Acta literal de los debates

Lunes 26 de septiembre de 2005 - Estrasburgo

14. 1º Acceso a la actividad de las entidades de crédito, 2º Adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0257/2005) del señor Radwan, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (COM(2004)0486 C6-0141/2004 2004/0155(COD)), y sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (COM(2004)0486 C6-0144/2004 2004/0159(COD)).

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, para empezar me gustaría dar las gracias a Alexander Radwan y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por la excelente labor que han realizado en este asunto. Permítanme destacar que los trabajos sobre la Directiva sobre la adecuación del capital constituye un muy buen ejemplo de la eficiente cooperación entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Si tenemos en cuenta la complejidad de estos temas, creo que ha sido un auténtico logro.

Un marco moderno y aceptado para la supervisión tanto de las entidades de crédito como de las empresas de inversión reviste gran importancia para la estabilidad financiera del mercado europeo y para la igualdad de condiciones, no solo dentro de la Unión Europea, sino en toda la comunidad financiera mundial frente a los países que siguen igualmente el proceso del Acuerdo de Basilea II.

Hemos elaborado nuestra propuesta, que ha sido objeto de amplias consultas, en estrecha colaboración con los Estados miembros y el sector financiero. Está en consonancia con lo dispuesto en el Acuerdo de Basilea II, pero tiene en cuenta, en su caso, aspectos específicamente europeos. Incluso se integrarán las últimas propuestas relativas al tratamiento de las actividades relacionadas con la negociación.

Esta propuesta establece un marco jurídico para las actividades financieras en la UE. Mejora el régimen de supervisión vigente, que se basa primordialmente en la adecuación preceptiva del capital. El nuevo régimen cuenta con una sólida base apoyada en tres pilares. En primer lugar, contempla una adecuación preceptiva del capital más sensible al riesgo, lo que concuerda más con las prácticas de los propios bancos; en segundo lugar, prevé una mejora del proceso de revisión de la supervisión para asegurar un encaje más preciso de estos nuevos requisitos, y, en tercer lugar, postula requisitos de publicación que mejoran la transparencia y la disciplina del mercado. Esta propuesta constituye un paso hacia un planeamiento más sofisticado y refinado de la supervisión y la gestión de riesgos.

Si adopta esta propuesta, la UE será la primera organización internacional que aplique la nueva normativa del Acuerdo de Basilea II. Será un paso importante hacia la mejora de la supervisión bancaria y fomentará una mayor eficacia de los mercados financieros europeos.

Permítanme ahora abordar la cuestión de la comitología. Como todos sabemos, este debate está vinculado con la cuestión más amplia de las competencias del Consejo y del Parlamento Europeo en los procedimientos de comitología. Tenemos que asegurarnos de que el proceso legislativo no se detenga. No creo que los ciudadanos y el sector puedan comprender que importantes propuestas legislativas como la que debatimos hoy sean rehenes de un tema como la comitología, por importante que esta sea.

Tenemos que encontrar una forma pragmática para llevar a buen puerto, en el plano legislativo, disposiciones en materia de comitología de la Directiva sobre la adecuación del capital. Acojo con agrado los esfuerzos realizados por el Parlamento Europeo y el Consejo para llegar a un acuerdo al respecto. Creo que todos estamos de acuerdo en que la aprobación en primera lectura de esta Directiva interesa a las tres instituciones, y en que es lo que desea igualmente el mercado.

La comitología es una cuestión de carácter general, por lo que debemos considerarla en su contexto general. La Comisión presentó en 2002 una propuesta para modificar la Decisión sobre la comitología de 1999, seguida de una propuesta modificada en 2004. Esta propuesta ya tenía en cuenta importantes elementos que exigía el Parlamento Europeo, en especial que el Parlamento Europeo y el Consejo tuvieran las mismas competencias en los procedimientos de comitología.

En gran parte fue gracias a la insistencia del Parlamento, y del ponente en particular, que el Consejo comenzara a examinar la Decisión sobre comitología sobre la base de la propuesta revisada de la Comisión.

Me complace la iniciativa que ha tomado la Presidencia de crear un grupo de «Amigos de la Presidencia» para lanzar el debate de la propuesta de Comisión que estudia el Consejo. Este es un importante paso adelante. El Parlamento Europeo debe confirmar urgentemente si mantiene su apoyo a la propuesta de la Comisión y, en caso contrario, indicar con claridad lo que desea conseguir. La Comisión está dispuesta a cooperar tanto con el Parlamento como con el Consejo para llegar lo antes posible a una conclusión satisfactoria de este delicado asunto.

Permítanme hacer unas pocas observaciones más concretas. Comprendo que el Parlamento Europeo desee dar un carácter mucho más urgente a la cuestión de sus competencias para supervisar el ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión. Pero la introducción de una cláusula de suspensión, que entraría en vigor el 1 de septiembre de 2007, nos daría un plazo demasiado breve. Existe el grave peligro de que una reducción tan drástica de la duración de la cláusula de suspensión envíe un mensaje equívoco y peligroso al mercado en el sentido de que es poco probable que se adopten las medidas de ejecución necesarias.

El Consejo ya ha indicado que puede aceptar un período de al menos dos años. A la vista de los debates celebrados, la Comisión estima que este es un período viable. La introducción de un período tan reducido para las competencias de ejecución –mucho más breve que el período normal de cuatro años– pone de relieve claramente que es necesario encontrar urgentemente una solución sólida, duradera y equilibrada para la supervisión de las competencias de ejecución de la Comisión por parte de los dos órganos de la autoridad legislativa. Todas las instituciones deben colaborar para llegar a esta solución lo antes posible. La Comisión señala a este respecto que, en el primer semestre de 2007, las primeras cláusulas de suspensión contempladas en el denominado proceso Lamfalussy comenzarán a suspender las competencias de ejecución de la Comisión correspondientes a dos Directivas: la Directiva sobre conglomerados financieros el 11 de febrero de 2007 y la Directiva sobre el abuso del mercado el 12 de abril de 2007.

Si bien la Comisión respetará los compromisos que asumieron el entonces Presidente de la Comisión, Romano Prodi, y mi predecesor en el cargo, Frits Bolkestein, cuando el Parlamento Europeo aprobó el proceso Lamfalussy, también comprende que una renovación de sus competencias de ejecución para dichas directivas resultaría problemática en ausencia de una solución global para la cuestión de la comitología. Este hecho debería impulsar a todas las instituciones a dar pasos adelante. La falta de acuerdo no solo arruinaría el espíritu de cooperación entre las instituciones, sino que también sería perjudicial para el ulterior desarrollo de un mercado integrado de servicios financieros, el cual se basa en gran parte en la existencia de competencias ejecutivas dentro del contexto de la legislación marco acordada a través del procedimiento de codecisión. Me gustaría añadir asimismo que otros ámbitos políticos se verían afectados por la falta de acuerdo en materia de comitología.

