Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Debates
Miércoles 13 de abril de 2005 - Estrasburgo Edición DO

23. Dumping fiscal y medioambiental
MPphoto
 
 

  El Presidente. De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales a la Comisión sobre dúmping fiscal y medioambiental, formuladas por el señor Ford en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, por la señora Mann en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, y por el señor Watson en nombre del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (B6-0172/2005).

- por el señor Jonckheer, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (B6-0229/2005).

 
  
MPphoto
 
 

  Ford (PSE), author. – (EN) Señor Presidente, como la Comisión sabrá, en la fábrica de celofán de Bridgwater, en mi circunscripción del Reino Unido, hay casi 300 puestos de trabajo que están en riesgo. Esta planta ha sido absorbida por una sociedad denominada Innovia, que en la actualidad tiene factorías en Kansas, Carlisle y Bridgwater. Lo que se propone amenaza con arrancar el corazón del pueblo de Bridgwater; según los proveedores de la empresa, en la zona hay casi mil puestos de trabajo en peligro.

Esta noche tenemos una petición casi sin precedentes de todos los partidos de la región y del Reino Unido –Laborista, Conservador y Demócrata Liberal–, que están unidos en su respuesta a esta sorprendente decisión de Innovia y piden ayuda y asistencia a la Comisión.

¿Qué ha movido a la empresa a tomar esa decisión? La planta de Kansas no ha generado nunca beneficios en toda su historia; la planta de Bridgwater no ha tenido pérdidas en toda su historia. Pero hay una propuesta de cerrar Bridgwater. ¿Por qué? Porque el Estado de Kansas está dirigido por una mayoría demócrata que, a pesar de la oposición de los republicanos del Congreso y del Senado estatales, ha ofrecido algunas cosas a Innovia. La primera es un soborno de 2 millones de dólares para trasladar los puestos de trabajo de la Unión Europea a los Estados Unidos. La segunda es una exención fiscal de cinco años, lo que significa que durante los próximos cinco años todos los impuestos pagados por el personal se devolverán a la empresa. Y, lo que es más interesante, ha ofrecido una suspensión de las normas medioambientales, lo que permitirá producir celofán más barato y reexportarlo a la Unión Europea.

Me gustaría preguntar a la Comisión si esos sobornos financieros están permitidos por las normas de la OMC. Si no es así, ¿planteará el tema al Gobierno estadounidense? ¿Qué hará cuando Innovia produzca celofán en Kansas y hunda los precios en el mercado europeo? ¿Cómo resolverá el problema la Comisión? Además, aunque acepto que en estos momentos la OMC no prohíbe el dúmping medioambiental, y aunque reconozco que cada país puede tener una normativa medioambiental distinta de la nuestra, nos oponemos a la suspensión de dichas normas distintas, cosa que probablemente veremos cada vez más a causa del Acuerdo de Kyoto.

A escala europea, comparativamente, eso es una bagatela. Pero es muy importante para la región. También es muy importante por el precedente que sienta de cara al futuro, porque si los Estados Unidos, sus empresas y sus Gobiernos estatales pueden conseguir esto en una ocasión, no habrá absolutamente ningún motivo para que no vuelvan hacerlo una y otra vez. Por lo tanto, es una cuestión de principios importante que la Comisión debe tomarse en serio, y espero que se tomen medidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonckheer (Verts/ALE), autor. – (FR) Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, mi Grupo ha decidido sumarse a esta pregunta oral para completarla. La pregunta formulada por el señor Ford se refiere, en particular, a la compatibilidad con las normas de la OMC. Por mi parte, quisiera volver sobre una cuestión que concierne a la Unión Europea y a la situación dentro de las fronteras de la Unión.

En la legislatura anterior, el Consejo Ecofin identificó en la Unión Europea unas sesenta medidas fiscales nacionales que se considera comportan una competencia perjudicial en el sentido que se le da en los trabajos realizados en el seno de la OCDE. Las disposiciones del denominado Código de Conducta Primarolo –por el nombre del funcionario que presidió ese grupo de trabajo– contemplaban tanto las denominadas cláusulas de standstill como las cláusulas de roll back, es decir, el desmantelamiento progresivo de las disposiciones nacionales identificadas de común acuerdo en el Consejo Ecofin.

