Acta literal de los debates

Martes 22 de febrero de 2005 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

SARYUSZ-WOLSKI
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 9.05 horas)

  El Presidente.   Declaro abierta la sesión.

2. Solicitud de urgencia

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2792/1999 en lo relativo a una acción específica de traspaso de buques a los países afectados por el tsunami en 2004

(COM(2005)0036 – C6-0036/2005 – 2005/0005(CNS))

  Swoboda (PSE). – (DE) Señor Presidente, aunque apoyo esta solicitud de urgencia, he de señalar que es preciso actuar con prudencia a la hora de aplicar esta propuesta para evitar destruir la economía local, en especial la industria pesquera. Con esta salvedad, respaldamos esta propuesta y la solicitud de urgencia.

  Kauppi (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, lo que quiero plantear sobre la observancia del Reglamento no se refiere de la votación sobre los buques en relación con el maremoto, sino sobre problemas de interpretación en el Parlamento. Ayer intervine aquí en el Pleno. Mi intervención duró dos minutos y los intérpretes cambiaron totalmente el sentido de mi mensaje político. Quedé como una estúpida. Mis colegas no pudieron entender ni una palabra de lo que yo estaba diciendo en finés.

Se trata de un problema que se repite con todos los grupos de lenguas minoritarios del Parlamento. No voy a utilizar más el finés en el Pleno si el resultado es que se va a cambiar de sentido mi mensaje político. Lo mismo ha ocurrido al comienzo de esta sesión con el polaco, una lengua muy bonita. La interpretación no está a la altura de su tarea y es un problema terrible para esta Cámara. Quiero que esto conste en acta.

  El Presidente. Sus preocupaciones constarán en acta, señora Kauppi. Entiendo por qué ha hablado usted en inglés en lugar de hacerlo en finés. Se trata de un asunto grave y vamos a estudiarlo.

  Morillon (ALDE). – (FR) Señor Presidente, el presidente de la Comisión de Pesca le comunicará cuánto apreciamos esta solicitud de procedimiento de urgencia. Hemos seguido de cerca lo que ha hecho el Comisario Borg desde la catástrofe y le hemos apoyado. En el plano práctico, a las 17.30 horas celebraremos una reunión extraordinaria de la Comisión de Pesca para decidir si cada medida, como ha dicho el señor Swoboda, interesa a la reunión. Pero en principio, y creo que esto refleja la opinión de la mayoría de los diputados, estoy totalmente a favor del procedimiento de urgencia.

  Schlyter (Verts/ALE). (SV) Señor Presidente, ya hemos escuchado a dos oradores a favor y, de acuerdo con las normas, tenemos derecho a oír a alguno cuya postura sea contraria. En primer lugar, hemos de admitir que todo el mundo desea ofrecer ayuda con la mayor rapidez posible y del modo más eficaz. No obstante, desaconsejaría recurrir al procedimiento de urgencia.

Aunque el traspaso de los viejos buques pesqueros puede parecer una buena idea, no creo que funcione muy bien. La FAO aún no ha recibido ninguna lista de los buques que solicitan los países. Además, advierte de los problemas derivados de un equipo incorrecto y de una capacidad excesivamente elevada. Es preciso investigar estas cuestiones antes que nada.

Por otro lado, la semana pasada se celebró en Sumatra una reunión de una conferencia de las organizaciones pesqueras regionales, en la cual participaron representantes de Indonesia, Tailandia y Sri Lanka, entre otros países, los cuales se mostraron contrarios a la exportación de los viejos buques. Consideran que resultaría más conveniente recibir ayuda para el desarrollo de sus astilleros locales y sus flotas pesqueras. Con el fin de obtener una propuesta que sea efectiva y que se adapte a las necesidades, debemos utilizar procedimientos habituales que nos permitan dar mejor cobertura a los aspectos locales. Tenemos que intensificar el diálogo con la FAO y los pescadores locales antes de proceder a la votación.

(El Parlamento aprueba la aplicación del procedimiento de urgencia)

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Costa de Marfil

(COM(2004)0842 – C6-0023/2005 – 2004/0286(CNS))

  Cavada (ALDE). – (FR) Señor Presidente, al aprobar este informe, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior ha apoyado, por supuesto, la solicitud de urgencia del Consejo, pero ha aprovechado la ocasión para pedirle también, mediante una enmienda a la resolución legislativa y al considerando del reglamento, que conceda a la diplomacia todas las oportunidades antes de proceder a la adopción definitiva del texto. Pido pues al Pleno, señor Presidente, Señorías, que acepte la sugerencia de la comisión que tengo el honor de presidir y que ha merecido también el apoyo unánime de la Comisión de Desarrollo.

Desde el punto de vista del procedimiento, y también para evitar disputas con terceros, le ruego llame la atención del Consejo sobre la necesidad de presentar al Parlamento, en la fase de consulta legislativa, textos completos, incluidos los anexos.

(El Parlamento aprueba la aplicación del procedimiento de urgencia)

3. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (anuncio de las propuestas de resolución presentadas): véase el Acta

4. Economía / Finanzas públicas

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:

- (A6-0026/2005) del señor Goebbels, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la situación de la economía europea – Informe preparatorio sobre las grandes orientaciones de las políticas económicas [2004/2269(INI)];

- (A6-0025/2005) del señor Karas, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre las finanzas públicas en la UEM – 2004 [2004/2268(INI)].

  Goebbels (PSE), ponente. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el debate sobre la política macroeconómica se vuelve cada vez más ideológico. En este contexto, una mayoría conservadora y liberal deformó mi informe preparatorio sobre las grandes orientaciones de política económica descartando cualquier referencia a la necesidad de coordinar las políticas económicas europeas, cuando el artículo 4 del Tratado lo exige. La misma mayoría se niega a aceptar lo que es evidente: el Pacto de Estabilidad y Crecimiento debe ajustarse a los ciclos económicos y la Comisión ha de juzgar también la calidad del gasto público analizando todo déficit que pueda tener un Estado. Felizmente, el Consejo Ecofin desmentirá pronto a esos doctrinarios de la estabilidad a cualquier precio. Para coronar esta cabezonería ultraliberal, la misma mayoría votó a favor de dos enmiendas, una en la que se pide la reducción de la carga fiscal general y otra que considera ineluctable un aumento generalizado de la jornada de trabajo. Para algunos diputados, esto representa probablemente el equilibrio entre flexibilidad y seguridad preconizado en el informe Koch. Más trabajo para los trabajadores y menos impuestos para los ricos.

Pero, señor Presidente, intentemos analizar sosegadamente la economía europea. El año 2004 fue una buena cosecha para la economía mundial. Los intercambios internacionales nunca fueron tan importantes. El nuevo informe de la OIT señala, sin embargo, que, a pesar del fuerte crecimiento económico mundial –más del 5 %–, el desempleo mundial solo disminuyó un poco. En cambio, la pobreza relativa disminuyó mucho. La Unión Europea únicamente registró un crecimiento débil y un descenso muy ligero del desempleo, sobre todo en los nuevos países miembros. En cambio, la productividad de los Veinticinco mejoró, según la OIT, «a un ritmo superior a la media mundial». Esto explica probablemente por qué la Unión es el primer exportador de bienes y servicios y por qué Alemania sola supera a los Estados Unidos, China o Japón.

Una Europa que es el principal exportador y el primer comprador del mundo, que consigue equilibrar sus cuentas, no puede estar tan mal como pretende hacernos creer el europesimismo que nos rodea. No estoy en trance de caer en un eurooptimismo complaciente. La Unión podría mejorar. No hay suficiente crecimiento, hay demasiado desempleo, sobre todo en algunos grandes países, empezando por las tradicionales locomotoras de la Unión, Alemania y Francia. Para los ultraliberales, la causa está clara; el problema estriba en los imperativos de la política de estabilidad y en la ausencia de reformas estructurales. Sin embargo, en muchos países se han realizado reformas estructurales. El Gobierno Raffarin ha impulsado la reforma de las pensiones y el Canciller Schröder ha hecho adoptar Hartz 1, Hartz 2 y más recientemente Hartz 3 y 4.

Pero sin crecimiento las medidas estructurales más atrevidas se agotan. Es lo que dice el Comité de Política Económica en su informe anual sobre las reformas estructurales, que indica claramente que los Gobiernos «solo recogerán plenamente los frutos de su reforma estructural en términos de crecimiento y empleo en un entorno macroeconómico adecuado». Si es cierto que el déficit global de la zona del euro ha aumentado, aunque sigue siendo muy inferior al de los Estados Unidos o Japón, el resultado sorprenderá a los guardianes de la ortodoxia. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se inventó para impedir que el endeudamiento público provocase una escalada de los tipos de interés y que, debido a ello, el euro se convirtiera en una moneda débil. Todo indica que el BCE ha conseguido alcanzar unos tipos de interés históricamente bajos, y el euro es casi demasiado fuerte frente al rey dólar. A pesar de las turbulencias y los mercados petroleros, la tasa de inflación de la zona del euro se ha mantenido muy baja y el poder adquisitivo de los habitantes de la zona del euro es superior al de los norteamericanos y los británicos.

Evidentemente, el problema de la zona del euro no es la falta de estabilidad, sino la falta de crecimiento. En Alemania y Francia, en particular, pero también en Italia, la demanda interior es insuficiente. Todos los Estados han reducido las inversiones para limitar el déficit público. Como los alemanes y los franceses no consumen lo suficiente, la inversión privada sigue también estancada. ¿Por qué invertir si la demanda está moribunda? En cambio, la tasa de ahorro se halla en niveles altos en la zona del euro, particularmente en Francia y Alemania. Esto denota falta de confianza y temor ante el futuro. Pero hay un gran país europeo que registra un crecimiento apreciable y una tasa de desempleo menos alarmante: el Reino Unido. ¿A qué se debe esto? El Gobierno británico ha apoyado la demanda interior con una política de inversión más activa, con una política fiscal que no se embarranca en una ciega devoción por la ortodoxia de la estabilidad, sino que busca un equilibrio a lo largo de todo el ciclo económico. Además, los británicos consumen, aunque sus tasas de endeudamiento casi se asemejan a las estadounidenses. La única desventaja de los británicos con respecto a la zona del euro es que pagan un tipo de interés básico del 4,75 % frente al 2 % en la zona del euro.

La Unión Europea, y sobre todo la zona del euro, necesitan más crecimiento. Este crecimiento solo puede proceder de la demanda interior, de la inversión pública y privada y del consumo. Casi un 90 % de los intercambios de la Unión tiene lugar entre los Veinticinco. Incluso si la Unión sigue siendo competitiva en el comercio mundial, el crecimiento no puede venir de la demanda exterior. Aunque algunos países pequeños viven esencialmente de la demanda exterior, los países grandes dependen siempre, en lo esencial, de la demanda interior. Por otra parte, quienes abogan por una competitividad europea basada en el menor coste social y en salarios más bajos deberían reconocer que la mayor parte del comercio se realiza con países que tienen un nivel salarial y de cargas sociales similar al de Europa. Por consiguiente, la Unión no progresará aplastando los salarios y con ellos el consumo. Hay que reavivar el consumo, y sobre todo la inversión, de forma coordinada. El artículo 4 del Tratado exige la coordinación de las políticas económicas. Con una reforma inteligente del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la Unión asistirá a una reanudación del crecimiento y de la generación de empleo.

  Karas (PPE-DE), ponente. – (DE) Señor Presidente, Comisario, Señorías, la labor de los dos ponentes consiste en presentar no solo la posición de sus partidos, sino también el informe acordado. El hecho de que gran parte de un grupo se abstuviera en la votación de ambos informes, a pesar de que estos fueron aprobados por amplia mayoría, pone de manifiesto la intensidad del debate político que originaron en nuestra comisión ya que, no en vano, tienen que ver con decisiones más relacionadas con la forma de proceder que con aspectos legislativos. Esto demuestra la importancia de las consideraciones políticas fundamentales y las cuestiones de orientación general abordadas en los dos informes.

Limitaré mis comentarios al informe tal y como se ha aprobado. En este sentido tengo tres observaciones previas que hacer. En primer lugar, la Unión Europea es una Comunidad jurídica y, a pesar de ello, 12 Estados miembros han incumplido las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento o del Tratado desde la introducción de dicho pacto. Cinco de estos países pertenecen a la zona euro: Portugal, Alemania, Francia, los Países Bajos y Grecia, a los que se une el Reino Unido, al cual no se aplica el procedimiento por déficit excesivo, pero se impone no obstante el requisito establecido en el apartado 4 del artículo 116 del Tratado.

La segunda observación previa que quiero realizar es que, si bien el euro constituye una moneda común próspera que ha transformado el mercado interior en un mercado interno, aún no disponemos de una política presupuestaria común. Por este motivo, es preciso establecer un marco político común que permita al euro alcanzar todo su potencial y a la Unión Europea lograr sus objetivos en materia de política de empleo y crecimiento. Sin embargo, a este respecto nos encontramos con una contradicción: en 2002, solo cuatro Estados miembros de la zona euro, los cuales representaban en total un 18% del PIB de dicha zona, contaban con un presupuesto más o menos equilibrado, aumentando el número a cinco Estados en 2004.

La tercera observación previa es que la estrategia de Lisboa ofrece una base para el desarrollo del crecimiento y el empleo, así como para el fomento de nuestra competitividad. La realidad presentada en el informe es que durante la última década el crecimiento de la economía comunitaria se ha situado bastante por debajo de sus posibilidades, experimentando un descenso tanto en la inversión privada como en la inversión pública bruta, cuyo porcentaje en la zona euro ha caído de un 4% del PIB a principios de la década de 1970 a un 2,4%.

La gente saca diferentes conclusiones de todo esto. Algunos culpan al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, porque nosotros decimos que no se están cumpliendo las disposiciones jurídicamente vinculantes y otros afirman que no hemos hecho nuestros deberes y que falta voluntad política. Es preciso emprender reformas estructurales. Debemos hacer de las tendencias demográficas el punto de partida para el cambio de nuestras realidades. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento es un éxito porque pone de relieve el debate político acerca de las reformas estructurales necesarias, acerca del fracaso de las políticas presupuestarias y acerca de los riesgos para el euro, conduciendo por tanto al debate político.

La mayoría de la comisión apoyó este punto de vista. Este informe, el cual versa sobre la necesidad de una voluntad política más firme en lo que a la aplicación se refiere, de demostrar más valor en cuanto a las reformas a largo plazo y de adoptar un enfoque más serio y dar menos excusas, también habla sobre la necesidad de una mayor disposición reformista y de una actitud más honesta hacia los ciudadanos. La opinión actual de Alemania de que los costes de la reunificación se han dejado hasta ahora fuera de las cuentas es un ejemplo del grado de falsedad que ha alcanzado el debate, puesto que este país ha cumplido los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento desde el comienzo de esta década; ha apoyado este pacto en todo momento y no ha tenido problema alguno al respecto durante 10 años.

Les insto a que respalden el informe presentado si desean que se produzca un aumento de la estabilidad, el crecimiento y el empleo, y que se garantice el respeto hacia el Derecho comunitario y el Tratado.

  Almunia, miembro de la Comisión. Señor Presidente, quiero, en primer lugar, en nombre de la Comisión y en el mío propio, felicitar a los dos autores de los dos informes sometidos a debate, señor Goebbels y señor Karas, y a todos los parlamentarios que en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios han contribuido a elaborar el texto que hoy estamos discutiendo en esta sesión plenaria.

Debo decirles que, en lo sustancial, comparto el diagnóstico que figura en ambos informes. En el caso de la llamada Estrategia de Lisboa, cinco años después de su aprobación por el Consejo Europeo, todos podemos estar de acuerdo en compartir de nuevo los objetivos y los pilares de esa estrategia, en ratificar nuestro acuerdo con los mismos, y en lamentar el retraso en la puesta en aplicación de las políticas necesarias para avanzar hacia el cumplimiento de esos objetivos.

En el caso de la situación de las finanzas públicas y del marco existente para ejercer la vigilancia sobre la evolución de los presupuestos y de las cuentas públicas —el Pacto de Estabilidad y Crecimiento—, nos identificamos con los valores de referencia, con los pilares establecidos en el Tratado. En lo sustancial, la evolución de las finanzas públicas de la Unión Económica y Monetaria a lo largo de los años de vigencia del Pacto ha avanzado en la buena dirección, pero, como decía el señor Karas, hay demasiados países, en estos momentos diez países, que están en una situación de déficit excesivo; hay Estados miembros de la Unión que tienen unos niveles de deuda pública en relación con su producto interior bruto por encima del valor de referencia establecido en el Tratado, el 60 %, y, por lo tanto, se impone también una reflexión y la búsqueda de mejoras en la aplicación del Pacto, y de refuerzo de los instrumentos con los que se cuenta para llevar a buen término este marco de gobernanza fiscal.

En relación con el primero de los informes, les quiero plantear cuál es el punto de vista de la Comisión. Es evidente que la Unión Europea y, en particular, la zona del euro, tiene una tasa de crecimiento más baja que la de nuestros competidores, que la de las demás regiones económicas del mundo industrializado, por no hablar de países emergentes que tienen tasas de crecimiento del 6, del 7 e incluso del 10 %. Ese bajo crecimiento nos crea una situación de alto desempleo y de carencia de puestos de trabajo y nos plantea dudas serias acerca de la sostenibilidad de nuestro modelo social y, en general, acerca de la sostenibilidad de nuestro modelo de sociedad.

Son necesarias, pues, reformas estructurales y, desde ese punto de vista, como saben sus Señorías, la Comisión ha planteado, en su Comunicación del 2 de febrero, unas líneas para avanzar hacia una revisión y una mejora en la aplicación de la Estrategia de Lisboa, estableciendo una serie de prioridades en torno a tres ejes: en primer lugar, convertir Europa en un lugar más atractivo para invertir y trabajar, ampliando y desarrollando el mercado interior, mejorando las reglamentaciones, garantizando mercados abiertos y competitivos, ampliando y mejorando las redes de infraestructuras europeas; en segundo lugar, mejorar el conocimiento y la innovación como factores básicos para el crecimiento, aumentando y mejorando la investigación y el desarrollo, facilitando la innovación y la adopción de tecnologías de información, y contribuyendo a la creación de una base industrial europea sólida; en tercer lugar, perseguir el objetivo de crear más empleo y de más calidad, estableciendo políticas capaces de atraer a un mayor número de personas al mercado laboral, modernizando los sistemas de protección social, mejorando la capacidad de adaptación de trabajadores y empresas e invirtiendo más en capital humano.

En torno a esas líneas se puede recuperar el impulso que los creadores, los fundadores de la Estrategia de Lisboa —si me permiten la expresión— tenían en mente hace cinco años, y recuperar el tiempo perdido; habrá que actuar, a su vez, con una mayor capacidad de apropiación, de ownership, a escala nacional porque, sin duda, muchas de las acciones necesarias para llevar a buen término la Estrategia de Lisboa dependen básicamente de competencias nacionales.

Desde el punto de vista de la Comisión, el papel de la política macroeconómica a este respecto es sostener el crecimiento. Pero aumentar el potencial de crecimiento es una función básica de las reformas estructurales, no podemos confiar en la política macroeconómica para lograrlo. Esa tarea debe ser encomendada a reformas estructurales como las incluidas en la lista que ha presentado la Comisión Europea.

En relación con el segundo de los informes —el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la situación de las finanzas públicas—, que acaba de presentar el señor Karas, debo señalar que las negociaciones en el marco del Ecofin están avanzando de una forma bastante satisfactoria: en la reunión de la semana pasada se han producido nuevos avances. Se van a celebrar nuevas reuniones, del Eurogrupo el día 7 de marzo, y del Ecofín el día 8 de marzo, que van a ser muy útiles para aproximarnos a un acuerdo.

Soy optimista en cuanto a las posibilidades de llegar a un acuerdo en el Consejo Europeo de los días 22 y 23 de marzo, en el que se mantengan los principios y los valores de referencia del Tratado, así como los pilares del marco de disciplina fiscal y presupuestaria establecidos en el Tratado y que todos debemos respetar. Con ese acuerdo se deberían mejorar los instrumentos de forma que la gobernanza del Pacto de Estabilidad y Crecimiento evite los fallos que hemos podido ver en la experiencia de estos años, contribuya a ayudar a los países con problemas de déficit excesivo a recuperar una senda de ajuste, a cumplir los valores de referencia del Tratado, tanto en déficit como en deuda, a poner más énfasis en la sostenibilidad y en el largo plazo, porque se acerca el desafío del envejecimiento de las poblaciones y, al mismo tiempo, a vincular mejor la disciplina presupuestaria que sigue siendo un elemento necesario para el crecimiento y la estrategia de crecimiento, de más empleo, de sostenibilidad, que es la Estrategia de Lisboa, porque son dos estrategias vinculadas entre sí.

El equilibrio macroeconómico es una condición necesaria para el crecimiento, pero hacen falta más políticas: hacen falta reformas estructurales. Será muy positiva la coincidencia en el Consejo Europeo de marzo de estos dos importantes asuntos que debate el Parlamento hoy, que debate la Comisión y que debate el Consejo, de forma que podamos llegar a un acuerdo con visión de futuro interrelacionando mejor las dos estrategias y, sin duda, manteniendo claros los principios de una y de otra. Una, más sostenibilidad, más cohesión social, más crecimiento, más empleo y más competitividad; la otra, mejor disciplina presupuestaria y mayor sostenibilidad de las finanzas públicas como base necesaria para la estabilidad económica y para crear las condiciones que todos los inversores, que todos los creadores de riqueza, requieren para mirar al futuro con más confianza.

  Hökmark (PPE-DE), en nombre del Grupo del PPE-DE. (SV) Señor Presidente, en primer lugar he de decir que los déficit en las finanzas públicas en diferentes países son sintomáticos de los problemas existentes en las economías nacionales. No podemos permitir que se incrementen los déficit para resolver dichos problemas. De ser así, correríamos el riesgo de perder la condición de estabilidad necesaria para el crecimiento que determinan los bajos tipos de interés. Se podría debilitar el impulso que estos tipos aportan a los hogares, así como dicha condición básica para el crecimiento a largo plazo.

Por lo tanto, es fundamental resaltar la importancia de las reformas estructurales, tal y como ha señalado el Comisario en su discurso. Debemos aportar flexibilidad a nuestras economías europeas, no a nuestras normas comunes. Solo estableciendo condiciones comunes básicas para las empresas en construcción podremos crear nuevos puestos de trabajo y fomentar la prosperidad. Resulta lamentable que, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el Grupo Socialista decidiera abstenerse en la votación del informe del señor Goebbels. Este informe incluye ahora una serie de propuestas prácticas para la creación de mayores posibilidades de crecimiento en Europa.

Creemos que se deben conseguir condiciones básicas mejoradas para el empleo, si bien no a través de los medios que acaba de mencionar el señor Goebbels, mediante el aumento de la jornada laboral. Queremos unas condiciones que permitan elevar el número de trabajadores, prolongar sus períodos de vida laboral y, si lo desean, incrementar las jornadas en diferentes etapas de su trayectoria profesional. Para conseguir esto, es preciso introducir cambios en el nivel empresarial, de investigación y de mercado interior. Justo ahora nos encontramos atravesando un período de cambios bastante significativo debido a la competencia reinante.

En este momento, lo importante es asegurar el refuerzo de la economía europea a través de un aumento en la competencia. En este sentido nos preocupa la Directiva sobre servicios y el incremento de la competencia en determinados ámbitos. Esta es nuestra labor, tenemos que alcanzar los objetivos de mayor crecimiento, más puestos de trabajo y mejores salarios en Europa.

  Van den Burg (PSE), en nombre del Grupo del PSE. – (NL) Señor Presidente, gracias. Creo que el señor Karas está en lo cierto al afirmar que, en este debate, este Parlamento se encuentra sumergido en una especie de batalla con respecto a la dirección que deberíamos seguir y en un debate acerca del modo de abordar la política macroeconómica en la Unión Europea.

A menudo tengo la fuerte impresión de que, en este debate, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, así como secciones del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, están ocupados librando la mencionada batalla y, mientras siguen enfrascados en viejas discusiones, se encuentran aún ideando reformas sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en lugar de plantar cara a los retos actuales. Asimismo, suelo tener la impresión de que nos dedicamos a la política nacional y de que esta Cámara mantiene debates nacionales en lugar de centrarse en la dimensión europea.

Mi grupo prefiere el enfoque adoptado por la Comisión en lo que se refiere a la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como la postura de la Presidencia luxemburguesa en este sentido. Haré referencia a las decisiones tomadas por el Consejo ECOFIN el 13 de septiembre, las cuales favorecen claramente la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el contexto de unos debates más amplios y en relación con la estrategia de Lisboa y las orientaciones globales de política económica.

Es preciso que en la reforma de este pacto se aborden los aspectos preventivos, las diferencias en los progresos económicos en los Estados miembros y los aspectos correctivos, y que, al mismo tiempo, se promueva la mejora del procedimiento por déficit excesivo. No obstante, nuestro grupo desea resaltar algo que resulta de fundamental importancia a este respecto y sobre lo que se ha hecho eco el Presidente Bush hace poco en el contexto de política exterior: tenemos que continuar con una auténtica política macroeconómica en Europa y, en conexión con esto, tratar a Europa como una unidad económica, una única entidad. Creo que esta aproximación debe formar parte de la política macroeconómica, que no tenemos que competir en primer lugar como Estados miembros unos contra otros ni crear perfiles diferenciados para nosotros que también deban ser defendidos en términos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sino que hemos de elegir esta perspectiva europea y aprobar políticas económicas en consecuencia.

Por este motivo, es preciso llevar a cabo un análisis minucioso de la estrategia de Lisboa y de su conexión con la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; por este motivo, mi grupo sigue dispuesto a resaltar en ese debate que debemos concentrarnos en las inversiones y en la forma en que, dentro de los parámetros prescritos en el pacto, tenemos que diferenciar entre los gastos actuales y los gastos destinados a la inversión en esa economía del conocimiento que constituye uno de los objetivos de la mencionada estrategia. No queremos que esto se lleve a cabo de manera que los Estados miembros puedan decidir creativamente cómo hacer sus cuentas. Queremos que se realicen elecciones centradas claramente en Europa y que se establezca una estrategia en el nivel europeo que permita, por ejemplo, depreciar las inversiones realizadas a largo plazo, como es costumbre en la industria.

Confiamos en que en estos informes se reflejen algunos de estos puntos y que este debate se desarrolle en la sesión plenaria de marzo, cuando se produzca la revisión de la estrategia de Lisboa y se lleven a cabo los preparativos para la cumbre de primavera.

  Klinz (ALDE), en nombre del Grupo ALDE. – (DE) Señor Presidente, Comisario, Señorías, la mayoría de los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios llegó a un acuerdo sobre un informe muy ecuánime, a pesar de que el señor Goebbels se desvincule hoy de dicho informe. Considero que es importante pedir a la Comisión que tenga en cuenta los cuatro puntos siguientes.

En primer lugar, ha habido un retraso considerable en la aplicación de la estrategia de Lisboa. Una de las razones de dicho retraso es que la estrategia incluye un gran número de objetivos. En noviembre, el grupo Kok recomendó que nos concentráramos en un número limitado de prioridades. Se trata de una estrategia razonable, la cual cuenta con nuestro apoyo. Animamos a la Comisión a que centre sus esfuerzos en las prioridades propuestas por el grupo Kok. Las declaraciones realizadas por esta institución en este contexto nos dan motivos para mantener una actitud optimista. Asimismo, instamos a la Comisión a que analice las mejores prácticas en los Estados miembros y a que aprenda de ellas. Este enfoque permitirá, sobre la base de los ejemplos positivos de un Estado miembro, hacer recomendaciones a otros Estados miembros diferentes.

En segundo lugar, la Comisión debe centrarse aún más en la finalización del mercado interior, con vistas a demostrar a los consumidores las ventajas específicas del mercado único europeo, en forma de una oferta mejorada y más barata de productos y servicios. Todavía existen barreras al comercio en algunos ámbitos. Esto resulta insostenible en términos de un funcionamiento correcto del mercado interior y de una competencia justa. El público necesita ver claros avances en este sentido.

En tercer lugar, no estamos en contra de que se reforme el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tal y como ha sugerido el señor Goebbels, sino que nos oponemos a que se suavice dicho pacto, el cual garantiza la independencia del BCE y la estabilidad del euro. Apoyamos el deseo de la Comisión de reforzar los aspectos preventivos del pacto, si bien esto no quiere decir, como apunta quizás el señor Goebbels, que se permita mantener un déficit inferior al 3% cuando las cosas van bien y alcanzar un porcentaje superior en los malos tiempos. Cuando la situación es favorable, se deberían acumular reservas para que los criterios de déficit también se puedan cumplir, o solo se superen ligeramente, en los momentos de dificultades económicas, de forma que el nivel acumulativo global de deuda se pueda reducir poco a poco.

Pasaré ahora a exponer el cuarto y último punto. En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, los miembros del Grupo ALDE presentaron una enmienda relativa a las reformas estructurales necesarias en los Estados miembros. Aunque la enmienda fue aprobada, no se incorporó a la versión definitiva debido a un error (no sé de quién). Por lo tanto, presentaremos de nuevo dicha enmienda aquí en sesión plenaria, en forma de enmienda oral. El texto es el siguiente: el Parlamento Europeo recomienda a los Estados miembros que apliquen las reformas estructurales pendientes necesarias para alcanzar la mejora en el clima de inversión que constituye un requisito previo para el crecimiento económico.

Lo que importa es que en esta enmienda pretendemos resaltar la enorme relevancia de las reformas estructurales para el crecimiento económico y dejar claro que la responsabilidad recae en los Estados miembros. Ya es hora de que la Unión Europea supere el problema que supone seguir destinando una cantidad excesiva de recursos al mantenimiento de estructuras obsoletas. Además, es preciso que los Estados miembros adopten medidas selectivas destinadas a controlar la economía sumergida, la cual constituye un obstáculo a la estabilidad y a un crecimiento sano. Solo de este modo podremos avanzar con rapidez hacia la consecución de los objetivos de Lisboa.

  Jonckheer (Verts/ALE), en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, un economista francés bastante conocido acaba de publicar un libro que se titula «La politique de l'impuissance» (La política de la impotencia), y creo que es un sentimiento que muchos de nuestros conciudadanos pueden compartir justificadamente. No obstante, he de añadir que esta política de la impotencia es, de hecho, una estrategia deliberada elegida desde Maastricht, en 1992, y que se articula a grandes rasgos en tres ejes: la reforma estructural de los mercados –de acuerdo con nuestra jerga–, la reducción del déficit público y la insistencia en la conquista de los mercados exteriores.

Además, desde el punto de vista institucional y del reparto de competencias, la Unión Europea es la única competente en materia de Derecho de competencia y unión monetaria; de lo contrario, los Estados miembros deben arreglárselas y hacerse la competencia entre sí. Pienso que quince años después –y pienso que por desgracia– esta opción institucional se ha visto respaldada por el Tratado Constitucional, un documento que apruebo a pesar de sus numerosas lagunas. Quince años después, los resultados están ahí, o más bien la ausencia de resultados en términos de crecimiento y, sobre todo, de calidad del crecimiento, así como en términos de creación de empleo.

Por tanto, señor Comisario, el mensaje del Grupo de los ecologistas es que hay que cambiar necesariamente de estrategia. Tenemos la impresión de que los debates sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desarrollan en un plano secundario y que, en realidad, si queremos obtener de verdad mejores resultados, necesitamos implantar una política más activa en la zona del euro, en la que los Ministros compartan finalmente un marco de apoyo basado en objetivos más ambiciosos y en que los esfuerzos se centren en alcanzar la convergencia entre las distintas economías nacionales. Como no me queda mucho tiempo, mencionaré tres de esos objetivos.

El primero consiste, a mi juicio, en la aplicación masiva de los impuestos sobre el trabajo y en la búsqueda de modos alternativos de financiación de los sistemas de seguridad social, teniendo en cuenta la naturaleza diversa de cada país. Pienso que es muy importante poder decir a todos los ciudadanos que aquellos que trabajan, que tienen la suerte de trabajar, deben poder vivir dignamente de su trabajo. Yo creo que la realización de este objetivo pasa por una reducción masiva de la carga fiscal sobre el trabajo.

El segundo objetivo –y esto no les sorprenderá– es que necesitamos un crecimiento de calidad, lo que implica gastar menos energía y contaminar mucho menos. Miren los documentos de la Comisión sobre la evaluación de la estrategia comunitaria de desarrollo sostenible: los resultados son catastróficos, de ahí la necesidad absoluta de cambiar de rumbo a este respecto.

En tercer lugar, por último, tenemos que apoyar la demanda interior en la Unión. No debemos centrarlo todo en la conquista de los mercados exteriores, como si la economía estuviera constituida solo por grandes empresas o pequeñas y medianas empresas innovadoras que acometen los mercados chino e indio. Hay que apoyar la demanda interior, lo que requiere inversiones públicas y privadas y la difusión de un mensaje claro de las autoridades públicas, tanto a escala de la Unión Europea como a escala de los Estados miembros, que diga que estamos orgullosos de ser europeos y que hemos creado una unión monetaria y un mercado interior. Ahora necesitamos una verdadera unión económica y social que brinde un futuro a cada ciudadano.

  Wagenknecht (GUE/NGL), en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, Señorías, en lo que concierne a la política económica europea, está claro que podemos mantener la misma línea. Con la excusa de las reformas estructurales supuestamente necesarias, podemos seguir destrozando las estructuras sociales comunitarias, doblegando a los sindicatos con amenazas de mayores niveles de desempleo y un aumento de los trabajos de baja calidad, exponiendo cada vez más servicios a las fuerzas de mercado para limitar los servicios ofertados a aquellos de los que puede beneficiarse el sector privado. Asimismo, podemos crear una situación, gracias a una ronda adicional de dúmping fiscal, en virtud de la cual un empleado con un salario medio acabe en breve contribuyendo en mayor medida a las arcas públicas que muchas empresas europeas con ganancias de varios miles de millones.

Aunque no hay duda de que podemos mantener este rumbo y conseguir las aclamaciones de aquellos que se benefician de una política de este tipo, debemos evitar hacer creer a los ciudadanos de Europa que esta política permitirá fomentar el crecimiento y el empleo. ¿Quién puede creerse en serio que el aumento de la jornada laboral solicitado en el informe incrementará el número de puestos de trabajo en lugar de reducirlo aún más? ¿Quién puede creerse que la introducción de recortes adicionales en la inversión pública impulsará la demanda interior en lugar de mandar a la quiebra a un número mayor de pequeñas y medianas empresas? ¿Quién se puede creer, sobre la base de nuestra experiencia en materia de privatización, que este proceso permite incrementar el empleo en lugar de reducirlo?

Es cierto que el rendimiento económico de la mayoría de los países europeos es mediocre, pero no es verdad que la causa de ello sea la falta de competitividad. Los costes laborales han caído en numerosos países europeos en los últimos años; esta tendencia ha sido especialmente notable en Alemania, donde los empleados se han visto obligados a aceptar recortes en sus salarios reales de una media de un 2% durante los últimos 12 meses.

¿Acaso esto ha supuesto la creación de un número particularmente elevado de puestos de trabajo en Alemania? Todo lo contrario: la tasa de desempleo ha alcanzado un nuevo récord. Lo mismo se aplica a las exportaciones, no solo en Alemania. Digo esto porque lo único que pueden lograr las prioridades políticas establecidas en el informe es un aumento adicional en los rendimientos por inversión de los actores globales europeos y las empresas exportadoras. Puede que esto beneficie a la Mesa Redonda Europea de Industriales, pero para la mayoría de los ciudadanos es un desastre. Mi grupo nunca aprobará una política de este tipo, sino que hará todo lo posible por fomentar el sentimiento de oposición a la misma.

  Whittaker (IND/DEM), en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, el informe del señor Goebbels es un franco reconocimiento de buena parte de lo que está mal en la Unión Europea. Ha reconocido que es necesario un alto crecimiento económico para conseguir un bajo nivel de desempleo, poder pagar las pensiones y lograr lo que se denomina «cohesión social» o «protección social».

Así pues, ¿por qué el crecimiento es tan bajo? Varios oradores han acusado al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Algunos dicen que se interpreta demasiado al pie de la letra y que los Gobiernos no gastan lo suficiente. Otros dicen lo contrario, que tenemos que atenernos al pacto con más rigor. Ambos no pueden tener razón. Yo creo que ambas partes se equivocan.

El señor Goebbels dice que favoreceremos el crecimiento fomentando la competencia, la empresa, el espíritu empresarial, la iniciativa y la asunción de riesgos, en particular entre las pequeñas y medianas empresas. Permítanme analizar este punto. Estoy de acuerdo en que las pequeñas empresas son importantes; las grandes multinacionales son las que tienen toda la influencia, pero crean puestos de trabajo fuera de la UE. Sin embargo, no creo que exista una escasez de oportunidades para las pequeñas empresas, ni escasez de capital de inversión o de empresarios que estén dispuestos a correr riesgos creando empresas y contratando trabajadores. Por lo tanto, ¿por qué esto no sucede? Y ¿por qué cuando esto ocurre, tantos fracasan? Es porque nos hemos salido de nuestro camino para ponérselo difícil.

Vayan y hablen con los pequeños empresarios. Oirán la misma historia repetirse en todas partes: demasiada burocracia y demasiadas normas, en particular en relación con la contratación de personal. Estas dificultades se dan debido a que todo el espíritu de la UE consiste en utilizar una dirección centralizada en un intento vano de lograr alcanzar una sociedad idealizada promulgando leyes y restringiendo la actividad. A modo de ejemplo, la Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo y el gran número de normas introducidas para defender varios derechos, cuyo efecto principal es aplastar las empresas y enriquecer a los abogados. Todo el espíritu está predispuesto en contra del empresario.

Todos queremos un alto nivel de empleo y vivir en una sociedad compasiva y unida. Sin embargo, esto solo es posible cuando tenemos riqueza. Al intentar alcanzar nuestros ideales mediante la coacción, destruiremos la fuente de nuestra riqueza. El modelo en su conjunto necesita drásticamente una revisión.

Mis colegas de los demás partidos políticos británicos todavía se aferran a la idea de que podrán persuadir a la Unión Europea de que cambie su manera de proceder. En el Partido por la Independencia del Reino Unido hemos reconocido que esto no será posible. La única forma de preservar algún tipo de prosperidad en el Reino Unido es salir de la UE. Queremos que nuestros vecinos de la UE también prosperen, pero cuando no lo hacen debido a su adhesión ciega a un modelo viciado, preferimos no dejarnos arrastrar con ellos.

  Ryan (UEN), en nombre del Grupo UEN. – (EN) Señor Presidente, todos hemos visto el éxito del mercado único, donde existe libertad de circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. Es claramente el caso del sistema de la moneda única europea que está funcionando bien. Cuenta con la confianza tanto de los ciudadanos de Europa como de las comunidades empresariales y de inversores.

Para que la Unión Europea sea un éxito, tiene que existir una amplia coordinación económica por parte de los 25 Estados miembros. Esto forma parte de la estrategia general de aplicación del proceso de Lisboa con miras a garantizar que la Unión Europea se convierta en la economía más competitiva del mundo en 2010. Sin embargo, los gobiernos de la UE van a tener que forjar un acuerdo sobre la manera en que las normas que rigen la unión económica y monetaria van a funcionar en el futuro. Lo esencial es que algunos países están registrando graves déficit presupuestarios, lo que claramente incumple los criterios de la UEM.

Algunos países quieren que abra y se flexibilice la normativa que rige el funcionamiento del régimen de la moneda única. Creo que se trata de una cuestión que los Gobiernos de la UE tienen que examinar cuidadosamente para asegurar que pueden poner en práctica los proyectos de infraestructura necesarios en los ámbitos del transporte, la energía y las telecomunicaciones.

Mi postura no es beligerante con respecto a la aplicación de los criterios de la UEM, pero no podemos permitir que se mantenga para siempre una situación en que varios países acumulan grandes déficit presupuestarios e incumplen claramente las denominadas normas estrictas que rigen el funcionamiento del régimen de la moneda única. Esto socava la credibilidad del marco general de la UEM.

Si queremos que la comunidad inversora internacional en sentido amplio tenga plena confianza en la Unión Económica y Monetaria en el seno de la UE, la UE debe poner orden en su casa. Todos hemos visto cuán volátiles pueden ser los mercados monetarios. O todos los países cumplen la normativa y confían en el sistema o se nos va a plantear un problema de credibilidad con respecto a la cuestión durante un tiempo indefinido.

  Martin, Hans-Peter (NI). – (DE) Señor Presidente, creo que el informe sometido a debate es una muestra más de la impotencia que se ha apoderado de la Unión Europea. Hay indicios de que las cosas empiezan a venirse abajo debido a una amplia variedad de tendencias enfrentadas. Aunque el mercado interior se encuentra en marcha, aún falta todo aquello que sabemos que resulta necesario para una política económica razonable, es decir, unos principios comunes mínimos. El resultado es la mayor redistribución de los bienes financieros en tiempos de paz. Esto no solo se aplica a nuestro continente, si bien la situación aquí es especialmente complicada, ya que contamos con una extensa clase media que se desintegra. Lamento por tanto ver que este informe no plantea ningún enfoque real para contrarrestar esta situación. Considero que la ampliación se ha producido demasiado pronto y que, en consecuencia, estamos fomentando el dúmping salarial, de forma que están sucediendo muchas de las cosas sobre las que fuimos advertidos. El primer enfoque que debemos adoptar ha de ser el establecimiento de una verdadera transparencia que nos permita asegurar, al menos, la apreciación clara por parte de todos de estas discrepancias.

  Radwan (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, estamos debatiendo acerca de la estrategia de Lisboa y del modo en que Europa pretende convertirse en la región más competitiva del mundo. Hemos sido incapaces de lograr estos objetivos durante los últimos cinco años y ahora hemos identificado al principal culpable: el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La gente sostiene que si abandonamos este pacto, la situación económica de Europa mejorará, ya que podremos realizar mayores progresos.

No he oído a nadie hablar acerca de las obligaciones que se deben cumplir en el nivel nacional, ni sobre la identidad de los verdaderos culpables – los Estados miembros. Alemania cree que merece la pena aumentar los pagos netos a Europa a cambio de la abolición del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Comisario Almunia, su predecesor, un Socialista español, el señor Solbes, aseguró a esta Cámara en diversas ocasiones que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es lo suficientemente flexible, y me veo obligado a secundar sus palabras. Lo que no podemos aceptar es que debamos cumplir los criterios del 3% y el 60% y que luego, tal y como ha hecho el Canciller Schröder, pretendamos que se excluyan determinados factores en el período previo al procedimiento o incluso después del mismo. A continuación, para tratar de convencernos de esto, se nos dice, bajo el estandarte de Lisboa, que a partir de ahora no podemos ni debemos seguir teniendo en cuenta ningún aspecto de crecimiento intensivo en el procedimiento. Es preciso tenerlos en cuenta. Y los economistas alemanes nos avisan de que acabaremos con un déficit de un 8% o un 10%. No se están aplicando las sanciones apropiadas en este caso.

Si pretendemos tomar en serio la estrategia de Lisboa, primero tendremos que tomar en serio el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y dejar de utilizar la excusa de que diez Estados miembros lo están infringiendo. Me encantaría que, en lo que respecta a la aplicación de los límites de velocidad, se dijera que si los controles de velocidad detectan demasiadas infracciones, lo que se hará será elevar el límite impuesto para evitar multar a tanta gente en el futuro. Las normas existen para ser respetadas.

Debemos tomar en serio la estrategia de Lisboa. Es preciso considerarla con seriedad a la hora de formular la legislación comunitaria, de manera que en el futuro se compruebe cada nueva directiva para ver si entra en conflicto con los objetivos de Lisboa o, por el contrario, los promueve. Los Estados miembros tienen que asegurarse de que no menoscaban la legislación en materia de mercado interior cada vez que les conviene, y la Comisión debe llamar la atención a aquellos Estados miembros que actúen incorrectamente. La Comisión ha de presentar evaluaciones comparativas y anunciarlas con la mayor claridad posible. Europa debe darse cuenta de que el mundo no es plano y de que nos hallamos inmersos en una competencia global. Es preciso que reaccionemos ante esta idea para que la gente sepa que nos tomamos este asunto en serio.

  Berès (PSE). – (FR) Señor Presidente, el señor Karas ya no está aquí, pero me habría gustado decirle que yo también creo que la Unión Europea es una Comunidad de derecho. Y por encima del Pacto de Estabilidad y Crecimiento está el Tratado. Ahora bien, en el Tratado hay un artículo que no se ha modificado y que dice que los Estados miembros considerarán su política económica una cuestión de interés común. Así, el crecimiento en el conjunto de la zona del euro es una cuestión de interés común y no creo que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en su forma actual, sea el instrumento que necesitamos.

Quiero decir al señor Radwan que la cuestión no es saber si superamos el límite de velocidad; la cuestión es saber si queremos circular lentamente en un Mercedes, y me parece que hoy esto es lo que ocurre más o menos con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Quisiera hacer tres observaciones sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La primera es que creo que una buena reforma es la que dote a la Unión Europea de un instrumento macroeconómico que le permita aplicar la estrategia de Lisboa. En este contexto, la cuestión de «tener en cuenta los gastos» será un factor prioritario. No se trata de iniciar una negociación de vendedores de alfombras entre las reivindicaciones de tal o cual Estado miembro. Se trata de saber dónde puede existir un valor añadido para el crecimiento europeo. Y eso solo puede decirlo la Comisión, porque encarna el interés común europeo.

La segunda observación es que algunos dicen que bajo el epígrafe de «tener en cuenta los gastos» podría figurar, por razones contables, la forma en que un determinado Estado miembro emprenda reformas estructurales en materia de jubilación. Creo que esto es peligroso, porque, por razones contables una vez más, entraríamos en debates que afectan a la esencia de la cohesión nacional.

La tercera observación es que cuando observo la forma en que se evalúa la situación en los Estados miembros, pienso que no se puede considerar que todo sea igual en todas partes. La situación económica en un gran país o en un pequeño país, con respecto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no tiene el mismo significado. No basta decir que todos los Estados son iguales ante el Pacto. Todo el mundo admite hoy en los círculos económicos –aunque por el momento aún está mal visto decirlo en los círculos políticos– que el efecto del instrumento presupuestario varía en función del tamaño de la economía de un país. Hoy, dos países, como Francia y Alemania, se encuentran en una situación en la que son a la vez responsables y víctimas de un estado de hecho del que no se beneficia ningún Estado miembro de la zona del euro ni la Unión Europea en su conjunto. Nadie tiente interés en ver la economía de la zona del euro lastrada por un crecimiento demasiado bajo en la principal economía de la zona del euro. Esto es contrario al Tratado y al interés común de los Estados miembros.

  Starkevičiūtė (ALDE). – (LT) Gracias, señor Presidente. En este momento son objeto de debate dos documentos a la vez, los cuales se complementan y se han preparado en esencia de forma espléndida. Estos deben formar una base económica para el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para un tercer grupo de documentos que estamos debatiendo. Puede que merezca la pena pensar que, si pretendemos enviar un claro mensaje a nuestros ciudadanos, los ciudadanos de la Unión Europea, la comunidad empresarial y, en última instancia, la comunidad internacional, quizás debamos prestar más atención a algunas disposiciones de uno de los documentos, las cuales sentarían las bases para la estabilidad macroeconómica, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería ingenuo creer que podemos mantener o consolidar este pacto con algunos criterios o disposiciones legales. Y digo esto con los quince años de experiencia que me han proporcionado las reformas llevadas a cabo en mi país. Si queremos poner en marcha reformas, tenemos que dejar de centrarnos en las diferencias para buscar el consenso. Creo que hay cuatro puntos en los que podemos llegar a un acuerdo y nuestra experiencia reformista nos dice que estos pueden influir de manera positiva en la economía. En primer lugar, hay que centrar la atención en la inversión necesaria para fomentar la productividad, ya que se requiere un tipo especial de inversión. Hemos de prestar atención a las reformas estructurales, por más que estas sean imposibles de realizar sin la introducción de medidas fiscales. El desempleo que aparece durante las reformas estructurales precisa la prestación de apoyo, si bien no es posible concentrarse solo en esta cuestión, ya que no se podría mantener el presupuesto. Hemos de prestar atención a la expansión de las nuevas empresas, es decir, hay que tratar de simplificar la administración fiscal, de modo que las pequeñas compañías y empresas puedan desarrollar su actividad con éxito en Europa. En lo que respecta al cuarto punto, el más complicado: debemos tener presente que Europa se está viendo inundada de mercancías baratas, estamos rodeados de países con bajos costes de fabricación y tenemos que empezar a buscar la forma de reducir los impuestos, claro está, evitando trastornar el equilibrio macroeconómico. Tal y como ha demostrado nuestra experiencia reformista, es posible obtener grandes avances mediante la aplicación de una administración fiscal mejorada. No es de sorprender que en muchos países surjan problemas en relación con la cesión de beneficios y la reducción de impuestos de valor añadido, a pesar de que existan diferentes formas de mejorar la administración fiscal y de disminuir la carga tributaria, como demuestra la experiencia de nuestros países. Opino que este es el mejor modo de aprovechar el conocimiento acumulado. Muchas gracias.

  Manolakou (GUE/NGL). – (EL) Señor Presidente, los informes sobre las finanzas públicas en la UEM y la situación de la economía europea no tienen en cuenta en ningún momento los problemas de base comunes que afectan a los trabajadores de los Estados miembros, cuya causa es la misma: la política comunitaria contraria a los intereses de los ciudadanos. El hecho de que se trata de problemas comunes se puede apreciar claramente en las manifestaciones llevadas a cabo por trabajadores en la mayoría de los países en contra del coste de la vida, el desempleo, los bajos salarios, los despidos, la privatización de los sectores sanitarios, educativos y sociales, el aumento de las jornadas laborales, la inseguridad y la incertidumbre de cara al futuro.

Los ponentes, en lugar de responder a estas cuestiones, están a favor de un cumplimiento más estricto del Pacto de Estabilidad, con impuestos abusivos y programas de austeridad antipopulares diseñados para luchar contra el déficit. En otras palabras, siempre acaban pagando los trabajadores, nunca la plutocracia. Al mismo tiempo, solicitan que se aplique con rapidez la estrategia antipopular de Lisboa con vistas a promover una mayor explotación de la mano de obra a través de trabajos temporales y a tiempo parcial, el aumento de las jornadas laborales, el retraso de la jubilación, la abolición de la participación gubernamental en la seguridad social y el incumplimiento de acuerdos colectivos. Esta es la nueva distribución de la riqueza, la cual contribuye a aumentar los beneficios de las grandes empresas y a incrementar la desigualdad y la injusticia. Piden que se introduzcan nuevas medidas de austeridad más severas y contrarias a los intereses de los ciudadanos con el fin de vigorizar la economía europea – término que utilizan para referirse a la rentabilidad de los monopolios europeos, y que los trabajadores realicen mayores sacrificios, por su propio bien. Asimismo, exigen a los gobiernos que reduzcan incluso el gasto social mínimo que aún mantienen y que modifiquen de manera inmediata los sistemas de seguros y pensiones, los cuales, según afirman, son inapropiados.

Se trata de políticas y filosofías de la Unión Europea que llevan a los trabajadores a expresar sus sentimientos dejando de acudir a las elecciones, tal y como ha ocurrido en las elecciones europeas, con una participación de un 40%, o en el reciente referendo celebrado en España sobre la denominada Constitución europea, en el que el porcentaje de participación ha sido de un 35-40%. Son señales que ponen de manifiesto el sentimiento de indiferencia de los trabajadores y el motivo por el que le dan la espalda a la Unión Europea. No obstante, la mejor respuesta es una lucha en forma de desobediencia organizada a esta política y un contraataque diseñado para provocar este cambio radical.

  Wohlin (IND/DEM). (SV) Señor Presidente, los índices de crecimiento en la Unión Europea se sitúan claramente por debajo de los niveles que podrían alcanzar. El desempleo en la Unión es elevado; tiene un excedente de cuenta corriente en relación con otros países; y la cifra de inflación es inferior a la apuntada por la política monetaria. Como destaca el informe, es preciso llevar a cabo reformas estructurales. No obstante, el informe no hace suficiente hincapié en la necesidad de bastantes países de una política más expansiva.

Una causa del carácter excesivamente restrictivo de la política es el modo en el que se ha diseñado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En mi opinión, su estructuración es incorrecta, lo cual lleva a adoptar una política demasiado restrictiva en determinados países. El error radica en prestar demasiada atención al déficit presupuestario, en lugar de concentrarse en el nivel de endeudamiento.

Un país con un nivel de endeudamiento inferior al 60% del PIB y una inflación por debajo del 2 % experimentará una reducción en su deuda si su economía crece en términos reales un punto porcentual o más y si el déficit presupuestario es de un 3%. Si la economía crece un 5 % y la inflación se mantiene en un 2%, el PIB nominal aumentará un 7 %. El déficit presupuestario podría ascender entonces a un 7 % y el nivel de endeudamiento se mantendría estable en tal caso. Este país no ejercería presión alguna en la zona euro. El incremento de la deuda se estabilizaría y resultaría defendible a largo plazo. Probablemente, este país debería tener una calificación crediticia sólida y no supondría ningún riesgo en este sentido para la totalidad de la zona euro. Un déficit presupuestario de este tipo es defendible a largo plazo. Un déficit limitado de un 3% significa que la deuda nacional se reduce de forma constante como porcentaje del PIB. Puesto que un nivel de endeudamiento de un 60 % del PIB resulta razonable en términos económicos, no hay razón para imponer al país restricciones financieras.

Es lógico que en los países nuevos con un crecimiento rápido exista un déficit significativo en la balanza de pagos corrientes e importaciones de capital. Puede que el ahorro privado no sea suficiente; el Estado también debe tener un déficit presupuestario. La conclusión que hay que sacar de todo esto es que se debería permitir crecer con mayor rapidez y aplicar una política más expansiva a aquellos países que tengan un nivel de endeudamiento inferior al 60% del PIB y una inflación controlada. De este modo, se dará un impulso a toda la Unión Europea. Recomiendo que se modifique el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en esta línea.

  Angelilli (UEN). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la necesidad de reformar el Pacto de estabilidad se desprende también del informe sobre las finanzas públicas en la Unión Económica y Monetaria. Dicho pacto desempeña indudablemente un papel importante para la estabilidad, pero también debe servir de estímulo para el crecimiento.

Sabemos que los Ministros reunidos en el Consejo Ecofin están elaborando el texto de la reforma, pero el Parlamento no puede renunciar al debate. Sería oportuno, pues, que antes de la decisión definitiva del Consejo, el Parlamento tuviese la posibilidad de expresarse, en un debate específico, sobre las modalidades de reforma del Pacto. Tras el debate de septiembre, el Parlamento parece haber adoptado una posición pasiva, cuando debería desempeñar un papel clave en el proceso de reforma, brindando a todos los diputados y a todos los Grupos la posibilidad de esbozar claramente posibles estrategias.

Debemos ser concretos y realistas. No podemos escribir en nuestros documentos que debemos llegar a ser la economía más competitiva del mundo cuando las cifras reflejan claramente un estancamiento del crecimiento. Es preciso, pues, reformar el Pacto. Me refiero a unas modalidades de aplicación más flexibles del Pacto en los periodos de dificultad económica, a la necesidad de tener en cuenta como es debido las reformas estructurales emprendidas por los Estados miembros y, quizá, a la posibilidad de permitir la exclusión de las inversiones destinadas a alcanzar los objetivos, todavía lejanos, de la Estrategia de Lisboa.

En conclusión, considero que el Parlamento debe retomar un papel activo en este debate, por ser la única Institución directamente representativa de los ciudadanos de la Unión.

  García-Margallo y Marfil (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, se lamenta el ponente, señor Goebbels, de la falta de coordinación de las políticas económicas, lamentación en la que yo coincido, pero para llegar a una conclusión distinta.

Sin estas normas de coordinación, la flexibilización del pacto de estabilidad equivale a su ruptura y la ruptura del pacto de estabilidad supondrá esterilizar los esfuerzos del Banco Central para mantener los precios, supondrá la elevación de los tipos de interés, supondrá un retraso en el crecimiento, que es lo que todos deseamos, un retraso en la puesta en marcha de las reformas estructurales y, lo que es más peligroso, un atentado serio al estado de bienestar. Los recursos que destinemos a pagar los intereses y a amortizar la deuda pública serán menos recursos que tendremos para garantizar las finanzas.

Lo que se necesita en este momento es más empleo y más productividad. Más empleo quiere decir, sobre todo, prestar atención a aquellos colectivos que más dificultades tienen y sabemos que son las mujeres, los jóvenes entre los 15 y los 25 años y los mayores de 55 años. Y más productividad significa más inversión, más esfuerzo en inversión y desarrollo y más esfuerzo en educación y formación profesional para aumentar la productividad del trabajo.

El discurso del Comisario me recuerda también -cito otra vez al señor Goebbels- a aquellos discursos de la extinta Unión Soviética en que se decía que la transición al socialismo terminaría inevitablemente el año siguiente. Cuando fueron conscientes de que esa transición era posible, concluyeron que ya habían terminado la transición y ya habían llegado al comunismo. Unos años más tarde cayó el telón de acero.

No hace ninguna falta debilitar la estabilidad macroeconómica, pero sí es muy necesario seguir insistiendo con más fuerza, con más vigor, en las reformas estructurales que son la única garantía, la única receta seria, para llegar al crecimiento.

  Bullmann (PSE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, el señor Karas ha afirmado anteriormente que aquí se están tratando decisiones relacionadas con nuestra dirección futura y, a este respecto, he de decir que está en lo cierto. No obstante, solo es posible tomar decisiones sobre la dirección que se va a seguir si se puede ver el horizonte. Para poder adoptar decisiones sobre la dirección que se va a tomar, los análisis y las propuestas han de estar actualizadas, y puedo decir a la mayoría de los miembros del grupo de los Conservadores que ellos, más que nadie, han demostrado, con las propuestas incluidas en estos dos informes, una actitud obsoleta y su incapacidad para distinguir el horizonte.

Saben bien que las orientaciones de las políticas económicas constituyen el documento más tedioso que aparece en Bruselas año tras año. ¿Cuáles son sus propuestas en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios destinadas a modernizar este instrumento? ¿Dónde está su aportación a un debate tan importante?

Les he oído hablar acerca de reformas estructurales. Muy bien. Europa y sus Estados miembros necesitan reformas estructurales. Pero saben muy bien que las reformas estructurales solo son efectivas y originan un mayor crecimiento y un aumento en el empleo si forman parte de una política industrial activa, parte de una política activa para las pequeñas y medianas empresas y parte de una política presupuestaria adecuada a nuestra situación económica. Dan ganas de llorar al ver sus propuestas. Deberían leer detenidamente sus textos antes de aprobarlos, eso sería de gran ayuda.

Desean aplicar una reducción general en los impuestos. Convendría más debatir con nosotros una política aceptable para las PYME en lugar de incluir esta clase de estupideces en sus informes. Pretenden que todo el mundo trabaje más horas. ¿Por qué no contribuir a aumentar la tasa de empleo, de forma que haya más personas en el mundo laboral? Europa se beneficiaría más de esta medida. Por este motivo, solo obtendrán nuestro apoyo si votan a favor de algunas enmiendas razonables. De lo contrario, no podremos respaldar esta ridiculez.

  Bourlanges (ALDE). – (FR) Señor Presidente, la política de la Unión Europea en materia económica está formada hoy por tres elementos: una ambición platónica –la estrategia de Lisboa–, un imperativo desdeñado –el control del gasto público–, y una reivindicación ignorada –el apoyo al poder adquisitivo–.

La estrategia de Lisboa es una ambición platónica. ¿Quién no apoyaría los objetivos fijados en Lisboa? ¿Quién no estaría a favor de una economía basada en el conocimiento, una formación mejor para las personas, un avance de la investigación y desarrollo y una sociedad basada en la innovación? ¿Quién no estaría a favor de esos objetivos? ¿Quién, por otro lado, no puede ver que el término de cooperación abierta no dice nada? La cooperación abierta no es nada más que el libre albedrío de los Estados, que de vez en cuando fijan citas imaginarias con la Unión Europea, y el Consejo, la Comisión y el Parlamento se ven reducidos a meras instituciones de comentario y censura. Así no ganaremos la partida.

El control del gasto público es un imperativo desdeñado. Detrás de una falsa disputa sobre los instrumentos de la política coyuntural y el uso del gasto público entre keynesianos y liberales, durante veinticinco años hemos visto cómo el gasto público se ha desbocado y hemos asistido a un deterioro sistemático en una serie de grandes países, en particular de la deuda, que impide de hecho a nuestros hijos tomar las riendas de su futuro. Esto es lo mismo que cuando la muerte, es decir, el pasado, se lleva la vida, es decir, el futuro.

El Banco Central Europeo (BCE) ha sido injustamente acusado en esta causa. ¿Qué reprochamos al BCE? Le reprochamos unos tipos de interés demasiado altos, aunque nunca han sido tan bajos desde la guerra; y la política de un euro demasiado fuerte, una situación que evidentemente ha sido provocada por la política de déficit sistemático de los Estados Unidos y no por las supuestas virtudes de los europeos. En realidad, estamos en una situación en la que el BCE apenas tiene medios. Además está el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es un instrumento que hay que reformar. ¿Qué reprochamos al Pacto de Estabilidad y Crecimiento? Le reprochamos que sea estúpido y maligno. Si así es, tratemos de hacerlo menos estúpido, pero conservando su carácter vinculante.

Terminaré, señor Presidente, mencionando una reivindicación ignorada: el estímulo del poder adquisitivo. ¿Quién no ve que nos encontramos actualmente en un sistema en que los trabajadores tienen cada vez menos dinero y menos poder adquisitivo en comparación con los accionistas? Hay remedios potenciales, como la difusión de la propiedad accionarial y la reducción de impuestos para los trabajadores, pero esos remedios son ignorados.

Entonces, lo que temo, señor Presidente, es que las instituciones y la Unión Europea queden reducidas a ser el coro de una tragedia clásica cuyos verdaderos actores sean los Gobiernos nacionales.

  Guerreiro (GUE/NGL). – (PT) En vista del empeoramiento de la situación económica y social en la mayoría de los países de la Unión Europea, se cuestiona por fin el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aunque tarde, y solo cuando Francia y Alemania lo han incumplido. Si bien es cierto que más vale tarde que nunca.

Lamentablemente, las perspectivas establecidas para el Consejo Ecofin del 8 de marzo vendrán a aportar más de lo mismo cuando se lleve a cabo su aplicación. La denominada aplicación flexible del Pacto de Estabilidad y Crecimiento dependerá de la mayor o menor capacidad de un país de poner en riesgo los sistemas públicos de seguridad social, pensiones y sanidad y, como han señalado algunos, las reformas de la administración pública. En otras palabras, cuantas más políticas y objetivos aplique un Estado miembro de los consagrados en la estrategia de Lisboa, la cual consideramos extremadamente onerosa, mayor será su flexibilidad para aplicar el Pacto de Estabilidad, cosa que resulta inaceptable.

  Janowski (UEN).   (PL) Señor Presidente, Comisario, Señorías, soy incapaz de adentrarme en profundidad en este tema en el escaso tiempo disponible, así que me limitaré a resaltar una serie de cuestiones.

En primer lugar, el dinero y la energía derrochados en una burocracia excesiva y, con demasiada frecuencia, absurda, constituyen una restricción importante para el desarrollo económico de la Unión Europea. En segundo lugar, se debería llevar a cabo un estudio minucioso de los sistemas fiscales en los Estados miembros, siendo uno de los objetivos de esta tarea el descubrir si el sistema de IVA en vigor es la mejor solución. Es posible que existan otros tipos de impuestos más efectivos, y no en vano la experiencia nos ha demostrado que este es el caso. En tercer lugar, es preciso realizar cada tres o cuatro años un análisis sistemático de la situación económica de la totalidad de la Unión Europea y de cada Estado miembro, e informar acerca de los resultados obtenidos con vistas a identificar los posibles progresos alcanzados y a poder reaccionar con suficiente rapidez ante cualquier problema. En cuarto lugar, hace mucha falta destinar fondos a la investigación centrada en el impulso del desarrollo económico.

Por último, pasaré a abordar un asunto sobre el que aún no se ha hablado. Este intenso debate económico y todos los inteligentes planes propuestos, motivo de tanta preocupación, se quedarán en pura palabrería si no se adoptan medidas reales destinadas a evitar el inminente desastre demográfico en la Unión Europea. No estoy lanzando amenazas vanas. Los diputados a esta Cámara no tienen más que echar un vistazo a las estadísticas de población. Aunque no son fáciles de interpretar, no cabe error posible acerca de la advertencia que encierran. Mientras que hoy hay cuatro personas en edad laboral por cada jubilado, dentro de 30 años este número se reducirá a dos, lo que nos lleva a pensar si esta situación será sostenible. Debemos tener presente que la familia, en la que se incluyen padres e hijos, es la unidad económica más básica. El ganador del Premio Nóbel de 1992 Gary Becker ha ido más allá y ha afirmado que la familia, y el trabajo desarrollado dentro de esta, supone hasta un 30% de la renta nacional. El economista francés Jean-Didier Lecaillon ha realizado unos comentarios similares, y podría dar ejemplos de otros, en particular los de Juan Pablo II, cuya voz ejerce una influencia especial. Charles de Gaulle es reconocido por todos como un auténtico hombre de Estado, y su actitud era totalmente seria al señalar que si se es pobre y no se tienen otras opciones, se debe invertir en la familia. Sapere aude, Europa. Gracias.