Antes de terminar me gustaría repetir mi llamamiento tanto al Parlamento como al Consejo para que colaboren de forma constructiva para alcanzar una solución. Por su parte, la Comisión contribuirá en la medida de lo posible a que no desaparezca la urgencia que se da actualmente a esta cuestión. La Comisión reconoce desde hace mucho que es necesario encontrar una solución y creo que las condiciones actuales son las correctas para alcanzarla.

Quedo a la espera de sus comentarios.

  Alexander Radwan (PPE-DE), ponente. – (DE) Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, por una vez no es una mera formalidad que comience dando las gracias a mis compañeros, a los ponentes alternativos y a todos los miembros de nuestra comisión por haber hecho posible el trabajo conjunto en torno a esta directiva con espíritu constructivo. Quiero dar las gracias también a la Comisión por haber colaborado con nosotros a lo largo de los últimos años –ya que la propuesta no ha nacido de un día para otro– y permitir que fuéramos avanzando. Creo que puede ser un buen ejemplo de cómo podemos trabajar conjuntamente en el futuro en la elaboración de las leyes.

Esta tarde quiero mencionar, desde un principio, un punto negro en este panorama favorable. Estoy de acuerdo con el presidente de nuestra comisión en que estamos elaborando normas que van a tener efectos de largo alcance para el sector financiero en Europa y para las pequeñas y medianas empresas y, en nombre de nuestro presidente, quisiera recordarle, señor Presidente y también a la Mesa, que esta Asamblea posee plenos poderes legislativos en este ámbito. Si repasa los órdenes del día de esta semana, tal vez pueda encontrar otro tema, otra posición, en relación con los cuales adoptemos actos legislativos bajo el procedimiento de codecisión, a menos que en verdad considere que todo lo que vamos a debatir esta semana es de alta prioridad. Me refiero asimismo al informe Doorn, que también se refiere a los plenos poderes legislativos del Parlamento.

En el examen de la presente directiva, el Parlamento siempre ha insistido en que nos parece importante que determinados ámbitos sean compatibles con el Acuerdo de Basilea. Este es un acuerdo internacional. Siempre hemos considerado importante el sector de la pequeña empresa. Siempre nos ha parecido importante que, dentro de este marco reglamentario, existieran disposiciones especiales para los bancos pequeños, con el fin de que no queden excluidos de la competencia; consideremos, por ejemplo, la aplicación parcial o la petición del informe de que los bancos que opten en el futuro por el Método estándar, no se vean discriminados negativamente por los órganos de supervisión nacionales. Otro ejemplo que puedo citar es el de la «granularidad» aceptada en el Acuerdo de Basilea y que está presente en la propuesta de la Comisión pero no en la resolución del Parlamento, y que no debe volver a introducirse por la puerta trasera. Quiero señalar que es un aspecto que debe ser incorporado a la legislación de cada país por los Parlamentos nacionales y quedar integrado en las prácticas de supervisión.

La directiva incluye una serie de novedades que alterarán la supervisión financiera en Europa; por ejemplo, el sistema de supervisión principal, en virtud del cual un organismo de supervisión puede invalidar a otro a la hora de aprobar calificaciones internas, y que nos sitúa en el camino hacia un mercado europeo. Otro ejemplo, acerca del cual ha habido un consenso amplio en esta Asamblea, ha sido la publicación de calificaciones, que tiene especial importancia para las pequeñas y medianas empresas, y agradezco al Consejo que finalmente aceptara el compromiso propuesto por el Parlamento al respecto. La exposición intergrupos ha sido objeto de prolongadas discusiones. Por mi parte, desde un principio he mantenido que los préstamos internos de los bancos deberían merecer idéntico trato sobre la base de los riesgos que implican, dado que el documento versa sobre el riesgo más que sobre la competencia. Puesto que ya existen diferentes estructuras en Europa no deberíamos prescribir otras con ese objeto, puesto que no estamos en condiciones de decir que una sea mejor que otra. Sin embargo, deberíamos sopesar sus méritos. También en este caso hemos llegado a un compromiso, de manera que hemos logrado un buen resultado en los aspectos de fondo. La comitología constituye un punto débil y continuará siéndolo. Deseo subrayar que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha respaldado siempre el proceso Lamfalussy de comitología, en la creencia de que es adecuado e importante desde el punto de vista de la rápida adopción de una legislación que responda a las necesidades del mercado, pero siempre hemos considerado el antiguo acuerdo Lamfalussy pensando en una futura constitución y previendo un mecanismo de avocación. No es necesario abrir ahora un nuevo debate sobre la Constitución, pero si en el futuro recurrimos a la comitología de Lamfalussy en la elaboración de otras directivas, tendremos que alcanzar un nuevo acuerdo sobre el tema para garantizar los derechos del Parlamento dejando sentado que, cuando hagamos delegación de los mismos, también «avocarlos», con lo cual me refiero a un escrutinio más adecuado, mayores posibilidades de definición y también a la retirada general del poder delegado si las cosas comienzan a torcerse.

Puesto que no podré hacer uso de la palabra cuando se debata el informe Doorn, permítanme que manifieste brevemente que hay un ámbito que ha quedado excluido de su resolución. Sin embargo, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios va a ser responsable en el futuro de las Normas Internacionales de Contabilidad. Pero a mi entender, aun cuando mañana no vamos a decidir sobre ello, dicho acuerdo debería incluir el Convenio internacional sobre las Normas de Contabilidad. No resulta aceptable que, en el futuro, los organismos internacionales definan normas y que estas se deban aplicar sin haber sido examinadas por esta Asamblea. Permítanme que les recuerde que hace algún tiempo recibimos la visita de algunos miembros del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que nos informaron de que estaban trabajando en normas para las PYME. No vamos a aceptar estas normas sin el examen pertinente y lo digo también para que lo tenga en cuenta la Comisión. Espero que hayamos emprendido el camino acertado y a la Presidencia le diría que espero que asuma los compromisos que hemos planteado hoy. Soy optimista, no solo en lo referente a la fecha de la cláusula de suspensión, sino también por lo que respecta a los considerandos, a nuestras posibilidades de lograr un compromiso satisfactorio esta semana y de conseguir nuestro propósito de que el texto se apruebe en la primera lectura. Las noticias que me llegan de muchos Estados miembros indican que ya han empezado a actuar en esta línea y creo que vamos por buen camino para conseguirlo. Ahora todo depende del Consejo.

  Harald Ettl (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. – (DE) Señor Presidente, Señorías, la Comisión de Asuntos Jurídicos acoge con agrado el compromiso que logrado negociar el ponente. La autora de la opinión de nuestra comisión expresa su apoyo a la mayoría de los objetivos y la necesidad de actualizar las previsiones a fin de tener en cuenta el notable progreso realizado en cuanto a las técnicas de evaluación del riesgo y la gestión de los servicios financieros, al tiempo que propone enmiendas que pueden contribuir a simplificar el sistema de requisitos para el capital propio. Algunas de las enmiendas se refieren a la discreción nacional, que ha de suprimirse en beneficio de una mayor armonización reglamentaria en el mercado interior. Quisiera añadir que muchas de estas supresiones han sido recomendadas a los órganos de supervisión nacionales.