Observo que ya no se habla mucho, ni en el Parlamento ni en los medios de comunicación, de la situación de ese proceso de desmantelamiento y desearía saber cuál es la opinión de la Comisión al respecto. Sé muy bien que la cuestión compete esencialmente a los Estados miembros y que hay acuerdo entre los Estados miembros en el seno del Consejo Ecofin. Dicho esto, la política de competencia es competencia exclusiva de la Unión y la Comisión tiene una misión muy importante en este ámbito. Desde este punto de vista, pues, considero que debería desempeñar un papel de seguimiento y estímulo, o al menos de advertencia e información, por lo que se refiere a la verificación de los compromisos contraídos en el Consejo Ecofin.

Completaré esta pregunta diciéndole –y usted lo sabe tan bien como yo– que estamos muy lejos de la armonización del impuesto de sociedades y de la base imponible en la Unión, que fueron objeto de debates en la Comisión Prodi sobre la base de los trabajos elaborados por dicha Comisión a propósito de un tipo común mínimo de imposición de las sociedades en la Unión. Se trata de un avance que mi Grupo considera deseable.

Por tanto, las decisiones tomadas en el Consejo Ecofin constituyen para nosotros un mínimo absoluto, y me gustaría mucho que la Comisión pudiera expresarse sobre este proceso esta noche y en los próximos meses. En efecto, creo que los problemas que encontramos en una serie de países con el proyecto de Constitución Europea no ayudan, por desgracia, y que existe un temor legítimo a que la competencia perjudicial continúe y se acentúe en la Unión Europea. Por esta razón, en mi opinión, una misión política extremadamente importante sería velar por que, al menos, se respetaran los compromisos contraídos en el Consejo Ecofin y la Comisión desempeñara un papel, al igual que el Parlamento, en el desarrollo de este proceso.

 
  
MPphoto
 
 

  Watson (ALDE), autor. – (EN) Señor Presidente, tomo la palabra en nombre de mi Grupo para sumarme a la preocupación ya expresada por otros oradores en torno a esta terrible situación con respecto a una innovadora y, francamente, bastante notable empresa de la circunscripción a la que el señor Ford y yo representamos.

Innovia Films es una empresa rentable, que ha desarrollado un proceso descubierto en el Reino Unido en 1898. Sospecho que si ese proceso se hubiera descubierto en Escandinavia en 1998, se habría considerado la mejor tecnología disponible, los envases de plástico habrían sido prohibidos y se habría utilizado el celofán en su lugar. Por desgracia para el celofán, lo descubrieron bastante antes. No obstante, acojo con satisfacción el apoyo que prestan todos los partidos a la campaña para el reconocimiento de los problemas causados por la política de los estadounidenses y para hacer frente a esta cuestión.

Esta mañana hemos debatido el resultado de la reunión del Consejo Europeo celebrada para revisar la Agenda de Lisboa. En la resolución aprobada por el Parlamento con el apoyo de todos los partidos, acordamos que tiene que haber algo así como una política industrial. Si hay política industrial, entonces tenemos que analizar cómo podemos apoyar a empresas como esta. Cuando escribí al Comisario Piebalgs en nombre de la empresa hace algún tiempo, para ver qué tipo de ayuda había disponible para esa empresa, respondió que hay programas que apoyan los sistemas nuevos e innovadores, pero que este caso no cumplía los requisitos para esta ayuda. Me pregunto si no deberíamos analizar de nuevo nuestra política industrial.

La carta del Comisario Mandelson a Mel Dando, uno de los directivos sindicales implicados, analiza los problemas que hemos encontrado con la política en la fábrica de Kansas, con respecto a la declaración de una tregua tributaria y la suspensión de reglamentos medioambientales. El señor Mandelson señala que las medidas, en forma de exenciones fiscales, parecen ser ayudas pero no entran en la categoría prohibida. A continuación afirma que no hay ninguna disposición en los acuerdos de la OMC que aluda al dúmping medioambiental y que, por lo tanto, estas medidas parecen no incumplir las normas vigentes de la OMC.

Mi pregunta a la Comisión sería la siguiente: si no hay disposiciones en los acuerdos de la OMC que aludan al dúmping medioambiental, ¿por qué no? ¿Qué está haciendo la Comisión para garantizar que contemos con disposiciones relativas al dúmping medioambiental? Este incidente, que afecta, tal como ha dicho el señor Ford, quizás no a un enorme número de puestos de trabajo desde la perspectiva europea, pero sí a un número de puestos muy importante desde la perspectiva de una pequeña ciudad industrial como Bridgwater, puede repetirse en toda la Unión Europea si descubrimos que la política de diferentes Estados de los Estados Unidos de América en este ámbito trataba de robarnos puestos de trabajo de este modo.