  Claeys (NI). – (NL) Señor Presidente, este informe ofrece una gran cantidad de propuestas destinadas a acabar con el déficit originado a raíz de la puesta en marcha de la estrategia de Lisboa. En concreto, quiero expresar mi satisfacción por la inclusión del apartado 7 del informe, en el que se subraya el papel fundamental que desempeñan las pequeñas y medianas empresas en la creación de empleo y de prosperidad en general. Es de vital importancia que se genere un clima propicio para el fomento del espíritu empresarial entre los jóvenes, un clima en el que las cargas administrativas y fiscales se reduzcan de manera considerable y en el que las PYME disfruten de un acceso más fácil al capital de riesgo. Otra conclusión es que el informe no menciona una palabra acerca del Libro Verde de la Comisión sobre inmigración económica. Esto resulta positivo, en vista del nivel actual de desempleo. La solicitud de la Comisión de admitir y estimular la inmigración resulta estrecha de miras, contraproducente y del todo equivocada, a pesar de que esta institución recurre a los objetivos de Lisboa para presentar su propuesta.

  Lulling (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, mis colegas de los Grupos de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa y del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos se alegrarán sin duda de saber, vista la naturaleza de este debate, que el señor Goebbels se extendió en la prensa luxemburguesa afirmando que las enmiendas aprobadas en comisión reflejaban «el carácter profundamente reaccionario y neoliberal de estos dos Grupos en el Parlamento». El carácter excesivo de estas declaraciones contiene indudablemente un elemento algo ridículo: sugiere que esta Asamblea está formada, como poco, por reaccionarios recalcitrantes. Sin embargo, estas declaraciones también son motivo de preocupación. En esta Cámara, el Grupo Socialista cultiva voluntariamente cierta ambigüedad en materia de principios de política económica. Con los socialistas, esta ambigüedad se transforma en auténtica aversión.

Por mi parte, no me parece superfluo resaltar en este debate que las condiciones de un crecimiento sano y sostenible vienen dadas por unas finanzas públicas sanas y unos impuestos obligatorios razonables. La estabilidad no es un obstáculo al crecimiento, es una condición necesaria.

Por nuestra parte, no sucumbimos a los mismos defectos de ceguera ideológica; somos mucho más pragmáticos. Hay situaciones en que resultan necesarias políticas más intervencionistas para relanzar la coyuntura económica, pero la cuestión no es esa. La situación actual que vive Europa no encaja o apenas encaja en este esquema. El señor Goebbels, descubriendo algo tarde el keynesiamismo, quiere acomodarlo a todas las recetas y a todas las salsas, incluso cuando la situación no se presta a ello. El aumento de los déficit presupuestarios adicionales no es la solución para nuestros problemas actuales. Si fuera así, los países conocidos por su laxitud financiera y presupuestaria se habrían erigido en modelo a seguir desde hace mucho tiempo.

Por último, no es un crimen decir que los europeos han de trabajar más y mejor para garantizar su nivel de vida frente a la competencia mundial, señor Bullmann. El ejemplo de las 35 horas a la francesa dice más que todos los largos discursos al respecto. El señor Goebbels avanza, por supuesto, una serie de buenas ideas en su informe –como la de favorecer determinados tipos de inversiones en el ámbito de los servicios sociales o del desarrollo sostenible–, pero parece tener dificultades con lo esencial, a saber, que la eficacia económica obedece a reglas bien definidas y que es peligroso pasarlas por alto.

  Andersson (PSE). (SV) Señor Presidente, para empezar, he de decir que lamento enormemente que el representante del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el señor Hökmark, haya abandonado el debate. Creo que la propuesta alcanzada por la comisión resulta inaceptable para nosotros los Socialdemócratas por tres razones.

En primer lugar, no es preciso introducir ningún aumento general en la jornada laboral. Lo que necesitamos es que se incorpore más gente al mundo laboral, y no que aumenten las horas de trabajo. En segundo lugar, una reducción global de los impuestos en Europa no solucionará los problemas. ¿Cómo es posible que los países nórdicos, donde se imponen las cargas fiscales más pesadas, disfruten del nivel de crecimiento más elevado de la Unión Europea? Esta realidad viene a echar por tierra los argumentos del Grupo del PPE-DE. En tercer lugar, debemos alcanzar un equilibrio en el Proceso de Lisboa. Aquellos que realizan la propuesta, con su redacción actual, son aún peores que la Comisión en el sentido de que, en general, solo hacen hincapié en el primer pilar del Proceso de Lisboa, cuando lo que necesitamos es una reciprocidad entre los distintos pilares.

Comparto la opinión de que es preciso llevar a cabo reformas estructurales, si bien, lo que más importa es que, en el proceso, se acepte la responsabilidad social y participen ambos lados de la industria. El Señor Hökmark procede de Suecia, en donde su partido se encuentra actualmente tratando de quedar bien con los Socialdemócratas. En el debate nacional de su país, no hablan acerca de reducciones fiscales ni de aumentos en la jornada laboral y, sin embargo, sí lo hacen en esta Cámara.

Suecia ha aplicado una política económica muy positiva durante el período de posguerra, excepto durante los años 1991–1994. El Señor Hökmark era uno de los responsables políticos suecos en esa época. Sería lamentable que el Grupo del PPE-DE aprobara esta política neoliberal y la hiciera suya. El resultado sería un antagonismo político. Los Socialdemócratas queremos que se establezca una política equilibrada, y no una neoliberal incapaz de solucionar los problemas de Europa.

  Czarnecki, Ryszard (NI).   (PL) Señor Presidente, Señorías, esta es la primera vez que nos enfrentamos a una situación en la que una mayoría de los Estados miembros, 13 de los 25, se encuentra fuera de la zona euro en lugar de pertenecer a ella. Asimismo, los tipos de interés registran los niveles más bajos desde la Segunda Guerra Mundial y, a pesar de ello, esto no sirve como incentivo a la inversión. Hemos de admitir que la zona euro está experimentando un crecimiento económico lento. Sabemos que el consumo doméstico seguirá siendo bajo los dos próximos años en toda la Unión Europea. Al mismo tiempo, desde la ampliación han aumentado de manera significativa las aspiraciones económicas de los ciudadanos, en particular en los nuevos Estados miembros, como mi país, Polonia. Estas aspiraciones entran en conflicto con una situación económica deprimida en la que resulta imposible satisfacer las expectativas de los consumidores. En términos políticos, esto puede provocar con el tiempo un incremento del euroescepticismo, lo cual resulta aún más probable debido al hecho de que todas las proyecciones, incluidas las citadas en el informe Goebbels, indican que los niveles de desempleo seguirán siendo elevados en un futuro inmediato.

Los ciudadanos europeos esperan que se produzca el crecimiento económico real que se les ha prometido en repetidas ocasiones durante los últimos años, en las cumbres de la Unión Europea, por ejemplo. Pero también esperan obtener justicia y un trato igualitario para todos los Estados miembros. Al aprobar la existencia de déficit presupuestarios elevados en países como Alemania o Francia, y luego tratar con mano dura a aquellos países más débiles y pobres que osan registrar un déficit, la Unión Europea está poniendo en práctica una idea que nos resulta familiar y que se puede encontrar en la novela de Orwell «Rebelión en la granja», de donde se deriva que todos los hombres son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Esto no contribuye en absoluto a reafirmar la autoridad de la Unión a los ojos de los demás Estados miembros. En pocas palabras, es un escándalo.

  Kauppi (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias a mis colegas, el señor Goebbels y el señor Karas, por su esfuerzo en la elaboración de los informes sobre finanzas públicas.

Como sabemos, el crecimiento en la UE no ha sido tan bueno como esperábamos. La disminución de la parte del PIB dedicada a las inversiones públicas y privadas en comparación con la de la década de los setenta es drástica, como ha señalado nuestro colega el señor Karas. Debido a la ausencia de reformas estructurales y a la escasez de inversiones, el crecimiento del PIB no es satisfactorio. Sin embargo, no podemos confiar solamente en la inversión pública para estimular el crecimiento: tenemos que dar incentivos para estimular la inversión privada, que es la fuente real de crecimiento sostenible en Europa.

En el meollo de este debate se halla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El objetivo del pacto era equilibrar los presupuestos de los Estados miembros y crear superávit presupuestarios en 2003. La idea subyacente era que los Estados miembros saldaran sus deudas en los tiempos de bonanza y garantizaran, con la reforma de las estructuras del sector público, que sus presupuestos también pudieran mantenerse equilibrados en los tiempos de declive. Sin embargo, a los políticos no nos resulta fácil contenernos y no incrementar el gasto en los períodos favorables. Por desgracia, esto se demuestra en los malos resultados de muchos Estados miembros con respecto al pacto.

Estoy muy a favor del pacto. Los Estados miembros que han cumplido su parte y han mantenido bajo control sus finanzas públicas –especialmente mi país, Finlandia– tienen que sufrir por tanto la irresponsabilidad de los Estados miembros que simplemente no se preocupan. Por desgracia, ahora parece ser inevitable que se añadan algunos elementos de flexibilidad al pacto. Sin embargo, tenemos que ser precavidos para no diluir el pacto.

Hay que tener presentes tres cuestiones. En primer lugar, las normas tienen que ser las mismas para todos los Estados miembros y los criterios han de ser objetivos. En segundo lugar, ningún gasto, como las inversiones públicas o la financiación de la investigación, debe excluirse automáticamente del gasto público: estas excepciones brindarían una oportunidad a los Estados miembros para interpretarlos de un modo muy innovador. En tercer lugar, la flexibilidad concedida a los Estados miembros debe estar condicionada a las reformas que se han llevado a cabo en tiempos de bonanza. Nada más justo que los Estados miembros que han pagado sus deudas y han reducido sus déficit tengan cierta flexibilidad, pero a aquellos que no han hecho nada no se merecen ningún margen de maniobra.

Espero que prevalezca el buen sentido común y que se mantenga el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; y si se modifica, al menos que se haga en un sentido favorable.

(Aplausos)

  Rosati (PSE).   (PL) Señor Presidente, las modificaciones propuestas para el Pacto de Estabilidad y Crecimiento pretenden aumentar la flexibilidad y la practicidad de las normas fiscales en la Unión Europea, respetando en todo momento el principio fundamental de disciplina presupuestaria. Creo que estos cambios suponen un paso en la dirección correcta, si bien resaltaré tres cuestiones relacionadas.

En primer lugar, las propuestas de la Comisión se centran principalmente en el déficit presupuestario actual, otorgándole menos importancia a la deuda pública. Considero que debería ser justo al contrario, ya que el factor más relevante e influyente en la estabilidad financiera a largo plazo es el tamaño de la deuda en relación con el producto interior bruto, y no el déficit registrado en un año determinado. Esto significa que para los países con niveles de endeudamiento muy elevados habría que establecer límites de déficit más estrictos que para aquellos cuya deuda es muy baja. Estos últimos se pueden permitir tener un déficit mayor a corto plazo y, por tanto, no deberían ser castigados por haber cumplido las normas en el pasado. En definitiva, los niveles de endeudamiento tienen que ser considerados un criterio más importante que el déficit actual.

En segundo lugar, el método utilizado para el cálculo del déficit ha de tener en cuenta la situación específica de los nuevos Estados miembros que han emprendido la difícil tarea de reformar sus sistemas de pensiones. En estos países, el gasto asociado a dichas reformas se ha incrementado de forma temporal, ya que es preciso financiar las pensiones actuales y establecer fondos de pensiones para las generaciones futuras. Este gasto no se debería considerar como gasto público actual a efectos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, puesto que no aumenta la demanda, sino que favorece el ahorro nacional. No hay que castigar a los nuevos Estados miembros por llevar a cabo reformas estructurales complicadas.

En tercer lugar, sugiero al Comisario que se tome en cuenta la exclusión del gasto asociado a los pagos al presupuesto comunitario a la hora de establecer los principios en función de los cuales se calcularán los déficit a efectos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Si bien es cierto que este gasto aumenta la demanda en la Unión Europea, también contribuye a aplicar el principio clave de solidaridad. Una solución de este tipo podría permitir llegar a un acuerdo acerca del tamaño del presupuesto comunitario para el período 2007-2013. Una de las razones por las que algunos Estados miembros solicitan un presupuesto «pequeño» es que son contribuyentes netos al presupuesto de la Unión. Muchas gracias.

  Samaras (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, estamos hablando sobre competitividad, pero la competitividad se relaciona directamente con los tipos de cambio de divisas. Hemos permitido que el precio del euro suba bastante en relación con el dólar, pasando de 0,84 a 1,30, lo cual perjudica enormemente a nuestra competitividad.

En esencia, resulta que el Banco Central ha sacrificado la competitividad, donde nos estamos quedando a la zaga, con el fin de reforzar la estabilidad, ámbito en el que nuestra situación es favorable. En otras palabras, hemos protegido el aspecto en el que somos fuertes y hemos abandonado aquel en el que nuestra debilidad está al descubierto. De este modo, el alto precio del euro ha agravado la recesión, fenómeno que ha reducido la tendencia de las empresas a asumir riesgos de inversión y a buscar innovaciones. En otras palabras, ¿para qué sirve la estrategia de Lisboa? Observemos lo que hacen los estadounidenses, los rusos, los chinos y los indios. Mientras todos nuestros competidores se centran en la competitividad y el crecimiento, nosotros nos concentramos en las pérdidas y en la deuda. Mientras todos ellos obtienen beneficios más elevados, nosotros nos deleitamos en una recesión crónica. Quizás convendría empezar a poner en duda nuestra mezcla de políticas económicas. Si seguimos con esta mezcla, la estrategia de Lisboa y el Pacto de Estabilidad acabarán siendo cada vez más incompatibles. Continuemos con la estrategia de Lisboa, pero asegurémonos de que la política monetaria aplicada por el Banco Central también sirve de ayuda. Continuemos con el Pacto de Estabilidad, siempre y cuando se dé prioridad a la contención del gasto y no al aumento de los ingresos.

El Banco Central Europeo debe suavizar la política monetaria, de forma que los Estados miembros puedan reforzar su política de finanzas públicas, en especial en materia de gastos. Así, las posibles pérdidas de la demanda activa en el gasto público se verán recompensadas por un aumento de las exportaciones y una estabilidad en los impuestos. Esta es una mezcla política en la que se combina la prudencia con el crecimiento. Pero, para lograrla, es preciso contar con la cooperación del Banco Central. Está claro que la prudencia es fundamental, si bien una cosa es la prudencia y otra bien distinta la inflexibilidad. Mientras sigamos confundiendo estos dos elementos, no tendremos ni prudencia, ni crecimiento ni competitividad.

  Bersani (PSE). – (FR) Señor Presidente, Señorías, con respecto al informe Goebbels, deseo felicitar al ponente por el excelente planteamiento de su trabajo, centrado en el equilibrio entre las evidentes exigencias de renovación de las políticas económicas y de crecimiento en Europa y los objetivos y las condiciones de la estabilidad. No obstante, en el curso del debate se ha perdido este equilibrio y solo podrá restablecerse si nos mostramos razonables, como ha solicitado antes la señora Lulling.

No es razonable aprobar un informe que no contenga la exigencia de una mayor coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, y no se puede considerar que una afirmación como esta no respeta la autonomía de las autoridades monetarias. No es razonable aprobar un informe que no haga referencia alguna a la reforma del Pacto de Estabilidad y su relación con los objetivos de Lisboa, cuando se está avanzando claramente hacia un acuerdo. No es razonable afirmar que una reducción generalizada de la presión fiscal sea decisiva para la competitividad, dados los óptimos resultados obtenidos tanto por países de elevada presión fiscal como de baja presión fiscal.

En todo caso, me pregunto si realmente el Parlamento Europeo debe dar indicaciones en el sentido de un recorte general y genérico de los impuestos, puesto que ningún Estado miembro consideraría creíble semejante propuesta. Del mismo modo, nadie querría afirmar razonablemente que un aumento general y genérico de las horas de trabajo sea viable o efectivo. Ligar demasiado estrechamente la liberalización y mejora de los servicios a su privatización solo conducirá a aumentar la resistencia a cada proceso encaminado a liberalizar el mercado.

En conclusión, considero que el documento contiene indicaciones importantes y es fruto de un buen trabajo, pero también que hay que restablecer el equilibrio de las posiciones en algunos aspectos, renunciando a exigencias ideológicas y contribuyendo de forma útil al debate sobre la economía que se desarrolla actualmente en toda Europa.

  Mann, Thomas (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, los Estados miembros se han comprometido a alcanzar un presupuesto equilibrado o un superávit. Se trata de un compromiso al amparo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y países como Alemania lo han incumplido al registrar sucesivos déficit. Pese a que se escudan en problemas cíclicos, no han llevado a cabo las reformas estructurales necesarias.

Lo que acordó el entonces Ministro de Finanzas alemán, Theo Waigel, en 1997 en interés de Europa fue una garantía seria de estabilidad de precios, disciplina presupuestaria y capacidad para responder a los cambios estructurales, como la necesidad de financiar a una sociedad con un perfil de edad cada vez mayor. No se trataba de una política neoliberal de la izquierda, sino que también redundaba en interés de la mano de obra.

La Presidencia de Luxemburgo anunció una modificación del pacto, una labor nada fácil. Berlín desea abolir el procedimiento por déficit excesivo, mientras que los países pequeños de la zona del euro insisten con razón en que este pacto se cumpla al pie de la letra. Ellos han hecho sus deberes.

El señor Juncker dijo a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que no había motivos para modificar el umbral del 3 % y el procedimiento por déficit excesivo. También estoy a favor de que la Comisión mantenga sus poderes en este terreno, desde el envío de «cartas azules» hasta la imposición de multas. Lamentablemente, ustedes han anunciado una «interpretación inteligente» del pacto. ¿Acaso no supone esto suavizarlo?

Han dicho con razón que Grecia deberá rendir cuentas si vuelve a presentar datos falsos. Corríjanme si me equivoco, pero poco después hicieron creer a los alemanes que podrían contabilizar el coste de la reconstrucción del Este como una carga especial que podría quedar fuera del cálculo. En respuesta a esto, otros países afirmaron que su inversión en educación, instalaciones militares o infraestructuras también debería quedar excluida. Una vez se pisa el terreno de la contabilidad creativa, se puede echar el pacto a la papelera. Simplemente están ustedes haciendo malabarismos con las cifras y no están dando ninguna garantía a los ciudadanos europeos.

Apoyo el excelente informe de mi colega, el señor Karas; no debemos jugar a los dados con la confianza en el euro.

  Rasmussen (PSE). – (DA) Señor Presidente, este es un informe muy constructivo del señor Goebbels y la comisión que lo ha presentado. También quisiera dar las gracias al Comisario Almunia por su meditada contribución y su compromiso de reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tal como ha sido presentado.

Mi intervención de hoy en esta Asamblea se centrará en dos de las cuestiones más importantes para Europa. Los conservadores y los liberales del Parlamento se centran en las reformas estructurales –sobre las que estamos dispuestos a negociar, que conste– no solo en el Parlamento Europeo, sino también en cada uno de nuestros Estados. El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, que yo presido, no se opone a las reformas. Queremos ver las reformas correctas. Sin embargo, quisiera añadir una cosa: los principales problemas de Europa no solo incluyen la necesidad de reformas estructurales; su segundo mayor problema es que la demanda en nuestros países es demasiado baja.

Quisiera hacer un llamamiento genuino y urgente a los líderes de los partidos europeos de centro-derecha. Conforme a mi experiencia personal como Primer Ministro y presidente de un partido en Europa, no solemos recibir el apoyo de nuestros ciudadanos a las reformas si no existe al mismo tiempo una demanda y un crecimiento en nuestras sociedades; o dicho de otro modo: no puede haber reformas efectivas sin crecimiento económico, ni crecimiento económico sostenible sin reformas. Por ello quisiera hacer un llamamiento muy urgente a que se introduzca la dimensión europea. ¿Cuál es la dimensión europea? Lo que verdaderamente implica la dimensión europea es que aprendamos a hacer las cosas simultáneamente. En el mercado interior hay escasez de demanda, y esto lo podemos resolver simultáneamente si todos los Ministros de Finanzas, junto con el señor Almunia, deciden invertir en los objetivos de Lisboa durante los próximos cuatro años. De este modo obtendríamos el crecimiento adicional que necesitamos. Hemos documentado las cuestiones, y sería estupendo que también los partidos de centro-derecha del Parlamento pudieran darse cuenta de que tenemos que invertir, que tenemos que introducir reformas y que debemos hacer estas cosas simultáneamente.

  Montoro Romero (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, coincido con los análisis que han insistido aquí esta mañana en que Europa necesita más crecimiento y más empleo.

Más crecimiento para afrontar los desafíos que tenemos como europeos: el desafío de la ampliación, el desafío de facilitar puestos de trabajo a nuestros jóvenes y a las mujeres. Más crecimiento para que Europa pueda desempeñar el papel protagonista que le corresponde en la economía mundial, puesto que, de lo contrario, la economía mundial no tendrá un crecimiento equilibrado. Eso, como acaba de subrayar el señor Rasmussen, significa que los consumidores europeos, los inversores europeos, necesitan más confianza, necesitan políticas de confianza, políticas, en definitiva, en las que basar sus decisiones de consumo y de inversión. Esa confianza, a su vez, requiere saneamiento en las finanzas públicas y equilibrio presupuestario. El equilibrio presupuestario equivale a menos impuestos para los trabajadores y para las pequeñas y medianas empresas, menos impuestos para competir con éxito en la economía mundial globalizada.

Flexibilizar el pacto de estabilidad sería un gravísimo error y, señor Almunia, señor Comisario, los debates del Ecofin no están teniendo buenos titulares de prensa para la confianza; el enfrentamiento entre los Gobiernos europeos a la hora de promover esa flexibilidad en el pacto de estabilidad es un mensaje negativo para la confianza de los mercados. Necesitamos, junto a ese pacto de estabilidad firme, reformas estructurales. Necesitamos una economía más flexible, que, en definitiva, no es una economía que apueste por los pocos, sino una economía equilibrada que sostenga nuestro crecimiento sobre flexibilidad y competitividad.

  Langen (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, el señor Rasmussen ha dicho que las reformas no eran posibles sin crecimiento económico. Lo contrario también es cierto: el crecimiento económico en Europa no es posible sin reformas. Particularmente en Alemania y Francia, que son Estados grandes con un grado excesivo de intervención pública, impuestos elevados y sistemas sociales demasiado complejos, las reformas son indispensables para el crecimiento económico.

Hoy estamos debatiendo los informes Goebbels y Karas, en los que se ponen de manifiesto las dificultades a que nos enfrentamos con una política monetaria común, combinada con políticas presupuestarias y económicas descentralizadas. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se creó como un mecanismo vinculante y un requisito imprescindible. El propósito político de reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento sacudirá las bases del Tratado de Maastricht y de la unión monetaria europea. Las reglas de la política presupuestaria forman parte de las piedras angulares de la Unión Económica y Monetaria. Se contrajo el compromiso ante los ciudadanos de Europa de que se reducirían los préstamos al Estado, un compromiso del que se reniega apenas seis años después. El objetivo de estas reglas es mantener la credibilidad y la confianza independientemente del Gobierno que esté en el poder en un determinado momento. Sin embargo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene un defecto de diseño que usted, señor Comisario, ha olvidado comentar repetidamente.

En lo que respecta al procedimiento de control, la Comisión tiene muy pocos poderes y responsabilidades. Los culpables se juzgan a sí mismos, lo cual no es nada bueno. Si el Consejo Ecofin no se aplica las reglas a sí mismo, la Comisión no puede hacer nada en absoluto. Si no existe la voluntad de respetar la disciplina presupuestaria, las reformas tampoco servirán de nada. No es una cuestión de reglas, sino de voluntad política. La Comisión desea introducir nuevas reglas para los períodos económicamente favorables. Puede que exista alguna justificación para ello, pero es ingenuo. Si los medios existentes para ejercer presión no funcionan, ¿cómo podemos esperar que esto funcione voluntariamente cuando la situación sea favorable?

Los socialdemócratas y los comunistas no han logrado entender los cambios que ha introducido el euro. Antes de que este existiera, el mercado castigaba a los Estados altamente endeudados de forma abierta y fácilmente comprensible, mediante elevados tipos de interés de los préstamos al Estado, elevadas tasas de inflación y la devaluación. En 1992, fecha no tan lejana, había diferencias de seis puntos porcentuales.

(Exclamaciones)

Escuchen, por favor. Saben que tengo razón. ¡Seis puntos porcentuales! Esta diferencia ya no existe. Ya no existen fuerzas del mercado que obliguen a los Estados a cumplir la disciplina financiera. A menos que el BCE afronte este problema mediante un sistema de evaluación diferenciado de los préstamos del Estado, el euro no permanecerá estable a largo plazo.

  Almunia, miembro de la Comisión. Señor Presidente, agradezco a todas las señoras y señores diputados que han intervenido sus aportaciones al debate, que me han parecido extremadamente interesantes.

Como conclusión, quiero reiterar cuál es el diagnóstico de la Comisión. A veces, a lo largo del debate, se atribuyen a la Comisión pensamientos que ni esta ni yo hacemos nuestros.

La Comisión y yo pensamos que el principal reto para aumentar el crecimiento en la Unión Europea y en la zona euro es el incremento del potencial de crecimiento. Ello exige reformas estructurales como las que la Comisión ha puesto sobre la mesa en su Comunicación para la revisión y la revitalización de la Estrategia de Lisboa.

Si no aumentamos el potencial de crecimiento, la sostenibilidad a medio y largo plazo de nuestra economía, de nuestro modelo de sociedad, no será posible y la estabilidad presupuestaria y la estabilidad macroeconómica a corto plazo se verán seriamente perjudicadas por la falta de crecimiento. Por lo tanto, ese es el diagnóstico y, a partir de ahí, la política macroeconómica, como dice el Informe Kok —y estoy totalmente de acuerdo con esa consideración— debe apoyar una estrategia de reformas estructurales que incremente el potencial de crecimiento para sostener ese crecimiento y para impedir que la falta de liquidez, de financiación y de demanda pongan en riesgo el aprovechamiento de todas las posibilidades de crecimiento que hemos conseguido gracias a las reformas.

La Comisión considera prioritario el éxito en la revitalización de la Estrategia de Lisboa y para ello hemos puesto sobre la mesa diez prioridades y hemos hecho consideraciones sobre cómo mejorar la capacidad de poner en práctica en la realidad de cada uno de los Estados miembros la Estrategia de Lisboa, para conseguir, en todos ellos y en la Unión Europea, los objetivos que compartimos. Objetivos que no han sido reducidos en la Comunicación de la Comisión, que han sido confirmados tal y como fueron definidos hace 5 años.

En cuanto al Pacto de Estabilidad, quería, señor Presidente, realizar algunas clarificaciones. Creo que es oportuno que nos entendamos sobre lo que está sucediendo en estas semanas, en las que el Consejo, con el apoyo de la Comisión a través de una colaboración excelente con la Presidencia luxemburguesa, está intentando llegar a un acuerdo para mejorar la forma de aplicar en la práctica nuestros mecanismos de disciplina presupuestaria y para conseguir que los objetivos perseguidos por el Tratado, al definir la estabilidad presupuestaria como una de las condiciones de la Unión Económica y Monetaria, constituyan una realidad más positiva y patente que la actual.

¿Qué estamos haciendo? En primer lugar, reiteramos nuestro compromiso firme, claro y nítido con los valores de referencia establecidos en el Tratado. El 3 % está en el Tratado y la Comisión no va a permitir que no se respete un valor de referencia que está en el Tratado. Aclaro una vez más, y lo seguiré aclarando todas las veces que sea necesario, que ni en la propuesta de la Comisión, ni en la posición actualmente unánime de todos los ministros del Ecofin, se está planteando excluir del cálculo del déficit ninguna categoría de gasto. Lo que se está planteando, utilizando los términos del artículo 104 del Tratado, es qué factores relevantes hay que tomar en consideración a la hora de analizar por qué se ha producido el déficit excesivo o qué hay que hacer para recuperar una situación de equilibrio, de sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo el nivel del déficit por debajo del valor de referencia.

Se puede distinguir, y en el debate lo estamos haciendo con precisión, la no exclusión de ninguna categoría de gasto y, al mismo tiempo, el tomar en consideración factores económicos, de composición del gasto público, de situación del ciclo, de reformas estructurales en marcha, para ver cómo se aplica la parte preventiva del Pacto, cómo se sitúan las finanzas públicas en un equilibrio a medio y largo plazo o, en la parte del procedimiento de déficit excesivo, qué recomendaciones son realmente eficaces para que un país en situación de déficit excesivo recupere el equilibrio presupuestario. Para ello, es extraordinariamente importante, y es el segundo elemento clave en nuestra discusión, evitar que en la aplicación del Pacto, tanto en la parte preventiva como en la parte correctiva del procedimiento de déficit excesivo, se lleven a la práctica políticas procíclicas.

Una de las causas más evidentes que han llevado a algunos países a romper la regla del 3 % de déficit es que, cuando estaban en momentos positivos de su ciclo económico, no aplicaron políticas procíclicas, no consolidaron suficientemente sus finanzas públicas, y hay instrumentos en el Tratado como los avisos preventivos, los early warnings, que la Constitución, además, refuerza y atribuye directamente a la Comisión, que deben ser utilizados de forma más eficaz. Asimismo, en cada uno de los Estados miembros, deben establecerse reglas nacionales que complementen la presión, la peer pressure, sobre quienes deciden a escala nacional la composición de los ingresos y los gastos presupuestarios y, por lo tanto, del déficit presupuestario de cada uno de los Estados miembros que, recuerdo, sigue siendo competencia nacional, aunque, como decía la señora Berès, el resultado conjunto de esas decisiones nacionales de política presupuestaria es una materia de interés común, porque estamos en una Unión Económica y Monetaria.

En cuanto al procedimiento de déficit excesivo, estamos discutiendo, y es el punto más difícil de nuestra discusión, cómo debe lanzarse el procedimiento de déficit excesivo. Reitero la posición, no cabe ninguna exclusión en los gastos a la hora de calcular cuál es el nivel del déficit. Pero si ustedes vuelven a leer el artículo 104 del Tratado, verán que una vez que la Comisión Europea indica al Consejo que un determinado país está, a su juicio, en situación de déficit excesivo, el Consejo tiene plenas competencias, después de una valoración global, un overall assessment —apartado 6 del artículo 104 del Tratado— para decidir "si existe un déficit excesivo".

Estamos tratando de lograr que los criterios de la Comisión a la hora de indicar al Consejo que un país está en déficit excesivo, coincidan con los que este considere después, para que no vuelvan a producirse choques como los que se produjeron en el pasado. Para que en el respeto de las funciones y competencias de la Comisión —y esta no renunciará a ninguna competencia de las que le atribuye el Tratado— y en el uso de las funciones y competencias del Consejo —que tampoco va a renunciar a las que el Tratado le otorga—, en esa interrelación, en esa cooperación, no se produzcan bloqueos que paralicen el procedimiento, dando lugar a conflictos como los que tuvieron lugar hace algo más de un año.

Es muy importante la gobernanza, es muy importante que existan reglas nacionales que complementen el esfuerzo de apropiación por parte de los Estados miembros de las reglas comunes de disciplina presupuestaria. Es muy importante, y lo hemos comprobado recientemente, disponer de estadísticas claras, fiables y seguras. Es muy importante la cooperación entre las dos instituciones, Consejo y Comisión, y es extraordinariamente importante el apoyo y el debate en el Parlamento, como el que se está produciendo hoy y el que, sin duda, se va a producir en próximas ocasiones.

Es muy importante que lleguemos a un acuerdo. Se ha hablado, y comparto esta preocupación, de la credibilidad de la Unión Económica y Monetaria y, en particular, de nuestra moneda única ante los mercados. Los mercados no entenderán que no haya un acuerdo en el Consejo Europeo de marzo, y todos, cada uno desde nuestras respectivas responsabilidades, deberemos realizar el máximo esfuerzo posible para que ese acuerdo se firme y se publique el 23 de marzo en las conclusiones del Consejo Europeo. Por su parte, la Comisión realizará todos los esfuerzos en esa dirección.

Acabo evocando la excelente cooperación que estamos teniendo con una Presidencia del Consejo que también está firmemente comprometida a obtener ese éxito.

  El Presidente. El debate conjunto queda cerrado.

La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

PRESIDENCIA DEL SR. VIDAL-QUADRAS ROCA
Vicepresidente

5. "Capital europea de la cultura" para los años 2005 a 2019

  El Presidente. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el debate de la Recomendación para la segunda lectura, sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento y del Consejo (que modifica la Decisión nº 1419/1999/CE) por la que se establece una acción comunitaria en favor de la manifestación "Capital europea de la cultura" para los años 2005 a 2019.

  Prets (PSE), ponente. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, hace casi 20 años, el 13 de junio de 1985, la idea de la Capital europea de la cultura se presentó ante el Consejo de Ministros de Cultura por iniciativa de Melina Mercouri, entonces Ministra griega de Cultura, y se aprobó la correspondiente resolución. Su objetivo era que se dieran a conocer al público europeo los aspectos culturales específicos de la ciudad, la región o el país en cuestión. Tras 20 años de programa «Capital europea de la cultura», podemos sacar algunas conclusiones, tal como se reconoce en el estudio Palmer de agosto de 2004.

No cabe duda de que ser elegida Capital europea de la cultura tiene un efecto positivo para la ciudad en cuestión en lo referente a nuevas iniciativas culturales, la expansión de la infraestructura cultural, esfuerzos y tendencias artísticas, su reputación, su carácter internacional y las posibilidades de desarrollo cultural. Esto conlleva un aumento del número de visitantes y de los ingresos, pero también de los gastos.

Aunque la Capital europea de la cultura tiene un atractivo especial para las personas interesadas en la cultura, el aspecto europeo no se ha comprendido plenamente. A menudo la dimensión cultural se ve ensombrecida por las ambiciones políticas y la dimensión europea no siempre ha estado en primera línea. La Capital de la cultura solamente puede ser un proyecto sostenible si se integra en el desarrollo de la ciudad en el marco de una estrategia de desarrollo cultural a largo plazo. Durante los últimos 20 años se han producido muchos cambios en lo que respecta al desarrollo artístico y cultural de las ciudades, sobre todo en la Unión Europea, lo que exige modificar la decisión entonces adoptada.

Por ejemplo, la secuencia de ciudades que serán escogidas hasta 2019 no tiene en cuenta a los 10 nuevos Estados miembros que se incorporaron a la UE con la ampliación de mayo del año pasado. Sin embargo, con el fin de no alterar la secuencia, hay una propuesta de que cada año se añada una ciudad de uno de los nuevos Estados miembros, con ánimo de establecer un equilibrio. No podríamos justificar que estos países tuvieran que esperar hasta 2019 a que les llegue su turno.

La posición común que tenemos ante nosotros es deficiente en determinados aspectos y no cumple todos los requisitos necesarios para aplicar los cambios de forma más abierta, democrática y transparente. Sin embargo, para no hacer peligrar los preparativos que se están realizando para las capitales culturales de 2009, 2010 y los años sucesivos –especialmente las de Austria y Alemania–, quisiera instarles a que aprueben esta posición común en segunda lectura, con la condición de que la Comisión, que ya lo ha prometido y ha comenzado a trabajar en ello, presente un nuevo proyecto para junio de este año a más tardar.

Esta nueva propuesta debería cumplir los requisitos siguientes: el nivel de recursos financieros deberá ajustarse si hay dos capitales culturales a partir de 2009; el actual nivel de compromiso financiero varía entre los 200 000 euros y un millón de euros por proyecto. Deben establecerse criterios claros para conceder el máximo nivel de financiación posible. En la actualidad se concede un promedio de 500 000 euros por capital cultural, que en el caso de una propuesta presupuestaria como la presentada por Linz equivale a una contribución del 0,83 %. Es evidente que la contribución de la Unión Europea no es generosa en este caso. Yo defiendo una contribución fija de un millón de euros por capital cultural si se cumplen todos los criterios.

Esto debería tenerse en cuenta con respecto a la dotación financiera y en el programa cultural, así como en las perspectivas financieras para 2007-2013. Por otra parte, consideramos muy importante que se refuerce el papel del jurado, que las tareas se definan de forma más específica y que de este modo se mejore el proceso de selección de las ciudades candidatas. También es necesario definir de forma explícita y asociar con aspectos específicos unos criterios de selección claros y objetivos para las propias ciudades, además del valor añadido necesario para Europa. Asimismo hay que definir de forma clara cuándo y por qué debe recibir una ciudad 200 000 euros, 500 000 euros o un millón de euros.

Cuando fuera posible estaría bien que concursaran varias ciudades, pero esto no debería ser un criterio absoluto. Por ejemplo, en 2009, Austria y Lituania competirán solamente con una ciudad cada una, pero deberán cumplir todos los criterios del procedimiento de selección. Esto es muy importante, y considero que con Graz, Austria ha demostrado que se puede conseguir un excelente resultado con una única ciudad.

Creo que la Unión Europea también debería respaldar una mayor publicidad para las capitales culturales y debería presentar un programa más ambicioso al respecto.

Conforme a la decisión de 1999 sobre la Capital europea de la cultura, el objetivo del programa es destacar la riqueza y la variedad de las culturas europeas –además de los aspectos que tienen en común– y contribuir a un mejor entendimiento mutuo por parte de los ciudadanos europeos. La nueva decisión pretende ir más allá y abordar y destacar los retos de la integración europea, de la diversidad europea y de la expansión de la cooperación cultural dentro de una Europa ampliada.

  Figeľ, miembro de la Comisión. (SK) Señorías, en noviembre de 2003 la Comisión Europea adoptó una propuesta que enmendaba la Decisión de 1999 por la que se establecía el instrumento comunitario denominado Capital europea de la cultura. Esta decisión abarcaba los años 2005-2019, en los que nos encontramos ahora. El propósito exclusivo de la propuesta de la Comisión que tienen ante ustedes es permitir a los diez nuevos Estados miembros que puedan participar en esta actividad cultural lo antes posible desde una posición de paridad con los restantes Estados miembros, aplicando de este modo el principio de igualdad.

Esto significa que, a partir de 2009, los nuevos Estados miembros albergarán la Capital europea de la cultura en colaboración y competición con los demás Estados miembros. Como ya se ha dicho, en 2009 será Lituania conjuntamente con Austria. En la segunda fase, tal como ha solicitado el Parlamento Europeo, propondré un nuevo cambio al Consejo antes de este verano, que implicará un análisis o una revisión en profundidad del procedimiento de selección para esta actividad comunitaria.

Como ha señalado acertadamente la señora Prets, esta propuesta debería incluir, entre otros aspectos, la dimensión europea en cooperación, cómo reforzarla, el papel del grupo de expertos encargado de la selección, la competencia nacional y demás. De hecho, muchas de estas cuestiones o preocupaciones ya se han planteado en primera lectura y por supuesto las tendré en cuenta a la hora de formular las siguientes medidas que deben adoptarse.

La Comisión tendrá en cuenta asimismo los resultados de un estudio independiente que ha analizado los últimos 10 años de esta iniciativa de cooperación. Con respecto a la segunda lectura, me complace que el informe también haya sido aceptado por la Comisión de Cultura y Educación, de acuerdo con la posición común del Consejo, que sigue las mismas líneas que la propuesta de la Comisión. Esto significa que esta decisión puede tomarse con relativa rapidez, aunque siempre conforme al procedimiento correcto.

En conclusión, quisiera dar las gracias al Parlamento Europeo, a la Comisión de Cultura y Educación y personalmente a la ponente, la señora Prets, por su estrecha colaboración en estas cuestiones. Por supuesto, quisiera expresar también mi agradecimiento a las Presidencias irlandesa y danesa con respecto a esta cuestión, así como a la Presidencia luxemburguesa por su constante colaboración.

Me complace que este cambio esté generando resultados reales, ya que su aprobación puede ser notablemente útil y afectar directamente a las relaciones entre las ciudades y los ciudadanos de la Unión Europea ampliada.

  Pack (PPE-DE), en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hoy no tendríamos que debatir sobre la Capital europea de la cultura si en 1999 el Consejo de Ministros no hubiera ignorado totalmente –y de forma bastante indignante– a los nuevos Estados miembros previstos hasta 2019. Solamente los Ministros pueden concebir semejantes ideas: los diputados a esta Cámara ya fueron más sabios en aquel entonces.

Por lo tanto, hoy tenemos que poner las cosas en su sitio y estamos dispuestos a apoyar esta labor. En el futuro contaremos con dos ciudades, una de los 15 viejos Estados miembros y una de los nuevos Estados miembros. Estoy totalmente a favor de esta solución, ya que también implicará la cooperación entre dos capitales culturales. En 2010, por ejemplo, tendremos una ciudad alemana y otra húngara. La señora Prets está en lo cierto cuando dice que los recursos financieros no serán suficientes para esto. Una vez se ha cometido un error, el castigo es tanto más severo. En resumen, necesitaremos más dinero para las capitales culturales en el futuro y esto también debe facilitarse dentro del marco financiero.

A diferencia de la señora Prets, yo creo que cada país debería presentar al menos dos ciudades al jurado europeo para su elección. Poniendo a Alemania como ejemplo, quisiera recordarles cuánto entusiasmo y creatividad se ha generado en el mundo cultural alemán en los últimos años gracias a que diez ciudades han competido por llegar a ser Capital europea de la cultura. Hemos observado una enorme inventiva, con todo el abanico de agentes económicos y culturales participando en seminarios y simposios. Simplemente considero que este sorprendente nivel de actividad solamente se generará si existe competencia entre las ciudades.

Ahora Alemania presentará dos o más ciudades ante el jurado, de las cuales solo una podrá salir elegida. Pero las demás ciudades candidatas han despertado un gran entusiasmo en su ciudad, en su Estado federado y en su zona circundante. Por eso creo que este es el buen camino.

Simplemente quisiera pedir que en el futuro el jurado preste más atención a lo que podría denominarse el efecto baliza de estas ciudades. Las ciudades europeas son las balizas de nuestra historia y de nuestra diversidad cultural. Cada capital cultural debería destacar esto especialmente mediante la organización de numerosos actos diversos, no solo en apoyo de las tradiciones nacionales y el turismo, sino también para destacar realmente la diversidad cultural. Espero que el señor Comisario tenga en cuenta estos comentarios en sus nuevas propuestas, incluidas las relativas al proceso de selección.

  Hegyi (PSE), en nombre del Grupo del PSE. – (EN) Señor Presidente, en general acojo con satisfacción el excelente informe de la señora Prets. También celebro la idea de ampliar la iniciativa de la Capital europea de la cultura para incluir a los nuevos Estados miembros. Puede que algunas personas piensen que sería mejor tener solo una Capital de la cultura al año, alternándose anualmente entre la UE de los 15 antiguos Estados miembros y la UE de los 10 nuevos Estados miembros. De esta manera, podríamos asegurarnos de que todos los acontecimientos se concentraran en una sola ciudad. Sería una solución lógica, pero muchos antiguos Estados miembros ya han estado esperando desde hace mucho tiempo para gozar del prestigio y tener la posibilidad de tener una Capital de la cultura.

Deberíamos acoger con satisfacción esta duplicación de las posibilidades, siempre que se cumpla una condición crucial: las dos capitales deberán ser iguales en todos los aspectos, incluida la financiación. Esto es responsabilidad de la Comisión, de los Gobiernos y de los Ayuntamientos, así como de los medios de comunicación. Le pido encarecidamente que entienda esta preocupación y tome todas las medidas posibles para garantizar la igualdad en términos reales. Tener capitales de la cultura de primera y segunda clase podría destruir toda la idea y sería una fuente de frustración e indignación.

En 2010, Hungría y Alemania organizarán y aportarán sendas sedes para la Capital europea de la cultura. En Hungría, 11 ciudades compiten por esta maravillosa oportunidad de lucirse ante Europa. Mi ciudad natal, Budapest, es una de las candidatas. Francamente, Budapest, incluso sin un título, es una de las capitales de la cultura permanentes con su vida cultural floreciente, pero esta posibilidad representará una ocasión especial.

Es asombroso ver que en todas las 11 ciudades húngaras los políticos locales, las ONG, jóvenes y viejos participen muy activamente en la causa común de la competición. De esta manera, la propia competición ofrece una oportunidad para actividades culturales comunes en todas las ciudades que compiten. Mientras haya igualdad entre las dos capitales, acojo con satisfacción la iniciativa y el informe.

  Trüpel (Verts/ALE), en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, quisiera manifestar mi acuerdo con los anteriores oradores y destacar que el programa de la Capital europea de la cultura ha sido un éxito hasta ahora. Siempre pueden encontrarse aspectos concretos en los que las cosas podrían hacerse todavía mejor, pero en general hemos observado que en el caso de todas estas ciudades el proceso de comprensión de sí mismas –con reuniones por toda Europa que les han abierto los ojos a los horizontes europeos– ha contribuido a reforzar no solo la identidad de estas ciudades, sino también un nuevo entendimiento dentro de Europa.

La señora Pack estaba en lo cierto al decir que ahora reconocemos que fue un error no incluir a Europa Oriental en la decisión adoptada en 1999. Por eso es justo que ahora corrijamos ese error y dispongamos un nuevo sistema a partir de 2009, en virtud del cual no se incluirá a un único país de los viejos Estados miembros, sino también a una ciudad de uno de los Estados miembros de Europa Oriental.

Estoy firmemente convencida de que esta tensión entre Europa Occidental y Oriental generará excelentes proyectos de colaboración. También debemos tener presente que se está creando algo similar a una nueva identidad cultural colectiva en cada ciudad. Europa no tiene una única alma, sino muchas, y esto es lo que deben demostrar las capitales culturales europeas en los próximos años. Por ese motivo estoy de acuerdo con las propuestas planteadas por la señora Prets, con respecto a los recursos y a la claridad en la selección y candidatura de estas ciudades.

  Markov (GUE/NGL), en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, mi Grupo respalda esta posición común del Consejo a pesar de sus evidentes carencias, ya que creemos que sienta las bases para la creación de un sistema de financiación justo y porque también resuelve el problema referido por los anteriores oradores: hasta ahora no hay nada previsto con respecto a los Estados miembros de la Unión Europea.

El título de Capital europea de la cultura ofrece una buena oportunidad a las ciudades europeas y a sus ciudadanos de darse a conocer en toda Europa, además de mostrar sus logros y méritos culturales, científicos, arquitectónicos e históricos. En el marco de su candidatura a capital cultural, numerosas ciudades han promovido su propio plan de desarrollo, y estos planes, independientemente de si estas ciudades han resultado elegidas después por sus países o no, dan un enorme impulso al desarrollo. Esto las lleva a invertir en su infraestructura y a la restauración, la modernización y la renovación. Además, supone crear oportunidades para el desarrollo suplementario del turismo, oportunidades que después proporcionan también a estas ciudades un mayor potencial para el desarrollo y una oportunidad de presentarse con una imagen atractiva.

Si ponemos como ejemplo a Alemania, país en el que 10 ciudades son candidatas para 2010, incluida Potsdam, capital de mi Estado federado, Brandemburgo, ya ahora, en 2005, puede verse el compromiso de que hacen gala los Estados federados en su labor de presentación de estas ciudades durante el periodo de preselección.

Quisiera añadir una observación sobre la propuesta relativa a los futuros certámenes. Puedo muy bien imaginar que sería posible que cada país al que corresponde el turno proponga por lo menos a dos ciudades. Sin embargo, no creo que sea buena idea proponer a cinco, seis, siete u ocho ciudades, pues esto sería demasiado. Sin embargo, lo que necesitamos son criterios de preselección idénticos en los Estados miembros y en la Unión Europea, lo que implicaría que el jurado tendría que trabajar conforme a los mismos criterios. Creo que esto es sumamente importante y por lo tanto debemos profundizar en esta idea. El título de «Capital europea de la cultura» es enormemente importante para muchas ciudades.

  Karatzaferis (IND/DEM), en nombre del Grupo IND/DEM. – (EL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la idea de una capital de la cultura es quizás la mejor que hay en el marco de la Unión Europea. Es la idea de una famosa actriz y Ministra griega de Cultura que, en su canción ganadora de un Oscar, «Never on Sunday», hizo del Pireo la capital cultural del mundo durante la década de los sesenta.

Creo que la cultura es el principal producto de Europa, por delante de la economía, el ejército y la diplomacia. Señor Comisario, haga historia con la propuesta que voy a plantearle. Hagamos de la «ciudad muerta» de Ammohostos la capital de la cultura del año que viene, la única ciudad muerta de nuestro continente, nuestro continente de grandes civilizaciones, de la civilización micénica, de la civilización minoica, de la civilización romana. Ammohostos ha sido una ciudad muerta durante 30 años y es la única ciudad muerta del mundo. Hagámosla capital de la cultura, infundamos vida en una ciudad a la que la barbarie se la ha arrebatado. Convirtámosla en capital de la cultura y ganemos allí donde han fracasado todos los planes, incluso el plan Annan hace unos meses. Si convertimos Ammohostos en capital de la cultura, podrán ver a un estudiante chipriota griego desfilando en procesión junto a un estudiante turcochipriota y todos podremos estar orgullosos. Estaremos orgullosos porque llevaremos la paz y la vida a la más bella ciudad del Mediterráneo. Es una buena idea: que tomemos decisiones allí donde la diplomacia no puede, que tomemos decisiones allí donde la negación es especialmente angustiante. Demos un significado real a esta iniciativa. Se trata de una cuestión importante: el señor Figel infunde vida a esta ciudad y un día la plaza principal cambiará de nombre para llamarse Plaza Jean Figel. Trate de ayudarnos a hacer realidad esta idea.

  Crowley (UEN), en nombre del Grupo UEN. – (EN) Señor Presidente, quiero felicitar a la ponente por su labor en torno a este asunto en particular y también agradecer al Comisario por adelantado su labor y asistencia continuadas en la promoción de un aspecto muy importante de la vida de la Unión Europea: el tema de la cultura.

Hoy hablo como representante de una ciudad de Irlanda que es la actual Capital de la cultura: Cork. Después de estudiar el asunto con ahínco durante los últimos siete años antes de presentar la candidatura de Cork, una de las principales cuestiones que creímos que era importante al designar a una ciudad como Capital de la cultura era que permitía una mayor comprensión de la diversidad de culturas y tradiciones que existe en la Unión Europea. Tras la última ampliación, esta diversidad es incluso mayor y se ha expandido a todo el continente. Por este motivo acojo con especial satisfacción la decisión de tener dos capitales de la cultura que operen en el este y el oeste, por decirlo así, del continente.

Un elemento clave que falta con respecto a la estructura general es la ayuda económica disponible para las ciudades a fin de emprender las obras de infraestructura necesarias para satisfacer les exigencias que conlleva la categoría de Capital de la cultura. Naturalmente, los Gobiernos y las entidades locales pueden proporcionar fondos a sus propias ciudades, pero existe una dimensión europea más amplia que requiere una financiación adicional a escala europea.

Lo último que quiero decir con respecto a estas capitales de la cultura es que cuando hablamos acerca de la cultura no solo pensamos en términos intelectuales de orquestras clásicas, ballet y música, si bien, por supuesto, también deben incluirse, sino que también reconocemos las antiguas culturas y tradiciones que existen en cada uno de los Estados miembros.

  Hennicot-Schoepges (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, si bien me sumo a la crítica a la decisión del Consejo de Ministros relativa a la adhesión de los diez nuevos países, también hemos de preguntarnos si el Consejo de Ministros de Cultura todavía toma sus decisiones por unanimidad.

Dado que los países grandes, como Alemania, han querido mantener la unanimidad para todas las decisiones, hemos adoptado ahora un sistema complejo que estará lastrado –aunque espero que no– por una burocracia excesiva, que no tendrá en cuenta para nada la opinión del jurado al decidir entre ciudades candidatas. Tenemos el ejemplo de Patras, el pasado 6 de mayo, que fue designada Capital europea de la cultura para 2006 por unanimidad en el Consejo de Ministros, y ello a pesar del dictamen negativo del jurado. Por tanto, quizás se trate más de un malestar interinstitucional que supera el marco de este debate.

Quisiera felicitar a nuestra ponente, en particular por todo el beneficio financiero que ha aportado. Se trata desde luego de decisiones que están ahora en manos de la Comisión, que deberá incorporar nuevas ideas a sus propuestas. Sugiero a los Comisarios que tengan más en cuenta el factor movilidad, dado que la capital de la cultura brinda también la oportunidad de mostrar la cultura de otros. Debería tenerse en cuenta asimismo el valor añadido para la región, la sostenibilidad de los proyectos presentados y si se han creado las condiciones necesarias.

Luxemburgo es un poco la excepción a las críticas de la señora Pack, puesto que hemos incluido ya para 2007 la ciudad de Sibiu –una ciudad de otro país, Rumanía, un país candidato– como ciudad colaboradora. Luxemburgo ha ampliado su proyecto a toda la región: Sarre, Renania-Palatinado, Valonia, Lorena y la comunidad germanoparlante de Bélgica, es decir, cinco regiones y tres lenguas diferentes. Por tanto, el análisis de los logros de «Luxemburgo, capital de la cultura 2007», basados en un concepto de cultura en una gran región, con el fin de promover la cohesión entre los ciudadanos, ofrecerá también una imagen del futuro. Gracias, señor Comisario, por su atención en este terreno.

  Paasilinna (PSE). – (FI) Señor Presidente, Señorías, agradezco el excelente trabajo realizado. Durante sus 20 años de historia, el proyecto de la Capital de la cultura ha demostrado ser un éxito. En numerosas ciudades se han implicado personas que de otra forma no habrían participado. Por lo tanto, bajar el umbral y ampliar el escenario cultural es positivo.

Sin embargo, ¿por qué no ampliamos el alcance de la idea de la capital de la cultura? En la actualidad, el 70 % de nosotros vivimos en ciudades. La ciudad es nuestro entorno cultural más próximo. Sin embargo, demasiado a menudo las ciudades se han construido como nudos de tráfico, con lo que los niveles de ruido y contaminación alcanzan proporciones inhumanas. La mayoría de los centroeuropeos deben convivir con la permanente contaminación acústica.

El ruido y la contaminación se han convertido en importantes factores culturales. Señor Comisario, las ciudades deberían convertirse en centros culturales de una economía basada en el conocimiento, de acuerdo con la Estrategia de Lisboa. Estamos evolucionando hacia una sociedad cultural respaldada por redes digitales. Es poco probable que se desarrolle una Capital de la cultura alrededor de una terminal de camiones. Por este motivo, espero que en el futuro la capital de la cultura organice seminarios de desarrollo y concursos de planificación para las ciudades de hoy y de mañana. Deberían construirse modelos que indiquen cómo debería ser una ciudad en la sociedad de la cultura en red.

Nuestras ciudades se han desarrollado como nudos de tráfico que datan de la edad media, pero ese período acabó hace siglos. Ahora vivimos en un entorno digital global conectado en red. Un entorno digital global conectado en red. ¿No debería implicar esto un cambio de naturaleza de las ciudades y sus culturas, así como de los modelos que presentamos de las mismas? ¿Qué opina usted, señor Comisario Figel, estamos avanzando hacia el futuro?

  Graça Moura (PPE-DE). – (PT) Señor Presidente, señor Comisario, en un momento de la historia en que cada vez es más importante que los europeos se conozcan mejor unos a otros desde el punto de vista de la diversidad cultural y humana, el programa de la Capital europea de la cultura constituye un método muy eficaz para conseguir este objetivo.

El crecimiento de Europa tras la última ampliación justifica claramente la idea de designar dos Capitales europeas de la cultura cada año. Sin embargo, como ha señalado el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, la financiación comunitaria debe ser justa y suficiente.

El título de Capital europea de la cultura es muy prestigioso, pero no se espera que la ciudad en cuestión destine la financiación de la Capital europea de la cultura aportada por la Comunidad a la regeneración urbana ni a otras obras de este tipo. Se trata de que los fondos específicamente asignados al programa ayuden a destacar su papel como ciudad europea y como centro cultural. Tampoco se trata de que la capitalidad cultural europea se convierta en otro festival internacional, por muy significativo que pueda ser.

Lo que sí esperamos es que se ofrezca a los visitantes una imagen estimulante, exacta y viva de la ciudad designada que abre sus puertas. Esta imagen debe ofrecer una contribución rica a la cultura europea, así como a la relación de Europa con el mundo, que dé a conocer los valores y la historia particulares de la ciudad, de su patrimonio espiritual y material, de sus tradiciones y costumbres, además del carácter único de su población, es decir, el lado humano de la ciudad.

Respaldo el informe de la señora Prets y, en general, lo que han dicho los oradores anteriores. También quisiera sugerir que la Comisión tenga en cuenta estos comentarios en la revisión que realizará en 2005.

  Sonik (PPE-DE).   (PL) Señor Presidente, la Capital europea de la cultura es uno de los programas más comprensibles y visibles de todos los destinados a promover la idea de una Europa común. En un momento en el que constantemente se nos recuerda la falta de interés del público por los asuntos europeos y en el que la idea de una Europa común solamente se asocia cada vez más a menudo con deudas y aburridos debates sobre algún aspecto técnico o sobre el modo en que se organizan las instituciones europeas, el proyecto de la Capital de la cultura constituye una loable excepción.

Cualquiera que haya estado en Lille el año pasado, en el que la ciudad ostentó el título de Capital europea de la cultura, o que haya estado en Cracovia, que compartió el título de Capital de la cultura con otras ocho ciudades europeas en 2000, o en muchas otras Capitales de la cultura, habrá observado sin duda el enorme interés del público de Europa y el gran entusiasmo demostrado por muchos ciudadanos para participar en notables actos culturales. Estas ocasiones constituyen una oportunidad para que todas las personas críticas con la integración europea puedan ver el entusiasmo, la alegría y la expectación con los que el público acoge los actos culturales extraordinarios inspirados en la búsqueda de las raíces comunes europeas.

En las Capitales europeas de la cultura se produce un animado y genuino diálogo, y es aquí donde deberían buscar la inspiración aquellos que están cansados de su labor de construir una comunidad en nuestro continente desde la Rond-Point Schuman. El valor fundamental de esta iniciativa reside en el hecho de que no fue resultado de una propuesta oficial y que no fue el sueño de algún burócrata de Bruselas. Se planteó en Atenas hace 20 años como una idea espontánea y posteriormente fue adoptada por otras ciudades europeas. Aunque en la actualidad no existen planes al respecto, en las perspectivas financieras 2007-2013 debería preverse un presupuesto especial e independiente para respaldar esta idea.

Me sorprendió saber que la Red de Ciudades Europeas de la Cultura y los Meses Culturales (ECCM) fue la única de varias docenas de organizaciones que no recibió fondos de la Comisión Europea. Esta organización especializada agrupa a gestores con experiencia encargados de poner en práctica la iniciativa en sus países, y quisiera que este descuido se corrigiese. Dado que la iniciativa ha existido durante 20 años, ya es hora de que la Comisión Europea le proporcione una importante financiación para el futuro y que otorgue la debida consideración a la experiencia de los anteriores organizadores. La UE debería prestar apoyo técnico y artístico para ayudar a las personas encargadas de la organización de las próximas celebraciones de la Europa común y sus Capitales Culturales durante los próximos años.

  Novak (PPE-DE). (SL) Celebro la propuesta por la cual a partir de 2009 los nuevos Estados miembros de la Unión Europea también tendrán la oportunidad de presentarse como candidatos al certamen de la Capital europea de la cultura. En mi país, Eslovenia, el 8 de febrero celebramos una festividad cultural y también es una fiesta nacional. En ese día, las visitas a exposiciones y museos son gratuitas y se celebran numerosos actos culturales. Sin embargo, no son pocos los eslovenos que también afirman que la cultura es simplemente algo superfluo e innecesario, ya que no genera dinero de forma directa. Sin embargo, al menos durante este día festivo, nos ocupamos más intensamente de la importancia y el valor de la cultura y asistimos a actos a los que normalmente no encontraríamos tiempo para acudir.

Es precisamente gracias a la conservación de su patrimonio cultural y de su idioma que la nación eslovena, de tan solo dos millones de habitantes, sobrevivió a toda la devastación de las guerras mundiales y a las aspiraciones de las naciones vecinas de borrarnos del mapa étnico de Europa. En una Europa cultural y étnicamente diversa es especialmente importante que establezcamos puentes entre nosotros. Nuestro principio debe ser y debe seguir siendo la conservación de la cultura propia y el disfrute de la diversidad y la riqueza de otras naciones, ya que la cultura es el vínculo menos molesto entre naciones que desean vivir en paz y cooperación mutua.

La Capital europea de la cultura permite que forjemos estos vínculos entre nosotros. Al mismo tiempo ofrece la posibilidad a cada anfitrión de hacer importantes inversiones en equipamientos culturales y en proyectos con efectos positivos a largo plazo.

  Figeľ, Comisión. (EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias a los diputados por sus expresiones de apoyo tanto en nombre de su Grupo como a título individual. Esto es positivo para la cultura europea, para la Unión Europea y para el futuro de Europa.

El señor Paasilinna ha preguntado si regresamos al pasado o avanzamos hacia el futuro. Es preciso adaptar la decisión de 1999 para tener en cuenta la situación en la nueva Unión ampliada. Se trata de cultura, y no tanto de geografía o de economía. También conviene preparar la adhesión de Bulgaria y Rumanía para no encender una nueva disputa sobre si los nuevos países miembros se incluyen en esta cooperación o se les da un trato especial. También conviene establecer mecanismos para el futuro en lo que se refiere a la financiación, la selección de la ciudad y los criterios del jurado. Tenemos que hacerlo para promover la dimensión europea y muchas otras cuestiones que o bien ya se han planteado o se debatirán en una etapa posterior.

Quiero asegurarles que ya podemos ver un valor añadido: Alemania cuenta con diez ciudades candidatas y Hungría con once. Incluso antes de tomar una decisión, este proceso está generando una gran actividad cultural y una creciente conciencia de que la cultura es importante y que tiene una dimensión europea. Me complace que exista un alto grado de comprensión por la decisión en esta cuestión. Seguiremos colaborando con la ponente, la comisión y el Parlamento en su conjunto para realizar nuevas mejoras.

El espíritu de cooperación tiene que ser más bien amplio. Hay que ver la cultura como una relación entre pueblos y naciones y todas sus antiguas tradiciones. Tal como han mencionado el señor Graça Moura y el señor Crowley, hay que tener en cuenta el patrimonio arquitectónico y espiritual y la dimensión humana. Las ciudades no deben ser consideradas simples centros neurálgicos para el transporte: son lugares para vivir y para la cultura.

Me gustaría agradecer a los diputados su respuesta positiva y su apoyo. Espero con interés el trabajo en torno a las nuevas mejoras en el futuro.

  El Presidente. Muchas gracias, señor Comisario. Este punto del orden del día queda así sustanciado y lo votaremos a las 12.00 horas.

6. Medio ambiente y salud (2004-2010)

  El Presidente. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el debate del informe de la señora Ries sobre el Plan de Acción Europeo de Medio Ambiente y de Salud.

  Ries (ALDE), ponente. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, antes de nada quisiera dar las gracias encarecidamente a todos los diputados y diputadas que han manifestado un gran interés por este importante tema. Daré las gracias en primer lugar a los ponentes alternativos, el señor Trakatellis, la señora Corbey, el señor Staes y la señora De Bruñí, y después, por supuesto, a todos los diputados y diputadas que me han prestado su valiosa ayuda en la elaboración de este informe. Aprecio su ayuda.

El debate ha sido intenso en todos los Grupos políticos, y diré que ha estado a la altura de los retos y las expectativas. El 89 % de los ciudadanos europeos se declaran especialmente preocupados por el impacto del entorno sobre su salud, y con razón. Las cifras son reveladoras, y solo mencionaré algunas: una sexta parte de las muertes y enfermedades infantiles en Europa puede atribuirse a factores ambientales; la incidencia de enfermedades alérgicas respiratorias se ha duplicado en los últimos veinte años y afectan hoy a uno de cada siete niños; cerca del 10 % de los trabajadores están expuestos a sustancias cancerígenas; el 14 % de las parejas acuden a la consulta por dificultades para concebir. Podría mencionar más cifras y ejemplos, y de hecho los diputados a esta Cámara no han dejado de hacerlo en el curso de los debates.

La Comisión Europea respondió a estas cifras en junio de 2003 lanzando la estrategia SCALE en materia de medio ambiente y salud, sigla que representa las palabras inglesas Science, Children, Awareness, Legal instruments y Evaluation (ciencia, infancia, conciencia, instrumentos jurídicos y evaluación). Esta iniciativa ha suscitado muchas esperanzas, bien resumidas en las declaraciones de Margot Wallström en el debate que mantuvimos en el pleno el mes de marzo del año pasado. La cito: «Existen determinados ámbitos en los que no podemos arriesgarnos a esperar hasta tener un conocimiento completo, sino que tenemos que actuar de acuerdo con el principio de precaución y así vamos a proceder».

