquí en el Parlamento. Convendría que prestásemos un poco de atención a lo que sucede con los intérpretes, en especial los que trabajan por cuenta propia, que están altamente cualificados, han ofrecido servicios profesionales durante muchos años y que ahora parecen ser dispensados o reclutados con mucha menos frecuencia.

Esta no es manera de solucionar los problemas financieros que puedan surgir en cualquiera de estas situaciones. La construcción de Europa, tal como queremos que sea, no será más que una fantasía en comparación con la que la Comisión nos está ofreciendo ahora, dado el modo en que no considera que el diálogo a tres bandas sea vinculante para las partes. Al margen de la cuestión del multilingüismo, se trata también de un problema muy grave.

  Del Turco (PSE). – (IT) Señor Presidente, un minuto no me basta para expresar al señor Potočnik las preocupaciones que suscita su informe al Parlamento. No nos encontramos en un tribunal, señor Potočnik, estamos en el Parlamento Europeo. Me limitaré a hacer dos comentarios sobre la cultura que expresa su informe. En primer lugar, si sus razones prevalecieran en todos los países de Europa, no tendríamos ni la Carta de Lisboa ni probablemente tampoco la Carta de los Derechos Humanos. Tendríamos un retorno a un sistema de relaciones industriales basado en normas inadmisibles para todos los Grupos políticos de este Parlamento, como he podido escuchar.

La segunda observación que quisiera hacer es esta: debería usted darse cuenta de que una decisión como la que se obstina en tomar transmite un terrible mensaje al Parlamento, a saber, que en Europa, en el Parlamento Europeo, en las instituciones europeas, empieza a regir una norma que era propia de las democracias populares durante la era soviética a lo largo de todo el siglo XX, a saber: «poco os doy y poco os pido». Los signos de ello ya están en las estructuras y en las relaciones relativas a las traducciones, y estos son los resultados.

(Aplausos)

  Záborská (PPE-DE). (SK) Señor Presidente, Señorías, en la sesión de hoy, que no es una sesión muy agradable, quisiera ante todo saludar a los empleados en los Estados miembros de la Unión que se han visto afectados por la injusticia en el trabajo por pertenecer a minorías, ya sean étnicas u otras minorías. Conocemos ejemplos de empleados injustamente despedidos. Pero no han tenido la suerte de que sus casos sean tratados en una sesión plenaria del Parlamento Europeo.

Deberíamos estar agradecidos de que los profesores de lengua de la Comisión Europea nos hayan expuesto su caso. Esto nos brinda la oportunidad de considerar cómo podemos evitar las injusticias dentro de las instituciones europeas. No hablamos tan solo de una u otra empresa que despide a algunos empleados para aumentar sus beneficios. Hablamos de la guardiana de los tratados, encargada de controlar la aplicación adecuada del acervo comunitario. El problema con los profesores de lengua es simplemente un ejemplo triste de errores administrativos en la Comisión Europea. No olvidemos que sigue habiendo otros problemas. Recordemos el caso de la señora Andersen y el señor Van Buitenen, los asuntos Eurostat, OLAF y Blue Dragon. Si, como diputados al Parlamento Europeo, estamos encargados de vigilar a la Comisión Europea, entonces debemos actuar en estas cuestiones.

En primer lugar, pido a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que preste una atención prioritaria a esta cuestión al más alto nivel, que examine todos los casos similares a este y que tome las medidas necesarias. Hemos de garantizar que se aplique la ley de empleo y que los funcionarios y empleados de las instituciones estén protegidos.

En segundo lugar, sería conveniente pedir a todos los funcionarios, sea cual sea su rango, que se pongan en contacto con diputados al Parlamento Europeo que han elegido y les ofrezca una información clara acerca de las deficiencias administrativas dentro de las instituciones europeas.

  De Poli (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, creo que la discriminación que caracteriza este despido debe ser objeto hoy de una atención especial por parte del Parlamento, máxime después de la votación de ayer sobre el Tratado Constitucional, que en su Título II incluye la Carta de los Derechos de todos nosotros, los ciudadanos europeos.

Creo, por tanto, también en el contexto de la información que deberemos facilitar en los próximos meses, que no es posible despedir de modo discriminatorio, sin ninguna justificación, a 43 profesores que han trabajado para nosotros todos estos años. El diálogo a tres bandas se ha pasado por alto. No se han dado muestras del mínimo interés y no se han tomado las más simples medidas para intervenir a favor de estas personas. La discriminación ha tenido lugar justamente aquí, en el Parlamento.

Estoy de acuerdo con lo que ya han dicho mis colegas, que precisamente hoy debemos dedicar especial atención al significado de la democracia y a los derechos de todos nosotros, a partir precisamente de los derechos de estas personas.

  Potočnik, Comisión. (EN) Señor Presidente, Señorías, he escuchado atentamente lo que han dicho y comentaré brevemente las cuatro cosas que han planteado.

En primer lugar, hay algunas razones por las que no podemos volver a contratar a los profesores, y la primera de ella es financiera: volver a contratarlos sería incompatible con el reglamento financiero en dos sentidos: el primero es el procedimiento de contratación pública y el segundo es el principio de una sana gestión financiera.

La segunda razón es jurídica. Si se vuelve a contratar a los profesores, los cursos de lengua seguirían siendo impartidos por profesores internos y profesores empleados en las escuelas de idiomas. Esta coexistencia siempre ha constituido un riesgo jurídico. La diferencia de salarios y otras condiciones era significativa. En este sentido, existe el riesgo de que los tribunales belgas consideren que una diferencia de trato como esta entre empleados que desempeñan esencialmente las mismas tareas es una base contractual ilegal.

La tercera razón tiene que ver con la evaluación de si la recontratación de los profesores implicaría tener que negociar nuevas condiciones. La experiencia demuestra que los profesores internos no han sido especialmente flexibles de cara a la Comisión, a pesar de las ventajosas condiciones que esta les ofreció.

En segundo lugar, estaba la cuestión de las restricciones de la contratación. No era un procedimiento restringido. El reglamento financiero obliga a la Comisión a convocar un concurso abierto cuando el importe de cuatro años es superior a unos 155 000 euros. De hecho, la solicitud de candidaturas se lanzó y publicó en el Diario Oficial. El procedimiento de selección se llevó a cabo sobre la base de criterios financieros y técnicos. Se realizó un concurso entre los candidatos admitidos y, por último, se seleccionaron contratistas para diferentes lotes sobre la base del coste y la cantidad.

Me referiré brevemente a la cuestión del ahorro total. Este se calculó a partir de la diferencia entre lo que costaría mantener los contratos de los profesores y el coste de las indemnizaciones por despido. El ahorro se calculó sobre la base de los costes en 2003. El ahorro total también contempla el coste total del programa de formación lingüística, en que cada profesor era reemplazado a la edad de jubilación por un empleado del contratista, y el coste total del mismo programa de formación lingüística ejecutado exclusivamente por contratistas a partir de septiembre de 2004. Por último se tuvo en cuenta el importe del ahorro anual en el periodo 2004-2031, cuando en teoría se jubilaría el menor número de profesores. Al principio habría muchos de estos profesores, pero el número disminuiría hacia el final del periodo. El cálculo final según este sistema demostró que el ahorro sería de 23,8 millones de euros.

Se ha hecho una observación acerca de la cifra exagerada. Al contrario, los 23,8 millones de euros –citados en los documentos elaborados con vistas a la decisión de la Comisión– a los que me he referido corresponden al coste de mantener los contratos de los profesores, y este importe se rebajó a 20 millones de euros. La decisión se tomó sobre esta base.

La cantidad real también depende de las decisiones individuales de los profesores de prejubilarse o abandonar por razones personales de invalidez y enfermedad, y por último, de la evaluación de los costes salariales y contractuales. En este contexto queríamos pecar de precavidos.

El último punto planteado tiene que ver con el British Council y su labor. Según la información facilitada por los contratistas, puedo asegurarles que ningún Comisario, anterior o actual, es miembro del consejo de administración de cualquiera de los contratistas anteriores o actuales. En 2004, el British Council participó en un concurso para cursos de inglés, pero los contratos se adjudicaron a CLL y Lerian Communications.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

6. Composición de las comisiones: véase el Acta

PRESIDENCIA DEL SR. TRAKATELLIS
Vicepresidente

  Ford (PSE). – (EN) Señor Presidente, intervengo sobre la observancia del Reglamento en relación con el artículo 9 y el anexo I sobre un código de conducta de los diputados.

En una entrevista publicada en el periódico neofascista Rivarol se dice que uno de nuestros supuestos colegas en esta Cámara, Jean-Marie Le Pen, ha afirmado que la ocupación nazi de Francia no fue especialmente inhumana. Evidentemente ha olvidado la muerte de 73 000 judíos franceses, el campo de concentración cerca de Natzweiler-Struthof y la masacre de judíos, gitanos y combatientes de la resistencia en Francia durante este periodo, a la que una vez afirmó haber pertenecido.

El código de conducta no nos permite hacer comentarios sobre afirmaciones tan ultrajantes, pero me gustaría, señor Presidente, que rechazara esas declaraciones en nombre de esta Cámara.

(Aplausos)

  El Presidente. – Por supuesto que no estoy de acuerdo con estas prácticas. No cabe la menor duda. En cualquier caso, es una buena idea que todos estos incidentes sean examinados y que veamos exactamente lo que ha sucedido y si es preciso tomar decisiones desde el punto de vista del funcionamiento del Parlamento. Esto se hará, no lo duden.

7. Turno de votaciones

Propuesta de resolución (B6-0032/2005) sobre los resultados de la Conferencia de Buenos Aires sobre el cambio climático

- antes de la votación:

  Doyle (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, con su permiso y después de debatirlo con la señora Hassi, que ha presentado esta enmienda, y de hecho la señora Corbey, del Grupo del PSE, quisiera que los colegas consideraran una enmienda oral muy breve. Después de «cree que» quisiera añadir «para los países industrializados» y luego continuar con «reducciones a medio plazo del orden de», etc. Quiero pedir el apoyo de sus Señorías a esta enmienda breve, que centra la cuestión en los países industrializados como tales y no en el mundo entero.

  Muscardini (UEN). – (IT) Señor Presidente, intervengo para anunciar que retiramos nuestra firma de esta propuesta porque, una vez más, se ha utilizado al Parlamento Europeo de forma instrumental en contra del Gobierno italiano. Por consiguiente, retiramos nuestra firma y, a pesar de compartir el texto, votaremos en contra.

(Se aprueba la resolución)

⁂

Propuesta de resolución común (RC-B6-0034/2005) sobre la ayuda de la UE a las víctimas del tsunami en Αsia⁽¹⁾

- antes de la votación:

  Lewandowski, Janusz (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Presupuestos, me complace informar a usted y a sus Señorías que en lo que respecta a los asuntos financieros, vamos por delante de la resolución que estamos votando ahora. Lo que había que hacer para movilizar 100 millones de euros de ayuda de emergencia para Asia ya se ha hecho en cooperación con el Consejo. Por ello, pido un ajuste técnico –optimista y positivo– del apartado 16 que refleje los progresos realizados.

(Aplausos)

  El Presidente. – Muchas gracias. Esto se hará.

  Martínez Martínez (PSE). – (ES) Señor Presidente, nosotros queremos hacer una enmienda oral, matizando la enmienda que presentan los amigos del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. Sugerimos añadir al final lo que voy a leer en inglés.

(EN) «Pide a la UE y a los Estados miembros que cumplan sus promesas de entregar al menos 1 500 millones de euros anunciados por el Comisario Barroso en Yakarta y hacerlo en su totalidad en forma de donativo.»

(Se aprueba la propuesta de resolución común)

  Tajani (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, me refiero a la resolución sobre el maremoto que acaba de aprobarse. En el punto 5 decidimos pedir a todos los diputados que donen la remuneración de una jornada de trabajo para las víctimas del tsunami.

Pido a la Presidencia que abra una cuenta corriente para recoger nuestras donaciones voluntarias, pues de otro modo se procederá de forma desorganizada. Creo que el Parlamento debe tener la valentía de tomar una decisión e indicar un número de cuenta corriente, pues de otra forma tendremos que actuar a título individual.

Propuesta de resolución común (RC-B6-0021/2005) sobre las relaciones transatlánticas⁽²⁾

(Se aprueba la resolución común)

⁂

Propuesta de resolución común (RC-Β6-0023/2005) sobre la reducción de la deuda de los países en desarrollo⁽³⁾

(Se aprueba la resolución común)

⁂

Propuesta de resolución común (RC-Β6-0038/2005) sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Ucrania⁽⁴⁾

(Se aprueba la resolución común)

(1) {0>See Minutes.<}100{>Cf. Acta.<0}

(2) {0>See Minutes.<}100{>Cf. Acta.<0}

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8. Explicaciones de voto

- Propuesta de resolución B6-0032/2005

  Cederschiöld, Fjellner, Hökmark e Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) Hemos votado a favor de la resolución de hoy sobre el cambio climático.

Compartimos la preocupación que se expresa en ella por los efectos sobre el medio ambiente. Sin embargo, esto no significa que estemos seguros de que el Acuerdo de Kioto sea la solución para todos los problemas. El cambio climático y sus causas son complejos, y por consiguiente también hay que cuestionar las medidas y hay que someterlas a un examen más crítico que el expresado en esta resolución.

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Ha habido toda una serie de alertas sobre el cambio climático, del que indudablemente es responsable un sistema económico que no respeta el equilibrio en la relación entre los seres humanos y la naturaleza y en la actividad que surge de este sistema. Este es especialmente el caso en los países más desarrollados, entre los que sobresalen los Estados Unidos, responsables del 25 % de las emisiones de gases que causan el efecto invernadero.

El cambio climático es una consecuencia y una ilustración del carácter insostenible del sistema de producción capitalista, que saquea salvajemente los recursos naturales y está subordinado a los beneficios a corto plazo, en lugar de invertir en una planificación a largo plazo que abarque la preservación de las condiciones necesarias para que la raza humana sobreviva.

La respuesta necesaria no debería guiarse por las leyes del sistema que provocó el problema. Establecer un régimen de comercio de emisiones permite a los países con el mayor poder financiero seguir siendo los que contaminan más, encorsetando a los países con economías más débiles.

Se necesita más inversión pública, para investigar unas fuentes nuevas y más eficaces de energía no contaminantes y para apoyar la aplicación de las ya existentes.

  Goudin (IND/DEM), por escrito. (SV) El cambio climático global constituye un gran problema y creemos que hay buenas razones para tratarlo a nivel internacional. El Protocolo de Kioto es un paso importante en este proceso. Sin embargo, tenemos críticas acerca de algunos términos de la resolución.

No creemos que el Parlamento Europeo deba pedir a aquellos países que siguen sin ratificar el Protocolo de Kioto que lo hagan. Creemos que los países individuales deberían decidir sus posturas sobre este protocolo a escala nacional.

Asimismo nos oponemos a que la Comisión y los Estados miembros tengan que subrayar la necesidad de proteger el clima entablando un diálogo con otros países. Creemos que los Estados miembros individuales deberían tener el derecho de determinar sus posturas nacionales por sí mismos y presentarlas en las negociaciones internacionales. Por consiguiente es necesario proteger el derecho de iniciativa nacional.

  Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Los efectos que la actividad humana causan en el medio ambiente y, en este caso, en el clima, se deben investigar, comprender y minimizar en consecuencia, siempre que dichos efectos sean adversos. No obstante, siempre hay que tener en cuenta el enorme vacío existente entre los costes y beneficios que tal estudio conlleva.

En este contexto, el papel que ha desempeñado la UE en los esfuerzos internacionales por combatir el cambio climático supone un motivo de satisfacción que se debe reconocer.

A pesar de ello, no son suficientes las buenas intenciones o firmar protocolos si, en la realidad, no se cumplen, y especialmente si no existen medios de penalizar dicho incumplimiento.

Por tanto, he votado a favor de esta resolución, puesto que siento que aborda estas preocupaciones.

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. (PT) El constante aumento de la actividad humana ha provocado un aumento de los gases de efecto invernadero. Se cree que ello conducirá a un mayor calentamiento de la superficie terrestre y la atmósfera, y que puede afectar negativamente los ecosistemas naturales y la raza humana.

En este contexto, todos los países deben ofrecer su cooperación de la forma más amplia posible y participar en una respuesta internacional adecuada y eficaz, en función de las diferentes aunque comunes responsabilidades, además de la capacidad económica y social de cada uno de ellos.

El pasado noviembre, en la explicación de mi voto sobre la estrategia comunitaria para la conferencia en Buenos Aires sobre cambio climático –COP-10–, escribí que para mí era importante que la delegación de la UE en dicha conferencia desempeñara un papel de liderazgo en las negociaciones. Debía tratar de advertir a los socios internacionales sobre la necesidad de proteger el clima. Puesto que considero que los objetivos que presenté en parte se cumplieron y dado que el cambio climático y los efectos adversos del mismo deben ser una preocupación común para la raza humana, voté a favor.

- Propuesta de resolución RC-B6-0034/2005

  Savary (PSE). – (FR) Señor Presidente, aparte del trauma que todos sentimos ante la inmensa desgracia provocada en el océano Índico por el catastrófico maremoto de finales del año pasado, quisiera expresar también el sentimiento de malestar que experimentamos al ver desplegarse una diplomacia de la compasión que naturalmente no estaba desprovista de segundas intenciones por parte de las naciones implicadas.

En consecuencia, celebro que la resolución adoptada por el Parlamento Europeo contemple la creación de un cuerpo europeo de seguridad civil, con la vocación de constituir otra modalidad de ayuda, sin dichas segundas intenciones y sobre todo sin esta competencia a que hemos asistido en el terreno de la caridad y de la ayuda de urgencia.

En este sentido, espero que llevemos un poco más lejos el mecanismo de cooperación reforzada establecido el 23 de octubre de 2001, mediante la creación de un verdadero estado mayor de la seguridad civil europea, capaz de entrenar a expertos y proyectarlos al exterior con los colores de la Unión, para que la Unión Europea manifieste físicamente su compromiso en los períodos de emergencia y reconstrucción. Deseo asimismo que lo tengamos en cuenta en el marco de las perspectivas financieras, pues el fondo de solidaridad sin duda no es bastante flexible para movilizar las ayudas necesarias para el transporte de recursos, pero tampoco para canalizar la ayuda de emergencia, que exigen fondos plenamente móviles y disponibles. Ya me expresé en este mismo sentido en 1999. Celebro los esfuerzos realizados por la Comisión y el Consejo y deseo que Europa disponga muy pronto de cascos pintados del color azul de la bandera europea y que simbolicen la ayuda de emergencia.

  De Rossa (PSE), por escrito. (EN) Apoyo en líneas generales esta Resolución. Sin embargo, una moratoria para los reembolsos de la deuda es simplemente un balón de oxígeno que debería utilizarse para establecer un proceso de arbitraje internacional justo e independiente que evaluara qué deuda debería cancelarse para los países afectados. Este proceso debería priorizar la satisfacción de las necesidades humanas y el cumplimiento de los derechos humanos básicos.

La situación actual, en que los acreedores son los únicos que deciden cómo hacer frente a la deuda impagable, es claramente inaceptable y hasta la fecha no ha conseguido resolver la crisis de la deuda, que viene arrastrándose durante décadas.

La deuda de los países afectados por el maremoto exige a todas luces una respuesta urgente. Sin embargo, muchos otros países pobres se enfrentan a una crisis de necesidad humana que es continua y que hace que incluso el maremoto parezca pequeño. Al tiempo que aborda rápidamente la cuestión de la deuda de los países afectados por el tsunami, la comunidad internacional no debe olvidar la necesidad de cancelar la deuda impagable de los países pobres para permitirles avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Acogemos con agrado la adopción de esta resolución, a la que hemos contribuido con nuestra propia resolución y enmiendas propuestas, aunque por desgracia no todas ellas se han adoptado.

Entre las propuestas que presentamos, resaltamos nuestro apoyo a la necesidad de tomar iniciativas rápidamente para cancelar la deuda bilateral y multilateral de países en desarrollo, comenzando con los afectados por el tsunami y los más pobres y vulnerables, para devolverles todos los recursos que necesitan para su desarrollo.

También pedimos a los países desarrollados que cumplieran los objetivos de fondos para el desarrollo estipulados en la Convención de Monterrey y que alcanzaran un nivel de ayudas para el desarrollo de al menos el 0,7 % del PIB.

Debemos poner fin a la hipocresía y el cinismo de los que destinan cantidades astronómicas de dinero para la guerra en Iraq, mientras que tienen dificultades para facilitar los recursos financieros necesarios para apoyar a las víctimas de estas tragedias y construir un mundo más justo.

  Ford (PSE), por escrito. (EN) Apoyaré esta resolución en mi calidad de jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Indonesia. Hace seis meses visité Aceh y la ciudad de Banda Aceh. Aún no he podido averiguar qué ha sido de mi intérprete y chófer de Banda Aceh. Por ello puedo apreciar la magnitud del desastre en Indonesia y las Islas Andaman.

Lo que me preocupa es que la Comisión esté cometiendo un fraude con los ciudadanos europeos y el pueblo de Indonesia y Asia. La llamada «ayuda» consiste en realidad en que los pobres ayuden a los pobres, pues en lugar de ofrecer dinero nuevo, nos limitamos a traspasar fondos que ya estaban asignados a la región, de las personas que lo necesitaban desesperadamente a las pobres víctimas de esta trágica demostración de la estrecha línea sobre la que camina la humanidad en el planeta.

No necesitamos un centro de alerta de tsunamis en Asia. La información ya está disponible en centros como el Atomic Weapons Research Establishment del Reino Unido, donde todos los datos sísmicos están disponibles en tiempo real. Lo que hay que hacer, siempre que sea preciso, es comunicar inmediatamente esta información a los Gobiernos de los países afectados.

  Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Apoyamos la rápida intervención de toda la comunidad para abordar el terrible desastre humanitario en Asia. Se debe dar prioridad a los recursos necesarios, tanto en los niveles nacional como internacional, con el fin de ayudar a las personas necesitadas y apoyar las labores de reconstrucción.

La UE no debe privar de recursos a otros planes de ayuda para financiar la ayuda tras el tsunami. Los recursos se deben otorgar dentro del marco existente para el presupuesto total de la UE. Creemos que los Estados miembros de la UE deben garantizar su cuota del préstamo de 1 000 millones de euros que el Banco Europeo de Inversiones va a ofrecer a los países afectados.

Debido a su extensa experiencia y alcance global, la ONU es la organización que mejor puede coordinar la ayuda humanitaria. La UE no debe, por tanto, competir con la ONU creando nuevos mecanismos institucionales.

  Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de esta resolución.

Ante esta catástrofe, pensamos en primer lugar en el pesar y el dolor de las familias de las víctimas.

La Unión Europea ha perdido una vez más la ocasión de demostrar su capacidad de reacción. Habría sido estupendo ver, junto al Comisario Michel, a los Presidentes Barroso y Borrell, y al Alto Representante Solana, expresando con más claridad la voz de Europa.

La movilización de los pueblos europeos ha sido ejemplar. Ahora, nuestra responsabilidad es ante todo responder a la emergencia (agua potable, alimentos, etc.) y prevenir epidemias.

Pero, sobre todo, cuando las cámaras de televisión ya no estén allí, la Unión Europea deberá responder a largo plazo a las demandas de las poblaciones afectadas para:

- Participar en las labores de reconstrucción respetando las fuerzas naturales. Como hemos visto, no vale la pena construir a lo largo de la costa.

- Desarrollar y coordinar sistemas eficaces de prevención y alerta.

- Luchar contra la pedofilia. La Unión Europea tiene la obligación moral de ayudar a estos países a proteger a sus niños y, en particular, a los huérfanos de la catástrofe, de las redes de pedofilia, lamentablemente mantenidas por una clase de turistas de los países ricos que condenamos.

  Martin, David (PSE), por escrito. (EN) Aplaudo esta resolución, que recuerda la magnitud de la tragedia a que se enfrentan las personas en el Océano Índico y nuestra solidaridad europea con ellas.

No obstante, la resolución hace bien en observar que gran parte del dinero prometido por los Gobiernos europeos para ayudar a reconstruir la infraestructura y las vidas destrozadas en los países azotados por el tsunami no es dinero nuevo, sino que en gran medida se ha tomado de otros proyectos de desarrollo. No hemos de pedir a las personas de África y otros países pobres que asuman el coste de nuestra respuesta humanitaria justificada a las víctimas del tsunami. El dinero que damos debería añadirse a nuestro presupuesto de desarrollo normal.

La comunidad internacional deberá prestar también especial atención a la situación de los niños, algunos de los cuales se enfrentan al peligro real de ser víctimas de nuevo si no se les protege contra los que siempre están dispuestos a explotar su vulnerabilidad.

  Muscardini (UEN) , por escrito. (IT) Los trágicos acontecimientos debidos a causas naturales que se han sucedido sin solución de continuidad en los últimos años demuestran la necesidad de una política más meditada y de un análisis ajeno a las disputas partidistas.

Es indispensable preparar pronto, como pedimos desde hace varias legislaturas, la organización de una estructura europea de protección civil que sea capaz de efectuar intervenciones rápidas para afrontar cualquier contingencia que afecte a nuestros países o a otras regiones del mundo.

Hemos mundializado el mercado; hoy es preciso mundializar la prevención y la protección civil.

Por ello, nos alegra que el G7 haya decidido la moratoria de la deuda de los países damnificados; aceptamos la decisión, a pesar de sus malos resultados en el pasado, de confiar a las Naciones Unidas la coordinación de las ayudas y de la reconstrucción de las zonas afectadas, pero pedimos que la Unión se dote de una estructura de protección civil que asegure: 1) la coordinación de los esfuerzos nacionales de protección civil, 2) la armonización de las reglamentaciones nacionales, y 3) la creación de una estructura europea permanente.

Pedimos que los fondos para la reconstrucción asignados por la Unión no se retiren de las partidas presupuestarias para el desarrollo de los países más pobres y que exista un representante de la Comisión que informe periódicamente al Parlamento sobre la utilización de todos los fondos aportados por la Unión.

  Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Nuestro respeto hacia el dolor por los miles de fallecidos, desaparecidos y personas sin hogar. Esta solidaridad sin precedentes confirma que la hermandad de naciones puede causar una oleada de humanitarismo, erradicando la hipocresía de los gobiernos y organizaciones.

La furia del terremoto destacó la insensibilidad del capitalismo que azotaba la zona. El desastre golpeó principalmente a las clases bajas. En gran medida, se puede culpar a las intervenciones depredadoras en el medio ambiente, llevadas a cabo por empresas buscando lograr beneficios excesivos, por convertir los desastres naturales en desastres humanitarios.

El capitalismo se está preparando para reconstruir los intereses de las multinacionales encima de las tumbas, para volver la tragedia humana en contratos e índices de la bolsa de valores, para convertir cualquier «ayuda humanitaria» en intervenciones de los centros imperialistas. Hecho terrible son las declaraciones de un periódico estadounidense, que ha afirmado que las naciones ricas están proporcionando la ayuda y serán ellas las que dicten las condiciones. Esto significa financiación para proyectos con una filosofía económica opresiva, de modo que las multinacionales puedan cosechar los beneficios de la «reconstrucción», ignorando las necesidades de las personas.

No se debe malversar el dinero recaudado como resultado de la solidaridad de las clases bajas. Los ciudadanos que han acudido en ayuda no deben permitirlo. La creación de un observatorio de confianza para aplicar y controlar rigurosamente los programas de reconstrucción en beneficio de esas personas, la cancelación de las deudas de esos países y la disposición sin recortes de la ayuda programada para otros países son solo algunas de las medidas para aliviar a las víctimas.

  Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) He votado a favor de la resolución presentada puesto que responde a mis preocupaciones en este terreno.

A veces, las tragedias tienen un aspecto positivo: muestran que la naturaleza humana –y la naturaleza de las instituciones– es también capaz de buenas acciones. Al igual que el indescriptible horror que asoló el sudeste asiático, así como el sufrimiento pasado, presente y futuro, también golpearon nuestros hogares las imágenes de solidaridad mundial en un nivel sin precedentes. La globalización de todo, incluso el sufrimiento, responde ante los trágicos eventos con decencia.

En consecuencia, la disposición para ayudar que todos han demostrado, en nuestro caso concreto por parte de la UE en su totalidad y por parte de cada uno de los 25 Estados miembros, es digna de elogio, aunque solo si las promesas de ayudar se corresponden con la ayuda real. Esta vez, también en gran parte debido a los esfuerzos de los ciudadanos, Europa estuvo a la altura a la que debe estar. Esperemos, por tanto, que esto siente precedente.

Por último, esto también debe suponer la oportunidad de abordar los problemas de los países menos desarrollados con perspectiva, determinación y enfoque más frescos. Aseguremos que la tragedia no produzca más conmoción que acción.

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. (PT) La escala de la tragedia en Asia, con el daño material y humano ocasionado a las poblaciones afectadas, ha sido inmensamente estremecedora.

Aunque nos sentimos tristes, debemos también concentrarnos en la necesidad esencial de recibir ayuda que tienen los afectados, no solo en cuanto a ayuda inmediata para los países en cuestión, sino también en cuanto a garantizar que se puedan establecer mecanismos a largo plazo de cooperación y ayuda, de modo que se pueda evitar que sucedan desastres de esta naturaleza en el futuro.

En este contexto, opino que es esencial establecer en la UE un cuerpo de reacción inmediata en ámbito civil, con el objetivo de mejorar la eficacia de la ayuda europea en situaciones de crisis humanitarias.

A través de esta pesadilla, debemos prestar especial atención a los niños que han quedado huérfanos, no solo porque son los que sufren más, sino porque también son vulnerables a sufrir violaciones y abusos sexuales y físicos. Por tanto, insto a la UE a que haga uso de todos los recursos a su disposición para permitir que se tomen medidas inmediatas y efectivas para proteger a las víctimas más jóvenes.

Solo me queda expresar mi más sincero agradecimiento a todos los ciudadanos y gobiernos que, tan generosa y espontáneamente, han contribuido a financiar acciones humanitarias para ayudar a las personas devastadas.

  Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. (PT) Aunque parezca paradójico, es en momentos de sufrimiento en otros países cuando los Estados miembros de la UE se las arreglan para manifestarse con una única voz en el escenario internacional: la voz solidaria.

Voté a favor de esta resolución porque siento que la UE y sus Estados miembros no pueden darle la espalda a las pérdidas humanas y materiales causadas por la estremecedora y sin precedentes tragedia del tremendo maremoto que golpeó Asia y el Océano Índico.