Esta es la cara fea del capitalismo. Nos encontramos ante la absorción de una empresa por parte de un grupo dedicado a la liquidación de activos y al reembolso de la mayor cantidad de dinero posible a los inversores, sin tener en cuenta la salud general de nuestra sociedad y de nuestras industrias. Es el típico caso en el que la Comisión debería tomar medidas. Espero que el Comisario Verheugen, el Comisario que está aquí esta tarde, y el Comisario Mandelson planteen esta cuestión a los estadounidenses y comprueben qué podemos hacer para salvar la fábrica de Bridgwater y para salvar, potencialmente, otros muchos cientos de miles de puestos de trabajo de toda la Unión Europea que podrían verse afectados por este tipo de acontecimientos.

 
  
MPphoto
 
 

  Parish (PPE-DE), autor.(EN) Señor Presidente, acojo con satisfacción la oportunidad de debatir sobre el dúmping fiscal y medioambiental con respecto a British Cellophane en Bridgwater. British Cellophane cuenta con un largo y honroso historial de más de 50 años. Asimismo tiene enormes antecedentes de poderío y fuerza industrial en Bridgwater. Bridgwater es también una de las principales ciudades industriales del West Country.

Con el paso del tiempo, la plantilla de British Cellophane se ha reducido, pero siempre ha tenido un excelente nivel de productividad, una excelente relación con su personal y ha prestado un excelente apoyo a la ciudad en todos los aspectos.

El celofán es un producto importantísimo en todo el mundo. British Cellophane produce unas 60 000 toneladas al año. El producto se fabrica en plantas altamente productivas, motivadas y rentables. En los últimos años, la empresa ha experimentado grandes cambios: ha sido adquirida por Candell Investments y me gustaría hablar de tres de sus cinco fábricas.

Dos de ellas se hallan en Gran Bretaña y otra en los Estados Unidos. Las dos plantas británicas son fábricas productivas y motivadas, una en el norte y otra en Bridgwater. Quiero hacer más hincapié en la tercera fábrica, ubicada en Kansas.

Los legisladores del Estado de Kansas han dedicado una enorme cantidad de dinero a mantener la fábrica allí. Estamos hablando de millones de dólares, no de unos cuantos cientos de miles. Votaron públicamente asignar fondos públicos a la fábrica y también le han concedido una tregua medioambiental de cinco años, para socavar aún más las perspectivas de British Cellophane. Pero esto no es todo. La fábrica es improductiva y no genera beneficios. ¿Por qué habría uno de asignar fondos a una fábrica que no genera beneficios y que no es productiva, ya esté en China, en Australia o en los Estados Unidos?

Trescientos puestos de trabajo de una fábrica rentable y altamente productiva del Reino Unido están amenazados por culpa de una fábrica que no cumple las normas de la OMC. Cada año British Cellophane aporta unos 20 millones de libras esterlinas a la economía en forma de salarios, bienes directos e indirectos. Estamos hablando de una fábrica altamente productiva y rentable. Ha hecho todo lo posible por cambiar y supera de lejos el rendimiento de los estadounidenses. Produce más productos y de mejor calidad. La fábrica ha hecho todo lo posible por continuar siendo rentable. No deberíamos permitir que se sacrifique simplemente porque una fábrica estadounidense puede conseguir algo que nosotros no podemos.

Las ayudas suponen un comercio desleal, implican un dúmping desleal y el uso de la competencia desleal contra fábricas rentables. No deberíamos permitir que esto ocurra. Si este es un mundo de libre comercio, hay que pedir a la Organización Mundial del Comercio que examine esta cuestión. Ruego a la Comisión que se encargue de ello urgentemente. Esta petición cuenta con el apoyo de todos los partidos. Creo que la OMC debería intervenir. Insto a la Comisión a tomar cartas en el asunto.