Esta estrategia europea debía servir de rampa de lanzamiento del presente plan de acción, del que soy ponente, pero no ha sido así. Este plan de acción, desde mi punto de vista, no responde a su nombre. Sería más exacto calificarlo de programa de evaluación del efecto global del medio ambiente sobre la salud. Por supuesto, se indican una serie de pistas interesantes, que cabe mencionar y retener. Citaré, en particular, las acciones de sensibilización sobre los riesgos que corren los ciudadanos, la formación de expertos en salud y medio ambiente –de los que hay demasiados pocos– y la instauración de una biovigilancia a escala europea. Entiendo que hay muchas iniciativas interesantes, pero estas no alcanzan a disipar esa sensación de insuficiencia que me invadió al leer la Comunicación de la Comisión.

Me choca que un enfoque que convierte el paradigma del siglo XXI en prueba científica absoluta atente contra el principio de cautela. Los 52 Ministros europeos de Medio Ambiente y Sanidad que se reunieron en Budapest el pasado mes de junio en el marco de la conferencia sobre el tema «El futuro de nuestros hijos» así lo entendieron, haciendo hincapié en el equilibrio, el delicado pero necesario equilibrio, entre más investigación y la urgente necesidad de tomar medidas preventivas para proteger la salud. Ese es el equilibrio que debemos tratar de establecer aquí.

Por ello, la exposición a las sustancias químicas peligrosas es una de las prioridades de este informe. Más concretamente, en el punto 6, pedimos la aplicación del principio de cautela a toda una serie de sustancias nocivas para la salud, en particular determinados metales pesados, como el mercurio y el cadmio, seis productos de la familia de los ftalatos utilizados en los plásticos de PVC y cuatro insecticidas sospechosos de ser, entre otras cosas, perturbadores del sistema endocrino y causantes de malformaciones graves.

Reforzar este plan europeo también implica inspirarse en acciones ambiciosas que se han aplicado ya en los Estados miembros y tener éxito. Las menciono en los puntos 23 y 28 de la resolución.

Asimismo celebro que los diputados a esta Cámara apoyen el enfoque que he adoptado y que pretende situar a los niños en el centro de este Plan de Acción, incluida la solicitud a la Comisión de que lleve a cabo un estudio epidemiológico de la infancia desde el nacimiento hasta los 18 años de edad.

Otro aspecto crucial es la lucha contra el tabaquismo pasivo. La Comisión ha tenido en cuenta esta preocupación, lo cual nos complace. Desea clasificar el humo del tabaco en el medio ambiente como agente cancerígeno de clase 1. Seamos claros al respecto: en lo que a mí respecta, no hay que suavizar de ningún modo el mensaje que transmitimos a los ciudadanos y que es objeto del punto 20 de la resolución. El humo del tabaco mata tanto a los fumadores como a los no fumadores. Solo en Bélgica se registran cada año 2 000 víctimas del tabaquismo pasivo, es decir, las mismas que en accidentes de tráfico.

En conclusión, espero que la Comisión Europea se muestre ambiciosa en la aplicación de este plan de acción para los seis próximos años. No dudo, señor Dimas, de que trabajará usted mano a mano con su colega, el señor Kyprianou, para garantizar la necesaria complementariedad entre el plan de acción y el programa europeo de salud pública. Por supuesto, puede contar con nuestro apoyo en el Parlamento para obtener una financiación acorde con los retos que acabo de indicar, tanto en el séptimo programa marco de investigación como en el capítulo 4 de las perspectivas financieras.

Por otra parte, espero que esté usted a favor de que sus servicios elaboren un libro verde sobre la contaminación en el interior de los edificios, desde las guarderías hasta las viviendas, pasando por las escuelas, y que sigue siendo el pariente pobre de la legislación medioambiental. Todo esto para decir que Europa debe aprender de los escándalos del tabaquismo y del amianto, por citar solo dos. Europa ha emprendida una auténtica carrera contra el tiempo y contra todas las formas de contaminación. Señor Comisario, tenemos el deber, la Comisión y el Parlamento, de asegurar que la salud de los ciudadanos –de todos los ciudadanos– prevalezca sobre otras consideraciones.

  Dimas, miembro de la Comisión. (EL) Señor Presidente, Señorías, refrendo totalmente lo que ha dicho la señora Ries al final, que los vínculos entre el medio ambiente y la salud constituyen una prioridad especialmente importante para la Comisión Europea y para Europa. Por eso agradezco la ayuda de su comisión en la elaboración del informe que hoy estamos debatiendo. Quisiera dar las gracias especialmente a la señora Ries por todos sus esfuerzos constructivos por mejorar el contenido del informe, de forma que el texto definitivo constituya una base sustancial y útil para el debate futuro.

Para empezar, quisiera reiterar el objetivo del plan de acción adoptado el pasado mes de junio. No debemos olvidar que no partimos de cero. En efecto, después de haber reconocido hace un tiempo que la protección del medio ambiente contribuye a mejorar la salud, ya hemos hecho muchas cosas en este sector. La futura legislación sobre el medio ambiente y otras materias, incluidas las propuestas y medidas de REACH que se adoptarán en del marco de las estrategias temáticas, serán incluso más útiles para resolver los problemas pendientes.

Respecto a los problemas actuales, son muchas las medidas que se están adoptando para mejorar la protección del medio ambiente y de la salud, y esto sin ninguna duda continuará.

El objetivo del plan de acción es seguir promoviendo esta labor y, al mismo tiempo, fijar el plan de trabajo para el futuro. De este modo se abordarán los posibles puntos débiles y se establecerá una futura política medioambiental más eficaz, más centrada y más eficiente.

En lo que respecta a las conclusiones del informe, de entrada quisiera garantizarles que el principio de cautela constituye un elemento esencial de nuestra política y, por supuesto, tenemos la intención de seguir aplicándolo en el futuro.

Por lo que respecta al control biológico, estamos de acuerdo. De hecho, puede ser un elemento esencial de nuestra política para la evaluación de riesgos, tal como sugiere el informe. Estudiaremos esta perspectiva en detalle. Sin embargo, la Comisión desearía examinar detenidamente todos los aspectos del problema, tanto técnicos como financieros, dada la experiencia adquirida de terceros países, como los Estados Unidos. Hay que tener presente que el coste es muy elevado.

Asimismo estamos de acuerdo con respecto al aire en el interior de los edificios. Se examinará la posibilidad de desarrollar una estrategia y un plan de investigación sobre este tema, de forma que se puedan detectar los problemas de interés y proponer posibles modos de afrontarlos.

Si queremos aplicar las medidas que recoge el plan de acción, hay que abordar el tema de la financiación, tal como ha dicho y subrayado con razón la señora Ries. Coincido en que esto es necesario para asegurar la aplicación eficiente del plan. Hasta 2007, la Comisión financiará los presupuestos de las cuatro Direcciones Generales implicadas, del programa en el sector de la salud pública y del Sexto Programa Marco de Investigación. A partir de 2007 habrá nuevas rúbricas disponibles en el marco de las nuevas perspectivas financieras. La Comisión está realizando intensas consultas en torno a los detalles de la aplicación de las diversas medidas incluidas en el plan de acción.

Otro aspecto especialmente importante que es necesario para la aplicación del plan de acción es la presentación regular de informes al Parlamento Europeo. Por supuesto, la Comisión informará a la correspondiente comisión parlamentaria sobre el avance del plan de acción con la mayor regularidad posible. Por supuesto, puede que a corto plazo no sea posible avanzar en determinadas cuestiones como la eficiencia y la relación entre coste y beneficio. Dentro de este marco, simplemente no existen todos los datos ni la información necesaria. Sin embargo, será posible contar con informes más detallados tan pronto el sistema de información integrado esté establecido y funcione.

En lo que respecta a la prohibición de sustancias, tema del que ha hablado anteriormente la señora Ries, las sustancias peligrosas son una cuestión que preocupa especialmente a la Comisión. Sin embargo, el plan de acción no constituye el marco más adecuado para debatir posibles prohibiciones. Ya hemos establecido procedimientos para la evaluación y la reducción del riesgo de muchas de estas sustancias. Estos procedimientos que, como he dicho, ya existen, seguirán avanzando paralelamente al plan de acción. La Comisión está examinando detenidamente la propuesta del informe para aumentar el número de prioridades del plan de acción. Sin embargo, aumentar el número de prioridades mermará la concreción y los resultados del plan de acción. Por ello sería preferible limitar las prioridades a las que se proponen en el mismo, que se han definido en estrecha colaboración con 300 expertos y agencias implicadas. Por eso, basándonos en la contribución de estos 300 expertos, no nos hemos limitado a centrarnos únicamente en los niños, porque hay cuestiones directamente relacionadas y por lo tanto debemos examinar a adultos.

Para concluir, quisiera destacar que si se quiere aplicar efectivamente el plan de acción, es necesaria una cooperación estrecha y activa con todas las agencias implicadas. Por ese motivo quisiera dar las gracias una vez más a la señora Ries y al Parlamento Europeo por su importante contribución en este sector. Nuestro objetivo común consiste en promover medidas europeas más sólidas para la mejora de la salud y la protección medioambiental para todos los europeos, para Europa y para el mundo.

  Schnellhardt (PPE-DE), en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, Señorías, el Plan de Acción Europeo de Medio Ambiente y Salud 2004-2010 que tenemos hoy ante nosotros, junto con las propuestas de nuestra ponente, la señora Ries, está a la altura de las importantes exigencias que planteamos con respecto al mismo. Sus numerosos proyectos son susceptibles de mejorar de forma significativa nuestro conocimiento del impacto ambiental sobre la salud, y así proporcionarnos bases científicas más sólidas para nuestro proceso legislativo. Por otra parte, podría permitir que nuestra legislación fuese preventiva, lo que quizás es todavía mejor. A lo mejor soy demasiado optimista respecto a esta cuestión, pero todos necesitamos tener sueños.

Algunos proyectos se habrán realizado sin duda para 2010. Por ejemplo, pienso en una mejor coordinación entre los Estados miembros en el campo del medio ambiente y la salud, cosa que debió haberse resuelto en la Unión Europea hace mucho tiempo. Sin embargo, muchas de las medidas se prolongan más allá de 2010. La relación entre la humanidad y el medio ambiente está sometida a un constante cambio y a menudo requiere nuevas acciones y reacciones. Creo que ahora deberíamos tomar medidas para garantizar que este plan de acción no termine en 2010.

Sin embargo, el plan de acción solamente tendrá éxito si no lo aplicamos de forma aislada con respecto a las presiones y procesos económicos necesarios y al estilo de vida de los ciudadanos. Solamente tendrá éxito si controlamos los resultados de la investigación respecto a su validez general en lugar de tratar al mundo como un laboratorio. Nuestras medidas deben estar basadas en análisis de riesgos y no en la ideología.

Sin duda el apartado 5 de la resolución que contiene el informe responde a buenas intenciones, pero incluso el principio de cautela solamente puede aplicarse si existe un riesgo apreciable y hallazgos sólidos. Legislar sembrando el pánico no es a ciencia cierta el camino que debemos seguir y no puedo tomarme esto en serio.

Lo mismo se aplica a las sustancias que se enumeran en el apartado 6, que deben ser sustituidas por otras. Estoy de acuerdo con el señor Comisario en que esto sería contrario al principio del plan de acción, ya que no deberíamos concentrarnos en aspectos contemplados en las normativas de la UE, como es el caso del programa REACH. Aparte del hecho de que los sustitutos disponibles son costosos, también sabemos muy poco sobre los riesgos de la exposición a estos. Por eso debemos sopesar las cosas detenidamente.

Respecto al tabaquismo, coincido totalmente con el señor Comisario: no compete a la Unión Europea dictar leyes en este terreno, sino que deberíamos animar a los Estados miembros a que avancen en la buena dirección.

(Aplausos)

  Corbey (PSE), en nombre del Grupo del PSE. – (NL) Señor Presidente, ante todo quisiera dar las gracias y felicitar a la señora Ries, que ha hecho un importante trabajo para dar sustancia al Plan de Acción de Medio Ambiente y Salud de forma más efectiva. El propio programa de acción es decepcionante. Pese a que, por supuesto, reconozco la necesidad de investigar, un plan de acción también requiere medidas enérgicas para afrontar los problemas de salud, y estas medidas no se contemplan. Durante las últimas semanas, nuestros debates se han centrado en sustancias peligrosas y las condiciones en las que pueden o deben retirarse del mercado. Los agentes suavizantes de los juguetes son los más destacados, pero también hay otras sustancias que se cuestionan. Aunque nuestro Grupo aceptó el texto tal como fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, lo que realmente queríamos era un planteamiento más estricto. Si una sustancia es peligrosa, hay que retirarla del mercado sin demora y sin esperar alternativas seguras.

El segundo tema de debate era el tabaquismo. El humo del tabaco tiene un efecto devastador en la salud de los fumadores pasivos. Por lo tanto, demandamos una política activa para prohibir el consumo de tabaco en lugares públicos. Instamos a todos los Estados miembros a que se inspiren con el ejemplo irlandés e italiano. El informe sobre salud y medio ambiente es de actualidad. En particular, la contaminación atmosférica es un importante problema en Europa. Según los cálculos y estudios encargados por la Comisión, en Europa mueren cada año prematuramente 300 000 personas debido a la contaminación atmosférica. En los Países Bajos la cifra asciende a 13 000 personas. No hace falta demasiada imaginación para suponer que las muertes se producen con más frecuencia entre las personas que viven cerca de autopistas y zonas industriales que entre quienes viven en frondosas y exclusivas zonas residenciales. Por supuesto, en los últimos 20 años, Europa ha adoptado medidas que han comportado importantes reducciones de las emisiones. El uso de los conversores catalíticos en los coches ha dado buen resultado, pero hasta la fecha son muy pocos los esfuerzos realizados y las estadísticas son alarmantes. ¿Qué hacer? Desde luego, en primer lugar debemos observar mejor la legislación existente, pero podemos y debemos hacer más. Por ejemplo, ¿dónde están los filtros de hollín de los coches? También deberíamos cuestionarnos si los límites y los valores límite de la legislación son adecuados. En el informe «Señales 2004», la Agencia Europea de Medio Ambiente apuntó que existen cada vez más pruebas de que las concentraciones de polvo y ozono afectan a la salud en niveles inferiores a los actuales valores de protección de la salud. Es necesario un planteamiento europeo para proteger el medio ambiente, la salud y a los consumidores. Dentro del marco del Proceso de Lisboa, la ambiciosa política medioambiental constituye un incentivo para el desarrollo tecnológico y para impulsar la competitividad europea. Si no defendemos firmemente la calidad del medio ambiente, no solo perjudicaremos enormemente a la salud pública, sino también a la industria europea. En el salón del automóvil de Detroit, celebrado el mes pasado, se presentó un nuevo automóvil de turismo libre de emisiones, cosa nunca vista en los salones del automóvil europeos. Aquí seguimos atascados en la cuestión de a quién corresponde pagar los filtros de hollín. Prefiero una Europa ambiciosa con medidas adecuadas para proteger la salud pública, y deberíamos hacer que estos filtros de hollín fuesen obligatorios sin demora. Es cuestión de vida o muerte.

  Krahmer (ALDE), en nombre del Grupo ALDE. – (DE) Señor Presidente, Señorías, espero que puedan oírme a pesar del creciente ruido de fondo. Los oradores se merecen un poco de respeto en esta Asamblea.

Este informe sobre el Plan de Acción Europeo de Medio Ambiente y Salud se centra demasiado en las sustancias químicas. Presta demasiado poca atención a muchos otros factores que tienen un efecto negativo en la salud humana. Está claro que existen riesgos asociados a las sustancias químicas, pero no tiene mucho sentido elaborar listas y estigmatizar determinadas sustancias como los ftalatos. El informe se basa en una interpretación exagerada del principio de cautela. Habla de prohibiciones directas y totales de determinadas sustancias sin basarlas en descubrimientos científicos, o sin tener en cuenta los descubrimientos científicos conocidos, como es habitual cuando se aplica el principio de cautela.

Este informe constituye otro intento de aplicar una política de riesgo nulo, de lo que denomino el «mal verde» frecuente en numerosas sociedades occidentales. Tratamos de aplicar una mentalidad aseguradora global a la protección medioambiental, olvidando que siempre existen riesgos asociados al desarrollo de una sociedad abierta. La simple existencia de un riesgo y el temor generalizado a las sustancias químicas se utilizan para justificar la demanda de prohibiciones totales.

El temor no es más que la incertidumbre que surge de la ignorancia. Si queremos luchar contra el temor debemos luchar contra la ignorancia. Para ello es necesario promover la ciencia y la investigación, y sacar las conclusiones adecuadas de lo que se ha descubierto. No deberíamos confundir los riesgos con los peligros realmente presentes. El objetivo prioritario de la política medioambiental no debería consistir en eliminar riesgos, sino identificar y eliminar peligros.

El informe también se excede en lo que respecta al humo del tabaco. Dado que el tabaco es un producto legal, deberíamos dejar de pedir una prohibición total del consumo del mismo. No depende de Europa determinar dónde se puede y dónde no se puede fumar. En el informe se solicita que el humo del tabaco se califique de carcinógeno de clase 1, indicando que tiene un efecto demostrado y directo. Quisiera recordarles que todavía no existen pruebas científicas que lo demuestren. No sugiero que se le reste importancia a los peligros del humo del tabaco para la salud, pero equiparar el tabaco a sustancias como el benceno o el amianto es populismo medioambiental.

También creo que deberíamos celebrar este debate en Bruselas, no en Estrasburgo.

  Breyer (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, preferiría hablar esta tarde o en la continuación, ya que aquí no se puede oír ni las propias palabras. No creo que sea posible intervenir en este momento.

  El Presidente. Se admite su petición. Interrumpimos el debate para pasar a las votaciones. El debate continuará esta tarde después de la pregunta oral sobre la financiación de la protección de la naturaleza, es decir, que el debate sobre este punto se reanudará sobre las cuatro de la tarde y la primera oradora será la señora Breyer.

PRESIDENCIA DEL SR. McMILLAN-SCOTT
Vicepresidente

7. Turno de votaciones

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.

Recomendación (A6-0030/2005) de la Comisión de Comercio Internacional sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición de la Comunidad Europea sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre homologación de vehículos respecto al emplazamiento e identificación de mandos manuales, testigos e indicadores (ponente: Enrique Barón Crespo)

(El Parlamento aprueba el texto)

Recomendación (A6-0028/2005) de la Comisión de Comercio Internacional sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición de la Comunidad Europea sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas referente a la homologación de los sistemas de calefacción y de los vehículos en relación con su sistema de calefacción (ponente: Enrique Barón Crespo)

(El Parlamento aprueba el texto)

Recomendación (A6-0009/2005) de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre la propuesta de Decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la celebración del Protocolo Adicional al Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Rumanía, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca (ponente: Elmar Brok)

(El Parlamento aprueba el texto)

Recomendación (A6-0010/2005) de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre la propuesta de Decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la celebración del Protocolo Adicional al Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca (ponente: Elmar Brok)

(El Parlamento aprueba el texto)

Informe (A6-0018/2005) de Nikolaos Sifunakis, en nombre de la Comisión de Cultura y Educación, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza en el ámbito audiovisual, por el que se establecen las condiciones para la participación de la Confederación Suiza en los programas comunitarios MEDIA Plus y MEDIA Formación, y de un Acta Final

(El Parlamento aprueba el texto)

Informe (A6-0006/2005) de Klaus-Heiner Lehne, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre la demanda de amparo de la inmunidad y los privilegios de Koldo Gorostiaga

(El Parlamento aprueba el texto)

Informe (A6-0023/2005) de Margarita Starkevičiūtė, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1165/98 del Consejo sobre las estadísticas coyunturales

Antes de la votación:

  Starkevičiūtė (ALDE), ponente. – (LT) Gracias, señor Presidente, quisiera facilitar brevemente alguna información a todos los diputados al Parlamento Europeo. La estadística es una materia aburrida, pero los empresarios de sus países tendrán que elaborar numerosos informes nuevos si votan ustedes a favor de esto. Lo digo de antemano, de forma que puedan decirles ustedes qué ha hecho el Parlamento para contribuir a que muchos de estos informes estadísticos sean innecesarios. Los empresarios deberán elaborar nuevos informes estadísticos y probablemente ustedes y muchos de sus votantes tendrán preguntas. Por lo tanto, simplemente quería que supiesen qué ha hecho el Parlamento en colaboración con el Consejo y la Comisión para reducir esta carga estadística. Votamos con ustedes a favor de la introducción de los denominados esquemas de muestra europeos, conforme a los cuales solamente algunas empresas deben presentar informes; los países pequeños, con un PIB inferior al 1 % del PIB de la Unión Europea, no deberán facilitar determinados índices; por otra parte, daremos a los Gobiernos la oportunidad de utilizar recursos administrativos, es decir, registros de la seguridad social, con lo que las empresas no deberán elaborar informes adicionales. También se prevé que la Comisión Europea y los Estados miembros tengan que preparar un método para evaluar si merece la pena introducir nuevos informes estadísticos y si serían útiles para las empresas europeas y para los ciudadanos de Europa. Muchas gracias.

(El Parlamento aprueba el texto)

⁂

Informe (A6-0019/2005) de Margie Sudre, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1035/2001 por el que se establece un sistema de documentación para las capturas de Dissostichus spp.

(El Parlamento aprueba el texto)

⁂

Informe (A6-0013/2005) de Herbert Bösch, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma del Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Helvética, por otra, para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros

Antes de la votación:

  Bösch (PSE), ponente. – (DE) Señor Presidente, no tengo mucho que decir sobre el contenido de este informe; este acuerdo para la prevención del fraude satisface una petición que ha hecho esta Asamblea durante muchos años, y espero que aprobemos este acuerdo por amplia mayoría. De hecho, por primera vez tratamos aquí parte de la serie de Acuerdos Bilaterales con Suiza, y considero que la rapidez con la que hemos afrontado este asunto en esta Cámara demuestra que queremos ver cómo los resultados positivos obtenidos se transponen finalmente a la legislación.

En numerosas ocasiones hemos respaldado a la Comisión en sus esfuerzos por conseguir resultados en torno al acuerdo de prevención del fraude. Por lo tanto, nos sorprende enormemente que cuando se trata de una suma que Suiza desea transferir a los nuevos Estados miembros como contribución a la cohesión, que asciende a 1 000 millones de francos suizos, la Comisión haya planteado repentinamente la puntillosa idea de que esto debería ser objeto de un tratado internacional y que un memorando de entendimiento no es suficiente.

Quisiera señalar a la Comisión que no hemos estado negociando con una república bananera, sino con una de las más antiguas y estables democracias de Europa. Así que, para no andarnos con rodeos, lo que han hecho aquí favorece a aquellas personas de Suiza y la UE que se oponen a una relación más estrecha entre este país y las Comunidades Europeas.

(Aplausos)

Solicito a esta Asamblea que adopte una posición sobre este tema y a ustedes, en nombre de la Comisión, que lleven este mensaje de Estrasburgo a sus respectivos países.

(El Parlamento aprueba el texto)

⁂

Recomendación (A6-0014/2005) de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma y celebración, en nombre de la Comunidad Europea, de un Acuerdo de Cooperación con el Principado de Andorra (ponente: Gerardo Galeote Quecedo)

(El Parlamento aprueba el texto)

⁂

Informe (A6-0020/2005) de Antonio Di Pietro, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa al intercambio de la información de los registros de antecedentes penales

(El Parlamento aprueba el texto)

⁂

Informe (A6-0036/2005) de António Costa, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de una Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre la calidad de la justicia penal y la armonización de la legislación penal en los Estados miembros

(El Parlamento aprueba el texto)

⁂

Recomendación para segunda lectura del informe (A6-0017/2005) de la Comisión de Cultura y Educación, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión 1419/1999/CE por la que se establece una acción comunitaria en favor de la manifestación «Capital europea de la cultura» para los años 2005 a 2019 (ponente: Christa Prets)

(El Presidente declara aprobada la posición común)

⁂

Informe (A6-0024/2005) de Jonathan Evans, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el XXXIII Informe de la Comisión sobre la política de competencia - 2003

(El Parlamento aprueba la resolución)

⁂

Informe (A6-0034/2005) de Sophia in 't Veld, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público

Antes de la votación:

  In 't Veld (ALDE), ponente. – (EN) Señor Presidente, solo a efectos de información técnica con vistas a dar consistencia y coherencia al documento final: si se aprueban las enmiendas 19 y 21, habría que adaptar los demás apartados que tratan de la misma cuestión. Esto se ha debatido con representantes de otros Grupos y se trata más bien de un asunto técnico que político.

  Purvis (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, para completar lo que ha dicho la señora In ‘t Veld, esta enmienda 20 debería haber incorporado al final: «bien mediante un acto oficial que, según el Derecho de los Estados miembros, puede adoptar la forma de uno o varios actos legislativos o reglamentarios, o de un contrato». Es parte del acuerdo al que se refiere la señora In ‘t Veld. Continuando con esto, existen enmiendas orales a las modificaciones 10 y 17 y al considerando Q.

(La Asamblea da su conformidad a la enmienda oral)

  Van den Burg (PSE). – (EN) Señor Presidente, para que quede completamente claro, significa que tenemos enmiendas orales al considerando Q y al apartado 19 de este documento. No existen enmiendas escritas y se ajustan completamente al texto propuesto en las enmiendas Purvis. Han de introducirse en el considerando Q y el apartado 19.

  Lipietz (Verts/ALE). – (EN) Señor Presidente, en cuanto a este problema, he presentado una enmienda concerniente a «la autoridad pública provea». Observo que otras enmiendas –en particular la enmienda 3 del Grupo del PSE– hace una distinción entre «gestione» y «controle». Mi intención era que «provea» es un verbo equivalente a «controle» o «gestione». Por eso he presentado una enmienda oral a todas las enmiendas que se refieren al procedimiento de licitación. En cuanto a la enmienda 29 del Grupo de los Verdes, las enmiendas 32, 33 y 27 consignan «provea» un servicio público. Debe decir «provea (gestione o controle)». Proveer es gestionar o controlar.

  El Presidente. Vamos a debatir esa enmienda oral antes de empezar la votación sobre este apartado.

Señorías, me doy cuenta de que es un informe muy delicado y que se trata de una consulta previa que ofrece la Comisión. Conviene por tanto que nos tomemos el tiempo necesario para hacer las cosas bien.

  Van den Burg (PSE). – (EN) Señor Presidente, en esta cuestión hemos tenido que votar sobre una de las transacciones de este conjunto de cuatro, por lo que todo es un poco confuso. ¿Supongo que ahora hemos votado la enmienda oral de transacción del señor Purvis?

  El Presidente. En realidad, ha sido la enmienda oral de la ponente a la que no se han presentado objeciones. Hablaremos de ello cuando lleguemos a la enmienda 19.

  Van den Burg (PSE). – (EN) Señor Presidente, no, porque tiene que ver con este apartado 19 y ha de venir antes que las demás votaciones.

  In 't Veld (ALDE), ponente. – (EN) Señor Presidente, es muy complicado porque durante todo el proceso la estructura del informe resultó ser bastante compleja. Lo siento.

Esto se refiere a tres enmiendas y cinco apartados. La enmienda 20, con un añadido, acaba de ser leída por el señor Purvis. Por lo que entiendo, esto es lo que hemos votado.

Las otras dos son las enmiendas 19 y 21, también del señor Purvis, pero el contenido de estas enmiendas también se refiere al considerando Q, al apartado 19, a la modificación 10 y a la modificación 17. Puedo leer en voz alta el texto correspondiente, ya que sugeriría que en vez de leerlo cada vez, lo lea de una vez por todas, aprobemos o rechacemos todos el principio y, seguidamente, adaptemos los cuatro apartados en cuestión.

El texto de la enmienda 21, que es casi idéntica a la enmienda 19, dice lo siguiente: «La función de servicio público debe asignarse bien mediante un procedimiento de licitación justo y transparente, bien mediante un acto oficial que, según el Derecho de los Estados miembros, puede adoptar la forma de un acto legislativo o reglamentario, o de un contrato. También podrá establecerse en varios actos. El acto o la serie de actos deberá especificar, entre otras cosas:».

Es el mismo principio que el de la enmienda 19. Por consiguiente, si el Pleno aprueba este principio, también se aplicará a los cuatro apartados que he mencionado. Propongo que votemos esto en lugar de leerlo cada vez.

  Savary (PSE). – (FR) Señor Presidente, no hay objeciones en cuanto al fondo, pero no quisiera que hubiera confusiones en torno a los hechos. Esta enmienda oral se presenta cuatro veces: se refiere a las enmiendas 20, 19, 21 y 15.

Para que no haya ambigüedades, le propongo, señor Presidente, que cada vez que votemos sobre estas enmiendas, indique que se trata de enmiendas que forman parte de la enmienda oral del señor Purvis. Creo que esto disipará cualquier eventual confusión.

La enmienda oral del señor Purvis se refiere a cuatro enmiendas. Si tiene usted a bien recordarnos en cada votación la enmienda oral del señor Purvis, creo que estará más claro para la Asamblea.

  In 't Veld (ALDE). – (EN) Señor Presidente, creo que esto será complicado. De lo que se trata aquí es que hay apartados a los que no se han presentado enmiendas, pero a los que también afectará, ya que después de haber presentado las enmiendas creo que todos hemos descubierto, cuando las aprobamos, que había más apartados afectados por la misma cuestión. Ahora solo podemos votar las enmiendas, pero existirá cierta incoherencia en el documento. Lo que el señor Savary está sugiriendo no funcionará porque no se trata de las enmiendas sino que se trata de los apartados para los que no se han presentado enmiendas.

Si cuando se someta a votación la enmienda 19 y la enmienda 21, el Pleno aprueba o rechaza dos veces un principio, se aplicará por igual a estos apartados. Eso es lo que estoy diciendo.

  Savary (PSE). – (FR) Señor Presidente, no quiero complicar las cosas, pero la señora In 't Veld nos pide que votemos una sola vez sobre la enmienda del señor Purvis. No se sabrá dónde estará en el texto, pero estará.

Con toda franqueza, yo preferiría, puesto que hay cuatro enmiendas cruciales –la 20, la 19, la 21 y la 15– que se nos preguntase en cada ocasión si las aprobamos con inclusión de la enmienda oral del señor Purvis. Creo que sería más claro. Comprendo perfectamente lo que dice la señora In 't Veld, pero me gustaría que me dijera dónde va a introducir la enmienda del señor Purvis, en qué texto concretamente, pues explica que es un poco por todo el texto. Me parece confuso y no quisiera que nos equivocáramos en esta votación, porque, como usted mismo ha dicho, es un texto delicado.

  Purvis (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, espero poder ayudarle. Estoy de acuerdo con el señor Savary en que debe aplicarse a esas cuatro enmiendas, pero también estoy de acuerdo con la señora In ‘t Veld en que en cualquier lugar del informe donde existan incoherencias a raíz de la aprobación de esas enmiendas, los servicios de organización de las sesiones efectúen los ajustes pertinentes. Si esto es aceptable, podemos seguir adelante.

  El Presidente. Señor Savary, puedo asegurarle que se efectuarán los ajustes pertinentes. Así lo indicaré cuando sea de aplicación la enmienda oral. Ahora propongo someter a votación la enmienda oral.

(La Asamblea da su conformidad a la enmienda oral)

Antes de la votación de la enmienda 33:

Purvis (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, en caso de que tengamos el mismo problema que antes, este también está afectado por la enmienda oral y, por lo tanto, mi lista de votación debe decir a favor.

  In 't Veld (ALDE). – (EN) Señor Presidente, se trata de una ligera modificación de la propuesta de enmienda del Grupo del PSE y que sería la siguiente: «considerando que, con objeto de elaborar políticas basadas en hechos, la Comisión debe presentar una evaluación válida y exhaustiva del proceso de liberalización, en la que se tomen en consideración los puntos de vista de todos los interesados (usuarios, autoridades locales, empresas, etc.)».

(El Parlamento aprueba la resolución)

⁂

Informe (A6-0026/2005) de Robert Goebbels, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la situación de la economía europea - Informe preparatorio sobre las grandes orientaciones de las políticas económicas

Antes de la votación de la enmienda 23:

  Klinz (ALDE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, durante el debate del informe Goebbels en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa presentó una enmienda que fue aceptada por la mayoría en comisión, pero debido a un error no se incorporó a la versión definitiva de este informe. Por lo tanto, quisiera presentarla de nuevo como enmienda oral. Tiene que ver con la necesidad de reformas estructurales. Leeré la enmienda en inglés.

(EN) «Recomendamos que los Estados miembros lleven a cabo las reformas estructurales necesarias desde hace tiempo. En particular, la liberalización de los mercados laborales, el ajuste de los sistemas sociales a las necesidades democráticas, la simplificación de los regímenes fiscales, combinando las reducciones fiscales y un cambio en las bases de la evaluación fiscal y la eliminación de las subvenciones, de manera a aportar una mejora en el clima de inversiones como requisito esencial para el crecimiento económico. Destaca finalmente que el desarrollo de puestos de trabajo de calidad vendrá acompañado por una mejora en la productividad del trabajo en Europa.»

(Aplausos)

(El Presidente constata que más de 37 diputados rechazan la presentación de la enmienda oral)

  Goebbels (PSE), ponente. – (FR) Señor Presidente, me sorprende la conducta del señor Klinz. Pretende que su enmienda ha sido aceptada. Si fuera así, habría debido presentar una reclamación a la secretaría de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que normalmente realiza bien su trabajo. De lo contrario, habría podido presentar perfectamente una enmienda, cosa que no ha hecho. Escuchándole, parece que lo que nos propone es un nuevo informe, y pido a sus Señorías que rechacen esta enmienda oral, que no es una enmienda oral, sino una novela.

(Aplausos)

  Radwan (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, solo quisiera informar a la Asamblea de que ayer se celebró una reunión de los coordinadores en la que los coordinadores de todos los partidos, incluidos los presidentes de las comisiones, confirmaron que la enmienda que acaba de leerse había sido aceptada, pero, debido a un error de redacción, no se había incluido en el informe.

Así que en interés de la equidad deberíamos votar sobre la enmienda ahora.

  El Presidente. Si se ha aprobado la enmienda en comisión y no se han presentado enmiendas, entonces está en el texto. Solo puedo pedir a los servicios que lo verifiquen.

  Berès (PSE). – (FR) Señor Presidente, lamento que sus servicios no le hayan indicado que he pedido intervenir desde el comienzo de la intervención del señor Klinz, pues quería informar del debate que mantuvimos ayer por la tarde en la reunión de coordinadores de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.

Seré muy clara: se mencionó la enmienda de la que habla el señor Klinz e informamos del procedimiento que se había seguido, que es el procedimiento que seguimos siempre. El secretario de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios hizo su trabajo: consolidó los votos después de la votación en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y remitió el resultado a cada Grupo político para su comprobación. Hasta ahora, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa no ha considerado necesario volver a presentar la enmienda o señalar algún error material con respecto a la misma.

En estas condiciones y por respeto a la reunión de los coordinadores de ayer tarde, le pido, conforme a lo que esta Asamblea ha decidido ya, dado que cierto número de diputados se han levantado, que no tenga en cuenta esta enmienda.

  El Presidente. Tenemos que respaldar la decisión de la Cámara, que no ha dado su conformidad a la enmienda oral. Pido excusas al señor Klinz si se ha producido un error por parte de la secretaría, pero la señora Berès tiene toda la razón de que la posición estaba clara en comisión.

  Goebbels (PSE), ponente. – (FR) Señor Presidente, como ponente debo afirmar que una parte importante de mi informe ha quedado «mutilada» por una mayoría de derechas de este Parlamento, que ha votado, en particular, en contra del artículo 4 del Tratado, que pide la coordinación de las políticas económicas. Han votado ustedes en contra de los esfuerzos del Presidente en ejercicio del Consejo, el señor Juncker, por hacer del Pacto de Estabilidad algo digno, es decir, un Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pido, pues, a mis amigos que voten en contra de mi informe.

(Aplausos)

(El Parlamento aprueba el texto)

⁂

Informe (A6-0025/2005) de Othmar Karas, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre las finanzas públicas en la UEM – 2004

(El Parlamento aprueba el texto)

⁂

El Presidente. – Con esto concluye la votación.

8. Explicaciones de voto

- Informe Bösch (A6-0013/2005)

  Meijer (GUE/NGL), por escrito. – (NL) Suiza es una Unión Europea de bolsillo, totalmente rodeada por la UE pero al mismo tiempo dividida en 23 Estados, cada uno de ellos con una gran autonomía y que por lo tanto pueden aplicar sus propias políticas tributarias. Esto ha impedido hasta el momento que se pudiesen formalizar acuerdos en el terreno de los impuestos directos entre la UE y Suiza en su conjunto. En este sentido, los cantones suizos no son muy distintos de Liechtenstein u otros pequeños paraísos fiscales en los que tienen su sede empresas ficticias. Concretamente, Zug y Schwyz ofrecen servicios de este tipo. Las respuestas a mis preguntas escritas han demostrado que el anterior Comisario Bolkestein prefirió ignorar esta cuestión y seguir haciendo negocios con Suiza en su conjunto.

Dado que estas medidas adicionales no pueden adoptarse, es útil que se formalicen acuerdos en el ámbito del IVA, el contrabando, la corrupción y las prácticas de blanqueo de dinero. También es importante que no se pueda aducir el secreto bancario para denegar solicitudes de investigación de otros países, y que sean posibles los contactos directos con los órganos legales en lugar de optar por la ruta de la representación diplomática. El ponente está en lo cierto al manifestar que es necesario tomar medidas adicionales, pero es lamentable que no mencione la más apremiante.

- Informe Di Pietro (A6-0020/2005)

  Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) Estoy de acuerdo con el informe del señor Di Pietro, que apoya y pretende reforzar la iniciativa de la Comisión con el objetivo de introducir mejoras técnicas en la legislación relativa al intercambio de información extraída del registro de antecedentes penales, y propone soluciones prácticas para colmar las lagunas de los sistemas actuales, basadas en el Convenio del Consejo de Europa de 1959.

Se trata, sin duda, de una medida necesaria y urgente, pues ya se ha demostrado en diversas ocasiones que el sistema no está funcionando bien.

Por lo tanto, es fundamental que se cree un sistema informatizado de intercambio de información entre los Estados miembros que permita un rápido acceso a este tipo de información en todo el territorio de la UE. Se trata de una medida adicional para conseguir que la justicia penal sea verdaderamente efectiva, independiente y transparente.

Asimismo, apoyo sus propuestas relativas al acortamiento de los plazos, ya que la efectividad de la propuesta dependerá de la rapidez del acceso y de la actualización de la información, y las relativas a la necesidad de imponer condiciones sobre el acceso a los datos personales, ya que siempre es preciso mantener un equilibrio entre la necesidad de rapidez en este tipo de intercambio de información y la necesidad de salvaguardar y proteger los datos personales.

  Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) En una Europa caracterizada por la libre circulación y el libre comercio, la seguridad debe ser compartida. Sin perjuicio de que los diversos Estados miembros puedan ejercer plenamente su soberanía, en la actualidad se reconoce ampliamente que los distintos países deben cooperar para combatir el crimen. Además de las formas tradicionales de delincuencia, hoy en día existen delitos que no respetan las fronteras nacionales y que operan en los lugares más convenientes. Por este motivo, cuando se incumple la ley de un Estado miembro, se pone en peligro la seguridad de los demás Estados miembros.

Por tanto, estoy de acuerdo en general con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

- Informe Costa (A6-0036/2005)

  Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Segelström y Westlund (PSE), por escrito. (SV) Nosotros, la señora Segelström, el señor Andersson, la señora Hedh, la señora Hedkvist Petersen y la señora Westlund, hemos votado a favor del informe, pero ahora deseamos manifestar nuestro desacuerdo con el mismo respecto a una cuestión.

No podemos apoyar el 2º inciso de la letra f) del apartado 1, que recomienda al Consejo que tome medidas para armonizar la legislación nacional que regula la recopilación y la evaluación de pruebas. El principio de la libre selección de pruebas es básico en la ley sueca de procedimiento penal. Otros Estados miembros tienen normas que tienen por efecto prohibir determinadas pruebas. Por lo tanto, es extremadamente importante para nosotros, los socialdemócratas suecos, que nuestro sistema nacional permanezca intacto. Es más, resulta dudoso que exista alguna base legal para la armonización en este sentido, ya sea en los tratados vigentes o en la futura Constitución.

  Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) El refuerzo de la confianza mutua en las decisiones tomadas por los tribunales europeos mediante el establecimiento de un sistema de evaluación puede parecer encomiable aunque ya exista un marco común de referencia para los Estados miembros con el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, que establece las normas mínimas que rigen el derecho a un juicio ante los tribunales.

Sin embargo, la propuesta constituye un ejemplo más de la ampliación progresiva de las competencias de la UE y un nuevo paso en el intento por crear un sistema europeo armonizado de derecho penal y de leyes relativas al procedimiento judicial, un ordenamiento legal que, en la práctica, quedará fuera del control directo de los ciudadanos.

Por otra parte, es inaceptable recomendar el uso de las disposiciones de la Constitución antes de que el proyecto de Constitución haya entrado en vigor, basándose en que los tratados vigentes no llegan lo suficientemente lejos, ya que se adelanta de un modo flagrante al proceso democrático.

Por lo tanto, la Lista de Junio votará en contra de este informe.

  Moraes (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe, ya que aprueba medidas importantes para abordar una cuestión elemental que los ciudadanos de la UE consideran importante, concretamente la necesidad de algún tipo de control de calidad de la justicia penal tal como se aplica en los Estados miembros. Esto de ninguna manera impone que se cambie la manera en que cada Estado miembro organiza su sistema judicial penal. Sin embargo, supone un paso adelante con vistas a asegurar que se avance en asuntos importantes como enfrentarse eficazmente a bandas criminales o la manera en que los ciudadanos de la UE pueden cumplir su condena en su propio Estado miembro. Los ciudadanos de la UE esperan algún grado de confianza mutua entre los Estados miembros y una perspectiva sobre la calidad judicial penal, en particular con respecto a algunos nuevos Estados miembros que trabajan para mejorar sus sistemas judiciales penales.

  Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La justicia es, con razón, uno de los ámbitos que los Estados miembros se reservan para su esfera de soberanía. Esto se aplica especialmente a la justicia penal, que debe reflejar las preocupaciones de una sociedad en función de su realidad y de su historia.

De modo similar, los Estados miembros vacilan a la hora de permitir que sus ciudadanos, e incluso los que son meramente residentes en sus países, sean juzgados en otros Estados miembros.

Sin embargo, ahora existe el fenómeno del crimen mundial, que es de naturaleza transfronteriza, como el terrorismo, el tráfico de estupefacientes, el contrabando, la explotación sexual y la pornografía. Estos aspectos exigen la cooperación para garantizar una lucha eficaz contra el crimen, además de armonización para impedir que determinados países se conviertan en destinos para delincuentes.

Estos diversos factores ponen de manifiesto la necesidad de cooperación, de reconocimiento de las decisiones judiciales y de cierta armonización, sin pasar por alto el hecho de que los sistemas legales deben reflejar la situación de las distintas sociedades. Por lo tanto, no es aconsejable que exista un único ordenamiento jurídico europeo, sino que sería preferible un patrón europeo de justicia que respetase plenamente la naturaleza particular del sistema judicial.

Por lo tanto, considero que está justificado el voto a favor de este informe.

  Thomsen (PSE), por escrito. (DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado hoy a favor del informe del señor Costa sobre la calidad de la justicia penal y la armonización del Derecho Penal en los Estados Miembros (A6-0036/2005). No obstante, somos conscientes del hecho de que la propuesta afecta a un ámbito amparado en el Título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y no es por lo tanto aplicable a Dinamarca, conforme al protocolo sobre la posición de este país.

- Informe Prets (A6-0017/2005)

  Carlshamre y Malmström (ALDE), por escrito. (SV) Respaldamos plenamente el punto de vista de que la diversidad cultural constituye un derecho fundamental. La UE es y debe seguir siendo un mosaico de minorías y culturas. Los liberales siempre situamos al individuo en el centro de todas las decisiones políticas. Por lo tanto, consideramos que es importantísimo reforzar la política de cooperación y solidaridad internacional con respecto a las cuestiones culturales y establecer en el derecho internacional que cada ciudad, Estado o grupo de Estados pueda determinar libremente su política cultural. Por lo tanto, creemos que la UE no debería implicarse en una cuestión como la de las capitales de la cultura, sino que las ciudades y los Estados deberían cooperar y decidir en este terreno son interferencias de la UE. Por este motivo, optamos por votar en contra del informe de la señora Prets (A6-0017/2005) sobre la «Capital Europea de la Cultura» para los años 2005 a 2019.

  Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Vemos con buenos ojos que a partir de 2009 sea posible elegir dos capitales culturales a la vez. Sin embargo, las notas de la exposición de motivos del informe relativas a cómo se financiará este proyecto son poco claras y se hace referencia a las próximas perspectivas financieras para 2007-2013.

Tal como están las cosas, no podemos respaldar algo que implica compromisos financieros de las próximas perspectivas financieras. En esta situación, no existen motivos para apresurar una decisión relativa a las futuras capitales culturales. En primer lugar, la perspectiva financiera para 2007-2013 debe debatirse en su totalidad, y posteriormente podrá debatirse este informe.

La idea de una Capital europea de la cultura es buena. De hecho es tan buena que puede financiarse de muchos otros modos, por ejemplo a través del patrocinio local. Los recursos financieros de la Unión Europea no deberían ser necesarios para permitir la supervivencia de este proyecto.

Por lo tanto, votaremos en contra de este informe, pero no nos oponemos a la idea efectiva de la acción.

  Le Pen, Marine (NI), por escrito. – (FR) El programa de las «Capitales europeas de la cultura» se lanzó en 1985 con el fin de acercar a los ciudadanos europeos.

Este programa pretende revalorizar la gran diversidad de la cultura europea al tiempo que persigue, contradicción suprema, una política europea de uniformidad económica, social, política y cultural.

Este programa no es más que una expresión divertida de su deseo de imponer a los pueblos europeos un modelo cultural y social que no han elegido por sí mismos. Quieren frabricar ustedes un nuevo sentimiento europeo en beneficio exclusivo del comercio.

Como la cultura es un potente canal de educación, la Unión Europea favorece no solo todo lo que puede lavar el cerebro y envilecer al hombre, sino también todo lo que contribuye al olvido de los valores religiosos intemporales que fundamentan nuestra pertenencia a la civilización europea.

Esta política tiene ahora una dificultad añadida a medida que Europa se amplía y se aleja de sus principios fundacionales. En el futuro, ¿implicará su actitud que habrá que elegir a Estambul capital de la cultura europea? Esto revela claramente el peligro de esta construcción europea que, al olvidar su pasado, prepara un futuro difícil para nosotros.

- Informe Evans (A6-0024/2005)

  Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Si queremos defender un modelo económico de estilo capitalista que estimule el esfuerzo, recompense el mérito y reconozca la eficiencia, debemos contar con un sistema eficiente y eficaz para controlar el cumplimiento de las reglas de la competencia. Sin competencia no existe mercado, sin mercado no existe un modelo capitalista y sin un modelo capitalista no existe el desarrollo y el éxito económico, tal como ha demostrado la historia.

Por lo tanto, el papel de la Comunidad en la regulación de la competencia es esencial. Sin prejuicio de la necesidad económica o localizada de algún modo –geográfica o sectorialmente– de salvaguardar determinadas actividades, en general la defensa de la competencia constituye sobre todo una cuestión de protección de los intereses de los consumidores, que normalmente no cuentan con sindicatos, federaciones de empresarios ni otros movimientos que defiendan sus legítimos intereses.

Por ese motivo entiendo que debemos aplaudir y refrendar los esfuerzos por defender la competencia, aunque en ocasiones no estemos de acuerdo con algunas decisiones de la Comisión.

Por lo tanto, he votado a favor de este informe.

  Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) Me gustaría ver una política de competencia más activa, pero no deseo que el supranacionalismo o la política competencia formen parte de la Constitución. Por lo tanto, he decidido abstenerme, que es el voto correcto tras los errores registrados en las Actas.

- Informe In't Veld (A6-0034/2005)

  Gollnisch (NI), por escrito. – Señor Presidente, Señorías.

Reglamentar la financiación de los servicios de interés general sin definir qué son dichos servicios, ni siquiera el marco general que les es aplicable, es incoherente. Reglamentarlo dejando a los Estados la tarea de definir por sí mismos lo que consideran servicios de interés general, equivale a dejar al Tribunal de Justicia que armonice las definiciones y sustituya al legislador. Basar esta reglamentación en una apreciación en términos puramente financieros y competitivos es la negación del interés general. Someter a la autorización de los tecnócratas la financiación de la sanidad pública o de la vivienda social es inmoral. En resumen, en los textos que se nos presentan hoy no hay nada que nos satisfaga.

Están totalmente en consonancia con la política practicada por los eurócratas con la complicidad de los Gobiernos. Previamente se trataba de azuzar la competencia entre todos los servicios públicos de distribución, la electricidad, correos, etc., derribar los monopolios estatales, imponer las privatizaciones. Mañana, la Directiva Bolkenstein, versión local del AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios), permitirá importar a nuestros territorios el dúmping social en el ámbito de los servicios.

Porque rechazamos esta visión, que se verá todavía más agravada por la Constitución Europea, porque, si bien estamos de acuerdo en poner fin a determinados abusos escandalosos, defendemos la legitimidad de determinados servicios públicos, votaremos en contra de este informe.

  Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio está a favor de la realización del mercado interior y respalda las normas comunes relativas a las ayudas a los servicios de interés general y las demandas de concursos justos, incluidos aquellos casos que implican servicios de interés general. Asimismo, como cuestión de principio, habría que rendir cuentas de la ayuda a la actividad pública, que debería ser fácilmente accesible.

La única excepción a esta norma es que un Estado miembro decida que el servicio esté disponible exclusivamente a través de un monopolio y pretenda impedir que existan agentes privados (por ejemplo, en el caso de que un Estado miembro solamente permita la atención sanitaria pública).

Sin embargo, la Lista de Junio considera que esta responsabilidad debe depender principalmente de cada Estado miembro. Si resulta que un Estado miembro abusa de su posición y distorsiona la competencia, es importante que la parte que puede haber recibido un trato injusto tenga derecho a que los tribunales examinen su caso. Por lo tanto, la Lista de Junio ha optado por votar en contra de la propuesta de que los detalles se comuniquen a la Comisión.

  Marques (PPE-DE), por escrito. (PT) Quisiera dar la enhorabuena a la ponente. Me gustaría destacar la propuesta de enmienda del artículo 1 del proyecto de decisión de la Comisión sobre la aplicación del artículo 86 del Tratado por el que se establece la Comunidad Europea. Sin embargo, estoy a favor de ampliar la gama de beneficiarios para incluir a las regiones más remotas.

A propósito de esto, recuerdo las comunicaciones de la Comisión tituladas «Estrechar la asociación con las regiones ultraperiféricas» y «Estrechar la asociación con las regiones ultraperiféricas: balance y perspectivas», que disponen la introducción de normas simplificadas para la concesión de contratos de servicios públicos en el ámbito del transporte marítimo a las islas pequeñas con un volumen inferior a 100 000 pasajeros al año.

También quisiera señalar que en las regiones más remotas, la liberalización de los servicios y el uso de las infraestructuras se condicionó a la introducción de las obligaciones de servicio público, con el fin de compensar los inconvenientes debidos a las características físicas y de otro tipo de estas regiones. También quisiera señalar que existen otros servicios de interés económico general importantes para las regiones más alejadas, como son los servicios postales y las telecomunicaciones.

De ahí la importancia para las regiones más alejadas de estos dos documentos de la Comisión. Por lo tanto, considero que la situación única de estas regiones debe tenerse en cuenta en estos instrumentos legales.

  Meijer (GUE/NGL), por escrito. – (NL) Sin una financiación y planificación por parte de las autoridades nacionales, regionales y locales, no contaríamos con un transporte público adecuado, ni con atención sanitaria o educación al alcance del público en general. La idea de abandono por parte de la autoridad y de admisión de la libre competencia es perniciosa para actividades tan vitales. Si esto sucede, sin duda habrá grupos privilegiados que consideran que tienen mayor libertad de elección y que sus necesidades individuales están mejor atendidas, pero la gran mayoría, y la sociedad en su conjunto, se verán perjudicadas.

Este informe defiende la visión neoliberal, e incluso quiere establecer una interpretación de la sentencia Altmark sobre la posibilidad de la asignación bajo mano de concesiones de transporte público. La Comisión y el Parlamento han esperado esta sentencia legal durante años, ya que existen numerosas interpretaciones contradictorias sobre la prestación de servicios por parte de las autoridades, sobre la financiación y sobre la competencia. Ahora existe una sentencia legal que mantiene intacto el derecho de las autoridades locales a ofrecer transporte público. La Comisión tiene previsto presentar una propuesta modificada basada en mi propuesta aprobada por esta Cámara el 14 de noviembre de 2001. Rechazo las interpretaciones neoliberales que se interponen en este camino.

  Skinner (PSE), por escrito. (EN) Aunque se han expuesto excelentes ideas, para el Partido Laborista Parlamentario Europeo ha revestido especial importancia que se haya tenido en cuenta el impacto en las viviendas de protección oficial y los servicios sanitarios. Por este motivo ha sido muy importante que se incluyeran las transacciones Purvis en los diversos artículos mencionados durante la votación.

  Wagenknecht (GUE/NGL), por escrito. (DE) El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica rechaza el informe, ya que no hace frente a la presión ejercida por la Comisión para privatizar los servicios de interés general, ya que, si algo hace, es intensificar dicha presión por partes. Incluso se dificulta que los ayuntamientos, las regiones y los Estados miembros puedan ofrecer al público los servicios que en ocasiones la ley les exige que presten. Las empresas públicas tendrán que competir todavía más con los operadores mundiales en el campo de la prestación de servicios. Desde el punto de vista del público, la prestación de servicios públicos se deteriorará todavía más: el mercado no funciona conforme a criterios sociales ni en función de la necesidad, sino por afán de lucro.

Somos especialmente críticos con el hecho de que la compensación por servicios de interés económico general seguirá tratándose fundamentalmente como «ayuda estatal» y por lo tanto seguirán dentro del mismo régimen de ayudas. Además, solamente algunas empresas públicas seguirán recibiendo compensaciones en cualquier caso.

El informe también refuerza la propuesta de la Comisión con respecto a los hospitales y las viviendas sociales. En lugar de ampliar las exenciones dispuestas para cubrir al menos los servicios de atención, la educación, la cultura y los medios públicos, actualmente se reclaman procedimientos burocráticos en todas partes. El informe no menciona para nada a las personas que trabajan en empresas que suministran servicios de interés general ni los intereses generales del bienestar social, como la protección de los miembros más débiles de la sociedad.

Para los grandes proveedores de servicios, las iniciativas de privatización en el campo de los servicios de interés general implican un negocio rentable. Cualquiera que les ayude a conseguir estos objetivos debería ser consciente de lo que están haciendo.

- Informe Goebbels (A6-0026/2005)

  Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Señor Presidente, Señorías.

Desempleo masivo, falta de crecimiento, déficit presupuestarios repetidos, explosión de la deuda pública, fiscalidad asfixiante, deslocalizaciones... todo el mundo conoce, por desgracia, la triste situación económica. Contra estos males, sus recetas son siempre las mismas.

Según ustedes, si todo va mal es porque no hay bastante normalización europea. No hay bastante competencia entre las economías europeas, no hay bastante competencia en los servicios, no hay bastante apertura a la competencia mundial, que poco importa que sea leal o no, no hay bastante inmigración de trabajadores cualificados, y hay demasiada protección social. ¿Burocracia excesiva? Es un problema puramente nacional. Sus reglamentaciones, no consolidadas, farragosas, a veces incoherentes, incluso aberrantes, no tienen la culpa. ¿Y la política monetaria, que conduce a la sobrevaloración del euro y drena nuestras economías? Es perfecta. Ni Bruselas ni Francfort pueden equivocarse.

Pero nosotros pensamos que la Europa de Bruselas se equivoca. A pesar de 20 años de normalización y de inserción de Europa en el libre comercio mundial, nuestros problemas no hacen más que agravarse. Y la causa de ello radica justamente en esta política, su política.

  Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) En ocasiones, como diputado al Parlamento Europeo, uno se ve obligado a elegir entre dos alternativas malas y optar por la menos mala. En este caso, he votado a favor de las enmiendas 9 y 22, aunque no estaba totalmente de acuerdo con ellas. A pesar de todo, estas son mejores que la redacción original y por lo tanto, si se aceptan, mejorarán el informe en su conjunto.

- Informe Karas (A6-0025/2005)

  Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Segelström y Westlund (PSE), por escrito. (SV) Hemos votado a favor del informe sobre las finanzas públicas en la UME – 2004, así como a favor de la enmienda 7 relativa a hacer diferencias entre los préstamos a la inversión y el gasto corriente. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la capacidad para facilitar préstamos a la inversión pública y por lo tanto superar el umbral de los déficit presupuestarios debería reservarse a aquellos países que cumplen el criterio de la deuda nacional.

  El Presidente. Con esto concluyen las explicaciones de voto.

(La sesión, suspendida a las 13.15 horas, se reanuda a las 15.00 horas).

PRESIDENCIA DEL SR. MOSCOVICI
Vicepresidente

9. Correcciones de voto: véase el Acta

10. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

11. Presentación de documentos (Véase el Acta)

12. Financiación de la protección de la naturaleza

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede a la pregunta oral a la Comisión sobre la política de financiación de la protección de la naturaleza y más especialmente de Natura 2000.

  Florenz (PPE-DE), ponente. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, tanto la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento como un gran número de ONG consideran que el programa Natura 2000 de la Unión Europea se encuentra en grave peligro. Las decisiones adoptadas por la anterior Comisión el año pasado sobre la financiación de este programa fueron muy vagas, lo que implica que ya se prevé que se producirá una importante disputa entre los agricultores y los partidarios de Natura 2000 dentro de la Comisión de Agricultura, así como entre las personas encargadas del Fondo de Desarrollo Regional.

Por lo tanto, creemos que el señor Dimas debe dedicar mucha más energía a encontrar una solución simple al problema de cómo reforzar Natura 2000 en el futuro. Lo que importa no es el nivel de financiación y tampoco los programas individuales, sino que las ideas asociadas al programa Natura 2000 se traduzcan en políticas para la vida real. Por este motivo, la financiación no debe quedar encerrada en estructuras de negociación de tal modo que desaparezca una vez que se celebren finalmente los debates cruciales.

Durante muchos años hemos utilizado la Directiva Hábitats para animar a los Estados miembros a que designasen lugares adecuados en su territorio, al tiempo que les asegurábamos que la financiación estaría garantizada. Si ahora paralizáramos esta financiación, o incluso la eliminásemos de los presupuestos destinados a la agricultura o el desarrollo regional, sería una acción muy lamentable por nuestra parte. Esto provocaría inevitablemente discusiones y por eso les pedimos que hoy tomen la iniciativa para prevenir este problema. Si en el futuro resulta que se elimina la financiación de los pilares de desarrollo regional o agricultura, tendríamos aquí a cientos de miles de alcaldes quejándose, y las ONG y usted como Comisario de Medio Ambiente tendrían muy pocas esperanzas. No necesito recordarle que existe un fuerte grupo de presión agrícola al que to también pertenezco por ser agricultor. Por lo tanto, es inevitable que surjan disputas.

Quisiera animarle a garantizar que su Comisión establezca normas claras y le agradecería mucho que así lo hiciese. Espero que podamos aprobar este reglamento.

  Dimas, miembro de la Comisión. (EL) Señor Presidente, Señorías, no puede caber la menor duda de que la protección de la biodiversidad constituye una política prioritaria para la Comisión y que la aplicación satisfactoria del marco Natura 2000 es la piedra angular del esfuerzo de la Unión Europea por alcanzar este objetivo. Garantizar la financiación suficiente de Natura 2000, tal como ha planteado el señor Florenz, es por consiguiente una de nuestras máximas prioridades, y ratifico plenamente los objetivos y prioridades del Parlamento Europeo.

Me gustaría señalar asimismo que esta prioridad es compartida por muchos de mis compañeros en la Comisión, que han mostrado su conformidad para ajustar el Fondo regional, el Fondo agrícola y otros a fin de incluir Natura 2000 en la financiación.

Los Estados miembros tienen una obligación jurídica y el compromiso de gestionar eficazmente los distintos capítulos de Natura 2000. Cae dentro de la jurisdicción de los Estados miembros salvaguardar los recursos financieros para dicha gestión pero, precisamente a causa del carácter especializado de Natura 2000, la Comisión contribuye facilitando la cofinanciación comunitaria. La utilización de estos recursos comunitarios es responsabilidad de los Estados miembros pero, por nuestra parte, estamos dispuestos a proporcionar cuanta ayuda sea posible a fin de facilitar el acceso a los mismos. Si, en consecuencia, se detectase que la gestión de estos capítulos no está debidamente apoyada, la Comisión está dispuesta a denunciar al Estado miembro en cuestión ante el Tribunal de Cuentas.

Con esto en mente, la Comisión, tal como ha dicho el señor Florenz, aprobó un comunicado sobre la financiación de Natura el 15 de julio de 2004. Sometía a examen todas las combinaciones posibles, incluida la creación de un fondo independiente, y llegó a la conclusión de que el enfoque más eficiente consiste en integrar la financiación de Natura 2000 dentro de los fondos comunitarios existentes. El nuevo Reglamento de Fondos estructurales, que se está debatiendo actualmente en el Consejo, será aplicado por los Estados miembros y las regiones con un enfoque de descentralización. En consecuencia, no existe ninguna facilidad para fijar una cantidad concreta dentro de los diferentes fondos.

Así pues, de momento no podemos saber qué cantidades va a ser posible asignar cada año para la cofinanciación de los capítulos de Natura 2000 durante el período desde 2007 hasta 2013. Esto se debe a que, en virtud del principio de subsidiariedad, corresponde a cada Estado miembro decidir acerca de las necesidades de estos capítulos a la hora de elaborar sus programas nacionales. En cualquier caso, la Comisión dispone de los medios para preservar la prioridad para Natura 2000 dentro de estos programas nacionales. Volveré sobre este punto al final de mi intervención.

Para empezar, algunos comentarios sobre los nuevos reglamentos sometidos a debate. Por lo que respecta al Reglamento sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, tengo que decir que contiene una referencia a la cofinanciación para Natura 2000 y para la biodiversidad, que están incluidas en los objetivos de convergencia y de competitividad. Existen asimismo facilidades de cofinanciación en virtud de los Reglamentos del Fondo de Cohesión y del Fondo Social Europeo, sobre todo en lo referente a fortalecer las facultades de gestión en relación a Natura 2000. Natura 2000 también está incluida –lo cual es importante– en el segundo eje de gestión del territorio dentro del nuevo Reglamento de Desarrollo Rural, que representará un 25 % del importe total. La Comisión propone un total de 22.000 millones de euros para gestión del terreno durante el período de 2007 a 2013. Es preciso –y aquí, señor Florenz, necesito el apoyo del Parlamento Europeo– que este importe quede garantizado y, a ser posible, se vea incrementado. El respaldo del Parlamento Europeo en este tema es, por tanto, de importancia primordial. Los nuevos Reglamentos contienen mecanismos que permiten a la Comisión, tal como he dicho anteriormente, proporcionar orientación y controlar en cierta medida el contenido de los programas presentados por los Estados miembros.

Inmediatamente después de la aprobación del Reglamento propuesto para los Fondos estructurales, lo que probablemente se producirá a final de la primavera, la Comisión va a definir en detalle, mediante un conjunto de directrices estratégicas, sus prioridades concretas para la financiación de todos los fondos. Como es práctica habitual, se celebrarán consultas acerca del contenido de las directrices con la participación de todos los servicios interesados, incluida la DG Medio Ambiente. Durante estas consultas se cuidará de garantizar que la cofinanciación para Natura 2000 quede incluida con carácter de prioridad.

Una vez queden establecidas las directrices estratégicas, los Estados miembros tendrán que elaborar esquemas estratégicos nacionales durante la segunda mitad de 2005 o principios de 2006, junto con los programas operativos, que deberán presentar a la Comisión. Todos los servicios implicados de la Comisión serán incluidos en las consultas que se celebren en cuanto al contenido de estos programas. Desde luego, la DG Medio Ambiente emprenderá las acciones pertinentes para salvaguardar la prioridad de las actividades de Natura 2000.

Concretamente, por lo que se refiere a los programas de desarrollo rural, que el señor Florenz afirmó anteriormente tendrán dimensiones competitivas, cada uno de los programas presentado será analizado en detalle a fin de asegurar que se ha respetado tanto el marco jurídico comunitario como las prioridades de la política en materias tales como biodiversidad, gestión del territorio de Natura 2000, cambio climático, aplicación de los planteamientos acerca de los recursos hídricos y demás temas. Desde luego, si se detecta que un programa nacional no incluye una cobertura financiera apropiada para todo lo anterior, los servicios de la Comisión siempre cuentan con el derecho para rechazarlo. Es otra garantía para asegurar que Natura 2000 mantiene su prioridad en los programas de los Estados miembros, aun cuando no sea una garantía absoluta. Así pues, es responsabilidad de todos los implicados en la financiación de Natura 2000 presionar para que los Estados miembros no solo propongan objetivos ambiciosos dentro de sus programas nacionales y operativos, sino que garanticen la acción permanente y continuada para confeccionar programas válidos de Natura 2000. Gracias por su atención.