La ponente de opinión considera también que ha fue del todo acertado adoptar el apartado 2 del artículo 47 del Tratado CE base para esta propuesta. Dado que la directiva constituye el instrumento más apropiado para conseguir los objetivos deseados, se respeta el principio de subsidiariedad, lo mismo que el principio de proporcionalidad, puesto que la directiva se limita a hacer lo estrictamente necesario.

Quisiera añadir algunos comentarios sobre comitología no solo desde la perspectiva de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sino también de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, respecto de los cuales me pronunciaré luego. Dado que los mercados financieros y los bancos están sujetos a cambios muy rápidos y se ven obligados a desarrollar constantemente nuevos productos y combinaciones de estos, la legislación relativa a la banca y la supervisión bancaria también tiene que poder admitir un ulterior desarrollo. No debemos permitir que el Acuerdo de Basilea II degenere en un marco en el que cada uno elija los instrumentos financieros que le apetezcan, sino que jamás se debe perder de vista la necesidad de proteger a los acreedores, a los inversores y a los consumidores. El diálogo entre legisladores, supervisores y bancos, tanto a escala nacional como europea, a que se hace referencia en el procedimiento Lamfalussy, también puede contribuir a mantener una supervisión adecuada a la correspondiente función. Ampliaré este punto en otro momento.

  José Manuel García-Margallo y Marfil, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (ES) Señor Presidente, señor Comisario, bienvenido a esta casa. Mi papel en este debate consiste exclusivamente en dar fe de lo ocurrido en este Parlamento en materia de comitología y apoyar con toda firmeza la posición del ponente, mi colega señor Radwan.

Los problemas en materia de comitología empezaron hace ya algunos años, cuando la Comisión hizo llegar al Parlamento el plan de acción de servicios financieros que contemplaba la rápida puesta en marcha de cuarenta y tantas medidas en materia de servicios financieros.

Se nos decía entonces que el procedimiento legislativo ordinario era demasiado lento para adaptarse a la velocidad de los mercados financieros. Intervine aquí para decir que en la gran mayoría de los casos el culpable de este retraso no era el Parlamento, sino el Consejo.

El siguiente paso se da en el informe llamado Lamfalussy, por la persona que dirigió su elaboración, que, para dar una solución, para adaptar la velocidad del procedimiento a la velocidad de los mercados, proponía escindir las normas en dos niveles. Primer nivel: principios generales, directrices básicas. Segundo nivel: normas jurídicas concretas. Nivel uno, codecisión. Nivel dos, exclusión total del Parlamento. Se nos pedía la renuncia a las prerrogativas que constituyen los privilegios, la normativa básica de cualquier Parlamento europeo.

Es normal que el Parlamento Europeo hiciese notar su recelo. Queríamos simplemente estar en la misma posición que el Consejo. En caso de extralimitación, en caso de que el mandatario no se ajustara al contenido del poder del mandato, queríamos una revocación, lo que se llama «call-back».

No fue posible en aquel momento, porque los Tratados no lo permitían, y estuvimos esperando la Constitución. Llegamos a una situación transitoria —subrayo transitoria—, y por eso apelo aquí a la cláusula de caducidad a la que ha aludido el señor Radwan. Hasta entonces será necesario llegar a un acuerdo en el que se armonicen los dos objetivos: rapidez en el procedimiento legislativo y respeto a los poderes del Parlamento, poderes que, como en el caso de cualquier Parlamento, han sido arrancados con dificultad a lo largo del tiempo. Por último, quiero justificar nuestro recelo recordando a un político español conocido por su habilidad y capacidad para hacer trampas en las normas, que decía «haga usted la ley, déjeme usted a mí hacer el reglamento». Ese es el peligro que a nosotros nos preocupa.

PRESIDENCIA DEL SR. DOS SANTOS
Vicepresidente

  Harald Ettl, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, permítame que comience por agradecer al ponente la voluntad de cooperación que ha demostrado, que ha permitido solventar las principales preocupaciones de los socialdemócratas. Creemos que la supervisión bancaria se tiene que acordar a escala internacional y debe ser del mismo tipo en toda la Unión, y sobre todo, que el capital propio exigido por ley a los bancos se tiene que ajustar de manera más rigurosa para tener en cuenta los riesgos comerciales. Solo así será posible mejorar la seguridad de los ahorradores en y proteger sus ahorros frente al riesgo de que quiebre su banco.

Los bancos modernos gestionan los activos de particulares y custodian sus cuentas, al tiempo que actúan como sus agentes y asesores en los mercados financieros. La rentabilidad económica de la financiación que ofrecen y del capital que invierten depende de que mantengan su competitividad. La financiación que ofrecen desempeña un papel importante en el ulterior desarrollo de la Unión a través de su infraestructura, de la construcción de viviendas, de los ayuntamientos, de la industria energética y, no en menor medida, de sus pequeñas y medianas empresas. El Acuerdo de Basilea II contiene unos puntos de referencia objetivos para evaluar los riesgos inherentes a la concesión de dicha financiación, junto con los costes del capital propio asociados y los intereses que se cobran a los deudores.

Este cuadro se completa con la aprobación de mis enmiendas relativas a la simplificación de las líneas de crédito para las PYME y la responsabilidad de las autoridades regionales y locales en el cálculo del elemento de riesgo. En resumen, el Acuerdo de Basilea II no debería traducirse en una mayor dificultad de acceso a la financiación o un mayor coste de la misma. Los bancos también tienen una responsabilidad económica y no se debe utilizar indebidamente el Acuerdo de Basilea II como una excusa para actuar en contra o a expensas de los deudores.

El Acuerdo de Basilea II está pensado para crear un terreno de juego equitativo para la competencia entre los grandes grupos bancarios y las cajas de ahorro y las entidades de crédito que operan a escala regional y por esa razón he procurado lograr la mayor objetividad posible en el tratamiento de los denominados préstamos interbancarios. No quiero dejar de subrayar la doble responsabilidad que tienen actualmente los organismos nacionales de supervisión en lo referente al control de la aplicación de unos métodos de evaluación del riesgo más precisos por parte de los bancos y al apoyo a aquellos que operan en más de un país, cuando las autoridades de supervisión de ambos países mantienen una cooperan.

Por último, pero no por ello menos importante, quisiera volver sobre el asunto de la comitología. Las normas en materia de información y transparencia que el Parlamento exige para la aplicación del Acuerdo de Basilea II de hecho se dan por sentadas en la legislación moderna y esto debería reflejarse también en el derecho a la retirada. Al Consejo le pedimos una garantía de que, en un plazo de dos años como máximo, se habrá cerrado un acuerdo sólido que permita que el Parlamento continúe ejerciendo sus derechos y responsabilidades democráticos.