 
  
MPphoto
 
 

  Verheugen, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Señor Presidente, permítame comenzar tratando el caso concreto en cuestión. La Comisión está al tanto de los planes de cierre y del posible traslado de la fábrica de Innovia Films de Bridgwater y hemos pedido a los servicios que examinen si las medidas adoptadas por el Estado de Kansas constituyen una violación de las normas de la OMC. También analizaremos, en cooperación con los Estados miembros implicados, si hay algún otro remedio disponible con arreglo al Derecho internacional en esta situación.

Quiero añadir que mi propia opinión política con respecto a este caso coincide totalmente con la expresada por sus Señorías en el debate. Si las normas estadounidenses en materia de ayudas estatales son aplicables en Kansas, sin duda se trata de una práctica que no está permitida aquí. Sin embargo, por suerte o por desgracia, el Estado de Kansas no forma parte de la Unión Europea.

En particular esto implica analizar las posibilidades que ofrece el procedimiento de denuncia en el contexto de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, que establecen que las empresas de la OCDE deberían abstenerse de solicitar o aceptar exenciones no contempladas en el marco legal o regulador con respecto a cuestiones de salud, seguridad, laborales, fiscales, de incentivos financieros o de otro tipo. No obstante, cabe señalar que estas directrices y las recomendaciones que puedan derivarse del procedimiento de denuncia no son legalmente vinculantes.

Con respecto a la OMC, la Comisión está evaluando la compatibilidad de las medidas adoptadas en Kansas con el acuerdo de la OMC relativo a subsidios y medidas compensatorias. Estas normas, aunque en principio permiten a los miembros de la OMC decidir acerca de su propio régimen fiscal, prohíben las exenciones fiscales cuando promueven directamente las exportaciones. Ese es el caso que tenemos que examinar: si las medidas de Kansas promueven directamente las exportaciones. Si es así, son contrarias a las normas de la OMC.

Quiero añadir algunas observaciones generales acerca del papel de la OMC en el ámbito de la política medioambiental. En primer lugar, permítanme señalar que los miembros de la OMC han reconocido explícitamente la importancia de trabajar por un desarrollo sostenible y de que el comercio internacional y las políticas medioambientales se favorezcan mutuamente. La Unión Europea desempeña un papel particularmente activo a este respecto, pero todavía quedan cosas por hacer. Los miembros de la OMC pueden elegir libremente su propia política medioambiental a escala nacional, regional y, en el caso de acuerdos medioambientales multilaterales, a escala mundial. Esto también implica que cualquier acción contra incumplimientos ilegales de la legislación regional, nacional o internacional vigente en materia medioambiental deberá emprenderse en esos niveles.

La respuesta apropiada al «dúmping medioambiental» a escala mundial es, por lo tanto, mejorar la gobernanza medioambiental mediante instrumentos legalmente vinculantes, tales como acuerdos medioambientales multilaterales, y la Comisión se muestra muy activa en ese terreno.

Con respecto a la otra pregunta planteada, acerca de la dañina competencia fiscal en la Unión Europea, todos los Estados miembros están comprometidos con el código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas. El código pretende combatir medidas fiscales específicas que afecten o puedan afectar a la ubicación de la empresa dentro de la Comunidad. Casi todas las medidas fiscales perjudiciales identificadas tras un proceso de revisión por homólogos han sido o van a ser suprimidas. En términos más generales, la política fiscal de la Comisión pretende promover los principios del código en dirección a terceros países, con el fin de combatir la competencia fiscal perjudicial en el ámbito geográfico lo más amplio posible. En este sentido, la Comisión ya ha incluido una referencia a los principios del código en varios acuerdos internacionales con terceros países y pretende incluir esta referencia en acuerdos futuros. Asimismo, la Comisión respalda los esfuerzos de la OCDE por eliminar las prácticas fiscales perjudiciales.

 
  
MPphoto
 
 

  Mann, Erika, en nombre del Grupo del PSE. (DE) Señor Presidente, Comisario, Señorías, me gustaría continuar con lo que han dicho los cuatro diputados que ya han intervenido, dirigiéndole otra pregunta sobre el tema del debate. Fue en 1992 cuando nos unimos a los Estados Unidos en la adopción de la Nueva Agenda Transatlántica, que establece diversos diálogos, algunos de los cuales funcionan bien, y otros menos bien. Sabemos que el diálogo empresarial funciona bien, al igual que el diálogo de los consumidores, pero hace años que observamos que existen graves problemas en el diálogo con el que se pretende agrupar a los empleados – conocido como diálogo laboral. Y existen varias razones para ello; en cierto modo, tiene que ver con las diferencias entre las tradiciones de América y las de Europa.