  Gutiérrez-Cortines (PPE-DE), en nombre del Grupo. – Señor Presidente, todos nos alegramos de que la Comisión haya abordado la Red Natura 2000, relacionada con el Programa LIFE de la cual soy ponente alternativa.

Sin embargo, creo que vivimos una gran frustación, porque se ha abordado el tema en contra de los conceptos integrales que requiere toda sostenibilidad y, además, hemos vuelto a caer en el viejo problema de considerar Natura 2000 como un territorio cristalizado, sin vida ni actividad.

Desde el comienzo de la declaración de zonas protegidas, Natura 2000, en lugar de ser una alegría para la sociedad, se ha convertido en un problema. Nadie quiere ser declarado zona protegida, porque no hay una política paralela de apoyo. Se ha convertido en una lucha permanente. No ha habido una pedagogía de la explotación de los recursos naturales, ni de las plusvalías reales de esa Red Natura, que genere y despierte la ilusión.

Por otra parte, se ha producido una expropiación encubierta, puesto que el uso del suelo está mucho más limitado que antes y, en muchos casos, disminuye el valor de la propiedad del suelo. Por tanto, se ha convertido en una carga. ¿Qué ocurre, pues, con el documento que tenemos ante nosotros? En primer lugar, no reconoce las tipologías. No podemos introducir el concepto de Natura 2000 sin visualizar las grandes familias de la biodiversidad, porque cada una requiere instrumentos financieros distintos. Por ejemplo, los fondos marinos, que no están, ¿cómo van a gestionarse a través de desarrollo rural? Habrá que crear una Natura aparte. Tampoco están catalogados como algo importante los ríos, cuando, a mi juicio, constituyen un proyecto esencial. Tampoco se distinguen bien las zonas forestales de otras. Al menos, debería haberse mostrado una intención de hacer una política diversificada.

Por último, afirmo que, si no introducimos Natura en la economía de mercado, no habremos conseguido nada, porque la naturaleza es vida, economía y sostenibilidad.

  Hegyi (PSE), en nombre del Grupo del PSE. – (EN) Señor Presidente, hace algunos años un alto cargo europeo visitó un pequeño pueblo del este de Hungría, situado cerca de un humedal, un auténtico paraíso ornitológico. Al salir del coche, me pidió que me mantuviera en silencio un instante, solo para escuchar el concierto de pájaros y cigarras. Con tristeza me dijo que en la región occidental se habían perdido para siempre ese tipo de reservas naturales y que debíamos hacer todo lo posible por proteger las nuestras.

Aunque el objetivo de la iniciativa Natura 2000 se puede definir con criterios científicos, el motivo fundamental es sencillo: salvar al menos algunas partes de los espacios naturales europeos para nosotros y para las generaciones futuras. El reto más difícil que debemos afrontar en el futuro es la disminución de recursos naturales como el aire puro, el agua limpia y un medio ambiente saludable. Para preservar un entorno saludable, la seguridad alimentaria y la calidad de vida en general, es imprescindible mantener un alto grado de biodiversidad.

Además de perseguir estos objetivos, Natura 2000 constituye una herramienta efectiva de apoyo a los núcleos rurales europeos y sus habitantes. Se trata de un importante mecanismo de promoción de la agricultura ecológica y el ecoturismo, que generan empleo y revitalizan las zonas rurales. Natura 2000 puede contribuir a redefinir la función de las zonas rurales en Europa.

Confío en que hayamos venido con ánimo de ensalzar Natura 2000, no de enterrarla, como podría haber dicho Shakespeare. El futuro de nuestro patrimonio natural requiere y merece que se asigne, como mínimo, la cantidad anual de 6 100 millones de euros a estos pequeños proyectos. Natura 2000 se puede financiar de diferentes formas, bien a través de la denominada «asignación» de una parte de los fondos existentes, bien mediante un fondo especial separado. Si bien quedan numerosos detalles técnicos por resolver, deberíamos ponernos de acuerdo en un punto: el nivel de financiación de Natura 2000 no se puede situar ni un céntimo por debajo del propuesto antes por la Comisión.

Solicito a todos los Grupos políticos y a todos los que ocupan puestos de dirección que rescaten la propuesta original y la mejoren con vistas a garantizar que, de un modo u otro, el importe asignado se destine enteramente a los objetivos de Natura 2000.

(Aplausos)

  Mulder (ALDE), en nombre del Grupo ALDE. – (NL) Señor Presidente, sabemos desde hace mucho tiempo que se precisa cada vez menos terreno para producir alimentos, lo que significa que podemos permitirnos una agricultura más extensiva y, en consecuencia, crear mayor cantidad de naturaleza.

Por lo que a mí respecta, la agricultura es un componente específico de desarrollo rural, y a mi parecer, también lo es el programa Natura 2000. La naturaleza desempeña un papel fundamental en el desarrollo del campo y no puede ser contemplada aisladamente de otros aspectos de la agricultura y otras iniciativas de empleo en el medio rural.

Durante años, Europa ha promovido esta idea a través de la legislación. Conocemos la Directiva sobre Aves Salvajes y Hábitats, que ha quedado traspuesta mediante la Ley sobre Flora y Fauna en los Países Bajos, y hemos creados sistemas especiales de pagos para todos esos Reglamentos. También estamos familiarizados con el Reglamento para agricultores en zonas montañosas, los pagos adicionales de Natura 2000 y similares.

En cuanto al futuro, ya he dicho que considero que todos esos programas forman parte del desarrollo rural, y pienso que por tanto deberíamos garantizar la creación de un fondo especial para Natura 2000 dentro del contexto del Fondo de desarrollo rural. La cuestión clave es: ¿cómo debe invertirse el dinero? Según ha indicado el señor Comisario, conocemos bien el sistema de la cofinanciación que, a mi parecer, puede adoptar formatos especiales. En algunos países, esta cofinanciación constituye todo un problema, probablemente un problema mayor para los países más pobres que para los ricos. Tal vez la Comisión podría estudiar la posibilidad de contar con sistemas de cofinanciación diferentes, funcionando en paralelo dentro del contexto de este programa.

A partir de lo que he dicho acerca de que la agricultura es, por naturaleza, una forma de desarrollo rural, otra cuestión que la Comisión podría analizar es si las subvenciones para la agricultura son, por lo general, más costosas que las subvenciones al desarrollo de la naturaleza en Europa.

  Isler Béguin (Verts/ALE), en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, gracias por su respuesta, pero lo cierto es que no nos satisface. No me satisface porque, a fin de cuentas –y permítame que sea especialmente directa y franca– la pregunta que podemos hacernos hoy, con las propuestas que usted ha hecho, es si la Unión Europea quiere realmente preservar su biodiversidad. Si es así, es como una catedral, hay que poner los medios para gestionar la red Natura 2000. Sin dinero, sin un presupuesto realmente destinado a estos gastos, creo que no merece la pena que nos hagamos ilusiones.

Señor Comisario, todos sabemos perfectamente, y la mayoría de los diputados que están en esta sala lo saben por su experiencia sobre el terreno, que si no se especifica claramente que es posible obtener fondos en las regiones a través del Fondo de Desarrollo Rural, el Fondo Estructural FEDER o el FSE, todo el dinero irá a parar a cualquier cosa salvo a Natura 2000.

Natura 2000 estará en competencia directa con todos los demás proyectos. En el ámbito agrícola, por supuesto, habrá posibilidades de integración, lo que será la prueba de que Natura 2000 ha sido integrada. Pero no nos hacemos ilusiones, señor Comisario. Realmente hay que ir más lejos. Y porque no tenemos ninguna confianza en esta propuesta, propongo, como ponente para Life+, que –mientras el Consejo y la Comisión no se pronuncien sobre los 3 000 millones de euros anuales necesarios para la gestión– introduzcamos en Life+ un capítulo Life, que antes era «Natura»: Life gestión Natura 2000.

Esperamos todas las garantías de que pueda implantarse la red Natura 2000, porque, señor Comisario, aquí y sobre el terreno, hemos peleado realmente por que se creara este instrumento. Sobre el terreno, solamente queríamos…

(El Presidente interrumpe a la oradora)

  De Brún (GUE/NGL), en nombre del Grupo GUE/NGL. –

(La oradora habla en irlandés)

(EN) Natura 2000 supone una iniciativa importante para la protección y el desarrollo de la biodiversidad en las reservas naturales de la Unión Europea. Esta política debe asegurarse mediante la integración de Natura 2000 en los principales programas de financiación de la UE. Es preciso que los reglamentos financieros de dichos programas reflejen este enfoque integrado. Hay que reforzar los reglamentos correspondientes a las perspectivas financieras del período 2007-2013 para que funcione el enfoque integrado.

(La oradora habla en irlandés)

  El Presidente. – Como sabe, no hay interpretación del gaélico, pero hemos entendido parte de su intervención.

  Wise (IND/DEM), en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, ¿hay algo que la Unión Europea no trate de controlar? ¿Hay alguna cuestión en la que la mayoría de los diputados al Parlamento Europeo no intente tirar el dinero de los contribuyentes? Lamentablemente, parece ser que no. No contenta con los marcos jurídicos únicos, la armonización fiscal y todo lo demás, la Unión parece querer controlar la naturaleza. Esto es una estupidez manifiesta.

La Directiva Hábitats de 1992, en virtud de la cual se estableció Natura 2000, declara que la intención de la Unión es definir un marco común para la conservación de la fauna y la flora silvestres. En la recia nueva Europa es preciso normalizar hasta la naturaleza. El buen sentido sabe que esto es imposible. Cuando el hombre trata de jugar a Dios, la naturaleza tiene la molesta costumbre de reafirmarse.

Como miembro del Grupo IND/DEM, que cuenta con un copresidente danés y otro inglés, me acuerdo de la historia del Rey Canuto: cansado de la adulación de sus cortesanos, que le decían que era capaz de controlarlo todo, los condujo a la playa y ordenó al mar que retrocediera. Las olas, claro está, siguieron mojando sus pies, de modo que el Rey demostró que tenía razón. Me sorprende que Canuto tuviera más sentido común que los gobernantes europeos actuales.

Si la Unión Europea no está cegada por el poder y se trata realmente de un mero bloque económico, ¿podría alguien explicarme por qué es necesario, por ejemplo, enumerar y proteger todas las especies de murciélagos? ¿Ha preguntado alguien a los murciélagos? Por supuesto que no. Una vez más, la única conclusión que saco es que si la Unión Europea es la respuesta, la pregunta debió de ser absurda. Incluso se podría decir que chiflada.

  Belohorská (NI). – (SK) Todo el mundo tiene sus propios sueños y aspiraciones y los políticos tienen sus ideales e ilusiones, que posteriormente materializan en diversos proyectos. El proyecto Natura 2000 es enormemente sencillo porque incorpora ideales, así como aspiraciones de la gente. Se basa en la protección de legado cultural y natural de Europa, en la conservación y la protección de la biodiversidad. Al margen de estas ideas más bien grandiosas, el proyecto Natura 2000 también es excepcional por cuanto podría ser un fuerza motriz para el desarrollo de las zonas rurales. Posee una gran relevancia socioeconómica con respecto al empleo y el turismo, así como a la protección de la salud de la población.

En estos momentos, cuando se está aprobando y ratificando el Tratado Constitucional en los diferentes Estados, es muy importante que, también en este tema, seamos capaces de expresar cuál es la posición del Parlamento respecto del desarrollo de tales proyectos y cuál es la posición de la Comisión, que ha de facilitarlos y que ha de proporcionar los recursos para que los proyectos alcancen sus objetivos.

El asunto de la cofinanciación ha planteado a menudo problemas para muchos Estados miembros de la Unión Europea, sobre todo para los nuevos, ya que en virtud de los términos de la descentralización, los organismos en las diferentes regiones han asumido la responsabilidad directa en cuanto a los colegios, los hospitales y también a la protección de este legado. Por consiguiente, resulta importante y fundamental que usted preste ayuda para la ejecución de este proyecto, que habilite directamente recursos financieros para auxiliar a aquellas regiones que no poseen el dinero para la cofinanciación.

Señor Comisario, usted ha hablado de la subsidiariedad con respecto a este asunto. Pero yo quiero pedirle a usted que tenga presente que el entorno natural carece de fronteras, «los pájaros no precisan pasaporte».

  Sonik (PPE-DE).   (PL) Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias al señor Florenz, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, por haber planteado este debate sobre Natura 2000.

En comparación con otros países, Polonia puede alardear de logros significativos en el campo de la protección medioambiental. La creación de zonas protegidas constituye una tradición polaca que se remonta al siglo XIX, y tales zonas representan en la actualidad el 32 % del país, cuando hace 20 años solo alcanzaban el 9 %. Pero Polonia está preocupada por el hecho de que, al tiempo que se desarrollaba el enfoque de la Red Natura 2000 en Europa, no se ha visto respaldada por una garantía suficiente de financiación para la creación y el mantenimiento de dicha red. En consecuencia, el país ha suscrito la declaración presentada por una mayoría de Estados miembros de la UE durante octubre y diciembre, en que expresan su decepción por la propuesta de la Comisión Europea relativa a la cofinanciación de la Red Natura 2000. No existen detalles precisos acerca de los principios según los cuales se pueden obtener fondos para las medidas de protección para las zonas protegidas Natura 2000 entre 2007 y 2013, y eso se va a traducir indudablemente en carencias a la hora de subvencionar la Red Natura 2000. Entonces resultará imposible poner en práctica cantidad de medidas de protección muy necesarias. La mayoría de los espacios designados como zonas protegidas Natura 2000 en Polonia no estará cubierta por los fondos señalados, por ejemplo, terrenos que forman parte de bosques naturales, o marismas, praderas naturales, dunas, páramos y terrenos de barbecho que no se utilizan para fines agrícolas.

En el contexto de la carta enviada el 6 de enero de 2005 por la Comisión Europea a Polonia, que sugería estudiar la posibilidad de ampliar la lista de zonas protegidas de Natura 2000 en el país, la garantía de una subvención independiente para la creación de la Red Natura 2000 adquiere una importancia aún mayor para Polonia y otros países. Por tanto, Polonia espera que, en la elaboración de las nuevas Perspectivas Financieras, se salvaguarde un nivel suficiente de subvenciones para la creación de la Red Natura 2000. Sugiero que el Reglamento de LIFE+ contenga asimismo disposiciones independientes para LIFE+ y Natura 2000.

  Haug (PSE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, quiero comenzar manifestando, a título de introducción, que soy plenamente consciente de que cuando actúa como Comisario de Medio Ambiente, está ateniéndose a la tradición de la Comisión, una institución europea. Los comentarios que me propongo expresar se refieren, en consecuencia, a la Comisión y no a usted personalmente.

En primer lugar, opino que la razón por la que esta Cámara ha de ocuparse del problema de Natura 2000 radica en que la Comisión no ha tenido el valor de presentar un instrumento financiero adecuado. Este es el primer punto que deseo plantear; en la Directiva de Hábitats nos comprometimos a la cofinanciación y a la dotación de subvenciones, pero en nuestros diferentes fondos no se han habilitado las correspondientes partidas.

En segundo lugar, la Comisión tampoco ha tenido el valor para garantizar que los Reglamentos existentes –el Reglamento sobre Fondos estructurales y el de desarrollo rural– contengan las estipulaciones apropiadas. Abundan las expresiones como “puede”, “debería” y “podría”, lo cual no es conveniente en modo alguno, al menos en nuestra opinión, y todos sabemos realmente a dónde nos conduce ese tipo de lenguaje. El objetivo consiste en que las regiones en los Estados miembros presenten programas operativos y que, a continuación, los evalúe y los apruebe la Comisión. Todos somos muy conscientes de ello, pero no existe ninguna garantía de que se cumpla realmente lo que está escrito. Durante el actual período de programación, por ejemplo, el progreso de los intereses de las mujeres ha quedado incorporado como un objetivo en el Reglamento sobre Fondos estructurales, y de hecho ha sido un aspecto a favor del cual ha luchado denodadamente el Parlamento. Sin embargo, los Estados miembros han reaccionado no haciendo prácticamente nada, y eso resulta intolerable.

Por este motivo necesitamos un instrumento independiente para financiar Natura 2000, y de hecho esta Cámara ya ha acordado que se precisa un instrumento financiero independiente; basta con echar un vistazo a los dictámenes de las comisiones acerca de las Perspectivas Financieras. La Comisión de Agricultura ya ha proclamado que la protección de la biodiversidad no constituye una política de desarrollo primordial o genuina. Todos sabemos lo que eso significa; nuestros expertos agrícolas tampoco quieren que utilicemos dinero procedente de los Fondos de desarrollo rural para financiar Natura 2000.

  Auken (Verts/ALE). – (DA) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Comisario por su respuesta. Con una sola excepción, todos hemos estado de acuerdo en que Natura 2000 es enormemente importante, y todos coincidimos igualmente en que hay que conseguir el dinero. No sé si todo el mundo es consciente de la cantidad de dinero que eso implica: al menos 6.000 millones de euros al año. Esto supone que, como mínimo, hay que conseguir 3.000 millones de euros para Natura 2000. Es una cifra que jamás se podría conseguir utilizando un solo fondo. Con independencia de los medios, tenemos que hacer que este proyecto quede integrado en los demás fondos, y ese es un aspecto en el que estamos de acuerdo. Apoyaremos a la Comisión en este asunto, y también quiero decir que los movimientos ecologistas, Bird Life, etc., están a favor de que integremos la financiación de Natura 2000. El problema estriba en que no he podido deducir a partir de la respuesta de la Comisión cómo va a garantizar que esto ocurra realmente. El señor Florenz ha ofrecido una descripción vívida de los conflictos que van a surgir. Si no se ha asegurado que el dinero está reservado y comprometido, no va a funcionar nada. En bien exclusivamente de las subvenciones, necesitamos de la Comisión una respuesta más clara que la que hemos recibido hasta ahora.

Sin embargo, permítame decir también que no solo se trata de conseguir suficiente dinero. También es cuestión de poner en concordancia toda nuestra política sobre distritos rurales con el entorno natural, de manera que se practique la agricultura y se persiga el desarrollo en estas zonas de manera que se respete el vulnerable entorno natural, en lugar de hacerlo, como hasta ahora, de una forma que implique el trazado de enormes sistemas de carreteras a través de las zonas vulnerables. He sido testigo de cómo se conceden licencias en Polonia para brutales destrozos en entornos naturales enormemente vulnerables y ricos, pero por ende frágiles. En consecuencia, hemos de tener en cuenta la forma en que desarrollamos los espacios rurales y asegurar que Natura 2000 queda incorporada y se dispone de suficiente dinero. Si no se puede reunir suficiente dinero a partir de los fondos existentes que se han citado, permítanme señalar que acabamos de lograr una mayoría en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria a favor de comenzar a estudiar el primer pilar, donde desde luego debe encontrarse la mayor parte del dinero de la UE. Son tan grandes las cantidades de fondos asignados a la ayuda agrícola directa que ha llegado el momento de que empecemos a fijarnos en esta ayuda.

  Rack (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, el señor Florenz ha dicho que Natura 2000 se halla en grave peligro debido a la confusión que reina en cuanto a la financiación del programa. Creo que el problema es bastante más grave; no solo no existe garantía para su financiación, sino que existe además una ausencia creciente de conocimiento y una incertidumbre cada vez mayor sobre el terreno acerca de lo que realmente significa la designación de una zona protegida Natura 2000.

A la vista de lo anterior, quiero plantear una serie de consideraciones. En primer lugar, los programas Natura 2000 no tienen que ser financiados a costa de los agricultores, y en ningún caso deben ser estos los únicos que soporten dicha financiación; de lo contrario, como ha expuesto con claridad la señora Gutiérrez-Cortines, a los propietarios de los terrenos se les privará casi totalmente de algo que les corresponde.

En segundo lugar, es intolerable que el desarrollo de las infraestructuras y el económico en extensas zonas de la UE se vean retardados debido a los retrasos y a la falta de claridad en cuanto a la designación de las zonas protegidas. En muchas zonas rurales, los programas de inversión que serían útiles y compatibles con la naturaleza de estas zonas no pueden llevarse a efecto debido a la falta de respuesta a ciertas cuestiones. Resulta asimismo intolerable que el programa Natura 2000, cuyo principal objetivo es mejorar la situación de la UE lanzando una señal clara en el sentido de que deseamos ser una unión medioambiental, y no solamente una unión económica, se vea tergiversado de tal forma.

Por último, es inaceptable que estemos alcanzando un punto en el que ya nadie sabe lo que está haciendo, y que la razón para ello haya que encontrarla, sobre todo, en los procedimientos burocráticos en Bruselas y la Comisión. Bruselas nos manda designar zonas protegidas en todas partes; nadie sabe a ciencia cierta de dónde va a salir el dinero, pero eso es algo que se puede despejar más adelante. A los países se les ha amenazado con denunciarlos ante el Tribunal de Cuentas si no designan ninguna zona protegida, algo que el señor Comisario ha confirmado ahora. Este programa no tiene como objeto el medio ambiente; está pensado para crear enojo entre la población.

  Lienemann (PSE). – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Natura 2000 es una de esas grandes cuestiones que a menudo alimentan las dudas sobre la construcción europea. Nuestros conciudadanos comparten nuestra ambición de proteger la biodiversidad, y observan que elaboramos textos, pero cuando se trata de poner los medios, Europa no responde. Nuestros conciudadanos aceptan la idea del desarrollo sostenible pensando que se puede conciliar la defensa del planeta con el desarrollo económico y el empleo, pero cuando se trata de encontrar las vías y los medios necesarios a tal fin, Europa no responde.

Tenemos que encontrar, pues, nuevas herramientas para dar vida a Natura 2000. Quisiera formular tres exigencias: en primer lugar, necesitamos un fondo específico, pues existe una contradicción objetiva entre las expectativas de créditos para favorecer el desarrollo económico, el desarrollo rural, y para dar vida a los territorios de acuerdo con Natura 2000. Hace falta pues un fondo específico, que es la primera exigencia.

Mi segunda exigencia: es preciso que, en los criterios de los fondos europeos, sean cuales sean, se favorezca la aplicación de Natura 2000. Voy a ponerles un ejemplo para ilustrar la contradicción. En el reglamento actual del FEDER que está usted negociando, las zonas seleccionadas se limitan a las arboladas o cultivadas. Ahora bien, justamente, Natura 2000 necesita terrenos naturales vírgenes que no estén ni arbolados ni cultivados, a saber, humedales.

En tercer lugar, necesitamos una herramienta para la innovación, para que las prácticas sobre el terreno sean más conformes a lo que podemos prever para el futuro. Es preciso, pues, que dispongamos de una herramienta específica en Life + y que mantengamos dos pilares: un pilar medioambiental general y un pilar para Life Natura, como hacíamos antes.

Como ha comprendido usted, señor Comisario, consideramos que, en su estado actual, las propuestas de la Comisión no pueden convencer a nuestros conciudadanos sobre el terreno. Somos de la opinión de que la defensa de la biodiversidad constituye un avance, que esta acción es compatible con el desarrollo de las zonas rurales y el futuro económico de nuestro país. Por tanto, necesitamos ahora una prueba de esta convicción, en la forma de tres mil millones de euros en el marco de los Fondos Estructurales.

  Olajos (PPE-DE). (HU) Quiero dar las gracias al señor Florenz por brindarnos la oportunidad de debatir este importante asunto. Redunda en beneficio de todos nosotros que Natura 2000 se convierta en un sistema operativo. Esa es la razón por la que preguntamos a sus compañeros durante la sesión de la comisión parlamentaria, y la razón por la que también le preguntamos a usted, acerca de la seguridad y la garantía que nos puede proporcionar en cuanto a que toda la Red vaya a ser financieramente viable. Lamentablemente, hemos sabido que las respuestas ofrecidas por la Comisión carecían de contenido y que no eran capaces de ofrecer ningún tipo de garantías tras la atractiva fachada de un planteamiento integrado. Pero existe la necesidad de tales garantías. He vuelto de Hungría, donde el Gobierno ha sido capaz de contravenir el acuerdo inicial establecido con la Unión Europea, y desviar 8.000 millones de forints de la protección agrícola-medioambiental a subvenciones directas para la agricultura. Por esta razón y otras análogas, los agricultores se están manifestando con sus tractores en la capital de mi país, al tiempo que estamos hablando.

En Hungría hay un refrán que dice que cuando alguien se abrasa una vez la boca con agua caliente, luego sopla hasta al agua fría. Eso es como nos sentimos ahora: las respuestas huecas de la Comisión y la actitud de algunos Estados miembros nos han escaldado y nos están obligando a ser más precavidos. Por tanto, junto con mis compañeros diputados, pido tanto al Consejo como a la Comisión que cree una partida presupuestaria independiente destinada a cubrir los objetivos de Natura 2000, por supuesto dentro de las previsiones financieras en fase de elaboración, junto con la actualización significativa del programa LIFE+ y dentro del presupuesto agrícola –a lo cual yo añadiría de inmediato que solo cabe concebirlo acompañado de incrementos reales del presupuesto agrícola asignado a este fin– o, por otra parte, junto con medidas adoptadas para crear un fondo totalmente independiente. Además, pido a los representantes de la Comisión que tengan en cuenta la adhesión de Rumanía y Bulgaria, así como Croacia, que no ha sido contemplada en el proyecto en su versión actual.

  Scheele (PSE) . – (DE) Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, quiero adherirme a los oradores anteriores en la felicitación a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Considero este debate como muy importante, por cuanto demuestra la necesidad de que esta Cámara ejerza presión para garantizar la creación de un instrumento independiente para financiar Natura 2000.

Una de las personas que ha intervenido anteriormente ha dicho que Natura 2000 se percibe en algunos sectores como un programa para enojar a la gente. Sin embargo, en otros muchos ámbitos se considera que proporciona una ayuda real en la lucha por proteger la biodiversidad. Creo que nuestra tarea consiste en apoyar a quienes lo perciben de esta manera y, al igual que muchos de mis compañeros Diputados, estoy por tanto a favor de que exista en el futuro un instrumento financiero independiente.

Considero igualmente que no es totalmente exacto afirmar que no es el importe de las subvenciones habilitadas lo que importa. Muchas de las ONG que trabajan en este campo nos han dicho que la estimación por parte de la Comisión del coste anual, cifrado en 6.100 millones de euros, solo puede considerarse como un mínimo absoluto. Por tanto, se nos plantea la tarea de garantizar que no solo se habilite un instrumento independiente, sino también una subvención en cuantía suficiente.

Puedo entender el atractivo de un planteamiento integrado, pero comparto la opinión de la señora Haug, que ha afirmado que la situación es similar a la que hemos conocido en el caso de las políticas sobre los temas de la mujer; durante años, cualquiera que no quisiera conceder ninguna atención a los temas de la mujer sostenía que no había necesidad para ello gracias a la integración de la perspectiva de género. Todo el mundo se dispuso entonces a esperar la aparición milagrosa de políticas progresistas en los temas de la mujer y de igualdad de oportunidades. Si se va a adoptar un enfoque integrado, entonces lo que hace falta es una estrategia dual; integración en los fondos existentes, pero un instrumento financiero independiente para el futuro.

  Klaß (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Señor Comisario, en Alemania tenemos una máxima que no por no estar escrita es menos clara, a saber, que quien hace el pedido, firma la factura, y ciertamente es un hecho bien conocido que en esta UE nuestra, nada ocurre sin dinero. La Unión Europea ordenó, o más bien instigó, la creación de la Red Natura 2000 en toda Europa. Sin embargo, la UE todavía no ha facilitado una definición precisa del tipo de medidas que hay que adoptar, del tipo de Reglamento que hay que aprobar o de la clase de trámites que hay que cubrir con respecto a las zonas protegidas que se hayan designado, y de hecho este punto ha sido resaltado hace unos momentos por el Comisario Dimas.

El coste anual de Natura 2000 ha sido estimado ahora por el señor Comisario en 6.100 millones de euros. Se trata de una suma considerable de dinero, pero al mismo tiempo puede resultar muy pequeña para el conjunto de los 25 Estados miembros, en función del alcance final del programa. De momento hay que definir los planes de gestión para las regiones FFH a nivel nacional y regional, y no resulta difícil adivinar que cada zona tendrá unas exigencias distintas en un entorno tan complejo como la protección medioambiental, y que habrá que poner en práctica medidas diferentes. Quedan algunos problemas, como los casos en que se haga necesario un mayor gasto o cuando se plantee si deben realizarse cambios en cuanto al uso de la tierra, dado que ello se traducirá en un recorte de los ingresos y en pérdidas financieras para las empresas agrícolas.

La Comisión propone ahora que el dinero gastado en estos cometidos proceda de fondos existentes de la UE. Esto supone un foco de preocupación para mí, pues significaría que resulta inevitable una pelea por las subvenciones del tipo descrito por el señor Florenz. Hay que crear un instrumento financiero independiente que permita asignar una compensación en todas las instancias en que se hayan impuesto restricciones como consecuencia de la designación de zonas protegidas Natura 2000.

Eso, señora Haug, es lo que están pidiendo los agricultores. Resulta intolerable que se produzca un aumento de los fondos para compensaciones FFH a costa de las medidas agrícolas y medioambientales o de otros programas de desarrollo. La Unión Europea debe habilitar fondos suficientes para cualquier tarea adicional y las costosas obligaciones que conlleve. Eso pondría a salvo la esencia de Natura 2000.

  Ayuso González (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, señor Comisario, la oportunidad de esta pregunta del señor Florenz reside en que la Red Natura 2000 es la iniciativa más importante que ha emprendido la Unión Europea en el ámbito de la protección de los espacios naturales y así lo han entendido los Estados miembros.

Mi país, que representa el 16 % del territorio de la Unión Europea, aporta el 40 % de toda la Red Natura 2000: el 25 % del territorio español está incluido en ella.

Pero Natura 2000 tiene un coste que, a día de hoy, no ha sido todavía calculado exactamente. Los 6 100 millones de euros que calcula la Comisión podrían estar muy lejos de la realidad, porque esta cifra no tiene suficientemente en cuenta el gasto de las indemnizaciones que podría haber que realizar a propietarios y a agricultores que, de hecho, son expropiados del uso y de los derechos que tienen sobre sus tierras agrícolas.

Y hay que recordar que, además de la gestión de los recursos naturales, hay que compensarles por el lucro cesante, tal como se establece en el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales, incluida en la Constitución Europea.

La Red Natura 2000 es una iniciativa comunitaria, por lo que la Unión Europea tiene que responsabilizarse del coste que supone no solo la gestión de las áreas, sino también el lucro cesante de los agricultores.

La propuesta de la Comisaria Wallström de financiar una parte de este coste mediante la política de desarrollo rural significa que la Comisión no se toma en serio la Red Natura 2000 o que desprecia el desarrollo rural, o las dos cosas a la vez.

Los Estados miembros tienen que elegir entre uno de esos dos objetivos; siempre uno en detrimento del otro. Si sale adelante la propuesta que tenemos encima de la mesa sobre el nuevo Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, con una dotación de 11 000 millones de euros anuales, habría que deducir un 20 % de ese importe para financiar una parte sustancial del coste de Natura 2000.

Por otra parte, en la reforma de la PAC realizada en septiembre de 2003 se amplió la lista de acciones que tienen que ser financiadas con cargo al desarrollo rural, añadiéndose a la misma la mejora de la calidad, la seguridad alimentaria y el bienestar del ganado.

Por lo tanto, la Red Natura 2000 es muy importante y tiene que contar con un instrumento para financiarse, ya sea en exclusiva o mediante una mejora de la dotación destinada a desarrollo rural.

  Korhola (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, la cuestión planteada por mi compañero, el señor Florenz, es una pregunta legítima. Existe un abismo político entre las prioridades fijadas para la Comunidad y la falta de claridad en cuanto a la financiación. Es muy meritorio por su parte, Comisario Dimas, expresar un deseo, tal como lo ha hecho al principio de este debate, para salvaguardar la financiación de Natura 2000. Además, necesitamos herramientas eficaces para hacer realidad su deseo. Necesitamos un fondo especial.

La protección de la diversidad de la naturaleza en el espacio que todos compartimos constituye un reto esencial para la Unión Europea. La diversidad es un tema de máxima importancia y, por tal motivo, no necesita aquí de una justificación propia. Todos los Estados miembros se han comprometido con esta idea, elaborando una lista de sus zonas de conservación de acuerdo con la Directiva Hábitats. Desde el punto de vista de la política de conservación de la naturaleza, la Red Natura 2000 es única, ya que protege el entorno de unos 200 tipos de hábitats y de 700 especies, y pronto abarcará más del 17 % del territorio de la UE.

La Red Natura 2000 exige un esfuerzo considerable por parte de los Estados miembros. Las zonas no deben sufrir una reducción significativa de los recursos naturales que les permiten quedar incluidas en la Red Natura. Las autoridades deben elaborar asimismo una evaluación del impacto medioambiental en todos los proyectos y planes que puedan tener algún efecto sobre el valor natural de las zonas en cuestión.

Dado que este vasto impacto de la Red Natura 2000 sobre todas las actividades actuales y planificadas sobre las zonas de conservación va a exigir un volumen apreciable de recursos e inversiones financieras por parte de los Estados miembros de la UE, tenemos que garantizar de verdad que se asigna una subvención suficiente y abundante a nivel de la UE para la administración de la Red Natura 2000 en virtud de un instrumento financiero independiente.

  Guellec (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, la Comunicación de la Comisión sobre la financiación de Natura 2000 plantea varias posibilidades para afrontar las necesidades que se manifestarán durante el período 2007-2013. Concluye, como ha señalado el Comisario, que la creación de un nuevo instrumento financiero no es la fórmula adecuada. Comparto plenamente este punto de vista, aunque no haya sido tenido mucho eco esta tarde en esta Asamblea.

En efecto, las zonas Natura 2000 propuestas por los Estados miembros podrán acogerse con carácter prioritario, en la mayoría de los casos, a los Fondos de Cohesión o Estructurales, y podrán beneficiarse asimismo de forma prioritaria de los créditos Life para garantizar los costes de gestión y seguimiento de los programas. ¿Por qué, entonces, tenemos que distinguir a toda costa entre la financiación de los programas Natura 2000 y la de las políticas regionales o rurales? En ambos casos, las acciones están muy ligadas, ya se trate de los objetivos de desarrollo local, de protección de los medios o de mantenimiento de la biodiversidad. Sería un grave riesgo que Natura 2000 quedara completamente desconectada de todo lo que se emprendiera por otros lados en los territorios afectados. Los obstáculos encontrados durante el largo –incluso muy largo– período de definición de las zonas Natura 2000 se verían multiplicados, y el aislamiento de este mecanismo, que se supone que es ejemplar, aumentaría todavía más.

Habría que temer asimismo una complejidad excesiva de aplicación y gestión de los programas, que se traduciría en una inflación de los costes de funcionamiento y una impresión de tecnocracia monumental que podría suscitar el rechazo en las poblaciones afectadas.

Por último, conviene destacar la gran variabilidad de los costes previstos de los programas en función de los países y de las zonas Natura 2000 seleccionadas. Una utilización inteligente de los Fondos Estructurales, a la que podrían añadirse en su caso fondos adicionales de Life, permitiría responder a ello, a mi entender, mucho mejor que un instrumento financiero específico.

  Kušķis (PPE-DE). (LV) Señor Presidente, Señorías, históricamente muchos hábitats que han desaparecido en otras parte de Europa, han sobrevivido en los nuevos Estados miembros. Esa es la razón por la que se ha concedido prioridad a nivel de política nacional a la creación de la Red Natura 2000.

En la actualidad, cuando se ha comprendido plenamente el inventario de territorios a proteger y su importancia cara a la preservación de la diversidad biológica, es posible que falten los recursos para mantenerlos. La Comisión ha anunciado que apoya la subvención de Natura 2000 con cargo a los Fondos de desarrollo rural y los Fondos estructurales. Sin embargo, no ha previsto crear un instrumento financiero específico diseñado para la Red. Creo que sobre todo en los nuevos Estados miembros, donde existe una fuerte competencia a nivel de proyecto local para conseguir recursos de los Fondos estructurales y los Fondos de apoyo rural, la red de protección de la naturaleza de la Unión Europea no deja mucha esperanza a la consecución de cofinanciación: no debe tolerarse este estado de cosas.

En primer lugar, deberíamos crear un instrumento nuevo y unificado para la financiación medioambiental. En segundo, debemos admitir propuestas para complementar las actividades apoyadas en el proyecto de Reglamento con las siguientes: asignación de subvenciones para la gestión de aquellos hábitats que no encuentren soporte dentro del marco de los Fondos estructurales y los Fondos de desarrollo rural; asignación de subvenciones para proyectos piloto en el campo de las tecnologías medioambientales; planificación de medidas preparatorias para la asignación futura de dinero procedente de los Fondos estructurales. Solo así se complementarán entre sí las fuentes accesibles de fondos a fin de mantener Natura 2000, y seremos capaces de lograr lo que nos propusimos al crear el programa Natura 2000.

  Ebner (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Señor Comisario, no puede haber nadie que no crea necesario proteger la naturaleza y el medio ambiente, y Natura 2000 es una idea excepcional y una iniciativa positiva. Pero cuando hay que ir al grano y llega el momento de habilitar dinero para iniciativas de este tipo y hacerlas despegar, muchos de quienes anteriormente expresaron su entusiasmo se baten en precipitada retirada. El número de personas que se sacrifican, o al menos están dispuestas a ello, es reducido.

Se han presentado algunos problemas iniciales con respecto a la ejecución de Natura 2000, que en principio se podrían haber evitado. Por ejemplo, los Países Bajos han aprovechado la ocasión para prohibir la caza en muchas partes del país, utilizando Natura 2000 como pretexto. Creo que eso ha provocado bastante oposición, y de hecho la Comisaria Wallström afirmó con rotundidad durante la legislatura anterior que Natura 2000 es totalmente compatible con la caza.

Es igualmente importante que se compartan los conocimientos y que se despejen las incertidumbres en cuanto a la aplicación. Estoy plenamente convencido de que los funcionarios en la DG del señor Dimas han hecho una labor espléndida en el pasado, pero por mucho esfuerzo que se ponga en ello, este tipo de trabajo no se puede ejecutar a menos que se hayan puesto los cimientos. Natura 2000 no debe ponerse en práctica a expensas de los terratenientes o de la agricultura, y hay que conceder compensaciones en lugar de quitarle a la gente lo que es suyo.

Natura 2000 no tiene que llevarse a la práctica a costa de la Política Agrícola Común o del desarrollo rural. Las zonas protegidas de Natura 2000 suponen el 15 % de la antigua UE, y las medidas de financiación para el 85 % restante –sin incluir ciudades y zonas edificadas– entran dentro del desarrollo rural y la agricultura. No deberían hacerse ulteriores reducciones a este enorme espacio, y por tanto creo que la financiación independiente y generosa sería la mejor solución.

  Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, Natura 2000 es un programa enormemente ambicioso que existe desde hace muchos años. A veces impone restricciones a los terratenientes, pero es la primera vez que la Comisión centra su atención en la financiación del programa a nivel europeo.

La Comisión propone que el programa sea cofinanciado y yo apoyo dicha propuesta. Pero al mismo tiempo, propone que el dinero provenga del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y los Fondos estructurales, y existen diferentes razones para pensar que la fuente primordial de las subvenciones se pretende que sea el desarrollo rural, ya que no existe un fondo independiente para Natura 2000. En calidad de ponente de desarrollo rural, tengo que señalar la necesidad de garantizar que se cree un nuevo fondo para financiar Natura 2000, o que se dicten disposiciones para asignar más dinero al desarrollo rural.

Otro punto que deseo mencionar es que, como resultado de las decisiones adoptadas por Bruselas para cubrir el presupuesto agrícola hasta 2013, y a consecuencia de la reforma de la PAC, que desplazó los fondos de modulación del primer al segundo pilar –o en otras palabras, a la cofinanciación para el desarrollo rural–, resulta inevitable que los terratenientes y los agricultores reciban compensaciones por sus esfuerzos con cargo a este pilar.

Otra cosa que está bastante clara es que bajo ningún concepto el presupuesto disponible puede ser inferior al propuesto por la anterior Comisión Prodi. Resulta imposible tener más Europa con menos dinero cuando hay 25 Estados miembros, y soy totalmente contraria a que se requisen bienes sin conceder la oportuna compensación.

  Kelam, Tunne (PPE-DE). – (ET) Señor Presidente, Señor Comisario, el debate de hoy gira en torno a la cuestión: «¿Cómo pretende la Comisión Europea asegurar el cumplimiento en la práctica de los objetivos de Natura 2000, a la hora de aplicar su planteamiento integrado?» Hasta ahora no se ha presentado ninguna respuesta satisfactoria, ya que ni el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional ni los Fondos estructurales permiten atender todos los objetivos de Natura 2000, o cubrir todas las necesidades de cofinanciación.

Por tanto, considero importante que se conceda la oportunidad de utilizar el programa Life+ para cubrir el déficit. Creo que se debe modificar la propuesta actual para dar cabida a la posibilidad de habilitar la cofinanciación de la UE para la protección y restauración de los hábitats de importancia europea que se encuentren fuera de zonas agrícolas o forestales.

Esa es la razón por la que Natura 2000 debe incorporarse al Reglamento de Life+ como actividad financiada independientemente; además, sería conveniente en el caso de Life+ encauzar la mayor parte de las subvenciones para los proyectos a través de los Estados miembros. Para ello deberá tenerse en cuenta la contribución real de cada Estado miembro a la Red Natura 2000 de la UE, incluyendo la superficie de las zonas de protección de aves y de naturaleza.

Un problema vigente consiste en que ni los Fondos estructurales ni el Fondo de Desarrollo Rural tienen en cuenta esta contribución de los Estados miembros a la Red Natura 2000, sino que, más bien, conceden preferencia a proyectos en zonas con mayor densidad de población. Como oriundo de Estonia, puedo dar fe de que uno de los activos únicos del país es la existencia de zonas naturales relativamente extensas. Los proyectos de Estonia abarcan el 16 % de la superficie rural del país. La conservación de estas zonas es más sencilla y barata por el momento que la recuperación de antiguas zonas naturales en Europa Central. Por tanto, no parece lógico que un fondo para financiar las actividades de protección de la naturaleza haga uso de la densidad de población, pero no de la situación actual de conservación de los recursos naturales, como criterio para las subvenciones.

  Jackson (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, apoyo el concepto de integración de la protección del medio ambiente en otras políticas como los fondos estructurales, los fondos agrícolas y demás. No obstante, cualquiera que se preocupe por el medio ambiente sabe que no se puede confiar necesariamente en los Estados miembros para hacer que la integración sea un éxito. Esta tarde hemos oído numerosos comentarios al respecto.

Quisiera llamar la atención del Comisario sobre el siguiente punto: algunos Estados han tardado mucho en designar las zonas Natura 2000. Se han dictado sentencias judiciales contra cuatro países –los Países Bajos, Francia, Italia y Finlandia– por haber designado inadecuadamente zonas de protección especial para las aves. Solo un país de la Unión Europea –los Países Bajos– ha completado la designación de zonas especiales de conservación.

Puesto que estos espacios componen la lista de Natura 2000, ¿cómo podemos dejar sin más la financiación en manos de los Estados miembros cuando ni siquiera se puede confiar en ellos para designar las zonas? Suponer que los Estados miembros proporcionarán fondos suficientes para Natura 2000 es un triunfo de la esperanza sobre la experiencia, a no ser que se ofrezcan incentivos de cofinanciación específica con cargo al presupuesto comunitario. Ruego al señor Dimas que cuando responda al debate, nos facilite datos recientes sobre el progreso exacto de Natura 2000. ¿Quedan todavía algunos Estados miembros que no han informado a la Comisión sobre la designación de zonas o ya se ha completado la red?

Por otro lado, quienes desean que todos los espacios de la red Natura 2000 cuenten con financiación comunitaria deben ajustarse a las posibilidades reales. Es preciso garantizar la integración de la protección en Natura 2000 con cargo a los fondos estructurales. Asimismo, necesitamos financiación a través del proceso de oferta anual que permita cubrir las necesidades especiales de determinados espacios Natura 2000, quizá mediante el establecimiento de un programa de biodiversidad dentro del programa LIFE+.

A la Comisión nunca le ha gustado el programa LIFE, que implica que un puñado de funcionarios han de realizar mucho trabajo arduo para comprobar el uso que se hace de importes de dinero muy pequeños. No hay duda de que, desde el punto de vista administrativo, a la Comisión le vendría muy bien poner fin a este programa en su totalidad. Pero eso sería un error, señor Comisario. Aunque usted afirme que lo que intenta hacer es efectivo, mis colegas y yo creemos que es un error.

PRESIDENCIA DE LA SRA. ROTH-BEHRENDT
Vicepresidenta

  Herranz García (PPE-DE). – (ES) Señor Comisario, la inclusión de la Red Natura 2000 en el Reglamento sobre desarrollo rural, tal y como propone la Comisión, significa lo mismo que echar en saco roto esa iniciativa tan ambiciosa de protección de la naturaleza.

Todos sabemos que, tras las actuales discusiones sobre las perspectivas financieras, puede que no haya fondos suficientes para cubrir siquiera las líneas que han venido financiándose hasta la fecha mediante la política de desarrollo rural, aún menos las nuevas acciones previstas, tras la reforma de septiembre de 2003, para la mejora de la seguridad, la calidad alimentaria y el bienestar del ganado.

Es un sueño, por lo tanto, pensar que habrá en ese contexto dinero para hacer frente al inmenso coste que supone Natura 2000. La incógnita sobre la financiación de esta Red es cada vez mayor, pero hay que reconocer que siempre ha estado ahí. La prueba es que la designación de los espacios de la Red Natura 2000 se ha retrasado, al menos, doce años, desde la adopción de la Directiva sobre hábitat.

En la consulta que en su día realizó la Comisión Europea a la sociedad civil, todos los agentes —desde los agricultores hasta las organizaciones ecologistas— se pronunciaron a favor de financiar esa iniciativa mediante un fondo separado y único, ya que esa sería la única fórmula posible para obligar a la Unión Europea a hacer un esfuerzo de financiación. La Comisión hizo, sin embargo, oídos sordos a todos los agentes concernidos por dicha iniciativa. La financiación de una parte sustancial del coste de Natura 2000 a través de desarrollo rural no solo es una quimera, sino que su inclusión dentro del eje de medidas agroambientales podría poner en entredicho los esfuerzos realizados por los agricultores europeos para respetar la ecocondicionalidad a la que les obliga la reforma de la PAC puesta en marcha recientemente.

La Comisión Europea dice que tiene como prioridad la conservación de la naturaleza, pero a la hora de la verdad se nos muestra tacaña con el dinero y pretende que sean los agricultores y los propietarios de las tierras los que se hagan cargo de su coste financiero.

  Dimas, miembro de la Comisión. Señora Presidenta, muchas gracias por este constructivo debate. La Comisión es plenamente consciente de la importancia que tiene asegurar una cofinanciación comunitaria suficiente para Natura 2000, cuyas listas se han aprobado, con muy pocas lagunas, para cinco de las seis regiones. Todos los nuevos Estados miembros han presentado sus listas.

El enfoque integrador propuesto es coherente con la intención del artículo 8 de la Directiva Hábitats, que contempla la cofinanciación con cargo a los fondos existentes. Asimismo, se basa en la práctica corriente, con arreglo a la cual los fondos estructurales y de desarrollo rural ya son las principales fuentes de financiación comunitaria de la red. Se calcula que cada año se destinan 500 millones de euros de los fondos de desarrollo rural a apoyar medidas agroambientales en zonas de la red Natura 2000.

La Comisión ha tomado nota de la inquietud que suscitan las grandes limitaciones de los fondos estructurales y de desarrollo rural. Para responder a esto, las últimas propuestas reconocen la necesidad de ampliar las posibilidades de financiación de Natura 2000 existentes en la actualidad. En los reglamentos de ambos fondos, la financiación de Natura 2000 se contempla de forma más explícita, al tiempo que se extiende su alcance. La ampliación de la financiación de las zonas forestales en el nuevo reglamento de desarrollo rural tiene un significado particular. No hay que subestimar la importancia de esto, ya que las zonas forestales representan un 30 % de la red Natura 2000.

La Comisión velará por que la integración de Natura 2000 en los fondos existentes sea más efectiva. Para ello, la incluirá con carácter prioritario en las orientaciones estratégicas que se impartirán a los Estados miembros cuando comiencen a preparar sus programas de fondos estructurales. En sus negociaciones con los Estados miembros sobre el contenido de dichos programas, la Comisión tratará de garantizar que las asignaciones destinadas a Natura 2000 se ajusten a esta prioridad comunitaria declarada. Además, la Comisión tendrá que aprobar los programas nacionales y operativos que se le presenten.

En relación con la propuesta correspondiente a LIFE+, quiero dejar claro que se pretende seguir apoyando la iniciativa Natura 2000. Los Estados miembros tienen flexibilidad para establecer sus propias prioridades y decidir las cantidades aportadas a Natura 2000. Por tanto, puede ocurrir que Natura 2000 reciba un porcentaje de recursos de LIFE bastante superior al actual. Si se establece una cantidad exacta para Natura 2000 en LIFE+, corremos el riesgo de dar la impresión de que se trata de un fondo específico capaz de cubrir todas las necesidades de la red.

Nuestra propuesta está en consonancia con el principio general de integración y simplificación de todas las demás propuestas de la Comisión en el contexto de las perspectivas financieras. Hay debates en curso en el Consejo y el Parlamento sobre el proyecto de reglamento de la Comisión para LIFE+. Si el Parlamento Europeo propone una enmienda durante el proceso legislativo, por supuesto que estaré dispuesto a estudiarla con detenimiento.

En conclusión, aunque las propuestas de la Comisión no ofrecen garantías explícitas, sí permiten cubrir las necesidades financieras de la red Natura 2000. Por este motivo, les animo a que respalden las diferentes propuestas de la Comisión presentadas en el Parlamento. Celebro su interés por Natura 2000 y espero colaborar con el Parlamento para garantizar su aplicación efectiva como un pilar central actual de la política de biodiversidad de la Comunidad. Muchas gracias por su atención.

  Jackson (PPE-DE). – (EN) Señora Presidenta, esto es un debate, o por lo menos debería serlo. Si vamos a dedicarnos simplemente a leernos discursos unos a otros, también podríamos intercambiar nuestros puntos de vista por correo. He formulado una pregunta al Comisario Dimas: ¿Está completa la lista de zonas de la red Natura, o sigue la Comisión llevando a los tribunales a los Estados miembros por no designar tales zonas? No tiene sentido que hablemos de la financiación de las zonas si la Comisión ni siquiera sabe de qué zonas se trata.

  Dimas, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, repetiré lo que he dicho antes: se han aprobado las listas, con pocas lagunas, para cinco de las seis regiones. Todos los nuevos Estados miembros han presentado sus listas.

  La Presidenta. El debate queda cerrado.

13. Medio ambiente y salud (2004-2010) (continuación del debate)

  La Presidenta. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6–0008/2005) de la señora Ries, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre el plan de acción europeo de medio ambiente y salud (2004–2010) (2004/2132(INI)).

  Breyer (Verts/ALE), en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señora Presidenta, lo que la Comisión debería haber hecho realmente en este plan de acción es presentar propuestas legislativas. Estas últimas constituyen una parte esencial de cualquier plan de acción, y espero que el señor Dimas esté de acuerdo en que el foco central de este plan de acción debería haber sido la protección de la infancia. Pero si nos preguntamos en qué ha convertido el señor Dimas el programa SCALE de la Comisión, la respuesta debe ser que SCALE es ahora el acrónimo de «stopping caring about legislating for the environment (dejar de preocuparse por legislar en favor del medio ambiente)», y eso, señor Dimas, es la mayor crítica que puede formularse a su propuesta. Es cierto que usted lo heredó de la Comisión anterior, pero un plan de acción no puede constar únicamente de investigación, investigación y más investigación, sin una sola auténtica medida para reducir la contaminación medioambiental y el impacto sobre la salud, principalmente sobre la salud de los niños.

Un plan de acción tampoco debe ser algo que aproveche la ausencia de consenso científico para posponer cualquier acción indefinidamente, ya que eso sería darle la vuelta totalmente al principio de precaución. Lo que esperamos de usted, señor Dimas, es acción, y me encanta que esta Cámara haya enviado hoy una señal clara en este sentido; no podemos otorgar nuestro respaldo a su plan de acción, que en realidad no es más que un plan de no acción. Al fin y al cabo, estamos de acuerdo en que la protección de la infancia tiene que ser totalmente prioritaria para la Unión Europea; por ello encuentro incomprensible que usted se atreva a presentar un plan de no acción así a esta Cámara, y no contento con ello, se atreva a denominarlo plan de acción.

Creo que eso no solo supone un insulto a la inteligencia de los diputados de esta Cámara; constituye una mofa de nuestras expectativas y, de hecho, de las propuestas anteriores de la Comisión.

Quiero decir al señor Schnellhardt y al Grupo del Partido Popular Europeo que me merecen escasa consideración quienes se doblegan ante las presiones del grupo de interés de la industria del tabaco y afirman que el tabaquismo pasivo no provoca cáncer, ya que dista mucho de ser cierto.

  De Brún (GUE/NGL), en nombre del Grupo GUE/NGL. –

(La oradora habla en irlandés)

(EN) Felicito a la señora Ries por su informe. El reconocimiento de que la salud está relacionada con nuestro entorno material y social ha de convertirse en un aspecto sustancial de la política y del debate fundamentales.

La señora Ries realiza una crítica acertada de la gran distancia que separa la estrategia inicial de la Comisión en materia de medio ambiente y salud y este plan de acción. Esta distancia queda reflejada en el reducido número de acciones concretas que se proponen.

También debemos fijarnos en los aciertos de Irlanda y otros países en relación con la prohibición de fumar en el lugar de trabajo. En Irlanda se ha registrado una disminución del consumo de cigarrillos del 18 % y aquellos que se oponían a que se prohibiera totalmente el tabaquismo en el lugar de trabajo ahora lo aceptan con normalidad.

Es preciso superar el concepto de que la salud es simplemente una opción de estilo de vida y el plan de acción no lo hace. Para que los grupos más desfavorecidos de nuestra sociedad puedan liberarse de la mala salud y la pobreza, necesitamos una acción definida y concertada por parte de los Estados miembros y la Comisión. Una acción que, además, debe contar con recursos suficientes.

Es preciso intensificar la colaboración con profesionales de la salud y organizaciones no gubernamentales para que las comunidades puedan participar activamente en la mejora del medio ambiente; es preciso incrementar la protección de los niños, los ancianos y los grupos vulnerables frente a productos y entornos peligrosos; es preciso intensificar la retirada del mercado de las sustancias químicas peligrosas; y es preciso instaurar un etiquetado adecuado de las implicaciones para la salud y el medio ambiente de los productos y materiales. Asimismo, es fundamental que podamos recurrir al principio de cautela debido a los graves riesgos potenciales para la salud que comporta toda inacción.

Estoy totalmente de acuerdo con la señora Ries y su afirmación de que para garantizar la coherencia y la eficacia del plan de acción, es necesario prever desde ahora una financiación suficiente durante el período 2004-2007. Le doy las gracias por su labor y pido al Parlamento que apruebe su informe.

  La Presidenta. Quiero manifestar a la señora de Brún y a los demás diputados a la Cámara que solo se puede ofrecer servicio de interpretación a las intervenciones efectuadas en un idioma oficial de la Unión Europea.

  Krupa (IND/DEM), en nombre del Grupo IND/DEM. (PL) Nosotros creemos que el plan de acción europeo de medio ambiente y salud (2004–2010) cuenta con deficiencias notorias, y que no va a la raíz de los problemas. El hecho de que las advertencias proferidas por multitud de expertos hayan sido ignoradas durante años no solo es consecuencia de la ignorancia y la inconsciencia, sino también de las actividades de grupos de interés acaudalados e influyentes que se benefician de las desgracias de otras personas. Los análisis de riesgos ya han demostrado que existe un riesgo manifiesto, así que investigaciones similares al «National Children’s Study» no es lo que precisan muchos Estados miembros. Eso solo supondría un análisis de riesgos más. Lo que de verdad se necesita son medidas correctoras inmediatas que reduzcan e, idealmente, eliminen las fuentes de emisiones nocivas, ya que tales medidas permitirían de verdad proteger la salud de la gente y salvar sus vidas. También es necesario un sistema de control eficaz, que comprenda paneles de evaluación regionales y programas de prevención locales. El plan de acción debería centrarse más en la protección del medio ambiente, incluido el entorno local, y en la creación de una Agencia Europea para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades. Al igual que su referente norteamericano, el cometido de esta agencia consistiría en ofrecer un servicio a los ciudadanos de los Estados miembros de la UE aprovechando los avances científicos, proporcionando una información fiable y actuando contra las amenazas para la salud pública. A mi juicio, la Agencia europea para sustancias tóxicas y registro de enfermedades debería quedar encuadrada bajo el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y debería trabajar conjuntamente con la Agencia Europea de Medio Ambiente. Gracias.

  Aylward (UEN), en nombre del Grupo UEN. – (EN) Señora Presidenta, vivimos en una comunidad de mercado interior formada por 25 Estados miembros, con una población total de unos 475 millones de habitantes. Esto crea un sistema en el que las personas pueden circular libremente de un Estado miembro a otro. Por lo tanto, tiene mucho sentido político que la Unión Europea asuma un papel central de coordinación para la mejora de la salud en el seno de la Unión.

La Unión Europea está en perfectas condiciones para detectar con precisión qué Estados miembros emplean las mejores técnicas para tratar enfermedades como las infecciones respiratorias agudas, que son la principal causa de mortalidad de los niños menores de cinco años. La UE debe aprender de las mejores técnicas disponibles en la Unión Europea para hacer frente a problemas de salud como el asma, las alergias infantiles y los trastornos del desarrollo neurológico.

Conviene recordar que fue la Unión Europea la que adoptó hace poco la iniciativa destinada a prohibir el uso de determinadas sustancias químicas en la fabricación de baldosas de plástico.

Por otra parte, la Comisión Europea ya ha declarado que la reducción del consumo de productos del tabaco constituirá uno de sus objetivos políticos principales. Desde una perspectiva irlandesa ya se han realizado grandes progresos y este es un modelo que podría utilizarse en otros Estados miembros de la Unión.

Lo esencial es que, si pretendemos mejorar la salud pública de los ciudadanos de Europa, tenemos que asegurar que haya presupuestos suficientes para abordar estos problemas. Por eso apoyo plenamente la recomendación de este informe de que se asignen como mínimo 300 millones de euros dentro del Séptimo Programa Marco de Investigación (2007-2012) con vistas a promover un nivel de salud más elevado en la Unión Europea.

Por último, el Parlamento Europeo disfruta de amplios poderes de codecisión en materia de medio ambiente y salud. Puedo asegurar a la Comisión y a la Presidencia del Consejo que en el futuro utilizaremos estos poderes con rigor.

  Seeber (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, nuestra forma de vida tiene un impacto cada vez mayor sobre el medio ambiente. Resultaría demasiado fácil pintar un cuadro en blanco y negro de escenas de pesadilla, pero no debemos olvidar que hemos conseguido realizar enormes progresos en diferentes campos relacionados con la calidad medioambiental. Basta con recordar los programas Auto-Oil I y II que implantamos para mejorar la calidad de la gasolina, combatiendo así el problema de la lluvia ácida, o la legislación europea puesta en práctica para lograr determinados niveles en la calidad del aire y el agua.

Pero a pesar de todo, no creo que podamos dormirnos en los laureles. Las cifras son alarmantes: una de cada seis defunciones o enfermedades de la infancia en Europa es achacable a factores medioambientales, habiéndose duplicado la incidencia de enfermedades respiratorias por alergias durante los últimos 20 años, viéndose afectado uno de cada siete niños, y estando expuesto casi el 10 % de los trabajadores a sustancias cancerígenas.

Eso significa que el plan de acción que tenemos delante resulta necesario con carácter urgente. Tenemos que asegurar que crece la aceptación del principio de precaución, además de por razones presupuestarias. La salud pública debe contemplarse como nuestra prioridad máxima en cualquier caso, pero también es cierto que una deficiente salud pública constituye una carga excesiva para nuestros presupuestos nacionales.

La estructura del plan de acción tiene que ser mejorada en los aspectos siguientes. Aun cuando la Comisión ha acertado en su decisión de conceder prioridad a la necesidad de combatir cuatro enfermedades relacionadas con el medio ambiente, el planteamiento adoptado deja mucho que desear. No se ha concedido ninguna atención a un gran número de estudios de reciente publicación, y no existe ninguna previsión en cuanto a la aplicación de instrumentos jurídicos, a diferencia de la iniciativa SCALE.

Existe asimismo una falta de medidas encaminadas a informar al público acerca de la conexión causal entre contaminación y salud, y no existe ninguna previsión cara a una evaluación a largo plazo que permita examinar si las medidas contribuyen a reducir los problemas de salud relacionados con el medio ambiente de una manera rentable. Por tanto, debe concederse prioridad a la investigación de la fabricación y utilización de productos cotidianos que contienen sustancias químicas alergénicas o cancerígenas.

  Westlund (PSE). (SV) Señora Presidenta, el riesgo de morir de cáncer es cuatro veces mayor en las peluqueras que en las mujeres en general. Una tercera parte de las enfermedades relacionadas con el trabajo se deben al uso de sustancias químicas peligrosas para la salud personal. Tal como se dice en este informe, el daño para el sistema nervioso causado por el mercurio, los pesticidas y otras sustancias químicas ha aumentado notablemente en las últimas décadas.

Por tanto, la labor de detectar y erradicar las sustancias químicas peligrosas constituye un factor decisivo para mejorar la salud de la gente. Este hecho, aunque puesto de manifiesto en el informe, tiene que constituir asimismo la base para las próximas discusiones en esta Cámara acerca de la futura política sobre sustancias químicas, REACH.

Las enfermedades y la salud deficiente afectan a los diversos grupos de la sociedad de formas diferentes. Los niños son muy sensibles a las influencias medioambientales. Las personas con rentas bajas se ven afectadas por la enfermedad con mayor frecuencia que los de rentas altas, y existe una diferencia entre problemas de salud en hombres y en mujeres. La comisión ha tenido presentes estos factores y para nosotros, los socialdemócratas, tiene mucha importancia que hayan sido incluidos. Hemos conseguido que el informe incluya tanto el hecho de que es preciso prestar mayor atención a los grupos especialmente vulnerables, como el de que hay que recopilar datos de manera que se pueda obtener mayor información acerca del modo en que los distintos grupos de la sociedad son vulnerables y se ven afectados por diversas formas de contaminación medioambiental. Por ejemplo, queremos el desglose de las estadísticas en función del género, de manera que podamos detectar y combatir las diferencias entre hombres y mujeres en lo concerniente a salud y enfermedad.

No es solo nuestro entorno el que causa las enfermedades. Actualmente también constituyen una seria amenaza las enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Así pues, los socialdemócratas hemos optado por dar mayor énfasis a la necesidad de un esfuerzo creciente para combatir las enfermedades provocadas, principalmente, por el alcohol pero también por el tabaco, una pobre dieta alimenticia y la falta de ejercicio.

  Matsakis (ALDE). – (EN) Señora Presidenta, la señora Ries merece nuestro agradecimiento por su arduo trabajo en torno a este informe.

La salud humana, tanto física como mental, está directamente relacionada con el medio ambiente en que vivimos. La mayoría de los procesos patológicos se deben a la interacción entre nuestro organismo y diversos factores ambientales. Esto es de sentido común. Un plan de acción sobre medio ambiente y salud ha de tener dos objetivos principales: en primer lugar, la rápida detección de los principales factores ambientales de riesgo para la salud y, en segundo lugar, la anulación o reducción de su repercusión en la salud humana lo antes posible. Esto también es de sentido común.

Lamentablemente, el plan de acción propuesto por la Comisión contiene más planificación que acción. Se centra sobre todo en la mejora de la información y la investigación en relación con los contaminantes medioambientales y las causas de las enfermedades, así como en la potenciación de los procedimientos de comunicación sobre salud y medio ambiente entre los Estados miembros. En última instancia pretende mejorar la salud humana. ¿Es esto de sentido común? Por un lado sí, ya que la información, la investigación y la cooperación en asuntos de interacción entre medio ambiente y salud siempre es cosa buena, pero no necesariamente precisamos disponer de más mecanismos costosos y laboriosos relacionados con la investigación para actuar con rapidez y salvar vidas ahora mismo.

Puesto que ya conocemos los principales riesgos ambientales que acaban con la vida humana, lo lógico sería concentrarnos primero en estos peligros y tratar de eliminarlos rápida y eficazmente. El tabaquismo es un ejemplo obvio. Sabemos que el consumo activo y pasivo de tabaco mata cada año a cientos de miles de personas en Europa. También sabemos que el único modo eficaz de reducir el nocivo hábito de fumar consiste en aumentar de forma drástica el precio de los cigarrillos, prohibir completamente su publicidad e impedir que nuestros agricultores produzcan tabaco.