Como miembro de la Comisión de Presupuestos, acojo con agrado el acuerdo interinstitucional que se ha alcanzado y que permite recurrir a los fondos de emergencia y a instrumentos de flexibilidad, además de aceptar que se liberen fondos significativos, a pesar de que no se habían previsto inicialmente.

En consecuencia, además de expresar su compasión y dolor, la UE y sus Estados miembros en breve pondrán a su disposición más de 1 000 millones de euros.

Desde un punto de vista logístico, esta tragedia fortalece la urgencia de que el cuerpo de reacción civil de la UE lleve a cabo operaciones humanitarias.

Además de los primeros auxilios de emergencia, la UE también desempeñará una función activa en la fase temporal de rehabilitación y la fase a largo plazo de reconstrucción.

Por último, al igual que la ayuda pública, debo expresar mi satisfacción y orgullo...

(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 163 del Reglamento)

- Propuesta de resolución RC-B6-0021/2005

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Tras las resoluciones anteriores del Parlamento, la intención de esta resolución es de «fortalecer la asociación» entre los Estados Unidos y la UE, renovando y avanzando en la determinación de estos dos bloques capitalistas de compartir influencias y dominación.

En una clara señal de que se trata de algo que les une en lugar de dividirles, la UE está desempeñando el papel secundario que históricamente se le ha atribuido frente al gran hermano norteamericano.

La hipocresía y el cinismo a ambos lados del Atlántico –que también se han visto demostrados en el reciente caso de apoyo a los países afectados por el tsunami en Asia, especialmente cuando uno compara esa ayuda con el dinero destinado a la guerra– se ponen de manifiesto en el poder de decidir quién puede y quién no puede tener armas, qué tipos de armas pueden y no pueden tener y quiénes son las organizaciones y los países democráticos. También queda patente en la definición de la estructura de dominación política de organismos como el Consejo de Seguridad, un organismo que busca consolidar posturas para garantizar el status quo jurídico en la dominación mundial, ignorando diferencias de opinión en lo que respecta al ataque y la invasión de Iraq, la violación del Derecho internacional, la Corte Penal Internacional y el hecho de que no se haya firmado el Protocolo de Kioto, además de sugerir que se cree una «comunidad de acción»...

(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 163 del Reglamento)

  Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Apoyamos bastantes propuestas de resolución relativas, por ejemplo, al aumento de la cooperación económica entre la UE y los Estados Unidos, la ratificación del Protocolo de Kioto y el apoyo a la Corte Penal Internacional. No obstante, hemos decidido abstenernos en la votación sobre la resolución en su totalidad puesto que, en general, está destinada a fortalecer la UE como actor global en relación con los Estados Unidos y el resto del mundo.

  Martin, David (PSE), por escrito. (EN) El reciente acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos en torno a Airbus/Boeing debería mejorar mucho el clima de las conversaciones comerciales entre ambas partes. El señor Mandelson se merece nuestras sinceras felicitaciones por haber logrado este acuerdo.

Sin embargo, siguen existiendo otros graves problemas transatlánticos, como la negativa de los Estados Unidos a suscribir el Estatuto de la Corte Penal Internacional y el Protocolo de Kioto. El progreso en estas cuestiones debería conducir a una acción conjunta efectiva desde ambos lados del Atlántico.

Como señala con razón la resolución, una «comunidad de acción» transatlántica podría ayudar a resolver la crisis de Oriente Próximo en Palestina, Irán e Iraq. Ayudaría en la lucha contra el terrorismo internacional y podría contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir la pobreza, la enfermedad y la degradación del medio ambiente.

  Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) He votado a favor de esta resolución puesto que siento que, tras las elecciones estadounidenses, el Presidente de los Estados Unidos va a visitar Europa en un momento en que, objetivamente, tenemos la oportunidad de mejorar las relaciones entre ambas partes.

Aunque la situación en Iraq sigue siendo tensa y peligrosa, ha mejorado. Docenas de partidos se han registrado para participar en las elecciones, los secuestros son cada vez más un asunto de delincuencia y los ataques están siendo más esporádicos. Hay que centrarse ahora en construir el futuro.

En Ucrania, teníamos las mismas preocupaciones, defendimos los mismos valores y principios y logramos el mismo resultado.

En Oriente Próximo, tras las elecciones para la Autoridad Palestina, estamos en condiciones de estar del mismo lado.

En cuanto a Irán, los Estados Unidos esperan ver la eficacia del acuerdo alcanzado por la UE, ya que queda la posibilidad de que surjan dificultades a este respecto.

Por último, ambos lados del Atlántico reaccionaron de la misma forma y con el mismo grado de compromiso ante el reciente desastre en Asia.

En consecuencia, resulta esencial que aprovechemos al máximo la próxima visita del Presidente Bush para restablecer las relaciones transatlánticas completamente y sin resentimientos.

En todos los sentidos, estamos en dos lados del mismo océano. Tenemos nuestras diferencias, pero estamos unidos por los mismos valores básicos.

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. (PT) El mundo libre en que vivimos no sería más que un espejismo si no hubiésemos fraguado unas relaciones estrechas y productivas entre Europa y los Estados Unidos que sirvieron para liberar nuestro continente de los yugos totalitaristas nazi y comunista.

Más que una mera anécdota histórica, esta relación es esencial e indispensable, dados los retos y oportunidades que se presentan ante nosotros. Por tanto, me opongo enérgicamente a aquellos que intentan convertir a los aliados en oponentes o rivales. Opino que la misma Historia que hoy registra nuestra victoria conjunta desaprobaría a los aliados que, habiendo vencido al enemigo más visible, dan la espalda cuando la amenaza se ha dispersado y es casi invisible.

El hecho de que no siempre estamos de acuerdo debe servir de catalizador para estimular el diálogo y no de excusa para fomentar tensiones estériles y contraproducentes, que solo son de utilidad para quienes siempre han deseado vernos divididos.

Me complace ver que el mismo Parlamento que, hace poco tiempo, se dejó llevar por la retórica antinorteamericana, envíe ahora un mensaje responsable al declarar su voluntad de colaborar para resolver problemas en todo el mundo y de recibir al Presidente Bush la próxima vez que visite las instituciones comunitarias.

Si trabajamos conjuntamente, podremos lograr más.

- Propuesta de resolución RC-B6-0023/2005

  De Rossa (PSE), por escrito. (EN) Apoyo plenamente esta propuesta de resolución conjunta. La cancelación del 80 % de la deuda iraquí es por supuesto una buena medida. Después de haber visitado Iraq con una delegación de este Parlamento, soy muy consciente de las terribles necesidades de la población de este país. Sin embargo, la disposición del Club de París de actuar en este caso suscita la pregunta de si las decisiones de condonar la deuda se toman en función de la necesidad o por imperativo político de los Estados Unidos.

Es totalmente inaceptable hoy en día que el mundo siga incrementando el gasto militar y reduciendo el gasto para la ayuda. Esto nos mantiene tan alejados como siempre del objetivo de la ONU de gastar el 0,7 % del PNB en Ayuda Oficial al Desarrollo, y ni siquiera nos acerca a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Acabemos de una vez por todas con nuestro vergonzoso historial de promesas rotas y medias tintas. Reconozcamos que una moratoria de la deuda de los países endeudados no les permitirá reconstruir sus maltrechas comunidades. Aliviemos realmente la deuda, es decir, cancelándola en su totalidad. ¡Es la única manera de aliviar su dolor en lugar de seguir postergando y alargando su sufrimiento!

  Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) La deuda externa supone una forma de explotar los países en desarrollo y de subordinarlos a los países y las instituciones financieras internacionales, que son sus acreedores, así como a los intereses económicos que representan.

Esto es ilegítimo, inmoral y constituye un gran obstáculo para el desarrollo. Asimismo, desvía grandes sumas de dinero de las necesidades básicas de los ciudadanos de estos países, que en su mayoría destinan más fondos al pago de la deuda que al total que destinan a la salud y la educación. Ello les impide enfrentarse a enfermedades como el SIDA y la tuberculosis o problemas como el analfabetismo, entre otros muchos.

Mantener la deuda es inaceptable. Vale la pena destacar el hecho de que los países endeudados ya han pagado siete veces lo que debían en 1982 y, lo que es aún peor, han visto esa deuda multiplicarse por cuatro. Además, la mayoría de ellos tienen una historia de explotación colonial, lo que les hace acreedores en lugar de deudores de los países industrializados.

La continuidad de esta situación es aún más incomprensible tras la condonación del 80 % de la deuda de Iraq, por imposición de la potencia militar ocupante de los Estados Unidos y según los cálculos de la explotación activa de la riqueza de este país y el lucrativo «negocio» de reconstrucción.

Es por todo ello fundamental que se cancele la deuda de los países en desarrollo, para que puedan construir un mundo más justo.

  Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Tenemos buena disposición hacia diferentes formas de ayuda internacional a los países en desarrollo. No obstante, no creemos que el Parlamento Europeo tenga competencia para elaborar recomendaciones relativas al alivio de la deuda de esos países. Este asunto se debe tratar en un ámbito nacional y dentro del marco de las ya existentes estructuras internaciones, como, por ejemplo, el Club de París. También apuntamos que el dinero prestado inmediatamente por la UE se debe cancelar y debe por tanto incluirse en las cuentas como un elemento de gasto presupuestario. Por los motivos antes mencionados, hemos decidido votar en contra de la propuesta de resolución.

  Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El alivio de la deuda a los países en desarrollo es una medida bien acogida que demuestra –o debe demostrar– un auténtico deseo por parte de los organismos internacionales y los países más ricos de realizar una contribución activa para el crecimiento y desarrollo económicos de esos países, así como para una distribución más justa de los costes de dicho proceso.

Además, a diferencia de los que abogan por una apertura sin restricciones de las fronteras a toda la inmigración, considero que la política más idónea, eficaz y justa es intentar por todos los medios fomentar el desarrollo en los países más necesitados, en lugar de alentar que se agoten los recursos humanos más capacitados.

En este contexto, resulta importante reconocer que, en el pasado, esta deuda fue a menudo resultado de políticas censurables y que el desarrollo futuro de estos países depende en gran medida de sus propias decisiones, sus propias políticas y su propio nivel de compromiso.

En consecuencia, apoyo procesos como el que tenemos ante nosotros, destinados a aliviar la deuda de los países en desarrollo. La condición a tal proceso debe ser que los fondos liberados se destinen a políticas de desarrollo sostenible y no a políticas que no pueden ni deben apoyarse.

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. (PT) La política comunitaria de cooperación debe favorecer el crecimiento social y económico de los países en desarrollo, y la integración gradual de dichos países en la economía mundial. Hay que recordar que los países necesitados de ayuda deben ser objeto de un examen riguroso, en lo que respecta a la mejora de procesos hacia la consolidación democrática y al avance en el respeto de los derechos humanos.

El crecimiento económico de los países en desarrollo debe estar enfocado al pueblo. Es esta la única forma en que podemos garantizar que sus economías crezcan y que se reduzcan los requisitos de la deuda externa. Es también la única forma de garantizar que cumplen con sus obligaciones.

Acogemos con agrado la Nueva Estrategia de Cooperación para el Desarrollo Africano y las medidas anunciadas en la Cumbre del G8, las cuales, independientemente de representar considerables esfuerzos hacia el progreso económico en los países en desarrollo, están dirigidas a estimular y consolidar la democracia, la buena administración económica, además de la paz y seguridad en esos países.

Dentro de las limitaciones mencionadas, siento que el proceso del alivio de la deuda pública se debe acelerar y profundizar, permitiendo que los países en desarrollo destinen recursos a los servicios básicos y, con ello, logrando los objetivos de desarrollo del milenio.

  Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) He votado en contra de la resolución porque ni siquiera logra los objetivos declarados por la Presidencia.

Nuestras enmiendas que pedían la anulación de las deudas no se han aprobado.

  Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La deuda exterior de los países pobres en desarrollo proviene de préstamos impuestos con condiciones particularmente desfavorables y depredadoras por parte de las organizaciones imperialistas internacionales, especialmente el Banco Mundial y el FMI. No se concedieron con el objetivo de fortalecer las economías de estos países y combatir los problemas de las clases bajas, sino para controlar los mercados y los recursos productores de riqueza, y para explotar extremadamente a estas personas, con el resultado de que los préstamos agravan la posición de esos países, aumentan su dependencia de los centros imperialistas internacionales y fortalecen la posición de los grandes grupos monopolísticos, especialmente las multinacionales norteamericanas, de modo que puedan controlar los mercados.

Sin hacernos ilusiones de que el carácter y los objetivos de las organizaciones internacionales puedan cambiar, exigimos la cancelación de la deuda externa de estos países, la exigencia e imposición de condiciones económicas internacionales basadas en la ayuda mutua y la igualdad entre países y el apoyo de los intereses de las clases bajas con respecto a los intereses de las multinacionales. Por ello, la lucha de las personas de estos países no se puede confinar a la cancelación de la deuda. Se trata de una lucha antiimperialista. Luchan por que las relaciones internacionales cambien radicalmente. Luchan para vencer el sistema imperialista. Luchan por que las propias personas puedan determinar su futuro y explotar los recursos para lograr un avance y desarrollo comunes.

- Propuesta de resolución RC-B6-0038/2005

  Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Hay dos aspectos que destacan del reciente proceso electoral en Ucrania. Primero es la capacidad de la mayoría de los ciudadanos ucranios de luchar por la democracia, la libertad y por un modelo social que sea esencialmente idéntico al de la UE. En el contexto de esa lucha, el nombre de Viktor Yúschenko resalta, aunque solo como el primero entre iguales. Ha supuesto la cabeza de un cuerpo sólido, decidido y unido detrás de una única idea.

Segundo, queda muy claro que la acción de las instituciones comunitarias y los líderes europeos, en un ámbito tanto comunitario como nacional, han desempeñado una función importante en el resultado de dicho proceso, que podría haber llevado a una situación de extrema gravedad.

Estos dos aspectos llevaron justificadamente a expectativas entre el pueblo ucranio en lo que respecta a su futura adhesión a la UE. Por todo ello, le toca ahora a Ucrania seguir un camino que corresponda con la clara voluntad del pueblo. De forma parecida, le toca a la UE reaccionar de forma positiva a las expectativas que se han generado.

Es este enfoque, parte integral de la resolución ante nosotros, lo que me llevó a votar a favor.

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. (PT) En el contexto de la misión de observación del proceso electoral en el que participé los días 26, 27 y 28 de diciembre de 2004, pude supervisar las circunstancias en las que se volvía a celebrar la segunda ronda de las elecciones presidenciales. Pude también notar, me alegra decirlo, que el candidato vencedor desea acercarse a la UE.

A este respecto, tuve la oportunidad, junto con otros diputados de esta Cámara, de escribir al Presidente del Parlamento para notificarle ese deseo y solicitar que el Presidente electo ucranio se pudiera presentar pronto ante nosotros.

Espero que el traspaso de poderes se lleve a cabo rápida y correctamente, de forma que la normalización democrática pueda tener lugar y se puedan reducir los niveles de ansiedad y tensión, los cuales, admitámoslo, nunca superaron lo tolerable durante el proceso electoral.

Siento que no podemos ignorar el hecho de que Ucrania es un país de importancia estratégica para Rusia. Opino que la firmeza mostrada por la UE en defensa de la democracia y libertad no se debe malinterpretar o utilizar para antagonizar a un vecino de tal importancia. La estabilización política de Ucrania debe primero servir para animar a los rusos a seguir el camino de la convergencia con esos valores compartidos. A la vez, creo que, si es ese el deseo expresado libremente por los ucranios, debemos preparar el terreno para que puedan unirse a la UE.

  El Presidente. – El turno de votaciones ha terminado.

(La sesión, suspendida a las 12.45, se reanuda a las 15.00 horas.)

PRESIDENCIA DEL SR. VIDAL-QUADRAS ROCA
Vicepresidente

9. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

  El Presidente. Se reanuda la sesión.

10. Comunicación del Presidente

  El Presidente. Señorías: en la jornada de ayer, representé al Presidente en la reunión de los Embajadores de los países ASEAN, que asistieron a nuestro debate celebrado en el Pleno sobre el maremoto.

Me pidieron que les expresara su gratitud por el apoyo del Parlamento para garantizar una rápida respuesta a estos trágicos acontecimientos y por el debate orientado hacia el futuro no politizado y constructivo que presenciaron, en la mejor tradición de la Unión Europea, de prestar ayuda humanitaria en aquellos puntos del planeta que se ven asolados por tragedias como la del tsunami, que recientemente hemos tenido la desgracia de contemplar en el Sudeste asiático.

  Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, como acaba de indicar, pasamos ahora a los asuntos urgentes y sobre los derechos humanos. Hoy tenemos tres temas relacionados con Asia, aunque aún se producen graves violaciones de los derechos humanos en Europa.

Por ello, me complace que tengamos con nosotros a dos defensores de los derechos humanos, el señor Kovalev de Rusia y la señora Estemirova de Chechenia, que están aquí hoy para recibir la medalla Robert Schuman del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos. Celebro que estos defensores de los derechos humanos, quienes por ello se han expuesto a grandes peligros, estén escuchando este importante debate hoy. Podemos asegurarles que continuaremos haciendo todo lo posible por garantizar que los derechos humanos prevalezcan en Rusia y Chechenia.

  El Presidente. Tomamos buena nota y nos congratulamos de esta información, señor Posselt.

11. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 115 del Reglamento)

Tíbet: caso de Tenzin Deleg Rinpoche

El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de 6 propuestas de resolución sobre el Tíbet: caso de Tenzin Deleg Rinpoche⁽¹⁾.

  Mann, Thomas (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, el 26 de enero se cumplirá el segundo aniversario de la ejecución del monje Lobsang Dhondup. Esta ejecución suscitó protestas desde todos los rincones del mundo y una resolución de esta Cámara, que Pekín ignoró.

En enero de 2003, nos esforzamos por evitar la ejecución de su líder espiritual, el lama Tenzin Deleg Rinpoche, y lo mismo hicimos en noviembre de 2004, cuando expiraban los dos años de suspensión del cumplimiento de la sentencia. Ayer, en una conversación mantenida aquí en Estrasburgo, la embajada china me aseguró de la alta probabilidad de que la sentencia a muerte se conmutara a cadena perpetua. El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos considera tal afirmación un triunfo gracias a la gran cantidad de iniciativas tomadas por esta Cámara y otros. Nunca hemos cesado de dar nuestra opinión y de obtener apoyo de parlamentarios y organizaciones de los derechos humanos. Una y otra vez, hemos instado al Consejo y la Comisión a que presionen para que se produzca un cambio en los que gobiernan en China. Nuestras exigencias están aún en la agenda. Hay un nuevo juicio para examinar acusaciones de sabotaje e implicación en atentados con bombas. Este juicio se debe llevar a cabo de acuerdo al Estado de Derecho y bajo supervisión de observadores internacionales.

En esencia, por desgracia, poco ha cambiado en lo que respecta a los derechos humanos en China. Recientemente arrestaron al obispo Julius Jia Zhiguo, que pertenece a la iglesia clandestina. La conclusión es que el embargo de armas debe continuar. La posibilidad de su perdón abre una vía por la que espero que podamos seguir. Estamos intentando lograr, y seguiremos intentándolo, el reconocimiento de los derechos de las minorías y el derecho a la religión. Un paso fundamental en esa dirección sería aumentar el diálogo con los representantes del Dalai Lama.

  Stihler (PSE). – (EN) Señor Presidente, hace tan solo dos meses hablamos de la situación del monje tibetano Tenzin Deleg Rinpoche, quien fue sentenciado a muerte el 3 de diciembre de 2002 en un juicio injusto basado en motivos políticos. Hoy volvemos a debatir su caso.

Ello nos recuerda a todos que, incluso en el año 2005, algunas personas de este mundo siguen sin poder practicar sus creencias religiosas sin la amenaza de violencia o, en el caso de Tenzin Deleg Rinpoche, de muerte. Desde la última vez que hablamos de su caso en este Parlamento ha habido rumores de que se había suspendido la sentencia de muerte y que esta podría conmutarse por la de cadena perpetua. Me complace oír los comentarios del señor Mann. Propongo que pidamos a las autoridades chinas que aclaren de inmediato la situación y que instemos –como dice nuestra resolución– al Gobierno chino a conmutar la pena de muerte dictada contra Tenzin Deleg Rinpoche. Asimismo deberíamos pedir a las autoridades chinas que aclaren dónde está encarcelado Tenzin Deleg Rinpoche y si goza de buena salud. Por ahora, nadie sabe dónde se encuentra exactamente.

Asimismo creo que esta Cámara debería apoyar firmemente el mantenimiento del embargo de la UE sobre la venta de armas a la República Popular China hasta que mejore la situación de los derechos humanos y China haya dado el paso fundamental de firmar el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos Civiles y Políticos. Además, hemos de seguir presionando sobre China para que se decida a abolir la pena de muerte y declare una moratoria inmediata sobre la ejecución de la pena capital.

Deberíamos recalcar a las autoridades chinas que Tenzin Deleg Rinpoche merece un juicio justo y no un juicio farsa.

Para terminar, hay muchas personas en el mundo de hoy como Tenzin Deleg Rinpoche que merecen nuestro apoyo y que tienen derecho a vivir en un país que respete la libertad religiosa y los derechos humanos. Espero que esta Cámara apoye esta resolución.

  Romeva i Rueda (Verts/ALE). – (ES) El creciente interés de las autoridades chinas por establecer buenas relaciones con los Gobiernos europeos supone una buena oportunidad para afrontar la situación del Tíbet y para exigir una vez más, como se ha hecho, la necesidad de encontrar una solución justa y duradera a las reivindicaciones tibetanas.

En sus encuentros con autoridades chinas, los Gobiernos europeos deben tener muy presentes los enormes riesgos que conllevaría un eventual levantamiento del embargo de armas de la Unión Europea y deben abordar la cuestión de la existencia de presos políticos y el riesgo de que se les aplique la pena de muerte, como es el caso que estamos tratando, de Tenzin Deleg Rinpoche. Asimismo, urge nombrar un representante especial de la Unión Europea para el Tíbet, con el fin de poner de manifiesto tanto la importancia de la cuestión tibetana en el marco de las negociaciones Unión Europea-China como de facilitar el camino hacia un diálogo sino-tibetano que permita acabar con la represión que están sufriendo desde hace décadas la población, la religión, la lengua y la cultura tibetanas.

  Meijer (GUE/NGL). – (NL) Señor Presidente, durante mucho tiempo, el Tíbet se ha reconocido como parte del territorio chino, en contra del deseo de sus habitantes originales. Es una zona en proceso de colonización por los chinos y en donde muchos recién llegados ocupan cargos de funcionarios, policías o militares. Durante muchos años se ha utilizado la violencia para reprimir la oposición a esta situación tan humillante. La pena de muerte, ya se lleve a cabo inmediatamente o no, ha sido utilizada por el Estado chino como forma de aplastar los deseos de una gran parte de la población del Tíbet. En este Parlamento, en todo el espectro político, tenemos muchos motivos para sentirnos indignados por la pena de muerte y, sin lugar a dudas, por su uso como instrumento político. Esperamos evitar la ejecución en dos semanas de un lama budista respetado e influyente.

En la actualidad, China está muy cercana a la República de Corea de hace unos años. En ese modelo, el crecimiento económico es primordial, sobre y por encima de las personas y el medio ambiente. Si razonamos a corto plazo según el interés propio de una Europa corta de miras, la tentación de retirar las críticas que hemos dirigido a China sería grande. Es verdad que China es el país con más población y mayor crecimiento económico. Durante un siglo, ese país se estancó debido a guerras internas, ocupaciones extranjeras y experimentos idealistas aunque poco meditados. Internacionalmente, se le ha dejado fuera de juego. Ahora parece que desempeñará un papel vital en el futuro.

¿Nos resignamos al hecho de que un país autoritario aplique la pena de muerte, trate a las minorías de forma incorrecta, ignore el medio ambiente, pague a sus trabajadores miserablemente, tolere condiciones laborales y de vida inseguras y no sea una democracia? ¿O queremos en Europa fomentar en aquel país nuestros puntos de vista sobre un Estado constitucional democrático, la diversidad de opiniones políticas y religiosas, la libertad de asociación y decisiones por mayoría democrática?

Por todo ello, Europa debe ser explícita a la hora de apoyar movimientos y minorías amenazadas, que, en el futuro también, deben ser capaces de seguir desempeñando su papel. En sus relaciones con China, la Comisión y el Consejo no deben trabajar a partir de la idea de que se trata de un gran país con una economía que crece rápidamente, sino que es un país que se niega a liberar a personas colonizadas, coloca el crecimiento económico por encima de cualquier cosa y, además, viola los derechos humanos. Solo entonces podemos esperar resultados.

  Libicki (UEN).   (PL) Señor Presidente, Señorías, los ciudadanos de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea son plenamente conscientes de lo que quiere decir las violaciones de los derechos humanos, ya que tales violaciones están aún frescas en nuestra memoria. La situación en Europa actualmente ha mejorado en gran medida, aunque el hecho de que la señora Estimirova y el señor Kovalev se encuentren presentes ahora en esta Cámara indica que aún nos queda mucho que hacer en Europa a este respecto.

Vale la pena mencionar una vez más que el Tíbet ha sido siempre un Estado independiente, el cual, habiéndose desligado del mundo de forma natural, nunca había experimentado ambiciones de dirigir ningún tipo de política exterior. Ello no se debe interpretar, sin embargo, como que China tenga derecho a declarar el Tíbet parte de China, ya que no cabe duda de que no lo es. A pesar de ello, las autoridades tibetanas y el Dalai Lama están dispuestos a mantener un diálogo y se contentarían con la mera autonomía. Sin embargo, se trata de lo mínimo que le deben dar, que es lo que defendemos en su nombre.

Esta Cámara va a adoptar una postura acerca de este tema hoy; debemos invitar al Gobierno de la República Popular China a que inicie un diálogo continuo con los tibetanos y respete los derechos de las minorías. Debemos exigir (y de hecho, lo estamos haciendo) que se anule la pena de muerte impuesta a Tenzin Delek Rinpoche y que se le libere. También instamos a nuestras instituciones a que mantengan el embargo de comercio de armas contra la República Popular China y, por tanto, que no lo levanten. El mundo libre tiene un instrumento disponible, a fin de evitar que los tiranos abusen de los que se encuentran bajo su poder en contra de su voluntad. Este instrumento es el uso de sanciones económicas adecuadas. Por tanto, debemos exigir que nuestras instituciones apliquen dichas sanciones, así como que se inicie un diálogo entre China y toda la sociedad de ese país, sobre todo los tibetanos y su representante, el Dalai Lama.

Deseamos que el Presidente del Parlamento presente esta resolución ante el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Secretario General de la ONU y todos aquellos que puedan influir en China para alentar a ese país a que empiece a respetar los derechos humanos. No debemos sentir remordimientos solo cuando un desastre como el tsunami nos golpea. Por el contrario, debemos estar siempre alertas a la pobreza y la desgracia de las personas de todo el mundo.

  Posselt (PPE-DE), en nombre del Grupo. – (DE) Señor Presidente, los chinos tienen un proverbio al efecto que expresa que uno debe tirar el reloj antes de comenzar a negociar. No se debe malinterpretar este sabio dicho; aconseja obstinada determinación en lugar de inactividad. Cuando, como sucede algunas veces, comenzamos a resignarnos ante la insistencia con que los mismos problemas de derechos humanos vuelven a surgir una y otra vez, debemos continuar declarando nuestra postura con tenacidad y claridad, debemos ser implacables en la defensa de los derechos humanos, ya sea ante el Gobierno chino o ante otros regímenes que pisotean estos derechos. No debemos, sin embargo, pensar que este dicho quiere decir que no debemos hacer nada. Debemos ser impacientes cuando protestemos contra las violaciones a gran escala de los derechos humanos que suceden en un país como China, el cual es un socio importante.

Nuestra preocupación concreta de hoy va dirigida al destino de un monje tibetano y de un obispo de una iglesia clandestina china; la brutal persecución de ambos viola el principio universalmente aceptado de la libertad de religión. Seré directo con nuestros socios chinos y les diré que no es digno de una cultura tan antigua y desarrollada como la suya suprimir otra, la del Tíbet, que es igualmente antigua y venerable. No es digno de una cultura tan avanzada que oprima y persiga comunidades religiosas como la budista y la Iglesia Católica. China no tiene necesidad de ello y, al actuar así, se está haciendo un enorme daño a sí misma.

Los europeos debemos apoyar nuestras palabras con hechos, además de intentar presionar para cumplir el respeto de los derechos humanos, incluso si el Estado que los viola es de gran tamaño y es un importante socio comercial, como Rusia en sus tratos con Chechenia, y China en lo que respecta a la libertad de religión. En estos asuntos, debemos aplicar las mismas normas, en lugar de condenar a los Estados pequeños y arrastrarnos ante los grandes. Solo si actuamos así, la política sobre derechos humanos de Europa será creíble en el futuro.

  Gebhardt (PSE), en nombre del Grupo. – (DE) Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, volveré a dejar claro que, al principio de este siglo XXI, nuestra Constitución es una expresión inequívoca de la importancia que para nosotros tiene el Estado de Derecho y de los derechos de los ciudadanos.

Estas dos cosas –al igual que los derechos humanos– revisten importancia no solo para nosotros. Les preocupa a todos en el mundo, por lo que en nuestro Grupo, reiteramos enérgicamente nuestra petición del Estado de Derecho, y nuestra exigencia de que el Gobierno chino conmute inmediatamente la pena de muerte a Tenzin Deleg Rinpoche, aunque no solo la suya, sino también las sentencias declaradas a todos aquellos en China a los que se ha impuesto la pena de muerte. En nombre de mi Grupo, también exijo la abolición de la pena capital, incluido en China, ya que es una práctica indigna del mundo civilizado.

  Lichtenberger (Verts/ALE), en nombre del Grupo. – (DE) Señor Presidente, a pesar de la señal de esperanza que nos han dado hoy en el caso de Tenzin Deleg Rinpoche, debemos seguir exigiendo que se reabra el caso contra él y se lleve a cabo de acuerdo a los principios del Estado de Derecho. De no hacerlo así, nos estancaremos para siempre, y siempre tendremos casos de este tipo ante nosotros. No solo en este caso, sino en otros muchos, lo que se necesita es un juicio justo.