Está previsto que en verano se celebre la próxima cumbre y, con carácter de urgencia, quiero pedirle que, cuando deba prepararse, lo haga de nuevo con el Consejo y, como Comisión, considere lo que puede hacer para apoyar ese diálogo. Aunque es algo que debería dejarse en manos de los sindicatos, he aprendido por experiencia que será necesario revisar lo que las diversas instituciones europeas podemos hacer para mantener el diálogo o, quizás, resucitarlo.

Había pensado que este ejemplo sería adecuado para que usted pudiera referirse a él en un intento de recuperar ese diálogo. Además, le recomiendo que plantee el problema en el contexto del diálogo empresarial y hable con las propias empresas para ver si sería posible llegar a un acuerdo, de modo que se puedan poner en práctica las orientaciones de la OCDE que usted ha mencionado, en vez de que varios Estados las dejen aparte – como es el caso de Kansas, aunque otros pueden haber hecho lo mismo.

Considero que es enormemente importante, porque es cierto que, en el contexto mundial y dado que la competencia a escala internacional no es precisamente más simple, sino más difícil, los Estados que operan en el marco de la OCDE deberían jugar de acuerdo con las normas. Quizás podría explicarnos cuál es su postura al respecto y si puede incluirlo como elemento de debate o no.

Si me permite abordar el segundo punto que usted ha mencionado, que la Comisión y el Consejo –y yo añadiría, también este Parlamento– han estado presionando durante muchos años para que el debate en la OMC sea más intensivo, y para que incluya las normas laborales, medioambientales y sociales, permítame decir que me parece correcto y adecuado, aunque sé que será muy difícil, volver a hablar de ese tema durante la ronda actual, y puedo asegurarle que esta Cámara volverá a mencionarlo en la resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Krahmer, en nombre del Grupo ALDE. (DE) Señor Presidente, me gustaría hablar de la pregunta de los Verdes y, dejando de lado las ofensas potencialmente punibles contra la OMC, me gustaría plantear a su autor un par de preguntas.

Señor Juncker, su pregunta expresa el temor a que la eliminación de las barreras al comercio puedan comportar un dúmping fiscal. También hace referencia a las subvenciones que deterioran el sistema de comercio multilateral. ¿No cree que existe una relación entre los impuestos elevados y unas subvenciones elevadas? ¿Supone usted que en un mundo sin aranceles – que son obstáculos para el comercio – y la competencia que provocan, caerían invariable e inevitablemente las normas sociales y medioambientales? Como siempre coloca a la competencia en la misma categoría de palabras que «peligro» y «dúmping», ¿tiene miedo de ella?

¿Qué es lo que realmente aporta prosperidad y puestos de trabajo – el intercambio de productos y servicios en mercados abiertos sin barreras para el comercio, o los mercados más fragmentados con grandes obstáculos para el comercio? ¿Opina usted, como yo, que solo una economía nacional competitiva está en posición de cumplir unos criterios medioambientales elevados? Si es así ¿no deberíamos abandonar, entonces, de una vez por todas, la constante pretensión de que unos impuestos reducidos y unos mercados abiertos equivalen a unos criterios medioambientales y sociales bajos? También me gustaría saber qué opina el Comisario al respecto.

 
  
MPphoto
 
 

  Portas, en nombre del Grupo GUE/NGL. (PT) Buenas noches, señor Presidente, es un placer tener un compatriota en la presidencia en la sesión de esta noche. En el caso que tenemos ante nosotros, una fábrica británica de celofán se ha visto tentada a deslocalizar la producción en el Estado de Kansas, solamente porque ese Estado ha derogado la legislación fiscal y medioambiental.

Por desgracia, no es una excepción de la norma porque la propia norma anima a tomar tales medidas. Este caso, al igual que el caso Alstom que hemos discutido antes, ilustra claramente un problema muy conocido, es decir el de las deslocalizaciones por motivos de competencia antisocial o antiambiental. Podría ponerle ejemplos de casos similares que ocurren en Portugal.