¿Es esto lo que estamos haciendo? No exactamente. En numerosos Estados miembros de la Unión, el paquete de cigarrillos sigue siendo relativamente barato. Además se sigue haciendo publicidad del tabaco –en particular, publicidad indirecta, que es más efectiva porque actúa subconscientemente–, al tiempo que no dejamos de subvencionar a muchos de nuestros agricultores para que cultiven tabaco. Definitivamente, esto no es de sentido común.

En conclusión, digo «sí» al fomento de la investigación y la información para luchar contra aquellos trastornos prolongados relacionados con el medio ambiente sobre los que no tenemos muchos datos, pero insto a la Comisión a que diga «sí» a la aplicación inmediata de medidas drásticas encaminadas a prevenir las enfermedades que ya conocemos muy bien ahora.

  Staes (Verts/ALE). – (NL) Señora Presidenta, Señor Comisario, Señorías, son muchas las personas preocupadas por el impacto del medio ambiente sobre su salud, y estas preocupaciones son muy concretas. Ha quedado ya suficientemente demostrado que está disminuyendo la fertilidad y que está creciendo el número de abortos debido a influencias medioambientales. Cada vez es más evidente que la gente padece alergias. El número de niños que padece asma y que tiene que ir por la vida con un inhalador va en aumento. La influencia del humo del tabaco sobre la salud de los no fumadores ha quedado sobradamente clara para todos nosotros. El plan de acción se ajusta al planteamiento «SCALE» que se centra en cinco conceptos clave: science (basado en la ciencia), children (orientado hacia la infancia), awareness (fomenta la concienciación), legal instruments (utiliza los instrumentos jurídicos) y evaluation (lleva a cabo una evaluación constante y continuada). Sin embargo, he de decir, señor Comisario, que cuando se presentó el plan de acción, cundió una gran sensación de decepción y escepticismo. Permítame mencionar tres aspectos.

En primer lugar, existe un abismo notable entre las metas de la estrategia general y el propio plan de acción.

En segundo, el plan de acción no es realmente un plan de acción, sino más bien un plan de investigación, y de hecho uno que probablemente fracase a la hora de reducir realmente la carga de las enfermedades provocadas por la contaminación medioambiental. Como ya han manifestado diferentes miembros a la Cámara, señor Comisario, no necesitamos más investigación o estudios; lo que realmente necesitamos es acción.

En tercero, no existe ninguna propuesta financiera concreta por parte de la Comisión en cuanto a la forma de financiar todo esto. Sin financiación no se puede poner esto en marcha; eso, señor Comisario, resulta imposible y no es factible, eso sí que los sabemos. Esto provoca un enorme escepticismo, una gran preocupación, aunque por fortuna existe satisfacción por el informe de la señora Ries y el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Quiero centrarme en otros dos puntos que a los miembros del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea nos gustaría incluir en forma de dos enmiendas; quisiéramos señalar que no se han planteado objetivos para las acciones propuestas, y que, de las 13 acciones, solo tres pertenecen a medidas específicas para reducir la carga de las enfermedades.

En segundo lugar, nos gustaría señalar que no hay instaurado un sistema de vigilancia biológica ligado a la medicina medioambiental. Le pido, señor Comisario, que tome en consideración las observaciones del Parlamento y le agradecería que transformara su plan de acción en uno auténtico, que haga honor a su nombre.

  Adamou (GUE/NGL). – (EL) Señora Presidenta, Señor Comisario, Señorías, ya iba siendo hora de que se tomara conciencia del impacto directo que los factores medioambientales pueden tener sobre las personas. Es un tema que conocemos los oncólogos y con el que, por desgracia, a menudo tenemos que enfrentarnos.

La contaminación medioambiental desempeña un papel tremendo en el desarrollo del cáncer, una enfermedad que afectará a uno de cada tres europeos a lo largo de su vida. Permítame hacerle una predicción, Señor Comisario: al ritmo que está progresando en la actualidad la cardiología, tanto intervencionista como quirúrgica, no se sorprenda si, en el plazo de unos pocos años, el cáncer se convierte en la causa primera de defunción en los Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, la prevención del cáncer y otras enfermedades es necesaria y claramente más económica que su tratamiento posterior. Quiero subrayar aquí que el tabaco, contra el que está haciendo campaña el Comisario Kyprianou, es el factor medioambiental básico, pero no el único, que juega un papel destacado en el desarrollo del cáncer. Por desgracia, la Comisión se limita dentro del plan REACH a hacer pronunciamientos, al tiempo que pospone la definición de medidas legislativas y directrices especiales para su aplicación con la excusa de que precisa más investigación. Como también ha dicho la señora Ries, el plan es un plan de evaluación, en vez de un plan de acción. Existen diversos estudios científicos válidos sobre sustancias que son perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana, lo que nos hace preguntarnos qué intereses está protegiendo la Comisión: ¿los intereses de los ciudadanos europeos o los de las grandes industrias? Existe una necesidad perentoria de que determinadas sustancias nocivas específicas, recogidas en el informe, sean retiradas del mercado europeo, sobre todo al existir alternativas más seguras. En este caso, entre otras cosas, la supuesta falta de información no debe esgrimirse como excusa para la ausencia de acción. De manera análoga, resulta absolutamente necesario que se encuentren recursos tanto para la investigación, que exige de forma natural una mayor intensificación, como para la prevención de las enfermedades con una causa medioambiental.

En ninguna parte propone el plan recurrir al principio de precaución. Como tampoco establece de dónde va a proceder el dinero. Además se necesitan recursos para informar al público y a los profesionales, con vistas a erradicar el tabaquismo activo y pasivo, así como otros factores, de los lugares de trabajo y los espacios interiores y exteriores frecuentados por la infancia, lo cual está contemplado en el informe. Quiero subrayar aquí la posición vulnerable de los grupos sociales de rentas bajas que, debido a su posición económica y social, están expuestos a un nivel desproporcionado de riesgos medioambientales, tales como los trabajadores con profesiones insalubres.

Termino con la esperanza de que tanto la Comisión Europea como el Consejo Europeo tomen nota en serio del informe de la señora Ries, a la que felicito por su trabajo.

  Sinnott (IND/DEM). – (EN) Señora Presidenta, cuando nos encontramos enfermos, sanar es nuestro mayor deseo. Cuando estamos bien, conservar la salud es una de las cosas que más valoramos. En Irlanda hay un dicho que refleja la importancia que damos a la salud. Cuando alguien suspende un examen, abolla el parachoques del coche o le ocurre algo por el estilo, desdramatizamos la situación afirmando que «al menos estamos sanos». Felicito a la señora Ries: no se ha andado con rodeos. La salud de las personas, en especial la de los niños, está amenazada en los países europeos y el plan de acción para la salud, en su forma actual, no consigue ofrecernos una verdadera protección.

La señora Ries también ha dado continuidad con firmeza al importante proceso de denunciar las sustancias químicas tóxicas y proponer su erradicación. Quisiera apoyarla en esta labor y, al mismo tiempo, decir que confío en que pronto podamos agregar a la lista nuevas sustancias químicas, como el antimonio, las dioxinas y el ácido fluosilícico. Este último producto químico tóxico, el ácido fluosilícico, que se utiliza para fluorar el agua corriente en mi país, tiene el odioso efecto de aumentar de manera exponencial la peligrosidad de otras sustancias tóxicas, tales como el plomo, el mercurio y el aluminio. Se trata de un coadyuvante químico que disuelve estos venenos en el agua y los transfiere entonces a los tejidos y los huesos del organismo.

Me complace que en el informe de la señora Ries se examine el mercurio, probablemente el contaminante neurotóxico más peligroso de todos. Quiero que se sepa que los riesgos de este producto incluyen el hecho de que es un práctico conservante industrial que habrá de ser reemplazado. También me interesa en particular que se mejore el plan de acción con vistas a incluir sistemas de control de la salud verdaderamente eficaces y sensibles. Otro dicho que se utiliza en mi país es «al menos nadie ha muerto», pero esto ha dejado de ser cierto, porque hay gente que muere.

  Ebner (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, existe un proverbio en mi patria en el sentido de que una persona sana tiene cien deseos, mientras que una enferma solo tiene uno, curarse. Este proverbio encierra una gran sabiduría, y por tanto tenemos que apoyar cualquier intento por preservar la buena salud de la sociedad y de los individuos de la misma. Pero sin querer menospreciar los esfuerzos de la Comisión, este plan de acción es una investigación –y no solo eso, sino una investigación para la que por desgracia no se han podido utilizar los últimos descubrimientos– más que una medida eficaz, detallada y de largo recorrido encaminada a corregir una situación que ha sido diagnosticada como un problema.

A diferencia de muchos de los oradores que me han precedido, no es mi intención ver la botella medio vacía; quiero verla medio llena y felicitarle por sus esfuerzos. Pero al mismo tiempo, deseo animarle a seguir trabajando y ser más valiente en cuanto a las conclusiones que usted plantea. A modo de ilustración del principio de precaución, quisiera exponer el siguiente ejemplo. El Gobierno italiano prohibió hace poco fumar prácticamente en la totalidad de los recintos cerrados de Italia, y una ola de indignación recorrió el país, pero no existe ninguna duda de que la prohibición ha tenido un efecto positivo. Si los 1 000 millones de euros invertidos actualmente en el cultivo del tabaco se destinaran, de manera gradual y a su debido tiempo, a la salud, se estaría dando un paso decidido en favor de su mejora.

  Drčar Murko (ALDE). (SL) Gracias, señora Presidenta. Cuando el Parlamento Europeo plantea, por medio del informe de la señora Ries, medidas específicas para ejecutar el programa de política común en cuanto al medio ambiente y la salud para el período 2004–2010, nos queda claro que estos son ámbitos en los que la Unión Europea se está convirtiendo en un líder mundial. Al fin y al cabo, este no es solo un espacio de libre comercio, sino que es también un proyecto político, económico e incluso social. La lucha contra la exclusión social es uno de sus elementos esenciales.

A consecuencia de la ampliación, las políticas medioambientales y de salud quedan encuadradas dentro de marcos de referencia nuevos. La Unión Europea de 25 miembros está registrando un aumento de las diferencias regionales y sociales, algo que se refleja directamente en la calidad de vida de las personas. En contra de lo esperado, 55 millones de personas viven en la pobreza. Los grupos más vulnerables son las personas mayores que viven solas, las madres solteras y los parados. Los perfiles de estos grupos, que se hallan en situación de riesgo a consecuencia de la exclusión y, por tanto, en términos de salud, ilustran a las claras cómo han evolucionado las sociedades, cómo han cambiado los métodos de producción y cómo funcionan las economías.

Los nuevos Estados miembros no son un todo homogéneo, pero ciertos indicadores son parecidos, ya que son el resultado de condiciones similares en el período de transición. Existe un abismo especialmente grande entre los antiguos y los nuevos Estados miembros por lo que respecta al importe de los fondos invertidos en la atención sanitaria. Confío en que, en virtud de la estrategia común, resulte posible invertir gradualmente las tendencias negativas que estamos presenciando en la actualidad. Al igual que el medio ambiente, la salud de la población es un asunto interdepartamental. Un menor nivel de desarrollo significa menor grado de salud. Las oportunas inversiones en salud reducen los costes para la economía en su conjunto.

  Doyle (PPE-DE). – (EN) Señora Presidenta, este plan propone realizar acciones a través de iniciativas y programas existentes para los que ya se han asignado los recursos necesarios en los presupuestos operativos de los respectivos departamentos, en particular el Programa de Salud Pública y el Sexto Programa Marco de Investigación. Disculpen mi escepticismo. Para llevar adelante el plan de acción, es indispensable lanzar nuevas iniciativas.

Quiero resaltar la importancia que tiene detectar las lagunas del conocimiento y asegurar que las iniciativas destinadas a cubrir dichas lagunas estén bien calculadas y permitan dar los frutos necesarios. Dichas iniciativas deben basarse en procedimientos comunitarios de evaluación de riesgos y en las opiniones de los comités científicos pertinentes, que además prevén la evaluación por homólogos. Toda la legislación que aprobamos en esta Cámara depende de forma constante y creciente del rigor científico, y esto me preocupa cada vez más.

Es preciso que consten los nombres de los autores de todas las evaluaciones de impacto, que no deben ser simplemente el resultado de la introspección interna. Los nombres de los autores deben figurar en cada evaluación, de forma que sepamos quién la ha elaborado y podamos juzgar si existen intereses creados.

En nuestros Estados miembros es necesario mejorar mucho la coordinación entre los organismos públicos responsables de las actividades relacionadas con el control de los alimentos, del agua potable, de la calidad del aire, etc. En relación con la evaluación del impacto en la salud, parece que se acepta a escala internacional que la metodología está cambiando y no está establecida, y que resulta bastante complicado determinar y recopilar los datos estadísticos necesarios desde el punto de vista científico para respaldar las evaluaciones de impacto en la salud.

No podemos proteger a nadie de sí mismo, ni tampoco debemos legislar para cubrir todos los riesgos de la vida. En esto debemos ser sinceros. Me gustaría ver una definición del término «salud pública», que se sigue utilizando en diferentes normativas y tiene significados distintos en cada país. La Comisión habla de la salud del público europeo, no de la prestación de servicios de salud públicos.

En conclusión, insto a la Comisión a que prohíba el tratamiento masivo del agua corriente. Desde un punto de vista ético, las instituciones de la Unión Europea no pueden tolerar esta situación por más tiempo.

  Dimas, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, para empezar quiero dar las gracias a todos ustedes por los comentarios constructivos vertidos en el informe y durante el debate de hoy. La contribución del Parlamento Europeo es muy importante. Gracias a la estrecha colaboración entre el Parlamento y la Comisión, lograremos proporcionar a la Unión Europea un modo efectivo y eficaz de hacer frente a las posibles repercusiones de los problemas medioambientales sobre la salud humana. Pasaré a comentar brevemente sus observaciones y trataré de responder a sus preguntas.

El establecimiento progresivo de un sistema europeo integrado de información sobre el medio ambiente y la salud, en el que la biovigilancia humana desempeñará una función fundamental, constituye el valor añadido del plan de acción. Aunque se trata de un plan ambicioso a largo plazo, esto no nos impedirá tomar medidas. De hecho, ya se han puesto en marcha varias de ellas en relación con importantes problemas medioambientales y de salud. Por citar algunos ejemplos, mencionaré, en materia de agua limpia y saneamiento, la Directiva sobre tratamiento de las aguas urbanas residuales, la Directiva relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano y la Directiva sobre las aguas de baño.

Las enfermedades respiratorias se abordarán con mayor detenimiento a través del programa CAFE (Aire Limpio para Europa). Los trastornos relacionados con factores químicos y físicos ya se contemplan en la legislación sobre plaguicidas y biocidas. La nueva política de productos químicos (REACH) se convertirá en un pilar básico en este ámbito. Debemos tener presentes los resultados alcanzados y basarnos en los esfuerzos que ya se realizan en lugar de duplicarlos.

Ya existen numerosas acciones legislativas cuya próxima aplicación influirá en la protección de la salud humana. Con esto me refiero concretamente a las estrategias temáticas de REACH y CAFE. Es preciso continuar con nuestros esfuerzos antes de introducir elementos adicionales. Por este motivo, la estrategia de medio ambiente y salud se centra en la preparación de la próxima generación de legislación medioambiental.

La estrategia medioambiental y de salud se centraba de forma específica en la infancia y, durante el proceso de consulta a las partes interesadas con vistas a elaborar el plan de acción, diferentes expertos mostraron su preocupación por este hecho. En primer lugar, habría que incluir la exposición parental para cubrir el grupo de los niños nonatos y, en segundo lugar, habría que prestar atención a los adultos para tener en cuenta las enfermedades causadas por una exposición infantil. Por estas razones, el plan de acción ha ampliado su alcance para incluir también a los adultos, tomando en consideración las diferentes categorías de vulnerabilidad.

El principio de cautela es un elemento esencial de la política medioambiental y seguirá siendo la piedra angular de nuestra acción. Se aplicará de acuerdo con las condiciones previstas en la legislación vigente. La Comisión está totalmente de acuerdo con este enfoque. Quiero ser muy claro para evitar cualquier posible malentendido. La Comisión no utilizará esta falta de información en el ámbito de la salud y el medio ambiente como excusa para no actuar.

Con respecto al plan financiero, acogemos con gran satisfacción el apoyo del Parlamento en su calidad de autoridad presupuestaria responsable de financiar la ejecución del plan de acción. Estamos limitados por las iniciativas presupuestarias existentes hasta el año 2006, por lo que hemos de aprovechar al máximo todos los fondos disponibles.

En la actualidad defendemos en la Comisión un aumento muy sustancial del volumen de financiación de la investigación dedicada al medio ambiente y la salud. La petición del Parlamento de financiar 300 millones de euros para el período 2007-2010 nos proporciona un respaldo político muy útil.

No obstante, los Estados miembros también han de participar. La versión europea del National Children’s Study de los Estados Unidos, que ha reclamado el Parlamento, costaría unos 100 millones de euros al año. Esto supondría un fuerte incremento de los fondos asignados actualmente a medio ambiente y salud. Confío en que se obtenga todo el apoyo posible en la Unión Europea, pero es preciso que los Estados miembros también asuman un compromiso importante.

La Comisión aprecia mucho la cooperación del Parlamento y sus esfuerzos constructivos en este terreno. Para sacar el máximo provecho de ello, la Comisión informará con regularidad a la comisión parlamentaria competente acerca del progreso de la ejecución del plan de acción.

Por último, he de destacar que para el año 2007 habremos avanzado de manera significativa en el establecimiento del sistema de información y esperamos contar con los primeros resultados relativos a la efectividad de las medidas de reducción de costes para abordar los problemas de salud. Entonces volveremos a informar al Parlamento en términos reales sobre el funcionamiento de las políticas existentes y la posible necesidad de aplicar nuevas iniciativas políticas.

  La Presidenta. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el miércoles.

14. Permiso de conducción

  La Presidenta. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6–0016/2005) del señor Grosch, en nombre de la Comisión de Transporte y Turismo, sobre permiso de conducción.

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señora Presidenta, Señorías, la Comisión adoptó el 21 de octubre de 2003 una propuesta de directiva relativa al permiso de conducción que se disponen ustedes a debatir dentro de unos momentos.

Hoy son válidos y se encuentran en circulación en los Estados miembros más de 110 modelos distintos de permisos de conducción, que en el caso de determinados modelos confieren derechos divergentes. En un espacio abierto, en el que la libertad de circulación de los ciudadanos es la norma, las consecuencias de esta situación son evidentes. El control de esta gran variedad de permisos es muy difícil, las autoridades públicas apenas se aclaran y los ciudadanos tienen a menudo problemas por el no reconocimiento de sus permisos de conducción. Esta situación ha dejado de ser aceptable.

La directiva que propone la Comisión tiene tres objetivos principales: la protección contra el fraude, la libre circulación y la seguridad vial. Por lo que se refiere a la protección contra el fraude, la Comisión propone eliminar el modelo en papel. A partir de la fecha de aplicación de la directiva, el único modelo comunitario que podrá utilizarse será la tarjeta de plástico. Esto contribuirá también a reducir el número de modelos en circulación. Los Estados miembros tendrán la posibilidad de introducir un microprocesador en el permiso de conducir que solo contendrá, por supuesto, los datos recogidos en la tarjeta de plástico y que no podrá utilizarse para otros fines. Esto permitirá reforzar la protección contra el fraude.

La Comisión propone asimismo introducir un período de validez del permiso limitado en el tiempo. Esta validez administrativa, que será de diez años para los permisos de automóvil y motocicleta, permitirá actualizar con cada renovación los elementos de protección contra el fraude y disponer de una fotografía reciente en el documento. Es un medio real para evitar una situación parecida a la actual.

Con la introducción del período de validez limitado, se podrá poner fin a la última obstrucción a la libre circulación en este ámbito. Los ciudadanos que se instalen en otro Estado miembro no se enfrentarán ya a períodos de validez diferentes de un Estado miembro a otro. Este es un elemento que, junto con la armonización del modelo de permiso, contribuirá a eliminar los obstáculos a la libre circulación.

La propuesta de la Comisión pretende asimismo mejorar la seguridad vial. A este fin, la Comisión propone introducir una nueva categoría de permiso de conducción para los ciclomotores. En efecto, los conductores de ciclomotores son los más jóvenes participantes motorizados en la circulación vial. Son también especialmente vulnerables, como demuestran todas las estadísticas, en la medida en que están implicados en accidentes en número proporcionalmente mucho mayor que los demás usuarios. La Comisión propone también regular el acceso a la conducción de las motocicletas más potentes sobre una base progresiva, hacer lo mismo para los vehículos pesados y los autocares más potentes, armonizar la periodicidad de los exámenes médicos para los conductores profesionales e introducir exigencias mínimas para la cualificación inicial y la formación continua de los examinadores.

He aquí, señora Presidenta, Señorías, una propuesta ambiciosa para mejorar la seguridad vial, para garantizar la libre circulación y para luchar contra el fraude en el permiso de conducción. Tendrá una repercusión indudable sobre cierto número de ciudadanos para los cuales el permiso de conducción es una garantía de movilidad y de libre circulación y un documento de identidad en la vida cotidiana.

  Grosch (PPE-DE), – (DE) Señora Presidenta, Señor Comisario, Señorías, quiero comenzar dando las gracias a todos cuantos han intervenido, no solo a la Comisión y a los servicios administrativos del Parlamento, sino también a mis compañeros diputados. A lo largo de estos últimos meses, el trabajo relativo a la Directiva sobre permiso de conducción ha estado marcado por un deseo por conseguir la coherencia y por establecer un diálogo en profundidad. La razón de esto radica en que las diferentes opiniones que han surgido sobre el tema han emergido de las diferencias de visión entre los diferentes países, más que de las políticas de partido.

En este contexto, señor Comisario, quiero dar las gracias a la Comisión por sus lúcidos consejos, y también a todas las personas que han trabajado con ahínco en torno a este tema.

(DE) Al tiempo que buscábamos el consenso y la coherencia, también nos pareció importante que todo este instrumento fuera de beneficio público, ya que afecta al fin y al cabo a casi dos terceras partes de la población adulta de Europa. Esa es la razón por la que optamos por ir un poco más lejos: en lugar de 111 permisos de conducción más un modelo europeo, la propuesta presentada por la Comisión de Transporte y Turismo plantea una reducción a un solo permiso de conducción dentro de un espacio de tiempo razonable de unos diez o veinte años.

Naturalmente, esto tiene un cierto valor simbólico, pero también ofrece la ventaja de simplificar los controles de carretera; los controles simplificados son coherentes, por supuesto, con la lucha contra el delito y el fraude, y todos estamos familiarizados con el problema del turismo de permisos en Europa; Internet rebosa de páginas dedicadas al mismo, razón por la que este es un asunto que afecta también a los Estados miembros. El asunto estriba en que, si tenemos un solo permiso de conducción y podemos en consecuencia simplificar y centralizar los datos en los Estados miembros, y si estos están dispuestos además a colaborar en el intercambio de dichos datos, nos acercará a la erradicación del fraude y a mejorar la movilidad en Europa.

El público se beneficia además de la seguridad jurídica. Lejos de querer suprimir derechos adquiridos, pretendemos reforzarlos. Queremos también garantizar que quienes se ganan la vida conduciendo no pierdan sus derechos cuando cambian de residencia, por ejemplo, tal como hemos sabido a partir de las quejas planteadas a la Comisión. La propuesta también beneficiaría a la gente que viaja de un país a otro en calidad de turista y que le gustaría que sus derechos estuvieran reconocidos allá donde vayan.

También hemos optado por obviar cualquier discriminación por motivos de edad y en consecuencia hemos dejado a criterio de los Estados miembros introducir pruebas médicas u otras puramente preventivas si lo consideran oportuno. Sin embargo, creo firmemente que las disposiciones ya establecidas en algunos países se propagarán a otros.

Otro de los beneficios es una mayor seguridad vial; a este respecto, la propuesta de Directiva sigue la posición de la Comisión en cuanto a fiarse de la formación básica. La formación básica es el elemento fundamental, pero no interfiere en modo alguno con los sistemas de instrucción superior. A tal fin hemos buscado la coherencia con la Directiva en cuanto a la cualificación inicial y la formación periódica de los conductores de determinados vehículos para el transporte de mercancías y pasajeros, ya sean para conductores de autobuses o de camiones.

Otro ejemplo nos lo brinda nuestra solución al problema de las caravanas y los remolques, que radica en una formación adecuada más que en la implantación de un complejo permiso B+E; de esta forma podemos tener en cuenta el turismo, que desempeña un papel importante, como todos sabemos, en el desarrollo de la economía europea.

Otro de los rasgos de la filosofía subyacente es el enfoque de acceso progresivo con respecto a los motociclistas, y en su presentación, señor Vicepresidente, usted ha hecho referencia a la realidad universalmente reconocida de que se puede hacer y hay que efectuar mayores esfuerzos en este sentido. Todavía se siguen produciendo 40 000 muertes en nuestras carreteras, y mientras desciende el número de fallecidos en accidentes de coches, no se puede decir lo mismo, por desgracia, de los accidentes de motocicletas, que continúan cobrándose una cifra alarmantemente elevada de vidas.

Por eso hemos adoptado un planteamiento de acceso progresivo, pero no pretendemos sustentarlo sobre exámenes teóricos. Nos hemos decantado por la formación, y en consecuencia nos proponemos permitir a los Estados miembros que prefieran fijar una edad mínima más baja, garantizar la seguridad jurídica a este respecto para los ciudadanos, pero sus sistemas tienen que quedar validados según dictamina la propuesta de Directiva. No queremos rebatir las costumbres de una serie de países en este ámbito, costumbres enraizadas en factores tales como las necesidades de movilidad y la condiciones económicas, pero deseamos propugnar una estrategia general basada en una edad media europea y un sistema de formación progresiva.

Existen problemas de equiparación y esos no van a desaparecer. Lo que hemos hecho ha sido poner en marcha un intento inicial para cubrir también los vehículos de tres y cuatro ruedas, pero también somos conscientes de que los problemas inherentes no se pueden resolver de la noche a la mañana. Por mi parte, sigo creyendo que no sería sensato cubrir los coches y las motocicletas con el mismo permiso, ya que requieren dos conjuntos muy diferentes de habilidades de conducción, aun cuando pudiera ser una forma de mejorar la comprensión mutua entre los conductores de coches y de motocicletas.

Resumiendo: simplificación, seguridad jurídica, seguridad vial y supresión del fraude son los elementos principales que hemos procurado resaltar en nuestra propuesta. Por último, permítanme reiterar mi gratitud a todos mis compañeros diputados por su buena animosidad y cooperación durante los últimos meses.

  Jarzembowski (PPE-DE), en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señora Presidenta, Señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, el Grupo del Partido Popular Europeo (Cristiano-Demócratas) y de los Demócratas Europeos desea felicitar al ponente, señor Grosch, por su excelente informe sobre la propuesta de la Comisión de una tercera Directiva relativa al permiso de conducción. Ha presentado propuestas detalladas en cuanto a mejoras relativas a la futura introducción de un permiso de conducción europeo homogéneo y, lo que es más importante, ha planteado previsiones atractivas para el usuario, como las referentes a las caravanas y remolques. Además ha presentado propuestas claras de mejora en el ámbito del llamado turismo del permiso de conducir. No se sirve a la causa de la seguridad vial permitiendo a alguien, a quien se ha retirado el permiso de conducción por un motivo justificado, que obtenga inmediatamente uno nuevo en un país vecino. A este respecto, el señor Grosch ha llevado a cabo una labor excelente desarrollando el principio de eliminar el turismo del permiso de conducir.

Existen, no obstante, dos puntos en el informe que mi Grupo rechaza. Lo mismo que la Comisión, señor Vicepresidente, nos oponemos al cambio obligatorio de permisos de conducir existentes. La seguridad vial no se mejora en absoluto mandando a la gente a un organismo público, obligándola a que se haga una foto nueva y extendiéndole un nuevo documento de permiso de conducir. En el mejor de los casos, este trámite facilita las comprobaciones policiales, pero en nada contribuye a mejorar la seguridad vial. Si se compara el beneficio de unos controles policiales más sencillos con el jaleo y las incomodidades a que se sometería a los conductores –decenas de miles de ellos, si no más, que jamás habrán de conducir en un país diferente de la UE se verían obligados a sacar un nuevo permiso–, las desventajas superan cualquier beneficio y mi Grupo se adhiere a la Comisión al oponerse a dicho trámite.

El segundo punto que rechazamos en el informe se refiere a la limitación obligatoria de la validez de los permisos de conducir. Esto tampoco contribuye en nada a mejorar la seguridad vial. Solo se traduce en que la gente tiene que acudir a las autoridades, hacerse una fotografía nueva y recoger un nuevo permiso de conducir, aun cuando, tal como reconoce acertadamente el ponente, la autorización que se deriva del examen de conducir original sigue teniendo validez.

Señorías, les pido que nos ayuden a respaldar nuestra posición en beneficio de las gentes de Europa. No deseamos el canje obligatorio de permisos de conducir y no deseamos ninguna limitación de su validez.

  Hedkvist Petersen (PSE), en nombre del Grupo del PSE. (SV) Señora Presidenta, señor Comisario, en primer lugar quiero agradecer al señor Grosch su excelente colaboración y su método tan constructivo de trabajo en el proceso de elaborar la propuesta de la comisión. Han participado todos los Grupos políticos y les estamos agradecidos por haberlo hecho.

En este caso se trataba de navegar entre las tradiciones y las diferencias en los distintos Estados miembros, pero sin perder de vista el objetivo, a saber, el de incrementar la movilidad de la gente en la UE y de promover la seguridad vial. Ahora se trata de embarcarnos en la larga travesía en dirección a un permiso de conducir para toda la UE. Va a llevar muchos años, pero es importante sustituir el antiguo permiso de conducir. La razón para ello es la necesidad de poner coto al turismo de permiso de conducir, por el que se pierden estos y se adquieren otros nuevos. Ahora contamos con 110 modelos de permisos, y la policía no puede comprobar si un permiso que pueda quedar requisado o uno que se le exhiba es auténtico.

En Suecia existía hace algunos años una situación por la cual se podía acudir a una imprenta clandestina y adquirir un permiso de conducir del antiguo país de origen de la persona, y presentarse ante el correspondiente organismo sueco y canjear el permiso por uno sueco. Eso es inaceptable y no podemos tolerar una situación así. Por tanto pienso que el Consejo de Ministros tiene que aprobar la sustitución del antiguo permiso de conducir. Pasarán 60 años antes de que contemos con una situación aceptable si tenemos que darnos por satisfechos con la propuesta del Grupo del Partido Popular Europeo (Cristiano-Demócratas) y de los Demócratas Europeos. Eso no se debe tolerar. El canje es de importancia vital para nosotros los usuarios de las carreteras, ya que nosotros también nos movemos por ellas y queremos saber que los permisos de conducir que existen son auténticos. En lo tocante a médicos o pilotos, jamás aceptaremos una situación en la que no sepamos si sus papeles y conocimientos son auténticos.

El Grupo Socialista del Parlamento Europeo apoya la mayor parte de la propuesta de la comisión. No creemos que los interminables exámenes médicos de la salud de los conductores, tal como propone la Comisión, sean una buena idea. Los médicos de Europa deben dedicarse a tratar a la gente que está enferma y a trabajar en el ámbito de la sanidad, no a verificar el estado de los conductores. Huelga decir por supuesto que los exámenes médicos y las pruebas de visión son necesarios a la hora de emitir un permiso de conducir.

En lo concerniente a ciclomotores y motocicletas, en el Grupo PSE queremos alentar la formación y las pruebas en una situación en la que los conductores empiecen por los ciclomotores y vayan progresando gradualmente a través de las clase de permisos de conducir. Queremos también que los Estados miembros puedan introducir reglas relativas al acceso directo de la gente, dentro de dichos Estados miembros, a las motocicletas pesadas cuando alcancen la edad de 21 años. Se aceptan las excepciones nacionales para los coches y los ciclomotores y, por tanto, creemos que debería ser igual en el caso de las motocicletas. En cuanto a los remolques y las caravanas motorizadas, compartimos la posición del señor Grosch.

Por último, la evolución que anticipamos es aquella en la que cada vez más coches estén equipados con dispositivos de seguridad, tales como bloqueos por alcohol y avisos a los conductores para que se abrochen los cinturones y enciendan las luces. Es algo que alientan la Comisión Europea y los organismos de seguridad. Así pues, tenemos que contribuir también a producir un documento básico que permita a la gente conducir vehículos: un permiso de conducir que sea auténtico, fiable y actualizado.

  Sterckx (ALDE), en nombre del Grupo ALDE. – (NL) Señora Presidenta, Señor Comisario, tengo que felicitar al ponente, cuya tarea era enormemente difícil y que estaba manejando algo que afecta a la casi totalidad de los ciudadanos al tiempo que es muy técnico, con multitud de detalles y diferencias notables entre los Estados miembros. Su tarea resultaba tanto más difícil por cuanto, a pesar de que todo el mundo acepte los principios y esté de acuerdo en que el sistema debe ser simplificado y estar mejor controlado y cosas análogas, nadie está realmente dispuesto a renunciar a las diferencias nacionales. Cada vez utilizamos en mayor grado las carreteras de los demás, lo que significa que tenemos que fiarnos de los otros en mayor medida en cuanto a los documentos que otorgamos a los conductores, pero la emisión de dichos documentos aún sigue considerándose una especie de secreto estratégico, casi militar dentro de cada Estado miembro, por lo que los sellos deben guardarse celosamente. Pienso, señor Grosch, que esto tiene que dificultar aún más su cometido, y tampoco ha facilitado en nada nuestra labor.

Mi Grupo está de acuerdo en la necesidad manifiesta de introducir un modelo europeo, y creemos que es algo que debe realizarse lo más rápidamente posible, con actualizaciones administrativas regulares. Pero nos oponemos a la introducción de pruebas adicionales. Son actualizaciones administrativas, al fin y al cabo, y no sería justo para los mayores. Además, las estadísticas no corroboran su necesidad.

No existe ninguna prueba en ninguna parte que sugiera que los mayores son conductores especialmente peligrosos. Es más, no deberíamos ponerles más trabas a que conduzcan un coche, que para muchas personas de edad constituye un salvavidas. Lo mismo debe ser válido para las personas de salud deficiente. Idealmente, la decisión de conducir o no un coche debería ser una decisión conjunta adoptada por un paciente y su médico de cabecera, en donde este juzgue de buena fe si esa persona sigue estando o no en condiciones de conducir un coche, y el paciente debería respetar dicha decisión.

Creo que el principio al que nos debemos atener es el de no elaborar leyes europeas que sean demasiado farragosas, imponer principios generales como ocurre en su informe y adoptar una decisión lo más próxima posible al ciudadano. El Comité de Expertos Europeos puede continuar realizando su labor de todas formas, pero pienso que el trabajo debería realizarse idealmente lo más próximo posible a la ciudadanía.

Nuestro Grupo ha presentado algunas enmiendas para ajustar los permisos de conducción de los ciclomotores y las motocicletas a la tradición en los Estados miembros y no ser demasiado restrictivo en este tema. Apoyamos la tendencia general del informe del señor Grosch, que consideramos, en cualquier caso, como un importante paso hacia adelante. Vamos avanzando hacia una mejor situación de control dentro de la Unión Europea. En su momento, explicaremos a los ciudadanos que cuentan con un permiso que les autoriza a conducir coches o motocicletas, o similares, en toda la Unión. En la Unión, podremos fiarnos de las pruebas establecidas en los diferentes Estados miembros. Por consiguiente, tendremos la certeza de que todo el mundo que disponga de un permiso así es un buen conductor de ciclomotor, motocicleta, automóvil o camión. Pienso que el público llegará a darse cuenta de que la Unión Europea también atiende causas muy concretas. Creo que su informe representa un paso en la dirección acertada, y por ello quiero darle las gracias.

  Auken (Verts/ALE), en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DA) Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Grosch por un trabajo realmente constructivo y felicitarle por ello. Nos hemos escuchado mutuamente y pienso que ahora nos encontramos en una situación en la que resulta evidente que los argumentos han desempeñado un papel útil. Creo que se ha hecho un trabajo muy valioso, y considero igualmente espléndido que el señor Grosch haya desviado la atención de una lucha ciertamente abstracta contra el terrorismo, o comoquiera que fuera en un principio, hacia el tema de la seguridad vial y del terror real que padecemos en Europa por el cual, el número de personas muertas e inválidas en nuestras carreteras es equivalente al número de defunciones que se producirían si se estrellara todas las semanas un avión jumbo, pereciendo todo el pasaje. Es realmente importante que hagamos algo al respecto, y una condición previa –o una de las condiciones previas– para que se haga es, por supuesto, que dispongamos de permisos que puedan ser verificados y que tengan reconocimiento en toda Europa.

Considero excelente que no hayamos sometido a nuestros mayores a más pruebas. Es saludable que, también en esta Cámara, hayamos reconocido que la mayoría de ellos son, por supuesto, excelentes conductores que compensan sus tiempos de reacción más limitados conduciendo con más cuidado. ¡Si la gente apta y sana antepusiera la conducción prudente al exceso de confianza!

Hay un punto que encontramos de muy difícil comprensión. Existen países –y no creo que la totalidad del Grupo del Partido Popular Europeo (Cristiano-Demócratas) y de los Demócratas Europeos caiga dentro de esta categoría– que aparentemente conceden un valor desmesurado a su permiso de conducir. Pienso que deberían adoptar una actitud mucho más relajada frente a su antiguo permiso de conducir, en vez de mimarlo como si fuera un objeto que no es susceptible de canje. De esa forma, deberíamos obtener un permiso de conducir que podamos utilizar en el resto de Europa. No existe ningún indicio de que se vaya a sustituir el permiso de conducir. Nosotros lo intentamos en Dinamarca y funcionó. No supuso el fin del mundo.

  Chruszcz (IND/DEM), en nombre del Grupo IND/DEM. – (PL) Señora Presidenta, Señorías, quiero felicitar al señor Grosch por su labor, que creo seguirá produciendo beneficios durante mucho tiempo. Pero al mismo tiempo hay otro punto que quiero mencionar. Esta Cámara a menudo favorece reglamentos innecesarios y un exceso de detalles, convirtiendo innecesariamente en complejos unos asuntos que son sencillos y evidentes. Una de las razones bien pudiera ser que el Parlamento Europeo es una institución de la UE.

Muchos países europeos, incluido el mío, Polonia, ya emiten permisos de conducir perfectamente válidos dotados de muchas características de seguridad, y en cualquier caso se están sustituyendo gradualmente los permisos de papel. La formación de los aspirantes a conductores está en constante mejora y los países están aprendiendo notablemente unos de otros. Por eso me preocupa escuchar que muchos ciudadanos en los Estados miembros de la UE tendrán que someterse a la penosa prueba de canjear una vez más su permiso de conducir. A mi juicio, la incorporación de microchips y el cambio frecuente de permisos de conducir, tal como propone el señor Grosch, entraña un gasto innecesario. También supondría una pérdida de tiempo para los ciudadanos, que preferirían hacer cualquier otra cosa antes que guardar cola esperando a que se les emita un permiso.

Por último, quiero apuntar que, a mi juicio, las restricciones oficiales, que dictaminan si los extranjeros pueden solicitar y pueden obtener un permiso de conducir, son incompatibles con el principio de libre circulación de personas. Debería establecerse una distinción entre quienes hayan cometido una infracción en su país de origen y están intentando adquirir un nuevo permiso en un país diferente, y los que viven en regiones fronterizas y prefieren elegir una academia de conducir mejor y más económica al otro lado de la frontera.

  Zīle (UEN) en nombre del Grupo UEN. (LV) Señora Presidenta, Señorías, yo también quiero comenzar mi intervención dando las gracias al señor Grosch por su estupenda dirección de este proyecto en condiciones difíciles. Como representante de un nuevo Estado miembro, esta situación con los permisos de conducir me cogió realmente muy de sorpresa, ya que en Letonia, mi país, empezamos a emitir permisos de plástico con el tamaño de tarjeta de crédito dos años después de recuperar la independencia. A título personal, han transcurrido diez años desde que comencé a utilizar mi primer permiso de plástico, y el año pasado lo canjeé por otro nuevo en el que aparece el símbolo de la Unión Europea. Por todo ello, me resulta bastante difícil comprender por qué los representantes de ciertos Estados juzgan políticamente imposible admitir que los permisos de papel deben sustituirse por otros de plástico. Si Letonia ha sido capaz de hacerlo, a mi juicio otros Estados también pueden hacerlo. Y si contamos con un mercado interior común y con la libre circulación de los trabajadores, resulta difícil entender por qué no podemos adoptar un sistema unificado de obtención del permiso de conducir, de requisitos sanitarios y asuntos similares, ya que cualquier conductor de la Unión Europea puede provocar situaciones problemáticas de tráfico en cualquier otro Estado de la Unión Europea. Asimismo, me parece que en el tema de la implantación de microchips y de su utilización, tanto la Comisión como el Parlamento podrían haber actuado con mayor rigor y haber preservado la obligación de introducirlos en un futuro próximo. Espero de verdad que mañana votemos a favor de esta encomiable propuesta de Directiva en primera lectura.

  Romagnoli (NI). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, abordamos en esta Cámara un tema que ha ocupado no poco a la Comisión de Transportes y Turismo y al ponente, el señor Grosch, a quien agradezco el diligente y puntual informe realizado, que comparto en buena parte, aunque no en su totalidad.

El señor Sterckx ha afirmado que todos compartimos las finalidades del modelo único para toda la UE, aunque desde luego existan diferencias. Se refería, en particular, a la renovación administrativa del permiso para las personas de edad avanzada. En mi opinión, se trata de una cuestión que requiere más atención. Pondré un ejemplo: yo practico el vuelo con un medio absolutamente inocuo, sin ninguna motorización: creo que en caso de accidente no podré causar más víctimas que yo mismo y, a lo sumo, otra persona implicada. A pesar de ello, en Italia estoy sujeto a un seguro obligatorio, a una revisión médica cada dos años y a una serie de obligaciones administrativas y de otro tipo que, francamente, parecen exageradas en comparación con la peligrosidad social de un vehículo automóvil, que, en caso de accidente, puede provocar una masacre. Es necesaria pues mucha cautela.

Se trata de armonizar un sector que tiene considerables repercusiones en la vida de los ciudadanos y evidentes implicaciones de índole social por la seguridad del comportamiento de los conductores. Es preciso, por tanto, homologar no solo un documento –no se trata simplemente de pasar de un documento de papel a uno de plástico–, sino también los comportamientos de conducción. A este fin, debemos hacer que los agentes de policía puedan reconocer con certeza a un conductor que, en su caso, infrinja el Código de Circulación.

Quisiera detenerme, en particular, en las enmiendas presentadas con otros colegas sobre la introducción del permiso de categoría AM para los ciclomotores. Pienso que debemos estar agradecidos a los conductores de vehículos de dos ruedas, porque sobre todo en los países del sur de Europa contribuyen a resolver los graves problemas de tráfico, ayudan al medio ambiente y a la calidad de vida en las ciudades, sobre todo las que tienen un tejido urbano más tradicional.

Los posibles comportamientos peligrosos deben sancionarse y reprimirse, y no faltan instrumentos para ello. No obstante, penalizar la circulación sobre dos ruedas, como hace en parte esta directiva, no solo va en detrimento, a mi entender, de nuestras economías, sino también de la calidad de vida en general.

  Queiró (PPE-DE). – (PT) Deseo comenzar felicitando al señor Grosch por su informe y afirmando que mi preocupación principal en este debate cara a la futura adopción de un permiso de conducir europeo radica en que no se eche a perder una idea válida por culpa de una reglamentación excesiva, que conduzca a un mayor número de obligaciones y obstáculos para los conductores en la UE.

La idea es buena. Dado que los ciudadanos europeos cada vez disfrutan de mayor libertad de circulación, resulta necesario armonizar las reglas básicas encaminadas a promover la seguridad en las carreteras, prevenir el fraude causado por el uso indebido de permisos falsos y a evitar que los conductores, que han sido sancionados en un país, obtengan fácilmente un nuevo permiso en otro.

Enunciado de esta forma, es un mensaje sencillo, que será fácilmente comprendido por quienes son sus destinatarios y que será asumido por el público sin ninguna dificultad.

El problema surge cuando una idea buena, una iniciativa política de evidente buena acogida, se ve minada por la tentación de legislar. Lo que hemos de evitar, cuando se trate de medidas positivas como esta, es una escalada de las restricciones legislativas y burocráticas y de los costes financieros para los conductores de la UE, siendo siempre discutibles tales medidas. Debemos asegurar igualmente que no se crean limitaciones nacionales para quienes aprenden a conducir otro tipo de vehículos, como las motocicletas. De lo contrario, no se tendrá en cuenta en la forma debida el principio de subsidiariedad, ni el respeto por las prácticas que hayan sido establecidas legítimamente por las autoridades en los Estados miembros. Esto se traduciría, de una u otra forma, en la aparición de obstáculos –a veces imperceptibles– en el camino de todos los ciudadanos europeos que pretenden disfrutar de su derecho a conducir, con independencia de todos los pronunciamientos en contra que todos podamos formular.

Esas han sido las razones subyacentes por las que he apoyado una serie de enmiendas al informe que tenemos delante, todas ellas redactadas con el propósito de facilitar las cosas al público y los diferentes operadores del sector viario y, al mismo tiempo, con el fin de promover un transporte vial más seguro. Voy a terminar diciendo que la más significativa de las cuatro libertades europeas es la libertad de circulación.

  Piecyk (PSE). – (DE) Señora Presidenta, me complace que esté presidiendo esta sesión, pues sé que es usted una conductora muy prudente y segura y que siente gran interés por toda la cuestión de la seguridad vial.

Es deplorable que existan trampas, fraudes y falsificaciones en la UE en relación con los permisos de conducción. Estas actividades se ven facilitadas por los 110 modelos diferentes de permisos que están actualmente en uso en la Unión Europea, y seamos sinceros: para encontrar un ejemplo no tenemos que ir más allá de Alemania, donde muchos conductores aún conservan el objeto de coleccionista que denominamos trapo gris; más de uno incluso habrá visitado en alguna ocasión la lavadora. La fláccida tarjeta gris con la fotografía de juventud puede ser un querido recordatorio a los ojos de su propietario, pero desde luego es una forma poco adecuada de identificación para controles en carretera.

Como saben, comencé mi vida laboral como agente de policía; ¿qué puede hacer un pobre policía en Palermo, Burdeos o Madrid cuando detiene un vehículo y se le muestra un raído trozo de papel que carece de cualquier utilidad para nadie? Si esperamos que a los jóvenes se les entregue hoy un permiso de conducir en forma de tarjeta de plástico, resulta totalmente razonable esperar que otras personas canjeen sus cochambrosos documentos de papel a lo largo del dilatado período de transición que establece la propuesta tan válida del ponente.

Permítame decirle al señor Jarzembowski que tildar este canje obligatorio de «Zwangsumtausch» en Alemania es algo muy visceral, ya que el término está asociado al régimen dictatorial de la República Democrática Alemana, que obligaba a los visitantes que entraban en el país a cambiar marcos alemanes por dinero de Alemania oriental. Cuidemos nuestra terminología a la hora de debatir reglamentos europeos; un poco de atención servirá para mantener el proceso de comunicación en un plano objetivo.

Como he dicho, el ponente ha presentado una propuesta muy válida y quiero darle las gracias por ello.

Mi consideración final ya ha sido expuesta. Hemos de terminar, de una vez por todas, con el turismo de permiso de conducir. Si a una persona se le retira hoy el permiso de conducir en Alemania y no supera las subsiguientes pruebas médicas y psicológicas, conocidas coloquialmente en Alemania como la «prueba de los idiotas», puede ir a la República Checa o a otro país y conseguir un nuevo permiso de conducción a un coste bajo mediante un truco en cuanto a su residencia. Esta situación no puede prolongarse indefinidamente en Europa. Con esta Directiva queremos ponerle punto final, razón por la que espero que, durante la votación de mañana, el señor Grosch consiga una amplia mayoría, incluido el respaldo del Grupo del Partido Popular Europeo (Cristiano–Demócratas) y Demócratas Europeos.

  Costa, Paolo (ALDE). – (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, he acogido y acojo con satisfacción la iniciativa de la Comisión y la labor del señor Grosch, encaminadas a armonizar las normas sobre los permisos de conducción. Estamos de acuerdo con el objetivo de evitar el fraude en los permisos, pero sobre todo con el objetivo de implantar un instrumento que facilite la libre circulación de los ciudadanos de la Unión y contribuya a mejorar la seguridad vial.

Hoy en día, los ciudadanos europeos se mueven con gran facilidad y comparten las carreteras de Europa. Ya no es aceptable que circulen por las mismas carreteras ciudadanos europeos que han obtenido su permiso de conducción conforme a normas diferentes, habiendo satisfecho requisitos muy distintos. Es un caso clásico en el que el principio de subsidiariedad resulta esencialmente inaplicable. Me refiero en particular a las carreteras de mi país, Italia, durante el verano.

No podemos pensar en normas aplicables de forma diferente porque se apliquen a sujetos y en contextos diferentes. La Europa de los automovilistas y del transporte por carretera es una de las realidades europeas más felizmente integradas, que requiere medidas armonizadas, si no uniformes.

En cuanto a la seguridad y el objetivo que se ha fijado la Unión de reducir a la mitad el número de muertos en accidentes de tráfico en 2010, si el régimen de concesión y renovación de los permisos de conducción contribuyese, aunque solo fuera mínimamente, a mejorar los conocimientos y las capacidades técnicas de conducción y a controlar las condiciones psicofísicas de los conductores, si solo contribuyese en una pequeñísima medida a la mejora de la seguridad vial en Europa, sería sin duda bienvenido.

Por este motivo –y no ciertamente por amor a inútiles cargas burocráticas– hay que subrayar y apoyar la idea de someter los nuevos permisos a una renovación periódica y solicitar también la renovación gradual de los existentes; debemos convenir en la idea de combinar formación obligatoria y exámenes igualmente obligatorios para garantizar la adquisición y el mantenimiento de las capacidades técnicas de conducción y debemos convenir en la idea de supeditar la emisión y la renovación de los permisos a la comprobación de unas condiciones mínimas de salud psicofísica del conductor potencial.

Si el sentido común exige que en todos estos ámbitos avancemos hacia normas uniformes, un ámbito de posible diferenciación subsidiaria podría ser en cambio el de los permisos para el uso de motocicletas, que tienen distintos grados de difusión en los diferentes países de la Unión. A este respecto, creo que se puede tomar nota de que en algunos países se permite el uso de ciclomotores pequeños a una edad más precoz que en otros. Este factor contribuye a la movilidad de las personas en los centros históricos y puede favorecer el acceso progresivo al uso de vehículos cada vez más potentes, que es una de las características más apreciables de la directiva en examen.

Por esta razón, considero que se podría admitir también la equivalencia entre los permisos B y los permisos AM, para permitir que los automovilistas también puedan utilizar motocicletas en los importantes centros históricos.

  Lichtenberger (Verts/ALE). – (DE) Señora Presidenta, Señorías, permítanme empezar mi intervención dándole una vez más las gracias al señor Grosch, sobre todo por el carácter tan equilibrado de sus propuestas con relación al volumen recomendado de reglamentación, ya que proporciona una plataforma desde la que hemos sido capaces de lograr un consenso muy amplio en muchos temas.

Por otro lado, me cuesta comprender la actitud de los conservadores y la del señor Jarzembowski, que propone lastrar el cambio hacia un permiso de conducir europeo mediante un período de transición de setenta años. Yo le pregunto a usted: si estuviéramos hablando de una disposición acerca del mercado único, cualquier período de transición que sobrepasara los diez años no entraría en consideración ni por un momento. En esta cuestión estamos asistiendo a demasiados signos de tendencia hacia una forma bastante ramplona de populismo.

Sin embargo, hay otro punto que quiero añadir. Deberíamos tener presente que la formación básica y avanzada tiene que ser un objetivo central importante.

(La Presidenta interrumpe al orador)

  Blokland (IND/DEM). – (NL) Señora Presidenta, una vez que la gente ha adquirido el derecho a conducir un vehículo a motor, debería conservar normalmente tal derecho en tanto no exista ningún impedimento físico o legal para hacerlo. No creo que esta Cámara albergue ninguna duda al respecto.

Lo que cuestionamos es la forma en que los ciudadanos han de confrontar esta situación, más concretamente, las normas para conseguir y conservar tal derecho en la forma de permiso de conducción. Además, el permiso de conducción a menudo funciona como una modalidad de identificación, lo que confiere cierta importancia a los aspectos de verificación. Opino que deberíamos ser muy prudentes a la hora de determinar la identidad de una persona, sobre todo en el caso de gente desconocida. El uso impropio de la identificación no siempre resulta propicio para una sociedad sostenible. Por eso es fundamental que las tarjetas de identificación estén actualizadas, tanto en el aspecto visual como técnico.

A mi juicio, la capacidad de conducir puede contribuir de forma considerable a reducir el número de las víctimas en carretera. Puesto que la reducción comienza por la prevención, entraña una importancia vital para los conductores, tanto en el plano físico como mental, estar capacitados para participar de manera eficaz en el tráfico. Resulta aceptable que lo anterior esté sujeto a unos requisitos, aplicables a todos los conductores. Estos requisitos deben garantizar la capacidad del titular. El informe del señor Grosch es tranquilizador a ese respecto, por lo que le doy las gracias.

  Mote (NI). – (EN) Señora Presidenta, si los alemanes tienen un problema con sus permisos de conducir, ¿qué le impide al Gobierno alemán solucionarlo? Del mismo modo, hablando de seguridad vial, ¿qué impide a los Gobiernos portugués e italiano mejorar la seguridad en sus carreteras? En el Reino Unido tenemos algunas de las carreteras más transitadas y algunas de las más seguras de toda Europa Occidental. No obstante, ahora nos enfrentamos a la perspectiva de la armonización de los permisos de conducir, y en este informe queda claro que no pasará mucho tiempo hasta que se armonicen también las multas de tráfico.

Al recordar el vergonzoso trato que recibieron unos turistas legales en Grecia durante un viaje de observación de aviones, nos hacemos una idea de lo que puede significar la justicia paneuropea. Si bien en este caso solo resultaron perjudicadas unas cuantas personas, hay que tener en cuenta que casi todo el mundo en Gran Bretaña conduce un coche. Si se otorga a los tribunales nacionales la capacidad de imponer sanciones sobre permisos de conducir emitidos en otros países, las posibilidades de que un tribunal griego prohíba o intente prohibir a un conductor británico circular en coche en el Reino Unido provocará un alboroto como ustedes jamás han visto en este país.

  La Presidenta. Señorías, como saben, ahora tenemos que dar paso al turno de preguntas. Por lo tanto, tengo que interrumpir el debate en este punto. Se reanudará esta noche a las 21 horas.

PRESIDENCIA DEL SR. OUZKÝ
Vicepresidente

15. Turno de preguntas (Comisión)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede a las preguntas a la Comisión (B6-0009/2005).

Se han formulado una serie de preguntas a la Comisión.

Parte I

Preguntas al Comisario McCreevy

  El Presidente.

Pregunta nº 41 formulada por Katerina Batzeli (H-0046/05)

Asunto: Prestación de servicios de las empresas constructoras en el marco de la propuesta de Directiva COM(2004)0002/final

Los servicios cubiertos por la propuesta de Directiva relativa a los servicios en el mercado interior presentada por la Comisión incluyen, entre otros, los servicios de construcción, técnicos y arquitectónicos, así como los servicios audiovisuales no cubiertos por el programa audiovisual plurianual de la Comunidad.

Habida cuenta, por una parte, de la importancia del país de origen en los casos de prestación de servicios transfronterizos en los que el proveedor no está establecido en el Estado miembro de la prestación y, por otra, de la intención de la Directiva de realizar un mercado interior abierto y consolidar el principio de no discriminación, ¿podrán las empresas de construcción, técnicas y arquitectónicas prestar servicios o participar en las contrataciones de obras públicas en el Estado de establecimiento cuando tengan también la posibilidad de participar como socios en empresas proveedoras de servicios audiovisuales en el país de origen, circunstancia que no constituye un motivo excluyente para la prestación de servicios en el sector privado?

  McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) De entrada he de decir que en realidad se trata de una cuestión relacionada con la contratación pública, y no con la directiva relativa a los servicios.

En primer lugar, en lo que respecta a la participación en procedimientos de adjudicación de contratos de obras públicas, no es contrario al Derecho comunitario que empresas técnicas, arquitectónicas y constructoras que sean accionistas de otras empresas proveedoras de servicios audiovisuales en un Estado miembro, incluidos los Estados miembros de establecimiento, participen en dichos procedimientos en cualquiera de los Estados miembros, incluido el Estado miembro en el que están establecidas.

En la legislación comunitaria sobre la contratación pública consta una lista exhaustiva de los criterios de exclusión de empresas de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos. Algunos ejemplos son: cuando una empresa está en proceso de liquidación, cuando se ha probado que sus gerentes han incurrido en mala conducta o cuando no ha cumplido sus obligaciones fiscales o de cotización a la seguridad social. Los Estados miembros no pueden agregar criterios a esta lista. En relación con la propuesta de directiva relativa a los servicios, la Comisión puede confirmar que todos estos servicios se incluyen dentro de su ámbito de aplicación.

Determinados Estados miembros imponen restricciones sobre actividades multidisciplinarias que pueden limitar la libertad de establecimiento o la prestación transfronteriza de servicios. Para hacer frente a este tipo de barreras potenciales, el artículo 30 de la propuesta estipula que los Estados miembros asegurarán que los prestadores de servicios no se vean obligados a ejercer una determinada actividad con carácter exclusivo o que limiten el ejercicio de diferentes actividades conjuntamente o en asociación.

No obstante, se establecen una serie de excepciones para las profesiones reguladas y las entidades que prestan servicios de certificación, acreditación, control técnico, prueba o ensayo. En los casos en los que las actividades multidisciplinarias estén autorizadas, los Estados miembros asegurarán la prevención de conflictos de intereses e incompatibilidades entre determinadas actividades, la independencia e imparcialidad cuando sean necesarias y la compatibilidad de los códigos deontológicos y normas de conducta de las distintas actividades. Estos requisitos estarán sujetos a una evaluación mutua por parte de los Estados miembros y la Comisión.

  Batzeli (PSE). – (EL) Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario por su respuesta clara a la pregunta que he planteado, así como añadir que las restricciones que impone la legislación griega sobre la base del accionista «de a pie» no solo perjudicarán a las empresas constructoras, como he afirmado en mi pregunta; la Directiva de Servicios de la Comisión también afectará a todos los sectores de servicios económicos, como la alimentación, las empresas publicitarias, la industria turística, las empresas de arquitectura y los individuos y empresas privadas. Por lo tanto, considero que la adaptación tiene que hacerse en esta dirección. Muchas gracias.

  McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Muchas gracias, Señoría, por su comentario. El contenido de la directiva de servicios no cambia en modo alguno el problema al que ha aludido su Señoría y, en efecto, la Comisión está al corriente del marco jurídico vigente en Grecia. La Comisión está en contacto con las autoridades de este país y en este momento está estudiando toda la situación.

  El Presidente.

Pregunta nº 42 formulada por Jacek Protasiewicz (H-0092/05)

Asunto: Discriminación de trabajadores y operadores económicos polacos en el mercado interior de la UE

En el mercado interior, la UE tiende a dispensar un trato discriminatorio a trabajadores y operadores económicos polacos, que tropiezan con barreras injustificadas en el ejercicio de su actividad. ¿Tiene la Comisión conocimiento de casos de discriminación o de reglamentaciones nacionales no acordes con los Tratados (Tratado de adhesión, Anexo XII, libre circulación de trabajadores, art. 13, y, más concretamente, las disposiciones del régimen transitorio en materia de libre circulación de trabajadores), como las que existen en Austria, los Países Bajos o Italia, donde se toleran prácticas discriminatorias, o de casos en que Alemania no se atiene a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 49 del Tratado UE y el artículo 1 de la Directiva 96/71/CE⁽¹⁾ por cuanto se refiere al suministro de mano de obra por medio de agencias de trabajo temporal. ¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar la Comisión contra estas discriminaciones?

  McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) En lo que respecta a la libertad de prestación de servicios, se ha informado a la Comisión de los problemas que se encuentran las empresas de los nuevos Estados miembros que desplazan a sus trabajadores a los Países Bajos. Se han recibido varias reclamaciones. La Comisión analiza actualmente el asunto con el fin de garantizar el respeto de la libertad de prestación de servicios de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Tratado, así como la eliminación de cualquier obstáculo injustificado.

La Comisión no está al tanto de ningún caso de discriminación contra empresas polacas que operan en Italia, Alemania u otros Estados miembros. En la Comisión no se ha presentado ninguna reclamación al respecto. No obstante, la Comisión enviará un escrito a los Estados miembros pertinentes para solicitar información adicional que permita determinar si se ha incumplido la normativa comunitaria. Sobre la base de la información facilitada, la Comisión valorará la situación en cada Estado miembro y adoptará las medidas oportunas.

  Protasiewicz (PPE-DE).   (PL) Muchas gracias, Señor Presidente, gracias, Comisario. Quiero informar al Comisario que según los informes a los que Polonia tiene acceso, que incluyen informes gubernamentales, tres Estados miembros de la UE aún no contemplan en su legislación la ampliación de la UE que tuvo lugar el 1 de mayo de 2004. Continúan aplicándose normas vigentes antes de esta fecha a los empresarios de los nuevos Estados miembros. Al mismo tiempo, otros siete Estados miembros emplean prácticas que no cumplen con principios como el libre movimiento de personas y servicios y la libertad de establecimiento en el mercado común europeo de empresas que provengan de los nuevos Estados miembros, incluido Polonia. Le puedo dar gustosamente al Comisario algunos ejemplos. Gracias.

  McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Si queremos que sigan teniendo una opinión positiva de la Comunidad, los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea han de poder confiar en el marco jurídico de esta. Las disposiciones en materia de libre circulación incluidas en el Tratado son consustanciales a la Unión Europea y representan una de las principales ventajas de la pertenencia a la misma. En consecuencia, la Comisión otorga la máxima prioridad a la preservación de la integridad del mercado interior e investiga en profundidad y con el mismo interés todas las reclamaciones recibidas, independientemente de su procedencia o del Estado miembro al que afecten.

La Comisión está al tanto de que algunos Estados miembros han adoptado medidas nacionales que no se ajustan a las disposiciones transitorias relativas a la libre circulación de trabajadores recogidas en el Tratado de Adhesión. La Comisión está estudiando estos casos y se pondrá en contacto con los Estados miembros afectados de acuerdo con su función de guardiana de los Tratados.

  Harbour (PPE-DE). – (EN) En relación con la pregunta formulada por nuestro colega polaco, preguntaré al Comisario McCreevy si está de acuerdo conmigo en que se trata exactamente del mismo tipo de problema que se abordará de lleno en la propuesta de directiva sobre el mercado interior de servicios. Quizás pueda aprovechar la oportunidad para confirmar algo que he leído esta semana en un informe independiente: al parecer, con esta directiva bajarán los precios, aumentará la producción en toda la Unión Europea, se crearán 600 000 nuevos puestos de trabajo y se incrementará el comercio de servicios. Por tanto, ¿confirmará finalmente el Comisario su apoyo rotundo a esta directiva y su deseo de colaborar con nosotros en el Parlamento para garantizar una transición rápida y sin complicaciones?

  McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Sin duda es correcto afirmar que cualquier impulso que se dé al sector de los servicios en la Unión Europea acabará teniendo una importante repercusión económica. No en vano, como saben sus Señorías, cerca del 70 % del PIB de la Unión procede de los servicios. Por lo tanto, cualquier estímulo aplicado a este sector concreto influiría de forma significativa en el empleo. La directiva de servicios es un intento de abrir este mercado y lograr una notable repercusión económica.

Estoy informado acerca de los diferentes estudios elaborados sobre el número de empleos que se podrían crear. No obstante, como bien sabe su Señoría, el proyecto de directiva de servicios ha provocado numerosos debates en los Estados miembros y en todos los ámbitos de la Unión Europea. Como también sabe su Señoría, colaboro con diputados al Parlamento Europeo y espero que podamos asegurar que, tras su paso por los distintos procesos, la directiva de servicios tenga un efecto económico muy positivo, habiendo incorporado las preocupaciones legítimas de los diputados y otras personas.

  Rübig (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Comisario, Señorías, la esencia de mi pregunta es si la Directiva sobre el destino de los trabajadores se aplica a las agencias de trabajo temporal que envían a sus clientes a puestos de trabajo o si existe el riesgo de que, en el futuro, se usen contratos fraudulentos o contratos pensados para burlar las obligaciones.

  McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Es preciso respetar la postura acordada cuando ingresaron los países en vías de adhesión. Si algunos Estados miembros invocan otros procedimientos que no se ajustan a las disposiciones de adhesión, la Comisión se verá obligada a realizar un seguimiento y a adoptar las medidas oportunas.