  Wolf Klinz, en nombre del Grupo ALDE. – (DE) Señor Presidente, Señorías, la presente directiva tiene por objeto la aplicación del Acuerdo de Basilea II en la Unión Europea y proporcionar así una base de mayor estabilidad a los mercados financieros. Se puede mejorar la eficacia de la supervisión bancaria y asignar mayor peso al elemento de riesgo. La directiva vendrá a imponer igualmente unas normas mínimas para los negocios de alto riesgo.

En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios hemos debatido a fondo el Acuerdo de Basilea II y analizado unas 900 enmiendas, junto con toda una serie de enmiendas de transacción que el ponente, señor Radwan, ha elaborado con el señor Ettl y conmigo mismo. En este contexto, quiero expresar mi agradecimiento por la colaboración tan constructiva y plena de confianza que hemos mantenido. En las subsiguientes discusiones a tres bandas, el Consejo aceptó muchas de las enmiendas del Parlamento y logramos obtener varias concesiones y compromisos, como resultado de los cuales el fondo técnico del Acuerdo de Basilea II se puede considerar equilibrado. En mi calidad de liberal, me siento especialmente satisfecho de haber conseguido elaborar unas normas capaces de garantizar unas condiciones de competitividad justas para los diferentes grupos en el sector bancario.

Se trata de un paquete que los liberales y los demócratas pueden respaldar abiertamente. No obstante, incluye dos enmiendas sobre préstamos e hipotecas islámicos y otra sobre las empresas energéticas que no podemos apoyar, puesto que el Acuerdo de Basilea II no está pensado para que se utilice como un medio para establecer salvaguardas especiales para determinados sectores de la industria o crear condiciones especiales para ellos. Aun así, como Grupo vamos a votar a favor de todo el paquete.

Nuestro Grupo fue el que introdujo las enmiendas relativas a la cartera de negociación. Consideramos muy positivo que el buen y rápido trabajo realizado por la Comisión haya permitido su adopción en el marco de la votación sobre el Acuerdo de Basilea II, garantizando así una aplicación coherente en este ámbito.

En el debate sobre Basilea II se ha tocado por supuesto el tema de la comitología, acerca del cual ya han expresado su opinión todos los oradores. Ninguno de nosotros discute la importancia y utilidad del procedimiento de comitología; esta permite que pueden entrar en vigor rápidamente las normas de aplicación de actos fundamentales, pero no se debe permitir que este procedimiento socave las prerrogativas del Parlamento, cuya mejora prevé el Tratado Constitucional. Por incierto que sea el futuro de ese Tratado, los asuntos del Parlamento siguen teniendo importancia y siguen siendo relevantes. Como no podía ser de otra manera, las negociaciones con la a tres bandas sobre la comitología resultaron especialmente problemáticas. La presión que, por nuestra parte, ejercimos durante semanas obligó al Consejo a crear un grupo de trabajo denominado «amigos de la Presidencia», al cual se ha referido el Comisario McCreevy, reconociendo por primera vez la necesidad de un nuevo acuerdo interinstitucional y de empezar a actuar. Pero no podemos contentarnos con simples promesas. Lo que queremos es una fecha concreta para un nuevo acuerdo interinstitucional que refuerce nuestros derechos.

Proponemos al Consejo el 1 de enero de 2008 como fecha para la cláusula de revisión y quedamos a la espera de su respuesta, que confiamos sea favorable.

  John Whittaker, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, la adecuación del capital es útil para evitar la quiebra de los bancos, pues impone a los accionistas una mayor parte del coste de la quiebra. Las propuestas internacionales del Acuerdo de Basilea II, que esta Directiva aplica, pretenden lograr una mejor adecuación entre capital y riesgo que la simple proporción del 8 % de bienes de capital que contempla el Acuerdo de Basilea I. Sin embargo, ningún capital bancario que no cubra la totalidad de los activos de riesgo puede constituir una protección contra la quiebra. Los importes mínimos de capital contemplados en cualquier normativa son arbitrarios.

Como ha destacado el señor Radwan, otros problemas radican en el grado de distribución de riesgos entre los distintos bancos de un grupo bancario que deberían implicar una reducción del capital reglamentario, así como la dificultad para definir la división de responsabilidades entre los supervisores nacionales. No existen respuestas objetivas a estas controvertidas cuestiones. Por ese motivo cuestiono la competencia de este Parlamento en este terreno. Es ridículo que nos inmiscuyamos en las minucias de esta Directiva, en vista de su complejidad e importancia. Pero así es como trabaja el Parlamento, y de todos nosotros, los diputados, al margen de si tenemos o no experiencia en los arcanos de la regulación bancaria, se esperan cientos de juicios motivados sobre cuestiones que en muchos casos no tienen respuesta objetiva.

El ponente recomienda que, debido a la duda, esta Directiva sea revisada en el futuro. El sector bancario no necesita dicha revisión. Los bancos se dedican a calcular el riesgo y la incertidumbre. Si añadimos más incertidumbres respecto a la normativa futura, no les ayudaremos a planificar ni a defender los intereses de sus clientes y accionistas.

En última instancia, el resultado es que no existe una cuantía correcta de capital preceptivo. Si tenemos en cuenta este hecho a la hora de legislar, llegaremos a normas mucho más sencillas, y los diputados a este Parlamento podrán ahorrarse el ridículo ejercicio de votar cientos de enmiendas.

  Eoin Ryan, en nombre del Grupo UEN. – (EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente, el señor Radwan, por su oportuno informe.

El sector de los servicios financieros se ha vuelto muy sofisticado por lo que se refiere a la gestión de riesgos, por lo que el marco regulador debe estar a la altura de los tiempos. Estoy muy satisfecho con el informe que debatimos hoy. Reconoce que las obligaciones garantizadas son un producto de los mercados de capitales mundiales y no tan solo un producto europeo o nacional. Creo que cualquier otra alternativa sería perjudicial para el desarrollo del sector, que tiene un importante potencial comercial.

Según un estudio efectuado por JP Morgan, el Acuerdo de Basilea II podría aumentar el número de emisiones de obligaciones de alto rendimiento, y en particular de obligaciones garantizadas. Esto resultaría ventajoso para Irlanda, porque las emisiones de obligaciones garantizadas irlandesas gozan de la máxima calificación crediticia. Por ello, es importante que el Acuerdo de Basilea II mantenga las prácticas actuales del mercado en materia de obligaciones garantizadas.

Los bancos prestan dinero desde hace mucho tiempo y en ocasiones tendemos a creer que están plenamente preparados para los riesgos tradicionales, como los riesgos de crédito y de mercado. Sin embargo, los bancos se enfrentan a riesgos operativos cada vez más impredecibles, que son difíciles de gestionar. Con arreglo al Acuerdo de Basilea II será indispensable aplique un análisis de riesgos a las operaciones de servicios financieros. Sería interesante saber cuánto gastarán las entidades de servicios financieros de la UE en el análisis de riesgos tras la introducción del Acuerdo de Basilea II. Por ello apoyo la propuesta de revisar este Reglamento una vez transcurridos cuatro años.

