Acta literal de los debates

Martes 22 de febrero de 2005 - Estrasburgo

8. Explicaciones de voto

- Informe Bösch (A6-0013/2005)

  Meijer (GUE/NGL), por escrito. – (NL) Suiza es una Unión Europea de bolsillo, totalmente rodeada por la UE pero al mismo tiempo dividida en 23 Estados, cada uno de ellos con una gran autonomía y que por lo tanto pueden aplicar sus propias políticas tributarias. Esto ha impedido hasta el momento que se pudiesen formalizar acuerdos en el terreno de los impuestos directos entre la UE y Suiza en su conjunto. En este sentido, los cantones suizos no son muy distintos de Liechtenstein u otros pequeños paraísos fiscales en los que tienen su sede empresas ficticias. Concretamente, Zug y Schwyz ofrecen servicios de este tipo. Las respuestas a mis preguntas escritas han demostrado que el anterior Comisario Bolkestein prefirió ignorar esta cuestión y seguir haciendo negocios con Suiza en su conjunto.

Dado que estas medidas adicionales no pueden adoptarse, es útil que se formalicen acuerdos en el ámbito del IVA, el contrabando, la corrupción y las prácticas de blanqueo de dinero. También es importante que no se pueda aducir el secreto bancario para denegar solicitudes de investigación de otros países, y que sean posibles los contactos directos con los órganos legales en lugar de optar por la ruta de la representación diplomática. El ponente está en lo cierto al manifestar que es necesario tomar medidas adicionales, pero es lamentable que no mencione la más apremiante.

- Informe Di Pietro (A6-0020/2005)

  Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) Estoy de acuerdo con el informe del señor Di Pietro, que apoya y pretende reforzar la iniciativa de la Comisión con el objetivo de introducir mejoras técnicas en la legislación relativa al intercambio de información extraída del registro de antecedentes penales, y propone soluciones prácticas para colmar las lagunas de los sistemas actuales, basadas en el Convenio del Consejo de Europa de 1959.

Se trata, sin duda, de una medida necesaria y urgente, pues ya se ha demostrado en diversas ocasiones que el sistema no está funcionando bien.

Por lo tanto, es fundamental que se cree un sistema informatizado de intercambio de información entre los Estados miembros que permita un rápido acceso a este tipo de información en todo el territorio de la UE. Se trata de una medida adicional para conseguir que la justicia penal sea verdaderamente efectiva, independiente y transparente.

Asimismo, apoyo sus propuestas relativas al acortamiento de los plazos, ya que la efectividad de la propuesta dependerá de la rapidez del acceso y de la actualización de la información, y las relativas a la necesidad de imponer condiciones sobre el acceso a los datos personales, ya que siempre es preciso mantener un equilibrio entre la necesidad de rapidez en este tipo de intercambio de información y la necesidad de salvaguardar y proteger los datos personales.

  Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) En una Europa caracterizada por la libre circulación y el libre comercio, la seguridad debe ser compartida. Sin perjuicio de que los diversos Estados miembros puedan ejercer plenamente su soberanía, en la actualidad se reconoce ampliamente que los distintos países deben cooperar para combatir el crimen. Además de las formas tradicionales de delincuencia, hoy en día existen delitos que no respetan las fronteras nacionales y que operan en los lugares más convenientes. Por este motivo, cuando se incumple la ley de un Estado miembro, se pone en peligro la seguridad de los demás Estados miembros.

Por tanto, estoy de acuerdo en general con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

- Informe Costa (A6-0036/2005)

  Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Segelström y Westlund (PSE), por escrito. (SV) Nosotros, la señora Segelström, el señor Andersson, la señora Hedh, la señora Hedkvist Petersen y la señora Westlund, hemos votado a favor del informe, pero ahora deseamos manifestar nuestro desacuerdo con el mismo respecto a una cuestión.

No podemos apoyar el 2º inciso de la letra f) del apartado 1, que recomienda al Consejo que tome medidas para armonizar la legislación nacional que regula la recopilación y la evaluación de pruebas. El principio de la libre selección de pruebas es básico en la ley sueca de procedimiento penal. Otros Estados miembros tienen normas que tienen por efecto prohibir determinadas pruebas. Por lo tanto, es extremadamente importante para nosotros, los socialdemócratas suecos, que nuestro sistema nacional permanezca intacto. Es más, resulta dudoso que exista alguna base legal para la armonización en este sentido, ya sea en los tratados vigentes o en la futura Constitución.

  Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) El refuerzo de la confianza mutua en las decisiones tomadas por los tribunales europeos mediante el establecimiento de un sistema de evaluación puede parecer encomiable aunque ya exista un marco común de referencia para los Estados miembros con el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, que establece las normas mínimas que rigen el derecho a un juicio ante los tribunales.

Sin embargo, la propuesta constituye un ejemplo más de la ampliación progresiva de las competencias de la UE y un nuevo paso en el intento por crear un sistema europeo armonizado de derecho penal y de leyes relativas al procedimiento judicial, un ordenamiento legal que, en la práctica, quedará fuera del control directo de los ciudadanos.

Por otra parte, es inaceptable recomendar el uso de las disposiciones de la Constitución antes de que el proyecto de Constitución haya entrado en vigor, basándose en que los tratados vigentes no llegan lo suficientemente lejos, ya que se adelanta de un modo flagrante al proceso democrático.

Por lo tanto, la Lista de Junio votará en contra de este informe.

  Moraes (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe, ya que aprueba medidas importantes para abordar una cuestión elemental que los ciudadanos de la UE consideran importante, concretamente la necesidad de algún tipo de control de calidad de la justicia penal tal como se aplica en los Estados miembros. Esto de ninguna manera impone que se cambie la manera en que cada Estado miembro organiza su sistema judicial penal. Sin embargo, supone un paso adelante con vistas a asegurar que se avance en asuntos importantes como enfrentarse eficazmente a bandas criminales o la manera en que los ciudadanos de la UE pueden cumplir su condena en su propio Estado miembro. Los ciudadanos de la UE esperan algún grado de confianza mutua entre los Estados miembros y una perspectiva sobre la calidad judicial penal, en particular con respecto a algunos nuevos Estados miembros que trabajan para mejorar sus sistemas judiciales penales.

  Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La justicia es, con razón, uno de los ámbitos que los Estados miembros se reservan para su esfera de soberanía. Esto se aplica especialmente a la justicia penal, que debe reflejar las preocupaciones de una sociedad en función de su realidad y de su historia.

De modo similar, los Estados miembros vacilan a la hora de permitir que sus ciudadanos, e incluso los que son meramente residentes en sus países, sean juzgados en otros Estados miembros.

Sin embargo, ahora existe el fenómeno del crimen mundial, que es de naturaleza transfronteriza, como el terrorismo, el tráfico de estupefacientes, el contrabando, la explotación sexual y la pornografía. Estos aspectos exigen la cooperación para garantizar una lucha eficaz contra el crimen, además de armonización para impedir que determinados países se conviertan en destinos para delincuentes.

Estos diversos factores ponen de manifiesto la necesidad de cooperación, de reconocimiento de las decisiones judiciales y de cierta armonización, sin pasar por alto el hecho de que los sistemas legales deben reflejar la situación de las distintas sociedades. Por lo tanto, no es aconsejable que exista un único ordenamiento jurídico europeo, sino que sería preferible un patrón europeo de justicia que respetase plenamente la naturaleza particular del sistema judicial.

Por lo tanto, considero que está justificado el voto a favor de este informe.

  Thomsen (PSE), por escrito. (DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado hoy a favor del informe del señor Costa sobre la calidad de la justicia penal y la armonización del Derecho Penal en los Estados Miembros (A6-0036/2005). No obstante, somos conscientes del hecho de que la propuesta afecta a un ámbito amparado en el Título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y no es por lo tanto aplicable a Dinamarca, conforme al protocolo sobre la posición de este país.

- Informe Prets (A6-0017/2005)

  Carlshamre y Malmström (ALDE), por escrito. (SV) Respaldamos plenamente el punto de vista de que la diversidad cultural constituye un derecho fundamental. La UE es y debe seguir siendo un mosaico de minorías y culturas. Los liberales siempre situamos al individuo en el centro de todas las decisiones políticas. Por lo tanto, consideramos que es importantísimo reforzar la política de cooperación y solidaridad internacional con respecto a las cuestiones culturales y establecer en el derecho internacional que cada ciudad, Estado o grupo de Estados pueda determinar libremente su política cultural. Por lo tanto, creemos que la UE no debería implicarse en una cuestión como la de las capitales de la cultura, sino que las ciudades y los Estados deberían cooperar y decidir en este terreno son interferencias de la UE. Por este motivo, optamos por votar en contra del informe de la señora Prets (A6-0017/2005) sobre la «Capital Europea de la Cultura» para los años 2005 a 2019.

  Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Vemos con buenos ojos que a partir de 2009 sea posible elegir dos capitales culturales a la vez. Sin embargo, las notas de la exposición de motivos del informe relativas a cómo se financiará este proyecto son poco claras y se hace referencia a las próximas perspectivas financieras para 2007-2013.

Tal como están las cosas, no podemos respaldar algo que implica compromisos financieros de las próximas perspectivas financieras. En esta situación, no existen motivos para apresurar una decisión relativa a las futuras capitales culturales. En primer lugar, la perspectiva financiera para 2007-2013 debe debatirse en su totalidad, y posteriormente podrá debatirse este informe.

La idea de una Capital europea de la cultura es buena. De hecho es tan buena que puede financiarse de muchos otros modos, por ejemplo a través del patrocinio local. Los recursos financieros de la Unión Europea no deberían ser necesarios para permitir la supervivencia de este proyecto.

Por lo tanto, votaremos en contra de este informe, pero no nos oponemos a la idea efectiva de la acción.

  Le Pen, Marine (NI), por escrito. – (FR) El programa de las «Capitales europeas de la cultura» se lanzó en 1985 con el fin de acercar a los ciudadanos europeos.

Este programa pretende revalorizar la gran diversidad de la cultura europea al tiempo que persigue, contradicción suprema, una política europea de uniformidad económica, social, política y cultural.

Este programa no es más que una expresión divertida de su deseo de imponer a los pueblos europeos un modelo cultural y social que no han elegido por sí mismos. Quieren frabricar ustedes un nuevo sentimiento europeo en beneficio exclusivo del comercio.

Como la cultura es un potente canal de educación, la Unión Europea favorece no solo todo lo que puede lavar el cerebro y envilecer al hombre, sino también todo lo que contribuye al olvido de los valores religiosos intemporales que fundamentan nuestra pertenencia a la civilización europea.

Esta política tiene ahora una dificultad añadida a medida que Europa se amplía y se aleja de sus principios fundacionales. En el futuro, ¿implicará su actitud que habrá que elegir a Estambul capital de la cultura europea? Esto revela claramente el peligro de esta construcción europea que, al olvidar su pasado, prepara un futuro difícil para nosotros.

- Informe Evans (A6-0024/2005)

  Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Si queremos defender un modelo económico de estilo capitalista que estimule el esfuerzo, recompense el mérito y reconozca la eficiencia, debemos contar con un sistema eficiente y eficaz para controlar el cumplimiento de las reglas de la competencia. Sin competencia no existe mercado, sin mercado no existe un modelo capitalista y sin un modelo capitalista no existe el desarrollo y el éxito económico, tal como ha demostrado la historia.

Por lo tanto, el papel de la Comunidad en la regulación de la competencia es esencial. Sin prejuicio de la necesidad económica o localizada de algún modo –geográfica o sectorialmente– de salvaguardar determinadas actividades, en general la defensa de la competencia constituye sobre todo una cuestión de protección de los intereses de los consumidores, que normalmente no cuentan con sindicatos, federaciones de empresarios ni otros movimientos que defiendan sus legítimos intereses.

Por ese motivo entiendo que debemos aplaudir y refrendar los esfuerzos por defender la competencia, aunque en ocasiones no estemos de acuerdo con algunas decisiones de la Comisión.

Por lo tanto, he votado a favor de este informe.

  Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) Me gustaría ver una política de competencia más activa, pero no deseo que el supranacionalismo o la política competencia formen parte de la Constitución. Por lo tanto, he decidido abstenerme, que es el voto correcto tras los errores registrados en las Actas.

- Informe In't Veld (A6-0034/2005)

  Gollnisch (NI), por escrito. – Señor Presidente, Señorías.

Reglamentar la financiación de los servicios de interés general sin definir qué son dichos servicios, ni siquiera el marco general que les es aplicable, es incoherente. Reglamentarlo dejando a los Estados la tarea de definir por sí mismos lo que consideran servicios de interés general, equivale a dejar al Tribunal de Justicia que armonice las definiciones y sustituya al legislador. Basar esta reglamentación en una apreciación en términos puramente financieros y competitivos es la negación del interés general. Someter a la autorización de los tecnócratas la financiación de la sanidad pública o de la vivienda social es inmoral. En resumen, en los textos que se nos presentan hoy no hay nada que nos satisfaga.