Ahora que hemos aprobado nuestra resolución sobre la Constitución, en esta Cámara debemos seguir defendiendo los derechos humanos y las minorías en peligro por todo el mundo, apoyando sus esfuerzos y protegiéndoles contra la represión arbitraria. Debemos exigir a nuestros propios gobiernos que no se dejen encandilar por las expectativas de buenos contactos comerciales, dejando a un segundo plano los derechos humanos. Debemos hacer uso de las relaciones en desarrollo con China para ayudar a que los derechos humanos prevalezcan allí también y para finalmente devolver la autonomía al pueblo tibetano.

  Potočnik, Comisión. (EN) Señor Presidente, en el marco de este diálogo político con China, y más recientemente, con ocasión de la 7ª cumbre bilateral UE-China celebrada el 8 de diciembre de 2004 en La Haya, la UE planteó repetidamente la cuestión de la salvaguardia de los derechos de las minorías, especialmente en relación con el Tíbet. En particular, ha instado a las autoridades chinas a preservar la identidad cultural, religiosa y lingüística de la población tibetana.

Estas cuestiones también se han tratado sistemáticamente en el contexto del diálogo bilateral entre la Unión Europea y China sobre derechos humanos. En el transcurso de este diálogo, la UE ha llamado regularmente la atención de las autoridades chinas, en cada sesión, y más recientemente el 24 de septiembre de 2004 en Pekín, sobre la situación de las personas que han sido sentenciadas por haber expresado su opinión o sus creencias. El caso de Tenzin Deleg Rinpoche es un ejemplo.

A principios de 2004, la UE hizo una gestión oficial en Pekín para solicitar información sobre su paradero y su estado de salud, expresó la esperanza de que no se confirmara la sentencia de muerte y pidió una revisión judicial del caso. Más recientemente, el 15 de noviembre, la troika de la UE hizo una nueva gestión puntual en Pekín, en la que planteó de nuevo el caso de Tenzin Deleg Rinpoche.

La UE tiene la firme voluntad de insistir ante China que no ejecute la sentencia y está dispuesta a ayudar, en este sentido, a encontrar una solución aceptable para el caso en cuestión. Considera que la ejecución de la pena de muerte contra Tenzin Deleg Rinpoche sería una señal muy negativa y tendría un efecto adverso en las relaciones con China. Acabamos de enterarnos de que la Presidencia luxemburguesa –y la Comisión se ha puesto de inmediato en contacto con ella– está preparando una gestión en la que también participaría la Comisión. La gestión se remitiría a China pidiendo que no ejecute la pena de muerte y que reexamine el caso.

En un plano más general, la UE ha pedido durante años, y seguirá haciéndolo, en el marco de sus políticas generales en relación con el Tíbet, que se establezca un diálogo directo entre el Dalai Lama y las autoridades chinas, como único medio realista de encontrar una solución duradera para la cuestión del Tíbet. En este contexto, consideramos que la reciente tercera visita de los enviados especiales del Dalai Lama a China es una alentadora señal de progreso.

En el diálogo con China, la UE ha expresado con regularidad su preocupación por el uso extensivo de la pena de muerte. Sin dejar de reafirmar nuestra postura tradicional a favor de la abolición, hemos seguido presionando intensamente para que por lo menos se declare una moratoria. Asimismo hemos recalcado la necesidad de cumplir, en la lucha contra el terrorismo, los principios básicos que rigen las relaciones internacionales y salvaguardar los derechos humanos.

  El Presidente. Queda cerrado el debate.

La votación tendrá lugar esta tarde, al término de los debates.

Tortura en Irán

El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de 7 propuestas de resolución sobre la tortura en Irán⁽²⁾.

  Gahler (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, la política en general y las relaciones bilaterales en particular hacen que a menudo sea necesario el compromiso. Es este el caso si se desea avanzar con socios con quienes se tiene poco en común. Por tanto, acepto el hecho de que, de alguna forma, e incluso aunque los partidos no lo admitan, se ha alcanzado un acuerdo, el cual implica, por un lado, el cumplimiento de Irán de las exigencias del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) sobre asuntos nucleares y, por otro lado, la reanudación de negociaciones sobre el acuerdo de asociación y cooperación con la UE, que se produjo en enero.

No obstante, hay un área en que no se han alcanzado acuerdos: los derechos humanos. Aunque Irán se comporte bien en lo que respecta a la energía nuclear, bajo ningún concepto, esta Cámara debe recompensarle haciendo la vista gorda de lo que sucede en ese país en materia de derechos humanos. Les recuerdo además a la Comisión y el Consejo que todo acuerdo debe ser aprobado por esta Cámara.

Si la situación de los derechos humanos sigue evolucionando de la misma forma que hasta ahora, albergo serias dudas de cómo será en el futuro. Incluso la Asamblea General de la ONU, cuando se reunió el 20 de diciembre del año pasado, denunció el deterioro de la situación en Irán en lo que respecta a las libertades de expresión e información, así como a las detenciones arbitrarias sin cargos o procedimientos judiciales. Son los periodistas y los que escriben en Internet quienes están recibiendo este tipo de trato; he llegado a saber por el observatorio para la protección de defensores de los derechos humanos que ayer se convocó a la actual premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi a la oficina del fiscal general en Teherán. Aún se desconocen los motivos para ello, pero presiento que se trata de otro caso de anticuada intimidación.

Independientemente de esto, es inaceptable que las condenas a muerte aún se estén llevando a cabo, especialmente en menores y discapacitados mentales, y no hay aún confirmación de que las lapidaciones pertenecen al pasado y no volverán a utilizarse.

Enviemos un claro mensaje manifestando que no permitiremos que Irán continúe con tal política.

  Prets (PSE). – (DE) Señor Presidente, no solo internamente se encuentra la UE en un proceso de constante evolución, sino que su cooperación y contactos en materia de política exterior se están volviendo cada vez más amplios. Esto no es solo importante a la hora de defender nuestros intereses económicos, sino también y principalmente en lo que respecta al establecimiento de redes según las cuales se puedan exigir y poner en práctica los derechos humanos, el mantenimiento de la paz, el respeto hacia la naturaleza y mucho más.

Se trata de un área en la que muchas delegaciones de esta Cámara se encuentran activas, y estos contactos nos han permitido avanzar en gran medida. Se debe acoger con agrado el deseo del Parlamento de establecer y generar delegaciones interparlamentarias con Irán, con el objetivo de iniciar un diálogo con dicho país. Durante las fases preparatorias, se tendrán que tratar muchos asuntos sensibles, además de establecerse estipulaciones. Como acabamos de oír, el Gobierno iraní ha accedido en los últimos años a varias convenciones de la ONU, incluyendo la que trató los derechos del niño, y ha firmado la Declaración de los Derechos Humanos. Asimismo, han realizado cambios en su Código penal y prohibido la lapidación, aunque esta abolición se ha aplicado con deficiencia.

Lamento afirmar que esta lista no incluye la Declaración de Derechos de la Mujer. En esta resolución, destacamos los grandes vacíos en muchas áreas y el deficiente respeto hacia los derechos humanos, con referencia especial al encarcelamiento de mujeres y detenciones arbitrarias. El trato a los periodistas también deja mucho que desear; la situación se debe mejorar con carácter urgente. Lo que está sucediendo en Irán se debe investigar y examinar rigurosamente; existen dos puntos por los que no puedo apoyar esta resolución, y respecto a los cuales procederé con una enmienda oral.

Debemos expresar con claridad lo que para nosotros es una cooperación conjunta y atenernos a nuestros principios, a la vez que aceptamos que Irán tiene sus propias estructuras y debe decidir por sí mismo en qué forma va a cambiar, aunque a menudo esto nos resulte difícil de comprender. La única forma de que logremos algún cambio es que no desaprovechemos la oportunidad de un nuevo comienzo.

  Alvaro (ALDE). – (DE) Señor Presidente, aunque Irán es uno de los países más grandes del planeta, aún tiene un gobierno cuyas acciones nos preocupan. Me complace conocer los esfuerzos realizados para incentivar el diálogo con ese país, así como la presión que la UE está ejerciendo en conexión con el estado de los derechos humanos allí. Durante el cuarto diálogo sobre derechos humanos entre la UE e Irán, mantenido los días 14 y 15 de junio de 2004 en Teherán, Irán asumió la mejora de los derechos humanos, lo que es algo positivo, pero podemos ver también que existe una necesidad urgente de que se haga algo al respecto, ya que las organizaciones internacionales calculan que todavía se perpetran entre 300 y 400 ejecuciones cada año, con alrededor de 80 personas azotadas y una cantidad sin determinar de lapidaciones, todo ello a pesar del hecho de que, como ya han oído, este tipo de cosas ya no existen oficialmente en el Código penal iraní. Una muestra del desdén que un gobierno puede tener hacia sus propios ciudadanos es el artículo pertinente –nº 119– del anterior Código penal iraní, según el cual las piedras utilizadas para una lapidación no deben ser tan grandes que el condenado muera por el impacto de una o dos de ellas, ni tan pequeñas que no se puedan describir como piedras.

Esto es tortura, legitimada por el Estado con la intención de causar la muerte, y aún tiene que demostrarse que ya no se realiza, a estas alturas del siglo XXI.

También se ha hecho referencia a los derechos humanos del menor; aunque se les aplica la pena de muerte, esta sentencia no se hace efectiva hasta que cumplen los 18 años. Esto significa que los menores de 14 y más años pueden pasar hasta 4 años en lo que se denominan «campos de educación», esperando su ejecución, en lugar de poder recibir una educación adecuada y poder mirar hacia el futuro.

Acabamos de oír lo que la ONU ha manifestado sobre la situación en Irán. Me alegro que la carta enviada por el Presidente de este Parlamento, Josep Borrell, al embajador iraní haya ayudado a retrasar una lapidación, que debía producirse el año pasado, y a conmutar la sentencia. Sigamos ejerciendo este tipo de presión, ya que solo de esa forma, ante los ojos del mundo, haremos justicia a nuestros propios objetivos.

  Beer (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, desde el último debate de esta Cámara acerca de este asunto, en octubre del año pasado, se ha producido un avance discernible, aunque también algunos reveses.

Me alivia saber que el Reino Unido, Alemania y Francia han podido seguir adelante con las negociaciones sobre el programa de energía atómica. Sobre todo, me complace que, como acabamos de oír, se hayan producido respuestas positivas cuando hemos abordado casos individuales de graves violaciones de los derechos humanos en Irán. A pesar de todo, está claro que nos escuchan, y podemos esperar que nuestra intervención en la esfera de los derechos humanos acabe satisfactoriamente.

En este proceso, la Comisión Europea es un socio en la negociación y diálogo, por lo que es a ellos a los que apelo en primera instancia para que no consideren los derechos humanos un asunto secundario, sino que los coloquen en un lugar preferente, al igual que las relaciones económicas con Irán o el problema de cómo evitar que adquieran armas nucleares. Asimismo, deseo dejar claro a nuestros amigos iraníes que el diálogo y la negociación significan diálogo crítico; Irán debe escuchar nuestras críticas sobre algunas de las situaciones que allí suceden y jamás aceptaremos el maltrato y la opresión a la mujer, la lapidación y las ejecuciones. No considero que la resolución de las Naciones Unidas del pasado diciembre suponga una interrupción a este diálogo, sino más bien un componente de nuestra política y una admonición para nosotros. Por desgracia, también es evidente que nuestras preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos, las restricciones de la libertad de prensa y la persecución de periodistas están más que justificadas.

Apelaré una vez más, con carácter urgente, a las autoridades iraníes para que hagan algo más que realizar declaraciones y que en su lugar cancelen las lapidaciones, les den a las mujeres derechos reales en la práctica y ofrezcan más que palabras en este diálogo. Estamos también muy preocupados por las acusaciones levantadas hacia la actual premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi. Opino que no solo los diputados de esta Cámara sino también los representantes de la Comisión y el Consejo desean dejar claro que esperamos que su buena labor no se vea dificultada de ninguna manera.

Aunque mi Grupo votará a favor de la resolución, solicitaremos que se elimine el punto 9, ya que este debate no tiene lugar para él.

  Markov (GUE/NGL). – (DE) Señor Presidente, señor comisario, la Unión Europea e Irán han vuelto a la mesa de negociaciones a fin de reanudar conversaciones sobre un acuerdo conjunto de cooperación y comercio. La razón de ello, o así nos han dicho, es que Irán ahora ha aceptado que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) les supervise y han puesto fin, por el momento, al enriquecimiento de uranio. Me pregunto cómo puede ser que la postura de Irán en la denominada «polémica nuclear» sea el único criterio que la Comisión tenga en cuenta al decidir reiniciar las negociaciones.

Aún se producen graves problemas en lo que respecta a los derechos humanos. Todos los acuerdos de cooperación y comercio de la Unión Europea contienen declaraciones inequívocas sobre los capítulos de derechos humanos de los que depende dicha cooperación. La actitud de la Comisión da la impresión de que los derechos humanos han dejado de ser un problema en Irán de la noche a la mañana. Esta resolución insiste en que aún no se ha producido un avance de la situación de los derechos humanos en Irán. Se sigue imponiendo la ley de la sharia de forma rigurosa, cada día se producen ejecuciones, lapidaciones, torturas y detenciones arbitrarias. La labor de los activistas de los derechos humanos y los periodistas se ha dificultado y es incluso más peligrosa; la actual premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, ha sido de nuevo convocada ante un tribunal.

Estos hechos me llevan a considerar que la Unión Europea está actuando con falsedad al reanudar las negociaciones con el Gobierno iraní en estos momentos. Hago un llamamiento a la Comisión y el Consejo para que presenten sus exigencias seriamente y que no permitan que les compren –en el más estricto sentido de la palabra. En lugar de negociar con Irán sobre cooperación en asuntos de política económica, la Unión Europea debe sentarse con las fuerzas que de verdad están actuando por la democracia, para cambiar Irán, para convertirlo en un país democrático. Pienso que lo que el señor Gahler pretende es conectar una cosa con otra, así que le pediré directamente que nombre un país que se comporte de la forma que hace Irán. Si no vamos a suspender las relaciones comerciales con Irán, ¿con qué país desea que las suspendamos?

  Stevenson (PPE-DE), en nombre del Grupo. – (EN) Señor Presidente, he de decir que estoy de acuerdo con el señor Markov y que deberíamos llamar a algunos colegas de aquí para que se despertaran, porque la política de la UE de apaciguar a la dictadura cruel y fundamentalista de Teherán no ha hecho más que alentar a los mulás a acentuar la represión y cometer actos de barbarie cada vez más repugnantes. Las ejecuciones públicas en la horca son un espectáculo casi cotidiano, que a menudo implican a menores, personas con discapacidad mental e incluso mujeres embarazadas. Seis mujeres embarazadas han sido ejecutadas en lo que va de año. Las lapidaciones, la amputación de miembros, la flagelación y la tortura son moneda corriente.

Este es un régimen fascista que ha convertido la democracia en una farsa y ha tirado los derechos humanos al cubo de la basura. Hasta hoy el premio Nobel de la Paz no había sido citado a la Fiscalía, lo cual es un atropello. Espero que escriba al embajador iraní y protesten por ello.

El mes pasado, Maryam Rajavi, el carismático líder del movimiento de oposición iraní, vino aquí, al Parlamento Europeo en Estrasburgo, y nos dijo que la solución para enfrenarse a este reto no es la pacificación ni la invasión militar. Los propios iraníes, a través de su valiente movimiento de resistencia, tienen la capacidad de provocar un cambio. Pero hemos de infundirles ánimo. Así, es sumamente importante que apoyemos el artículo 9 de esta resolución que nos permitirá revisar la lista de la UE de organizaciones terroristas que, por insistencia de los mulás, incluye el nombre de la resistencia iraní, la organización Muyahidín Jalq.

Como ha revelado recientemente una importante investigación de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, no hay justificación alguna para mantener el nombre de los Muyahidín en la lista de la UE de organizaciones terroristas. De hecho, al aceptar esta exigencia de los mulás, les hemos dado una razón más para condenar a muerte a los seguidores del movimiento de resistencia. En estos momentos hay tres hombres en espera de ser ejecutados en Irán simplemente porque apoyan a la organización Muyahidín Jalq. No han sido acusados de otros delitos, pero según la página web de los mulás la pena de muerte está justificada porque la organización Muyahidín aparece en la lista de la UE de organizaciones terroristas. Este es el resultado de nuestros raquíticos intentos de pacificación y hemos de hacer algo para detenerlo.

  Casaca (PSE), en nombre del Grupo. – (PT) Señor Presidente, me uno a la opinión del anterior ponente y a la de todos los que se han esforzado al máximo para expresar su indignación por la continuación y empeoramiento de la violación de los derechos humanos en Irán.

Aunque solo han pasado tres meses desde octubre, nos vemos obligados a volver a esta Cámara debido al deterioro de la situación. Invito a los diputados que desean retroceder en esta resolución a que retiren estas enmiendas orales y que retiren esta propuesta, por lo que el texto resultará menos polémico. Ello se debe a que la cuestión ante nosotros es si estamos enviando o no un mensaje lo suficientemente claro al régimen iraní, y si estamos tratando la última acción del régimen: llevar a la premio Nobel de la Paz ante la policía. Este tipo de apaciguamiento nos traerá los peores resultados posibles. Por tanto, apelo a que se retiren estas propuestas y por un voto unánime a favor del texto como está.

  Meijer (GUE/NGL), en nombre del Grupo. – (NL) Señor Presidente, el mes pasado, la señora Maryam Rajavi, líder del principal partido de la oposición en Irán, visitó el Parlamento Europeo y se dirigió a 150 diputados. Dirigió nuestra atención a la injusticia que aún sufren las personas de Irán puesto que los Muyahidín, que luchan por un Estado constitucional democrático en la línea europea, todavía se encuentran en nuestra lista de organizaciones terroristas. A partir de esa lista europea, los fanáticos fundamentalistas religiosos han concluido que tienen el derecho a ejecutar a los prisioneros políticos que pueden estar vinculados a ellos.

El régimen ha prestado una atención muy negativa a la visita de la señora Rajavi. Aquellos que desean continuar matando y torturando a los oponentes sin problemas, tienen muchos motivos para demonizar y aislar la oposición democrática que se ha llevado al exilio.

Es hora de que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores y la Comisión de Asuntos Exteriores reconsideren la lista de organizaciones terroristas y con ello, ayuden a poner fin a las violaciones de los derechos humanos en Irán. Opino que la total aceptación de la resolución propuesta, incluyendo el párrafo 9, una petición a tal efecto. Resulta vital para que se alcance un Estado constitucional democrático en Irán.

  Czarnecki, Ryszard (NI). – (EN) Señor Presidente, el régimen iraní es responsable de muchas violaciones de los derechos humanos en Irán, y creo que la política blanda adoptada por algunos Gobiernos de la UE ha sido un gran fracaso. Al mantener relaciones diplomáticas con este régimen, y especialmente cuando el Consejo etiqueta de terrorista al principal grupo de oposición, estamos alentando al régimen a seguir vulnerando aún más que antes los derechos humanos.

El mensaje más serio que podríamos enviar a Teherán es la supresión el nombre de los Muyahidín iraníes de la lista de organizaciones terroristas. En realidad, los verdaderos terroristas son los mulás criminales. Ahorcan a sus propios ciudadanos, incluidos los niños, y también envían a terroristas al vecino Iraq.

Esta es, francamente, una resolución muy blanda. Sin embargo, la apoyamos y, en especial, respaldamos el apartado sobre una revisión de la lista de organizaciones terroristas por parte del Comité de Asuntos Públicos y la Comisión de Asuntos Exteriores.

  Beglitis (PSE). – (EL) Señor Presidente, nuestro debate de hoy coincide con la reanudación de las negociaciones en Bruselas entre la Unión Europea e Irán sobre la firma de un acuerdo de cooperación y comercio, junto con conversaciones sobre el diálogo político y la lucha antiterrorista. Representa un avance particularmente positivo en la continuidad del acuerdo de París de noviembre de 2004 entre Francia, Alemania y el Reino Unido, en nombre de la Unión Europea, e Irán sobre la moratoria del enriquecimiento de uranio y el control de los activistas iraníes del sector nuclear.

Estos avances confirman la credibilidad internacional y el enorme potencial político de la Unión Europea cuando actúa como una unidad para resolver importantes problemas internacionales, a través del diálogo y medios políticos.

Sin olvidar la experiencia negativa en Iraq y de cara a la filosofía unilateral de los Estados Unidos, la Unión Europea se encuentra en posición de formular su propia propuesta alternativa sobre problemas internacionales, en estrecha cooperación con la ONU y las agencias competentes.

La UE es el primer socio comercial de Irán, un hecho que prueba la importancia del fortalecimiento de las relaciones euro-iraníes como herramienta en la estrategia europea para la democratización de Irán, el respeto de sus obligaciones internacionales y para invertir su internalización y aislamiento. Una política equilibrada de, por un lado, presión y controles en Irán para el respeto de las libertades democráticas y los derechos humanos y, por otro, de incentivos para desarrollar estas relaciones, es la única forma eficaz de establecer un clima de confianza mutua y de invertir la puja polémica y el enfoque estratégico unilateral para la resolución de problemas regionales. Debemos seguir siendo defensores constantes de los derechos humanos en Irán, de la cooperación con la sociedad civil y del diálogo en todos los niveles. Dentro de este marco, el Parlamento Europeo debe tomar iniciativas específicas.

  Battilocchio (NI). – (IT) Señor Presidente, hablo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano. Una de las principales funciones de la Unión Europea es hacerse portavoz de las necesidades de las poblaciones con dificultades y promover los derechos humanos, la libertad, la democracia y la tolerancia. Por tanto, todos estamos de acuerdo en insistir ante las autoridades iraníes en que se atengan a los convenios internacionales en materia de libertad de prensa, prohibición de la tortura y respeto de los derechos de los menores, las mujeres y las minorías.

El repique de muchas alarmas indica que la situación con respecto a las reformas políticas y sociales, en vez de avanzar, en realidad empeora. También las Naciones Unidas, en su Resolución del pasado 21 de diciembre, expresaron su creciente preocupación al respecto.

Todos esperamos que Irán, un país con enormes potencialidades y de gran fermento cultural, pueda convertirse lo antes posible en un socio económico y político de pleno derecho. No obstante, todos los intercambios futuros deberán ir rigurosamente acompañados de un atento seguimiento de la situación real del país, y estar condicionados a la realización y la aplicación efectiva e inequívoca de las reformas requeridas. Las indicaciones hechas por el Consejo Europeo del pasado mes de diciembre, que se sitúan en el contexto de este planteamiento, deben encontrar pues una rápida aplicación práctica.

  Yañez-Barnuevo García (PSE). – (ES) Señor Presidente, al ser el último en el debate y antes de dar paso al Comisario, quisiera decir que mis argumentos coinciden con los de muchos intervinientes, especialmente con los del portavoz de mi Grupo, el señor Casaca. Y como formo parte de la Delegación para las relaciones con Irán, he podido comprobar de muy diversas y numerosas fuentes la situación de agravamiento de la violación de los derechos humanos en ese país y, por tanto, la actitud de firmeza que debe continuar teniendo este Parlamento en relación con este tema.

Si algún sentido tienen Europa y el Parlamento, es en el tema de los derechos humanos; es lo que más nos identifica.

Quisiera decir, en los escasos segundos que me restan, que no solo han sufrido dictaduras los nuevos países miembros como Polonia, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania o Eslovaquia; desgraciadamente, otros de nuestras generaciones también hemos sufrido dictaduras: en mi caso, la dictadura franquista, una de las más crueles y duraderas del siglo XX.

Por lo tanto, somos todos muy sensibles a este tema.

  Potočnik, Comisión. (EN) Señor Presidente, la Comisión Europea comparte la preocupación del Parlamento sobre la situación de los derechos humanos en Irán y las recientes denuncias de tortura.

Al igual que el Consejo, que adoptó conclusiones sobre esta cuestión a finales de 2004, la Comisión cree que en los últimos dos años apenas se ha avanzado en este terreno a pesar del compromiso del Gobierno de Irán de reforzar el respeto de los derechos humanos y promover el Estado de Derecho.

De ahí que la Unión Europea haya decidido unánimemente copatrocinar la resolución sobre la situación de los derechos humanos en Irán adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 2004.

Esta resolución expresa una gran preocupación en relación con diversas cuestiones de derechos humanos, incluido el uso de la tortura y otras formas de castigo cruel, inhumano y degradante, como la amputación y la flagelación. Al mismo tiempo, la resolución recuerda el anuncio de la prohibición de la tortura efectuada en abril de 2004 por el máximo responsable del poder judicial iraní y la subsiguiente aprobación de la correspondiente legislación por el Parlamento iraní en mayo de 2004. Se trata de hechos y cuestiones interesantes que, junto con las recientes denuncias de tortura, merecen plantearse directamente a nuestros socios iraníes.

La Unión Europea se ha comprometido a mantener el diálogo sobre derechos humanos iniciado en diciembre de 2002, que sigue siendo un canal de diálogo importante, no solo con influyentes representantes del poder judicial, sino también con la sociedad civil iraní. Asimismo quisiera resaltar las visitas emprendidas por diversos relatores especiales de las Naciones Unidas a Irán desde que se ha abierto nuestro diálogo sobre derechos humanos. Esto es muy notable en un país que antes permaneció cerrado a las visitas de las Naciones Unidas durante 16 años.

Finalmente, quiero recordar que de acuerdo con los acontecimientos positivos en el frente nuclear, en estos momentos la Unión Europea se propone reanudar las conversaciones con el Gobierno iraní sobre comercio, inversión y cuestiones económicas. Estas conversaciones brindan una oportunidad de recalcar una vez más a nuestros socios iraníes que todas las cuestiones relevantes –políticas, nucleares, comerciales y de derechos humanos– están vinculadas entre sí.

La Comisión es favorable a un compromiso constructivo con Irán, pero este compromiso no es sinónimo de actuación irresponsable en lo que respecta a las cuestiones que tanto preocupan al Parlamento, a la Unión Europea y al mundo entero.

  El Presidente. Queda cerrado el debate.

La votación tendrá lugar esta tarde, al término de los debates.

Trata de mujeres y de niños en Camboya

El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de 6 propuestas de resolución sobre la trata de mujeres y de niños en Camboya⁽³⁾.

  Záborská (PPE-DE). (SK) Gracias, señor Presidente, señor Comisario, Señorías. En Camboya, las mujeres son las primeras víctimas de la inestabilidad política interna. Aunque se trata de un problema que no se puede resolver en un debate en la Cámara del Parlamento Europeo un jueves por la tarde, quiero llamar su atención sobre un fenómeno más amplio en esta parte del mundo: el turismo sexual.

Cuando hablamos sobre el abuso de niños y mujeres, debemos también tener el coraje de hablar de hombres, ya que son ellos los principales responsables. El turismo es obviamente una actividad legítima con sus propios valores culturales y educativos. Pero, cuando se abusa del turismo, puede destrozar las morales y la cultura de muchos países asiáticos, incluido Camboya. Es un tsunami moral, resultado principalmente del abuso de chicas e incluso niños pequeños a través de la prostitución y el tráfico humano.

Debemos seguir dirigiéndonos a los responsables. Debemos actuar con determinación. Debemos insistir en enfrentarnos con todos los medios que no luchan contra la industria del sexo. La protección de mujeres y niños en Camboya contra el abuso comienza aquí, con nosotros, en nuestros Estados miembros. La perseverancia de la pobreza y la explotación de personas provocan gran desasosiego.

Las mujeres asiáticas son muy conscientes de su dignidad. Desean vivir según sus valores culturales fundamentales. Este despertar es una de las señales más importantes de nuestro tiempo. Sin embargo, a pesar de ello, la pobreza y la explotación de mujeres siguen siendo un grave problema en toda Asia. El analfabetismo entre las mujeres está mucho más extendido que entre los hombres y el derecho a la vida de las niñas es objeto de muchos riesgos mayores. Las acciones de nuestros Estados miembros deben, sobre todo, considerar los valores que tienen estas mujeres y garantizar el respeto de sus culturas.

  Martínez Martínez (PSE). – (ES) Señor Presidente, con esta resolución denunciamos el crimen que suponen el tráfico de seres humanos y la explotación sexual de menores y también la impunidad que a menudo encuentran los culpables de estos delitos.

En el hotel Chai Hour de Phnom Penh se ejercía la prostitución y se forzaba a tal actividad a niñas y a mujeres. A iniciativa de la organización AFESIP se liberó a 84 de ellas, que fueron trasladadas a una casa de tutela de dicha organización. En la misma operación fueron detenidos los proxenetas. Según nuestras noticias, al día siguiente los criminales quedaron en libertad sin cargos y el hotel siguió funcionando con el mismo tipo de actividades.

Al mismo tiempo, un grupo violento irrumpió en la casa de tutela, llevándose a las mujeres y niñas, y, con toda certeza, volvió a dedicarlas a la prostitución.

Así, las organizaciones que se dedican a la protección de mujeres y niñas explotadas sexualmente, como hace AFESIP, ven como las niñas que van rescatando y tratando de recuperar socialmente vuelven a ser vendidas y prostituidas. Este proceso se da con amenazas y a menudo agresiones contra los y las activistas que se entregan a esta tarea.

En este caso concreto, quiero afirmar el apoyo del Grupo Socialista y solicitar el del Parlamento para la Presidenta de AFESIP, la Sra. Somaly Mam, que corre serio peligro y ha tenido que huir de su país, amenazada de muerte por las mafias que controlan ese negocio criminal. Recordaremos que la Sra. Mam ha recibido importantes reconocimientos en España, Francia e Italia.

Esta impunidad es fruto de la corrupción que se genera en torno a los enormes beneficios económicos derivados de la explotación sexual y del tráfico de seres humanos, con el agravante, para nosotros, de que esos beneficios proceden en buena parte del turismo sexual de Europa.

El llamamiento del Grupo Socialista se dirige a los Gobiernos de nuestros países, para que persigan el turismo sexual y se refuerce la lucha contra las mafias que operan con el mismo. Apelamos también a la Comisión y a las autoridades de los países en los que, como en Camboya, la prostitución infantil y forzada es un hecho habitual.

Deberíamos instarles a que en sus relaciones con los Gobiernos de esos países se involucren en la lucha contra ese tipo de actividades, entre otras cosas apoyando a las organizaciones dedicadas al rescate y a la reinserción de las víctimas.