Sin embargo, no sería sensato, al mismo tiempo, subestimar la importancia de la gestión de riesgos en los ámbitos tradicionales de los riesgos de crédito y de mercado. El entorno económico actual necesita cada vez más un análisis pormenorizado de los efectos que tendría una recesión y otros trastornos financieros sobre las economías nacionales y la comunitaria. En virtud de las normas del Acuerdo de Basilea II, el sector bancario deberá invertir en el desarrollo de sistemas informáticos capaces de elaborar modelos exhaustivos para analizar el riesgo de crédito. La manera en que se prestan los servicios financieros ha cambiado y lo seguirá haciendo. Sin embargo, el éxito de la gestión de riesgos no puede basarse únicamente en una respuesta obligatoria a las normativas, sino que exige comprender perfectamente lo que es bueno para las empresas y el nivel de mejores prácticas.

  Hans-Peter Martin (NI). - (DE) Señor Presidente, para muchas pequeñas y medianas empresas, Basilea II es cuestión de vida o muerte. Ese acuerdo, que tanto debate ha suscitado, les preocupa mucho. Creo que deberían tener plena confianza en el ponente. Aunque con su informe haya conseguido muchas cosas, en el breve tiempo de que dispongo quiero comentar un aspecto, y es que si realmente se quiere que haya una competencia leal entre las fuentes de crédito, y quizá también entre quienes recurren a ellas, todo dependerá de lo que se acuerde en esta Cámara. Es una suerte que solo nos encontremos en la fase de la primera lectura. Sin embargo, creo que la enmienda 140, que es un intento de introducir más transparencia exigiendo a las instituciones crediticias que proporcionen –a las PYME y a otras empresas que soliciten préstamos– aclaraciones por escrito de cómo han llegado a sus decisiones de calificación, será esencial para que no se distorsione aún más el mercado. Luego tendremos que esperar y ver qué obtenemos: un nivel adecuado de transparencia o una regulación excesiva. Sería bueno que pudiéramos establecer un plazo de referencia, al menos en segunda lectura. Yo estoy plenamente a favor de una cláusula de suspensión, respecto a la cual ya se ha dicho todo, y espero que el informe del señor Radwan termine aprobándose en una versión que mantenga el equilibrio que el ponente busca.

  John Purvis (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, yo también quiero felicitar al señor Radwan por la forma en que ha conducido esta compleja directiva hasta esta fase avanzada.

Todos esperamos que el Consejo de Ministros sea capaz de dar los pasos necesarios para llegar a un acuerdo en primera lectura. Sin duda, la Presidencia puede hacer un esfuerzo supremo y comprometerse a llegar a una conclusión sobre la cuestión de la comitología en un plazo aceptable para todas las partes. Se han acordado tantas cosas relativas a temas técnicos complejos que sería realmente una lástima –o mejor dicho, un bochorno absurdo– no cerrar el agujero que queda. Sin duda es razonable que el Parlamento aspire a asumir un papel dentro del proceso legislativo que sea equivalente al del otro órgano del poder legislativo, el Consejo. Eso es lo que esperan nuestros electores. De hecho, la mayoría de ellos creen que ya es así. Todo lo que pedimos es que el Consejo examine esta aspiración con diligencia.

El sector financiero necesita seguridad jurídica a tiempo y no nos perdonará fácilmente –ni al Parlamento ni al Consejo– si contrariamente al sentido común permitimos que esta importante Directiva no sea adoptada por lo que a los ojos del mundo exterior podrían parecer sutilezas interinstitucionales .

Permítanme pasar ahora a algunas consideraciones de carácter internacional. Casi todas las compañías bancarias, de seguros o de gestión de activos de Europa se verán afectadas por este nuevo régimen y tendrán que asumir los gastos que implicará el ajuste de sus sistemas. En los Estados Unidos, por su parte, solo los bancos internacionales de mayor tamaño tendrán que cumplir esta normativa. Las ventajas competitivas probablemente llevarán al menos a algunos competidores de medianas dimensiones a adoptar igualmente el Acuerdo de Basilea II. Sin embargo, incluso las entidades financieras de menor tamaño deberán cumplirlas y soportar un coste financiero considerable para hacerlo, mientas que sus competidores estadounidenses, como las empresas de gestión de activos, no tendrán que hacerlo. ¿Cómo piensa la Comisión garantizar la igualdad de condiciones en el mercado mundial para nuestras entidades financieras de todo tipo y tamaño?

  Pervenche Berès (PSE). – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, se nos propone un acuerdo en primera lectura sobre un texto que no puede ser más complejo, en cuyo marco se aprobarán sin problema 304 enmiendas. Es decir, si el Parlamento sabe trabajar con inteligencia cuando debe.

Dicho esto, lo que está en juego en este texto, todo el mundo lo sabe, es absolutamente inmenso. El texto establece el equilibrio entre un enfoque sensible al riesgo y un enfoque que es sensible a los desafíos reales en términos de competencia, tanto dentro como fuera de la Unión Europea.

Haré tres observaciones. La primera es que, con respecto al contenido de este texto, todos los aspectos que nos permitan evaluar y tener más en cuenta los riesgos en que incurre del sector bancario –y más globalmente del sector de las entidades financieras– son pasos en el sentido correcto, siempre que vayan acompañados de una razonable consolidación y, sobre todo, de la institución de mecanismos de supervisión eficaces. Es todo el debate que hemos mantenido sobre la dimensión de los bancos, las consolidaciones en el interior de los grupos y la evaluación de los riesgos. Creo que, detrás del modo en que se ha gestionado este asunto, la cuestión de saber cómo se implanta un supervisor principal a escala europea sigue siendo totalmente esencial y tendremos que volver sobre ello en los próximos años.

Unas palabras sobre las PYME. Me atrevo a esperar que la solución propuesta vaya en la dirección correcta y que no conduzca, por el contrario, a la escasez de créditos para las PYME. El debate está abierto, pero personalmente tengo mis dudas al respecto.

El segundo punto, y mi colega el señor Purvis acaba de hablar de él, se refiere a las relaciones internacionales. Sé, señor Comisario, que les concede usted una gran importancia y, con toda franqueza, desde que seguimos este asunto me ha chocado el desequilibrio existente en el modo de enfocar la integración, la apropiación, de los Acuerdos de Basilea II. Sabemos el papel que han desempeñado los norteamericanos en la definición y en las negociaciones de Basilea II, pero vemos hoy un gran interrogante en cuanto al calendario y el ámbito de aplicación de este Acuerdo al otro lado del Atlántico. Detrás de todo esto hay un desafío en términos de competencia para nuestras economías que no podemos ignorar y contamos con su vigilancia para que esto no se convierta en una situación que genere discriminaciones para la Unión Europea.