Es cierto que algunos Estados miembros negociaron disposiciones especiales, de modo que si se ajustan a las mismas, no habrá problema alguno, pero si otros no lo hacen, habrá que tomar medidas.

  El Presidente.

Pregunta nº 43 formulada por Johan Van Hecke (H-0050/05)

Asunto: Dumping e importaciones irregulares procedentes de Ucrania - Fraude con certificados de origen

Las botellas (de plástico) PET se fabrican utilizando las llamadas preformas, que, en la Unión Europeo, están sujetas a unos derechos generales de importación del 6,5 %. La UE concede una tarifa preferencial del 0% a algunos países, como Ucrania, siempre y cuando pueda presentarse para dichas preformas un certificado de origen (el llamado formulario A). En este caso, esto significa para Ucrania que las preformas se han producido utilizando materiales procedentes del propio país o, como mínimo, de otros países europeos.

Al autor de la pregunta le consta que, en la actualidad, se importan en la Unión Europea preformas procedentes de Ucrania, acompañadas del Formulario A (certificado de origen), a unos precios tan bajos que, habida cuenta de los actuales precios europeos de las materias primas, resulta imposible suministrarlas a dichos precios. Ha de tratarse, por tanto, de un caso de dumping o de fraude con los certificados de origen (utilizando materiales procedentes de Asia) a fin de evitar los derechos de importación, en perjuicio de otros proveedores. ¿Está enterada la Comisión de esta situación? ¿Estudiará el problema y adoptará las medidas que se impongan? ¿Tiene previsto plantear el caso a las autoridades ucranianas y, si procede, solicitar la intervención de la OLAF?

  Kovács, miembro de la Comisión. (EN) La información contenida en la pregunta podría referirse al menos a tres problemas distintos, cada uno de los cuales debe abordarse de una forma diferente. Si a través de Ucrania se transgreden las medidas contra el dúmping o contra las subvenciones impuestas en una serie de terceros países –como Australia, China, la India, Indonesia, Corea, Malasia y otros–, los fabricantes comunitarios deberán presentar una solicitud para que se inicien las investigaciones oportunas sobre el posible engaño de acuerdo con las disposiciones pertinentes contempladas en los reglamentos de base aplicables a esta materia.

En caso de que se importen en el mercado comunitario productos de origen ucranio a muy bajo precio, de forma que resulten perjudicados los fabricantes de la Comunidad, se animará a estos a que soliciten una nueva investigación sobre un posible dúmping de conformidad con las disposiciones pertinentes de los reglamentos de base correspondientes.

Los servicios de defensa del comercio de la Comisión se encuentran a disposición de los fabricantes para explicar los requisitos básicos y exponer los procedimientos de las medidas contra el dúmping.

Si se trata de un caso de falsificación de los certificados de origen, deberán acudir a las autoridades aduaneras y a la oficina contra el fraude de la Unión (OLAF). El deber de la OLAF de proteger los intereses financieros de la Comunidad Europea incluye la investigación de posibles irregularidades y prácticas de comercio ilegal en el marco de la legislación comunitaria vigente, incluidas las irregularidades contempladas en la legislación contra el dúmping y las subvenciones. He de añadir que en este momento no está en marcha ninguna investigación en este terreno y que la OLAF tampoco tiene información al respecto. No obstante, la OLAF mantiene una buena relación de trabajo con las autoridades aduaneras ucranias.

En conclusión, quiero repetir que la Comisión agradece la información aportada por su Señoría y que estudiará todos los datos que facilite la industria europea, sobre la base de los cuales adoptará las medidas oportunas.

  Van Hecke (ALDE). – (NL) Gracias, Señor Presidente y gracias, Comisario, por haber respondido de forma exhaustiva. Desde que formulé esta pregunta, varios sectores me han confirmado que se trata de una práctica bastante sistemática, hasta el punto de que los fabricantes europeos de botellas PET están sufriendo grandes pérdidas. Por lo tanto, me parece importante que la Comisión pida a la OLAF que ponga en marcha una investigación. Además, puedo informar al Comisario que los fabricantes europeos, de conformidad con los procedimientos, han pedido que se revise la legislación antidumping. Por lo tanto, señor Comisario, mi pregunta es muy específica. Dada la gravedad de la situación y las posibles implicaciones para nuestra industria, ¿está dispuesto a hacer un seguimiento de forma inmediata?

  Kovács, miembro de la Comisión. (EN) Como sabe su Señoría, esta cuestión entra dentro de la cartera del Comisario Mandelson, por lo que no puedo dar una respuesta detallada a la pregunta complementaria. Sin embargo, puedo prometer que informaré debidamente a mi colega y, si él lo considera oportuno, iniciará sin duda una investigación sobre el asunto.

Segunda parte

Preguntas dirigidas al señor Kovács

El Presidente. Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 44 decae.

Preguntas al Comisario McCreevy

  El Presidente.

Pregunta nº 45 formulada por Bernd Posselt (H-0575/04)

Asunto: Euro-Transversal

¿Qué medidas proyecta adoptar la Comisión para continuar impulsando el eje ferroviario de alta velocidad "Euro-Transversal" París-Estrasburgo-Múnich-Budapest?

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Quisiera dar la respuesta siguiente a esta primera pregunta relativa a la realización de la línea transeuropea de alta velocidad. Quisiera responder al señor Posselt lo que sigue. La línea «Euro-Transversal» París-Estrasburgo-Múnich-Budapest figura entre los treinta proyectos prioritarios de la red transeuropea decididos por el Parlamento Europeo y el Consejo el 29 de abril de 2004. De hecho, se trata de los proyectos prioritarios n° 4 (eje ferroviario de alta velocidad oriental) y n° 17 (eje ferroviario París-Estrasburgo-Stuttgart-Viena-Brastislava). Una parte de los proyectos de interés común situados en este eje se encuentran en una fase avanzada de preparación o ejecución, en particular el tren de alta velocidad oriental entre Vaires y Baudrecourt, o el acondicionamiento del eje ferroviario del Danubio entre Salzburgo y Viena. Otros, en cambio, sobre todo los tramos transfronterizos entre Estados miembros –Francia-Alemania, Alemania-Austria–, presentan retrasos considerables, en especial por razones financieras.

Señor Presidente, para coordinar mejor los esfuerzos de los distintos socios nacionales y regionales, públicos y privados, interesados en este proyecto, la Comisión tiene la intención de designar un coordinador europeo. Me atrevo a esperar que yo mismo podría proponer a la Comisión muy pronto el nombramiento de dicho coordinador. Desde hace unos cuantos años ya, la Comisión realiza contribuciones significativas a la financiación de estos proyectos. Así, se han concedido 315 millones de euros al proyecto situado en el «Euro-Transversal» en Alemania y Austria, con cargo a la línea presupuestaria para las redes transeuropeas de transporte; para 2005 y 2006 están programados 66 millones de euros más y, por lo que respecta al período 2007-2013, la Comisión ha propuesto elevar a 20 millones de euros el presupuesto para la red transeuropea de transporte.

Evidentemente, señor Presidente, la adopción de esta propuesta en el plano presupuestario es el mínimo estrictamente necesario para poder acelerar un proyecto como el «Euro-Tansversal». Equivale a decirles cuán fervientemente deseo que las perspectivas financieras, tal como las ha propuesto la Comisión, sean aprobadas por los Estados miembros.

  Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, permítame comenzar diciendo que me satisface que el Comisario haya respondido a la pregunta de manera tan explícita y que tenga la intención de nombrar un coordinador. Creo que es importante, porque de lo contrario este vínculo principal, que posteriormente podría ampliarse a Praga y a otras ciudades, seguirá siendo una quimera. En mi opinión, tenemos que exigir la rápida aplicación de este proyecto.

Asimismo, quiero hacerle dos preguntas complementarias muy específicas. Primera, ¿cuál es la posición actual respecto de los planes para el puente del Rin entre Estrasburgo y Kehl? Como todos sabemos, se trata de un puente de una sola vía, y su modernización es una cuestión de máxima prioridad; es una parte del proyecto pequeña pero crucial. Segunda, ¿qué puede decirnos sobre el eje transversal que va desde Bruselas a Estrasburgo a través de Luxemburgo, que también está debatiéndose?

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Agradezco a su Señoría la pertinencia de sus preguntas. Con ocasión de la revisión de las orientaciones, en abril de 2004, se añadieron los tramos de la parte oriental de la línea principal entre Stuttgart, Múnich, Salzburgo, Viena, Bratislava y Budapest, concretamente los tramos de Baudrecourt, Estrasburgo, Stuttgart y el puente de Kehl sobre el Rin, proyecto prioritario no 17.

Las obras entre Baudrecourt y Estrasburgo deberían iniciarse en torno a 2010. El puente de Kehl, que como ha destacado usted, está previsto entre Estrasburgo y Appenweier, representa un importante cuello de botella, de modo que las prioridades de planificación de Alemania y Francia eran antes distintas. Parece ser, a juzgar por una declaración conjunta de los Gobiernos alemán y francés, que ahora podrán planificarse las cosas de forma que el proyecto concluya antes de 2010.

Deseo, Señoría, que podamos realizar esta prioridad fundamental garantizando la conexión entre los dos Estados miembros que son Francia y Alemania y, a través de ellos, entre otros muchos Estados. Este proyecto interesa a toda Europa, y a Estrasburgo por supuesto también.

  Rübig (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Comisario, Señorías, quiero preguntarle al Comisario si piensa que los pasos fronterizos entre los Estados miembros pueden financiarse mediante una ayuda especial, y si realmente es necesario que esta línea se construya de manera definitiva como una línea de alta velocidad.

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Es cierto que en función de los recursos financieros que obtenga la Unión, daremos prioridad a las interconexiones. No excluyo un tipo de subvención mucho más favorable para este tipo de operaciones.

  Sonik (PPE-DE).   (PL) Comisario, ha mencionado la vía férrea desde París a Budapest a través de Berlín, Bratislava y Praga. ¿Existen planes para una línea férrea similar en el norte de Europa y en la Europa oriental, desde París a través de Berlín hasta Varsovia u otra ciudad más lejana?

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Por supuesto, es el sentido de los proyectos transeuropeos radica en que son corredores. Es bastante evidente que si he propuesto a la Comisión que considere el nombramiento de un coordinador, es precisamente para ver cómo se tratarán poco a poco todos los tramos afectados a lo largo del corredor.

  El Presidente.

Pregunta nº 46 formulada por John Purvis (H-0002/05)

Asunto: Accidentes en el ámbito de los transportes por carretera

¿Existen pruebas de que los conductores de países que conducen por la izquierda tienen más posibilidades que los residentes de verse implicados en accidentes de carretera en países que conducen por la derecha y de la misma manera los conductores que conducen por la derecha en países que conducen por la izquierda? ¿Se han incrementado los accidentes de carretera europeos y son más graves a causa de que algunos países conducen por la derecha y otros por la izquierda?

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Quisiera indicar al señor Purvis, en primer lugar, que por supuesto estamos atentos a todos estos problemas de los accidentes de tráfico y que todos estos problemas –lo acabamos de ver durante el examen del informe sobre el permiso de conducción– son muy importantes.

Dicho esto, ni la Comisión ni el Estado miembro que probablemente es el más afectado, el Reino Unido, disponen de estadísticas que demuestren de forma directa un riesgo asociado a la conducción por la izquierda o por la derecha. De un modo general, el número de accidentes en que están implicados conductores continentales en el Reino Unido y a la inversa es demasiado bajo para poder extraer lecciones de las estadísticas y sacar conclusiones. Esta es mi respuesta al señor Purvis.

  Purvis (PPE-DE). – (EN) Señor Comisario, aunque no disponga usted de estadísticas, yo por ejemplo puedo leer a diario en la prensa de mi circunscripción en Escocia que, con demasiada frecuencia, hay turistas que mueren y sufren lesiones en nuestras carreteras, sobre todo en aquellas que pasan sucesivamente de dos carriles a cuatro en algunos tramos para luego volver a dos carriles.

¿Podría el Comisario instituir la recopilación de datos estadísticos para decidir si habría que hacer algo al respecto, quizás animando al Estado miembro en cuestión a asegurar que el mayor número posible de nuestras carreteras principales tengan cuatro carriles, como por ejemplo en la carretera de Perth a Inverness? Por otro lado, quisiera saber si hay intención de plantear la posibilidad de armonizar el lado de la carretera en el que se ha de conducir en Europa.

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Puedo decir sin vacilación al señor Purvis que nos encontramos en una situación de subsidiariedad, y que corresponde realmente al Estado miembro decidir si precisa mejorar las infraestructuras. Lo que quiero decir al señor Purvis es que no tenemos la intención de armonizar el sentido de la circulación en la Unión Europea, dado el exorbitante coste de semejante acción y el gran aumento previsible del número de accidentes durante la fase de transición.

En cambio, introducir mejoras, como acaba de sugerir, es de sentido común, y pienso que el Estado miembro en cuestión debe esforzarse por responder a esta necesidad. Todo lo que aporte información adicional sobre las causas de los accidentes en Europa será bienvenido por la Comisión, que se ha fijado la tarea de proponer toda clase de medidas que permitan reducir a la mitad el número de muertos en la carretera.

  Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Comisario, permítanme retomar la respuesta del Comisario a la última pregunta del señor Purvis.

Todos sabemos que cada muerte en las carreteras es ya demasiado. En particular porque provengo de un Estado miembro en el que la subsidiariedad es ostensible, creo que, respecto de las disposiciones uniformes que necesitamos para gestionar el tráfico por carretera, los límites de velocidad y demás, lo que realmente tenemos que preguntar a la Comisión es: ¿están celebrándose debates o haciéndose estudios con vistas a evaluar las medidas que conviene tomar?

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señora Schierhuber, tenemos un plazo, es decir, en 2005 llegamos a la mitad del recorrido del programa que abarca los diez años que la Unión se ha dado para reducir a la mitad del número de muertes. Es evidente que este año va a ser un año de evaluación general. De momento estamos recogiendo todos los datos necesarios para poder, en la segunda fase, intensificar las medidas con vistas a alcanzar ese objetivo ambicioso pero indispensable de reducir a la mitad el número de muertos en las carreteras de la Unión. Le agradezco que comparta esta preocupación, de la que todos deberíamos ser conscientes.

  El Presidente.

Pregunta nº 47 formulada por Dimitrios Papadimoulis (H-0006/05)

Asunto: Propuesta de directiva sobre servicios portuarios

En la propuesta de directiva sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios (COM(2004)0654/final), la Comisión intenta definir con mayor precisión que en el pasado el concepto de "igualdad de trato" y su aplicación. A pesar de ello, importantes organizaciones como la Federación Europea de los Trabajadores del Transporte y la Organización Europea de Puertos Marítimos han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que se produzcan perturbaciones sociales en los puertos, se desaliente a los posibles inversores y, consecuentemente, se reduzca la competencia.

¿Qué respuesta da la Comisión a las preocupaciones de los sindicatos? ¿Cómo piensa garantizar que los trabajadores ya afiliados a un sindicato no sean objeto de discriminaciones que puedan dar lugar a una reducción de puestos de trabajo y de sus ingresos?

¿Cuál es, en particular, su respuesta ante la denuncia hecha por las organizaciones sindicales antes mencionadas de que el concepto de "igualdad de trato" es incompatible con la Convención 137 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo portuario?

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, quiero responder al señor Papadimoulis que, por lo que respecta a la directiva sobre los servicios portuarios, el texto propuesto por la Comisión define de forma más detallada que antes la expresión «autoasistencia» y su aplicación. Pero el debate sobre esta propuesta de directiva relativa a los servicios portuarios apenas ha comenzado.

La audiencia prevista para junio en la Comisión de Transportes brindará la ocasión perfecta para ahondar en los elementos fundamentales, entre ellos los aspectos sociales, y recabar la opinión de todas las partes interesadas. En la propuesta, la autoasistencia se supedita a una autorización cuyos criterios de concesión comprenden, en particular, las condiciones salariales y laborales. La introducción de una autorización tiene por objeto garantizar, entre otras cosas, que los prestadores de autoasistencia respeten las condiciones salariales y laborales que se aplican en un puerto.

Por consiguiente, la Comisión estima que su propuesta, y especialmente las cláusulas sobre la autoasistencia, no tendrán consecuencias negativas para el empleo y la renta de las personas ya empleadas en el sector portuario.

Además, la Comisión considera que la aplicación de los principios y las reglas enunciados en su propuesta de directiva conducirán a una transferencia de volumen de tráfico adicional a favor del transporte marítimo, lo que generará inevitablemente un aumento de la actividad y tendrá por efecto crear empleo en los puertos europeos.

Con ocasión de la presentación de su propuesta de directiva, la Comisión pidió a los Estados miembros que ratificaran los convenios adoptados bajo la égida de organizaciones internacionales, y en particular los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos el Convenio de la OIT sobre el trabajo portuario, al que su Señoría hace referencia en su pregunta.

Espero que, en la audiencia del mes de junio, el examen que lleven a cabo sea fructífero y que lleguemos a un texto equilibrado que permita revitalizar el sector y al mismo tiempo preservar, por supuesto, las condiciones de trabajo, en lo que tengo personalmente un gran empeño.

  Papadimoulis (GUE/NGL). – (EL) Permítame insistir, Comisario. Aquí estoy, frente a usted. Aparte de las reacciones de los sindicatos en diciembre de 2004, cuando la Comisión presentó su propuesta al Consejo, varios Estados miembros hicieron una crítica negativa. Entre estos, Francia, Alemania, Inglaterra, Suecia y Bélgica criticaron a la Comisión por no haber celebrado suficientes consultas sobre la cuestión, por no haber investigado las consecuencias de la aplicación. Teniendo en cuenta la prehistoria negativa, cuando la Comisión presentó una propuesta que fue desestimada por el Parlamento Europeo, ¿tiene la intención de volver a examinar el contenido de la propuesta o propone continuar a pesar de las reacciones?

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Papadimoulis, la propuesta fue rechazada al final del proceso legislativo, cuando ya se había realizado algún trabajo. Sobre esta base, la Comisión no ha reescrito por completo el texto, pero ha querido tener en cuenta las inquietudes y preocupaciones expresadas en los debates. Creo que la Comisión se ha dado sabiamente el tiempo para trabajar y poder oír a todas las partes. Personalmente, pondré el mayor cuidado en que este debate llegue hasta el fondo.

  El Presidente.

Pregunta nº 48 formulada por Georgios Papastamkos (H-0008/05)

Asunto: Redes de transporte en la Europa sudoriental

La inminente adhesión de Bulgaria y Rumanía así como el paso de las relaciones entre los países balcánicos y la UE a grados superiores de cooperación (Acuerdos de Estabilización y Asociación, estrategia de preadhesión) plantean el interrogante de la unificación del espacio económico de la Europa sudoriental, principalmente desde el punto de vista de las infraestructuras de transporte viario y ferroviario.

¿Qué iniciativas concretas ha emprendido o piensa emprender la Comisión con miras a la creación de conexiones transfronterizas (interestatales) verticales y horizontales y las correspondientes infraestructuras que faciliten los intercambios transfronterizos entre Grecia, los países candidatos a la adhesión y los restantes países de la Europa sudoriental guiados por una firme orientación europea?

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Quiero responder al señor Papastamkos que, en el marco de las negociaciones de adhesión, la Comisión identificó, de acuerdo con los países afectados, las futuras redes transeuropeas, tanto de carretera como ferroviarias, de Rumanía y Bulgaria, en las que se indican las principales conexiones con Grecia.

En abril de 2004, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron proyectos prioritarios de redes transeuropeas. Dos de ellos contribuyen a la conexión de Grecia con sus vecinos del norte y el centro de Europa: la autopista Atenas-Sofía-Budapest y el eje ferroviario Atenas-Sofía-Budapest-Viena-Praga-Núremberg. El 11 de junio de 2004, los países de los Balcanes occidentales y la Comisión firmaron un protocolo de acuerdo para la promoción de las redes estratégicas de esta región, previamente identificadas en un informe de la Comisión de 2001. Por tanto, la Comisión participa activamente en los esfuerzos de los países afectados, en el desarrollo de los corredores paneuropeos de transporte, en particular en cuatro de ellos. Los corredores 4, 8, 9 y 10 afectan a Grecia y sus conexiones con los países del suroeste de Europa.

Recientemente, la Comisión creó a propuesta mía, señor Papastamkos, un grupo de alto nivel presidido por la antigua Vicepresidenta de la Comisión, la señora De Palacio, con el fin de identificar antes de finales de 2005 los ejes o proyectos prioritarios de enlace de la Unión Europea ampliada con sus vecinos del Este y el Sur. En este contexto, también se examinaron las conexiones de Grecia con sus vecinos de los Balcanes Occidentales. En los últimos años, la Comisión ha asignado sumas importantes, en el marco del presupuesto de las redes transeuropeas, de los instrumentos financieros estructurales o de los programas PHARE y CARDS, para proyectos de carretera y ferrocarril relativos a las principales conexiones de Grecia con sus vecinos del Norte. Por otra parte, la Comisión pretende intensificar sus esfuerzos en las perspectivas financieras 2007-2013 con todos los detalles que acabo de señalar y que no quiero repetir.

A los países afectados corresponde tomar la iniciativa de elaborar y proponer proyectos que puedan recibir apoyo financiero de los fondos comunitarios y préstamos del Banco Europeo de Inversiones.

  Papastamkos (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, doy las gracias al Comisario por su detallada respuesta. Mi interés procede del hecho de que la zona económica en la región continúa fragmentada y aislada y se sigue poniendo trabas a su integración regional y europea.

Mi pregunta complementaria es la siguiente: ¿la Comisión tiene la intención de hacer más hincapié en aquellas redes de transporte que, por una parte, fomentan la unificación del sur de Europa y, por otra, al conectarlas con las redes transeuropeas, ayudan a la interconexión de los países de dicha zona con la Unión Europea y a la integración de la zona económica en general?

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Papastamkos, es cierto que se trata de una prioridad. Hemos ampliado Europa y, con la perspectiva inminente de ampliación a Rumanía y Bulgaria, la política de vecindad empieza a tomar forma. Pienso, por tanto, que en este nuevo contexto nos veremos inducidos a dar prioridad a los corredores y rutas de transporte que ha mencionado usted. Añadiré que espero mucho del informe de la señora De Palacio, que por supuesto está dedicando un gran esfuerzo de reflexión a esta cuestión y que estoy seguro consultará a todos los Estados miembros.

  El Presidente.

Pregunta nº 49 formulada por Ignasi Guardans Cambó (H-0016/05)

Asunto: Apertura a la competencia del transporte ferroviario

En virtud de la Directiva 2004/51/CE ⁽²⁾, el 1 de enero de 2005 entró en vigor la liberalización de los ferrocarriles en España. Esta apertura a la competencia es muy importante para alcanzar los objetivos de Lisboa y garantizar la competitividad en Europa. No obstante, a veces hay medidas que pueden tener un efecto equivalente a restricciones a esta plena liberalización. Así puede ocurrir, por ejemplo, en materia de certificados de seguridad, a falta de una armonización en la materia.

¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión para instaurar la liberalización con todas sus consecuencias prácticas e impedir que determinados Estados miembros establezcan mecanismos internos que pueden obstaculizar la liberalización?

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Guardans Cambó, Señoría, la Comisión vela por que los Estados miembros apliquen el acervo comunitario en el ámbito ferroviario.

En este momento, los Estados miembros tendrían que haber transpuesto ya las directivas relativas al «paquete de infraestructura ferroviaria», así como las directivas sobre la interoperabilidad ferroviaria. Por lo que respecta a la apertura del mercado de transporte ferroviario de mercancías, los Estados miembros deberían haber transpuesto las directivas del «paquete de infraestructura» y, en particular, la Directiva 2001/12, el 15 de marzo de 2003. La Comisión entabló procedimientos de infracción por falta de comunicación de las medidas de transposición, o al menos de una parte de ellas, contra Alemania, el Reino Unido, Grecia y Luxemburgo. Estos países fueron condenados por el Tribunal de Justicia en octubre-noviembre de 2004. Además, se entablaron procedimientos de infracción por transposición incompleta o no conforme contra los Países Bajos, Bélgica y España.

La Comisión seguirá velando por la buena ejecución por parte de los Estados miembros de sus obligaciones de transposición del Derecho comunitario. Así lo hará, en particular, con respecto a la directiva a la que ha hecho referencia usted y que debe transponerse el 31 de diciembre de 2005. La Comisión sigue muy de cerca la aplicación efectiva del nuevo marco reglamentario para el acceso a la infraestructura ferroviaria a través de un grupo de trabajo integrado por los Estados miembros y representantes de los partícipes del mercado, que están invitados a intercambiar con la Comisión sus análisis y experiencias sobre el desarrollo del mercado competitivo.

Otras instancias tienen también la misión de observar y evaluar el acceso no discriminatorio al mercado, como el comité reglamentario y consultivo creado por la Directiva 2001/12 sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios, que ya he citado, y numerosos grupos de trabajo, como el de los reguladores ferroviarios y el de las autoridades emisoras de licencias ferroviarias y certificados de seguridad.

Puedo decirle, señor Gaurdans Cambó, que por mi parte concedo gran importancia a esta cuestión, porque tenemos una necesidad imperiosa de un secotr de transporte ferroviario fuerte para evitar que Europa tenga que recurrir sistemáticamente al transporte por carretera, lo que sería perjudicial tanto para el medio ambiente como, por los atascos que provocaría, para la movilidad europea que necesitamos para que Europa sea competitiva; también iría en detrimento de la comodidad de sus ciudadanos.

  Guardans Cambó (ALDE). – (FR) Señor Presidente, como ha dicho usted, se han depositado muchas esperanzas en esta liberalización del transporte ferroviario. No obstante, como sabe, a semejanza de lo que pasó en su momento con las mercancías, sucede que ciertos certificados de seguridad en particular –por ponerle un ejemplo relativo a un país que usted conoce quizás mejor que otros– obstaculizan una verdadera liberalización. Es lo que se denomina, en el ámbito del tráfico de mercancías, medidas de efecto equivalente, restricciones que tienen un efecto equivalente a auténticas restricciones.

Quisiera, pues, que la Comisión no se limitase a comprobar que la liberalización como tal, como principio, se aplique correctamente, sino que vele también por que no exista ningún obstáculo concreto a su aplicación efectiva sobre el terreno.

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Guardans Cambó, puedo decirle que comparto totalmente su preocupación. En efecto, debemos velar por que no existan barreras más o menos solapadas a la apertura del mercado ferroviario. Ha mencionado usted, en particular, los certificados de seguridad. Está claro que necesitamos una autoridad independiente que pueda asignar dichos certificados sobre una base totalmente objetiva. También ha hecho usted alusión a determinados Estados miembros que yo conozco bien. Puede estar usted seguro de que soy igual de exigente con ellos, y tendrá ocasión de comprobarlo de inmediato.

  El Presidente.

Pregunta nº 50 formulada por Ewa Hedkvist Petersen (H-0036/05)

Asunto: Propuesta de directiva sobre la obligación de utilizar luces de día

En la UE existen distintas disposiciones relativas a la utilización de las luces delanteras durante el día, y en algunos Estados miembros, por ejemplo en Suecia, las luces de día son obligatorias en todas las carreteras. La experiencia de estos países ilustra los enormes beneficios que representan estas disposiciones para la seguridad. Ciertos estudios demuestran que las luces de día pueden reducir las víctimas mortales en carretera en un 24 %⁽³⁾.

Al parecer, la Presidencia luxemburguesa del Consejo desea supervisar los progresos realizados en relación con una directiva sobre las luces de día, por lo que ha pedido a la Comisión que apruebe la propuesta que se ha estado elaborando. No obstante, se ha sugerido que la Comisión prefiere retrasar la aprobación de la propuesta hasta que se publique la evaluación intermedia sobre el tercer Programa de seguridad en carretera, prevista para junio.

¿Puede decir la Comisión si es cierto que se está elaborando dicha propuesta y si piensa aprobarla con la mayor urgencia en vez de esperar que se concluya otro expediente?

Esperar otros seis meses cuando se sabe que las luces de día obligatorias son eficaces para salvar vidas, tienen costes bajos y la Presidencia del Consejo pide que se realicen progresos en este ámbito, no contribuiría a realizar el planteamiento de la propia Comisión en materia de seguridad en carretera, consistente en aceptar una responsabilidad compartida.

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Gracias por preguntarme también sobre una cuestión importante que permitirá, espero, mejorar la seguridad en las carreteras de Europa.

La Comisión confirma que está examinando la viabilidad de una iniciativa encaminada a introducir el empleo de las luces de cruce durante el día en todos los vehículos de motor. Esta medida, como ha destacado usted, está incluida en varios códigos de circulación nacionales y, en todo caso, ha sido objeto de recomendaciones en otros Estados miembros. Si el examen resulta positivo, la Comisión tiene previsto presentar una propuesta tras la publicación de la revisión intermedia del programa europeo de seguridad vial, que he mencionado hace un momento y que se espera para el segundo semestre de este año. Entonces veremos cómo responder a esta sugerencia.

Mientras tanto, la Comisión proseguirá las consultas con los medios interesados, en particular con la industria automovilística. Se trata, por ejemplo, de estudiar la posibilidad de introducir, en los vehículos nuevos, luces específicas que se enciendan automáticamente con la puesta en marcha. Estas nuevas luces consumirían menos que las de cruce, puesto que una de las objeciones que se nos hace es el consumo de energía que comporta tener estas luces encendidas durante el día. En el marco de la actualización del programa de seguridad vial, intentaremos responder a esta cuestión a la luz de todas las experiencias y todas las enseñanzas derivadas de esas experiencias.

  Hedkvist Petersen (PSE). (SV) Muchas gracias por su respuesta, que me parece alentadora. Tenemos que usar todas las opciones a nuestro alcance para fomentar la seguridad en las carreteras: todas las opciones existentes y las que empiezan a estar disponibles en los diferentes Estados miembros. Por supuesto, nos preocupa tener que esperar a una revisión y no poder tomar iniciativas. Quiero preguntar al Comisario si cree que la Comisión presentará más de una propuesta de Directiva tras la revisión intermedia, porque de hecho el programa de seguridad vial que tenemos ahora menciona esta posibilidad.

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) No tengo intención, señora Hedkvist Petersen, de aplazar la toma de decisiones. Creo que los documentos técnicos estarán disponibles en los próximos meses y, evidentemente, en ese momento, la Comisión deberá asumir sus responsabilidades y hacer propuestas. Le doy las gracias por adelantado por el apoyo que nos preste, porque sabe muy bien que, en este ámbito, algunos Estados miembros siempre tendrán razones para descartar determinadas disposiciones, cuando sabemos que pueden reducir el número de muertes en Europa.

  Mitchell (PPE-DE). – (EN) ¿Puedo preguntar al Comisario si divulgará la investigación llevada a cabo para demostrar que cuando los coches circulan con las luces encendidas durante el día se reducen de forma significativa los accidentes de tráfico? ¿Puedo preguntar además si considera más conveniente que este asunto sea abordado por los Estados miembros? Si al Comisario le interesa el tema de la seguridad, hay varios ámbitos en los que la Comisión podría intervenir. En Francia, por ejemplo, los taxistas no están obligados a usar el cinturón de seguridad, pero deben hacerlo al entrar en Alemania. ¿No resulta más apropiado dejar este asunto en manos de los Estados miembros?

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) En algunos Estados miembros existe ya la obligación de encender las luces de cruce: en la República Checa, Dinamarca, Finlandia, Italia, Hungría y Suecia. Francia introdujo esta medida a modo de recomendación en el invierno 2004/2005. Vamos a iniciar las conversaciones con la industria del automóvil para dotar a los vehículos nuevos de mecanismos de encendido automático de las luces de cruce con el encendido del motor. Después, veremos cómo introducir la utilización de las luces de cruce durante el día en todos los vehículos motorizados.

Un estudio reciente ha demostrado, como ha destacado usted a raíz de la pregunta de la señora Hedkvist, que el empleo de las luces de cruce durante el día contribuirá a reducir de forma significativa el número de accidentes de tráfico: entre un 5 % y un 15 %. Por otra parte, había un problema con los conductores de motocicletas, pero pienso que todos esos problemas se están resolviendo.

Esto es lo que puedo decir tal como están las cosas. Pido al Parlamento un poquito de paciencia para que podamos preparar realmente este paquete de medidas complementarias de mejora de la seguridad en las carreteras de Europa.

  El Presidente.

Pregunta nº 51 formulada por Marta Vincenzi (H-0070/05)

Asunto: 2004/TREN/052

En las previsiones indicativas sobre las acciones de la Comisión se menciona la comunicación sobre los derechos de los usuarios en el sector de los transportes (2004/TREN/052).

¿Está dispuesta la Comisión a incluir en dicha Comunicación y a apoyar de manera explícita el derecho al uso seguro de las infraestructuras viarias por parte de pasajeros y mercancías, mediante una manutención obligatoria que tenga en cuenta las necesidades de los usuarios, así como proyectos de mejor calidad para los accesos y la protección contra los peligros de la red de carreteras en los países de la Unión?

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) En primer lugar, permítanme retroceder un poco en el tiempo: la Comisión pone a su disposición el estudio sobre las luces de cruce. Yo no tenía la información, pero el estudio está en efecto a su disposición.

Voy a responder ahora a la señora Vincenzi. Conforme a su Libro Blanco, en su Comunicación del 16 de febrero sobre el refuerzo de los derechos de los pasajeros, la Comisión prometió examinar en 2005 el mejor modo de mejorar y garantizar los derechos de los pasajeros en las distintas modalidades de transporte. En esta Comunicación se aborda la cuestión de los derechos de los pasajeros en el sector del transporte por carretera desde la perspectiva de los servicios de transporte internacional de pasajeros en autocar.

Por lo que se refiere a la seguridad vial, señor Presidente, de la cual acabamos de hablar de forma bastante extensa, el Libro Blanco de 2001 proponía reducir a la mitad el número de víctimas de aquí a 2010. En 2001 se produjeron 50 000 muertes en los países de la Unión actual, es decir, la Unión de veinticinco Estados miembros; no debe haber más de 25 000 en 2010. El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron este ambicioso objetivo. En 2003, la Comisión adoptó un plan de acción relativo al vehículo, al comportamiento de los usuarios y a la infraestructura vial: tres aspectos. Pues bien, este año publicaremos un balance de los esfuerzos realizados para alcanzar ese objetivo.

Como he dicho, y lo subrayo, nos veremos inducidos a presentar nuevas propuestas legislativas, una de ellas relativa, en particular, a las auditorías e inspecciones de las infraestructuras viales. Añadiré, de todos modos, para información del Parlamento, que también habrá que tener en cuenta el comportamiento de los automovilistas, y habrá que ver qué podemos hacer para armonizar un poco, también en este ámbito, las normas vigentes en el conjunto de la Unión.

  Vincenzi (PSE). – (IT) Gracias, señor Comisario. Sin embargo, le pedía que fuera más explícito con respecto a la interpretación del artículo 16 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, del quea mi juicio se puede deducir un derecho de los consumidores a la movilidad y, por tanto, a la definición de unas normas mínimas de seguridad en el ámbito de los servicios.

Le pregunto, pues, si será posible empezar a considerar las autopistas, al menos las de pago, como un servicio de interés general, entre otras cosas para evitar que la justa exigencia de seguridad, que ha llevado a la definición de la Carta de los derechos de los pasajeros del transporte aéreo, en perspectiva también para el sector ferroviario, no penalice la competitividad de estos vectores con respecto a las autopistas. Creo que asegurar la igualdad de condiciones para todos los implicados y aumentar la seguridad de todos debe ser un objetivo explícito.

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Se trata de concebir también para la carretera, un poco como hicimos en el sector aéreo y en el ferroviario, normas que se apliquen a lo largo de las rutas principales. En las redes transeuropeas exigiremos en efecto la aplicación de las mismas normas en la medida de lo posible. Y como saben, en este ámbito, tocamos problemas que tienen que ver con el tercer paquete de medidas de Justicia y Asuntos de Interior. Está todo el problema de las sanciones, todo el problema de los controles y las infracciones. Es evidente que todo esto exige hoy una armonización, que sin duda será un poco difícil de conseguir, pero que es necesaria. Y, en todo caso, por lo que respecta a las redes transeuropeas, somos muy firmes en conseguir esta mejora. Tenemos previsto presentar, antes de finales del año 2005, una propuesta de directiva sobre la mejora y el aumento de la seguridad en las redes transeuropeas de transporte.

  El Presidente.

Pregunta nº 52 formulada por Richard Howitt (H-0074/05)

Asunto: Derechos de los pasajeros con movilidad reducida en el transporte aéreo

¿Podría explicar la Comisión el dilatado retraso en la presentación del Reglamento sobre los derechos de los pasajeros con movilidad reducida en el transporte aéreo, originalmente previsto para el primer trimestre de 2004? ¿Se comprometerá la Comisión a defender una versión final del Reglamento que no contenga una cláusula de exclusión voluntaria ("opt-out") para las compañías aéreas?

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Doy las gracias al señor Howitt por su pregunta. Gracias, señor Howitt, porque me permite reafirmar la importancia que concede la Comisión a que las personas con movilidad reducida puedan recibir un trato equitativo, teniendo garantizada una asistencia adecuada para viajar con confianza por toda la Unión Europea.

Tan solo tres meses después de asumir el cargo de Vicepresidente de la Comisión responsable del transporte, sometí al colegio un reglamento que confiere derechos reales y tangibles a las personas con movilidad reducida que viajen en avión. Se trata de garantizarles un trato equitativo, impidiendo que los transportistas y los operadores turísticos les nieguen el transporte por causa de movilidad reducida, excepto por razones de seguridad justificadas. Así, la propuesta de reglamento pide a los gestores de aeropuertos que faciliten gratuitamente la asistencia necesaria en los aeropuertos, y a los transportistas que pongan a disposición, también de forma gratuita, la asistencia necesaria a bordo de los aviones. El reglamento se aplicaría en los casos de partida, llegada o tránsito en aeropuertos situados en los Estados miembros.

Huelga decir, señor Howitt, que cuento mucho con el apoyo del Parlamento, y que confío en que trabajen diligentemente, junto con el Consejo, en este expediente para que pueda aprobarse rápidamente. A través de los contactos que he mantenido con las asociaciones de personas con discapacidad, he podido calibrar la esperanza que despierta este reglamento, que inicia una política de no discriminación hacia las personas con discapacidad. Puedo decirle que esta preocupación seguirá siendo para mí esencial, pues estoy convencido de que es para nosotros un ideal europeo garantizar la accesibilidad y la movilidad para todos.

Esto es lo que quería responderle, señor Howitt. Tiene usted razón, se ha producido cierto retraso, pero ahora estamos en plena faena y hay que avanzar con determinación.

  Howitt (PSE). – (EN) Señor Comisario, puede contar con mi apoyo y, espero, con el del Parlamento. Criticamos a la Comisión cuando es necesario, pero en este caso han propuesto ustedes un Reglamento excelente y confío en que se apruebe con rapidez. Le complacerá saber que un operador de bajo coste, Easyjet, que opera en el aeropuerto de Luton en mi circunscripción, ha declarado que no será preciso subir los precios a raíz de este proyecto de Reglamento. Con esta declaración se pone fin a los comentarios alarmistas sobre el Reglamento.

Quisiera que el Comisario contestara a una pregunta que me han formulado: ¿por qué no aplicar este Reglamento a otras modalidades de transporte si resulta apropiado para el transporte aéreo?

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) En su comunicación, la Comisión contrajo el compromiso, conforme al Libro Blanco, de examinar durante el año 2005 la conveniencia de presentar medidas legislativas para ampliar las normas de protección de los pasajeros con movilidad reducida a otros modos de transporte, en particular la navegación marítima y el transporte internacional por autocar.

Dicho esto, señor Howitt, ha entendido usted bien que, por lo que se refiere al transporte ferroviario, el tercer paquete ferroviario incluye una propuesta legislativa que establece unas normas mínimas en materia de asistencia a las personas con movilidad reducida. Sé que el Parlamento tiene interés en este tercer paquete ferroviario y no desea que las distintas medidas del mismo puedan disociarse. Creo que es muy importante y que la medida relativa a las personas con movilidad reducida se sumará a las que entraron en vigor el 17 de febrero de 2005, es decir, el pasado jueves, sobre la denegación de embarque, la anulación y el retraso importante de un vuelo. Todo esto ha demostrado a los europeos que la Unión, su Parlamento, su Consejo y su Comisión, están también ahí para facilitar la vida diaria de todos, para garantizarnos más seguridad a todos. En cualquier caso, le agradezco que haya destacado la importancia que debe concederse a las personas con movilidad reducida.

  El Presidente. Se dará respuesta por escrito a las Preguntas nº 53 y 54.

Preguntas a la Comisaria Fischer Boel

  El Presidente.

Pregunta nº 55 formulada por Mairead McGuinness (H-0576/04)

Asunto: Zonas menos favorecidas

Las zonas menos favorecidas (ZMF) son un importante mecanismo que provee financiación por este motivo. En el caso de Irlanda se pagan 230 millones de euros a 100 000 agricultores en el marco de este régimen.

Dado que en el futuro se utilizarán handicaps nacionales y no criterios socioeconómicos para definir las ZMF, ¿puede la Comisión garantizar que se seguirá manteniendo el mismo nivel de pagos a los agricultores que actualmente reciben pagos en el marco del régimen de las ZMF?

  Fischer Boel, miembro de la Comisión. (EN) Una de las claves de la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establecen las disposiciones generales para el apoyo al desarrollo rural con cargo al fondo de desarrollo rural de la UE es la reclasificación de las zonas menos favorecidas del nivel intermedio.

La Comisión propuso una revisión de la clasificación vigente, basada en gran parte en criterios socioeconómicos que cambian con el tiempo. Aparentemente, décadas después de haber sido designadas, algunas de estas regiones no cumplirían los requisitos para ser declaradas ZMF debido a la evolución de sus características socioeconómicas. Este es el motivo de las observaciones críticas realizadas tanto por el Tribunal de Cuentas en su informe especial sobre zonas menos favorecidas como por el Parlamento Europeo.

Nuestras evaluaciones también han confirmado estas observaciones. La Comisión no puede ignorarlas y esto explica su propuesta. A partir del nuevo periodo, las ZMF se evaluarán según criterios naturales objetivos que no varían con el tiempo y que por lo tanto corresponden a un impedimento permanente, como la baja productividad del suelo o las malas condiciones climáticas.

A raíz de la aplicación de los nuevos criterios, habrá zonas que ya no cumplan los criterios de la condición de ZMF y los agricultores de las mismas ya no podrán optar al pago a favor de las ZMF intermedias. El nivel de compensación es una cuestión distinta a la delimitación de una zona menos favorecida. La ayuda se concede por hectárea y debería compensar a los agricultores por los costes adicionales y los ingresos perdidos debido al impedimento que tiene la producción agrícola en las zonas implicadas.

En su propuesta para el próximo periodo de programación, la Comisión introducirá una distinción entre zonas de montaña y otras zonas menos favorecidas respecto a la máxima compensación pagadera. Dado que las zonas de montaña se ven afectadas por los más graves impedimentos, la Comisión propone fijar una cantidad máxima de 250 euros por hectárea, mientras que para otras categorías se fijan 150 euros por hectárea.

  McGuinness (PPE-DE). – (EN) Señora Comisaria, le agradezco su respuesta clara y directa. Probablemente nadie saldrá ganando, pero seguro que habrá quienes salgan perdiendo.

¿Podría darnos una idea general de cuándo se sabrá si una zona determinada recibirá más o menos financiación tras la reclasificación?

  Fischer Boel, Comisión. (EN) Actualmente estamos elaborando las condiciones para las nuevas zonas menos favorecidas. Las fijaremos muy pronto, durante la primera quincena de marzo. Está usted en lo cierto al decir que habrá quien saldrá perdiendo, pero también estoy segura de que habrá quien saldrá ganando.

  Aylward (UEN). – (EN) ¿Cómo justifica la señora Comisaria que se planteen estos cambios en un momento en el que se ha producido una importante revisión de la Política Agrícola Común? En mi país, Irlanda, donde se acaba de introducir una desvinculación efectiva a partir del 1 de enero de 2005, los agricultores consideran que se enfrentan a un futuro incierto con respecto a sus ingresos. Por otra parte, ¿se planteraía usted la posibilidad de posponer las decisiones hasta que los interesados hayan tenido la oportunidad de habituarse al nuevo sistema?

  Fischer Boel, miembro de la Comisión. (EN) Esto forma parte de los debates políticos que se están celebrando en el Consejo y el Parlamento sobre el nuevo reglamento para la política de desarrollo rural. En mi opinión, aparcar el debate sobre zonas menos favorecidas y dejarlo para otra decisión no sería posible. Sin embargo, ustedes tendrán todas las oportunidades de hacer sus declaraciones durante el debate que se celebrará aquí en el Parlamento sobre la nueva legislación relativa a la política de desarrollo rural.

  Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, acojo con satisfacción la respuesta honesta de la Comisaria a la pregunta de la señora McGuiness. Sin embargo, Comisaria, a usted también le interesa la continuidad del desarrollo regional, incluido el desarrollo de las zonas montañosas y de las zonas menos favorecidas, porque permite que compartan la prosperidad general y el desarrollo de la Unión Europea; por esta razón, no podemos cesar de forma repentina estos pagos compensatorios cuando están a punto de vencer.

  Fischer Boel, miembro de la Comisión. (EN) Uno de los motivos por los que hoy estamos tratando este tema es que el Tribunal de Cuentas ha señalado las dificultades que plantea mantener la situación actual. Las cosas han cambiado durante las últimas décadas y puede que las zonas consideradas menos favorecidas hace 20 ó 25 años ya no cumplan los mismos criterios. Por eso se van a cambiar las cosas.

  El Presidente.

Pregunta nº 56 formulada por Michl Ebner (H-0013/05)

Asunto: Definiciones de zona de montaña y de bosque de montaña

Las zonas de montaña están definidas en el artículo 18 del Reglamento (CE) 1257/99⁽⁴⁾ sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA).

No obstante, esta definición no es lo suficientemente general, por lo que ya desde hace años se habla de que debería definirse de nuevo el concepto de zona de montaña.

En septiembre de 2002 se me comunicó que estaba pendiente su revisión. Desde entonces no ha habido, sin embargo, ningún cambio.

¿Puede comunicar la Comisión cuándo se efectuará y se publicará la revisión de las definiciones de zona de montaña y de bosque de montaña?

  Fischer Boel, miembro de la Comisión. (EN) La definición de zonas de montaña se basa exclusivamente en impedimentos naturales como la altitud y el desnivel o una combinación de ambos. A diferencia de la delineación de otras zonas menos favorecidas, los criterios de delineación de las zonas de montaña no se han puesto en tela de juicio en el reciente informe especial del Tribunal de Cuentas europeo sobre la ayuda a zonas menos favorecidas, informe que he mencionado en mi anterior respuesta.

Las evaluaciones de los programas de desarrollo rural demuestran la importancia de la ayuda a las zonas menos favorecidas para que mantengan poblaciones que practiquen la agricultura de montaña y para la gestión de las tierras en las zonas de montaña, incluida la protección del paisaje y del medio ambiente. En estas circunstancias, la Comisión no ha propuuesto modificar los criterios de clasificación de esta categoría de las zonas menos favorecidas.

En su propuesta de reglamento del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural para el próximo periodo de programación, la Comisión introduce la distinción entre zonas de montaña y otras zonas menos favorecidas con respecto a la cantidad máxima de la compensación. Dado que las zonas de montaña se ven afectadas por los más graves impedimentos, se propone aumentar la suma máxima para estas zonas de 200 a 250 euros por hectárea.

  Ebner (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Comisaria, gracias por su clara respuesta y por informarnos que la Comisión está introduciendo esta distinción para el próximo período de programación. También me interesa saber si tiene sentido –y si usted podría estudiar esta opción– introducir parámetros para las zonas montañosas que las defina como zonas por encima de cierta altitud y con cierto grado de pendiente; dicho de otro modo, si tiene sentido establecer criterios objetivos que impidan el apoyo concurrente y superpuesto.

  Fischer Boel, miembro de la Comisión. (EN) Comprendo su gran interés por este tema concreto, ya que es muy importante mantener pobladas las zonas rurales.

He escuchado su propuesta, pero por el momento no figura en la recomendación y creo que sería difícil incluirla. Comprendo que usted basaría la regulación en el desnivel de las montañas. Considero que una regulación así sería extremadamente difícil y chocaría con numerosos problemas en el Tribunal de Cuentas, ya que la definición de estas zonas de montaña quedaría abierta a la interpretación.

  El Presidente.

Pregunta nº 57 formulada por Liam Aylward (H-0026/05)

Asunto: Azucareras irlandesas

La Comisión estará informada de que el 12 de enero de 2005 se anunció el cierre de una de las dos únicas azucareras que quedan en Irlanda. Es muy probable que este hecho sea el resultado de las negativas perspectivas que se han barajado sobre el futuro de la industria azucarera.

¿Acepta la Comisión que este cierre tendrá graves repercusiones en la economía local de la zona afectada, y además indicará claramente que no permitirá bajo ningún concepto la transferencia, con arreglo al nuevo régimen, de cuotas nacionales de azúcar que provocarían en la práctica la total destrucción de la industria azucarera en un Estado miembro, como ocurriría en Irlanda?

  Fischer Boel, miembro de la Comisión. (EN) La organización común de mercado del sector azucarero establece cuotas de producción de azúcar por región comunitaria. Las autoridades de los Estados miembros asignan estas cuotas a sus empresas productoras de azúcar. A cada empresa le corresponde decidir y organizar su producción entre una o varias plantas de procesado conforme a sus propios criterios.

El hecho de que una empresa cierre una de sus factorías y concentre su producción en una única planta de procesado –como sucede en Irlanda– no modifica su cuota ni reduce su producción total. Por lo tanto, los agricultores irlandeses podrán seguir produciendo las mismas cantidades de remolacha azucarera que antes del cierre.

La concentración y la racionalización de la producción es una característica común de la reestructuración y, en el caso del azúcar, refleja la tendencia de los últimos diez años, en los que el número de factorías prácticamente se ha reducido a la mitad en la UE de los 15.

La transferencia de cuotas entre los Estados miembros se presentó en la comunicación de la Comisión sobre la reforma azucarera en julio de 2004 para aumentar la competitividad del sector azucarero europeo. Esto permitiría a las empresas más competitivas adquirir las cuotas de las empresas que deciden cerrar tras la reforma y así ajustarse al precio más bajo del mercado.

Los productores ineficientes también podrían vender las cuotas y de este modo obtener una parte del valor de las mismas. Si nadie está interesado en comprar las cuotas en el mismo Estado miembro o en otro, la empresa puede solicitar una ayuda a la conversión, que debería contribuir a pagar los costes del restablecimientos de buenas condiciones medioambientales en el lugar de la factoría y de la recolocación de los trabajadores.

Los debates celebrados en el Consejo y el Parlamento reflejan una gran preocupación por parte de varios Estados miembros y partes interesadas respecto a la posibilidad de transferir cuotas entre países. A este respecto, la Comisión ha de subrayar que la competitividad de la industria azucarera europea debe aumentar con el fin de garantizar una base sostenible a largo plazo para la producción de azúcar dentro de la Unión Europea. La transferencia de cuotas entre Estados miembros es un modo de asegurarlo. No hay que descartar soluciones alternativas y complementarias, que también se están analizando.

  Aylward (UEN). – (EN) Muchas gracias por su respuesta, señora Comisaria. Lamentablemente, desde la última vez que tuve la oportunidad de intercambiar impresiones con usted, mis peores temores se han hecho realidad con el cierre de una de las dos azucareras que tenemos en Irlanda y la pérdida de empleos que esto supone.

Quisiera pedirle que nos asegurase o que al menos nos diese una garantía de que cuando finalmente nos presente sus propuestas, no permitirá la venta de cuotas fuera de las fronteras nacionales. Esto no se ha permitido antes y sin duda implicaría el fin de la industria azucarera irlandesa.

En segundo lugar, a la hora de formular estas propuestas, ¿ha examinado usted también el uso de una industria o energía alternativa, especialmente con respecto al uso de la remolacha azucarera en biocarburantes o bioenergía? Si no, ¿podría asegurarnos que lo examinará?

  Fischer Boel, miembro de la Comisión. (EN) Con respecto a la pregunta sobre la transferencia de cuotas, actualmente estamos debatiendo sobre una nueva reforma del sector del azúcar. Por lo tanto, es demasiado pronto para comenzar este debate en el Parlamento. Más adelante tendremos numerosas oportunidades de tratar en detalle las distintas herramientas de la propuesta azucarera. Por supuesto, me resulta imposible darle hoy la garantía que solicita.

Respecto a su otra pregunta sobre el bioetanol, ayer decidí formar un grupo central para debatir las posibilidades de cultivar energías renovables en el campo europeo. Se trata de un terreno interesante en el que necesitamos indagar más a fondo para ver cuáles son las posibilidades que existen.

Le agradezco su consejo en un ámbito tan importante como este.

  Westlund (PSE). (SV) La ayuda agrícola de la UE causa un gran daño a los países más pobres. El azúcar es uno de los productos de exportación más importantes para muchos de estos mismos países pobres. Por esta razón, la reforma del azúcar que se ha aplicado recientemente y que ahora estamos debatiendo es muy importante, a pesar de que creo que podía haber ido aún más lejos.

Creo que resulta bastante embarazoso que la UE, cuyo lema es la libre competencia, llegue a tales extremos para favorecer a su propia agricultura. Por lo tanto, quiero preguntar a la Comisión qué medidas va a tomar para reducir la ayuda agrícola de la UE y permitir que los países más pobres del mundo puedan hacer algo por sí mismos respecto de su difícil situación actual.

  Fischer Boel, miembro de la Comisión. (EN) Le agradezco su pregunta. Actualmente estamos hablando del azúcar debido a que hemos realizado avances e introducido reformas en numerosos sectores de la agricultura, pero la industria azucarera ha permanecido intacta durante los últimos 40 años. Por lo tanto, debemos reformarla.

También debemos hacerlo porque ahora estamos permitiendo el acceso al mercado de la UE a los 49 países más pobres del mundo a través del acuerdo «Todo menos las armas». De 2006 a 2009, estos países accederán progresivamente al mercado europeo a un precio superior que el precio de mercado mundial. De este modo tendrán una oportunidad especial de escapar de la pobreza. Esto también forma parte de nuestra propuesta sobre el azúcar.

  McGuinness (PPE-DE). – (EN) En general, el sufrimiento de los pobres del Tercer Mundo no siempre se erradica con el libre comercio; en ocasiones ocurre lo contrario.

Por ejemplo, en Brasil están muy preocupados por las propuestas porque los pobres y los campesinos sin tierra de ese país sufrirán si la producción azucarera se expande de forma masiva, tal como se predice. Quisiera conocer la opinión de la Comisión al respecto.

En segundo lugar, si se pretende obtener una mayor eficiencia mediante la liberación de la transferencia de la cuota de remolacha azucarera, ¿cuáles son sus intenciones respecto a la cuota láctea?

  Fischer Boel, miembro de la Comisión. (EN) Ahora abandonamos la pregunta original sobre la producción azucarera en Irlanda. Sin embargo, quisiera...

(El Presidente interrumpe a la oradora)

  El Presidente. Señora Comisaria, permítame que la interrumpa. Esta pregunta suplementaria no versa sobre el mismo tema.

  Crowley (UEN). – (EN) Quisiera referiorme a la respuesta de la señora Comisaria a la pregunta original del señor Aylward con respecto a la posibilidad de transferir las cuotas de azúcar. El motivo por el que estamos debatiendo esto ahora es que la cuestión forma parte de una propuesta de la Comisión, y no porque se trate de algo que buscaban los Estados miembros. La dificultad y el peligro radican en que una vez que se transfiere el derecho a una cuota se detiene toda la producción azucarera, que se amalgama con los intereses de las grandes multinacionales y no con los intereses de cada país, como sucede en la actualidad. Estos garantizan un sólido crecimiento del producto que permite la competencia y garantiza después la diversidad de la oferta y de la producción.

  Fischer Boel, miembro de la Comisión. (EN) No entraré en un profundo debate técnico sobre la propuesta azucarera. Me limitaré a decir que soy muy consciente de la diversidad de opiniones respecto a este tema. Puedo garantizarles que en esta fase estoy escuchando a todas las partes interesadas.

Existen distintas opiniones respecto a cuánto estamos avanzando y con qué rapidez lo hacemos en la nueva propuesta azucarera. Sin embargo, me complace decir que todos los miembros del Consejo y los diputados al Parlamento Europeo se dan cuenta de que hay que hacer algo con respecto al azúcar. Si nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos nada, estropearemos la oportunidad de que la producción azucarera europea sea competitiva en el futuro, y ese no es el camino que debemos seguir.

  El Presidente.

Pregunta nº 58 formulada por Åsa Westlund (H-0035/05)

Asunto: Medidas de ayuda a la silvicultura en las regiones devastadas por el temporal

Se estima en más de 8 000 millones de euros los daños causados en el bosque sueco por el terrible temporal que recientemente devastó el Norte de Europa. Están amenazados los puestos de trabajo en la industria de la madera, la silvicultura y la agricultura, así como el futuro de la silvicultura.

El bosque es un elemento fundamental de la estrategia de la UE en favor de la diversidad biológica, Natura 2000 y el esfuerzo de la UE para promover energías renovables y reducir el efecto invernadero. Ahora mismo se está desarrollando el trabajo para definir una política común de la Unión en materia de silvicultura.

Pido a la Comisión que fomente la silvicultura en esta situación difícil y que vele por que ninguna burocracia inútil obstaculice las acciones destinadas a reconstruir en la medida de lo posible el bosque devastado.

Sobre la base de estas consideraciones y habida cuenta de la importancia económica, social y ecológica de la silvicultura, ¿qué medidas se propone adoptar la Comisión para ayudar a la silvicultura en las regiones suecas devastadas por el temporal?

  Fischer Boel, Comisión. (DA) En primer lugar, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con Su Señoría en que la silvicultura reviste una importancia socioeconómica y medioambiental crucial en la UE, en especial en los distritos rurales. La Comisión acaba de completar un análisis de las medidas tomadas como parte de la estrategia forestal europea durante los últimos cinco años, y en breve presentaremos los resultados de este análisis, tanto al Parlamento Europeo como al Consejo.

La investigación se ha llevado a cabo en estrecha cooperación con las partes relevantes interesadas y los Estados miembros, y se han recogido declaraciones, por ejemplo a través de un foro en Internet. En mi opinión, la Resolución del Consejo del 15 de diciembre sobre una estrategia forestal para la Unión Europea forma una base adecuada para las medidas e iniciativas forestales en la UE.

Respecto del daño ocurrido en relación con la última tormenta, que también ha causado mucho daño en otros países del norte de Europa, quiero expresar también en esta Cámara mis sinceras condolencias a todos los afectados por esta catástrofe. Estamos dispuestos a examinar lo antes posible lo que podemos hacer para paliar las consecuencias. En el seno de la legislación de la UE, existen varias maneras posibles de suministrar ayuda.

A petición de un país afectado por una catástrofe, el programa de acción de la Comunidad para la protección civil coordinada en caso de una catástrofe puede formar la base que facilite y coordine la ayuda a otros Estados miembros. El 1 de febrero, las autoridades suecas también pidieron ayuda a otros Estados miembros en forma de generadores eléctricos para las zonas más afectadas del país. De hecho, fue posible cumplir con el deseo en un plazo de menos de dos días, y tanto Alemania como la República Checa enviaron 170 generadores a Suecia.

Asimismo, el Fondo de Solidaridad de la UE puede suministrar ayuda, lo que contribuye a las medidas de emergencia iniciales. La ayuda proveniente de los fondos estructurales puede suministrarse dentro del marco de los programas actuales y, si la producción potencial de la agricultura y la silvicultura se ha visto perjudicada, también se puede suministrar ayuda para el restablecimiento e introducción de medidas preventivas en el marco de lo que sea posible en términos de política del distrito rural.

Puedo decirles que mi departamento ya está en contacto con las autoridades suecas y está dispuesto a investigar si las propuestas presentadas por las autoridades suecas pueden aplicarse en la práctica. Si las autoridades suecas desean pedir ayuda al Fondo de Solidaridad, les recomiendo que se dirijan a mi colega, el Comisario Hübner, que es el responsable de este ámbito específico.

  Westlund (PSE). (SV) Muchas gracias por su detallada respuesta. Como usted ha afirmado, han ocurrido muchas cosas desde que formulé la pregunta, y solo quiero expresar mi gratitud a la Comisión por haber sido tan comprensiva y generosa con Suecia y los países bálticos, que se han visto seriamente afectados. Quiero darle las gracias por haber actuado de la forma que ha descrito.

  Martin, David (PSE). – (EN) Espero recibir pronto el informe sobre el desarrollo de nuestra silvicultura que ha mencionado la señora Comisaria. Entretanto, ¿podría asegurarnos que los pagos únicos que se producirán a raíz de la desvinculación, de los que sabemos que tendrán un componente medioambiental, incluirán también un importante componente de plantación de árboles? ¿Nos garantizará que estos pagos se destinen a promover que los agricultores sigan plantando árboles, y concretamente diversas especies de árboles, no una única especie? Esto no resuelve el problema de la silvicultura, pero aumentará el número de árboles en la Unión Europea y reportará los beneficios medioambientales a los que ha hecho referencia.

  Fischer Boel, miembro de la Comisión. (EN) Estoy totalmente de acuerdo en que es muy importante garantizar que el número de hectáreas de bosque aumente. Dentro de la política de desarrollo rural, existen distintas posibilidades que se están debatiendo actualmente de mantener o respaldar la posibilidad de plantar nuevos bosques.

Hay que decir que en última instancia depende de los Estados miembros decidir si desean utilizar las distintas herramientas y la cofinanciación en la política de desarrollo rural.

  El Presidente. (EN) Puesto que ha concluido el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 59 a la 103 se responderán por escrito⁽⁵⁾.

(La sesión, suspendida a las 19.10 horas, se reanuda a las 21.05 horas).

PRESIDENCIA DEL SR. ONESTA
Vicepresidente

(1) DO L 18 de 21.1.1997, p.1

(2) DO L 164 de 30.4.2004, p. 164.

(3) Véase SWOV (Koornstra y el. 1997) y también TOI (Elvik, 1996) y ETSC, Bruselas 2003.

(4) DO L 302 de 1.12.2000, p. 72.

(5) Véanse las preguntas no abordadas en el anexo «Turno de preguntas».

16. Permiso de conducción (continuación del debate)

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre el permiso de conducción.

  Titley (PSE). – (EN) Señor Presidente, celebro las propuestas sobre los permisos de conducción, ya que constituyen un enorme avance en la lucha contra el fraude, mejora la seguridad vial y, lo que es más importante, proporciona seguridad jurídica a la libre circulación de personas. Celebro especialmente las propuestas de fijar criterios más estrictos para los examinadores. No me gustaron las propuestas originales de la Comisión, porque considero que eran demasiado burocráticas y complejas. Habrían perjudicado de forma innecesaria a determinados grupos, como los usuarios de caravanas, por lo que felicito al ponente por haber planteado una propuesta más simple y práctica.

Sin embargo, sigue siendo necesario que analicemos en profundidad la cuestión de las motocicletas, ámbito en el que las prácticas y problemas nacionales varían mucho entre los Estados miembros. En el Reino Unido, nuestro problema no se centra tanto en los jóvenes motoristas, sino en los hombres de mediana edad –como yo– que sufren la crisis de los cuarenta y compran potentes motos con las que luego se matan. No tenemos grandes problemas con los jóvenes motoristas gracias a los requisitos que tenemos para superar el examen, especialmente en el caso de los ciclomotores.

Otros países tienen problemas distintos respecto a las motos y los ciclomotores, por lo que afirmo que la propuesta planteada por la Comisión y el Parlamento de una solución única para todos no funcionará. Por este motivo, junto con algunos colegas del Grupo del PSE, he presentado varias enmiendas que permitirán un doble planteamiento que respetará los principios de acceso progresivo.

Por una parte, habrá un examen práctico para los ciclomotores y posteriormente dos fases adicionales de acceso progresivo. Por otra parte, no existirá el requisito de un examen práctico para los ciclomotores, sino tres fases de acceso progresivo a las motos más potentes. En ambos casos, con respecto a las decisiones sobre el acceso directo a las máquinas de mayor tamaño, dependerá de los Estados miembros establecer una edad mínima entre los 21 y los 27 años. Me gustaría que pudiésemos resolver este problema de las motocicletas durante la votación.

  Dionisi (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, felicito al ponente, el señor Grosch, por el informe que ha presentado. La directiva sobre el permiso de conducción es muy compleja y articulada. Considero que en conjunto representa un gran paso adelante en términos de libertad de circulación, de reducción de las posibilidades de fraude y de esfuerzo por mejorar la seguridad vial. En las carreteras europeas mueren cada año más de 40 000 personas, un dato estadístico preocupante que hay que afrontar con seriedad y urgencia.