  Lynne (ALDE). – (EN) Señor Presidente, el tráfico de seres humanos y la explotación sexual son, en efecto, una forma moderna de esclavitud. Se calcula que tan solo en Camboya hay de 8 000 a 100 000 mujeres y niños que podrían estar atrapados en el tráfico sexual. Esto según un informe del Gobierno camboyano. Estas cifras se han incrementado dramáticamente desde la década de los noventa.

Asimismo se calcula que los tribunales no llegan a dictar condenas en el 94 % de los casos llevados a juicio. Las demandas judiciales han de aumentar, pero también han de concluir en condenas, lo cual significa que hay que acabar con la corrupción. A menudo son los pobres quienes acaban siendo condenados: una madre que vende a su hija, por ejemplo, para llevar algo de comer a la mesa.

Según una ONG camboyana, la policía, la policía militar, el ejército y otros funcionarios del Estado están implicados en este tráfico, y dirigen o protegen a los círculos de traficantes y prostíbulos. A menudo, los traficantes reciben ayuda de funcionarios de inmigración. La UE ha de trabajar con los Gobiernos y las ONG locales e internacionales para acabar con este tráfico.

La cooperación entre Tailandia, Vietman y Hong Kong es absolutamente necesaria para detener el flujo de trabajadoras sexuales a través de las fronteras. Asimismo es preciso educar y formar a la policía fronteriza. Las trabajadoras sexuales deberían tener acceso a un asesoramiento jurídico asequible para así aumentar la proporción de condenas. En lo que respecta al VIH y el sida, la prevención también es una prioridad.

Es preciso aumentar la financiación y la ayuda a las ONG, no solo en estos ámbitos, sino también para rehabilitar a las víctimas. La UE ha de seguir destinando la ayuda al desarrollo a las zonas de Camboya azotadas por la pobreza, de forma que las mujeres jóvenes que escapan tengan una alternativa real y no caigan de nuevo en la prostitución por pura desesperación.

  Breyer (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, todos estamos de acuerdo en que el tráfico de mujeres y niñas es un delito; este caso en Camboya es, lamentablemente, solo uno entre muchos, como también hay muchos casos por todo el mundo que se desconocen.

En las últimas semanas, la opinión pública de todo el mundo se ha inquietado por los informes en los medios de comunicación, según los cuales se está traficando con los niños víctimas del tsunami. Lo que hace que este caso en Camboya sea más desconcertante es el hecho de que solo ha llegado a nuestro conocimiento en esta Cámara por casualidad y, por desgracia, no está inquietando a las personas del mundo. Sin embargo, en lo que respecta al comercio mundial de mujeres y niños, esto no representa más que la punta del iceberg. Opino que ello demuestra cómo prevalece la corrupción en Camboya, que el sistema judicial del país no se ha reformado y que, independientemente de la industria del sexo, el Gobierno de Camboya debería garantizar que los proxenetas no se pusieran en libertad en cuestión de días para de nuevo suponer una amenaza para sus víctimas.

También debemos, sin embargo, preguntarnos qué se esconde tras este comercio. El constante aumento en la cantidad de personas sin tierras en Camboya está contribuyendo a una situación más alarmante que nunca, ya que estas personas no tienen ninguna expectativa, a no ser que vendan a sus hijos e hijas. Se trata de algo que debemos denunciar; es aquí donde verdaderamente tenemos que señalar dónde radica el problema y que por fin se ejerza la presión necesaria en el Gobierno camboyano, de modo que nada de lo que ha sucedido vuelva a ocurrir nunca más. Tenemos también que expresar nuestra preocupación de que la comisión designada represente tan solo un formalismo, una especie de tranquilizante para calmar al público y a nosotros mismos. Por todo ello, espero que el debate en esta Cámara animará a otros a denunciar estos delitos y a llamar la atención del mundo para combatirlos.

  Liotard (GUE/NGL). – (NL) Señor Presidente, el hecho de que el Gobierno camboyano, o cualquier otro gobierno, no tome medidas suficientes contra el tráfico y abuso de mujeres y niños es absolutamente inaceptable. Los derechos de las mujeres y niños no se deben tratar como asuntos de segunda categoría. Es un deber moral de la UE desplegar toda la influencia a su disposición con el objetivo de cambiar esta situación. Se debe prohibir este tipo de esclavitud moderna, lo que deberá ser una de las prioridades de la política exterior de la UE.

Además, resulta de extrema importancia que se proporcione apoyo a las ONG y personas implicadas en la lucha contra el abuso de mujeres y niños. Se trata de una tarea para la UE y los Estados miembros. Como tal, le doy mi sincero agradecimiento a quienes han trabajado en esta resolución.

  Posselt (PPE-DE), en nombre del Grupo. – (DE) Señor Presidente, casi ningún país ha sufrido tanto como lo ha hecho Camboya en los últimos 60 a 70 años: primero, la Segunda Guerra Mundial, que hizo estragos en ese país con la misma brutalidad que en cualquier otro; a continuación, las dos guerras en Indochina, los Jemeres Rojos con su comunismo de la Edad de Piedra y el comunismo impuesto por los vietnamitas, quienes afirmaron llegar como libertadores, mientras que hoy, el Estado se cae en pedazos y hay crimen organizado a una escala inimaginable.

No obstante, se ha afirmado con razón que nada de esto puede servir de excusa para tolerar o aceptar lo que está sucediendo allí actualmente, ante nuestros ojos. Lo que estamos contemplando es una forma especialmente desagradable de esclavitud contemporánea –me niego a llamarla moderna–, con la forma de explotación sexual de las mujeres y menores de este país. Obviamente y en primera instancia, existe crimen organizado en Camboya que es responsable de ello en gran medida, aunque también la responsabilidad la comparten otros dos organismos, por lo que veo que los puntos 12 y 13 de nuestra resolución son muy importantes.

Por otro lado, está el propio Gobierno camboyano, que debe, por fin, ratificar y aplicar la Convención de la ONU pertinente y el acuerdo correspondiente sobre la lucha contra el tráfico de seres humanos primero y el crimen organizado segundo. A pesar de ello, nosotros en la Unión Europea compartimos la responsabilidad de igual forma. Este comercio de esclavos no existiría en la ausencia de un mercado para ellos; la demanda no viene exclusiva o principalmente de Asia, sino que, en gran medida, proviene de Europa. Por ese motivo, nuestra responsabilidad no es solo utilizar nuestra política exterior, de seguridad y desarrollo como un medio para poner fin con esta forma de esclavitud; debemos también ser implacables en el uso de todos los medios con los que en Europa combatimos la delincuencia transfronteriza y luchamos por nuestra seguridad interna, para dar caza a los operadores y organizadores de este tipo de turismo sexual ya que, si no lo hacemos, no tendremos derecho de señalar con el dedo a nadie. Debemos empezar con asumir nuestras propias responsabilidades en Europa y, posteriormente, transmitir el mensaje a nuestros socios camboyanos de que se trata de un asunto de derechos humanos fundamentales sobre el que no cederemos ni un milímetro. Debemos estar dispuestos no solo a darles enorme apoyo en la construcción de su sistema judicial, sino también, dentro de la UE, a limpiar nuestra propia casa.

  Krupa (IND/DEM), en nombre del Grupo.  (PL) Señor Presidente, en este mundo atontado por el materialismo, solo son lamentables los desastres enormes, como el tsunami o el ataque terrorista en Beslan, que pueden desencadenar cargos de conciencia y actuar como catalizadores para la ayuda y la reflexión. Sin embargo, trágicos acontecimientos que solo se pueden describir como el desenfreno de los elementos se han sucedido día tras día durante muchos años, siendo los mismos principalmente una fuente de mal físico. Para contrastar, una persona sin conciencia ni principios morales puede causar mucho más daño al insultar la dignidad de los seres humanos e imposibilitarles que vivan como otros humanos.

Hemos sido testigos de destrucciones moral y espiritual durante muchos años en los países del sur asiático y en Camboya, el país que estamos debatiendo hoy. Esta destrucción se puede ver con particular claridad en el trato a las mujeres y los niños, que son obligados a prostituirse, llevados a trabajar en almacenes, fábricas o plantaciones de caucho o vendidos para obtener beneficios. Tal trato es sencillamente un insulto a la dignidad humana.

Según cálculos globales, cada año se venden a alrededor de 2 millones de personas en esa región y el comercio de niños ocupa el tercer puesto en beneficios para los delincuentes, después del tráfico de drogas y el comercio de armas. Según dichos cálculos y los informes de la ONU, en Camboya resulta particularmente difícil combatir el tráfico de mujeres y niños o su explotación sexual, ya que tanto la policía como las autoridades están corruptas y aceptan suculentos sobornos de los turistas ricos y depravados. La explotación de este tipo es una forma primitiva de esclavitud moderna.

Alrededor del 60 % de mujeres y chicas jóvenes se ven obligadas a prostituirse y la mayoría de ellas acaban adquiriendo el virus HIV o contagiadas de sida. La causa más obvia de ello es la pobreza, o más bien la indigencia, ya que en esta región casi un cuarto de la población, población que supone un tercio de la población mundial, sobreviven con menos de un dólar al día. En tales circunstancias, millones de mujeres y niños se ven obligados a realizar trabajos altamente arriesgados, bajo falsas promesas de obtener un empleo legal. Esto da como resultado su venta y exportación al extranjero como esclavos. Allí se les explota, no solo para trabajar, sino también para prácticas anormales, como sexo, pedofilia y pornografía infantil. Otra causa es el analfabetismo y la ideología comunista de los Jemeres Rojos, quienes intentaron construir una nueva sociedad por medio del terror, las amenazas y mentiras, causando más de un millón de víctimas en ese proceso. Tras años de la ley de Pol Pot, el país y su servicio sanitario e infraestructura médica quedaron completamente destruidos; millones de niños que habían perdido a sus padres quedaron sin nada de lo que vivir. Por desgracia, durante los últimos años, el Estado también se ha dirigido hacia el liberalismo económico.

No carece de sentido que la destrucción liberal de la familia y el tan loado modelo de vida utilitario y hedonista son característicos incluso de aquellos que ayudan en organizaciones humanitarias no gubernamentales, algunos de los cuales aceptan una forma vergonzosa de igual pago por esta ayuda, mediante la explotación sexual de mujeres y niños. Por este motivo, las resoluciones y debates de esta Cámara servirán de poco para mejorar la situación, ya que incluso gente educada en posiciones de alto rango se burla de la inviolabilidad del ser humano y la familia. No necesitan solo la ayuda económica y la tan alabada economía de mercado, sino sobre todo la renovación moral y principios éticos. Gracias.

(Aplausos)

  Potočnik, Comisión. (EN) Señor Presidente, la Comisión condena firmemente todas las formas de tráfico de seres humanos y de explotación sexual, especialmente de menores. La Comisión comparte plenamente las preocupaciones de los diputados al Parlamento Europeo acerca de la existencia y la magnitud del tráfico de seres humanos en Camboya. Es especialmente repugnante que quienes perpetran este terrible delito se ensañen con los más pobres de los pobres en uno de los países menos desarrollados del sudeste asiático, donde el alto nivel de pobreza y la limitada capacidad de los organismos nacionales, así como la corrupción y la colusión local, hacen que les resulte más fácil operar.

Estas condiciones han propiciado el desarrollo del tráfico de trabajadores migrantes para su explotación económica, el tráfico de mujeres –tanto dentro de Camboya como más allá de sus fronteras– para la prostitución, y el tráfico de menores para la prostitución, la mendicidad y la adopción ilegal.

Las actividades de cooperación de la Comisión en Camboya tienen el objetivo último de reducir la pobreza, pero también están concebidas para reflejar el compromiso de la UE con los derechos humanos y la democracia, incluida la igualdad de trato entre hombres y mujeres y la protección de los menores. Más específicamente, con la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, la Comisión ya ha prometido casi 1,9 millones de euros al Unicef y a Acción de Iglesias Unidas/DanChurchAid en apoyo de dos amplios programas encaminados a asegurar la protección jurídica de menores en Camboya, así como fondos para apoyar el desarrollo de ONG locales de derechos humanos.

Además, en el documento de programación de la Comisión para la Iniciativa Europea por la Democracia y los Derechos Humanos para 2005 y 2006, para la Campaña 2, llamada «Fomentar una cultura de los derechos humanos», a la que puede acogerse Camboya, se ha previsto abordar la cuestión del tráficos de menores y mujeres. La campaña también promoverá los derechos de los defensores de los derechos humanos. Mejorará la protección y dará a conocer la situación de quienes trabajan, asumiendo un gran riesgo, para fomentar los derechos humanos por medios no violentos, teniendo en cuenta las recomendaciones del apartado 13 de las Directrices de la Unión Europea sobre los Defensores de los Derechos Humanos.

El Gobierno Real de Camboya ha emprendido recientemente diversas iniciativas positivas para abordar el problema, incluida la firma de memorandos de acuerdo con Tailandia sobre el tráfico de mujeres y menores y sobre la gestión de la mano de obra migrante entre ambos países, la participación en la Iniciativa Ministerial Coordinada del Mekong contra el Tráfico y la creación de un Departamento contra el Tráfico de Seres Humanos en el Ministerio del Interior en 2002. Me complacen mucho estas importantes iniciativas y no me cabe duda de que estas también serán acogidas con satisfacción por los diputados a este Parlamento.

Pero los recientes acontecimientos en los que se ha visto implicada la ONG AFESIP, que ha recibido apoyo de España, el Reino Unido y la Comisión, también nos han llamado la atención sobre las realidades prácticas y la evidente dificultad de aplicar estas medidas. Estos sucesos han vuelto a despertar la inquietud de todos nosotros, y con razón. Las embajadas de los Estados miembros en Phnom Penh y la Delegación de la CE reaccionaron de inmediato con una declaración, exigiendo una investigación a fondo y el enjuiciamiento de los autores.

El 12 de diciembre, el Gobierno anunció la creación de una Comisión interministerial para investigar lo sucedido. Las embajadas de los Estados miembros en Phnom Penh y la Delegación de la CE se unieron a otros donantes en otra declaración para aplaudir este anuncio y expresar la esperanza de que las conclusiones de la investigación fueran creíbles y transparentes. Puedo asegurarles que la Delegación de la CE en el Reino de Camboya, en colaboración con las misiones de los Estados miembros en el país, seguirá de cerca los progresos de la investigación gubernamental y continuará informando sobre los acontecimientos.

  Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, ruego acepte mis disculpas, pero ya había dicho al principio de este debate sobre derechos humanos que hoy tenemos aquí a dos prominentes activistas por esa causa, el señor Kovalev de Rusia y la señora Estemirova de Chechenia, que han venido para recibir la medalla Robert Schuman de nuestro Grupo. Aunque les ha dirigido una cálida bienvenida, en realidad aún no habían llegado. Ya han llegado, por lo que desearía asegurar a nuestros invitados que no cesaremos de luchar por los derechos humanos en Rusia, Chechenia y en todo el mundo.

Señor Comisario, aún recuerdo cómo, un jueves al mediodía, esta Cámara declaró su apoyo a los derechos humanos en Eslovenia y a la libertad de dicho país. Hoy tenemos un comisario esloveno y espero que en esta Cámara vivamos para ver, algún día, libertad, derechos humanos e independencia para Chechenia y Rusia.

(Aplausos)

  El Presidente. Queda cerrado el debate.

La votación tendrá lugar a continuación.

(1) Véase Acta.

(2) Véase Acta.

(3) Véase Acta.

12. Composición del Parlamento (Véase el Acta)

13. Turno de votaciones

  El Presidente. De conformidad con el orden día, se procede a la votación de estas propuestas de resolución.

Propuesta de resolución común sobre el Tíbet: caso de Tenzin Deleg Rinpoche (B6-0037/2005)

(Se aprueba la resolución común)

Propuesta de resolución común sobre la tortura en Irán (RC- B6-0036/2005)

- antes de la votación del apartado 7:

  Alvaro (ALDE). – (EN) Señor Presidente el final del apartado 7 debería corregirse del modo siguiente: «Insiste en que las relaciones sexuales consentidas entre adultos están cubiertas por el concepto de "intimidad" y pide la inmediata liberación de todas las personas encarceladas por esta causa».

(Se aprueba la enmienda oral)

- antes de la votación del apartado 8:

  Prets (PSE). – (DE) Señor Presidente, propongo una enmienda oral al apartado 8, el último tercio de la cual propongo que debe indicar lo siguiente: «en su expectativa de que Irán aborde también otras cuestiones que preocupan a la UE en relación con la lucha contra el terrorismo, el respeto de los derechos humanos y la postura iraní en el proceso de paz de Oriente Próximo». Solicito que se acepte esta propuesta.

(Se rechaza la enmienda oral)

  Martínez Martínez (PSE). – (ES) Señor Presidente, entiendo que lo que hemos votado y ha sido rechazado, lamentablemente, es el párrafo enmendado por la Sra. Prets; no es la enmienda, sino el párrafo tal como había sido enmendado.

(Se aprueba la resolución común)

⁂

Propuesta de resolución común sobre la trata de mujeres y de niños en Camboya (RC - B6-0035/2005)

(Se aprueba la resolución común)

14. Orden del día de la próxima sesión: véase el Acta

15. Interrupción del periodo de sesiones

  El Presidente. Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.

(Se levanta la sesión a las 16.30 horas)

¿Puede proporcionar el Consejo detalles de todas las medidas de apoyo de la UE que se aplicaron en relación con las últimas elecciones presidenciales en Palestina?

(EN) El Consejo recuerda a su Señoría que el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores señaló en su reunión de los días 22 y 23 de noviembre de 2004 que la UE está dispuesta a prestar asistencia a la Autoridad Nacional Palestina en las próximas elecciones presidenciales a las que su Señoría se refiere en su pregunta. Por ello, el Consejo celebra la intención de la Comisión de enviar una Misión de Observación Electoral, como anunció la Comisaria Ferrero-Waldner el 22 de noviembre de 2004, la cual estará presidida por el antiguo Primer Ministro francés, señor Rocard, que es actualmente diputado europeo. Rogamos a su Señoría que solicite directamente a la Comisión toda la información adicional sobre la ayuda que la UE prestará en dichas elecciones. Aparte de la observación electoral y la ayuda a las elecciones, la Presidencia del Consejo y el Alto Representante mantienen constantes contactos con todas las partes y socios interesados a todos los niveles para asegurar que estas elecciones se organicen de conformidad con la legislación internacional y que Israel las facilite, como pidió el Consejo en su reunión de los días 22 y 23 de noviembre de 2004.

Asimismo, recuerda las Conclusiones de la Presidencia, adoptadas con ocasión de la reunión del Consejo Europeo en Bruselas los días 16 y 17 de diciembre pasado, en las que se señala que la UE prestará ayuda financiera, técnica y política al proceso electoral, y que su misión de observadores – conjuntamente con los demás miembros del Cuarteto y de la comunidad internacional – ayudarán a verificar que el proceso sea democrático, libre y equitativo. El Consejo Europeo celebra y apoya también la intención de la Autoridad Nacional Palestina de celebrar elecciones legislativas y municipales.

¿Puede indicar el Consejo Europeo qué medidas va a adoptar para explicar a los ciudadanos de Europa las disposiciones del nuevo Tratado constitucional, que fue firmado en Roma el pasado 29 de octubre?

(FR) El Consejo remite al autor de la pregunta a las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 4 y 5 de noviembre de 2004, y en particular al Capítulo III («Comunicar Europa al Ciudadano»), en el que se hace hincapié en la concienciación de los ciudadanos sobre la importancia del trabajo de la Unión. En lo que se refiere, en particular, a la política de comunicación sobre las disposiciones del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, el Consejo Europeo recordó en esa ocasión que el proceso de ratificación brinda una excelente oportunidad para informar a la ciudadanía acerca de los temas europeos. En este sentido, los Estados miembros podrían proceder a intercambiar información y experiencias relacionadas con el proceso, quedando entendido, no obstante, que las campañas relativas a la ratificación siguen siendo responsabilidad nacional.

¿Puede indicar el Consejo qué medidas va a aplicar para apoyar las próximas elecciones en Iraq?

(EN) El pasado 17 de junio, el Consejo Europeo aprobó la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 9 de junio de 2004 titulada «La UE e Iraq - Un marco para la acción». En esa misma ocasión, el Consejo Europeo aprobó la carta conjunta del Secretario General y Alto Representante para la PESC y de la Comisión en la que se establecían otros ámbitos de actuación.

El objetivo de la UE es un Iraq seguro, estable, unificado, próspero y democrático. El Consejo apoya el proceso transitorio que tiene lugar en Iraq, incluida la celebración de elecciones de conformidad con la Resolución 1546 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por consiguiente, la ayuda a las elecciones ha sido un elemento importante dentro de la asistencia que la UE presta a Iraq. Durante la reunión celebrada en Bruselas los días 16 y 17 de diciembre de 2004, el Consejo reiteró este objetivo y su determinación de apoyar al pueblo iraquí y a sus autoridades mediante el apoyo a las elecciones, la financiación de la protección de la ONU, la asistencia a la reconstrucción, el fortalecimiento del sistema penal, la promoción del respeto del Estado de derecho y el desarrollo de una cooperación política y comercial con ese país. Por último, destacó la importancia de un amplio proceso político para las elecciones generales de enero de 2005.

De hecho, se ha prestado una asistencia considerable para las elecciones, sobre todo a través del sector de elecciones del Fondo Internacional para la Reconstrucción de Iraq, que es administrado por la ONU. La ONU tiene un papel importante que desempeñar para ayudar a la Comisión Electoral Independiente de Iraq a organizar las elecciones. Asimismo, la Comunidad imparte formación a 150 observadores internos, y presta asistencia técnica a la ONU y a la Comisión Electoral Independiente en Ammán y Bagdad.

El importe total asignado por la Comunidad se elevará a 31,5 millones de euros, y cabe señalar que varios Estados miembros están contribuyendo con fondos adicionales para apoyar las elecciones de forma bilateral.

Los habitantes de Belarús siguen padeciendo las consecuencias de la catástrofe de Chernóbil. Más del 70 % de los efectos radioactivos afectaron a territorio bielorruso y, aproximadamente, un tercio de la superficie del país está fuertemente contaminado. Más de 2 millones de personas, de las cuales 600 000 son niños, siguen viviendo en zonas contaminadas por la radiactividad. A través de la red internacional de ONG en Europa y en Belarús se consiguió que los niños afectados pudieran realizar viajes a distintos países para someterse a una cura. El presidente Lukashenko declaró que, en el futuro, estos viajes de cura deberán ser autorizados individualmente para cada niño. La labor humanitaria de la red no puede continuar en estas condiciones. Así, las últimas víctimas de la catástrofe de Chernóbil no podrán disfrutar del tiempo de reposo necesario en zonas de cura.

¿Puede concretar el Consejo qué medidas diplomáticas ha adoptado la UE para que la labor humanitaria pueda seguir desarrollándose sin trabas burocráticas?

(FR) La declaración del Presidente Lukashenko de Belarús en el sentido de que su Gobierno desea limitar las posibilidades de que los niños bielorrusos y, en particular, los afectados por la catástrofe de Chernóbil, viajen al extranjero para pasar una temporada en el seno de familias de acogida o para recibir tratamiento médico, preocupa profundamente al Consejo.

El Consejo entiende que aún no se ha tomado una decisión formal y que el Presidente de Belarús solo pretende mejorar las instalaciones dentro de su país.

El Consejo ha planteado esta cuestión ante las autoridades bielorrusas y ha expresado su honda preocupación por el anuncio hecho por el señor Lukashenko. Considera que el intercambio y los contactos entre ciudadanos de Belarús y de la UE revisten una importancia vital, no solo para ayudar a que los niños bielorrusos se recuperen plenamente después de la catástrofe, sino también para mejorar nuestro conocimiento mutuo. Por ello, el Consejo espera que los contactos y desplazamientos no se vean limitados ni sujetos a autorización.

Los aumentos injustificados de precios en la Unión Europea afectan fundamentalmente al nivel de vida de los colectivos sociales más desfavorecidos y de los ciudadanos de los países pobres con renta nacional baja, complicando la consecución de los objetivos sociales de la Unión. Estas prácticas se realizan a través de acuerdos de precios entre productores, por un lado, y vendedores y proveedores de servicios en los mercados regionales, nacionales, europeos y mundiales, por otro. Un ejemplo típico de ello puede ser el incremento de los precios de los combustibles cuando el precio del petróleo sube, que no se ve compensado con una disminución de la misma magnitud cuando el precio del petróleo baja o cuando el euro sube frente al dólar, divisa en la que se calculan los precios de esta materia prima. Los únicos que salen ganando con las fluctuaciones en los precios del petróleo son las empresas multinacionales, en su mayoría no europeas, que el año pasado vieron aumentar significativamente sus ingresos. Este tipo de mecanismos de incremento de precios funcionan en muchos de nuestros países. El nivel de vida de los colectivos sociales pobres solo podrá elevarse con unos productos y servicios a buen precio.

¿Qué medidas piensan tomar el Consejo y la Comisión Europea para mejor contrarrestar estos procesos tan desfavorables socialmente? ¿Las medidas tomadas por la Unión Europea protegen en grado suficiente a los consumidores ante los aumentos injustificados de los precios de bienes y servicios?

(FR) El Consejo recuerda a su Señoría que las autoridades nacionales de defensa de la competencia y la Comisión Europea son responsables de adoptar las medidas necesarias para prevenir las prácticas contrarias a la competencia, siendo la Comisión responsable de restaurar la igualdad de condiciones para los operadores económicos, algo que beneficia a todos los consumidores europeos, si se realizan infracciones a escala comunitaria.

El Consejo ha aprobado en los últimos dos años dos importantes reformas en el ámbito de la defensa de la competencia y el control de las fusiones. Estas reformas se han llevado a cabo no solo para que la legislación en materia de competencia resultase más eficaz a través de una aplicación descentralizada, sino también para contribuir al logro de los objetivos de Lisboa y permitir que los consumidores se beneficien de las ventajas del mercado común. Desde el 1 de mayo de 2004, la Comisión y las autoridades nacionales responsables de la competencia en los 25 Estados miembros colaboran de modo más estrecho que antes a través de la Red Europea de la Competencia (REC). Esta red permite aunar fuerzas para luchar con más eficiencia contra los cárteles mundiales.

Cuando los talibanes fueron apartados del poder en Afganistán, se informó de que el Gobierno de uno de los mayores Estados miembros de la UE compraba toda la cosecha de opio a fin de retirarlo del mercado. Al año siguiente, la consecuencia fue que los agricultores afganos, que a duras penas podían creer en su buena suerte, plantaron una superficie mucho mayor de heroína, con lo cual hoy en día la cosecha alcanza proporciones nunca vistas.

¿Sigue comprando la heroína el Gobierno del Estado miembro en cuestión? En caso negativo, ¿qué hace la Unión Europea para reducir la producción de heroína en Afganistán?

¿Es cierto que la uva afgana se encuentra entre las de mejor calidad del mundo? ¿Por qué no insta el Consejo a los agricultores afganos a que cultiven uvas en lugar de adormidera?

(EN) El Consejo carece de información acerca de dicha compra.

No existen datos exhaustivos ni consolidados sobre las actividades emprendidas por la UE en su conjunto contra las drogas procedentes de Afganistán. Invita a su Señoría a que dirija su pregunta a la Comisión, que es la que ha participado en esta lucha de distintas formas, como el apoyo al desarrollo rural y a modos de subsistencia alternativos, a la seguridad, financiando los sueldos y la formación de la policía, y a los controles a lo largo de la frontera entre Afganistán e Irán. Entre las actividades previstas por la Comisión se encuentran la promoción del desarrollo rural y de modos de subsistencia alternativos y las acciones policiales dirigidas a las provincias donde se cultiva la amapola.

El taller de fabricación de tabaco "Mikhailidi" de Xanthi se prepara para trasladar sus actividades a Skopie, despidiendo a centenares de trabajadores, y la empresa "Froza", del grupo Delta, en Lárisa se traslada a Bulgaria, con las mismas consecuencias negativas para los trabajadores. Estas empresas se van añadiendo a la lista de empresas que aprovechan la ley 2601/1998, de conformidad con la cual las empresas se benefician de subvenciones para invertir en países terceros, con lo que cierran y se trasladan a países vecinos. Sumando a estas subvenciones el inferior coste de producción en los países vecinos, así como la ausencia de derechos sobre las importaciones, muchas empresas se han marchado de Grecia, con el resultado de que se desplazan productos que se producen en nuestro país, se pierden miles de puestos de trabajo y al mismo tiempo se explota la barata mano de obra búlgara con salarios y jornales humillantes.

¿Qué medidas piensa tomar el Consejo para obligar a las empresas, en particular a las que reciben subvenciones, a modernizarse y a no trasladar sus actividades a países terceros, como ha sucedido en los casos de "Mikhailidi" y "Froza", que han dejado en la calle a centenares de empleados fijos y temporales?

(FR) El Consejo comparte la preocupación de su Señoría por los efectos sociales de las relocalizaciones de grupos industriales que han recibido importantes subvenciones públicas a escala nacional. A este respecto y en términos generales, desea recordar a su Señoría la resolución que aprobó en diciembre de 2001 sobre la responsabilidad social de las empresas, en la que hace hincapié en la forma en que estas pueden realizar una contribución positiva a la aplicación tanto de las estrategias europeas de empleo y cohesión social, como de la estrategia de desarrollo sostenible. En este contexto, el Consejo ha subrayado ya la importancia que tiene la implicación de la Comisión, los Estados miembros y los interlocutores sociales en la promoción de las iniciativas e innovaciones en este ámbito. El Consejo Europeo de Niza de los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000 instó a la Comisión, en el marco de la aplicación de la Agenda Social Europea, a implicarse en el establecimiento de una colaboración eficaz con los interlocutores sociales, las ONG, las autoridades locales y las organizaciones gestoras de los servicios sociales con el fin de potenciar la responsabilidad social de las empresas. A este respecto, el Consejo Europeo indicó los métodos que deben seguirse para prever y aprovechar los cambios en el entorno de trabajo mediante un nuevo equilibrio entre flexibilidad y seguridad. El Consejo recomienda a su Señoría que solicite información a la Comisión sobre las medidas prácticas adoptadas al respecto.

Concretamente en relación con las subvenciones a las que se alude en la pregunta, el Consejo señala que estas son competencia nacional y que la Comisión vigila su compatibilidad con la legislación comunitaria. Así pues, no es responsabilidad del Consejo garantizar los controles ni sancionar las conductas de las empresas que reciben dichas subvenciones.