Están totalmente en consonancia con la política practicada por los eurócratas con la complicidad de los Gobiernos. Previamente se trataba de azuzar la competencia entre todos los servicios públicos de distribución, la electricidad, correos, etc., derribar los monopolios estatales, imponer las privatizaciones. Mañana, la Directiva Bolkenstein, versión local del AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios), permitirá importar a nuestros territorios el dúmping social en el ámbito de los servicios.

Porque rechazamos esta visión, que se verá todavía más agravada por la Constitución Europea, porque, si bien estamos de acuerdo en poner fin a determinados abusos escandalosos, defendemos la legitimidad de determinados servicios públicos, votaremos en contra de este informe.

  Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio está a favor de la realización del mercado interior y respalda las normas comunes relativas a las ayudas a los servicios de interés general y las demandas de concursos justos, incluidos aquellos casos que implican servicios de interés general. Asimismo, como cuestión de principio, habría que rendir cuentas de la ayuda a la actividad pública, que debería ser fácilmente accesible.

La única excepción a esta norma es que un Estado miembro decida que el servicio esté disponible exclusivamente a través de un monopolio y pretenda impedir que existan agentes privados (por ejemplo, en el caso de que un Estado miembro solamente permita la atención sanitaria pública).

Sin embargo, la Lista de Junio considera que esta responsabilidad debe depender principalmente de cada Estado miembro. Si resulta que un Estado miembro abusa de su posición y distorsiona la competencia, es importante que la parte que puede haber recibido un trato injusto tenga derecho a que los tribunales examinen su caso. Por lo tanto, la Lista de Junio ha optado por votar en contra de la propuesta de que los detalles se comuniquen a la Comisión.

  Marques (PPE-DE), por escrito. (PT) Quisiera dar la enhorabuena a la ponente. Me gustaría destacar la propuesta de enmienda del artículo 1 del proyecto de decisión de la Comisión sobre la aplicación del artículo 86 del Tratado por el que se establece la Comunidad Europea. Sin embargo, estoy a favor de ampliar la gama de beneficiarios para incluir a las regiones más remotas.

A propósito de esto, recuerdo las comunicaciones de la Comisión tituladas «Estrechar la asociación con las regiones ultraperiféricas» y «Estrechar la asociación con las regiones ultraperiféricas: balance y perspectivas», que disponen la introducción de normas simplificadas para la concesión de contratos de servicios públicos en el ámbito del transporte marítimo a las islas pequeñas con un volumen inferior a 100 000 pasajeros al año.

También quisiera señalar que en las regiones más remotas, la liberalización de los servicios y el uso de las infraestructuras se condicionó a la introducción de las obligaciones de servicio público, con el fin de compensar los inconvenientes debidos a las características físicas y de otro tipo de estas regiones. También quisiera señalar que existen otros servicios de interés económico general importantes para las regiones más alejadas, como son los servicios postales y las telecomunicaciones.

De ahí la importancia para las regiones más alejadas de estos dos documentos de la Comisión. Por lo tanto, considero que la situación única de estas regiones debe tenerse en cuenta en estos instrumentos legales.

  Meijer (GUE/NGL), por escrito. – (NL) Sin una financiación y planificación por parte de las autoridades nacionales, regionales y locales, no contaríamos con un transporte público adecuado, ni con atención sanitaria o educación al alcance del público en general. La idea de abandono por parte de la autoridad y de admisión de la libre competencia es perniciosa para actividades tan vitales. Si esto sucede, sin duda habrá grupos privilegiados que consideran que tienen mayor libertad de elección y que sus necesidades individuales están mejor atendidas, pero la gran mayoría, y la sociedad en su conjunto, se verán perjudicadas.

Este informe defiende la visión neoliberal, e incluso quiere establecer una interpretación de la sentencia Altmark sobre la posibilidad de la asignación bajo mano de concesiones de transporte público. La Comisión y el Parlamento han esperado esta sentencia legal durante años, ya que existen numerosas interpretaciones contradictorias sobre la prestación de servicios por parte de las autoridades, sobre la financiación y sobre la competencia. Ahora existe una sentencia legal que mantiene intacto el derecho de las autoridades locales a ofrecer transporte público. La Comisión tiene previsto presentar una propuesta modificada basada en mi propuesta aprobada por esta Cámara el 14 de noviembre de 2001. Rechazo las interpretaciones neoliberales que se interponen en este camino.