Entre las víctimas, una de las categorías más expuestas son los motociclistas. En Italia circulan un tercio de los vehículos de dos ruedas de toda Europa y el 60 por ciento de los escúters. Por ello he seguido con preocupación el debate sobre los límites de edad, que afortunadamente se ha resuelto con la aceptación de cierto grado de flexibilidad. En Italia, por ejemplo, los chicos conducen ciclomotores desde los catorce años de edad, y diversos estudios demuestran que no es esta la franja de edad en que el riesgo es más alto. En mi país, sobre todo en las grandes ciudades, escúters y ciclomotores son un medio de transporte muy extendido, que ofrece una alternativa válida al automóvil. El modo de aumentar la seguridad no es eliminarlos de la circulación, sino educar en la movilidad, mediante la realización en las escuelas de cursos de formación y preparación.

En general, el enfoque gradual vale al pena, pero el informe introduce un exceso de reglamentación que no mejora la propuesta de la Comisión y no apunta al objetivo de la armonización. ¿Qué sentido tiene no conceder el permiso para circular en motocicleta hasta los veinticuatro años de edad y prever la posibilidad de conceder el permiso de conducción de automóviles con solo diecisiete?

Por último, la introducción de exámenes para el acceso a cada categoría no permite ni al usuario ni menos a las administraciones públicas gestionar y controlar el sistema, sin tener la más mínima garantía de que mejore la seguridad. El problema debe afrontarse con valentía, sin penalizar a los conductores de motocicletas con respecto a los conductores de otras categorías solo por tener la conciencia tranquila. Invito a sus Señorías a que reflexionen sobre estos dos aspectos para aumentar los niveles de seguridad y alcanzar el objetivo de la armonización, introduciendo normas sensatas, aplicables y gestionables.

  Leichtfried (PSE). – (DE) Señor Presidente, Comisario, quiero abordar dos cuestiones en este informe que me parecen especialmente importantes. En primer lugar, me complace que la Comisión de Transporte y Turismo se haya apartado del proyecto de la Comisión y opine que la Directiva no puede imponer exámenes médicos obligatorios a partir de cierta edad, porque creo que dicha disposición sería una discriminación indebida.

No existen estadísticas de ningún tipo que sugieran que las discapacidades de salud relacionadas con la edad constituyen una causa desproporcionadamente frecuente de accidentes. Además, cabe recordar que en Europa nos enfrentamos en la actualidad a cierres, en particular en las zonas rurales, de colmados, bancos, oficinas de correos y demás. Muchas personas mayores viven en estas zonas, y sin duda sería un error retirarles el permiso de conducción y ponerles en peligro de que no puedan satisfacer muchas de sus necesidades básicas.

La segunda cuestión que quiero abordar es la fecha límite de diez años. Al principio era escéptico, pero me he dado cuenta de que, si queremos crear una norma uniforme, hay que aceptar que hay países en los que el permiso de conducción no solo se utiliza como certificado de autorización sino también como documento de identidad. Sugiero que, si se aplica la fecha límite de diez años, este permiso de conducción pueda utilizarze en todos sitios como documento de identidad. Las ventajas compensarían a los inconvenientes que la fecha límite impone en algunos países.

  Wortmann-Kool (PPE-DE). – (NL) Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias al ponente por su importante trabajo, porque esta tarde y noche se ha vuelto a poner de manifiesto que no era fácil. Me gustaría explicar con mayor detalle algunos puntos clave. En primer lugar, tenemos que ser muy estrictos en la lucha contra el fraude en Europa; así pues, tenemos que preparar el camino, pero es imposible con 110 permisos de conducción diferentes en Europa. Por lo tanto, creo que es esencial que los permisos de conducción se renueven cada diez años y que avancemos hacia un permiso de conducción a prueba de fraudes en formato de tarjeta de crédito dentro de otros diez años. No podemos dejar esta cuestión a la subsidiariedad. Este Parlamento no se tomaría a sí mismo en serio si tomara una decisión y después necesitara 80 años para introducirla.

En segundo lugar, la propuesta de la Comisión era demasiado restrictiva para los propietarios de caravanas y de remolques de barcos y de caballos, que, de conformidad con la propuesta, tienen que obtener un permiso de conducción adicional de categoría E que complemente su permiso de conducción regular de categoría B. Me complace que la mayoría haya apoyado mi propuesta para mantener la situación actual. Puesto que no se ha demostrado que sea peligroso, no vamos a complicar las normas de manera innecesaria.

En tercer lugar, respecto de los permisos de conducción para los vehículos pesados de transporte de mercancías, si seguimos el resultado de la Comisión de Transporte y Turismo, el acceso progresivo a este tipo de transporte podría aplicarse a la edad de 24 años. Eso es ir demasiado lejos. Una persona de 18 años puede conducir un gran Landrover, pero hay que tener 24 años para poder conducir un vehículo pesado de transporte de mercancías. Es una locura y una injusticia.

Por esta razón, con el apoyo del señor Bradbourn, he presentado una enmienda junto con el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, que permita conducir un vehículo pesado de transporte de mercancías a partir de los 21 años. Quiero instar a esta Cámara a que apoye esta enmienda, que constituye una revisión muy importante. Los 10 años son esenciales para establecer un permiso de conducción uniforme en Europa y luchar contra el fraude. Muchas gracias.

  Vincenzi (PSE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, también yo tengo interés en destacar el tema de la promoción de la seguridad, en particular para las motocicletas.

A este respecto, creo que es útil armonizar cuatro principios generales que ya están incluidos en la directiva. Me refiero al principio del acceso progresivo y al papel fundamental de la formación; a la necesidad de no discriminar entre automovilistas y motoristas a la hora de conceder los permisos; a la conciencia de que la velocidad y la relación potencia-peso deben considerarse una de las principales causas de siniestralidad; y al hecho de que la situación en Europa está muy diversificada. No obstante, de esta diversidad debe surgir una enérgica exigencia de mayor seguridad y responsabilidad en la conducción, pero no la afirmación de un monocultivo de las cuatro ruedas sobre la de dos ruedas.

En este marco, otros colegas del Grupos Socialista en el Parlamento Europeo y yo hemos presentado algunas enmiendas. Por un lado, están destinadas a limitar la velocidad de las motocicletas que pueden conducirse a partir de los dieciocho años y a reconcoer las diferencias entre los distintos países en cuanto al tipo de vehículos que circulan por sus carreteras. Por otro, reafirman el principio del acceso progresivo, premiando la experiencia de conducción y la prueba práctica para el paso de los ciclomotores a motocicletas más veloces, teniendo en cuenta que cuando pasan de una categoría a otra, las personas han adquirido ya la capacidad para conducir en el tráfico urbano y comportarse de modo correcto con los demás usuarios de la carretera.

Con una armonización mejor de estos aspectos, creo que el tema de las motocicletas, planteado por muchos oradores, puede reconciliarse en un mecanismo único en el marco de esta propuesta, por la cual felicito al ponente.

  Κratsa-Τsagaropoulou (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, Comisario, Señorías, la propuesta de directiva sobre permisos de conducción acerca Europa a las vidas cotidianas de nuestros ciudadanos. La legislación está haciéndose más accesible, más transparente y más eficaz en sectores básicos para nuestra libertad de movimiento en el seno de un mercado único europeo.

Nuestro ponente, el señor Mathieu Grosch, ha recorrido un largo camino y ha realizado un gran esfuerzo por reconciliar varios puntos delicados y prácticas diferentes y, de esta manera, ha contribuido a la mejora de esta propuesta y le damos las gracias por ello.

En efecto, para empezar, un sistema armonizado pero no necesariamente homogéneo de permisos de conducción ayudará a combatir el fraude y la confusión actual que puede surgir con facilidad debido a la variedad de permisos que existen en la Unión Europea. La emisión de permisos en forma de tarjeta de plástico, la sustitución de los permisos viejos en el plazo de 10 años y la introducción, aunque sea opcional, de un microchip que facilite controles y reduzca el riesgo de fraude. El reconocimiento recíproco de sanciones ayudará a todo esto, fomentando una zona de seguridad y justicia en la Unión Europea.

Esta propuesta de directiva también ayuda a reforzar la seguridad vial, que es el objetivo básico de la política europea. Los criterios adecuados para la selección de examinadores, su formación continua, los exámenes médicos periódicos a los conductores, la ampliación del principio de acceso progresivo a los permisos de conducción de los vehículos pesados son elementos que gobiernan la protección de nuestra vida, la calidad de nuestra vida y, en última instancia, nuestra democracia. Constituyen el núcleo del modelo social europeo y tenemos que protegerlos.

  De Rossa (PSE). – (EN) Señor Presidente, apoyo decididamente el planteamiento del ponente respecto a este tema. De hecho, me pregunto por qué no podemos avanzar con más rapidez hacia la implantación del permiso del tipo de tarjeta de crédito. Teniendo en cuenta que hemos pasado de 15 monedas distintas a la moneda única europea en cuestión de semanas, creo que pasar de 110 modelos distintos de permiso de conducción a un único permiso debe ser un proceso mucho más fácil.

Uno de los aspectos que me preocupa es concretamente el coste de la obtención de permisos para los jóvenes. Deben sentirse desincentivados, ya que además tienen que pagarse la formación y en algunos casos repetir los exámenes. Esto puede comportar que aumente el número de jóvenes que circulan en Europa sin el debido permiso y, por lo tanto, supuestamente también sin seguro.

Sé que en Irlanda la Asociación de Automovilistas calcula que una quinta parte de los conductores circulan con permisos provisionales. Se trata de permisos emitidos pagando una cuota y obteniendo un permiso que se extiende sin más requisitos. Existe una lista de espera de al menos 12 meses para hacer el examen y si la uno lo suspende –como sucede en un elevado número de casos–, entonces conduce sin una formación ni un conocimiento adecuados durante un período de al menos dos años.

Pese a que es una buena idea contar con normas comunes en toda Europa, debemos tratar la cuestión de si los Estados miembros aseguran que quienes obtienen estos permisos provisionales en particular sean capaces de conducir de forma segura. Las estadísticas de muertes en la carretera demuestran que no es así.

  Ferber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Comisario, Señorías, la cuestión de la directiva de permisos de conducción ha sido un asunto particularmente candente en mi país. Me complace que varios puntos de las propuestas iniciales que se habían criticado acertadamente ya no sean aplicables, como las revisiones médicas a los conductores mayores, sobre lo que se ha hablado mucho.

Respecto de la cuestión de la fecha límite, tendremos en cuenta que los Estados miembros individuales tienen diferentes culturas y tradiciones. En Alemania los permisos de conducción existen desde hace más de cien años; ningún otro país de la UE puede reivindicar una historia tan larga de permisos de conducción. Tenemos nuestra propia tradición; otros tienen la suya. No tiene sentido que los legisladores europeos en general o el Parlamento Europeo en particular vayan más allá de lo que los Estados miembros han acordado hasta ahora.

En cuanto a la introducción de un permiso de conducción en formato de plástico, hace cinco años que esta opción está disponible, y los propios Estados miembros tienen la culpa de no haberla aprobado todavía. Sin embargo, su tarea es introducirlo; no es responsabilidad nuestra imponerlo como una obligación vinculante.

Permítanme hacer otra crítica. Parece que el nuevo permiso de conducción contiene un microchip; esto costará dinero y no conseguirá nada. ¿Por qué pasamos el tiempo debatiendo códigos digitales y demás durante la penúltima legislatura? Para que el permiso de conducción pudiera entenderse en todos los países. No necesitamos un chip, que solo costará dinero y no tendrá un propósito útil.

Me complace que el problema de los remolques se haya resuelto. He mantenido intensos debates sobre esta cuestión con el ponente, y creo que hemos llegado a una buena solución, práctica y fácil para el usuario. Por favor, presentemos también soluciones fáciles para el usuario a problemas como el canje obligatorio de permisos y demás. Molestamos a las personas más de lo que las ayudamos haciéndoles favores que no han pedido.

Por lo tanto, me dirijo a usted, Comisario, porque suya es la honrosa tarea de tomar la decisión final sobre las 129 enmiendas que se han presentado. Se acercan mucho a la posición del Consejo, y es lo que mejor sirve a los intereses públicos.

  Doyle (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, me apresuro a añadir a la intervención del señor De Rossa que la mayoría de las personas que conducen con permiso provisional en Irlanda lo hacen de forma legal –así es el disparatado sistema que tenemos– para que nadie piense que una quinta parte de los conductores incumplen la ley. No es este el caso.

Respaldo plenamente la tercera directiva sobre permisos de conducción que tenemos ante nosotros y quisiera dar las gracias al señor Grosch por su labor en relación con ella. Tratamos de garantizar una mayor libertad de circulación para nuestros ciudadanos, de luchar contra el fraude y sobre todo de promover la seguridad vial. No necesito hacer hincapié en la matanza que se produce en las carreteras de cada uno de nuestros Estados miembros, y esto no es más que una pequeñísima contribución.

Un permiso de conducción del tipo de una tarjeta de crédito sería ideal, ya que las actuales licencias de papel se prestan al fraude. Podríamos contar con una tarjeta similar a las de crédito con un microchip opcional para reforzar las medidas contra el fraude. Estoy de acuerdo en que debería renovarse periódicamente, también para reforzar la protección contra el fraude y actualizar la fotografía del titular. Así también se pondría fin al turismo de obtención de permisos de conducción al garantizar un único permiso por titular. De momento, como decimos de forma eufemística en inglés, si «pierdes» tu permiso puedes ir y obtener un permiso europeo o de otro país. «Perder» significa que te lo retiren debido a una importante infracción de la ley.

Armonizar la programación de las revisiones médicas de los conductores profesionales debe ser positivo, así como contar con requisitos mínimos de formación para nuestros examinadores. Este ámbito nunca se ha armonizado y es muy importante que sigamos en esta línea.

Respaldo que todos los permisos de conducción sean sustituidos por los del tipo de tarjeta de crédito en el momento de su renovación. Sé que existe cierto debate al respecto y que hay dos opciones. El gran problema por el momento es que no debemos recortar el derecho del titular a conducir. Creo que existe un temor subliminal a renovar todos los permisos de conducción de papel en el momento de su vencimiento. Los ciudadanos, especialmente los mayores, temen que su derecho a conducir se vea amenazado de algún modo y que no vuelvan a obtener su permiso. Deberíamos garantizar que el derecho a conducir no se verá mermado y que todos los permisos de conducción se cambien a medida que tengan que renovarse. También apoyo firmemente el derecho a llevar un remolque o una caravana de menos de 3,5 toneladas con un permiso de conducción para turismos.

  Jałowiecki (PPE-DE).   (PL) Señor Presidente, lamento tener que comenzar respondiendo a los comentarios del señor Piecyk, quien ha afirmado que cualquiera que suspenda el examen teórico y práctico alemán conocido como el Idiotentest puede recurrir a diferentes trucos para obtener un permiso de conducción en otro país como la República Checa. Quiero asegurar al señor Piecyk que los requisitos para obtener el permiso de conducción tanto en la República Checa como en Polonia no solo se limitan a aprobar el Idiotentest. Se exige un nivel alto no solo a los conductores, sino también a los soldadores, a los médicos y a las enfermeras, que son profesionales muy apreciados en los viejos Estados miembros de la UE.

Ahora quiero tratar de mi principal preocupación. El informe Grosch combina dos cuestiones muy complejas; lo sabemos por experiencia. La primera es la estandarización, o armonización, y la segunda es el deseo de garantizar el respeto del principio de subsidiariedad. No cabe duda de que los permisos de conducción tienen que estandarizarse, porque no podemos esperar que un policía en Europa esté familiarizado con todos los diferentes permisos. Sin embargo, si bien la tentación es grande, la estandarización no puede ir seguida de medidas que interfieran con las leyes soberanas de los estados individuales, por ejemplo las relativas a la edad de los conductores, los exámenes médicos o los sistemas de formación de los conductores. Quiero felicitar al señor Grosch por haber resistido esta tentación.

Sin embargo, es crucial establecer una red europea de bases de datos. Hasta que dicha red no exista será imposible reducir las falsificaciones y, por tanto, aumentar la seguridad vial. La razón, como ya sabemos, es que las personas que no pueden obtener permisos de conducción legalmente recurren a medios ilegales, y suponen una amenaza para sí mismos y para otros porque no poseen las habilidades necesarias para conducir un vehículo. He observado que la Comisión Europea ha experimentado problemas con la aplicación de esta base de datos, y tengo que admitir que me deja perplejo. Si hoy en día se puede comprar fácilmente a través de Internet, reservar billetes de avión o llevar a cabo complicadas operaciones bancarias, ¿por qué la Comisión cree que el establecimiento de dicho sistema es una tarea casi hercúlea? Gracias.

  Koch (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, hace tiempo que deberíamos haber aprobado un permiso de conducción europeo, no como una versión complementaria sino como el único permiso válido. Si bien puede resultar fascinante ojear el catálogo de los 110 modelos que circulan en la actualidad y estudiar sus diferentes períodos de validez y características de seguridad, su funcionamiento no resulta práctico. El canje de los permisos de conducción viejos no hará que los conductores cumplan el código de circulación con mayor diligencia, ni que los vehículos estén equipados con mejores dispositivos de seguridad, pero mejorará la libertad de movimiento y la seguridad tanto de los conductores como de los peatones.

La modernización de los permisos de conducción implica una mayor seguridad sin burocracia adicional y cumple plenamente con el principio de subsidiariedad. Al ejercer su soberanía, los Estados miembros encontrarán muchas maneras de administrar el canje, por ejemplo cuando se autoricen vehículos o cuando se sometan a los controles regulares de aptitud vial. Ambas se llevan a cabo con mayor frecuencia que la modernización de los permisos de conducción, implican más burocracia y también son mucho más caras.

Todos aquellos que conduzcan vehículos en el extranjero disfrutarán de mayor seguridad, porque cuando se les pare para realizar controles de carretera e incluso cuando alquilen coches, su permiso de conducción actualizado y legible hará que las complicaciones irritantes sean cosa del pasado. Las pruebas demuestran que tales complicaciones producen estrés, lo que pone en peligro a los conductores.

En el contexto de la lucha contra el terrorismo, creo que un permiso de conducción comprobable constituye un requisito totalmente legítimo. El conductor tiene que ser identificable sin la menor sombra de duda. De esta manera, se reduce el fraude, aumenta la seguridad de los permisos y garantizamos que el conductor de un autobús o de un vehículo que transporte materiales peligrosos está cualificado para conducir ese vehículo en particular.

Si queremos tomar medidas serias para combatir el turismo de los permisos de conducción necesitamos un registro de permisos emitidos como parte de una red de registros nacionales. Si las suposiciones de la Comisión resultan justificadas, conseguiremos este objetivo en el año 2030. No retrasaremos más nuestro plazo.

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, quisiera dar las gracias a todos los diputados al Parlamento que han participado en este debate, que en efecto me parece importante. Quisiera expresar también al señor Grosch mi sincera gratitud por un informe cuya calidad ha sido unánimemente reconocida. Le doy las gracias calurosamente, así como a la Comisión de Transportes y Turismo, por su apoyo y por, diría, la mejora del texto de la Comisión. ¡Enhorabuena, señor Grosch! Es un tema extremadamente sensible para los ciudadanos europeos y ha conseguido usted por tanto encontrar el equilibrio adecuado. Les he escuchado a algunos de ustedes advertir a la Unión contra el exceso de reglamentación, pero debo decir, a pesar de todo, que este nuevo permiso de conducción, del que ya he visto algunos ejemplares aquí y allá en algunos Estados miembros, puede aportar, a mi entender, una mayor seguridad para todos, una simplificación para los usuarios y una subsidiariedad que deje a los Estados miembros cierto número de decisiones.

Diría, por tanto, que se trata de un texto muy equilibrado. Es cierto, Señorías, que legislamos sobre un tema muy delicado. El permiso de conducción, señor Presidente, es el diploma más extendido en nuestros días en la Unión: cerca de 300 millones de titulares dependen de él para su movilidad, para su vida cotidiana. Por otra parte, evidentemente, la diversidad de reacciones demuestra que el número de expertos iguala al de titulares del permiso de conducción y que cada experto tiene su propia opinión sobre el tema.

No obstante, dado el acuerdo alcanzado en el Consejo el pasado mes de octubre, dada la votación en comisión –su comisión–, se perfila un consenso muy amplio, lo que confirma que los objetivos propuestos por la Comisión son ampliamente compartidos por las demás instituciones. Evidentemente, debido al número de enmiendas y a la variedad de reacciones, no podré responder a todos los puntos.

Puedo indicarles que la Comisión está en condiciones de aceptar, señor Grosch, prácticamente la totalidad de sus enmiendas, pero, por otro lado, se ve obligada a sugerirle que rechace una serie de enmiendas que, aunque tengan loables intenciones, vendrían de algún modo a desequilibrar y sobrecargar el texto. Esta es una etapa, sabemos muy bien que habrá otras mejoras. Pienso, por ejemplo, en las enmiendas 97 a 129. Evidentemente, haré llegar por escrito, señor Presidente, el detalle de la respuesta de la Comisión a todas las enmiendas, pero quisiera responder sobre todo a algunas preguntas y, en primer lugar, explicar mi postura sobre la sustitución de los permisos que ya están en circulación.

Su informe, señor Grosch, propone reemplazar todos los permisos existentes en un plazo de diez años para los modelos en papel y de veinte para los demás modelos. Es cierto que inicialmente la Comisión no había propuesto sustituir todos los permisos en circulación. No obstante, recientes revelaciones sobre el fraude de documentos y la obtención fraudulenta de permisos de conducción –que algunos de ustedes han denominado «turismo de permisos de conducción»– han modificado la actitud en los Estados miembros al respecto.

A la vista de ello, Señorías, una sustitución de todos los permisos permitirá actualizar las bases de datos, retirar los permisos falsos y retirar los dobles o incluso triples permisos que poseen muchos ciudadanos. Esta operación contribuirá directamente a mejorar los controles de carretera y ofrecerá un medio adicional de reducir la impunidad. Por otra parte, la creación de una red informática contribuirá también a este objetivo. A este respecto, quiero informar al Parlamento de que la Comisión coopera con los Estados miembros con vistas a crear una red denominada Resper, que conectará las bases nacionales entre sí y cuyos trabajos concluirán en 2005.

He aquí, pues, por qué todas las enmiendas son aceptables para la Comisión, y no tengo ninguna duda de que la formulación propuesta en el informe Grosch abre una perspectiva de debate fructífero en el Consejo sobre la sustitución de los permisos en circulación. Evidentemente, la Comisión no puede aceptar las enmiendas que no van en este sentido y que incluso podrían impedir en el futuro la resolución de los problemas que he enunciado.

Quisiera decir también algunas palabras sobre el período limitado de validez administrativa. La Comisión ha propuesto una validez administrativa de diez años para los futuros permisos de conducción. Este documento acreditativo de los derechos de conducción deberá llevar una foto e integrar la protección antifraude más evolucionada posible. Esto mejorará la eficacia de los controles y de la seguridad vial sin generar costes excesivos.

Es cierto, sin embargo, que la Comisión no ha propuesto asociar esta renovación periódica a un examen médico porque, en este ámbito, debemos dejar a los Estados miembros cierto número de responsabilidades en nombre de la subsidiariedad. Esto por lo que respecta a la validez administrativa limitada, que con todo nos parece interesante en la medida en que contribuye a luchar contra el fraude y a actualizar el permiso sin formalidades excesivas. Ya lo he dicho, la Comisión no ha propuesto exámenes médicos periódicos y la validez restringida no debe asociarse automáticamente a dichos controles, que siguen siendo responsabilidad de los Estados miembros.

Doy las gracias a todos los que han abordado el problema de las motocicletas, en especial con respecto a los jóvenes, y a veces no tan jóvenes, que las utilizan. Uno de ustedes ha resaltado que a una edad determinada uno puede querer llevar una motocicleta sin estar necesariamente preparado para ello. Es cierto que debemos estar muy atentos. Los motoristas tienen 16 veces más probabilidades de verse implicados en accidentes que los automovilistas. Si se mantiene la tendencia actual y no tomamos ninguna medida, en 2010, los conductores de vehículos de dos ruedas llegarán a representar hasta un tercio de los muertos en la carretera.

He ejercido el cargo de Ministro de Sanidad en un Estado miembro y puedo decirles que he quedado marcado para toda la vida por el número de muertos, pero también por los accidentes que dejan a jóvenes tetrapléjicos. Creo, por tanto, que debemos estar extremadamente atentos.

Por esta razón, señor Presidente, quiero dar las gracias encarecidamente a los diputados al Parlamento que, junto con su ponente, han realizado un trabajo muy notable. Estoy seguro de que nuestros conciudadanos europeos serán muy sensibles a este avance, aunque tengamos aún progresos que hacer, por supuesto.

Soy consciente de que se ha mencionado el problema del coste del permiso de conducción y la necesidad de formar a los examinadores. Este es otro campo de acción y de investigación en los Estados miembros, pues la generación joven, en particular, no debe encontrarse con dificultades para adquirir el permiso de conducción, que para muchos jóvenes es una herramienta de obtención de empleo. Esto es lo que quería decir.

En nombre de la Comisión, acepto pues sus enmiendas, señor Grosch. Me veo obligado a rechazar algunas, pero no obstante doy las gracias a sus autores por su contribución a este debate, que no podemos subestimar habida cuenta de su importancia para la vida cotidiana de los ciudadanos europeos.⁽¹⁾

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana miércoles a las 11.30 horas.

(1) Posición de la Comisión sobre las enmiendas: cf. Anexo.

17. Contaminación procedente de buques e introducción de sanciones

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A6-0015/2005) respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones (ponente: Corien Wortmann-Kool).

  Wortmann-Kool (PPE-DE), ponente. – (NL) Señor Presidente, estamos debatiendo la directiva sobre las sanciones penales que luchan contra las descargas ilegales de petróleo en el mar, y como ponente, me satisface el acuerdo alcanzado con el Consejo en segunda lectura. Ha sido necesario un proceso muy intenso de consultas, y el acuerdo alcanzado garantiza un enfoque europeo firme pero justo respecto de las descargas ilegales de petróleo y las catástrofes petroleras. Quiero hacer hincapié en la importancia social de esta directiva. La motivación inmediata de la propuesta legislativa actual ha sido la catástrofe petrolera del Prestige. Cientos de kilómetros de costa se vieron gravemente contaminados y el paquete de medidas actual no solo incluye estos accidentes, sino también está encaminado a luchar contra las descargas ilegales en las aguas costeras europeas. Es posible que estas descargas ilegales no aparezcan en los titulares de los periódicos, pero subestimamos la importancia de este problema, porque cada año se producen cerca de 90 000 casos de descarga ilegal en las aguas europeas. Las playas están cada día más contaminadas, y la contaminación por petróleo representa nada menos que el 40% de las muertes de aves marinas en la costa del Mar del Norte.

El Consejo ha tardado mucho tiempo en alcanzar una posición común, y el Parlamento la considera insuficiente. No queremos papel mojado, sino un seguimiento europeo sólido y acuerdos penales. El Consejo se ha adaptado al Parlamento en gran medida, lo cual beneficia a los ciudadanos europeos y al medio ambiente. Quiero explicar los puntos clave con mayor detalle.

En primer lugar, existen sanciones severas que luchan contra las descargas ilegales. El Consejo aceptó una decisión marco en diciembre en la que las sanciones se incorporaban en el tercer pilar. De este modo, el Consejo ha allanado el camino para alcanzar este acuerdo. Esta propuesta del tercer pilar está firmemente anclada en la directiva porque incluye una cláusula de delitos penales. Además, el Consejo ha garantizado la adopción paralela de ambas propuestas legislativas. De esta manera, y antes de la nueva Constitución, el Parlamento ha reforzado su posición institucional.

En segundo lugar, tiene que hacerse un seguimiento de las descargas ilegales. La mayoría de países solo pueden actuar en contra de las descargas ilegales, pero si reducimos el umbral de la lucha contra dichas descargas a negligencia grave, podremos garantizar que las infracciones se aborden de forma justa y directa. Sin embargo, no debemos pasar al otro extremo, es decir, a una penalización desproporcionada de los capitanes y las tripulaciones, un tema que ha suscitado intensos debates. El Parlamento valora la protección ofrecida por los convenios internacionales en caso de descargas ilegales, pero la cuestión se complica en el caso de accidentes.

La Comisión y el Consejo no desean ninguna protección Marpol adicional dentro de las aguas territoriales, porque entonces sería prácticamente imposible intervenir; la mayoría de la Comisión de Transporte y Turismo apoya esta opinión. No obstante, he observado que este tema continúa suscitando debates, porque ayer recibí una carta de la Organización Marítima Internacional sobre este mismo tema, una carta de la que el Comisario también tiene constancia. Comisario, ¿puede calmar a los que todavía temen que, en el caso de accidentes, se penalice de inmediato a la tripulación, porque esta no es nuestra intención?

En tercer lugar, esta Cámara lleva acariciando el sueño de un cuerpo europeo de guardacostas durante mucho tiempo. Es necesario prevenir y hacer un seguimiento eficaz de la contaminación por petróleo. El Consejo todavía no ha reconocido este deseo, pero el acuerdo sí lo ha hecho. Por lo tanto, me satisface que el Consejo reconozca el principio de un cuerpo europeo de guardacostas. Se ha acordado que la Comisión presente un estudio de viabilidad antes de finales de 2006, y esperamos, Comisario, el resultado de su estudio así como su propuesta de un cuerpo europeo de guardacostas.

Finalmente, haremos todo lo que podamos para prevenir la contaminación, y aquí es donde interviene la Directiva sobre instalaciones portuarias receptoras, si bien aún resulta deplorablemente insuficiente. ¿Qué va a hacer la Comisión para mejorarla?

Doy las gracias a mis colegas diputados por la confianza que han depositado en mí y por su cooperación, así como a la secretaría de la Comisión de Transporte y Turismo. También quiero dar las gracias a la Comisión por todo el apoyo y cooperación. Por ultimo, quiero dar las gracias a la Presidencia de Luxemburgo por el dinamismo con que ha dirigido las negociaciones, una tarea nada fácil. Estoy satisfecha con el resultado, y les doy las gracias, en particular por el interés público y del medio ambiente en nuestras costas y en nuestras aguas costeras.

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias a la señora Wortmann-Kool, que ha recordado sumamente bien el contexto, explicado lo que está en juego y descrito el contenido de esta solución de compromiso, que debería ser ratificada, lo espero de todo corazón, por el Parlamento mañana. Añadiré simplemente algunas palabras.

Las negociaciones sobre esta propuesta de directiva comenzaron hará pronto dos años. Hemos tenido que superar obstáculos y no siempre hemos estado de acuerdo con algunos de ustedes. Quisiera felicitar y dar las gracias calurosamente a los tres ponentes que participaron en estas negociaciones por turnos, y especialmente a la señora Wortmann-Kool, que es la verdadera artífice del éxito de hoy.

Con esta futura directiva, las Instituciones europeas darán al fin una respuesta concreta a las expectativas de los ciudadanos, que quieren que las limpiezas de fondos y otras catástrofes del pasado no se repitan más. He oído decir, y usted acaba de decirlo, señora Wortmann-Kool, que queremos criminalizar a los capitanes y a las tripulaciones. Pues bien, tengo verdadero interés en decir que esta no es en absoluto nuestra intención. Al contrario, esta directiva quiere estar al servicio del sector. Contemplamos los casos más raros, los que son intolerables e inaceptables, intentamos responsabilizar a todos los operadores que están en las fases anteriores de la larga cadena del transporte marítimo. Y debo decir que me ha sorprendido un tanto la reacción del Secretario General de la Organización Marítima Internacional, con el que me reuní la semana pasada. Debo decir que, como le indiqué en Londres, en la sede de la OMI, el texto que el Parlamento tiene sobre la mesa es perfectamente conforme al Derecho internacional, es decir, al Convenio Marpol para prevenir la contaminación y a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Nuestro texto es conforme, nos limitamos a utilizar la posibilidad que ofrece el Convenio Marpol de completarlo.

Evidentemente, actuamos a escala de la Unión Europea, y no ya a escala de cada Estado miembro, pero honestamente, no creo que la OMI pueda ver en este proceder la más mínima voluntad de criminalizar a las tripulaciones ni a los capitanes. Lo digo con energía y con convicción, y quisiera tranquilizar a todos los diputados que, por la lectura de una carta, pueden haber tenido la impresión de no comprender en absoluto nuestras intenciones.

Diré, señor Presidente, que la aprobación de este texto será un éxito. La Comisión había imaginado en su propuesta de directiva, es cierto, el establecimiento de un auténtico sistema de sanciones penales. El texto que se presenta al Parlamento es, desde este punto de vista, menos ambicioso, puesto que los elementos de índole penal se han transferido al tercer pilar, es decir, a una decisión marco. Ciertamente, lo lamento, la Comisión lo lamenta, pero nos conformamos, lo aceptamos porque todos los demás aspectos de la propuesta no se han desnaturalizado. Y conseguimos que las infracciones por contaminación se definan del mismo modo en toda Europa, y sean objeto de sanciones disuasorias similares en toda Europa. Es muy importante, y quisiera decir que todos los diputados al Parlamento Europeo que han vivido en un momento u otro el drama de las mareas negras comprenden que estamos abocados a la acción, si no, un día u otro, nos enfrentaremos a un nuevo siniestro y se nos acusará de ello.

Sobre la base de esta directiva, corresponderá en el futuro a la Comisión, asistida por la Agencia Europea de Seguridad Marítima, y a todas las autoridades competentes de los Estados miembros, conjugar sus fuerzas para reforzar la vigilancia, detectar las infracciones y sancionar a los culpables. A este respecto, debo decir, a título personal, que compartimos plenamente el deseo del Parlamento con respecto a los guardacostas europeos.

Señor Presidente, diré unas pocas palabras sobre las enmiendas 19 a 23, sin detenerme demasiado. La Comisión recomienda al Parlamento que no las apruebe por dos razones. En primer lugar, porque ponen en peligro el paquete de transacción y una conciliación podría complicar las cosas, y también por razones de fondo. Las enmiendas 19 y 22 proponen elaborar una lista exhaustiva de todos los operadores que, en la larga cadena del transporte marítimo, pueden ser considerados responsables en caso de accidente y de contaminación. De hecho, esa lista existe ya en forma condensada en el considerando 7 de la Posición Común, que no se ha visto amenazado por ninguna transacción. La enmienda 20 se refiere al régimen de responsabilidad de indemnización para los lugares de refugio. Es una cuestión muy importante, que por lo demás la Comisión examina con toda atención, y debo hacer referencia aquí a un estudio sobre este tema que remitiré al Parlamento Europeo en los próximos días.

Las enmiendas 21 y 23 tienen por objeto reconsiderar lo que en opinión de la Comisión constituye un avance real. La Unión Europea va a implantar, en las aguas territoriales, un sistema de disuasión y sanción verdaderamente operativo: todos los que contaminen deberán ser sancionados cuando hayan cometido una negligencia grave. Se trata de un avance con respecto a las normas internacionales, el Convenio Marpol en particular, que debe completarse. Solo pueden ser sancionados quienes hayan actuado deliberadamente y quienes hayan cometido una falta inexcusable.

Nuestro texto introduce, pues, un avance, que hace posible la Convención sobre el Derecho del Mar. Dicha Convención ofrece a los Estados costeros la posibilidad de reforzar, en sus aguas territoriales, sus dispositivos de prevención y lucha contra la contaminación. Esta posibilidad existe, la hemos aprovechado, y por esta razón no es cuestión de dar marcha atrás, a mi modo de ver. He aquí por qué la Comisión no está de acuerdo con el fondo y por qué es bueno que la Comisión de Transportes haya tenido la sabiduría de no aceptar las enmiendas 21 y 23.

Por último, unas palabras sobre la enmienda 2, relativa al considerando 7. Esta enmienda se refiere a la revisión del régimen internacional de indemnización por los daños causados por contaminación por hidrocarburos, el Fondo Internacional de Indemnización para Contaminaciones de Hidrocarburos (FIPOL). Esta enmienda no fue aceptada por el Consejo; es cierto que su objeto excede algo el ámbito de la directiva. En la reunión del diálogo a tres bandas, la delegación del Parlamento aceptó retirar la enmienda. A petición del Consejo y del Parlamento, la Comisión aceptó hacer una declaración en tres puntos, que les recuerdo. En primer lugar, la Comisión reafirma su determinación de ayudar a los Estados miembros a encontrar un terreno de entendimiento sobre la revisión del sistema internacional FIPOL. En segundo lugar, la Comisión insiste en la aplicación de los convenios internacionales en materia de responsabilidad y de indemnización en caso de contaminación. En tercer lugar, la Comisión quiere presentar una propuesta legislativa, en el marco del tercer paquete de «seguridad marítima», sobre el seguro obligatorio para todos los buques que entren en un puerto comunitario.

En conclusión, señor Presidente, y disculpándome por haberme extendido demasiado, la Comisión apoya el paquete de trece enmiendas de transacción y espera con confianza la posición del Parlamento sobre el mismo.

Les ruego que estén al tanto: es imperativo que el Consejo respete sus compromisos y adopte rápida y simultáneamente la directiva y la decisión marco. Por mi parte, me consagraré a la aplicación efectiva de la decisión marco. Todo esto es necesario para que el compromiso tenga sentido y para que la opinión pública europea se sienta a partir de ahora mucho más protegida contra todas las contaminaciones marítimas, cuyos efectos extremadamente desastrosos para nuestro patrimonio natural y para todas las riquezas del mar ha indicado la ponente.

Permítame, señor Presidente, insistir al Parlamento en que no se sienta tentado a seguir los comentarios, que considero erróneos, que hacen creer que criminalizamos a la gente del mar. Al contrario, intentamos hacerla más responsable dentro del límite de lo razonable y lo proporcionado. Debo decir que el texto es equilibrado y, dado que el diálogo a tres bandas ha dado lugar a un acuerdo interinstitucional, pienso que tenemos un buen comienzo para la aplicación de este texto, que será, se lo aseguro, muy bien acogido por todos aquellos que temen que, en un momento u otro, se produzca una nueva marea negra. Doy las gracias pues al Parlamento, señor Presidente, por prestar toda la atención requerida a este texto tan importante para nuestros conciudadanos europeos.

  Kratsa-Τsagaropoulou (PPE-DE), en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EL) Señor Presidente, Comisario, le he escuchado a usted y a nuestra ponente, la señora Wortmann-Kool con mucha atención, porque la cuestión que estamos debatiendo esta tarde es particularmente importante y comprende numerosos aspectos relativos al desarrollo sostenible de nuestra economía y a la creación de empleos.

La política de la Unión Europea está encaminada a desarrollar el transporte marítimo y, al mismo tiempo, proteger el medio ambiente marino, objetivos que todos compartimos. Sin embargo, por desgracia la posición común y su enmienda por parte de la Comisión de Transporte y Turismo no responden a estos retos, a pesar de los esfuerzos de la ponente –y le damos las gracias por ello– durante el procesamiento de la propuesta en comisión.

La razón fundamental es que, con la introducción de las disposiciones, está sobrepasándose el convenio internacional Marpol respecto de la base de responsabilidad por contaminación accidental y las zonas marítimas en las que se aplica. Esta cuestión puede tener importantes repercusiones desde un punto de vista económico y jurídico. En tal caso, la legislación comunitaria violará el derecho internacional y, al mismo tiempo, socavará la autoridad de la Organización Marítima Internacional, que es la única agencia que puede aplicar medidas para proteger los mares en el ámbito internacional, porque no podemos olvidar que el transporte marítimo es una actividad global que no puede tener numerosas normas. La experiencia demuestra que las medidas regionales causan confusión, desigualdad jurídica y dificultades administrativas. Además, nuestras estadísticas internacionales nos dicen que, si bien el comercio marítimo internacional está aumentando, los casos de contaminación están disminuyendo.

Otro elemento importante de esta propuesta es la penalización del trabajo en el mar porque, fundamentalmente, la propuesta también se refiere a este aspecto. Los marineros ya tienen una vida dura y peligrosa. Este tipo de enfoque penal desanima a los jóvenes que quieran dedicarse a esta profesión, en especial aquellos que poseen conocimientos técnicos y una buena educación, y estos son precisamente los que el transporte marítimo europeo necesita.

Por esta razón, Señorías, les pido que enfoquen esta cuestión con responsabilidad y perspectiva, y que votemos a favor de la enmienda propuesta por los diputados del partido de la Nueva Democracia y sus colegas de otros grupos políticos y países, encaminada a adecuar nuestra propuesta al convenio internacional MARPOL. Les doy las gracias y creo que, independientemente del resultado de la votación, tenemos que examinar la estrategia a largo plazo, que va más allá de las medidas restrictivas y las sanciones penales.

  Piecyk (PSE), en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, Señorías, con todo respeto, la contaminación medioambiental ocurre, de una forma u otra. La ponente ha señalado que nos comportamos de una manera un tanto esquizoide, porque cuando se producen catástrofes medioambientales todos nos sentimos consternados; esto se convierte en indignación, y los medios de comunicación vienen corriendo. Sin embargo, el escándalo de la contaminación diaria –y repito, diaria– en aguas europeas e internacionales no parece atraer la atención pública. Las cifras son elocuentes. La propuesta de la Comisión se refería en su momento a las 390 descargas ilegales de petróleo en el Báltico solo en el año 2001, y a las 596 descargas ilegales en el Mar del Norte. La organización medioambiental Oceanía estima que cada año se producen tres mil descargas ilegales en aguas europeas. ¡Es demasiado! La descarga de contaminantes no puede considerarse una infracción menor; ha llegado el momento de tratarla como un delito penal, y los que la cometen tienen que recibir sanciones duras.

La investigación y la acción judicial dependen de la disponibilidad de los instrumentos adecuados. Como se ha dicho, por supuesto los Estados miembros tienen sus responsabilidades, pero a largo plazo necesitaremos un cuerpo europeo de guardacostas. No lo tendremos hoy o en un futuro inmediato, pero sí a medio plazo. La acción judicial y la condena de los contaminadores marítimos no puede verse frustrada por las naciones que protegen celosamente sus derechos de jurisdicción.

Mañana, el Parlamento, el Consejo y la Comisión alcanzarán un compromiso razonablemente justo, y la ponente puede atribuirse el mérito de este acuerdo. Quiero felicitarla y darle las gracias por su excelente trabajo, que nos ha permitido celebrar hoy un debate y completar el proceso mañana; dicho de otro modo, no necesitamos activar el procedimiento de conciliación sino que podemos aprobarlo de inmediato.

En su acuerdo marco, el Consejo se compromete a imponer condenas severas a la contaminación marina criminal: multas, encarcelamiento y prohibición de actividad económica. La Comisión y el Consejo continuarán con esta cuestión en la OMI. No se comprende, por ejemplo, que los armadores aún estén asegurados contra las multas por contaminación marítima. Dichas normas tienen que modificarse en el marco de la OMI. Un estudio de viabilidad constituirá un paso importante hacia un cuerpo europeo de guardacostas.

Por lo tanto, también felicitamos a la presidencia por su cooperación fructífera con nosotros en esta cuestión. No pensamos en Luxemburgo como un país con largas costas, pero al menos posee una flota muy grande, lo que también impone responsabilidad en su presidencia, a la que doy las gracias. Creo que todos tenemos una gran responsabilidad hacia el mundo natural, incluidos los mares y los océanos. Por esta razón, las decisiones de mañana tienen que aplicarse con rapidez. Nuestras costas, nuestros mares y nuestra vida marítima nos los agradecerán.

  Ortuondo Larrea (ALDE), en nombre del Grupo ALDE. – (ES) Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, cada seis minutos se produce un vertido de hidrocarburos al mar y cada año se producen más de 20 000 toneladas de vertidos oleosos a los mares europeos a causa del tráfico marítimo, cantidad suficiente para llenar 10 000 piscinas olímpicas. Esto es lo que dice el informe OCEANA sobre contaminación marítima que también ha sido citado por el señor Piecyk.

Pero este informe dice más cosas, como, por ejemplo, que cada año se detectan unos 3 000 vertidos ilegales de hidrocarburos, pero que pueden ser muchas más las descargas deliberadas porque, por ejemplo, en el puerto con mayor tráfico de toda la Unión Europea y uno de los más importantes a nivel mundial, el de Rotterdam, solo el 7 % de los buques que allí recalan depositan sus residuos de sentinas y tanques en las instalaciones portuarias de recogida. ¿Dónde los vierte el 93 % restante? Probablemente, la mayoría, en el mar.

Debemos aprobar cuanto antes una normativa de control más eficaz que evite las más de 77 000 muertes anuales de aves por impregnaciones de petróleo y las no cuantificadas de cetáceos, tortugas marinas, especies piscícolas, fauna y flora marinas en general, así como una normativa que también ataje la contaminación de costas y playas por doquier. Existen ya en proceso de homologación instrumentos patentados de vigilancia a bordo, una especie de cajas negras inviolables que pueden acreditar fehacientemente si un barco ha efectuado vertidos ilegales.

Es necesario que, en el desarrollo de las medidas de acompañamiento expuestas en el artículo 10 de la Directiva que hoy debatimos, se exija a todos los buques la instalación de estas cajas negras, que, en todos los puertos sin excepción, existan instalaciones receptoras de residuos y que se instauren sistemas estatales y comunitarios de registro de descargas legales controladas, así como de información pública sobre los vertidos ilegales y las sanciones aplicadas en tales casos.

Debe exigirse a los Estados el cumplimiento de la normativa que les obliga a disponer de puertos de refugio para buques en situación comprometida y ha de crearse un cuerpo de guardacostas europeo para controlar los vertidos, la inmigración ilegal y el narcotráfico. Asimismo, resulta imprescindible que las sanciones sean aplicables a todos los implicados en la cadena de transporte marítimo sin excepción, desde los propietarios de la carga y agentes contratantes hasta los fletadores, consignatarios, armadores, sociedades clasificadoras y aseguradoras, capitanes, tripulantes y demás, independientemente de si desarrollan su cometido en tierra o a bordo, si son culpables y responsables de dichos accidentes y vertidos.

También es necesario que el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos se incremente y actualice periódicamente, ajustándose a los perjuicios reales causados y ponderándose más adecuadamente las contribuciones de armadores, propietarios, fletadores y destinatarios de la carga de petróleo.

Todo esto hay que aplicarlo inmediatamente en Europa y exigir que se extienda al resto del mundo a través de la Organización Marítima Internacional, porque si esperamos a que se acuerde allí, nos podemos encontrar con que el Mar del Norte o el Báltico y, sobre todo, el Mediterráneo, sean irreversiblemente irrecuperables.

A la ponente, señora Wortmann-Kool, quiero agradecerle muy cálidamente su magnífico informe y todo el trabajo realizado, tanto para consensuar entre los distintos grupos parlamentarios unas posiciones comunes, como para obtener un consenso en el trílogo con el Consejo y la Comisión, y para poder agotar este trámite legislativo en esta segunda lectura.

Puedo decirle que nuestro Grupo acaba de aceptar las trece enmiendas de compromiso y, también, ha acordado retirar las tres enmiendas que nosotros habíamos presentado. Todo ello para que mañana podamos aprobar este informe y pueda entrar rápidamente en vigor esta Directiva tan necesaria.

  Papadimoulis (GUE/NGL), en nombre del grupo GUE/NGL. – (EL) Señor Presidente, la gran mayoría de mi grupo político apoya la propuesta y rechaza las enmiendas que intentan debilitarla.

La gran mayoría de ciudadanos exigen medidas más estrictas para prevenir la contaminación de los barcos, que afecta no solo al medio ambiente y a la salud pública sino también al sector pesquero y al turismo.

El paquete de medidas que estamos debatiendo hoy se compromete a completar la tarea que comenzó hace años y que se ha retrasado debido a las reacciones de tres Estados miembros que estaban en contra de la propuesta original de directiva de la Comisión.

¿Cómo se puede estar en contra de dicha directiva, cuando se calcula el coste ecológico? El coste para la industria pesquera y el coste para el turismo y el desempleo que infesta a las zonas afectadas por la contaminación por petróleo. Solo en 1999, se denunciaron 1 638 casos de vertidos ilegales en la zona del Mediterráneo, y el Mediterráneo es un mar cerrado. ¿Cuántos casos de vertidos no se habrán denunciado porque no se han podido identificar? En 2001 se identificó una cifra similar de mareas negras en el Mar del Norte y en el Mar Báltico.

Por razones de protección del medio ambiente marino y la necesidad de adoptar por fin medidas positivas, aceptamos los puntos de las enmiendas de compromiso, si bien no nos satisfacen plenamente.

Por último, quiero instar al Gobierno griego, el gobierno de mi país, a que abandone su política de bloqueo. Grecia, como potencia marítima mundial, no puede quedarse en la retaguardia; tiene que estar en la vanguardia de la lucha contra la contaminación de los barcos, y debe acallar las críticas que se hacen a la flota griega adoptando una posición constructiva.

  Blokland (IND/DEM), en nombre del Grupo IND/DEM. – (NL) Señor Presidente, actualmente estamos debatiendo no solo el informe de la señora Wortmann-Kool, sino también el acuerdo que ha alcanzado con el Consejo. Creo que hay dos aspectos importantes en este debate. Primero, la marinería es una industria mundial que solo funciona bien cuando la legislación se establece en el ámbito mundial. Así pues, acojo con satisfacción que tanto el Consejo como la ponente apoyen el Convenio Marpol.

Asimismo, la legislación sin un seguimiento y unas sanciones adecuadas no tiene sentido. Por lo tanto, me complace que la ponente haya conseguido instar al Consejo a que haga una promesa específica respecto de la dimensión criminal de este informe. Por ultimo, quiero señalar que espero con interés el estudio de la Comisión sobre el establecimiento de un cuerpo europeo de guardacostas. Espero que este informe me ayude a apreciar la utilidad de dicho servicio. Muchas gracias.

  Busuttil (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, me decepciona que la enmienda 7 de este informe haya sido rechazada por la Comisión de Transportes y Turismo. Debo destacar que estoy totalmente a favor del principio de que hay que combatir la contaminación procedente de los buques. Sin embargo, debemos ser más sensatos a la hora de aplicar este principio. Parece que hemos olvidado que los peligros del mar a veces pueden ocasionar accidentes a pesar de todas las precauciones que se tomen. Por lo tanto, es injusto que los armadores, capitanes y miembros de las tripulaciones que han adoptado todas las medidas razonables para impedir que se produzca una contaminación a raíz de un accidente reciban el mismo trato que aquellas personas que han contaminado de forma intencionada o debido a un comportamiento imprudente o negligente.

Son dos los motivos por los que creo que este planteamiento es ilógico. En primer lugar, porque va más allá del convenio MARPOL, si es que no es contrario al mismo. Deberíamos esforzarnos por mejorar la eficacia de los convenios internacionales y no tratar de competir con estos u operar al margen de los mismos. Dada la naturaleza del sector marítimo, los convenios internacionales han demostrado ser herramientas positivas y efectivas. Sigamos utilizándolas.

En segundo lugar, es ilógico porque sitúa al transporte marítimo de la Unión Europea en desventaja si lo comparamos con el que se produce fuera de nuestras aguas territoriales. En un momento en el que nos esforzamos por mejorar la competitividad y crear empleos, debemos tener cuidado de no legislar de forma que desincentivemos al importante sector marítimo de pemanecer aquí en Europa.

Soy consciente de que se ha hecho mucho por alcanzar un compromiso sobre este tema y por ello quisiera dar las gracias a la ponente. Sin embargo, sospecho que sigue habiendo una evaluación insuficiente del impacto real de estas disposiciones. Todos estamos de acuerdo en que es necesario regular la contaminación procedente de los buques, pero para ello debemos adoptar un planteamiento práctico que pueda ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos de forma efectiva a la vez que pragmática.

  Evans, Robert (PSE). – (EN) Señor Presidente, también yo quisiera dar las gracias a la ponente y al señor Comisario por sus interesantes comentarios. Como otros han dicho, este es un importante instrumento legislativo para la seguridad marítima y para obligar a los buques a que actúen de forma responsable. Como han dicho el señor Piecyk, el señor Ortuondo Larrea, el señor Papadimoulis y otros oradores, la mayor parte de la contaminación por petróleo no proviene de las catástrofes que acaparan los titulares de la prensa, sino de vertidos deliberados. Es esencial que luchemos juntos contra estos actos ilegales de forma enérgica y este compromiso constituye un paso adelante positivo.

La cooperación en asuntos europeos en contra de la delincuencia o la negligencia es importante y no cederé en mi determinación de hacer todo lo que podamos por impedir la contaminación y proteger el medio ambiente. También conseguiremos mucho más si trabajamos juntos como Unión Europea y no como países individuales.

Por lo tanto, como ha dicho el señor Blokland, esperaremos con gran interés el estudio de viabilidad sobre la cuestión del cuerpo europeo de guardacostas. En la actualidad, a mi modo de ver, las funciones de los guardacostas nacionales varían considerablemente de un país a otro. Algunos se ocupan de la protección de las fronteras y de contrarrestar la inmigración ilegal; otros se encargan de impedir la contaminación conforme a las líneas que hemos descrito. En determinados países sus responsabilidades incluyen operaciones de búsqueda y rescate, que en otros podrían ser responsabilidad del ejército.

Desde el punto de vista del Reino Unido, las funciones de los guardacostas incluyen operaciones de búsqueda y rescate y su zona de responsabilidad linda con la de los Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, la zona de responsabilidad de los guardacostas del Reino Unido es bastante mayor que la de otros países. Por ello espero con interés este estudio de viabilidad. Podremos reflexionar sobre este tema una vez que el informe se haya aprobado mañana y después avanzar.

  Toussas (GUE/NGL). – (EL) Señor Presidente, Señorías, la experiencia demuestra que las medidas preventivas y represivas que imponen sanciones a los armadores, a los operadores, a los gerentes y a las personas y agencias autorizadas en general responsables del estado, funcionamiento y certificado de navegabilidad por infracciones relacionadas con la contaminación son deplorablemente insuficientes.

Los armadores, operadores de barcos, gestores, agentes, compañías de seguros, fletadores, propietarios de la carga y otros que constituyen la cadena de infraestructura material y técnica del transporte marítimo, responsables de los delitos marítimos y las catástrofes medioambientales, usan las sentencias para explotar la legislación nacional e internacional y escapan al castigo, mientras que con gran rigor y en contra de la legislación internacional, se usa a los marinos como chivos expiatorios y rehenes para disipar los temores de los trabajadores y oponerse a la lucha del movimiento popular de protección medioambiental.

Se ha demostrado que la política basada en dar un incentivo a la competitividad y en el aumento de los beneficios de las operaciones industriales tanto en mar como en tierra, dicho de otro modo, de los monopolios, resulta muy peligrosa para la protección de la vida humana en el mar y para la protección medioambiental.

La directiva relevante sobre contaminación marítima, que introduce sanciones por infracciones, está situada en el marco de esta política antipopular de aumento tanto de la competitividad de las compañías como de la rentabilidad de las grandes empresas. Echa la culpa de los accidentes a los miembros de la tripulación, perpetúa la impunidad de las empresas industriales tanto en mar como en tierra y deja impunes a los armadores, operadores, gestores, fletadores, sociedades de clasificación, compañías de seguros y otros. Mantiene y refuerza la responsabilidad conjunta de los operadores y los marineros. Si tuviera un poco más de tiempo, podría citar miles de ejemplos que demuestran que no existe ninguna conexión entre las responsabilidades del capitán y la tripulación y las de los operadores y armadores. La contaminación marítima y la destrucción del medio ambiente son cuestiones que revisten gran importancia política.

Para concluir, permítanme señalar lo siguiente, en respuesta a la referencia a la enmienda 19 que hemos presentado: respecto de la enmienda 19 no entendemos, dado que el Comisario, la ponente y el Consejo aceptan que no cambie el contenido, por qué no aceptan términos bajo los que las personas responsables de las infracciones por contaminación realmente se deciden con mayor claridad…

(El Presidente interrumpe al orador)

  Attard-Montalto (PSE). – (EN) Señor Presidente, existe un conocido dicho inglés que afirma que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Espero que esta directiva no sea una de ellas. Por supuesto, la contaminación es una catástrofe marítima y todos estamos de acuerdo al respecto.

Mi país, Malta, es muy vulnerable, ya que depende del turismo y nuestra filosofía marítima siempre ha sido apreciada, especialmente porque fuimos uno de los precursores con relación a determinadas teorías sobre el patrimonio común de la humanidad, especialmente con respecto al lecho marino. Así que nadie puede acusarnos de anteponer nuestro interés nacional al de la Unión Europea, y explicaré por qué.

Sinceramente, no creo que esta directiva reduzca la contaminación. ¿Por qué? Hasta el momento no he obtenido una respuesta directa y concreta respecto a si esta directiva afectará a los buques que no están registrados en países pertenecientes a la Unión Europea. Si no es así, ¿cuál será el efecto? El efecto será que los buques actualmente registrados en Grecia, Chipre y Malta optarán por pabellones de otros países. Agradecería que se aclarase esto, ya que según me ha informado mi Gobierno, la legislación actual establece una diferencia entre los pabellones de Estados europeos y no europeos. De ser así, esto iría en contra del convenio internacional. ¿Cómo logrará que se aplique, señor Comisario? Le agradecería que respondiese a esta pregunta en las conclusiones.

  Hedkvist Petersen (PSE). (SV) Señor Presidente, Comisario, el medio ambiente marino reviste una importancia vital para nosotros y para las generaciones futuras. Se ha dicho muchas veces en esta Cámara hoy, y estoy de acuerdo. Asimismo, la contaminación marítima y del medio ambiente marino constituye un problema y un reto verdaderamente transfronterizo. Creo que la decisión que tomemos mañana conducirá a una mejora en la situación marítima y en el medio ambiente marino.

También creo que un cuerpo europeo de guardacostas –una cuestión que tenemos que examinar– podría contribuir a este trabajo. Podría ser útil para luchar contra la contaminación por petróleo en sus diferentes formas. Es importante definir las tareas y funciones del guardacostas, para que pueda funcionar en relación con las responsabilidades nacionales. Por lo tanto, seré breve y concluiré apoyando el acuerdo propuesto.

  Sifunakis (PSE). – (EL) Señor Presidente, Señorías, hoy estamos debatiendo una propuesta de directiva que es la consecuencia directa de un trágico incidente. Me refiero al naufragio del Prestige en noviembre de 2002, que resultó en una pérdida masiva de riqueza marítima y marineros de un país europeo.

Las investigaciones que siguieron tras el trágico incidente han demostrado que la culpa en tales casos se reparte entre numerosas agencias y agentes implicados. Por desgracia, hemos tenido que sufrir una catástrofe ecológica enorme para entender que, si bien la gran mayoría de los que se dedican al transporte marítimo actúan de manera responsable, hay algunos cuya irresponsabilidad puede tener un impacto negativo tremendo en el medio ambiente marino.

Grecia, un país con una larga tradición marítima, no ha sufrido hasta el momento ninguna contaminación accidental importante, gracias a la escrupulosidad de los trabajadores del sector del transporte marítimo y, por supuesto, a los armadores y marineros griegos y a todos los implicados.

Como socialistas griegos con una verdadera conciencia sobre la protección medioambiental y la protección de las personas que trabajan en el sector del transporte marítimo, apoyamos la propuesta y creemos que la propuesta de directiva actual constituye una medida positiva en la lucha contra la contaminación tanto de funcionamiento y accidental como deliberada, como ha señalado la ponente, señora Wortmann-Kool. Tenemos que mostrarnos firmes con la irresponsabilidad.

En un gran charco como el Mediterráneo, con un intenso tráfico de transporte marítimo que aumenta cada día, como griego de un país que es la mayor potencia de transporte marítimo de la Unión y donde el turismo es un sector básico de la economía, un país con una gran costa y cientos de islas, considero que nuestro deber es dirigir la lucha contra la contaminación marítima y la protección del mundo marino.

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, intentaré ser breve, pero quiero responder a dos o tres preguntas. En primer lugar, no puedo consentir que se diga que existe alguna contradicción entre esta propuesta de directiva y el Convenio Marpol: es absolutamente falso. El Convenio Marpol prevé sanciones únicamente para quienes hayan actuado de forma deliberada y quienes hayan cometido una falta inexcusable. Pero este Convenio debe leerse conjuntamente con la Convención sobre el Derecho del Mar, que ofrece a los Estados costeros la posibilidad de reforzar, en sus aguas territoriales, el dispositivo de prevención y lucha contra la contaminación, y esta disposición, que figura en la Convención sobre el Derecho del Mar, es la que hemos invocado.

Dado que cada Estado miembro puede invocarla, la Unión Europea también puede. Di explicaciones sobre este punto al Secretario General de la OMI. Por tanto, no entiendo esta crítica: nos ajustamos al Convenio Marpol y a la Convención sobre el Derecho del Mar. Añadiré, como muy bien ha dicho la ponente, que las sanciones son proporcionadas: se trata de sancionar negligencias graves y, por supuesto, de que las sanciones se ajusten al delito. No se trata de criminalizar, sino más bien de responsabilizar, señor Presidente. Pongo algo de pasión en mis palabras porque creo en esta causa, que es la de nuestro patrimonio común.

Por tanto, quiero responder a la pregunta del señor Attard-Montalto tan amablemente como sea posible; ¿está presente el señor Attard-Montalto por casualidad? Se puede sancionar a los buques matriculados con pabellones de terceros países cuando dichos buques entren en un puerto de la Comunidad. Por este lado, no existe discriminación hacia los pabellones europeos. Esto es lo que quería puntualizar.

Añadiré que no solo no vemos en este enfoque ninguna oposición a la Organización Marítima Internacional, sino que queremos cooperar con ella, como he dicho al Secretario General de la OMI. Nos apoyamos en los trabajos de dicha Organización, que va a promover también cajas negras y ha previsto incluso un calendario concreto al respecto.

Señor Presidente, la conclusión de todo esto es que hemos obtenido un acuerdo político en el Consejo por unanimidad. Es la razón por la que advierto al Parlamento de que este acuerdo está respaldado por una mayoría que se perfila en toda Europa, y que se ha alcanzado durante el diálogo a tres bandas con el Consejo.

Diré, para concluir, que no debemos esperar a la próxima catástrofe para tomar conciencia de golpe de lo que sucede y de nuestras responsabilidades. Hasta aquí, la legislación en materia de protección del mar ha avanzado a medida que se iban produciendo catástrofes, pero esta vez tenemos una gran oportunidad de prevenirlas. Por este motivo, creo personalmente que este texto es equilibrado, que no pretende criminalizar a nadie, sino responsabilizar a todos. Por esta razón, señora Wortmann-Kool, doy las gracias por anticipado al Parlamento por votar a favor de este texto con la mayoría más amplia posible.⁽¹⁾

  El Presidente. – Muchas gracias, señor Comisario, por su respuesta y por la pasión que ha puesto en ella.

  Attard-Montalto (PSE). – (EN) Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, el señor Comisario me ha citado incorrectamente. Mi intención era clara: no me he referido en modo alguno a los vertidos, negligentes o intencionados, en aguas o puertos de origen, y él lo sabe. Me ha citado diciendo que la discriminación que se crearía entre los buques de un tercer país y los buques con bandera de un Estado miembro era aplicable a los vertidos en las aguas de origen, cuando sabe perfectamente que yo no he dicho eso.

He preguntado, y todavía espero su respuesta, si existe una discriminación entre los buques con pabellón de naciones europeas y buques con pabellón de terceros países con respecto a los vertidos realizados fuera de las aguas de origen. Quisiera que el señor Comisario respondiese a esta pregunta y no a una pregunta que no he formulado.

  El Presidente. – Señoría, no se trataba de una cuestión de observancia del Reglamento en sentido estricto; creo más bien que sus comentarios se refieren a una acusación personal.

Señor Comisario, ¿desea dar una respuesta complementaria?

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Le ruego me disculpe. He querido responder con toda honestidad y respeto la opinión de todos los presentes, aunque ponga un poco de pasión en la defensa de este texto. Quisiera decir que, para mí, no se trata de acusar, de un modo u otro, a los diputados al Parlamento. Lejos de mí la idea de pretender acusar a nadie. Lo que quiero decir es que los buques matriculados con pabellones de terceros Estados están sujetos a la normativa cuando entran en un puerto de la Comunidad; creo que está usted de acuerdo en ello, aunque quizás no responda por completo a su pregunta.

Si lo desea, señor Presidente, propongo al señor Attard-Montalto que se reúna conmigo para aclarar el asunto. Todo lo que he hecho es explicar qué legislación se aplica en la situación actual. Quizás contemple él otras situaciones, y por esta razón le propongo que nos reunamos para debatir la cuestión de forma más pormenorizada.

  El Presidente. – La Presidencia de la sesión le agradece su disponibilidad, señor Comisario. Creo que, en efecto, es la solución más razonable.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana miércoles a las 11.30 horas.

(1) Posición de la Comisión sobre las enmiendas: cf. Anexo.

18. Información sobre el tráfico fluvial

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de la señora Sommer (A6-0055/2004) sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios armonizados de información sobre el tráfico fluvial en las vías navegables interiores de la Comunidad.

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, Señorías, me complace presentarles hoy la propuesta de directiva relativa a los servicios de información sobre el tráfico fluvial. Esta directiva, solicitada también por el Parlamento en su resolución sobre el Libro Blanco relativo a la política europea de transportes, está destinada a armonizar los servicios de información sobre las vías navegables comunitarias.