Sin embargo, la Presidencia luxemburguesa tiene la intención de abordar la cuestión de la reestructuración – y en particular sus consecuencias para el empleo y las nuevas oportunidades que pueden surgir de ella – en la reunión informal de los Ministros de Trabajo que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de abril de 2005.

Por último, el Consejo desea recordar a su Señoría que la Comisión presentó el pasado mes de mayo una comunicación sobre la dimensión social de la globalización, a la vista del informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sobre la base de estos elementos y en vista de la especial importancia que reviste esta cuestión, la Presidencia Luxemburguesa tiene la intención de pedir al Consejo de Empleo, Política Social y Protección de la Salud y los Consumidores de los días 3 y 4 de marzo que delibere sobre esta comunicación y adopte conclusiones al respecto.

Según una investigación de la Universidad de Atenas para el período 1990-2030, realizada con ayuda del modelo climatológico ESCAPE, las superficies aptas para la agricultura se van a reducir entre un 3 y un 12 % a causa del aumento de las temperaturas y de las condiciones climáticas, fenómenos que se deben a las emisiones de gases de origen humano, como por ejemplo el dióxido de carbono, el óxido de azote, el metano y otros compuestos volátiles.

¿Qué medidas piensa tomar el Consejo para limitar estos agentes y evitar un perjuicio para la economía rural tanto de Grecia como de todo el Mediterráneo?

(FR) El Consejo es perfectamente consciente de la amenaza que representa el cambio climático causado por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. La UE ha asumido compromisos en el marco del Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 8% respecto a 1990 en el período 2008-2012.

A partir de enero de 2005 empezará a funcionar un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión y se están adoptando diversas medidas para reducir el consumo de combustibles sólidos, como por ejemplo, el desarrollo de fuentes alternativas de energía o la mejora de la eficiencia energética. El cambio climático es un problema mundial que requiere un planteamiento mundial. La UE es el principal actor en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kioto. Este Protocolo entrará en vigor el 16 de febrero de 2005. Las deliberaciones sobre las acciones que deberán llevarse a cabo a partir de 2012 comenzarán en 2005. Según trabajos científicos recientes, es posible que haya que reducir las emisiones entre un 15% y un 50% a largo plazo para mantener el cambio climático en 2ºC respecto a los niveles anteriores a la industrialización.

El Consejo de la UE (Medio Ambiente) volverá a abordar esta cuestión en su reunión del 10 de marzo de 2005 a fin de preparar una contribución al Consejo Europeo de primavera sobre estrategias y objetivos a medio y largo plazo, teniendo en cuenta el informe que en breve presentará la Comisión.

Desde hace 43 días Sinan Bozkurt (Taylan) se encuentra en huelga de hambre después de haber estado detenido nueve meses en cárceles griegas a la espera de su extradición a Alemania. Taylan es perseguido a causa de su acción política contra el régimen antidemocrático de Turquía, sus convicciones ideológicas y su lucha por la libertad de los pueblos. Hay que señalar que en la investigación preliminar realizada hace nueve años en Alemania no se probaron los cargos contra él y que se decidió indemnizarle por encarcelamiento injusto e ilegal.

¿Tiene el Consejo la intención de tomar las medidas necesarias para que se suspenda la acción judicial, se libere a Taylan y, en términos generales, para que cesen las acciones judiciales y los procedimientos de extradición sobre la base de acusaciones imprecisas contra las convicciones políticas y una acción política?

(FR) No corresponde al Consejo hacer comentarios sobre cuestiones que son objeto de procedimientos judiciales en los Estados miembros.

La línea costera del Atlántico se extiende a lo largo de 14 000 kilómetros de Europa a África y es la frontera natural occidental de la Unión Europea. En vista de los cambios actuales y la creciente necesidad de proteger las fronteras de la Unión, ¿considerará el Consejo la creación de un Servicio de Guardacostas Atlántico que esté en condiciones de intervenir rápidamente a la hora de abordar problemas relacionados con el tráfico ilegal o los desastres ecológicos, y proporcionar un servicio eficaz y coordinado de búsqueda y salvamento marítimo?

(EN) Como recordara su Señoría, el Consejo adoptó el 26 de octubre de 2004 un Reglamento por el que se crea la Agencia Europea para el control de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, que entrará en funcionamiento el 1 de mayo de 2005. Esta Agencia se encargara de la coordinación operativa de las actividades realizadas por los Estados miembros en las fronteras exteriores, incluida la costa Atlántica.

Actualmente existen dos Centros para las Fronteras Marítimas en el marco del Comité Estratégico de Inmigración, Fronteras y Asilo para coordinar las operaciones y medidas conjuntas en el mar y los puertos. Estos dos centros, denominados Centros para las Fronteras Marítimas Occidental y Oriental, están situados en España y Grecia, respectivamente, y se convertirán en sucursales especializadas de la Agencia Europea de Fronteras Exteriores a partir del 1 de mayo de 2005.

Además, el «Programa de La Haya» que adoptó el Consejo Europeo de los días 4 y 5 de noviembre de 2004 reconoce la necesitad de gestionar mejor los flujos migratorios para evitar las tragedias humanas que tienen lugar en el Mediterráneo como consecuencia de los intentos de entrar ilegalmente en la UE, y acoge favorablemente las iniciativas emprendidas por los Estados miembros para la cooperación en alta mar, en particular para operaciones de salvamento.

Habida cuenta de que el control y la vigilancia de las fronteras exteriores es competencia de las autoridades fronterizas nacionales, el Consejo Europeo invitó al Consejo a que creara equipos de expertos nacionales que puedan prestar una rápida asistencia técnica y operativa a los Estados miembros que la soliciten, tras el debido análisis de riesgos de la Agencia Europea para las Fronteras Exteriores.

En cuanto a la seguridad marítima, el Consejo desea destacar que el 27 de junio de 2002 aprobó un Reglamento por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Este nuevo organismo, creado tras el desastre del Erika, contribuye a mejorar el sistema general de seguridad marítima en la Comunidad para reducir el riesgo de accidentes marítimos, la contaminación marina provocada por los buques y la pérdida de vidas humanas en el mar.

Esta Agencia se encarga, entre otras cosas, de ayudar a la Comisión a realizar cualquier tarea que la legislación actual o futura encomiende a la Comisión en materia de seguridad marítima y prevención de la contaminación provocada por los buques, en particular la legislación aplicable a las sociedades de clasificación, la seguridad de los buques de pasajeros, así como la aplicable a la formación en materia de seguridad, la certificación y el control de las tripulaciones de los buques.

Ayer, en Grecia, un autobús de los transportes interurbanos de Maratón (Atenas) fue secuestrado por extranjeros armados que tomaron a 26 pasajeros como rehenes.

En el marco de su comparecencia ante el Parlamento Europeo, el nuevo Comisario de Transportes, Jacques Barrot, declaró que uno de los principales objetivos de la política común de transporte hasta el 2010 era la elaboración y el desarrollo de un concepto global de seguridad (contra los accidentes y contra el terrorismo) en los transportes, y subrayó que los primeros pasos en el ámbito de la protección contra el terrorismo en los transporte marítimos y aéreos se trasladen y extiendan a los demás sectores del transporte.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como las declaraciones del nuevo Comisario, ¿piensa el Consejo pedir a la Comisión Europea que presente propuestas y tome medidas concretas para proteger al conjunto de los transportes, y en particular al transporte por carretera de este tipo de actos delictivos o terroristas? ¿Piensa impulsar un plan de acción durante el año 2005 para la prevención de tales hechos?

(FR) La cuestión de la seguridad del sistema de transporte ha adquirido una creciente importancia tanto en la agenda de la Unión Europea como de sus Estados miembros tras los atentados del 11 de septiembre y del 11 de marzo de 2004. El transporte es un sector de alto riesgo y sumamente vulnerable debido a que sustenta complejas relaciones económicas y sociales, e implica un gran número de pasajeros y mercancías que pueden ser víctimas de atentados terroristas.

El 25 de marzo de 2004, el Consejo Europeo reconoció la importancia de esta cuestión en su Declaración sobre la lucha contra el terrorismo y aprobó un Plan de acción revisado para la lucha contra el terrorismo que incluye en particular la seguridad del sistema de transporte. En sus conclusiones de 17 de diciembre de 2004, pedía la adopción de un programa europeo para la protección de las infraestructuras de importancia crítica antes de que finalice 2005.

Con objeto de llevar a cabo dicha tarea, la Comisión está elaborando un estudio destinado a identificar las infraestructuras que deben considerarse «críticas para la seguridad» a escala europea y a proponer las medidas complementarias necesarias para aumentar la protección de tales infraestructuras contra posibles atentados terroristas. Las medidas propuestas en el ámbito del transporte terrestre podrían incluir, en su caso, la adopción de instrumentos legislativos de ámbito europeo.

¿Ha examinado el Consejo el informe de la COSAC sobre la reforma del Tribunal de Cuentas? ¿Podría realizar una declaración al respecto?

(FR) El Consejo recuerda al autor de esta pregunta la posibilidad de participar en la COSAC en calidad de observador. Asimismo, conoce el informe redactado durante la Presidencia irlandesa sobre el papel del Tribunal de Cuentas, del que tomó buena nota en la 31ª reunión de la COSAC, celebrada en Dublín los días 19 y 20 de mayo de 2004.

El Consejo no ha deliberado sobre esta cuestión en sí, pero subraya, no obstante que, en su reunión del 15 de noviembre de 2004, aprobó el Reglamento interno del Tribunal de Cuentas de conformidad con el apartado 4 del artículo 248 del Tratado CE.

A la vista de que Israel incumple permanentemente los protocolos UE-Israel, ¿piensa suspender el Consejo la vigencia de dichos acuerdos?

Las cláusulas relativas a los derechos humanos del Acuerdo de Asociación UE-Israel señalan que la Asociación se basa en la libertad económica y en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular, el respeto de los derechos humanos y la democracia.

La cláusula operativa del artículo 2 estipula claramente que las relaciones entre las partes, así como todas las disposiciones del propio acuerdo, se basan en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, que sirve de guía a la política interior e internacional y constituye un elemento fundamental del Acuerdo.

(FR) El Consejo desea recordar que Israel es uno de los socios de la Unión Europea en el proceso Euromediterráneo iniciado en Barcelona en 1995, uno de cuyos méritos es intentar promover un clima que permita un acercamiento entre Israel y sus vecinos árabes. El objetivo fundamental del Proceso de Barcelona es la creación, basada en el diálogo y el intercambio, de un espacio de paz, estabilidad y prosperidad. Un elemento importante de dicho proceso es la creación de un espacio de libre comercio a través de la celebración de acuerdos de asociación bilaterales. La Unión ha negociado acuerdos de asociación con todos sus socios: los acuerdos con Argelia y Líbano se encuentran en su fase final de ratificación, en tanto que el acuerdo con Siria acaba de ser rubricado. El acuerdo con Israel entró en vigor en 2000.

El Consejo hace hincapié, siempre que tiene la ocasión, en que el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos constituye un elemento indispensable en las relaciones bilaterales entre Israel y la Unión Europea. El Consejo está convencido de que debe mantenerse e intensificarse el diálogo sobre estos principios fundamentales. La suspensión de la relación contractual debe ser un último recurso para no perder la estructura de diálogo que contempla el acuerdo. Es por ello que el Consejo se felicita de que, en la reunión más reciente del Consejo de Asociación, celebrada el 13 de diciembre de 2004, Israel suscribiera algunos compromisos sumamente concretos en relación con el Plan de acción elaborado como parte de la nueva política de buena vecindad. La Unión Europea seguirá muy de cerca el cumplimiento de esos compromisos, ya que eso determinará los avances en otros sectores.

El Consejo sigue estando convencido de que –como ha sido reconocido expresamente, inclusive por parte de Israel– el papel desempeñado por la Unión Europea, como miembro del Cuarteto, en la estabilización de su entorno inmediato, implica que conviene mantener las estructuras de diálogo, particularmente las que se derivan del Acuerdo de Asociación.

¿Qué opinión le merecen al Consejo las actuales prácticas de investigación que utiliza la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) en comparación con los procedimientos jurídicos modernos aplicados por los organismos nacionales homólogos?

¿Considera el Consejo que existe falta de transparencia en la OLAF?

¿Cree el Consejo que se requiere reformar el hecho de que, en los procedimientos de la OLAF, las personas objeto de investigación carezcan del derecho a consultar el expediente o al menos a ser oídas? ¿Qué piensa el Consejo de que hasta tres investigadores se encarguen de asuntos que representan daños económicos reducidos mientras que asuntos que suponen daños muy elevados permanecen con frecuencia en suspenso durante mucho tiempo o solo tienen asignado un investigador?

(FR) El Consejo desea, antes que nada, resaltar la importancia que tienen las operaciones de la OLAF en cooperación con los Estados miembros. Considera que dichas operaciones constituyen un elemento esencial para mejorar la protección de los intereses financieros de la Comunidad y la lucha contra el fraude.

Si bien el Consejo toma nota de las preocupaciones expresadas por su Señoría, desea señalar que la OLAF es un organismo de reciente creación.

Al examinar el primer informe de evaluación sobre las actividades de la OLAF, que la Comisión presentó en 2003, el Consejo destacó, en particular, el gran hincapié que hace la normativa en la realización de investigaciones administrativas internas y externas, e invitó a la OLAF a adoptar las medidas adecuadas para mejorar la organización de tales investigaciones. En este sentido, recalcó la importancia de que la OLAF estableciera procedimientos internos que faciliten los métodos para llevar a cabo las actuaciones y medidas relacionadas con las investigaciones internas y externas. Además, el Consejo ha subrayado también la importancia de que se cumplan la legislación en materia de protección de los derechos fundamentales.

En este contexto, el Consejo desea señalar que la OLAF es responsable de su propia organización.

Como siempre ha hecho, el Consejo seguirá vigilando muy de cerca el funcionamiento de la OLAF. En este sentido, el Consejo celebra la propuesta de modificación del Reglamento nº 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). No obstante, consideró que era más importante continuar primero con el examen de la evaluación de las actividades de la OLAF, y tiene igualmente un gran interés en escuchar la opinión del Parlamento Europeo sobre dicha propuesta.

La experiencia de Rumanía nos dice que algunos de los países candidatos, pese a sus muchos esfuerzos, no están en condiciones de responder a todos los retos económicos derivados a la adhesión. Esta situación no debiera repetirse en el caso del siguiente país, que es Croacia, ni con otros Estados asociados.

¿Tiene previsto el Consejo incrementar las ayudas de adhesión a Croacia y a otros Estados asociados, a fin de alentarles a cumplir con los requisitos políticos y económicos para su futura adhesión?

(FR) La quinta ampliación que abarca los diez nuevos Estados miembros, así como Bulgaria y Rumanía, constituye la mayor ampliación realizada hasta la fecha. La UE ha respondido a los problemas que tenían y siguen teniendo esos países para asumir el legado de su pasado y reformar sus sistemas políticos, sociales y económicos mediante la creación de varios instrumentos de preadhesión. La financiación a través de esos instrumentos ha ido aumentando con el tiempo, recientemente para Bulgaria y Rumanía, tras las conclusiones del Consejo Europeo de Copenhague celebrado los días 12 y 13 de diciembre de 2002. El Consejo Europeo decidió que ese alto nivel de financiación debía utilizarse con flexibilidad, destinándola a las prioridades establecidas, algunas de ellas en ámbitos fundamentales como Justicia y Asuntos de Interior. La UE sigue ofreciendo orientación a Bulgaria y Rumanía en sus trabajos de preadhesión a través de las Asociaciones para la Adhesión, que forman la base para programar las ayudas de preadhesión procedentes de los fondos comunitarios. La naturaleza y la dimensión de las necesidades de modernización y reestructuración de Rumanía requieren, en particular, ayuda económica de la UE para apoyar a este país en el esfuerzo que está realizando. El volumen total de las ayudas de preadhesión disponibles para Rumanía en 2004 (unos 825 millones de euros) es considerable y sigue aumentando, representando un recurso financiero de gran importancia para Rumanía, equivalente al 1,4% de su PIB.

Croacia es candidata a la adhesión, y las negociaciones de adhesión se iniciarán en marzo de 2005 siempre que haya plena cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Hace muy poco, el Consejo, siguiendo la opinión manifestada por el Parlamento Europeo, aprobó un Reglamento que permitirá la extensión a Croacia de los instrumentos financieros de preadhesión en 2005 y la asignación de un cierto volumen de fondos a Croacia en el marco y dentro de los límites de las actuales perspectivas financieras. La estrategia de preadhesión para Croacia pretende promover los criterios políticos de Copenhague, ayudar a Croacia a adoptar el acervo comunitario, reforzar sus capacidades administrativas y judiciales, prepararse para participar en los Fondos Estructurales y contribuir a la adaptación sostenible de su sector agrícola. La dimensión regional de la asistencia que la Comunidad presta a los Balcanes Occidentales es objeto de especial atención a través de la financiación concedida en el marco del Reglamento CARDS, y Croacia sigue siendo elegible para proyectos y programas de dimensión regional.

En sus conclusiones, el Consejo Europeo de los días 16 y 17 de diciembre de 2004 señalaba que, a la vista del Informe y la Recomendación de la Comisión, Turquía cumple los criterios políticos de Copenhague para iniciar las negociaciones de adhesión, siempre que cumpla una serie de requisitos concretos. Actualmente, las ayudas de preadhesión para Turquía se rigen por un instrumento financiero aprobado en 2001. Como ya ha sucedido con otros países candidatos, la asistencia de la Unión Europea a Turquía se centra en las prioridades derivadas de la Asociación de adhesión. La ayuda económica que recibe Turquía es considerable (el Programa de 2004 contempla un crédito de 235,6 millones de euros para el Programa Nacional). En su Recomendación sobre Turquía, la Comisión indica igualmente que la Comisión propondrá un aumento de los importes asignados a Turquía en el marco de las nuevas perspectivas financieras.

Por último, cabe señalar que el Consejo está examinando una serie de propuestas de la Comisión destinadas a mejorar la eficacia de las ayudas externas de la UE. Una de estas propuestas prevé la creación de un nuevo Instrumento de Asistencia a la Preadhesión que vendría a sustituir los instrumentos de preadhesión vigentes a partir de 2007.

Hay un problema de legalidad en la política de inversiones y en los negocios internacionales, entre otros países, en la Rusia actual, ya que el Gobierno del Presidente Putin está cada vez más implicado en negocios oscuros, para los que se sirve, además, de un poder judicial manipulado. El mejor ejemplo de este comportamiento incorrecto es el caso de la empresa "Yukos", que ha concluido en una bancarrota artificial que afectará dolorosamente a numerosos empleados y accionistas, incluidos los ciudadanos de la UE del Estado miembro de Lituania.

¿Considera el Consejo que una expropiación tan descarada, como podría haber ocurrido en la época de los saqueos populistas de la Revolución de Octubre, es compatible con la adhesión de Rusia a la OMC?

(FR) El Consejo informa a su Señoría de que en numerosas ocasiones ha planteado la preocupación que le produce esta cuestión ante la Federación Rusa, la última vez durante la Cumbre UE/Rusia que tuvo lugar en La Haya el 25 de noviembre de 2004. El Consejo seguirá haciéndolo en el futuro próximo.

En cuanto a la relación entre el asunto Yukos y la intención de Rusia de ingresar en la Organización Mundial de Comercio, el Consejo invita a su Señoría a dirigir esta pregunta a la Comisión para recibir una respuesta más detallada.

El Parlamento Europeo ha vuelto a definir el pasado mes de noviembre su posición respecto a Cuba. Los demócratas cubanos han manifestado también sus críticas y preocupaciones ante la intención anunciada de suavizar las posiciones europeas frente a la dictadura de Fidel Castro, con aparente inferioridad ideológica y temor reverencial.

¿Puede decir el Consejo si conoce la posición del Parlamento Europeo respecto a Cuba? Prefiere escuchar a Fidel Castro, ignorando también a los demócratas cubanos? ¿Considera aceptable una posible política de la Unión que esté subordinada a los criterios y las presiones de la dictadura comunista y que, en cualquier caso, llegase a excluir de las invitaciones en las representaciones de los Estados miembros y la UE a los demócratas cubanos, y a prolongar con sus propias acciones la persecución de éstos y su exclusión cívica?

(FR) El Consejo ha tomado nota de las resoluciones del Parlamento Europeo sobre Cuba y comparte en grandes líneas sus opiniones sobre la situación.

El Consejo recuerda a su Señoría las condiciones de la Posición Común aprobada en diciembre de 1996 y cuyos objetivos esenciales son «favorecer un proceso de transición hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una recuperación y mejora sostenible del nivel de vida del pueblo cubano». Para alcanzar estos objetivos, el Consejo siempre ha intentado «intensificar el presente diálogo con las autoridades cubanas y con todos los sectores de la sociedad cubana». Partiendo de esa base, existe consenso respecto a la necesidad de que las actividades de la UE se centren prioritariamente en mejorar, intensificar y regularizar las relaciones con la oposición pacífica y la sociedad civil en general.

Para ello, la UE está llevando a cabo una política autónoma, y la liberación de todos los presos políticos sigue siendo un objetivo esencial; razón por la cual el Consejo celebra la reciente liberación condicional de algunos presos políticos, medida que considera positiva, pero insuficiente. La UE seguirá de muy cerca las actuaciones de las autoridades cubanas en este terreno.

Según los datos de un informe realizado por PWC y el Instituto Nacional de Investigación Social y Económica, la nueva Directiva sobre requisitos de capital no tendrá efectos negativos sobre las PYME.

Sin embargo, algunas PYME han manifestado su preocupación por los costes de aplicación de Basilea II en el sistema bancario, que pueden deberse a un aumento en los costes de los préstamos. También han planteado el problema de la falta de transparencia del sistema de calificación que aplican los bancos para determinar si una empresa puede o no recibir un préstamo.

¿Podría la Comisión dar a conocer sus comentarios sobre estas preocupaciones de las PYME?

(EN) La propuesta de un nuevo marco de requisitos de capital ha sido objeto de consulta y análisis a un nivel sin precedentes. La cuestión de la financiación de las PYME y la aplicación del marco a bancos de todo tipo y tamaño ha ocupado un lugar destacado en los trabajos realizados durante más de cinco años para elaborar este nuevo marco.

La Comisión encargó, por mandato del Consejo Europeo, un estudio a PriceWaterhouseCoopers (PWC) sobre las consecuencias del nuevo marco para la Economía Europea y las PYME. Como señala su Señoría, en dicho informe se concluye que el nuevo marco no tendrá efectos negativos para la mayoría de las PYME. Esta conclusión se deriva de algunos de los aspectos del nuevo marco: un coste considerablemente inferior de los préstamos personales y un descuento para los préstamos a pequeñas empresas. Además, en respuesta a algunas de las recomendaciones que figuran en el informe, la Comisión ha introducido en su propuesta normas especiales para la financiación con capital de riesgo.

El informe de PwC analiza los costes de la aplicación del nuevo marco. Si bien dichas estimaciones no son de modo alguno exactas, el informe calcula que los costes de la aplicación de «Basilea II» en la UE serán más bien moderados. Además, las inversiones necesarias se repartirán a lo largo de varios años, ya que muchos bancos ya han comenzado sus preparativos.

Es importante señalar que el nuevo marco ha sido diseñado especialmente para reflejar las mejores prácticas del sector en materia de evaluación y gestión de riesgos. Por consiguiente, muchas de las inversiones necesarias para cumplir el nuevo marco son costes que los bancos deberán efectuar en cualquier caso.

En relación con la transparencia de los sistemas de calificación de los bancos, será importante que las PYME –y de hecho los prestatarios en general– sigan contando con la información que necesitan para tener un acceso oportuno y adecuado a los préstamos y a otras formas de financiación. Para ayudar a lograr este objetivo, la Comisión publicará una «Guía de Basilea II» para las PYME durante el primer trimestre de 2005, y ya ha comenzado una serie de seminarios de divulgación sobre el Acuerdo de Basilea II de un día de duración con el fin de ayudar a las PYME y a las organizaciones del sector a comprender los cambios que tendrán lugar como resultado de dicho acuerdo. Asimismo, la Comisión ha efectuado una consulta sobre un código voluntario de conducta entre las entidades de crédito y las PYME⁽¹⁾ por mandato del Consejo de Industria. Sin embargo, no se ha llegado a ningún consenso.

En relación con la cantidad y grado de detalle de la información que deben publicar los bancos – y como sucede actualmente – se trata de una importante cuestión de equilibrio.

Resulta evidente que los bancos tendrán que indicar claramente a las PYME los datos e informaciones que necesitan (los bancos) para procesar las solicitudes de préstamos y financiación. Esa es simplemente una parte indispensable de las actividades de concesión de créditos de la banca.

Asimismo, la Directiva recoge obligaciones de divulgación de información relativa a la descripción de los procesos internos de clasificación de los bancos, como definiciones, métodos, datos y supuestos en los que se basan dichos procesos. De esta forma aumentará la transparencia de los métodos utilizados.

La Comisión considera que las normas propuestas en el nuevo marco son suficientes y equilibradas.

El pasado año creció exponencialmente el número de fondos de gestión alternativa (hedge funds) y el importe de la inversión en ellos. Por otro lado, en Europa no existe un mercado interior único para estos vectores sofisticados para inversión alternativa. ¿Considera la Comisión necesario un régimen de regulación de la UE? ¿Tiene la Comisión planes en este respecto?

(EN) La proliferación de los fondos de gestión alternativa (hedge funds) sigue siendo uno de los hechos más importantes que se han producido en el sector internacional de la gestión de activos en los últimos años. Estos fondos atraen cada vez más inversiones de los fondos de pensiones y los planes de seguro de vida. Además, en algunos países parece que se va a permitir la venta de productos de estos fondos, en particular de fondos de fondos de gestión alternativa, a los pequeños inversores.

Los fondos de gestión alternativa operan actualmente en numerosas jurisdicciones de la UE, si bien están primordialmente dirigidos a los inversores acaudalados e institucionales, y solo hasta cierto punto a los inversores minoristas. La cotización de unos cuantos fondos de fondos de gestión alternativa facilita a los inversores minoristas el acceso a productos de inversión alternativa.

Hasta hace poco, la mayoría de los Estados miembros no permitían la distribución de los fondos de gestión alternativa a los pequeños inversores, ya fuera por medio de una legislación específica que impedía que los fondos no autorizados se distribuyesen por medios distintos a los privados, o por medio de la legislación fiscal. Algunos Estados miembros (Francia, Alemania, Irlanda, Italia y Luxemburgo) han creado (o están considerando) un marco jurídico nacional aprovechando la libertad para regular a escala nacional los productos de empresas que no sean organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM). Por el momento, los fondos de gestión alternativa, por su propia naturaleza, no tienen cabida en el marco de los OICVM. Si bien la Directiva OICVM III permite el uso de derivados en los fondos de los OICVM, la venta a corto, el apalancamiento y la estructura de extremo cerrado siguen estando restringidos.

Hasta ahora, el sector no ha hecho grandes esfuerzos para acceder a un mercado comunitario. El crecimiento del sector de los fondos de gestión alternativa (y el riesgo que conllevan para la estabilidad financiera) y la «ampliación» de su base de inversores han planteado la cuestión de si se necesita un marco comunitario. Para establecer un régimen comunitario, debe demostrarse que un planteamiento nacional fragmentado impide que este ámbito de la gestión de activos se desarrolle de forma óptima, o bien que no considera la dimensión transfronteriza de los riesgos que se derivan de estas actividades de los fondos de gestión alternativa y de sus gestores (riesgos sistémicos para las contrapartes reguladas a nivel comunitario que operan en el mercado único; protección de los inversores que pueden invertir fácilmente en fondos cotizados de fondos de gestión alternativa, etc.).

El informe del Parlamento (ponente: John PURVIS) hace una valiosa contribución a este debate. Sin embargo, la Comisión señala que algunos de los problemas fundamentales asociados al funcionamiento de los fondos de gestión alternativa en Europa son compartidos por muchos otros tipos de vehículos de inversión colectiva, como los fondos privados de inversión. La Comisión necesita una visión global del tratamiento óptimo de estos diferentes tipos de actividad desde una perspectiva europea y no un planteamiento para cada producto. Si ocurriera esto último, podrían generarse incongruencias, clasificaciones y ámbitos artificiales para la arbitraje normativo. Esta opinión fue refrendada por el informe que el grupo de expertos sobre gestión de activos presentó en el mes de junio. Por consiguiente, la Comisión considera que estas cuestiones estructurales fundamentales relativas al tratamiento adecuado de los fondos de gestión alternativa desde la perspectiva de la normativa europea deben plantearse como parte de una revisión más amplia del funcionamiento de las Directivas europeas relativas a los OICVM que está prevista para mediados de 2005. La revisión de la Directivas relativas a los OICVM sería la mejor manera de considerar la necesidad de un marco comunitario para los fondos de gestión alternativa, y de sopesar los riesgos y ventajas de cualquier propuesta.

Existen temores en Suecia y otros países de la UE de que el principio del país de origen que prevé la directiva relativa a los servicios pueda conducir al "dumping social" en el mercado de trabajo. De conformidad con este razonamiento, las empresas se preferirán establecerse en los países de la UE en los que la legislación en materia de trabajo sea menos estricta, puesto que esto sería más ventajoso para las empresas.

La propuesta sobre el principio del país de origen presupone, razonablemente, una mayor armonización de la legislación de los países de la UE. De lo contrario, podría surgir una situación de competencia entre los Estados miembros, de la que se beneficiarían los países de la UE con una menor reglamentación del mercado de trabajo.

¿Comparte la Comisión la opinión de que la directiva relativa a los servicios presupone una mayor armonización de las legislaciones en materia de mercado laboral de los países de la UE?

(EN) La Comisión es perfectamente consciente de que la propuesta de Directiva sobre servicios en el mercado interior podría dar lugar al «dumping social», como señala su Señoría. Sin embargo, la Comisión no cree que haya motivo alguno para temer que esto se produzca, como lo explica en sus respuestas a la pregunta oral H-0515/04 del señor De Rossa y a la pregunta oral H-0528/04 del señor Crowley.