  Skinner (PSE), por escrito. (EN) Aunque se han expuesto excelentes ideas, para el Partido Laborista Parlamentario Europeo ha revestido especial importancia que se haya tenido en cuenta el impacto en las viviendas de protección oficial y los servicios sanitarios. Por este motivo ha sido muy importante que se incluyeran las transacciones Purvis en los diversos artículos mencionados durante la votación.

  Wagenknecht (GUE/NGL), por escrito. (DE) El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica rechaza el informe, ya que no hace frente a la presión ejercida por la Comisión para privatizar los servicios de interés general, ya que, si algo hace, es intensificar dicha presión por partes. Incluso se dificulta que los ayuntamientos, las regiones y los Estados miembros puedan ofrecer al público los servicios que en ocasiones la ley les exige que presten. Las empresas públicas tendrán que competir todavía más con los operadores mundiales en el campo de la prestación de servicios. Desde el punto de vista del público, la prestación de servicios públicos se deteriorará todavía más: el mercado no funciona conforme a criterios sociales ni en función de la necesidad, sino por afán de lucro.

Somos especialmente críticos con el hecho de que la compensación por servicios de interés económico general seguirá tratándose fundamentalmente como «ayuda estatal» y por lo tanto seguirán dentro del mismo régimen de ayudas. Además, solamente algunas empresas públicas seguirán recibiendo compensaciones en cualquier caso.

El informe también refuerza la propuesta de la Comisión con respecto a los hospitales y las viviendas sociales. En lugar de ampliar las exenciones dispuestas para cubrir al menos los servicios de atención, la educación, la cultura y los medios públicos, actualmente se reclaman procedimientos burocráticos en todas partes. El informe no menciona para nada a las personas que trabajan en empresas que suministran servicios de interés general ni los intereses generales del bienestar social, como la protección de los miembros más débiles de la sociedad.

Para los grandes proveedores de servicios, las iniciativas de privatización en el campo de los servicios de interés general implican un negocio rentable. Cualquiera que les ayude a conseguir estos objetivos debería ser consciente de lo que están haciendo.

- Informe Goebbels (A6-0026/2005)

  Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Señor Presidente, Señorías.

Desempleo masivo, falta de crecimiento, déficit presupuestarios repetidos, explosión de la deuda pública, fiscalidad asfixiante, deslocalizaciones... todo el mundo conoce, por desgracia, la triste situación económica. Contra estos males, sus recetas son siempre las mismas.

Según ustedes, si todo va mal es porque no hay bastante normalización europea. No hay bastante competencia entre las economías europeas, no hay bastante competencia en los servicios, no hay bastante apertura a la competencia mundial, que poco importa que sea leal o no, no hay bastante inmigración de trabajadores cualificados, y hay demasiada protección social. ¿Burocracia excesiva? Es un problema puramente nacional. Sus reglamentaciones, no consolidadas, farragosas, a veces incoherentes, incluso aberrantes, no tienen la culpa. ¿Y la política monetaria, que conduce a la sobrevaloración del euro y drena nuestras economías? Es perfecta. Ni Bruselas ni Francfort pueden equivocarse.

Pero nosotros pensamos que la Europa de Bruselas se equivoca. A pesar de 20 años de normalización y de inserción de Europa en el libre comercio mundial, nuestros problemas no hacen más que agravarse. Y la causa de ello radica justamente en esta política, su política.

  Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) En ocasiones, como diputado al Parlamento Europeo, uno se ve obligado a elegir entre dos alternativas malas y optar por la menos mala. En este caso, he votado a favor de las enmiendas 9 y 22, aunque no estaba totalmente de acuerdo con ellas. A pesar de todo, estas son mejores que la redacción original y por lo tanto, si se aceptan, mejorarán el informe en su conjunto.

- Informe Karas (A6-0025/2005)

  Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Segelström y Westlund (PSE), por escrito. (SV) Hemos votado a favor del informe sobre las finanzas públicas en la UME – 2004, así como a favor de la enmienda 7 relativa a hacer diferencias entre los préstamos a la inversión y el gasto corriente. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la capacidad para facilitar préstamos a la inversión pública y por lo tanto superar el umbral de los déficit presupuestarios debería reservarse a aquellos países que cumplen el criterio de la deuda nacional.

  El Presidente. Con esto concluyen las explicaciones de voto.

(La sesión, suspendida a las 13.15 horas, se reanuda a las 15.00 horas).

PRESIDENCIA DEL SR. MOSCOVICI
Vicepresidente