La Comisión reconoce desde hace mucho que la navegación interior posee un gran potencial alternativo frente a los problemas de sobrecarga de los demás sectores de transporte. En otras palabras, los transportes por vía navegable son a menudo más económicos, más fiables y más respetuosos con el medio ambiente que otras modalidades de transporte.

Los servicios de información sobre el tráfico fluvial ofrecen una oportunidad extraordinaria para la navegación interior. Se basan en tecnologías de la información y la comunicación modernas y permiten una mejor planificación y una mejor gestión del tráfico y de los transportes. Ofrecen servicios como la información sobre las vías navegables, las condiciones de navegabilidad, la situación del tráfico y la capacidad en los puertos y en las terminales. Comprenden asimismo servicios de atenuación de las catástrofes.

Porque permiten planificar con más precisión los viajes y adaptarse más fácilmente a las circunstancias del tráfico y a las condiciones de navegabilidad, los servicios de información sobre el tráfico fluvial propician una disminución del consumo de combustible e influyen así en la reducción de las emisiones. Además, los servicios de información sobre el tráfico fluvial brindan la posibilidad de controlar el transporte de mercancías peligrosas y, por tanto, reaccionar de forma adecuada en caso de accidente o posibles daños ecológicos. El despliegue de los servicios de información contribuirá a la modernización de la red fluvial, y aumentará la seguridad, la fiabilidad y la eficacia de la misma.

La directiva tiene dos objetivos. Por una parte, quiere dar a las administraciones que prestan servicios, a los usuarios que los utilizan y a la industria que produce equipos y programas informáticos la seguridad necesaria para invertir en este campo. Por otra, la directiva pretende que las aplicaciones sean interoperables y compatibles a escala nacional y a escala europea, con la posibilidad, evidentemente, de garantizar una continuidad con los servicios de otros modos de transporte.

La directiva no obliga al usuario privado a utilizar los servicios de información sobre el tráfico fluvial, pero estamos convencidos de que sus ventajas inducirán a los usuarios a explotarlos y que la industria comprenderá la oportunidad comercial que representa la tecnología de los servicios de información sobre el tráfico fluvial. La ofrecerá a un precio razonable y asequible. Esto es aún más importante cuanto que las empresas del sector de la navegación interior son pequeñas y medianas empresas. La Comisión seguirá con atención esta evolución.

El Consejo ha alcanzado un acuerdo amplio, y me complace que la ponente y la Comisión de Transportes y Turismo, encargada de este expediente, hayan buscado el acuerdo en primera lectura. Es un enfoque constructivo entre las dos Instituciones que debería permitirnos adoptar la directiva rápidamente y poner en marcha la realización de los servicios de información sobre el tráfico fluvial. Quisiera dar las gracias calurosamente a la señora Sommer y a la Comisión de Transportes y Turismo por haber apoyado este enfoque.

Merece la pena destacar tres aspectos: la interoperabilidad de los servicios, los plazos de aplicación y el cuadro de equivalencia. El Parlamento ha hecho bien en destacar lo que está en el centro mismo de la directiva: la interoperabilidad de los servicios y la compatibilidad de los equipos, y doy las gracias una vez más a la ponente. Por lo que se refiere al plazo de aplicación, se ha alcanzado un compromiso de treinta meses. Es un plazo razonable. En cuanto al cuadro de equivalencia, la Comisión lamenta evidentemente que la obligación de facilitar dicho cuadro no figure en ningún artículo, sino tan solo en un considerando. A pesar de esta divergencia de puntos de vista, que debe resolverse a escala institucional, creemos que no ponemos en peligro la adopción de esta directiva, que, una vez más, facilitará, señor Presidente, Señorías, la circulación fluvial y le proporcionará una seguridad y una funcionalidad renovadas. Creo que es muy importante poder utilizar este potencial de circulación y de movilidad. Por esta razón, agradezco por anticipado al Parlamento que dé una buena acogida a esta propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo.

  Sommer (PPE-DE), ponente. – (DE) Señor Presidente, contrariamente a lo que se nos promete en los discursos políticos y se anuncia en las declaraciones políticas, los intereses de la navegación interior a menudo se ignoran en muchos Estados miembros. Como el Comisario Barrot ha afirmado, la Comisión se ha centrado claramente en el potencial de este modo de transporte, y hace ahora algunos años, en septiembre de 2001, su Libro Blanco sobre política europea de transporte para el 2010 formulaba el objetivo de refuerzo de la posición de la navegación interior como medio de transporte alternativo, que podría asumir un volumen considerable del tráfico por carretera. Sin embargo, en este momento estamos muy lejos de alcanzar el objetivo. Por supuesto, a muchas personas les cuesta reconocer la importancia real de la navegación interior, y sin embargo se da mucha importancia al papel potencial de las vías navegables interiores en la UE.

Por lo tanto, ya era hora de que la Comisión llevase a la práctica las declaraciones de intención del Libro Blanco, lo que hizo en mayo del año pasado en su propuesta de directiva sobre los servicios de información del tráfico fluvial. Las aplicaciones de la información moderna y la tecnología de la comunicación harán que en el futuro los Estados miembros puedan gestionar más fácilmente los flujos de tráfico y las operaciones de transporte en las vías navegables interiores.

La Unión Europea tiene 30 000 kilómetros de canales y ríos que unen cientos de ciudades importantes y zonas industriales. La denominada red principal conecta los países del Benelux, Francia, Alemania y Austria entre sí. A pesar del enorme potencial de toda la red, solo el 7% de todo el tráfico interior, excluyendo el tráfico aéreo, se lleva a cabo en nuestras vías navegables interiores; ¡sí, solo el 7%! Por otra parte, en vista del aumento del volumen de tráfico, debido en parte a la grata ampliación de la UE hacia el Este, las carreteras europeas, las líneas férreas y el espacio aéreo están funcionando casi a su capacidad máxima. Por esta razón, es muy importante fomentar el único modo de transporte al que aún le sobra bastante capacidad. El proyecto de directiva actual permite aprovechar el potencial del transporte por vías fluviales interiores de forma más eficaz e incluirlo en la cadena de transporte internacional.

Permítanme señalar con brevedad los puntos principales del acuerdo que hemos alcanzado en el diálogo a tres bandas informal. Aparte de que hay que tener en cuenta el trabajo que ya han realizado organizaciones internacionales reconocidas internacionalmente como la Comisión Central de Navegación del Rin, ahora también hemos acordado que estas organizaciones continúen implicadas en el establecimiento de los servicios armonizados de información del tráfico fluvial. Pueden aconsejar a la Comisión RIS, lo que impedirá el desarrollo de un mosaico de sistemas diferentes en la Unión Europea.

El Comisario Barrot ha enumerado las aplicaciones potenciales de este enfoque RIS: información sobre los canales navegables, información y gestión del tráfico, apoyo en caso de catástrofes –especialmente importante, porque vamos a incluir materiales peligrosos en las mercancías que van transferirse de las carreteras a las vías navegables– e información sobre la gestión del transporte, las estadísticas y las aduanas y sobre los costes de las vías navegables y las cuotas portuarias. Otras aplicaciones son posibles; esta lista no es exhaustiva.

Este tipo de información tiene que ser accesible a todos los usuarios RIS sin discriminación. Aparte del interés público legítimo en detalles como la ubicación exacta de los buques que transportan mercancías peligrosas, tampoco podemos olvidar los intereses económicos igualmente legítimos de las partes interesadas: los transportistas, los gerentes de la flota y los operadores portuarios, entre otros.

Por esta razón, hemos vuelto a subrayar con claridad que la ley de protección de datos se aplica, por supuesto, sin excepción a secretos comerciales como estos. Teniendo en cuenta la estructura del sector, que está compuesto en su mayoría de pequeñas y medianas empresas, hemos prohibido que los gastos de la información RIS excedan el precio de coste, protegiendo así al sector de los costes excesivos derivados del uso del sistema. No obstante, no hemos conseguido que el Consejo acuerde un apoyo adicional al sector, por ejemplo mediante ayudas complementarias o préstamos de interés reducido, lo que en mi opinión tendría mucho sentido. Es asombroso que el Consejo deteste tales cosas, dada la importancia de este sector para muchos Estados miembros. Sin embargo, puesto que necesitamos de inmediato unos servicios de información del tráfico fluvial de este tipo, hemos acordado este compromiso.

Permítanme concluir dando las gracias al Consejo, a la Comisión, y en particular a mis colegas diputados los ponentes alternativos por la cooperación entre ellos, que ha sido extraordinaria. Quiero expresarles mi agradecimiento, porque sin cooperación de todas las partes el compromiso que hemos alcanzado no hubiera sido posible.

Ahora quiero hacer un llamamiento a toda la Cámara para que vote de conformidad con mi lista de las 34 enmiendas originales de la Comisión de Transporte y Turismo, y acepte las 32 enmiendas presentadas en la sesión plenaria, porque son el resultado del diálogo a tres bandas informal, que todos hemos acordado. Puesto que todos queremos apoyar el sector de las vías navegables interiores, creo que la primera lectura de mañana también será la última.

  Chichester (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. – (EN) Señor Presidente, en nombre de mi comisión quisiera manifestar nuestro apoyo a los objetivos generales de esta propuesta sobre los servicios de información fluvial. Quisiera ofrecer el conocimiento adquirido por mi experiencia como aficionado al remo y a la vela para acreditar la importancia de la información para poder navegar de forma segura y satisfactoria.

A nuestra comisión le preocupaban dos aspectos, y agradezco que el señor Comisario ya haya mencionado uno de ellos: los intereses de las PYME y el efecto que tendrá esta medida sobre ellas. La regulación y la legislación siempre pesa más sobre las pequeñas empresas que sobre las grandes organizaciones. Celebro las referencias al respecto que se han hecho en la parte principal del informe.

El segundo aspecto tiene que ver con el aspecto general de la comitología y la comisión asesora que se propone. Es muy importante que todas las partes implicadas puedan contribuir de algún modo a dicha comisión asesora. Se trata de una cuestión que hemos planteado en nuestra comisión en otros informes sobre temas distintos y especialmente celebro la enmienda 29 de la ponente, que solicita a la Comisión que consulte regularmente a los representantes del sector. Las PYME y las consultas son muy importantes.

  Wortmann-Kool (PPE-DE), en nombre del Grupo del PPE-DE. – (NL) Gracias, señor Presidente, estoy encantada con el acuerdo en primera lectura sobre los Servicios de Información Fluvial y, en nombre del Grupo PPE-DE, también quiero dar las gracias a esta ponente por todos sus esfuerzos así como felicitarla por el resultado que ha conseguido, porque se trata de una propuesta importante de mejora de la seguridad de la navegación interior. Los patrones dispondrán de información exhaustiva sobre los niveles del agua, los niveles de las esclusas y otra información sobre navegación en toda Europa, y gracias a este sistema, las empresas portuarias y las terminales podrán alcanzar su potencial. Se trata de una propuesta importante para fomentar la navegación interior en Europa.

Creo que es importante limitar los costes de este sistema, tanto para la navegación interior como para el gobierno. El sector de la navegación interior consiste en empresas pequeñas e independientes con una capacidad inversora limitada, que no debe verse forzada a sistemas caros cuando el mercado dispone de alternativas más baratas.

Los capitanes podrán usar un mismo sistema de inscripción en los Servicios de Información del Tráfico Fluvial (RIS) en todos los países, y me complace que la ponente lo haya establecido en el acuerdo que ha alcanzado en nombre del Parlamento. Además, es muy importante que los sistemas usados sean inmunes a las filtraciones de todo tipo de información confidencial de las empresas.

Me gustaría apoyar el resultado de la ponente de forma incondicional, porque esta directiva ha creado un marco para los Servicios de Información Fluvial. Sin embargo, la mayoría de detalles técnicos aún tienen que resolverse antes de que el sistema pueda ponerse en marcha. Por lo tanto, apoyo el llamamiento del señor Chichester para que estos detalles técnicos sean prácticos y coincidan con la labor de los capitanes. La consulta es necesaria, y quiero instar al Comisario a que implique al sector de la navegación interior en este proceso técnico. Especialmente ahora que la Unión Europea está implicándose cada vez más en la política de navegación interior, la consulta con el sector es esencial respecto de esta directiva pero también en otros ámbitos. Comisario, ¿puede pronunciarse al respecto? Después de todo, el éxito de la navegación interior es esencial para conseguir un transporte europeo sostenible.

  Stockmann (PSE), en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, Comisario, Señorías, permítanme comenzar dando las gracias a la ponente por su excelente cooperación con nosotros. La navegación interior está abriéndose camino, y los RIS contribuirán a disipar la imagen de una forma de transporte romántica pero anticuada. Un sistema de información y comunicación transfronterizo interoperable ayudará a hacer realidad nuestra visión de una navegación interior tan fuerte como cualquier otro eslabón de la cadena de transporte. Una estrategia inteligente sería reforzar el transporte de las vías navegables interiores de esta manera, puesto que se necesita desarrollar la infraestructura en otros ámbitos del sistema de transporte.

Los RIS aportan un valor añadido en términos económicos y medioambientales, al tiempo que contribuyen a la eficacia general de las políticas de transporte. En primer lugar, la mejora en la gestión del tráfico y el transporte permite que el enfoque «justo a tiempo» sea verosímil y pueda ampliarse a los suministros que se transportan en nuestros ríos. Los RIS suministran información actualizada que puede usarse en la planificación de los viajes y en la compilación de horarios fiables. Permitirán que las operaciones de transporte individuales sean más seguras y eficaces.

En segundo lugar, los puertos se modernizarán con interfaces intermodales. Los RIS permitirán que los operadores portuarios y de las terminales maximicen el uso de su capacidad.

En tercer lugar, esta directiva también nos proporcionará un número de identificación normalizado, una matrícula para los buques de navegación interior. La navegación interior eficaz necesita un número de registro normalizado, porque identifica a los buques, permite un seguimiento de las partidas y fomenta la seguridad. Todos estos factores fomentarán la competitividad y el atractivo del transporte por vías fluviales interiores.

¿Qué queda por hacer? El verdadero reto son las interfaces. Por supuesto, los puertos son a menudo puntos focales de desarrollo económico, pero muchos de ellos no están diseñados ni equipados para realizar operaciones trimodales. Queda mucho por hacer.

Asimismo, tenemos que mejorar los vínculos con el transporte marítimo de corta distancia, un modo de transporte que crece con rapidez. Hay que eliminar los obstáculos administrativos.

Por último, la creación y aplicación de la unidad europea de carga intermodal. Como saben, hemos celebrado la primera lectura de este proyecto, y estamos esperando la posición común del Consejo. Creo que se trata de otro paso imprescindible para alcanzar el objetivo de una cadena de transporte intermodal verdaderamente competitiva.

Sin embargo, aún queda una pega: la naturaleza relativamente no vinculante de esta directiva. Por esta razón, tenemos que aprobar de inmediato las disposiciones y normativas técnicas de aplicación de los RIS, con objeto de impedir el surgimiento de un mosaico de aplicaciones RIS divergentes, si es que no ha ocurrido ya.

  Hennis-Plasschaert (ALDE), en nombre del Grupo ALDE. – (EN) En primer lugar, quisiera dar las gracias a la ponente, la señora Sommer, que ha hecho un excelente trabajo. Quisiera plantear una cuestión que ya ha mencionado el Comisario Barrot.

Todas las instituciones europeas y los Estados miembros han declarado públicamente una y otra vez que harán todo lo posible por mejorar la transparencia de la toma de decisiones de la UE. Esto es algo que respaldamos plenamente en el Parlamento Europeo, especialmente el Grupo ALDE. En consonancia con el acuerdo interinstitucional y otros planes de acción, la Comisión decidió que todas sus propuestas de directiva deberían contener una disposición específica que obligase a todos los Estados miembros a establecer tablas ilustrativas de la correlación entre la ley en cuestión y las medidas de transposición. Esto incluiría la comunicación de dichas tablas a la Comisión.

Sin embargo, durante las recientes negociaciones interinstitucionales informales con las Presidencias neerlandesa y luxemburguesa sobre las propuestas de una directiva sobre servicios de información fluvial y un certificado para los profesionales marítimos, quedó claro que el Consejo no está dispuesto a mantener dicha disposición. Como ha dicho el señor Comisario, la solución del Consejo es un considerando que hace referencia al acuerdo sobre el tema y elimina la obligación impuesta sobre los Estados miembros en el texto de la propia directiva.

Al Grupo ALDE le preocupa mucho el planteamiento del Consejo y no se limita solamente a esta directiva. Nuestro Grupo decidió por lo tanto destacar este problema y solicitar una votación por partes de la enmienda 53. Soy consciente de que no a todos ustedes les complace resolver mediante expedientes específicos este problema político con el Consejo. Sin embargo, creo que es hora de que esta Asamblea actúe. Solo me cabe desear que los demás Grupos hagan todo lo posible por mejorar la transparencia de la toma de decisiones en la UE y sigan nuestra línea en esta cuestión.

  Lichtenberger (Verts/ALE), en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, gracias por darme la palabra. Ante todo, quiero dar mi sincero agradecimiento a la ponente. Los debates se han celebrado en una atmósfera agradable, y la mayoría de los diputados que han examinado esta propuesta era mujeres, un punto que vale la pena volver a señalar. Hemos abordado un tema que ofrece un amplio margen de desarrollo, un proceso que dista mucho de haberse completado. Tendremos que garantizar la aplicación de las medidas acordadas, y por supuesto tenemos que abordar la pega a la que ha hecho referencia el orador anterior.

También hay dos preocupaciones clave a las que tenemos que permanecer muy atentos. Primera, hay que tener en cuenta la necesidad de interoperabilidad, porque la aceptación general de esta nueva facilidad y su impacto dependen en gran medida de su interoperabilidad. Si no garantizamos que las interfaces entre los diferentes modos de transporte funcionen, se transferirá muy poco transporte de mercancías a nuestros ríos.

El segundo punto es que los buques de navegación fluvial tienen que ser seguros desde el punto de vista medioambiental. Queda mucho por hacer a este respecto. Por último, agradezco que los RIS satisfagan mis preocupaciones respecto de la seguridad del transporte fluvial de mercancías peligrosas.

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Trataré de ser breve, señor Presidente, pero antes quiero dar las gracias una vez más a la señora Sommer por su excelente trabajo, así como a la Comisión de Transportes y Turismo, que espero que lleve a la aprobación de la propuesta en primera lectura. La Comisión debería poder suscribir el compromiso alcanzado en el diálogo a tres bandas informal mantenido con el Consejo. Aceptamos las 15 enmiendas votadas por la Comisión de Transportes y Turismo y que confirman la posición del Consejo, y aceptamos las 34 enmiendas nuevas que ha propuesto la señora Sommer y que reflejan el compromiso del diálogo a tres bandas informal con el Consejo. Espero que la Asamblea apoye este enfoque.

Asimismo rindo tributo al señor Chichester y quiero darle las gracias y decirle que otras partes interesadas no pueden participar en los comités de comitología porque los procedimientos institucionales relativos a la comitología solo permiten participar a representantes de los Estados miembros. No obstante, estoy de acuerdo con sus observaciones en el sentido de que la Comisión debe velar por que el sector sea debidamente consultado antes de que se presenten las propuestas. Esto es necesario para que las empresas puedan percibir la tecnología de los servicios de información sobre el tránsito fluvial como una oportunidad de mercado y para que puedan ofrecerla a un precio razonable y asequible. Al igual que la señora Sommer, ha destacado usted que se trata de pequeñas y medianas empresas a las que no hay que imponer costes excesivos a resultas de la introducción de estos servicios. Esto es lo que quería puntualizar.

Algunos diputados han insistido en la necesaria intermodalidad, y tienen toda la razón, pues es un aspecto clave. Si queremos potenciar el uso de los ríos con fines de transporte, es preciso realmente poner en práctica la intermodalidad. Este será uno de los principales criterios de mi labor.

Quisiera decir también que estoy totalmente de acuerdo con las observaciones de la señora Hennis-Plasschaert con respecto a los cuadros de equivalencia, y es cierto que debemos actuar. Todo el sentido de la UE es que los Estados miembros acepten transponer las directivas y, sobre una base gradual, den cuenta de la manera en que lo han hecho.

Dicho esto, quisiera advertir a los diputados de que no hipotequen esta propuesta. Creo, señor Presidente, que será necesario proseguir el diálogo interinstitucional para que los cuadros de equivalencia se conviertan en una «buena costumbre» y en algo que utilicemos en todos los textos. Quisiera repetir que si este texto, que la señora Sommer ha mejorado perfectamente en nombre del Parlamento y con su ayuda, no se aprobara sin dilación en primera lectura, yo estaría decepcionado porque creo que existe una posibilidad real de que sea aprobado. Señor Presidente, agradezco por adelantado al Parlamento que siga con toda atención la aplicación de esta directiva, que espero nos permita potenciar la navegación fluvial en Europa⁽¹⁾.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana miércoles a las 11.30 horas.

(1) Posición de la Comisión sobre las enmiendas del Parlamento: cf. Anexo.

19. Reconocimiento de títulos de la gente de mar

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del señor Evans (A6-0057/2004) sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de los títulos expedidos por los Estados miembros a la gente de mar y por la que se modifica la Directiva 2001/25/CE.

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, Señorías, en nuestros días, el hecho de que determinados Estados miembros experimenten una falta creciente de marinos comunitarios comporta el peligro de que se pierdan los conocimientos técnicos marítimos La formación de la gente de mar tiene especial importancia para la prevención de los accidentes marítimos. Tenemos que darnos los medios para desarrollar la profesión de marino comunitario, facilitando la libre circulación de la gente de mar en la Unión y alentando la excelencia y la calidad de su formación.

La propuesta que se les presenta responde a estas dos preocupaciones al instaurar el reconocimiento, en toda la Unión, de los títulos expedidos a la gente de mar por un Estado miembro. Con esta propuesta, la Comisión persigue tres objetivos. En primer lugar, un procedimiento diligente y eficaz de reconocimiento en los Estados miembros de los títulos expedidos a la gente de mar dentro de la Unión: el sistema propuesto pone fin a la lentitud que caracteriza el sistema de reconocimiento actual.

El segundo objetivo es asegurar el cumplimiento de los requisitos comunitarios en materia de formación, certificación y supervisión. La propuesta prevé el respeto absoluto y constante de todas las normas de formación y certificación vigentes. Así, con la ayuda de la Agencia de Seguridad Marítima, la Comisión procederá periódicamente a la auditoría de los sistemas nacionales de formación y certificación marítima.

El tercer y último objetivo tiene que ver con la lucha contra las prácticas fraudulentas en la certificación. Se han previsto medidas adicionales para prevenir y combatir las prácticas fraudulentas en la obtención o la expedición de títulos.

Como saben, el Consejo de Transportes alcanzó un acuerdo amplio en torno a esta propuesta en diciembre de 2004 y me complace que el Parlamento haya hecho una contribución constructiva en este asunto. Cuento con su apoyo para una adopción sin demora de este texto importante, que ofrecerá la posibilidad de certificar fácilmente a marinos procedentes de otro Estado miembro de la Unión.

Señor Presidente, Señorías, les agradezco su atención. Espero que podamos transmitir a nuestros conciudadanos una señal muy clara que les muestre que la profesión de marino sigue siendo, en la Unión Europea, una profesión especialmente atractiva y que los jóvenes europeos deberían estar orgullosos de ejercer.

  Evans, Robert (PSE), ponente. – (EN) Señor Presidente, mi informe modifica la actual legislación sobre el reconocimiento de los certificados de los profesionales marítimos, con lo que la legislación es más adecuada y se eliminan las anomalías que existen en la actualidad. He tenido varias reuniones sobre el informe con la Comisión, las Presidencias neerlandesa y luxemburguesa, la Secretaría del Parlamento, el Gobierno del Reino Unido y mis colegas, y agradezco a todos sus contribuciones. Puedo confirmar que el Consejo me ha dado a entender, conforme al artículo 251 del Tratado, que si votamos según lo previsto mañana, podremos aprobar esto sin más preámbulos.

El punto de partida de esta legislación es la seguridad. La seguridad de los profesionales marítimos es importante no solo para las personas implicadas en el sector, sino también para los consumidores, ya sean pasajeros de buques o compren los productos del mar.

Como ha dicho el señor Comisario, el sector marítimo sufre un declive general. Ir al mar ya no es la carrera atractiva que podría haber sido. El declive del sector de la navegación y la pesca implica que los salarios sean normalmente bajos y que las oportunidades escaseen. En contra de esto está que siempre existirá la demanda de viajar por mar, tanto para la industria como para los pasajeros. Pese al descenso de las poblaciones de peces en las aguas, siempre habrá demanda de pescado. Por lo tanto, la industria siempre necesitará trabajadores.

Sin embargo, como ha dicho el señor Barrot, en la actualidad escasean los trabajadores. A medida que los países se esfuerzan por equilibrar la oferta y la demanda de tripulaciones de buques, el papel de la Unión Europea cobra más importancia. Necesitamos establecer un sistema europeo común de libre circulación. La actual falta de disponibilidad de personal local implica que exista un vacío que, al igual que en otros sectores, se cubrirá con trabajadores inmigrantes. Estos trabajadores necesitan protección y normas iguales a las que disfrutan los actuales trabajadores.

Mi informe es una medida oportuna que actualiza la Directiva europea de 2001. Pretende reducir la actual carga administrativa, luchar contra la discriminación y promover la movilidad de los trabajadores del sector marítimo. En la medida de lo posible, las normas europeas deberían ser similares a los acuerdos internacionales existentes. En este caso, el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar pasa por alto la burocracia europea. Este ha sido un punto importante respecto al cual el diálogo a tres bandas ha compartido un objetivo común. Así hemos podido llegar a este acuerdo informal antes del debate. Los requisitos de formación y titulación para las profesiones marítimas los establece la Organización Marítima Internacional, que también cuenta con acuerdos sobre el reconocimiento de títulos.

Por el momento, el sistema de reconocimiento de títulos de terceros países se ha simplificado, lo que provoca una situación bastante insatisfactoria debido a que es más fácil y simple que se reconozcan los títulos de fuera de la Unión Europea que los de la propia Unión. Esto es discriminatorio, limita la libre circulación de los profesionales marítimos y es una anomalía que debe eliminarse, especialmente dado que nos enfrentamos a un número cada vez menor de trabajadores. Sin embargo, quisiera destacar que la simple posesión de un título de cualquier tipo no garantiza un empleo, al igual que un permiso de conducir no otorga el derecho a un empleo como conductor.

Respecto al conocimiento de la lengua, que ha sido un asunto espinoso, hemos acordado que es necesario un uso satisfactorio de la misma. En este caso, el inglés es la lengua en cuestión. Esto también se aplicará a los trabajadores de terceros países que podrían verse afectados por accidentes en caso de que no se estableciese ninguna disposición sobre el conocimiento de la lengua.

La prevención del fraude es muy importante. Se exigirá a los 25 Estados miembros que apliquen sus medidas en el contexto de la Organización Marítima Internacional para combatir el fraude en todo el mundo con el fin de conseguir el máximo nivel de seguridad posible. Se observará que todos tenemos en orden nuestras flotas y nuestros procesos reguladores, con el fin de garantizar los máximos niveles a través de la Organización Marítima Internacional.

Por último, mi informe establece que la Comisión debería preparar un informe de evaluación al cabo de cinco años. En un informe anterior se hablaba de naufragios frente a las costas europeas y el Parlamento Europeo ha manifestado repetidamente que la seguridad es una prioridad en su plan de trabajo. Fijaremos altos niveles de seguridad y criterios exigentes para los trabajadores y para la obtención de títulos. Confío en que mis colegas respaldarán este informe en la votación de mañana.

  López-Istúriz White (PPE-DE), en nombre del Grupo PPE-DE. – (ES) Señor Presidente, quisiera empezar, sobre todo, agradeciendo y felicitando al ponente, Sr. Evans, por el magnífico trabajo realizado y, muy en particular, por el consenso alcanzado tanto con el Consejo como con la Comisión. A la Comisión, y al señor Comisario, deseo agradecerles su dedicación e interés por la lucha contra el fraude en las certificaciones otorgadas a la gente del mar.

Como bien saben, para dar mayor celeridad a este informe se decidió reunir al Consejo y a la Comisión al objeto de presentar un proyecto consensuado. Las aportaciones de ambas instituciones han sido interesantes y enriquecedoras sin que en el debate se evidenciaran grandes discrepancias entre las partes, imperando en todo momento el acuerdo.

Podemos afirmar que, tras meses de duro trabajo, la propuesta, enmarcada entre los convenios de la Organización Marítima Internacional, será una de las normas que más firmemente contribuirá a luchar contra el fraude en el ámbito de las certificaciones. Como consecuencia de mi especial vinculación con las islas Baleares, en España, debo poner de manifiesto la satisfacción personal que siento ante la adopción de estas medidas que contribuirán a garantizar adecuadamente la seguridad y la vida de las gentes del mar, así como a proteger el medio ambiente marítimo.

Las islas requieren una especial atención en este ámbito de protección marítima al constituir el destino de un denso tráfico mercante por el mar. Fruto de esta experiencia —por ello lo relataba— sé que la labor del señor Evans no ha sido pequeña. Hoy hemos aumentado, entre todos, la calidad y cantidad del trabajo de nuestros marinos y hemos asegurado, sobre todo, su estima social, a veces mermada por estos fraudes del pasado.

  Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, mis primeras palabras son para dar las gracias calurosamente al señor Evans y a la Comisión de Transportes y Turismo, que no solo han apoyado sino que también han enriquecido la propuesta de la Comisión. Creo que lo que ha dicho hace un momento el señor López-Istúriz White demuestra que hay que revalorizar la imagen del marino para hacer que esta magnífica profesión sea atractiva para los jóvenes.

La paradoja es que el sector marítimo esté en declive cuando el potencial de transporte marítimo en Europa es enorme. Es muy necesario, por tanto, mejorar la formación de los marinos y colmar las lagunas actuales para atraer a estas profesiones a un número suficiente de jóvenes europeos. Como ha mencionado el señor Evans, la libre circulación y el reconocimiento de los títulos serán instrumentos complementarios para ayudarnos a alcanzar este objetivo.

Las enmiendas propuestas refuerzan los objetivos de la Comisión. Como acabo de decir, todo lo que favorezca la libre circulación de los marinos y todas las medidas que permitan garantizar un control riguroso de las normas existentes y combatir las prácticas ilegales en materia de titulación marítima, son otros tantos pasos en el sentido correcto. Las enmiendas tienen por objeto aclarar el texto de la propuesta respetando el enfoque general del Consejo.

Por tanto, puedo decirle, señor Evans, que la Comisión acepta todas las enmiendas del Parlamento. No obstante, quiero llamar su atención sobre la enmienda 32, que suprime la exigencia de comunicar un cuadro de equivalencia de las medidas nacionales de ejecución del dispositivo y la sustituye por un considerando. Esta posición se ajusta a la actitud del Consejo. No obstante, comprenderán mi reticencia, habida cuenta de todo lo que he dicho anteriormente. Me alegro de que el Parlamento y el Consejo hayan decidido hacer converger sus textos para llegar a un acuerdo en primera lectura. Sin embargo, no olvidemos por ello la necesidad de un cuadro de equivalencia para legislar mejor. Una vez más, como he dicho a propósito del texto anterior, señor Presidente, es necesario alcanzar un acuerdo a escala interinstitucional para poner en marcha este dispositivo, que facilitará la aplicación de todo lo que decida el Parlamento, de acuerdo con el Consejo. La Comisión hará una declaración en este sentido cuando la directiva sea finalmente adoptada.

Cuento con el apoyo del Parlamento a este importante texto, que alentará la libre circulación de los marinos entre los Estados miembros y suscitará, espero, nuevas vocaciones para esta profesión, que necesitamos⁽¹⁾.

  El Presidente. – Señor Comisario, el Parlamento le agradece que haya estado a su lado en el puente de este barco particular.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana miércoles a las 11.30 horas.

(1) Posición de la Comisión sobre las enmiendas del Parlamento: cf. Anexo.

20. Agencia Comunitaria de Control de la Pesca

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de la señora Attwooll (A6-0022/2005) sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca y se modifica el Reglamento (CEE) nº 2847/93 por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común.

  Borg, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a su Señoría por su informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca y que modifica el Reglamento (CEE) nº 2847/93 que establece un sistema de control aplicable a la política pesquera común.

La Comisión considera que la creación de la agencia es un elemento crucial para la aplicación de la reforma de la política pesquera común. Recordarán que la creación de esta agencia constituye una señal clara de que una aplicación más uniforme y efectiva de las normas es prioritaria para la política pesquera común reformada. Consideramos que una agencia que funcione bien será esencial no solo para mejorar la capacidad de control de los Estados miembros, sino también para comprometernos más en la lucha contra la pesca ilegal. Por otra parte, creemos que a medida que mejoren nuestras capacidades de control, también mejorará la fiabilidad de los datos de que disponen los científicos, contribuyendo así a un asesoramiento científico más sólido sobre el que basar nuestra política para una pesca sostenible. Por este motivo, la Comisión defiende una agencia efectiva y fiable.

Desde el punto de vista funcional, consideramos que la agencia es un medio para reforzar las herramientas y los métodos de control adoptados por los Estados miembros.

A la Comisión le complace la estrecha colaboración que ha mantenido con la ponente y los miembros de la Comisión de Pesca durante nuestro trabajo en torno a esta importante propuesta. Me complace informarles de que podemos aceptar más de la mitad de las enmiendas de la Comisión de Pesca, que refuerzan en gran medida nuestra propuesta y que defenderemos de buena gana en el Consejo.

Permítanme abordar ahora las enmiendas propuestas en el informe que tenemos ante nosotros.

La Comisión puede aceptar la enmienda 1.

La Comisión tiene dificultades para aceptar la enmienda 2. No es recomendable establecer prioridades en las labores de regulación, ya que estas pueden cambiar en el futuro debido a la realización de las tareas y la consecución de los objetivos. Sin embargo, la Comisión reconoce el mérito de incluir controles de pesca ilegal, no notificada y no regulada en el programa de trabajo de la agencia.

La Comisión puede aceptar la enmienda 3.

La Comisión no puede aceptar las enmiendas 4, 25 y 27. Los mecanismos de votación deben tener en cuenta las características específicas de este órgano, encargado de labores de control. La propuesta se basa en la necesidad de conseguir un equilibrio entre la parte que desempeñan los Estados miembros y la necesidad de la Comisión de garantizar que la agencia actúe conforme a los objetivos declarados de la política pesquera común.

La Comisión tiene dificultades para aceptar la enmienda 5. Implica una extensión de la competencia de la agencia en ámbitos que están fuera de sus atribuciones de inspección y control. La Comisión está convencida de que el ámbito de aplicación de su propuesta es adecuado en su forma actual y debería seguir centrándose en sus labores principales, a saber, el control y la inspección. Por supuesto, pueden considerarse las actividades de investigación directamente relacionadas con el control.

La Comisión puede aceptar la enmienda 6.

Respecto a la enmienda 7, la Comisión tiene dificultades para aceptar el contenido de esta enmienda tal como está redactada. Es demasiado restrictiva, dado que no todos los acuerdos pesqueros incluyen en la actualidad un acuerdo de aplicación.

Aunque la Comisión no puede aceptar la enmienda 8, el ámbito de competencias de la agencia, por supuesto, puede incluir el control de los buques implicados en la pesca ilegal, no declarada o no regulada siempre que esto se sitúe dentro del marco de programas adoptados por organizaciones pesqueras regionales.

La Comisión puede aceptar las enmiendas 9, 10, 11, 12 y 13.

Sin embargo, la Comisión tiene dificultades con la enmienda 14, relativa al suministro de información sobre la aplicabilidad y la rentabilidad de las normas de la política pesquera común con respecto al control y la inspección, ya que esto modificaría notablemente la misión y las tareas de la agencia.

La Comisión no puede aceptar la enmienda 15, ya que el artículo 7 solamente hace referencia a las obligaciones de los Estados miembros. Sin embargo, conviene señalar que la Comisión tiene derecho a solicitar que la agencia preste servicios relacionados con las obligaciones de la Comunidad conforme al artículo 5 de la propuesta.

Sin duda, puedo estar de acuerdo con el importante papel que desempeñará la agencia en materia de formación; sin embargo, tengo dificultades para aceptar la enmienda 16, ya que la agencia no debería estar obligada a crear un centro de formación. Es posible que por motivos prácticos y operativos los Estados miembros prefieran que los seminarios y cursos de formación se impartan localmente. El cometido de la agencia no debería impedir esta eventualidad.

La Comisión puede aceptar la enmienda 17.

Respecto a la enmienda 18, la Comisión tiene dificultades para aceptar el contenido de esta enmienda tal como está redactada. La función propuesta para el Comité Consultivo sobre Pesca y Acuicultura (ACFA) es inaceptable porque situaría a este órgano, de naturaleza exclusivamente consultiva, en una posición similar a la de instituciones comunitarias como el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo. Por lo tanto, aunque la Comisión acoge con agrado las propuestas por las que el Parlamento podrá estar mejor informado del trabajo de la agencia, no está a favor de otorgar el mismo nivel a órganos consultivos como el Comité Consultivo sobre Pesca y Acuicultura y los consejos consultivos regionales. Por este mismo motivo, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 22, 42 y 43.

Aunque la Comisión no puede aceptar la enmienda 19, admite que existe la necesidad de modificar el texto del segundo considerando de tal forma que haga referencia a las actividades dentro y fuera de las aguas comunitarias.

La Comisión no tiene nada que comentar respecto a la enmienda 20, ya que la ubicación de la agencia compete a las autoridades españolas.

La Comisión no puede aceptar la enmienda 21.

La Comisión tiene dificultades con las enmiendas 23 y 24. En primer lugar, el Comité Consultivo sobre Pesca y Acuicultura es un órgano consultivo y no debería participar en la gestión. En segundo lugar, respecto a la designación de los representantes del sector pesquero, la propuesta de la Comisión sigue el modelo de otras agencias en las que los representantes de las partes interesadas están presentes en los consejos de administración. En estos casos es normalmente la Comisión la que designa a los representantes del sector.

La Comisión tiene dificultades para aceptar la enmienda 26, ya que el consejo de administración debe poder examinar determinados puntos de su orden del día sin la presencia de los representantes del sector cuando se trate una cuestión confidencial o un conflicto de intereses.

La Comisión puede aceptar las enmiendas 28, 29, 30, y 31.

La Comisión tiene dificultades con la enmienda 32. La Comisión considera que en interés de la Comunidad es importante que retenga el poder de proponer la destitución del director ejecutivo y que esto debería hacerse por mayoría simple, pues de lo contrario la posición de la Comisión se vería debilitada.

La Comisión no puede aceptar la enmienda 33, ya que considera que tres años es un periodo demasiado corto para elaborar una evaluación externa.

La Comisión tiene dificultades para aceptar la enmienda 34, ya que el texto de la propuesta de la Comisión se ajusta a las normas acordadas de redacción, al contrario que la enmienda.

Aunque la Comisión comprende el principio de la enmienda 35, no puede aceptarla, ya que sería polémica y difícil de aplicar en la práctica.

La Comisión no puede aceptar las enmiendas 36, 38 39, 40 y 41, ya que tienen el efecto de debilitar la propuesta. Como he dicho al empezar, debemos conseguir establecer una agencia de control de la pesca eficaz y que pueda funcionar bien. En cualquier caso, comprendo que la Comisión de Pesca haya votado en contra de enmiendas similares en su reunión del 2 de febrero.

La Comisión no puede aceptar la enmienda 37; como he dicho antes, los consejos consultivos regionales tienen una labor consultiva y no deberían estar implicados en la gestión.

  Attwooll (ALDE), ponente. – (EN) Señor Presidente, señor Comisario, la Comisión de Pesca celebra la propuesta de establecer una Agencia Comunitaria de Control de la Pesca. Creemos que puede contribuir de modo importante a la aplicación uniforme y eficiente de los programas de control e inspección. Desde el punto de vista de la comisión parlamentaria, la Agencia debería desempeñar también un papel importante en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no regulada, incluidos los casos que se produzcan fuera de aguas comunitarias en las debidas circunstancias.

Otras enmiendas pretenden establecer que la Agencia pueda proporcionar información y ayuda adecuada a la Comisión y a los Estados miembros, por ejemplo con respecto a seguridad e higiene en el trabajo, el desarrollo de soluciones de inspección técnica y la rentabilidad de las normas de la política pesquera común sobre el control y la inspección. Como ha mencionado el señor Comisario, la comisión también solicita que la Agencia pueda establecer un centro de formación para los inspectores, en lugar de limitarse a la redacción de un plan de estudios troncales.

El informe difiere sustancialmente de la propuesta de la Comisión en la idea de que el sector pesquero, y no la Comisión, debería nombrar a sus propios representantes en el consejo de administración y que estos deberían tener derecho a voto.

Paso ahora a hablar de las enmiendas presentadas por el Grupo ALDE. Dos de ellas tienen que ver con el papel de los consejos consultivos regionales. Creemos que es preciso consultarles en el curso de la redacción de los planes de despliegue conjuntos y que desde luego deben estar informados de la evaluación que haga la agencia de la eficacia de dichos planes. Las enmiendas restantes se centran en los planes de despliegue conjuntos. Esto, señor Comisario, no es un intento de debilitar la propuesta.

Parece haber distintas interpretaciones de lo que significa coordinación operativa. Conforme a una interpretación, a la agencia solamente le corresponderá asegurar el despliegue práctico de los recursos que ya han comprometido los Estados miembros y garantizar que estos se empleen de la forma que establece el plan. Este parece ser el modelo previsto por la Comisión en el organigrama que facilitó.

Lamentablemente, este modelo no se refleja adecuadamente en la redacción actual del artículo 12, ni se ajusta a la letra b) del apartado 1 del artículo 11 de la propuesta, que faculta a la agencia para identificar los medios de control e inspección que deben ser comunes conforme a los criterios del apartado 2 del artículo 11. Del mismo modo, el artículo 13 especifica que los Estados miembros deberán, y cito: «comprometer y aprestar los medios de control e inspección que el plan de despliegue conjunto reseñe por ser necesarios para su ejecución».

Esta es una interpretación mucho más extensa de las tareas implicadas en la coordinación operativa, y al leer el organigrama de la Comisión, aunque no el texto legal, parece comportar un considerable control sobre el compromiso actual de recursos que recae exclusivamente en manos del director ejecutivo de la agencia. Las enmiendas del Grupo ALDE están destinadas a reconciliar estas interpretaciones distintas y garantizar que las normas y su aplicación vayan de la mano.

Espero que el Parlamento acepte las enmiendas, pero lo haga o no, creo que la Comisión y el Consejo tendrán que buscar un modo de resolver estos problemas. Quisiera asegurar una vez más a mis colegas que no participo en ningún tipo de actividad subversiva. De hecho, estoy a favor de la más amplia interpretación de la coordinación operativa, conforme a las correspondientes salvaguardias.

Mi principal preocupación es que con una mala ley no conseguiremos una buena agencia. Por este motivo, recomendaré a mi Grupo que se abstenga sobre el informe si no se aceptan por lo menos las enmiendas 38 y 39, aunque por supuesto respaldaremos la resolución legislativa.

  Maat (PPE-DE), en nombre del Grupo del PPE-DE. – (NL) Señor Presidente, le doy las gracias a usted y a la ponente por su esfuerzo. Quizá sea simbólico que tras el «sí» a la Constitución en España, la Agencia de Control de la Pesca tenga su sede en Vigo, lo cual me parece una recompensa justa, dados los grandes esfuerzos políticos de nuestros colegas diputados por alcanzar este resultado positivo respecto de la Constitución.

Al mismo tiempo, me siento un poco decepcionado con la respuesta del Comisario, que ha afirmado que muchas de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Pesca resultan inaceptables o son poco prácticas. Creo que al Comisario le falta un poco de ambición en estos ámbitos. Si aplico esto a la Constitución, si este informe tuviera que debatirse dentro de cinco años, a la Comisión no le resultaría nada fácil escabullirse diciendo que es inaceptable o poco práctico. A este respecto, sería positivo que el Comisario mostrara un poco más de ambición, también respecto de la aplicación de las enmiendas, incluidas las que ha presentado mi grupo.

Una de las preocupaciones clave de mi grupo es que hemos observado que la política de pesca demuestra una creciente falta de confianza entre el sector pesquero y Bruselas. Tenemos que reducir esta diferencia, y el propio compromiso y contribución del sector, así como el de las organizaciones pesqueras en el consejo de esta Agencia de Control de la Pesca, pueden contribuir a reducir la diferencia entre la Unión Europea y el sector pesquero.

Hay ejemplos de buen funcionamiento fuera de la Unión Europea. Por ejemplo, en Islandia o en Noruega, donde el sector pesquero influye más en la política y se implica más en su aprobación y control eficaz. A este respecto, la Comisión podría ser un poco más ambiciosa y comprensiva, incluido el compromiso del Grupo PPE-DE por reducir esta diferencia.

De nuevo, insto al Comisario a actuar como si la nueva Constitución ya hubiera entrado en vigor, así como a tomarse más en serio el compromiso del Parlamento. Estoy convencido de que el nuevo Comisario y la nueva Agencia encontrarán su sitio.

  Kindermann (PSE), en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, el control ya es un componente importante de la Política Pesquera Común, y lo será aún más en el futuro. Ha sido y sigue siendo una prioridad de esta Cámara hacer que los controles sean más eficaces en el sector pesquero. Por este motivo, apoyamos la propuesta de creación de una Agencia Comunitaria de Control de la Pesca.

Sin embargo, existen muchas diferencias entre las diversas zonas pesqueras de la Unión Europea. Por lo tanto, creemos que lo más inteligente sería asegurar que la estructura organizativa de la agencia tuviera en cuenta las diferencias regionales. La Política Pesquera Común ha experimentado un gran desarrollo en los últimos años, pero las obligaciones internacionales de la Unión Europea en relación con la pesca siguen siendo un elemento importante de la PPC. Todo ello exige unos procedimientos de control o unas actividades de coordinación del control, según el caso, eficaces y uniformes. La creación de una agencia europea de control debería garantizar que así fuera. El objetivo debería ser la mejora de las estructuras de control nacionales, y que los Estados miembros siguieran decidiendo cómo utilizar sus propios instrumentos de control. Suponemos que la creación de unas estructuras organizativas a escala comunitaria podría comportar un cumplimiento más coherente de las disposiciones legales vigentes.

En nuestra opinión, algunas de las enmiendas de la ponente no contribuyen a la consecución de esos objetivos y su alcance es demasiado amplio. La competencia de la agencia debe seguir siendo claramente visible. Por este motivo nos oponemos a la inclusión de los consejos consultivos regionales en la estructura organizativa. Aunque la ponente ha realizado un excelente trabajo, no podemos apoyar unas enmiendas que nos harían retroceder.

  Booth (IND/DEM), en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, en todo el mundo la conservación de la pesca solamente es eficaz si está bajo control nacional. He hablado con docenas de pescadores de Devon y Cornualles que saben exactamente cómo conservar las poblaciones de peces, pero nadie les pide consejo. Sugiero que la actual política pesquera común, con su sistema de cuotas totalmente inviable, diseñado por burócratas de oficina, se descarte inmediatamente y se sustituya por una nueva política pesquera concebida por los propios pescadores.

El problema de Gran Bretaña ha sido la estricta aplicación de la política pesquera común hasta decir basta, en primer lugar por parte del MAFF y posteriormente del Defra. Un ejemplo fue su insistencia en que un pescador llamado Ken Bagley, a quien conozco muy bien, debería frotar con su pulgar los vientres de cinco toneladas de espadines para garantizar que no había arenques inmaduros en la captura. En el Reino Unido decimos que «hace falta un espadín para pescar una caballa». Quizás deberíamos decir «hace falta un espadín para pescar un arenque». A pocos les sorprende que el PIB de Gran Bretaña derivado de la pesca se haya reducido de 561 millones de libras esterlinas en 1964 a 520 millones de libras esterlinas en 2003, pese a la inflación. En Noruega, que controla su propia política pesquera, las cifras han aumentado de 7 500 millones de coronas noruegas a 10 100 millones de coronas noruegas durante el mismo periodo.

La crisis medioambiental del Mar del Norte ha sido provocada por el hombre. Explotar dicha crisis a favor de una mayor integración europea es una estratagema clásica. Esto se denomina crisis beneficiosa. La solución de Europa ante algo que no funciona es imponer más Europa, con lo que se crea una nueva agencia para la pesca con sede en Vigo, España. ¡Sorpresa, sorpresa! En el futuro, los buques pesqueros estarán controlados en nuestras propias aguas territoriales por buques patrulla que operan bajo el control de esta nueva agencia conforme a la autoridad de la inspección de la UE con sede en Madrid. El pobre viejo Francis Drake debe estar revolviéndose en su tumba. Quizás deberíamos prepararnos para encender los faros.

(Aplausos)

  Allister (NI). – (EN) Señor Presidente, para creer en una Agencia Comunitaria de Control de la Pesca, es necesario creer en la política pesquera común. La experiencia de Irlanda del Norte con esa política ha sido nefasta. Hemos visto cómo, gracias a la política pesquera común, nuestra flota pesquera quedaba drásticamente reducida debido al exceso de regulación y los cierres punitivos. No puedo apoyar la política pesquera común, así que no voy a apoyar la creación de una Agencia Comunitaria de Control de la Pesca. A mi juicio, la pesca es una actividad que debe quedar bajo control nacional, no bajo el control de la UE. Por lo tanto, todos los mecanismos de inspección deben ponerse en marcha y llevarse a cabo a escala nacional. Esta agencia no es más que otra faceta de las ansias imperiales que Bruselas está siempre dispuesta a asumir.

Ante la probabilidad de que la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca llegue a ser una realidad, utilizaré mi voto en esta Cámara, como hice en la comisión, para tratar de restringir su alcance y reforzar las competencias nacionales.

  Fraga Estévez (PPE-DE). – (ES) Señor Comisario, yo, en cambio, sí que apoyo y aplaudo la creación de la Agencia Comunitaria de Control Pesquero y, en este sentido, solo me queda pedir su entrada en funcionamiento cuanto antes.

Además, las enmiendas introducidas por la Comisión de Pesca mejoran y completan considerablemente tanto la propuesta inicial de la Comisión como el informe de la ponente con respecto a las verdaderas responsabilidades que deben competer a la Agencia y sin menoscabo de las competencias actualmente depositadas en los Estados miembros.

Este informe ratifica mi convicción de que no es posible contar con unos recursos sostenibles y unas prácticas pesqueras saneadas si no se aborda la política de control sin hipocresías y sin desconfianzas y, desgraciadamente, esta propuesta ha vuelto a poner de relieve que algunos de los países que más hablan de control son luego los más recalcitrantes, al rechazar propuestas serias y eficaces.

Esta Agencia es un paso para que estas actitudes queden cada vez más en evidencia y, aunque queda mucho por hacer, en particular, en el camino de la transparencia en los criterios de inspección por parte de los Estados miembros y en la armonización europea sobre legislación y sanciones, contar con ella es la mejor garantía de que esto puede resolverse en un futuro próximo.

La Comisión de Pesca ha mejorado también el tratamiento que la propuesta daba al sector y, ahí, señor Comisario, no estoy de acuerdo con que la Comisión no acepte las propuestas, porque al sector se le dota de voz auténtica y representatividad en una materia que tanto le afecta y en la que resultaría descabellado tenerle en contra y se han incrementado las responsabilidades de la Agencia para intentar que la Comisión se tome de una vez en serio sus responsabilidades en materia de pesca ilegal no declarada y no reglamentada.

Quiero reconocer también el trabajo de la ponente por sus esfuerzos para encontrar vías de compromiso, y quiero terminar expresando mi satisfacción por que esta Agencia tenga su sede en España, en una ciudad tan emblemática para la pesca mundial como es la ciudad de Vigo.

  Miguélez Ramos (PSE). – (ES) Señor Presidente, entre la larga lista de enmiendas que nos ha relatado el Comisario espero que figure la que fija la sede en Vigo, ya que una de las personas que presentó esta sede es esta que les habla.

Señor Comisario, creo que el papel de la Comisión de Pesca ha quedado muy en evidencia en lo que se refiere al trabajo relativo a este informe, tanto el de la ponente, la señora Attwooll, que se ha esforzado muchísimo y ha hecho un trabajo encomiable desde mi punto de vista y, desde luego, desde un punto de vista, yo lo sé, absolutamente europeísta, como el de los y las que hemos tratado de enmendar con la mejor voluntad su informe desde dos puntos de vista.

Nuestra comisión ha trabajado, por un lado, con rapidez, para que la Agencia se constituya cuanto antes y cuanto antes se ponga a funcionar y, además, intentando mejorar el texto de la propuesta de la Comisión, porque es verdad que siempre hemos opinado que la propuesta inicial, que no era suya aunque sí era de la Comisión Europea, era demasiado modesta y en ese sentido han ido nuestras enmiendas.

Es verdad que esta Agencia es la primera que se crea con cometidos exclusivamente pesqueros y, en ese sentido nos hemos mirado, señor Comisario, en el espejo de otras agencias que quizá nacieron también con una vocación modesta pero, sin embargo, vieron en un corto espacio de tiempo cómo se les exigían cometidos más y más amplios. Estoy pensando, por ejemplo, en la Agencia Europea de Seguridad Marítima.

La ampliación de sus cometidos ayudaría, señor Comisario, y no lo olvide usted, a hacerla más querida por parte del sector pesquero. Porque es verdad que la propuesta para crearla parte de los debates de la reforma de la política pesquera común como un método para mejorar la coordinación entre Estados miembros en unos aspectos muy concretos de vigilancia y control, pero tampoco deja de ser verdad que nosotros lo que intentamos es ampliar esas competencias para que, además, puedan recibir los Estados miembros y la Comisión asistencia técnica y científica para ayudarles en la correcta aplicación de las normas de la política pesquera común.

  Stevenson (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, estoy seguro de que el Comisario Borg ya habrá experimentado el incierto placer de dirigirse a una Cámara vacía para hablar de la pesca a última hora de un martes, pero por lo menos él tiene el privilegio de hablar durante más de dos minutos. También resulta reconfortante oír al Comisario Borg decir que está en condiciones de aceptar casi la mitad de las enmiendas de la comisión. Esa declaración no debe de tener precedentes en las declaraciones de los Comisarios de pesca de los últimos diez años.

Mi partido, el Partido Conservador del Reino Unido, tiene el compromiso electoral de retirar al Reino Unido de la política pesquera común y devolver la gestión de la pesca al control nacional y local. No obstante, reconozco que, incluso si el Reino Unido deja de participar en la política pesquera común, seguiremos teniendo muchos barcos pescando fuera del límite de las 200 millas de las aguas jurisdiccionales del Reino Unido y en aguas de la UE e internacionales. Por lo tanto, y aceptando que esta propuesta es un hecho consumado, es importante que apoyemos una propuesta viable para la creación de una Agencia Comunitaria de Control de la Pesca. Quisiera felicitar a la señora Attwooll por el excelente trabajo que ha realizado con este informe.

No hay duda de que la existencia de distintos puntos de vista sobre el control de la pesca en los diversos Estados miembros ha causado un malestar generalizado en el pasado. A menudo, he oído decir a pescadores escoceses que los pescadores españoles salen demasiado bien parados. Luego, si vas a España, lo que dicen los pescadores de allí es que los pescadores escoceses salen demasiado bien librados, así que está claro que necesitamos que haya igualdad de condiciones.

También es necesario que las normas se apliquen de forma equitativa. Ese es el objetivo de las propuestas de la Comisión. Sin embargo, creo que no debemos pasarnos de listos mejorando los planes de la Comisión con enmiendas que otorgan aún más poder a la nueva agencia. En relación con eso, me inquieta que la Comisión haya rechazado la consulta a los consejos consultivos regionales, que constituyen un pilar muy importante de la reforma de la política pesquera común y que permiten participar de forma significativa a pescadores, científicos y otras personas relacionadas con el sector. Espero que la Comisión reconsidere esta decisión.

  Casaca (PSE). – (PT) Señor Presidente, Comisario, quiero unirme a las palabras de felicitación a la señora Attwooll por su excelente informe. Como ha dicho el señor Kindermann, tenemos nuestras diferencias de opinión, pero sin duda hay que resaltar la calidad del informe.

Quiero empezar señalando que ahora existen dispositivos electrónicos que permiten controlar con eficacia toda la flota de la Comunidad y proporcionan un acceso rápido a datos científicos que son muy importantes para una pesca sostenible. Precisamente por este motivo considero del todo incomprensible que aunque tengamos un poder exclusivo, que la Comisión de Pesca calificó con razón de anómalo e injustificado, la Comunidad no consiga ejercer ningún poder concreto, en especial en los ámbitos donde más necesario es y donde más eficaz sería, que es en este terreno del control remoto.

En relación con esto, quiero plantear las siguientes cuestiones. En primer lugar, evidentemente hay que acogerlo con satisfacción, como ya han dicho mucho diputados a esta Cámara, pero hacerlo desde un punto de vista operativo; en otras palabras, debería convertirse en un instrumento operativo y no en una simple fábrica de papel y una forma de mantener en vida el mundo de la burocracia, sin resolver nada ni hacer nada. Mi segunda preocupación importante es que esta agencia no debería significar que las políticas de la Comunidad están a merced del juego de poder y de intereses creados, porque en esas situaciones los que más salen perdiendo suelen ser las regiones más pequeñas, además de la propia pesca sostenible.

  Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, señor Comisario, queridos Colegas, fue el Consejo Europeo de diciembre de 2003 quien, a propuesta del Partido Popular, tomó la iniciativa de crear una Agencia Europea de Pesca. Ha sido una buena idea.

La Comisión Europea presentó una propuesta que era manifiestamente mejorable. Nuestra Comisión de Pesca redactó un proyecto de informe que era, también, manifiestamente mejorable. Por ello, podemos decir que el proyecto que ahora se presenta al Pleno es bastante mejor que los iniciales.

Destacaría como mejoras sustanciales la inclusión del sector con voz y voto, la extensión de las competencias a la pesca IUU y la inclusión de las tareas de formación.

Lamento, de todas formas, que solamente se hayan incluido entre las competencias las de investigar y desarrollar soluciones técnicas en relación con el control e inspección, y que el Grupo Socialista se haya opuesto a nuestras enmiendas para dotar a la Agencia de verdaderas competencias en materia de investigación científica pesquera que pudieran contribuir a mejorar los informes en los que se basa la Comisión para hacer sus propuestas legislativas sobre medidas técnicas, conservación de recursos, TACs y cuotas, pues ello haría que la Agencia y sus técnicos participasen más activamente en la política pesquera común dotándola así de mayor credibilidad para el propio sector pesquero.

La Agencia salió reforzada de la reunión de la Comisión de Pesca y espero que lo salga mañana del Pleno, aunque no como a mí me hubiera gustado. Confío en que el Consejo pueda mejorar la situación.

  Stihler (PSE). – (EN) Señor Presidente, estoy segura de que todos estamos de acuerdo en que, en principio, la creación de una Agencia Comunitaria de Control de la Pesca es una buena noticia. Con frecuencia se habla de la importancia del principio de igualdad de condiciones para la aplicación de las normas aprobadas en virtud de la política pesquera común. La creación de la agencia en Vigo puede ayudar a establecer procedimientos de control e inspección más uniformes y eficaces, incrementando así el cumplimiento de las normas. También podría reducir el gasto total en medidas de control e inspección.

Un estudio de viabilidad publicado tras la redacción de la propuesta de reglamento sugirió que ese potencial solo se hará realidad si se cumplen determinados criterios organizativos y operativos. A raíz de esa advertencia, la ponente, la señora Attwooll, propuso una serie de enmiendas para aclarar el texto. Muchos miembros de la Comisión de Pesca sostuvieron que las enmiendas de la ponente diluían el papel de la agencia. Yo no estuve de acuerdo y apoyé el proyecto de informe en la comisión. A mi juicio, el proyecto de informe aclaraba la función y la responsabilidad de los Estados miembros, la Comisión y la agencia y mejoraba la participación regional.

Los planes de despliegue conjunto, que incluían la unificación, por parte de los Estados miembros, de sus recursos de inspección y control, son cruciales para el éxito de la labor de la agencia. La enmienda que volvió a presentar la ponente tenía por objeto garantizar que quedara claro el papel de la agencia como facilitador.

Siempre he apoyado que los consejos consultivos regionales desempeñen un papel significativo en la gestión de la pesca. Por eso, creo que también sería bueno consultar a dichos consejos durante la elaboración de los planes de despliegue conjunto. Eso contribuiría a asegurar el cumplimiento.

Asimismo, la información sobre las actividades de la agencia debe divulgarse ampliamente y es preciso presentar una evaluación anual al Parlamento Europeo, la Comisión, los Estados miembros, el Comité Consultivo sobre Pesca y Acuicultura y los consejos consultivos regionales. He tenido algunas diferencias con algunos colegas del Grupo del PSE a la hora de definir la función de la agencia, pero todos acogemos con sumo agrado su creación, que espero dé lugar a un cumplimiento más efectivo de las normas en nuestras pesquerías.

  Borg, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, en mis conclusiones voy a intentar responder muy brevemente a todas las intervenciones.

En respuesta a la ponente, la señora Attwooll, repito que, en lo que respecta a la pesca ilegal, no regulada y no declarada, es importante incluir estas actividades en el programa de trabajo, pero la Comisión no está de acuerdo en que deban señalarse como tareas prioritarias, dado que las prioridades pueden cambiar y, por lo tanto, sería una innecesaria restricción de las prioridades con respecto a las funciones de la agencia.

En lo que respecta a la competencia de la agencia para crear un centro de formación, tampoco en este caso considera la Comisión que esta función deba estar centralizada en la agencia, sino que se requiere flexibilidad y conviene que permanezca como hasta ahora. Creemos que los cambios de redacción –me refiero a las enmiendas 36, 38, 39, 40 y 41, que reemplazan «preparar», por ejemplo, por «redactar», actuando «a través de su director ejecutivo» o la necesidad de «la aprobación de los Estados miembros» y el cambio de «instrucciones» por «orientación operativa»– debilitan el texto, a pesar de las buenas intenciones de la señora Attwooll. La aceptación de la enmienda 39, por ejemplo, daría lugar a un proceso intergubernamental.

Quisiera responder ahora a los comentarios del señor Maat. El plazo de cinco años es necesario porque la Comisión considera que tres años es un plazo excesivamente corto para llevar a cabo la necesaria evaluación. Sobre la falta de confianza entre los representantes del sector pesquero y la Comisión, quiero decir que la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca es un primer paso. En lo que respecta a la composición del consejo de administración y sus funciones –estamos hablando de control y no únicamente de administración–, el sector pesquero es parte interesada y, por lo tanto, concederle el derecho a voto lo convertiría, por decirlo así, en juez y parte.

Sobre el comentario realizado por el señor Kindermann –si le he entendido correctamente– en el sentido de que la competencia de la agencia debe seguir estando clara y que, por lo tanto, no deben incluirse los consejos consultivos regionales, la Comisión está de acuerdo con esa posición.

En lo que respecta a los comentarios del señor Booth y del señor Allister sobre la actual política pesquera común, que, según ellos, deberíamos desechar para sustituirla con una nueva política concebida por los pescadores, es decir, la nacionalización de la política de pesca, quisiera decir que ese es un debate mucho más amplio que supera el ámbito de esta propuesta. El señor Allister ha hecho los mismos comentarios que el señor Booth.

Sobre los comentarios de la señora Fraga Estévez y la señora Miguélez Ramos, que afirman que las enmiendas mejoran el espíritu de la propuesta, es cierto que algunas lo hacen, como he dicho, y de hecho podemos aceptar más de la mitad. En lo que respecta a las demás, la Comisión piensa que no mejoran la propuesta, puesto que tienden a ir más lejos del ámbito de la propuesta y de la agencia, o porque destruyen el necesario equilibrio del mecanismo de control.

En lo que respecta a los comentarios sobre el sector, me remito a lo que acabo de decir sobre los comentarios del señor Maat.

Sobre lo dicho por el señor Stevenson, que está dispuesto a apoyar una propuesta viable, la Comisión, con las enmiendas que ha aceptado, consigue exactamente eso. La Comisión rechaza la consulta obligatoria a los consejos consultivos regionales, porque esos organismos desempeñan, al menos hasta la fecha, una función consultiva y no de gestión.

Sobre la afirmación del señor Casaca de que esta tiene que ser una verdadera agencia de control y no otro órgano burocrático, debo decir que la Comisión está de acuerdo y que la propuesta trata de dotar de una función eficaz a la agencia.

El señor Varela Suanzes-Carpegna ha afirmado que una lista de competencias no es suficiente: tomamos nota. En este punto, puedo decir que no mencionar un avance tecnológico concreto, por ejemplo, que pueda usarse con fines de control, no significa que eso no vaya a ser posible.

En lo que respecta a la afirmación de la señora Stihler sobre la dilución o no, solo puedo repetir lo que he dicho a la señora Attwooll. Sobre los consejos consultivos regionales, no excluiría la consulta voluntaria a los mismos y la redefinición de los planes de despliegue, pero no recomendaría la obligatoriedad de la consulta a los consejos consultivos regionales, por lo menos en este momento.