En primer lugar, la propuesta de Directiva relativa a los servicios no afecta al acervo comunitario vigente, es decir, a la Directiva relativa a los trabajadores desplazados de 1996, cuya finalidad es precisamente evitar el «dumping social». La propuesta establece que los trabajadores desplazados, incluidos los trabajadores temporales, deben gozar de una serie de importantes medidas de protección relativas a las condiciones de trabajo vigentes en el Estado miembro al que el trabajador haya sido enviado. Esta Directiva seguirá aplicándose plenamente. Por lo tanto, las empresas no podrán utilizar esta propuesta para establecerse, por ejemplo, en países con salarios bajos con el fin de evitar las medidas de protección social que los trabajadores gozarían en el Estado miembro de acogida. Eso significa igualmente, por ejemplo, que las empresas de otro Estado miembro deberán cumplir las normas de salud y seguridad del país de acogida, por ejemplo, las relativas a la organización del lugar de trabajo, la construcción de andamios, los requisitos en materia de equipos de protección, etc. Esas normas se refieren no solo a las condiciones de trabajo contempladas en la ley, sino también a las establecidas en determinados convenios colectivos.

En segundo lugar, la Directiva propuesta refuerza el control de los trabajadores desplazados, pues establece un sistema de cooperación entre los Estados miembros y obliga al país de origen del proveedor de servicios a prestar asistencia a las autoridades del Estado miembro de acogida a la hora de supervisar las condiciones de trabajo.

Asimismo, la propuesta permitirá controlar de forma más eficaz el verdadero lugar de establecimiento de las empresas, es decir, el lugar en el que la empresa tiene su infraestructura y desde el cual lleva a cabo efectivamente sus actividades económicas.

Por consiguiente, la Comisión considera que la propuesta de Directiva no aumentará el riesgo de «dumping social» y que, por el contrario, contribuirá a evitarlo.

Las tres repúblicas del Sur del Cáucaso (Azerbaiyán, Armenia y Georgia), que acaban de ser incluidas en la política de vecindad de la Unión Europea, presentan y reivindican una marcada vocación europea y han vivido un gran impulso hacia la democratización y el desarrollo económico y social, que se ha visto interrumpido por motivos políticos, tanto internos como externos. Persisten numerosos problemas para cuya solución es necesaria la colaboración de la Unión: un sistema judicial y penitenciario anticuado, fricciones con los separatistas y entre los diferentes grupos étnicos y religiosos, fronteras permeables al tránsito de terroristas y al tráfico de droga procedente del Este.

Considerando los esfuerzos que deben realizar estos países para superar los obstáculos y considerando la importancia cada vez mayor de dicha región para la Unión Europea, en particular, a la vista del creciente papel geopolítico de nuestra política de seguridad y del equilibrio con Rusia y los Estados Unidos, qué medidas concretas presentará la Comisión en el próximo plan de acción, que se elaborará con vistas al Consejo Europeo de marzo, para pasar del régimen actual de cooperación a una asociación más estrecha en materia de estabilidad política y seguridad? ¿Fortalecerá la Comisión las relaciones entre la UE y los países del Cáucaso, con objeto de aumentar su papel en la región y ampliar dichas relaciones a todo el Mar Negro, con la participación de los países candidatos, otros miembros de la Nueva Política de Vecindad Europea y la Federación de Rusia?

(EN) La Comisión continúa su trabajo sobre los informes nacionales correspondientes a los tres países del Cáucaso Meridional, a saber, Armenia, Azerbaiyán y Georgia, en el marco de la Política Europea de Vecindad (PEV). Estos informes pretenden ofrecer una imagen clara de la situación de las reformas políticas y económicas, así como la resolución de conflictos. La Comisión tiene la intención de presentar estos informes al Consejo en el mes de marzo de 2005. Sobre esta base, el Consejo decidirá si elabora y cuándo elabora planes de acción en el marco de la PEV con esos países.

Anticiparse a las medidas concretas de cooperación en el marco de la PEV podría resultar prematuro, ya que los informes nacionales no se han ultimado y hasta ahora no se ha adoptado decisión alguna sobre la elaboración de planes de acción. No obstante, la Comisión toma buena nota de los comentarios del PE y asegura a su Señoría que continuará trabajando para desarrollar y reforzar nuestras relaciones con esa región.

El compromiso por ambas partes sigue siendo clave, ya que también la voluntad política de los países asociados será una condición esencial para el éxito de esta política.

Entretanto, la CE continúa prestando una importante asistencia a los países asociados del Cáucaso Meridional. Por citar tan solo unos cuantos ejemplos, la Comisión desea destacar su activa participación en la reforma del sistema judicial en Azerbaiyán y Georgia, nuestro apoyo a las reformas institucionales, legales y administrativas en Armenia, o nuestros esfuerzos en favor de la rehabilitación de aquellas partes de Georgia afectadas por «conflictos no resueltos» (Osetia del Sur y Abjazia).

La Comisión sigue colaborando estrechamente con el Representante Especial de la UE para el Cáucaso Meridional, el embajador Talvitie, cuyo principal cometido es ayudar en las tareas de resolución de conflictos.

¿Existen planes para incrementar los fondos de la UE destinados al fomento y consolidación de la sociedad civil en Ucrania, Belarús y Moldova, especialmente en el ámbito de la adaptación de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (EIDHR) a las realidades políticas de los citados países? ¿Existen posibilidades de creación de un fondo diseñado específicamente para estos tres países? Este fondo podría tener una estructura de funcionamiento similar a la del "US National Endowment for Democracy".

(EN) Gracias a la histórica ampliación de la Unión que tuvo lugar el 1 de mayo de 2004, Ucrania, Moldova y Belarús son ahora sus vecinos inmediatos. Por ello, en los próximos años la Unión tendrá grandes posibilidades para seguir profundizando en sus relaciones. En particular, la Comisión desea recordar la importancia de la sociedad civil para promover la democratización, como quedó de manifiesto en las recientes elecciones presidenciales celebradas en Ucrania. En su intervención ante el Parlamento el 1 de diciembre, la Comisión confirmó su intención de seguir prestando apoyo a la democratización y a la sociedad civil de Ucrania.

La Unión ha puesto en marcha la Iniciativa Europea de Buena Vecindad que establece ambiciosos objetivos para mejorar la cooperación en un gran número de ámbitos sobre la base de compromisos claros con valores comunes y la puesta en marcha de reformas políticas, económicas e institucionales.

En este sentido, la UE ha aprobado los planes de acción que se habían acordado con estos países y en los que se establecen los valores de referencia para esta cooperación. La Comisión desea recalcar que una parte importante de las medidas concretas recogidas en estos planes se refiere a compromisos para mejorar la situación de los derechos humanos en esos países. El respeto del derecho de asociación y el desarrollo de la sociedad civil son componentes importantes de este proceso. La cuestión de la ayuda a la sociedad civil en Ucrania, Moldova y Belarús, que plantea su Señoría, resulta aún más pertinente desde esta perspectiva.

Si bien las actividades a favor de la democratización pueden financiarse con cargo a la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), cabe recordar que la mayor parte de las ayudas en este ámbito se canaliza a través del instrumento bilateral Tacis. Para hacer un uso eficaz de los limitados recursos con que cuenta la Comisión, las ayudas de la IEDDH solo se utilizarán para complementar las ayudas de Tacis.

La IEDDH es especialmente adecuada para prestar apoyo a proyectos a pequeña escala de la sociedad civil. En cuanto a Ucrania, por ejemplo, la Comisión asignó a ONG locales un total de 1,7 millones de euros para microproyectos con cargo a la IEDDH entre 2002 y 2004. De esta cantidad, la mayoría de las acciones iban destinadas a la mejora de la sociedad civil y a la construcción de capacidades. Para 2005 y 2006 se prevén nuevas ayudas de la IEDDH para proyectos en Moldova, Ucrania y Belarús. Se prestará especial atención a la situación de los defensores locales de los derechos humanos, así como a la promoción de la libertad de expresión y de los medios de comunicación.

En relación con Belarús, la UE está estudiando la forma de intensificar aún más su asistencia para hacer frente a los problemas que provoca el autoaislamiento de este país. En vista de los numerosos obstáculos administrativos que existen para prestar ayuda directa a la sociedad civil, la Comisión canaliza actualmente su ayuda a las actuaciones que la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) realiza en Belarús en nombre de la OSCE.

La Comisión organizará un seminario en Vilnius en colaboración con los Estados miembros en el mes de marzo. El principal objetivo de ese encuentro será coordinar las ayudas para la democratización y la sociedad civil en Belarús.

La línea costera del Atlántico se extiende a lo largo de 14 000 kilómetros de Europa a África y es la frontera natural occidental de la Unión Europea. En vista de los cambios actuales y la creciente necesidad de proteger las fronteras de la Unión, ¿considerará la Comisión la creación de un Servicio de Guardacostas Atlántico que esté en condiciones de intervenir rápidamente a la hora de abordar problemas relacionados con el tráfico ilegal o los desastres ecológicos, y proporcionar un servicio eficaz y coordinado de búsqueda y salvamento marítimo?

(EN) El 26 de octubre de 2004 el Consejo adoptó un Reglamento por el que se crea la Agencia Europea para el control de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, que entrará en vigor el 1 de mayo de 2005.

Esta agencia se ha creado para mejorar la gestión integrada de las fronteras exteriores y deberá facilitar y hacer más eficaz la aplicación del acervo de Schengen en este ámbito, contribuyendo así a un control eficiente, elevado y uniforme de las personas y a la vigilancia de las fronteras exteriores.

En particular, la Agencia se encarga de coordinar la cooperación operativa entre los Estados miembros en el ámbito de la gestión de las fronteras exteriores en términos de circulación de personas, incluida la organización de operaciones conjuntas y proyectos pilotos en las fronteras exteriores y, entre otros lugares, en la costa Atlántica que menciona su Señoría.

Además, en el Programa de La Haya se invita al Consejo a crear equipos de expertos nacionales para prestar rápidamente asistencia técnica y operativa a los Estados miembros que la soliciten en el marco de la Agencia.

El papel y el funcionamiento de la Agencia serán objeto de una evaluación en 2007. En el Programa de La Haya se pide a la Comisión que revise las tareas de la Agencia y evalúe si ésta debe dedicarse a otros aspectos de la gestión de fronteras, como la mejora de la cooperación con los servicios aduaneros y otras autoridades competentes en materia de seguridad de las mercancías, y la viabilidad de un sistema europeo de guardias fronterizos.

Sin prejuzgar la evolución futura, la Comisión está considerando la creación de un sistema de gestión de riesgo para el tráfico de mercancías, que ofrecerá un alto nivel de protección en todos los puntos de las fronteras exteriores. En este sistema de gestión de riesgos se podrían integrar criterios relativos a zonas geográficas concretas.

Por lo que respecta a la seguridad marítima, la Comisión ha adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la creación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) en virtud del Reglamento (CE) nº 1406/2002 del Parlamento y del Consejo de 27 de junio de 2002. Esta Agencia debe ayudar a los Estados miembros y a la Comisión a aplicar la legislación comunitaria por medio del seguimiento de su aplicación y la evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas.

Además, la EMSA se encarga de la gestión del sistema comunitario de seguimiento e información del tráfico creado por la Comisión en virtud de la Directiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo. Este sistema establece una plataforma para el intercambio de información entre las administraciones marítimas de los Estados miembros y, por consiguiente, permite identificar los buques que navegan en aguas comunitarias y conocer sus movimientos y carga. Asimismo, esta Directiva recoge las disposiciones operativas relativas a las intervenciones en caso de incidentes marinos y establece lugares de refugio para buques en dificultades.

En cuanto a la respuesta a los desastres ecológicos, en caso de producirse un desastre importante, el Estado afectado puede obtener inmediatamente asistencia a través del mecanismo comunitario para facilitar la cooperación reforzada en las intervenciones de asistencia de protección civil creado en virtud de la Decisión 2001/792/UE del Consejo, Euratom de 23 de octubre de 2001. Pueden recurrir a este mecanismo los 25 Estados miembros, los tres países del EEE, Noruega, Islandia y Liechtenstein, así como los países candidatos. La asistencia que se facilitaría en tal caso abarca todos los tipos de emergencias, incluidos los desastres ecológicos.

Con objeto de poder contribuir, a través del mecanismo comunitario, a las medidas de lucha contra la contaminación adoptadas por los Estados miembros en caso de contaminación accidental o voluntaria provocada por buques, se ha modificado el Reglamento por el que se crea la EMSA para confiar a la Agencia nuevos cometidos, entre otros, la asistencia operativa a los Estados miembros afectados a través de medios adicionales especializados, en caso de que sea necesario.

Además, el sistema europeo de navegación por satélite GALILEO resultará muy útil para el seguimiento, búsqueda y salvamento de buques en alta mar. Este sistema ofrecerá servicios más precisos y fiables que el actual GPS y, en particular, un servicio de «búsqueda y salvamento», que mejorará considerablemente el sistemas internacional de búsqueda y salvamento humanitario COSPAS-SARSAT.

Por último, en el Libro Verde sobre política marítima que la Comisión publicará al final del primer semestre de 2006, se abordará la cuestión de un posible refuerzo de la cooperación entre los Estados miembros dentro de la Comunidad para garantizar una rápida respuesta a los problemas del tráfico y a los desastres ecológicos, y para prestar un sistema eficiente y coordinado de búsqueda y salvamento en alta mar.

En julio de 2004, la Comisión Europea propuso la modificación del actual mecanismo de solidaridad en la política común de visados (COM(2004)0347/final). La propuesta prevé el inicio de negociaciones, por parte de la Comisión, con los países terceros que no aplican el principio de reciprocidad a determinados Estados miembros de la UE

En este sentido, especialmente sensible es el caso de las relaciones con Estados Unidos, país que mantiene la obligación de visado para diez de los Estados miembros de la UE.

A la luz de la citada propuesta, ¿cómo deben valorarse la capacidad y la credibilidad de la Comisión Europea en las negociaciones con Estados Unidos? ¿Han dado algún resultado las conversaciones mantenidas hasta la fecha?

¿No es una tarea fundamental del comisario Franco Frattini —quien ha declarado reiteradamente la necesidad de mantener unas buenas relaciones transatlánticas— el subsanar un problema tan delicado, máxime cuando se antoja menor al lado de cuestiones tan fundamentales en las relaciones con EE.UU. como por ejemplo la lucha antiterrorista?

¿Puede esperarse, por parte de la Comisión, un plan de acción con plazos de logro de objetivos claramente señalados para la supresión del requisito de visado de entrada en EE.UU. y que aproveche como punto de referencia el proceso de evaluación de nuevos Estados para su adhesión al espacio Schengen (proceso que debe dar comienzo a principios de 2006)?

(FR) La Comisión considera que la reciprocidad es un elemento indispensable de la política de visados, como ilustra la propuesta de modificación del mecanismo de reciprocidad vigente (recogido en el Reglamento nº 539/2001 sobre visados).

De hecho, la Comisión señala que este mecanismo nunca ha sido utilizado debido a su carácter casi automático, ya que una notificación de no reciprocidad provoca automáticamente la introducción del visado obligatorio en un plazo de 30 días a menos que el Consejo decida otra cosa. En cualquiera de los casos, la Unión corre un gran riesgo político: por un lado, un grave trastorno de las relaciones entre la Unión y el país tercero en cuestión, y por otro, una importante falta de solidaridad entre los Estados miembros.

Por ello fue necesario presentar una propuesta que hiciera más eficaz este mecanismo en un momento en el que casi todos los nuevos Estados miembros eran víctimas de una situación de no reciprocidad.

En la revisión que propone, la Comisión se ha guiado por tres cuestiones fundamentales: garantizar que todos los casos de no reciprocidad sean debatidos por los organismos competentes; poner fin al carácter casi automático del actual mecanismo; y, por último, permitir una fase de contactos diplomáticos con los terceros países responsables de la no reciprocidad con vistas a normalizar la situación. La Comisión tiene la intención de participar activamente en esta fase, una participación que resulta lógica desde un punto de vista jurídico, ya que la elaboración de las listas de terceros países sujetos o no a la obligación de visado es competencia exclusiva de la Comunidad.

El Parlamento ha sido consultado acerca de esta propuesta, y su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior está examinándola.

Al mismo tiempo, la Comisión ha mantenido una serie de contactos con terceros países exentos de la obligación de visado por los Estados miembros y que mantienen la obligación de visado para uno o varios Estados miembros. En estos contactos, la Comisión ha destacado la importancia que tiene la reciprocidad por tratarse de uno de los criterios básicos de la política común de visados, y ha explicado a estos terceros países que considera que los Estados miembros, vinculados a esa política común, deben recibir el mismo trato por parte de terceros países.

Esta posición se ha defendido igualmente en los contactos con los Estados Unidos. Estos últimos, sin embargo, defienden una posición muy distinta en lo relativo a la admisión a su Programa de Exención de Visados. Los Estados Unidos siguen examinando individualmente a todos los terceros países en función de sus propios méritos (teniendo en cuenta, en particular, el número de visados denegados y de personas que han permanecido en el país una vez que ha expirado su visado). Sin embargo, la Comisión está convencida que la dinámica de la adhesión y, sobre todo, la posibilidad de que los nuevos Estados miembros participen plenamente en el sistema de Schengen de aquí a 2007, contribuirá a que la situación evolucione de modo positivo. La Comisión ha planteado esta cuestión, con el apoyo de la Presidencia, desde principios de 2004 en todas las reuniones que ha celebrado sobre esta materia con los Estados Unidos, y en especial en la Cumbre UE-Estados Unidos que tuvo lugar en junio de 2004 en Irlanda.

Por último, la Comisión desea destacar los avances realizados desde el 1 de mayo, pues el número de casos de no reciprocidad ha disminuido considerablemente. Los esfuerzos realizados por la Comisión han intervenido igualmente en las decisiones que han tomado algunos países terceros de ampliar la exención de visado a los nacionales de los nuevos Estados miembros. La Comisión está decidida a proseguir con sus esfuerzos en este sentido. Y ahora, el Programa de La Haya que aprobó el Consejo Europeo de los días 4 y 5 de noviembre la obliga a hacerlo.

Durante el anterior periodo parcial de sesiones de diciembre, se sometió a votación en el Parlamento Europeo el informe Lambert sobre un procedimiento europeo común de asilo. En dicha ocasión se planteó la cuestión de los centros de retención y las solicitudes de asilo fuera de las fronteras de la UE. Se observa una cierta discrepancia política entre los diputados al Parlamento. ¿Cuáles son las consideraciones del miembro de la Comisión responsable de la política de asilo respecto de las solicitudes de asilo y los centros de retención en países terceros?

(EN) La Comisión no es partidaria de que se creen «campamentos» fuera de la UE para trasladar a los solicitantes de asilo que hayan presentado su solicitud en un Estado miembro o en las fronteras de éste. La Comisión no ha presentado propuestas concretas que contemplen la tramitación de solicitudes de asilo en terceros países.

En realidad, no sería legalmente posible hacerlo, ya que la Convención de Ginebra de 1951 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíben la expulsión de personas del territorio de un Estado miembro hasta que se haya tomado una decisión en relación con su solicitud de asilo.

En todo caso, antes de que se produzca una externalización de la tramitación de las solicitudes de asilo, será necesario responder a una serie de complejas preguntas jurídicas, prácticas y jurisdiccionales. Asimismo, los nuevos planteamientos propuestos deben cumplir una serie de premisas fundamentales, en particular las obligaciones de Derecho internacional para los Estados miembros, como la Convención sobre los refugiados de 1951, el principio de no expulsión y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Sin embargo, en sus conclusiones de los días 4 y 5 de noviembre de 2004, el Consejo Europeo pidió a la Comisión que realizará un estudio sobre este tema en estrecha consulta con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Este estudio tiene que examinar las ventajas, la idoneidad y la viabilidad de la tramitación conjunta de las solicitudes de asilo fuera del territorio de la UE, de forma complementaria con el Sistema Común Europeo de Asilo y de conformidad con la legislación internacional aplicable.

El estudio deberá complementar otro estudio sobre la tramitación conjunta de las solicitudes de asilo dentro de la Unión.

Al mismo tiempo, la Comisión considera que actualmente existe un amplio consenso entre los Estados miembros acerca de la necesidad de un planteamiento coordinado y sistemático para resolver los problemas de protección en la región. En sus conclusiones de los días 4 y 5 de noviembre de 2004, el Consejo Europeo se felicitó de la «Comunicación sobre la mejora del acceso a soluciones duraderas»⁽¹⁾ e invitó a la Comisión a elaborar programas de protección regional en colaboración con los terceros países afectados y en estrecha consulta y cooperación con el ACNUR.

A la vista de esta invitación, la Comisión tiene la intención de continuar su trabajo en este ámbito para definir un plan de acción antes de julio de 2005 y un programa completo de protección regional de la UE antes de diciembre de 2005.

La Comisión espera igualmente que, en paralelo, los Estados miembros se comprometan a aplicar un plan europeo de reasentamiento, lo que vendría demostrar el compromiso de la Comunidad con las iniciativas internacionales para encontrar soluciones equilibradas, completas y eficaces para la larga permanencia de refugiados.

El Consejo Europeo de Bruselas decidió convertir el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia en Agencia de los Derechos Fundamentales. Algunas resoluciones del Parlamento Europeo confirman esta decisión y el documento COM(2004)0693/final anuncia que la Comisión presentará en el año 2005 una propuesta de reglamento para la Agencia.

¿Puede señalar la Comisión cuál será el ámbito de acción de dicha Agencia para que sus actividades no se superpongan a las de otras instituciones y puedan aportar un valor añadido en materia de libertad, democracia, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales?

¿Su radio de acción estará limitado a la Unión Europea o se extenderá a terceros países? ¿Cómo se fijarán sus prioridades?

¿Qué sinergia tendrá la Agencia con el Parlamento Europeo y con la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y con qué presupuesto contará para llevar a cabo las actividades que se le atribuyan?

(EN) Los Estados miembros, reunidos en el marco del Consejo Europeo de diciembre de 2003, decidieron crear una Agencia de los Derechos Humanos de la Unión Europea.

La Comisión respondió a esta decisión con el compromiso de presentar una propuesta para la creación de dicha Agencia, cuya aprobación está prevista para el mes de mayo de 2005.

No obstante, antes de presentar esta propuesta, la Comisión estimó importante consultar a los Estados miembros, al Parlamento y a la sociedad civil en cuestiones como las tareas concretas de la futura Agencia, su ámbito de actuación, sus prioridades, su estructura, etc. Por ello, la Comisión inició el 25 de octubre de 2004 una amplia consulta pública con la Comunicación sobre la Agencia de los Derechos Fundamentales que menciona su Señoría.

Puesto que esa consulta pública todavía continúa, la Comisión no ha adoptado aún ninguna posición firme acerca de las actividades, el ámbito de actuación o la estructura de la futura Agencia. La Comisión está abierta a todo tipo de sugerencias. Esta consulta pública terminará con un audiencia pública el 25 de enero de 2005. Seguidamente, la Comisión analizará con detenimiento todas las contribuciones, tanto por escrito como orales, y elaborará una propuesta para la creación de un Agencia de los Derechos Fundamentales.

Su presupuesto dependerá del mandato y las actividades de la futura Agencia. Sin haber decidido estas cuestiones, no pueden avanzarse propuestas concretas en materia de presupuesto. La Comisión incluirá una ficha financiera en la propuesta para crear la Agencia tras una evaluación previa. Se prestará la debida atención a las perspectivas financieras para el período 2007-2013.

La Comisión tendrá mucho cuidado de que no haya solapamiento con la excelente labor que realizan otras organización en el ámbito de los derechos humanos, en particular el Consejo de Europa. Desde luego, será también importante tener en cuenta la política de derechos humanos que la UE ha venido desarrollando, así como el importante papel del Parlamento en este contexto. La Comisión se ha comprometido a crear sinergias entre todos los principales actores para la defensa de los derechos humanos.

¿Puede indicar la Comisión qué acciones ha llevado a cabo en relación con la creación del servicio europeo de guardacostas? ¿Qué medidas piensa adoptar para controlar el aumento de la emigración ilegal por vía marítima?

(FR) El término «guardacostas» hace referencia a una gran diversidad de actividades de las autoridades públicas en el mar, como la vigilancia del tráfico marítimo, la protección de la vida humana en alta mar, la lucha contra la contaminación, la seguridad marítima y, en el marco de la supervisión de las fronteras exteriores de la Unión, el control de la inmigración ilegal.

En relación con el control de personas en las fronteras exteriores, la inmigración ilegal por vía marítima es motivo de constante preocupación y causa de numerosas tragedias humanas.

El 27 de noviembre de 2003, el Consejo aprobó un primer programa para combatir este fenómeno. El programa contiene una serie de medidas para mejorar la coordinación entre los Estados miembros y promover las relaciones con terceros países de cara a gestionar mejor los flujos migratorios en su origen.

Una parte importante de estas medidas corresponden a los Estados miembros. De hecho, el control y la vigilancia de las fronteras exteriores es primordialmente competencia de éstos. En particular, se les pide que establezcan redes de agentes de enlace e intercambien información tanto entre sus puertos, como con puertos de terceros países.

Otras medidas son la responsabilidad de los actuales centros para la gestión de las fronteras marítimas creados en Madrid y El Pireo. Estas medidas incluyen, en particular, la conclusión del inventario de recursos técnicos disponibles para realizar controles conjuntos y la investigación de nuevos recursos más eficaces.

A finales de 2004 se realizó una evaluación inicial de la ejecución de este programa de acción. Las conclusiones que el Consejo aprobó a raíz de esa evaluación se añadieron a la lista de medidas que deben adoptarse a nivel operativo y legislativo.

La Agencia Europea para el control de las fronteras exteriores, que entrará en funcionamiento el 1 de mayo de 2005, desempeñará en el futuro un importante papel, pues será responsable de coordinar las tareas y la asistencia prestada a las autoridades nacionales, incluida la organización de operaciones conjuntas, y jugará también un papel importante en el análisis de riesgos.

A pesar de que la idea de crear un servicio de guardacostas no parece contar con el apoyo necesario en este momento, cabe decir que el Programa de La Haya, aprobado por el Consejo Europeo de los días 4 y 5 de noviembre de 2004, prevé la creación de equipos de expertos nacionales capaces de prestar rápidamente asistencia técnica y operativa a los Estados miembros que la soliciten. Estos equipos de expertos actuarán en el marco de la Agencia. Además, se insta a la Comisión a evaluar en 2007 el funcionamiento de la Agencia, a reconsiderar sus tareas y a analizar si debe asumir otros aspectos de la gestión de fronteras. La Comisión deberá evaluar, en particular, el funcionamiento de los equipos de expertos nacionales y, sobre esa base, la posibilidad de crear un sistema europeo de guardias fronterizos.

Se calcula que el tráfico de seres humanos afecta anualmente a unas 800 000 personas, que son obligadas a prostituirse y a someterse a otras formas de esclavismo. UNICEF y "Save the Children" estiman que el 80 % son menores de edad.

Teniendo en cuenta el mandato de negociación recibido por el Consejo el pasado mes de junio, la Comisión está negociando con el Consejo de Europa el proyecto de Convenio sobre la lucha contra el tráfico de seres humanos. ¿Podría facilitar la Comisión algún tipo de información sobre la posición común alcanzada en nombre de los Estados miembros e indicar los principios básicos y fundamentales en los que centra su acción? ¿Tiene la intención la Comisión de velar por que la asistencia a las víctimas (como, por ejemplo, cuidados médicos, alojamiento y protección física), la concesión de permisos de residencia de corta duración a las víctimas del tráfico de personas mientras cooperan con la investigación judicial, y la ayuda para su reinstalación en los países de origen sean elementos básicos de dicho Convenio?

(EN) En respuesta a las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó dos decisiones en relación con el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de seres humanos. El 28 de junio de 2004, el Consejo aprobó una Decisión por la que autorizaba a la Comisión a negociar el proyecto de Convenio europeo sobre la lucha contra el tráfico de seres humanos; esta decisión del Consejo recoge las disposiciones del proyecto de Convenio relativas al Derecho comunitario (primer pilar). El 25 de octubre de 2004, el Consejo aprobó una Posición Común sobre las negociaciones relativas al proyecto de Convenio europeo sobre la lucha contra el tráfico de seres humanos que están teniendo lugar en el Consejo de Europa; esta Posición del Consejo recoge las disposiciones del proyecto de Convenio relativas al Título VI del Tratado de la Unión Europea (tercer pilar).

A raíz de la Decisión del Consejo aprobada en junio, la Comisión negoció en nombre de la Comunidad Europea. Esta Decisión del Consejo se basa en la legislación comunitaria vigente, en particular la Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas del tráfico de seres humanos o hayan sido objeto de una acción para facilitar la inmigración ilegal, y que cooperen con las autoridades competentes. La Directiva establece un período de reflexión para que las personas afectadas se recuperen para tomar la decisión de si desean colaborar. Asimismo, recoge una serie de disposiciones pormenorizadas que regulan el tratamiento de dichas personas durante el período de reflexión y después de la expedición del permiso de residencia (artículos 7, 9, 10, 11 y 12). Por consiguiente, en las negociaciones de Estrasburgo la Comisión pretendía garantizar a las víctimas procedentes de terceros países un tratamiento que al menos cumpliera los requisitos establecidos en la Directiva comunitaria. Teniendo en cuenta la situación existente tras la última reunión del comité competente del Consejo de Europa, es probable que se alcance ese objetivo.

Por lo que respecta a las cuestiones relacionas con el tercer pilar (por ejemplo, derecho penal, enjuiciamiento penal), los Estados miembros de la UE negociaron por sí mismos sobre la base de la Posición Común que el Consejo aprobó en octubre de 2004. La Posición Común tenía por objetivo incluir en el Convenio disposiciones que facilitaran en la mayor medida posible la persecución y el castigo de los delitos penales relacionados con el tráfico de seres humanos de conformidad con la legislación aplicable en virtud del Título IV del Tratado de la Unión Europea, en particular la Decisión marco del Consejo de 19 de julio de 2002 relativa a la lucha contra el tráfico de seres humanos. Las disposiciones en materia de enjuiciamiento penal deberían contemplar las necesidades especiales de las mujeres y los niños que han sido o pueden ser víctimas de ese tráfico. Además, la Posición Común pretende fomentar la participación de los sistemas de ayuda a las víctimas.

¿Puede la Comisión informar de la propuesta de ubicación en Vigo (Galicia) de la Agencia Comunitaria del Control de la Pesca? ¿Ha considerado ampliar las competencias de dicha agencia, ya que inicialmente solo ha sido prevista la coordinación de actividades de control e inspección? ¿Considera la Comisión que el sector pesquero debe participar desde el principio, comenzando por colaborar en la elaboración de los dictámenes científicos, para orientar las estrategias y las medidas de conservación de los recursos pesqueros?