En efecto, anteayer vinieron a Estrasburgo trabajadores de Yasaki Saltano, una empresa que tiene dos fábricas en Portugal y 10 en Europa. Esta multinacional japonesa ha llegado a tener 7 500 empleados en Portugal, pero hoy la cifra llega tan solo a la mitad. Precisamente ayer el consejo de administración lanzó la amenaza de que si no recibe más apoyo del Gobierno, en agosto va a despedir 500 trabajadores más. Hay que aclarar que esta empresa recibió terrenos e infraestructura gratis, que durante años ha recibido fondos de la Comunidad, que el nivel de enfermedades por motivos laborales, como la artritis, entre sus empleados es anormalmente elevado, y que ese es precisamente el argumento que utiliza el consejo de administración para no despedir a nadie sino persuadir a los enfermos para que cesen.

Señor Presidente, esta mentira tiene que llegar a su fin en algún momento. Es triste ver la impotencia de la Comisión en estos casos, lo que demuestra que ya ha abandonado. Un día los Estados Unidos y la UE piden el fin del proteccionismo en la Organización Mundial del Comercio, y al día siguiente lo reinstauran o bien crean unos beneficios comparables basados en criterios desleales. El fin del proteccionismo debe ir acompañado de niveles más elevados de derechos sociales y de unos controles medioambientales más estrictos. Es la alternativa al orden neoliberal en el que ya no habrá más Kansas sobre los que quejarse.

 
  
MPphoto
 
 

  Lundgren (IND/DEM). (SV) Señor Presidente, observo con satisfacción que esta noche hemos debatido temas que realmente debían debatirse y decidirse en esta Cámara. Por desgracia, la mayoría de las veces los diputados se dedican a debatir y tomar decisiones que, según los principios de subsidiariedad, no competen a esta Cámara. Pero en este caso, el asunto está claro.

La UE tiene una política de comercio común. Por lo tanto, el Parlamento tiene fuertes razones para controlar el cumplimiento de las normas que rigen el libre comercio mundial. Este sistema es la forma más importante de aumentar la prosperidad tanto de los países pobres como de los ricos, pero el sistema presupone que ningún país y ningún bloque comercial caerá en el proteccionismo, que a menudo adopta la forma de derechos aduaneros y otras barreras comerciales. También puede adoptar la forma de subvenciones o normas especiales para determinadas formas de producción, pensadas para atraer o retener actividades que de otro modo no podrían hacer frente a la competencia internacional.

Estos temas están regulados por la OMC. Estoy de acuerdo con los demás oradores de esta Cámara que han pedido que la Comisión tome medidas lo antes posible contra los países y los Estados miembros de la UE que incumplen la normativa de la OMC. Sin embargo, es importante que seamos conscientes de la diferencia fundamental que existe entre los instrumentos permitidos y los prohibidos, o entre la política a favor de la producción y el dúmping. No está prohibido elegir un nivel fiscal generalmente bajo para promover el crecimiento. Lo que está prohibido es favorecer a determinadas compañías o sectores con ventajas fiscales. Es lo que se llama dúmping fiscal. También está permitido que un país tenga unas ambiciones relativamente bajas en cuanto a política medioambiental durante una fase en que el país es pobre y tiene que dar prioridad al crecimiento. Es lo que hicieron los países ricos de hoy cuando eran pobres. Lo que está prohibido es permitir exenciones especiales a los requisitos ambientales actuales para favorece a unas determinadas compañías o sectores. Es lo que se conoce como dúmping ambiental.

Propongo que en su análisis y en las medidas que tome, la Comisión distinga claramente entre normas legítimas para promover el crecimiento y la prosperidad, y métodos ilegítimos de dúmping.

 
  
MPphoto
 
 

  Ford (PSE), author. – (EN) Señor Presidente, en vista del hecho de que el Comisario Verheugen ha afirmado que la Comisión está investigando si las ayudas promueven directamente las exportaciones, cosa que sería ilegal, me gustaría pedirle que escriba, en nombre de la Comisión, a la empresa para pedirle que aplace su decisión sobre el cierre de la fábrica, que está previsto para dentro de 15 días, hasta que se haya dilucidado esa cuestión.

 
  
MPphoto
 
 

  Verheugen, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Transmitiré esta cuestión a mi colega, el señor Mandelson, que se encarga del expediente.

Quiero decir a la señora Mann que tomo nota de sus recomendaciones y que las acepto plenamente. Me aseguraré de que esa cuestión se debata en las mesas redondas comerciales entre Europa y los Estados Unidos, así como en otros foros.

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

 
Aviso jurídico - Política de privacidad