El último punto que quiero tratar se refiere a la cuestión de la comitología, de la cual han hablado mis colegas. En primer lugar, el Comisario nos ha dicho: «No secuestremos estos acuerdos porque los mercados no lo comprenderían». Pero los mercados, como sabe, hacen lo que quieren. Hoy nos dirán: «Debéis adoptar absolutamente este texto. Si no lo hacéis, será una catástrofe». Y, mañana, cuando no estén conformes con el modo en que usted haya aplicado el nivel I del Acuerdo, vendrán a vernos y se alegrarán mucho de que exista un Parlamento en el que se pueda revisar si las medidas de comitología han suficiente o insuficientemente aplicadas. Por tanto, no escuchemos demasiado a lo que tengan que decirnos los mercados y hagamos nuestra labor legislativa. Mi último comentario será para expresar mi satisfacción de que la Presidencia británica haya creado un Grupo de Amigos de la Presidencia. Creo que es un buen modo de llegar a un acuerdo. Lamento simplemente que el Consejo no esté aquí para participar en esta importante discusión en el debate entre las instituciones.

  Nils Lundgren (IND/DEM). - (SV) Señor Presidente, la Directiva sobre la adecuación del capital actualiza un conflicto recurrente de objetivos en la cooperación comunitaria, un conflicto de objetivos que todos tenemos motivos, en principio, para analizar y debatir antes de adoptar una postura.

Por un lado, existen a menudo buenos motivos para introducir normas comunes de alcance comunitario para que el mercado interno funcione eficazmente. La divergencia de normas entre los Estados miembros en ámbitos cruciales comporta elevados costes y, por tanto, menos prosperidad. Eso también vale para el mercado financiero.

Por otro lado, existen buenos motivos para no obligar a los Estados miembros a adoptar normas comunes que terminen formando parte de nuestro acervo comunitario y que, por tanto, impidan a los distintos países tomar la iniciativa y desarrollar sistemas normativos. Gran parte de la dinámica de nuestras economías se basa en la competencia institucional entre países a la hora de crear instituciones eficientes y capaces de promover el crecimiento. El frecuente uso de expresiones como buenas prácticas y evaluación comparativa refleja el conocimiento de este importante proceso.

Lamentablemente, esta Cámara apenas presta atención, si es que le dedica alguna, a la competencia institucional. Ahora bien, en lo que respecta a Basilea II, estamos hablando de un mercado totalmente mundial que engloba a un grupo de protagonistas muy bien informados y capaces de actuar en cualquier momento. En ese mercado existe poco margen para adoptar posiciones especiales a escala comunitaria. En lo que respecta a Basilea II, cada país debería funcionar de manera independiente dentro del marco de la cooperación entre los bancos centrales. Realmente no hay motivos para mezclar a la Unión Europea y al Parlamento Europeo en ese proceso. No es competencia nuestra.

Por último, permítanme que me sume a otros oradores que han lamentado el hecho de que este Parlamento trate de utilizar el informe que hoy nos ocupa como elemento de la constante lucha de poderes institucionales que libran las instituciones de la Unión Europea. La Lista de Junio no quiere contribuir a fortalecer el poder de esta Cámara.

  Ieke van den Burg (PSE). - (NL) Señor Presidente, entiendo que yo también puedo utilizar el tiempo de uso de la palabra del señor Goebbels. Como varios diputados han hablado ya del contenido del informe que hoy nos ocupa, no voy a decir mucho al respecto; pero sí quiero decir algo sobre el procedimiento, no sin antes desahogarme confesando una cosa.

Para los legos, se trata de un expediente técnico e impenetrable con unas 800 enmiendas; un documento de 10 centímetros de grosor como mínimo. Con razón se preguntarán ustedes qué es lo que pretende Bruselas. ¿Dónde está la indignación, dónde los artículos críticos en la prensa? Una vez más, no se trata de proteger a los trabajadores contra el cáncer de piel causado por una exposición excesiva al sol, un tema sobre el cuál todos tienen una opinión y que, en el anterior período parcial de sesiones, fue objeto de denuncia desde todas partes.

No, esta vez se trata de la protección del capital invertido. ¿Se trata, pues, de un objetivo totalmente diferente y más noble? ¿Se trata de algo en lo que Europa puede implicarse de lleno? No hay indignación selectiva. Por suerte, en lo que a mí respecta puedo asegurarles que no tengo nada en contra de este informe, pero en el futuro no apliquemos dobles raseros cuando se trata de proteger a los trabajadores.

Ahora quiero centrarme en el informe. Me alegro y me enorgullece también que hayamos logrado preparar este complejo informe, que incluye nuevas normas sobre la cartera de negociación, con tanta rapidez y eficiencia en nuestra Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, por lo que todos los implicados merecen ser felicitados. Esta firmeza es algo que los Estados Unidos, en particular, siguen con una mezcla de asombro y envidia. Es lo que necesitamos para que Europa sea competitiva y atraiga inversiones en materia de crecimiento y empleo; es lo que importa para la Estrategia de Lisboa.

Pero la forma en que estamos abordando el asunto, con tantas enmiendas y anexos técnicos, no es algo que me atraiga mucho, ni creo que así vayamos a conseguir legislar mejor. Para la legislación que regula los mercados financieros hemos desarrollado un método de trabajo más inteligente que se denomina «procedimiento Lamfalussy». De acuerdo con ese procedimiento, las instituciones de la Unión Europea adoptan la legislación marco, mientras que los detalles técnicos se delegan en los diferentes comités en el proceso de comitología y a los grupos europeos de supervisores que, a su vez, delegan en los operadores del mercado y otras partes interesadas, pero manteniendo con ellos una relación muy estrecha basada en el diálogo y la consulta.

Esto no solo es necesario para aliviar la carga que soportan las empresas, sino también para permitir una respuesta mucho más flexible y adecuada ante la evolución de unos mercados dinámicos. Soy una firme defensora de este planteamiento y creo que podemos utilizarlo para encontrar soluciones eficaces y una mejor legislación también en otros ámbitos.

Paradójicamente, todavía no hemos aplicado el método Lamfalussy a esta directiva sobre la adecuación del capital, pero ahora lo estamos decidiendo todo, incluso los anexos y las fórmulas matemáticas, al nivel de los legisladores como grupo. En su lugar nosotros preferiríamos que, una vez entrada en vigor la directiva, la posibilidad de inyectarla ese dinamismo y flexibilidad se vinculara a unas condiciones y a un determinado horizonte temporal.