La Agencia debería coordinar el control sobre los productos de la pesca procedentes de buques pesqueros abanderados en terceros países, en especial de los que practican la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. ¿Va a realizar la Comisión modificaciones en este sentido? La propuesta de la Comisión preveía la elaboración de un estudio de viabilidad previo a la creación de esta agencia. La propuesta de Reglamento ha sido presentada sin haber realizado previamente dicho estudio. ¿Puede informar la Comisión Europea de esta decisión? Se propone, además, nombrar a cuatro representantes del sector pesquero, sin derecho a voto, para formar parte del Consejo de Administración. Este número de representantes le parece reducido al sector, que considera debería ampliarse al menos a ocho, con derecho a voto, sin lugar a dudas, nombrados por las organizaciones europeas de empleadores y de trabajadores. ¿Va a reconsiderar la Comisión esta posición?

Tras las presentaciones introductorias a cargo de la Comisión ante el Consejo y el Parlamento, el Consejo celebró en octubre de 2004 un debate sobre la propuesta de la Comisión de creación de una Agencia Comunitaria de Control de la Pesca como uno de los elementos centrales de los esfuerzos de la UE para mejorar el grado de cumplimiento con la normativa pesquera en el marco de la reforma de 2002 de la Política Pesquera Común. Los trabajos relacionados con esta propuesta continuarán desarrollándose en enero de 2005 en el seno de los grupos de trabajo del Consejo y en el Parlamento Europeo, cuyo dictamen está previsto para febrero de 2005.

Tal y como sugiere su nombre, la Agencia centrará sus actividades en el ámbito del control. Su participación en tareas de investigación estará relacionada, exclusivamente, con las cuestiones relativas al control.

Asimismo, la Agencia desempeñará un papel de primer orden en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y brindará ayuda a los Estados miembros no solo en las aguas comunitarias sino, también, en lo que se refiere a los acuerdos de pesca celebrados con terceros países. Asimismo, se ocuparán de las cuestiones relativas a las aguas bajo control internacional y los sistemas de inspección acordados en el marco de las organizaciones pesqueras regionales, como la Organización de Pesquerías del Atlántico Norte (NAFO) y la Comisión de Pesquerías del Atlántico del Nordeste (CNAPE).

A raíz de la decisión adoptada el 13 de diciembre de 2003 por el Consejo en su reunión a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno, la Comisión se vio en la necesidad de elaborar una propuesta antes de marzo de 2004. Como consecuencia de la premura de tiempo, fue imposible llevar a cabo el estudio de viabilidad antes de la presentación de dicha propuesta, tal y como se había previsto en un principio.

La Agencia se ocupará de las cuestiones operativas que afectan directamente a aquellos que participan en las actividades pesqueras. Por consiguiente, parece adecuado que estén representados en el Consejo de Administración. Es importante que este órgano funcione con cierta flexibilidad. Por ello, el número de miembros está limitado y los derechos de voto en el Consejo de Administración reflejan la importante necesidad importante, de que la Agencia actúe de conformidad con los intereses comunitarios.

En la propuesta de decisión COM(2004)0091/final se afirma lo siguiente: "Se calcula que, en poco tiempo, más de 50 % del tráfico mundial de correo electrónico será spam". El principio de consentimiento previo ("opt-in") y el programa en cuestión constituyen elementos positivos.

No obstante, ¿qué medidas concretas se propone adoptar la Comisión, teniendo en cuenta el factor transfronterizo, el contenido ilícito de ciertos mensajes indeseados así como la protección de la correspondencia personal? ¿Cómo se propone proteger la libertad de expresión en Internet y cómo establece exactamente los límites entre la protección de la correspondencia personal y la protección de los menores de edad y de los consumidores, dadas las divergencias existentes entre las disposiciones legislativas de los diferentes Estados miembros?

(EN) Las preguntas que plantea su Señoría se refieren a tres cuestiones distintas aunque relacionadas entre sí: en primer lugar, las comunicaciones (comerciales) no solicitadas y las medidas para abordar los casos transfronterizos; en segundo lugar, el contenido ilícito de ciertos mensajes de correo electrónico indeseados y, en tercer lugar, la protección de la correspondencia personal y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de los menores y los consumidores.

Las comunicaciones comerciales no solicitadas (denominadas «spam») están reguladas por la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas⁽¹⁾. A raíz de una Comunicación sobre el «spam»⁽²⁾ aprobada por la Comisión el año pasado, ésta ha creado una red de contacto de agencias de vigilancia del spam para facilitar el cumplimiento de la legislación a través de las fronteras. En diciembre de 2004, esta red de contacto adoptó un procedimiento de cooperación para facilitar el intercambio de información a través de las fronteras. La Comisión seguirá vigilando las divergencias en la transposición a la legislación nacional de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, como señala en el recientemente publicado décimo Informe sobre el Reglamento relativo a las comunicaciones electrónicas⁽³⁾.

En la medida en que las comunicaciones comerciales no solicitadas contienen información falsa o inexacta, pueden tener un efecto negativo sobre el comportamiento económico de los consumidores y, por consiguiente, quedar dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 84/450/CEE relativa a la publicidad engañosa. Aunque la legislación comunitaria vigente permite a los Estados miembros adoptar o mantener medidas más estrictas para la protección del consumidor, la Comisión propone ahora la introducción de una normativa comunitaria armonizada sobre prácticas comerciales desleales que establezca un alto nivel de protección para los consumidores y garantice el buen funcionamiento del mercado interior. Las autoridades nacionales encargadas de velar por la aplicación de la legislación sobre la protección del consumidor podrán colaborar en los casos transfronterizos en el marco del Reglamento 2006/2004 relativo a la cooperación en materia de protección de los consumidores.

La Directiva relativa a la privacidad y las comunicaciones electrónicas, traspuesta por los Estados miembros, es aplicable a todas las comunicaciones comerciales no solicitadas, aunque no tengan un contenido ilícito. En el caso concreto de la distribución de pornografía infantil a través de comunicaciones no solicitadas, se aplica igualmente la Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil⁽⁴⁾. A otros contenidos ilícitos en correo no solicitado se les debe aplicar la legislación específica de cada Estado miembro. Las autoridades de los Estados miembros pueden hacer uso de las posibilidades de intercambio de información que ofrecen Europol y Eurojust para hacer frente a los casos internacionales de distribución de contenidos ilícitos, en la medida que dichos casos formen parte de los respectivos mandatos de esos dos organismos.

Por último, la Comisión apoya plenamente el principio del respeto de la vida privada y familiar, incluidas las comunicaciones, así como el principio de la libertad de expresión. Estos derechos se recogen en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y en el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En 2001, la Comisión se comprometió a someter cualquier acto legislativo y reglamentario a una prueba de compatibilidad con la Carta⁽⁵⁾. Aunque la Unión carece de competencias generales para legislar en materia de derechos y libertades fundamentales, el artículo 95 del Tratado CE permite proponer y aprobar medidas para armonizar la legislación de los Estados miembros cuando esas medidas tengan por objeto la consolidación y el funcionamiento del mercado interior. En este contexto debe considerarse la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas y, en particular, el equilibrio que establece entre la privacidad de las comunicaciones electrónicas y su uso para fines comerciales. Cada vez que sea necesario en el ejercicio de sus competencias, la Comisión tratando de conseguir un buen equilibrio entre los distintos derechos en juego.

Un reciente estudio de la Oficina Europea de las Uniones de Consumidores (BEUC) sobre 76 ambientadores procedentes de cinco Estados miembros de la Unión Europea señala que estos productos contienen sustancias peligrosas para la salud.

Concretamente, en el aire de los espacios en que se han usado estos ambientadores se han encontrado sustancias que irritan el aparato respiratorio, ftalatos, sustancias alergénicas y cancerígenas.

Dichos productos, que se comercializan para «purificar» los espacios interiores, en realidad los contaminan aún más, poniendo en peligro a toda persona expuesta a los ambientadores, incluidas las más vulnerables, como las mujeres embarazadas o los enfermos crónicos.

¿Qué opina la Comisión Europea de este asunto? ¿Tiene intención de adoptar medidas concretas en relación con las sustancias incluidas en los ambientadores para el hogar? ¿Qué obligaciones de información y notificación acerca de la presencia de estas sustancias tienen los fabricantes? ¿Cómo piensa actuar en relación con la publicidad de estos productos, que difunde una información engañosa a los consumidores?

(EN) La Comisión concede gran importancia a la exposición de los consumidores a las sustancias químicas liberadas por productos. La Comisión tiene la intención de examinar a fondo las preocupaciones manifestadas por la Oficina Europea de las Uniones de Consumidores (BEUC) por la exposición de los consumidores a sustancias químicas peligrosas procedentes de los ambientadores. Para ello, la Comisión tiene que examinar detenidamente el informe sobre el estudio que menciona la BEUC. Según la información con que cuenta la Comisión, ese informe aún no ha sido publicado. Apenas se publique, la Comisión procederá a su examen. En caso necesario, consultará a su Comité Científico de Productos de Consumo. La Comisión decidirá, a la vista de los resultados de esta evaluación, si son necesarias medidas para gestionar los riesgos. Sin conocer la evaluación científica del informe del estudio, sería prematuro anunciar medidas concretas en relación con estos productos.

Durante los últimos tiempos se observa un firme intento por parte del Gobierno turco de cuestionar y socavar la institución del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla así como la propia persona del Patriarca Bartolomé.

En este contexto, las autoridades turcas han prohibido al Patriarcado Ecuménico que celebre la ceremonia litúrgica habitual del 6 de diciembre en la basílica de San Nicolás de Mira, en la Licia. Asimismo, con ocasión de la recepción celebrada el 2 de diciembre en la residencia del cónsul estadounidense en honor de diversos dignatarios del Patriarcado Ecuménico, el Gobierno turco publicó una circular en la que se prohíbe la asistencia de funcionarios estatales turcos a dicha recepción, reaccionando de esta forma a la denominación "Ecuménico" que figura en la correspondiente invitación.

¿Qué medidas piensa tomar la Comisión, dado que el respeto de la libertad religiosa se considera un criterio fundamental para las perspectivas europeas de Turquía?

(EN) La Comisión ha puesto frecuentemente de relieve los problemas que tienen las comunidades religiosas no musulmanas en Turquía, entre ellas las dificultades de la comunidad ortodoxa griega y del Patriarcado Ecuménico, como el cierre del seminario de Halki que aún continúa, cuestiones sobre propiedad y la falta de un estatuto jurídico para las comunidades no musulmanas. La Comisión ha planteado estos problemas en numerosas reuniones de distinto nivel con las autoridades turcas, por ejemplo, en el marco de su seguimiento periódico del cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague por parte de ese país. Asimismo, ha criticado la ausencia de avances en este ámbito en sus informes periódicos sobre el progreso de Turquía hacia la adhesión.

La Comisión ha seguido los acontecimientos ocurridos recientemente en ese ámbito, como las manifestaciones contra el Patriarcado en Estambul, así como los hechos relacionados con el no reconocimiento de la denominación «ecuménico» por parte de las autoridades turcas.

La Comisión seguirá vigilando atentamente las cuestiones relacionadas con la libertad religiosa en el marco de su continuo seguimiento de los criterios políticos, y recomendará a las autoridades griegas que tomen medidas, tanto en el plano legislativo como ejecutivo, para garantizar en la práctica esa libertad en Turquía.

En su respuesta a la pregunta oral H-0380/04⁽¹⁾ sobre la reforma de las ayudas estatales, la Comisión afirma que la mejor manera de abordar las disparidades regionales y mejorar los niveles de crecimiento económico es el establecimiento de los incentivos adecuados para los operadores económicos que fomenten una productividad y una competitividad elevadas en lugar de conceder subvenciones a empresas ineficientes o causar distorsiones graves en el mercado interior, y que lo razonable es pasar de una concentración geográfica a una concentración temática, al margen de las regiones rezagadas. Este planteamiento no haría frente a los graves problemas económicos que existen fuera de las zonas del Objetivo 1 ni tendría en cuenta el papel único que pueden jugar las ayudas estatales de finalidad regional para superar los obstáculos a la competitividad. Las ayudas de finalidad regional pueden incentivar una mayor productividad y competitividad atrayendo nuevos inversores a las localidades menos prósperas y alentando nuevas inversiones por parte de las empresas existentes.

No voy a defender a las empresas ineficientes que perciben subvenciones, pero, ¿podría indicar la Comisión por qué no adopta un enfoque de mayor rentabilidad en lugar de reducir la concesión y la intensidad de las ayudas?

(EN) La Comisión está muy lejos de proponer un «único rasero» para las ayudas públicas. De hecho, la Comisión está considerando la posibilidad de concentrar en las regiones más necesitadas el acceso a las ayudas a la inversión regional para las grandes empresas previstas en las Directrices sobre ayudas regionales. Fuera de esas regiones, los Estados miembros dispondrán de instrumentos de ayuda pública especializados, menos distorsionadores y horizontales para hacer frente a los problemas de mal funcionamiento de los mercados locales y superar de ese modo las barreras a la competitividad de una manera más selectiva. Se espera que esos instrumentos horizontales proporcionen a los Estados miembros el nivel necesario de flexibilidad, dentro de unos límites establecidos previamente, para decidir por sí mismos las prioridades regionales u otras prioridades. Se prestará especial atención a las necesidades de las PYME.

El Consejo de Ministros de la Unión Europea decidió, por unanimidad, recortar en unos 800 millones de euros el gasto agrícola en el presupuesto para el 2005, sin tener en cuenta las necesidades reales del sector y los compromisos adquiridos con los productores. Esa medida, que no tiene precedentes, anuncia la escasa voluntad política que existe entre los Gobiernos de los Estados miembros (incluido el Gobierno de España) para garantizar la sostenibilidad de la actividad agraria en la Unión Europea.

Esa decisión podría ser interpretada además como una forma de anunciar a los agricultores que sufrirán casi con seguridad recortes adicionales del montante unitario de las ayudas a partir del 2007, fecha en la que la Comisión Europea tendrá que presentar un informe para determinar si es necesario o no proceder a una nueva "modulación" de las subvenciones directas. Es evidente que los países partidarios de reducir las aportaciones de los Estados miembros al presupuesto en las próximas perspectivas financieras han ganado "por la mano" una primera batalla.

¿Qué opina la Comisión sobre la decisión del Consejo de Ministros y cómo tiene previsto financiar las ayudas directas a los agricultores y las necesidades que puedan surgir como consecuencia, por ejemplo, del incremento previsto en la producción de cereales?

La reducción de créditos decidida por la Autoridad Presupuestaria hace más compleja la gestión presupuestaria, pero no puede afectar a determinados gastos derivados de la aplicación de diferentes instrumentos de gestión de los mercados agrícolas ni al pago de las ayudas directas, habida cuenta de que se trata de gastos obligatorios que la Unión Europea tiene la obligación jurídica de asumir. Para ello, la Comisión recurrirá a los procedimientos adecuados, incluido, en su caso, el recurso a un presupuesto rectificativo.

Algunos países, como por ejemplo España, han modificado su política respecto a Cuba, adoptando de este modo una posición contraria a la de la mayoría de Estados miembros de la Unión, pese a que las razones que justifican las sanciones contra La Habana siguen vigentes.

¿Estamos ante un síntoma de una nueva política exterior de la UE en la que los derechos humanos deben ceder ante los intereses económicos?

(FR) Las relaciones de la Unión con Cuba se rigen por la Posición Común que el Consejo aprobó originalmente en 1996 y que ha revisado y actualizado periódicamente desde entonces. Los objetivos de la Unión respecto a Cuba siguen siendo el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, fomentando el proceso de transición hacia una democracia pluralista y una recuperación económica sostenible con el fin de mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano. Con el fin de alcanzar dichos objetivos, la Posición Común promueve una política de actuación constructiva con respecto a Cuba por medio de un diálogo reforzado con el Gobierno y la sociedad civil de ese país. Ninguno de los Estados miembros ha cuestionado hasta ahora esta Posición Común ni sus objetivos e instrumentos.

Tras la detención y condena de 75 disidentes a penas de prisión de entre 6 y 28 años, el Consejo está evaluando las medidas adoptadas en junio de 2003. Varios países, entre ellos España, han cuestionado la eficacia de estas medidas y han pedido que sean objeto de un nuevo examen.

La Comisión no considera que la Unión necesite una nueva política exterior con respecto a Cuba que relegue los derechos humanos a un segundo plano por detrás de los intereses económicos.

Por una parte, la interrupción del diálogo político con las autoridades cubanas en los últimos 18 meses no parece haber tenido un efecto significativo sobre los intercambios económicos y comerciales entre los Estados miembros de la Unión y Cuba.

Por otra parte, existe entre los Estados miembros un consenso que comparte la Comisión acerca de la necesidad de buscar medios más eficaces para conseguir los objetivos de la Posición Común, el más importante de los cuales es el respeto de los derechos humanos.

En este contexto, la Comisión ha acogido favorablemente la propuesta de adoptar un nuevo enfoque, como el acordado a nivel técnico por los Estados miembros el pasado mes de diciembre. Dicho enfoque pretende normalizar las relaciones con La Habana y, al mismo tiempo, intensificar las relaciones con los disidentes pacíficos a través de otros medios distintos de las invitaciones a recepciones oficiales. La Comisión espera que este nuevo enfoque sirva para la liberación de los 61 disidentes encarcelados desde marzo de 2003. Asimismo, la reanudación del diálogo político que se pretende debería tener también como objetivo fundamental la consecución de los objetivos de la Posición Común sobre Cuba.

La opinión pública de la Unión Europea y de los posibles países candidatos debería saber hasta dónde se prevé ampliar la Unión en un plazo de como mínimo treinta años. La creación de un organismo económico eficiente, de infraestructuras de comunicaciones y de redes de energía y de suministro debería tener en cuenta a los futuros Estados miembros de la Unión Europea para evitar así los costes adicionales e innecesarios de su adhesión. Esto requiere una mejor precisión de las condiciones de adhesión a la Unión, así como de sus fronteras, para adecuarlas a las expectativas de los Estados miembros (por ejemplo, la seguridad energética). Parece pues que la frontera natural de la Unión Europea deberían constituirla las fronteras de aquellos Estados interesados en ser miembros de la Unión y cuyo territorio se encuentre en su totalidad o en parte dentro del continente europeo. Esta solución permite garantizar la cohesión política.

¿Qué medidas piensa tomar en el futuro la Comisión Europea para definir las futuras fronteras de la Unión Europea?

El Tratado Constitucional establece una «Constitución para Europa». Según el apartado 2 de su artículo I-1, la Unión está abierta a «todos los Estados europeos» que respeten sus valores y se comprometan a promoverlos en común. El preámbulo del Tratado Constitucional define Europa como un continente abierto a la civilización y afirma que la Unión Europea se inspira en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa. En relación con la solicitud de adhesión de Turquía a la UE, ha surgido la cuestión de las fronteras y de la identidad de la UE. ¿Tiene la Comisión una opinión sobre la futura ampliación de la UE? ¿Podría crear la adhesión de Turquía una posibilidad para los países del Norte de África y de Transcaucasia? Al mismo tiempo, la Comisión no parece tener una posición clara sobre países como Ucrania, que, desde el punto de vista geográfico y de su herencia cultural, pertenecen sin duda alguna a Europa. ¿Puede explicar la Comisión su posición por lo que respecta, en primer lugar, a la identidad de Europa (sobre la base del Tratado Constitucional) y, en segundo lugar, a la posibilidad de que Ucrania presente su candidatura a la adhesión a la UE, en el caso de que así lo deseen sus ciudadanos?

(EN) Dentro de la Comisión de turno se ha aumentado la cartera de ampliación para incluir las competencias relativas a los Balcanes Occidentales. Se trata de una señal clara de que la Comisión considera que, aparte de los actuales países candidatos (Bulgaria, Rumanía, Croacia y Turquía), los países de los Balcanes Occidentales tienen vocación de adherirse a la UE cuando llegue el momento y cumplan los criterios de Copenhague. Esta consideración coincide con las conclusiones del Consejo Europeo de Salónica del mes de junio de 2003.

En la actual ronda de ampliación, la práctica ha consistido en condicionar la apertura de negociaciones al cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague. Esta condición ha resultado ser un estímulo importante para los cambios políticos y las profundas reformas realizadas en los países candidatos. Por ello, las negociaciones de adhesión solo deben iniciarse con países que cumplan los criterios políticos de Copenhague, para promover de este modo los valores fundamentales en que se basa la Unión.

El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa declara que «La Unión está abierta a todos los Estados europeos que respeten sus valores y se comprometan a promoverlos en común». Por consiguiente, si un Estado europeo tiene vocación de formar parte de la Unión, se compromete con los valores europeos y es capaz de asumir las obligaciones que implica la adhesión, debe ser aceptado en calidad de candidato. Sin embargo, debemos tomarnos también en serio un elemento, a menudo olvidado, de los criterios de Copenhague, a saber, «la capacidad de la Unión de absorber nuevos miembros manteniendo al mismo tiempo sin cambios el ritmo de la integración europea reviste gran importancia en el interés general tanto de la Unión como de los países candidatos».

Hasta ahora no se ha considerado la adhesión de otros países a medio plazo. Por esta razón, se acordó incluirlos en la Política de Buena Vecindad de la UE que allana el camino al libre comercio y al diálogo político. Esto implica igualmente la cooperación en el ámbito de las Redes Transeuropeas de Energía, ya que varios de los países que forman parte de la Política Europea de Vecindad son importantes y lo seguirán siendo para la seguridad del abastecimiento energético de la UE. La participación en la Política de Buena Vecindad no significa que la puerta esté cerrada para la adhesión.

En opinión de la Comisión, Europa es un concepto político y su evolución futura tendrá que ser decidida conjuntamente por los Estados miembros, las instituciones europeas y la sociedad civil en general.

Las condiciones de trabajo, higiene y seguridad de los trabajadores del sector de limpieza con chorro de arena, limpieza y pintura son inaceptables. Las sustancias químicas de las partículas en suspensión y los altos niveles de ruido de los compresores neumáticos durante el lanzamiento de arena y agua, así como las pinturas de los laminados y los depósitos de los barcos, junto con la falta de medidas de seguridad o el carácter rudimentario de las mismas constituyen los requisitos para que se produzca un grave accidente y son causa de graves enfermedades profesionales de los trabajadores. La mayoría de los trabajadores muere antes de alcanzar la edad de jubilación por accidente o enfermedad directamente relacionados con sus condiciones de trabajo. En Grecia solo hay 10 personas jubiladas de este sector. Una investigación realizada por el instituto griego de salud y seguridad en el lugar de trabajo (EL.IN.Y.A.E) demuestra que los niveles de contaminación por partículas en suspensión y de ruido en los lugares de trabajo son muy superiores a los considerados admisibles.

¿Piensa tomar la Comisión severas medidas para mejorar las condiciones de trabajo de estos trabajadores? ¿Piensa presentar propuestas para que se tomen medidas de protección y de medicina preventiva, y para lograr una mayor protección social en general para los trabajadores que están sometidos a mayores peligros durante su trabajo?

(FR) La Comisión comparte la opinión de su Señoría y es consciente de los importantes riesgos que corren los trabajadores que lijan con chorro de arena, limpian y pintan los cascos de los buques.

No obstante, la Comisión considera que la correcta aplicación de las disposiciones de la legislación europea vigente en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo debe contribuir de forma eficaz a evitar dichos riesgos laborales.

Esta legislación comprende, en particular, la Directiva 89/391/CEE de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo⁽¹⁾, la Directiva 98/24/CE del Consejo de 7 de abril de 1998 relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo⁽²⁾ y la Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de febrero de 2003 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido)⁽³⁾, cuyas disposiciones deben ser incorporadas a la legislación nacional de los Estados miembros antes del 15 de febrero de 2006, sustituyendo las disposiciones de la Directiva 86/188/CEE⁽⁴⁾ en esta materia.

Estas Directivas imponen una serie de obligaciones a las empresas, como una evaluación previa de los riesgos, la adopción de medidas preventivas para eliminar o reducir los riesgos, la debida formación e información de los trabajadores y la consulta previa de estos últimos. Asimismo, estas Directivas exigen a los Estados miembros el establecimiento de un sistema de vigilancia de la salud de los trabajadores.

Los objetivos de la legislación comunitaria no pueden alcanzarse si no se consigue su aplicación efectiva en el lugar de trabajo, y las autoridades competentes de los Estados miembros son las responsables de garantizar el control y la vigilancia de las disposiciones legales nacionales con las que se trasponen las Directivas comunitarias.

La Comisión colabora activamente con los Estados miembros, en particular con la asistencia prestada por el Comité Consultivo de Salud y Seguridad en el Trabajo creado por el Consejo, con el fin de armonizar planteamientos, facilitar el intercambio de experiencias y elaborar conjuntamente guías de buenas prácticas no vinculantes que ilustren las medidas que deben adoptarse para cumplir lo dispuesto en las Directivas.

Los medios de comunicación suecos informaban el 15 de diciembre de que la empresa Duni iba a trasladar su producción de platos de papel desde Halmstad a Poznan en Polonia. Duni ha comunicado que va a solicitar ayuda de la UE para la formación de 40-50 nuevos empleados en Polonia, y la empresa calcula que va a recibir aproximadamente 35 000 coronas en concepto de pago único por cada empleado. También se puede solicitar ayuda para inversiones en nuevas máquinas, aunque no para trasladar las viejas desde Suecia a Polonia. Björn Erlandsson, representante de la empresa, ha comentado que "personalmente considero extraordinario que se puedan conceder ayudas para trasladar la producción industrial desde Suecia a Polonia. Son fondos a los que contribuyen los Estados y parece que la UE tiene dinero suficiente".

¿Comparte la Comisión el comentario de Björn Erlandsson y, en caso afirmativo, va a trabajar la Comisión para impedir la concesión de estas ayudas?

(EN) Al igual que los demás Fondos estructurales, el Fondo Social Europeo canaliza sus ayudas a través de programas estratégicos a largo plazo que los Estados miembros planifican y elaboran, y luego negocian con la Comisión. Los Estados miembros ejecutan estos programas a través de un gran número de organizaciones, tanto del sector público como del privado. Entre estas organizaciones pueden encontrarse entidades nacionales, regionales y locales, instituciones de enseñanza y formación, organizaciones de voluntarios, los interlocutores sociales y empresas.

Los Fondos estructurales participan en la financiación de los proyectos contemplados en los Reglamentos relativos a cada uno de ellos. Como se señala más arriba, esos proyectos tienen que formar parte de las prioridades y medidas acordadas en la intervención de los Fondos en el Estado miembro o región de que se trate. Para beneficiarse de la financiación de uno de esos Fondos, el proyecto debe cumplir igualmente los criterios de selección, que son aprobados por un comité de seguimiento responsable de verificar la eficacia y calidad de la ejecución de los proyectos. De conformidad con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros son responsables de seleccionar los proyectos que recibirán financiación, así como de su ejecución, auditoría y control, seguimiento y evaluación.

Con objeto de garantizar la eficiencia y la durabilidad de los efectos de las ayudas de los Fondos, el Reglamento general sobre los Fondos estructurales introdujo una nueva norma dirigida al logro sostenible de los objetivos de los Fondos estructurales (véase el apartado 4 del artículo 30 del Reglamento (CE) n° 1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999 por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales⁽¹⁾). Con arreglo a ese artículo, los Estados miembros deben procurar que los proyectos sigan recibiendo la contribución de los Fondos estructurales si no sufren, en un plazo de cinco años a partir de la fecha de la decisión relativa a la contribución de los Fondos estructurales, una modificación sustancial que pueda afectar a la naturaleza del proyecto o a sus condiciones de ejecución, o que otorgue a una empresa u organismo pública una ventaja indebida. Un cambio en la naturaleza del proyecto en el caso de infraestructuras, o un cambio en la ubicación de una actividad productiva, constituyen modificaciones sustanciales.

Además, el Reglamento de la Comisión sobre ayudas públicas al empleo establece un período mínimo de mantenimiento del empleo en caso de ayudas públicas a la creación de puestos de trabajo o a la contratación (3 años para las grandes empresas y 2 años para las PYME).

Una de las libertades fundamentales del Mercado Único es la posibilidad que tienen las empresas de establecerse en cualquier parte de la Unión. No obstante, el ejercicio de esta libertad debe cumplir la legislación comunitaria, en particular los Reglamentos ya mencionados en materia de competencia y de Fondos estructurales.

Las relocalizaciones han sido siempre un desafío para la política regional y se han convertido en un motivo de preocupación aún mayor en el marco de la Unión ampliada. Por ello, la Comisión propone reforzar las disposiciones relativas a la relocalización de empresas para el futuro período de programación 2007-2013 de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión. Se ha aumentado el período exigido para mantener una inversión productiva. Para conservar las ayudas de los Fondos, las empresas deberán mantener su inversión productiva durante un período de siete años a partir de la fecha en que se decida conceder ayudas del Fondo. Asimismo, la Comisión propone que las empresas que tengan que rembolsar fondos debido a un cambio de ubicación dentro de un Estado miembro o entre Estados miembros, no tengan en el futuro derecho a recibir ayudas del Fondo.

En la Unión Europea existen lenguas con siglos de historia que no son lenguas de un Estado ni son oficiales en la Unión, pero que, en cambio, son habladas por un gran número de personas, a menudo de regiones distintas de diferentes Estados miembros, en las que en algunos casos tienen carácter de lengua oficial. A veces, estas lenguas tienen un peso demográfico, una tradición literaria y una vitalidad equiparables a otras de carácter estatal y con estatuto de oficialidad en la Unión, con un número similar o superior de habitantes.

Teniendo en cuenta que el respeto de la diversidad lingüística constituye uno de los fundamentos democráticos y culturales de la Unión, como se reconoce en el artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales ("La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística"), y que, por lo tanto, de acuerdo con los valores de la Unión Europea, sería injusto discriminar una lengua por el hecho de no ser hablada en el conjunto de un Estado, ¿no cree la Comisión que la Unión Europea debería tener más en cuenta la realidad de estas lenguas?

Teniendo en cuenta, además, que ya ha sido presentado, por parte del Gobierno español, un Memorando para modificar el régimen lingüístico en las instituciones europeas con objeto de que tengan cabida en él las lenguas cooficiales en España, ¿cuál va a ser la actitud de la Comisión ante esta petición?

La Comisión es consciente de la importancia y de la utilización de determinadas lenguas regionales en España y en los Estados miembros vecinos.

También es consciente de que, en algunos casos, son más numerosos los ciudadanos de la UE que tienen una de estas lenguas como su primera lengua que los ciudadanos que hablan las lenguas de otros Estados miembros.

Sin embargo, la Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 290 del Tratado CE, el régimen lingüístico de las instituciones de la Comunidad será fijado por el Consejo, por unanimidad y sin propuesta previa de la Comisión.

Este régimen se establece en el Reglamento nº 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958 (Reglamento nº 1/58 del Consejo), modificado en último lugar por el Tratado relativo a la adhesión de diez nuevos Estados miembros a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004. El Reglamento nº 1/58 del Consejo enumera las lenguas oficiales y de trabajo de las instituciones de la UE.

No obstante, tal como ya afirmó la Comisión en sus respuestas a la pregunta oral H-650/01 de Miquel Mayol i Raynal y a la pregunta escrita E-1305/04 de Erik Meijer, el hecho de que en el Reglamento nº 1/58 del Consejo no se mencionen algunas lenguas regionales o cooficiales como lenguas oficiales de la Unión no pone en tela de juicio la importancia cultural y lingüística de las mismas.

De igual modo, la Comisión respeta y apoya el principio de la diversidad lingüística tal como está consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales del Tratado Constitucional. Sin embargo, opina que, sin perjuicio de recientes iniciativas tomadas por los Estados miembros, la aplicación de este principio no significa necesariamente que todas las lenguas habladas en la Unión deban ser reconocidas como lenguas oficiales y de trabajo de las instituciones europeas.

Existen otras formas de fomentar la diversidad lingüística en la Unión. Por ejemplo, la Comisión ha aprobado recientemente, en el marco de sus propias competencias, de por sí limitadas, un Plan de acción para promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística, que tiene por objeto alentar a los Estados miembros a fomentar la diversidad lingüística y la enseñanza y el aprendizaje de un amplio abanico de lenguas, incluidas las lenguas regionales y minoritarias.

Habida cuenta de las negociaciones que se están celebrando sobre las perspectivas financieras de la UE, ¿apoya la Comisión la financiación sostenida del programa de hermanamiento de ciudades de la UE, una iniciativa que ha resultado muy popular a lo largo de los años?

(EN) En su Comunicación titulada «Construir nuestro futuro común - Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013)», la Comisión señala que una de sus tres prioridades es: «dotar de pleno contenido a la ciudadanía europea», en particular mediante la promoción «del conocimiento y comprensión entre sus ciudadanos (...) y acciones destinadas a promover la ciudadanía europea». En su Comunicación titulada «Dar efectividad a la ciudadanía: promover la cultura y la diversidad a través de los programas relativos a la juventud, la cultura, el sector audiovisual y la participación ciudadana», la Comisión se compromete a presentar una propuesta legislativa a principios de 2005 para un «programa posterior a 2006», es decir, para el período correspondiente a las nuevas perspectivas financieras 2007-2013.

Actualmente, la Comisión está elaborando este programa que seguirá financiando las iniciativas de hermanamiento de ciudades, pero de una manera renovada y simplificada. En este contexto, la Comisión ha puesto en marcha el 15 de diciembre una consulta pública con el fin de conocer las opiniones de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil sobre las orientaciones del futuro programa. Los resultados de esta consulta se analizarán como parte de la evaluación previa que la Comisión realizará antes de presentar su propuesta para un nuevo programa, prevista para el 31 de marzo de 2005.

De cara a la negociación de las perspectivas financieras de la UE, la Comisión es totalmente partidaria de que siga financiándose dicho programa.

En el contexto de las negociaciones sobre las Perspectivas financieras para 2007-2013, ¿apoya la Comisión la continuación de la iniciativa transfronteriza Interreg, que es un programa que cuenta actualmente con un amplio apoyo en la Unión Europea?

(FR) El 14 de julio de 2004, la Comisión aprobó, en el marco de las futuras perspectivas financieras, los proyectos de reglamentos por los que se rigen los Fondos estructurales.

En aras de la simplificación, se ha reducido el número de objetivos y los programas de iniciativa comunitaria se han incorporado al núcleo común de programas. No obstante, en vista del evidente «valor añadido comunitario» que caracterizaba a la anterior iniciativa INTERREG y del considerable apoyo que recibió en el «gran debate» que precedió a la reforma de la política de cohesión, la Comisión ha propuesto que el tercer objetivo de la política de cohesión reformada se consagre a partir de 2007 a la cooperación territorial en el marco de sus componentes transfronterizos y transnacionales.

Así pues, la cooperación transfronteriza no solo se mantiene, sino que además se beneficiará de una mayor financiación y una ejecución simplificada. En este sentido, la Comisión ha presentado una propuesta de Reglamento destinado a la creación de un grupo europeo de cooperación transfronteriza provisto de personalidad jurídica, con el fin de superar los problemas que actualmente experimentan los Estados miembros para gestionar las actuaciones transfronterizas.

Habida cuenta de que las recientes elecciones presidenciales y legislativas en Mozambique se han celebrado en un contexto de libertad y legalidad, ¿recomendará la Comisión incrementar los créditos de ayuda al desarrollo de Mozambique, un país con instituciones democráticas sólidas y cada vez más reforzadas?

(EN) La Comisión considera que las recientes elecciones presidenciales y legislativas en Mozambique han sido en general un éxito y se han desarrollado en un ambiente de paz, pero cree que en el futuro se podrían hacer mejoras para reducir los desacuerdos respecto a los resultados electorales. La Comisión está dispuesta a ayudar a reforzar el proceso democrático siguiendo las recomendaciones que publicará la Misión de Observación Electoral de la UE.

La Comisión ha evaluado los resultados de las medidas gubernamentales para combatir la pobreza en Mozambique y la pertinencia de la estrategia conjunta para el período 2002-2007, en el marco de la revisión intermedia del noveno FED que ha tenido lugar en 2004. Esta ayuda complementaria se dirigirá a la Ayuda presupuestaria para la lucha contra la pobreza (con indicadores para los sectores sociales, la gestión financiera y la gobernanza), la seguridad alimentaria y el sector del transporte (carreteras y puente sobre el río Zambezi en Caia).

Actualmente, en la Unión Europea el acceso a Internet está gravado con el tipo máximo del IVA, que varía según cada país: en Chipre y Luxemburgo es del 15 %; en Alemania, del 16 %; en el Reino Unido, del 17,5 %; en la República Checa, del 19 %; en Francia, del 19,6 %; y en Dinamarca, del 25 % (en Polonia se prevé que sea del 22 %).

Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a las nuevas tecnologías al margen del lugar de residencia, así como de mejorar la competitividad de nuestra economía, especialmente frente a la de Estados Unidos, y de construir una sociedad de la información libre de estereotipos y xenofobia, entiendo que en la Unión Europea el acceso a Internet debería estar gravado con un tipo de IVA cero, como ya manifesté en la declaración escrita 0056/2004.

En vista de lo expresado anteriormente, ¿tiene la Comisión intención de introducir el tipo de IVA cero para el acceso a Internet en todos los Estados miembros de la Unión?

(EN) En 1992, el Consejo aprobó las actuales estructuras de tipos de IVA como parte del paquete de medidas que se consideraron necesarias para la eliminación de los controles fronterizos y la creación del Mercado Interior.

De acuerdo con este sistema, los Estados miembros deben aplicar un único tipo ordinario (de al menos un 15%) y pueden tener como máximo dos tipos reducidos (no inferiores al 5%) que aplican según sus preferencias a los productos y servicios que figuran en la lista del Anexo H de la Sexta Directiva sobre el IVA (77/388/CEE).

El punto 4 de la letra a) del apartado 3 de su artículo 12 establece que no podrán aplicarse tipos reducidos a los servicios que figuran en el último inciso de la letra e) del apartado 2 del artículo 9, es decir, a los servicios prestados por medios electrónicos, entre otros, a aquellos que figuran en el Anexo L. Por consiguiente, los Estados miembros no pueden introducir tipos reducidos.

Por último, la Comisión desea destacar ante su Señoría que los tipos inferiores al mínimo del 5% solo se toleran como una excepción temporal a las normas comunitarias en materia de IVA.

Por ello, la Comisión no tiene la intención de proponer la introducción de un tipo nulo para los servicios prestados a través de Internet.

Las malas condiciones climáticas que han reinado en Grecia durante la pasada temporada de cosecha han imposibilitado la lucha contra determinadas plagas y enfermedades de las plantas, como el gusano verde del algodón, el virus de la necrosis del tabaco o el mildiu de la viña, con los consiguientes daños que ello supone: superficies de estos cultivos diezmadas y anulación de los ingresos de los agricultores. Los daños causados, cuya magnitud carece de precedentes, requieren una indemnización inmediata de los agricultores afectados para evitar su ruina y desaparición. Sin embargo, la UE no solo se niega a pagar una indemnización con cargo al presupuesto comunitario, sino que sigue aplicando un procedimiento centralizado, burocrático y largo para autorizar la concesión de indemnizaciones nacionales lo cual, con exactitud matemática, conducirá a la ruina de las familias de los agricultores afectados.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para indemnizar oportunamente a los agricultores afectados?

(EN) El Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) no puede pagar indemnizaciones por las pérdidas mencionadas, ya que la política de desarrollo rural vigente prevé la cofinanciación de las medidas relacionadas con las estructuras de las explotaciones (edificios y equipo), pero no con sus ingresos. Las pérdidas de ingresos ocasionadas por la meteorología o por otros factores capaces de causar catástrofes naturales, pueden ser compensadas mediante ayudas nacionales, las cuales deben considerarse en el marco de la legislación aplicable en materia de ayudas públicas.

Por ello, la Comisión examinará las medidas nacionales de ayuda destinadas a compensar las pérdidas de ingresos ocasionadas por los factores mencionados de conformidad con los artículos 87 y 88 del Tratado. Así lo está haciendo ya en el marco del programa de ayudas nacionales FAR (First After Regulation).

La instalación de una planta de tratamiento de residuos a 1,5 kilómetro del yacimiento arqueológico de Vergina ha sido aprobada recientemente por el Consejo Arqueológico Central, a pesar de las vivas reacciones de los arqueólogos y ecologistas y del hecho de que Vergina constituya uno de los destinos más populares del norte de Grecia y de que solo exista una carretera por la que circularán tanto los camiones cargados de residuos como los autobuses de turistas. Al mismo tiempo, la instalación de dicha planta podría representar un peligro para la salud pública, ya que se encuentra a proximidad del río Haliacmón, cuyas aguas alimentan la ciudad de Salónica.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para proteger el yacimiento arqueológico de Vergina, así como el medio ambiente de toda la región, considerando que esta última forma parte de la red europea "Natura 2000" para la protección de la naturaleza, por considerarse "de especial belleza natural"?

(EN) La Comisión no tiene conocimiento del asunto que plantea su Señoría acerca de la construcción de una planta de tratamiento de residuos en la Prefectura de Imathia prevista en las inmediaciones del yacimiento arqueológico de Vergina y de «Stena Aliakmona» (GR1210002), propuesto como lugar de importancia comunitaria en virtud de la Directiva sobre hábitats⁽¹⁾.

La legislación comunitaria en materia de residuos⁽²⁾ obliga a los Estados miembros a velar por la recuperación o eliminación de residuos sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente. La selección de los métodos concretos de eliminación y de los lugares o instalaciones adecuados para tal fin es competencia de las autoridades nacionales, debiendo conceder una licencia de construcción antes de su establecimiento. En el caso particular de los vertederos de residuos, éstos deben cumplir las normas y procedimientos técnicos que se establecen en la Directiva sobre vertederos⁽³⁾. Los vertederos para residuos peligrosos deben ser objeto igualmente de una evaluación de impacto medioambiental en virtud de la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental⁽⁴⁾, modificada por la Directiva 97/11/CE⁽⁵⁾. Los demás vertederos y plantas de tratamiento de residuos deben realizar también esa evaluación si pueden tener efectos importantes sobre el medio ambiente. La legislación griega en vigor exige una evaluación de impacto medioambiental.

El examen del impacto que este proyecto tendrá sobre el patrimonio cultural del yacimiento arqueológico de Vergina corresponde a las autoridades nacionales competentes. Puesto que el Comité Central de Arqueología ha dado su aprobación a este proyecto, cabe suponer que se han examinado debidamente los impactos correspondientes.

Los impactos del proyecto sobre el sitio de la red Natura 2000 deben examinarse de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats. De acuerdo con la información facilitada por su Señoría, la construcción no afecta directamente por el momento al sitio de la red Natura 2000. Y si bien los efectos indirectos también revisten importancia, no se ha facilitado información sobre ellos.

De acuerdo con la información disponible, parece ser que la construcción de la planta de tratamiento de residuos se encuentra actualmente en el procedimiento de autorización por parte de todas las autoridades competentes, de conformidad con la legislación nacional. Este procedimiento debe cumplir los requisitos de la legislación comunitaria antes mencionados. Sobre la base de la información disponible, la Comisión considera que en estos momentos no existen motivos para pensar que en este caso se ha producido una infracción de la legislación comunitaria en materia medioambiental. Si su Señoría tiene información adicional pormenorizada que indique que se está infringiendo la legislación comunitaria, la Comisión volverá a considerar con mucho gusto este asunto.

Ayer, en Grecia, un autobús de los transportes interurbanos de Maratón (Atenas) fue secuestrado por extranjeros armados que tomaron a 26 pasajeros como rehenes.

En el marco de su comparecencia ante el Parlamento Europeo, el nuevo Comisario de Transportes, Jacques Barrot, declaró que uno de los principales objetivos de la política común de transporte hasta el 2010 era la elaboración y el desarrollo de un concepto global de seguridad (contra los accidentes y contra el terrorismo) en los transportes, y subrayó que los primeros pasos en el ámbito de la protección contra el terrorismo en los transporte marítimos y aéreos se trasladen y extiendan a los demás sectores del transporte.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como las declaraciones del nuevo Comisario, ¿piensa la Comisión Europea tomar medidas para proteger al conjunto de los transportes, y en particular al transporte por carretera de este tipo de actos delictivos o terroristas? ¿Piensa proponer un plan de acción durante el año 2005 para la prevención de tales hechos?

(FR) Además de la toma de rehenes que tuvo lugar en Atenas el 15 de diciembre de 2004, los ataques de Madrid del 11 de marzo de 2004 y del metro de Moscú del 6 de febrero y 31 de agosto de 2004 vienen a demostrar que los grupos terroristas de diverso signo están perfectamente dispuestos a utilizar a los usuarios del transporte público, aunque de ningún modo estén relacionados con los motivos de sus actos.

Por ello es necesario buscar medidas – a todos lo niveles – para reducir el riesgo de que se produzcan tales actos, ya que el principio de subsidiariedad debe aplicarse en el caso mencionado por su Señoría, al igual que en otros casos. Estas medidas deben ser aplicadas conjuntamente por las autoridades públicas y los operadores del transporte público para mejorar la seguridad, la protección y el servicio prestado a los pasajeros.

La Comisión ha entablado conversaciones con la federaciones europeas del transporte público y las partes interesadas con vistas a determinar las medidas que deben adoptarse.

Asimismo, la situación del transporte de mercancías por carretera debe examinarse desde la óptica de la seguridad de la cadena logística.

Estos aspectos serán abordados en el marco de una Comunicación sobre la seguridad de todas las formas de transporte, incluida la cuestión de su financiación, que la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo en 2005.

Entre los ciudadanos interesados por los asuntos europeos impera una falta de claridad en cuanto a los derechos de pensión de los agentes y funcionarios de la Unión Europea, tanto en lo que se refiere a las provisiones como a los pagos reales de las pensiones. El examen del presupuesto de la Unión Europea tampoco despeja todas las dudas.

¿Puede indicar la Comisión si existen datos generales actualizados sobre el particular? En caso afirmativo, ¿quién puede informar en detalle al respecto?

En caso negativo, ¿no se ajustaría al principio de transparencia hacer una relación de tales datos exhaustivos y publicarla?

(EN) Las normas que rigen el régimen de pensiones de las Comunidades se establecen en el Estatuto del personal y, en particular, en sus artículos 83 y 83 bis.

De conformidad con el artículo 83:

Las prestaciones pagadas en virtud del régimen de pensiones son a cargo del presupuesto de las Comunidades destinado a cubrir el gasto de todas las Instituciones. En el Título 30 (Pensiones) del presupuesto puede encontrarse más información al respecto.

Los Estados miembros garantizan solidariamente el pago de estas prestaciones de conformidad con la escala establecida para la financiación de dichos gastos. Por este motivo, en el balance aparece una cuenta a pagar (importe debido) de los Estados miembros⁽¹⁾. Debido a la nueva valoración actuarial del pasivo del régimen a 31 de diciembre de 2003 que realizó un consultor independiente contratado por Eurostat, este importe ha aumentado a 22,8 millones de euros (19,5 millones de euros en 2002) para reflejar el aumento de los pasivos estimados del régimen. Esta valoración se actualiza cada año. En las cuentas anuales definitivas para 2003 se puede encontrar más información al respecto⁽²⁾.

Los funcionarios contribuyen con una tercera parte a la financiación a largo plazo del régimen mediante una cotización que actualmente representa el 9,25% del sueldo base.

De conformidad con el artículo 83 bis:

El régimen debe mantenerse en equilibro de acuerdo con las normas que figuran en el Anexo XII.

Eurostat ha llevado a cabo una evaluación actuarial de los derechos de pensión acumulados hasta 2004, según la cual la cotización necesaria para mantener el equilibrio actuarial es del 10,43%. Sin embargo, el artículo 2 del Anexo XII impone un límite máximo del 9,75% para 2004. Por ello, la Comisión ha propuesto al Consejo que apruebe la cotización del 9,75% a partir del 1 de julio de 2004. En el informe de Eurostat SEC(2004)1371 y en la propuesta de la Comisión COM(2004)743 se puede encontrar más información sobre este tema.

Según informaciones obtenidas, la empresa ferroviaria francesa SNCF ofrece unas tarifas sumamente reducidas para viajes en los trenes de alta velocidad (TGV) de lujo. Así, por ejemplo, un viaje desde París hasta la Costa Azul cuesta 19 euros. Con esto la SNCF pretende competir con las compañías aéreas de bajo coste. Sin embargo, la SNCF es una empresa pública, cuyas infraestructuras y explotación son costeadas, en gran medida, por los contribuyentes (franceses). En toda Europa, las líneas ferroviarias de alta velocidad son gravemente deficitarias, por lo que las autoridades se ven obligadas a compensar las pérdidas económicas. Esto significa que las autoridades conceden subvenciones considerables a las empresas ferroviarias, mientras que las normas de competencia europeas prohíben las ayudas públicas a las compañías aéreas privatizadas. ¿No constituyen estas tarifas ferroviarias tan reducidas y económicamente nada rentables una forma de competencia desleal incompatible con las normas de competencia europeas? ¿Considera la Comisión la posibilidad de investigar esta situación de forma pormenorizada y adoptar las medidas pertinentes?

(EN) Al igual que muchas empresas ferroviarias de la Unión, la Société Nationale des Chemins de fer français (SNCF) es una empresa de propiedad pública. Sin embargo, la estructura de propiedad no es pertinente para determinar si existe o no competencia desleal, ya que las normas europeas en materia de ayudas públicas se aplican por igual a las empresas públicas y privadas. Por consiguiente, las normas sobre ayudas públicas no permiten a las autoridades nacionales conceder grandes subvenciones a sus empresas ferroviarias nacionales, al tiempo que prohíben cualquier forma de ayudas públicas para las líneas aéreas de propiedad privada.

En la evaluación de las posibles ayudas públicas al sector ferroviario efectuada por la Comisión, se han tenido en cuenta varios elementos. En primer lugar, la promoción del transporte por ferrocarril es uno de los elementos clave de la política europea de transportes que figura en el Libro Blanco de la Comisión⁽¹⁾. En segundo lugar, la legislación comunitaria obliga a las empresas ferroviarias a pagar por utilizar las infraestructuras. Esto coloca a otros modos de transporte en una posición ventajosa respecto al ferrocarril. En tercer lugar, los trenes de alta velocidad franceses no pierden dinero, por lo queda cierto margen para reducir algunas tarifas sin recurrir a prácticas de competencia desleal.

En la actualidad, la Comisión está estudiando detenidamente la financiación de las empresas ferroviarias, no solo de Francia, sino de toda Europa. Y lo hace para garantizar que la financiación de las empresas ferroviarias se ajuste a la legislación europea, en particular a la Directiva del Consejo 91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios, modificada por la Directiva 51/2004 del Consejo⁽²⁾, y a las disposiciones en materia de ayudas públicas contenidas en los artículos 87 y 88 del Tratado CE.

El Programa europeo de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas contribuye a reducir la pobreza y el hambre de los 110 millones de europeos que no sacian su hambre en la Europa de los 25.

En 2004 se asignaron 216 millones de euros a este programa y se atribuyeron cientos de miles de toneladas de productos alimenticios procedentes de las existencias de intervención comunitaria a las asociaciones de ayuda a las personas más necesitadas. Sin embargo, en 2005 solo se mantuvo la línea presupuestaria de 216 millones de euros. Ello amenaza la perpetuidad y la amplitud de este programa de ayuda alimentaria.

Muchas asociaciones han expresado su alarma a la vista de las dificultades que van a encontrar.

La satisfacción de las necesidades alimentarias de nuestros conciudadanos debe seguir siendo una prioridad de la Comunidad Europea en la que la miseria se extiende y en la que el número de personas víctimas de desnutrición no hace desgraciadamente más que aumentar.

¿Qué propone la Comisión para compensar la desaparición de las existencias de intervención y garantizar así la continuación del programa europeo de ayuda alimentaria y la satisfacción de las necesidades alimentarias de las personas más necesitadas?

(FR) La Comisión es conciente de que la libre distribución de alimentos procedentes de las existencias de intervención representa una importante fuente de suministro para numerosas asociaciones de ayuda a las personas más necesitadas en la Unión.

La Comisión ha asegurado que, a partir de 2004, los créditos se aumentarían de 200 a 216 millones de euros para tener en cuenta la ampliación a 25 Estados miembros. Asimismo, se ha previsto un presupuesto de 216 millones de euros para 2005. Este presupuesto financia el suministro de existencias de intervención y se distribuye entre los Estados miembros que desean participar en el programa de acuerdo con las estadísticas de Eurostat.

Además, tras la reducción del 50% del precio de intervención del arroz introducida por la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), aumentará la calidad de los productos proporcionados en 2005.

Cabe destacar que en los últimos años se ha observado que el presupuesto para este programa comunitario ni de lejos se utiliza en su totalidad.

Desde un principio, la Comisión ha procurado adaptar los métodos de ayuda a las personas más necesitadas de la Comunidad a los cambios en el contexto de esta medida. Eso la ha llevado a modificar en varias ocasiones los Reglamentos aplicables, en particular mediante la introducción de dos relajaciones importantes: la posibilidad de comprar alimentos en el mercado en caso de una falta de disponibilidad temporal de esos productos en las existencias de intervención, y la práctica del intercambio de productos de las existencias de intervención por alimentos del mismo tipo.

La Comisión tiene muy en cuenta los cambios en el contexto de esta medida, y, de ser necesario, introducirá desde luego las modificaciones necesarias en los Reglamentos de aplicación. La Comisión es consciente del problema que representa la progresiva reducción de las existencias públicas.

¿Es posible fijar un único importe para todos los Estados miembros basado en la renta nacional per cápita como subvención para cada niño y joven que reside en un Estado miembro de manera que se garantice una vida segura y digna para los jóvenes de la Unión Europea en el caso de libre circulación de éstos y de sus padres, de conformidad con el artículo 39 del Tratado de Amsterdam que asegura la libre circulación de personas?

(EN) El Tratado no recoge disposiciones sobre la forma en que los Estados miembros deben conceder subvenciones para los niños y jóvenes. La organización, estructura y financiación de los regímenes de protección social, incluida la renta mínima, son competencia de los Estados miembros.

En cuanto a los ciudadanos que ejercen su derecho a la libre circulación de personas, el artículo 39 del Tratado CE consagra el principio de la igualdad de trato para los trabajadores migrantes en el Estado miembro de acogida. Eso significa que los trabajadores migrantes y sus familias no pueden ser tratados de modo diferente a los trabajadores nacionales en lo relativo a, por ejemplo, el acceso a las prestaciones sociales contempladas en el apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CEE) 1612/68. Las subvenciones para los niños y jóvenes pueden considerarse, en principio, prestaciones sociales y, por consiguiente, los trabajadores migrantes deben tener acceso a ellas en las mismas condiciones que los nacionales del Estado miembro de acogida. Sin embargo, el principio de la igualdad de trato no impone una armonización de dichas prestaciones sociales a escala europea, y cada Estado miembro puede decidir las prestaciones que desea conceder y su cuantía. Lo que garantiza el artículo 39 del Tratado CE es que los trabajadores migrantes y sus familias reciban las mismas prestaciones que los trabajadores nacionales.

El Parlamento Europeo volvió a definir una posición sobre Cuba en noviembre. Incluso los demócratas cubanos critican la existencia de maniobras para ablandar las posiciones europeas con respecto a la dictadura de Fidel Castro, entre ellas las recientes declaraciones del Comisario Louis Michel. Resulta chocante que se puedan considerar "sanciones diplomáticas", susceptibles de revisión, las invitaciones cursadas a demócratas para asistir a celebraciones de los Estados miembros y de la UE en la Habana. Se trata de un procedimiento de países libres, que no son extensión de la dictadura ni ejercen discriminación contra los perseguidos.

¿Puede indicar la Comisión si tiene en cuenta las posiciones del Parlamento Europeo? ¿Considera aceptable una eventual política de la Unión tan sumisa a los criterios y presiones de la dictadura comunista que condujera a los diplomáticos europeos a una relación de subordinación con respecto a la policía política y a los censores castristas en cuanto a las invitaciones que formulan para acudir a su propia residencia?

(FR) La Comisión comparte la opinión expresada por su Señoría en su pregunta, a saber, que las invitaciones cursadas a disidentes para asistir a celebraciones de los Estados miembros y de la Unión en la Habana no deben considerarse una sanción. El hecho de que las misiones de la Unión inviten a miembros de la oposición política y a representantes de la sociedad civil a recepciones con motivo de las fiestas nacionales constituye una práctica normal y habitual en otros países. Sin embargo, las autoridades cubanas han interpretado estas invitaciones como una provocación y una alineación de la Unión con la política norteamericana.

El Consejo está estudiando las medidas adoptadas en junio de 2003 respecto a Cuba, como la invitación de los disidentes a las recepciones celebradas con motivo de las fiestas nacionales, que es la más controvertida.

En este contexto, la liberación por parte del Gobierno cubano en los meses de noviembre y diciembre de 2004 de seis nuevos disidentes, entre los que se encuentran algunos de los más simbólicos, como el periodista Raúl Rivero, constituye un gesto positivo. La Comisión cree que la Unión debe responder a los gestos positivos, aunque no sean suficientes, para promover y estimular otras medidas importantes por parte del Gobierno cubano. Nuestro objetivo debe seguir siendo la liberación de todos los presos políticos en Cuba.

En este contexto, la Comisión ha acogido favorablemente la propuesta de adoptar un nuevo enfoque, como el acordado a nivel técnico por los Estados miembros el pasado mes de diciembre. Dicho enfoque pretende normalizar las relaciones con La Habana y, al mismo tiempo, intensificar las relaciones con los disidentes pacíficos a través de otros medios distintos de las invitaciones a recepciones oficiales. No se invitará tampoco a los funcionarios cubanos.

La Comisión espera que este nuevo enfoque sirva para la pronta liberación de los 61 disidentes encarcelados desde marzo de 2003. Asimismo, la reanudación del diálogo político que se pretende debería tener también como objetivo fundamental la consecución de los objetivos de la Posición Común sobre Cuba, que siguen siendo el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, fomentando el proceso de transición hacia una democracia pluralista y una recuperación económica sostenible con el fin de mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano.

La libre circulación de animales vivos en la Unión Europea es un comercio legal, que responde a unas necesidades del mercado. Partiendo de la base de que esta actividad comercial debe regirse por las normas más estrictas para garantizar el bienestar del animal, ¿está de acuerdo la Comisión con que esta libre circulación de animales vivos está protegida por las normas del mercado interior y tiene intención la Comisión de defender este tipo de actividad comercial?

(EN) El Protocolo nº 33 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea relativo a la protección y bienestar de los animales que el Tratado de Amsterdam introdujo en la legislación comunitaria incorporó en el Derecho primario comunitario el principio de la protección del bienestar de los animales en los sectores más importantes, a saber, la agricultura, el transporte, el mercado interior y la investigación.

Desde 1977 existen Directivas del Consejo sobre la protección de los animales durante su transporte. Estas Directivas se basan en la necesidad de «eliminar los obstáculos de carácter técnico en el comercio de animales vivos y permitir el buen funcionamiento de las organizaciones de mercado correspondientes, al tiempo que se garantiza un nivel satisfactorio de protección de los animales transportados».

El Consejo de Agricultura de los días 21 y 22 de diciembre de 2004 aprobó, a propuesta de la Comisión, un nuevo Reglamento que introducirá normas estrictas e innovadoras para el transporte de animales a partir del 1 de enero de 2007. Estas nuevas disposiciones tienen por objetivo establecer normas más estrictas para la protección de los animales durante su transporte y mejorar la eficiencia de los instrumentos de aplicación, todo lo cual beneficiará a la competencia. Durante la elaboración de las propuestas de la Comisión se realizaron amplias consultas con las partes interesadas.

Estas nuevas disposiciones se aplicarán al mismo tiempo que otras medidas de la legislación veterinaria de la Comunidad encaminadas a establecer y aplicar el principio de libre comercio intracomunitario en el sector de los animales vivos (apartado 4 del artículo 1 del Reglamento recién aprobado).

De hecho, la legislación veterinaria de la Comunidad reconoce expresamente que el funcionamiento armonioso de las organizaciones de animales en el mercado común exige el desmantelamiento de los obstáculos zootécnicos y veterinarios que se oponen al comercio intracomunitario, y que la libre circulación de animales es un rasgo fundamental de los mercados de la UE que facilita el desarrollo racional y el uso óptimo de los medios de producción. Por supuesto, esto tiene que llevarse a cabo de conformidad con las obligaciones establecidas en materia de bienestar de los animales.

La adopción de estas nuevas normas sobre transporte de animales a las que se refiere la Comisión pretende, en particular, conciliar los requisitos relativos a la libre circulación de animales con el principio de protección del bienestar de los animales que consagra el Protocolo nº 33 del Tratado.