Quiero dejar claro que no es, y recalco el no, porque nos opongamos al método, sino porque todavía falta una condición fundamental en el procedimiento Lamfalussy, y me refiero al derecho de avocación del Parlamento. Creo que debo decir eso en voz alta una vez más, que es precisamente lo que hemos pretendido hacer en esta directiva para ejercer presión y conseguir el derecho de avocación formal. No nos importa cómo se haga. El problema volvió a plantearse en 1999, antes de que se reunieran las convenciones para modificar el tratado, y ahora hay que encontrar una solución estructural al problema. La pelota está en el tejado del Consejo y esperamos que los Ministros del ECOFIN dejen claro a sus homólogos de Asuntos Generales y Asuntos Exteriores la necesidad de encontrar una solución, venga de donde venga. Pienso que ese debería ser el mensaje fundamental del actual debate.

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, me sumo gustoso a los agradecimientos dirigidos al ponente, que al final ha sabido demostrar suficiente capacidad para escuchar y llegar a un acuerdo, que no satisface a todos pero sí a muchos de nosotros. El carácter extremadamente técnico de esta directiva no puede hacernos olvidar su objetivo fundamental; la aplicación de los Acuerdos de Basilea II a escala comunitaria es absolutamente esencial para el sector bancario en Europa.

Junto con otros colegas he luchado por oponerme a una lógica de armonización extrema en el ámbito de los créditos hipotecarios, y celebro que hayamos ganado la batalla. El mercado de los créditos hipotecarios, que es una idea alemana, está en plena expansión, sobre todo desde la introducción del euro; con un importe del orden de 1,6 billones de euros, constituye el mayor segmento de crédito privado. Ahora bien, el mantenimiento de las disposiciones inicialmente previstas habría puesto fin abruptamente a esta actividad, que abarca las principales plazas financieras de la Unión: Londres, Dublín, París y Luxemburgo.

Los bonos garantizados son uno de los raros productos europeos que los norteamericanos nos envidian; no hagamos de ellos un instrumento abocado al desuso aplicando criterios demasiado restrictivos que impidan a los bancos hacer de ellos un uso que responda a su finalidad.

Con respecto a los bonos hipotecarios, que se encuentran entre los instrumentos financieros más seguros y gozan de las cotizaciones más altas, nadie habría comprendido que pusiéramos rumbo a un estado de inflexibilidad y no dejáramos ningún margen para la normativa nacional. Por ello, la definición de los bonos hipotecarios y el umbral de cobertura han sido finalmente adaptados para que sean compatibles con las disposiciones legales vigentes. Esta decisión se imponía, aunque lamento que, en términos de impagos dados perdidos, la directiva vaya mucho más allá de lo que es necesario, con tipos muy superiores a las pérdidas efectivamente absorbidas por las entidades de crédito.

Concluiré con dos observaciones. En primer lugar, observo una vez más que el enfoque de la consolidación y la armonización conduce a un callejón sin salida. No confundamos la necesidad de un marco común con el igualitarismo. En segundo lugar, el diálogo con los sectores interesados financieros puede conducirse con plena transparencia y para satisfacción de todos.

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). - (SV) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Radwan y felicitarle por el excelente, complejo e importante trabajo que ha hecho.

Si hay algún ámbito donde se demuestre la importancia de la cooperación europea, es precisamente este, donde estamos creando un gran mercado financiero. A mi colega diputado sueco que ha intervenido antes quiero decirle que, si no hemos tenido cooperación europea, tampoco deberíamos tener la oportunidad de ejercer un control democrático y parlamentario sobre la legislación adoptada en ese ámbito. Ahora los mercados financieros son estables, eficientes y previsibles. La directiva implicará asimismo una evaluación de riesgos más flexible que –y esto es importante recordarlo– es básicamente buena para los consumidores y las empresas de Europa. Lo importante, como ya se ha dicho en esta Cámara, es que eso conlleva también unas normas básicas idénticas en el mercado mundial y en relación con el mercado estadounidense. Ahora bien, también es importante porque comporta unas normas básicas idénticas en otro sentido, gracias a lo cual veremos nuevas instituciones financieras desarrollarse en unos mercados financieros dinámicos. Al igual que hemos sido testigos de la convergencia de los bancos y las compañías de seguros en las últimas décadas, ahora veremos la aparición de nuevos productos y nuevas estructuras.

Por tanto, es importante que en la práctica esta directiva no dificulte el desarrollo dinámico del mercado, sino que permita el desarrollo y la competencia en igualdad de condiciones de nuevos tipos de empresas. El seguimiento de los mercados precisamente en este sentido será una tarea importante para la Comisión, así como para los debates aquí en el Parlamento. Me complace que hayamos podido adoptar unas normas de transición que brinden a las autoridades nacionales la oportunidad de consolidar ese desarrollo, pero una vez la directiva entre en vigor y sus normas sean aplicables, una de las tareas del Parlamento y de la Comisión será garantizar una apertura al cambio que acepte positivamente la variabilidad de los mercados financieros. De lo contrario, en Europa seremos menos competitivos. Por eso es una tarea importante.

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, para las pequeñas y medianas empresas de Europa, Basilea II se ha convertido en sinónimo de complicación de la obtención de créditos a medida que la situación se hace más problemática. La aceptación de Basilea II en su forma original habría sido una señal muy negativa para la situación económica actual de Europa y, por tanto, quiero agradecer al ponente de nuestro Grupo, el señor Radwan, el dificilísimo trabajo que ha tenido que hacer al respecto. Considero que esta directiva, tal como se presenta en su informe para la Comisión de Asuntos Monetarios y Económicos, nos proporciona un medio excelente para disipar los temores de las pequeñas y medianas empresas.

El segundo punto que quiero comentar es el mismo que ya ha planteado la señora Berès. No es frecuente que ella y yo estemos de acuerdo en algo, pero en esta ocasión y en este tema, sí que lo estamos. Es sorprendente que el sector bancario estadounidense, del que se deriva originalmente esta directiva, esté ahora demorando su aplicación en los bancos estadounidenses más pequeños. Aunque soy un firme creyente en la relación transatlántica, me parece que hemos de tener cuidado para que la armonización económica en Europa no nos lleve por caminos diferentes a los que siguen al otro lado del Atlántico. Solamente seremos el espacio económico más fuerte del mundo si cambiamos al mismo ritmo que ellos.

Permítanme concluir manifestando mi acuerdo con lo que el señor Radwan ha dicho sobre la comitología. El mensaje que ha de llegar a los muchos ciudadanos europeos que se quejan de falta de claridad sobre quién decide qué en Europa, es que aquí en el Parlamento Europeo se toman las decisiones de índole política y por eso apoyo la cláusula de suspensión que va a aplicarse durante dos años. En 2007 habrá tres directivas más que habrán pasado por el procedimiento de Lamfalussy: la Directiva sobre responsabilidades relacionadas con los prospectos, la Directiva sobre el abuso del mercado y la Directiva sobre conglomerados financieros. Las tres pasarán por dicho proceso y las tres, o así lo creo, deben comportar claridad y estabilidad a los mercados financieros. Ahí es donde el Parlamento Europeo puede desempeñar su papel importante y, por tanto, acojo con satisfacción esta directiva en la forma en que la ha presentado el señor Radwan.

  Jean-Paul Gauzès (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar al señor Radwan por la calidad de su informe en un ámbito muy técnico pero fundamental para la actividad bancaria. El proyecto de directiva establece o actualiza los principios de seguridad general del sistema bancario, en particular en materia de solvencia de las entidades de crédito.

Dos aspectos concretos merecerán en el futuro una reflexión más profunda: la división de los riesgos, a fin de controlar razonablemente la proporción de los fondos propios reglamentarios validados por una sola firma y la armonización de las normas relativas al control interno para tener en cuenta las circunstancias de los grupos bancarios transfronterizos. A este respecto, habría deseado –y presenté enmiendas en este sentido– que la dimensión europea se tuviera más en cuenta en los préstamos transfronterizos dentro de un grupo y la supervisión sobre una base consolidada. No obstante, admito que el proyecto de directiva, tal como ha sido modificado por el Parlamento, ha logrado el mejor equilibrio actualmente imaginable, de forma realista, entre las responsabilidades de las autoridades reguladoras del país de origen y las del país de acogida para los grupos bancarios que realizan actividades transfronterizas.

Me parece que las propuestas de la Presidencia del Consejo preservan de forma pragmática los derechos legítimos del Parlamento, dada la lamentable ausencia de Constitución. Por su parte, los bancos han movilizado desde hace varios años medios humanos, financieros y técnicos para cumplir el plazo. Por tanto, el plazo legal debe mantenerse, cualesquiera que sean las preguntas que formulen los estadounidenses. Es importante que la directiva pueda entrar en vigor en la fecha prevista. Por ello, espero que el Parlamento adopte el proyecto que se le presenta y que se llegue a un acuerdo en primera lectura.

  Paul Rübig (PPE-DE). - (DE) Señor Presidente, Señorías, quiero empezar por decirle a la Comisión que el trabajo empieza aquí. Es posible que el señor Radwan haya elaborado un informe excelente, pero lo que importa es que el Comisario Verheugen centre su atención en la cuestión de cómo aplicar mejor esta directiva en Europa, cómo prevenir las insolvencias y promover la creación de empresas. La tarea del Comisario Kovács consiste, a mi entender, en reflexionar sobre cómo podrían las empresas en el futuro pasar a pérdidas y ganancias más partidas menores –los tipos en Estados Unidos, por ejemplo, son sustancialmente más elevados– y cómo podrían trasladar las pérdidas a ejercicios futuros y posteriores. Ahí es donde la Comisión debe intervenir creativamente, teniendo en cuenta la competencia, porque este proyecto de Basilea debe tratar, al fin y al cabo, de racionalización y reforma; su finalidad es ahorrar costes en lugar de generar otros nuevos y por eso recomiendo también aquí las evaluaciones comparativas y las buenas prácticas.

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias a los diputados a la Cámara por sus comentarios tan constructivos sobre instrumento legislativo de tanta importancia y, como ya dije al principio, felicito al señor Radwan y a los ponentes alternativos por su labor, y a la comisión parlamentaria por el trabajo tan profundo, intenso y técnico que ha realizado sobre este tema sumamente complejo.

Estoy de acuerdo con los oradores que han destacado la importancia de esta Directiva. Lo que será positivo para las entidades financieras, será bueno para el crecimiento económico, el empleo, la economía y una mayor estabilidad financiera. A veces algunos sectores del público ven las cuestiones relacionadas con los bancos y las entidades financieras con cierto cinismo y consideran que estos cobran intereses excesivos y hacen grandes beneficios a su costa. Sin embargo, de no ser por los bancos y las entidades de crédito, no podría haber grandes éxitos económicos. Por ello nos interesa a todos –incluidos los diversos agentes e interesados– disponer de un sector financiero bien regulado y que los riesgos se evalúen correctamente. Y también es importante para los impositores. Esta es la otra cara de la actividad crediticia, ya que si nadie depositara su dinero en los bancos, estos no tendrían dinero para prestar. Por esta misma razón es importante igualmente para los accionistas e inversores. También lo es para el personal de las entidades financieras. Por consiguiente, lo que será positivo para el sector bancario será bueno para todos nosotros.

Un estudio reciente calcula que si se aplicase la propuesta de Directiva los bancos reducirían su adecuación del capital entre 80 000 y 120 000 millones de euros. Asimismo se dice que esta Directiva reducirá más del 50 % la adecuación del capital para los préstamos a las PYME. Este Parlamento ha presentado enmiendas a nuestras propuestas que mejoran aún más las normas para los préstamos a los particulares y las PYME. Algunos oradores han mencionado el tema de las hipotecas islámicas. Necesitamos normas para asegurarnos de que ese tipo de préstamos no aprovechen las lagunas existentes y sorteen cualquier regulación.

El señor Ryan y la señora Lulling han preguntado sobre los bonos hipotecarios o las obligaciones garantizadas con activos. Observo que la flexibilidad que introducen las enmiendas del Parlamento reducirá aún más las restricciones obligatorias para las denominadas obligaciones garantizadas, lo que positivo para los mercados.

Otros miembros de esta Cámara –concretamente la señora Berès y el señor Purvis– han preguntado sobre la igualdad de condiciones entre Europa y los Estados Unidos. En primer lugar, me gustaría señalar que los bancos pequeños y medianos norteamericanos han solicitado que se extiendan a ellos las ventajas del Acuerdo de Basilea II, y me parece que los Estados Unidos harán durante el mes próximo propuestas a tal fin.

En segundo lugar, en lo relativo a la igualdad de condiciones, todos los grandes bancos norteamericanos que compiten directamente con los bancos europeos que operan a escala mundial quedarán incluidos en el marco de Basilea.

Tomo nota, no obstante, de lo que han dicho el señor Purvis y la señora Berès, no solo sobre este tema, sino también sobre otros ámbitos relacionados con los Estados Unidos. Sé que la señora Berès se interesa especialmente por este tema y lo tendré en cuenta.

Casi todos los oradores han mencionado la cuestión general de la comitología. Corresponde al señor Radwan el honor de haber situado este tema en la primera línea del debate y de haberlo ampliado igualmente a otros ámbitos.

Por lo que respecta la comitología, observo con satisfacción que el ponente avanza una propuesta útil y constructiva, y espero que podamos llegar a una conclusión efectiva, no solo para esta Directiva, sino también en otros ámbitos, con la cooperación de los distintos agentes.

También me complace informar a sus Señorías de que la Comisión está en condiciones de dar su pleno apoyo al compromiso alcanzado en relación con estas enmiendas. El paquete presentado ante el Pleno es un compromiso equitativo que tiene en cuenta las deliberaciones entre el Consejo y el Parlamento, y que también gozará del firme apoyo del sector bancario. Además, las soluciones que propone son equilibradas y respetan las intenciones iniciales que la Comisión tenía para este instrumento legislativo.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.