Acta literal de los debates

Jueves 27 de octubre de 2005 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR. FRIEDRICH
Vicepresidente

(Se reanuda la sesión a las 10.05 horas)

  Hans-Gert Poettering, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, Señorías, supongo que han tomado nota de la declaración realizada ayer por el Presidente Ahmadinejad de Irán, quien ha expresado su deseo de borrar del mapa el Estado de Israel, argumentando que eso es lo que querría el ayatolá Jomeini. Decir esto es una monstruosidad y con ello el Presidente de Irán se está poniendo del lado de los terroristas. Para nosotros la integridad y la seguridad de Israel son muy importantes y las defendemos.

En nombre de mi Grupo, quiero anunciar nuestra intención de plantear esta cuestión de manera muy seria. La propondremos para el próximo periodo parcial de sesiones de esta Cámara, y acogeríamos con satisfacción el apoyo de los demás Grupos. Veo que la señora Koch-Mehrin y el señor Swoboda se encuentran aquí, al igual que otros diputados que también podrían brindarnos su apoyo.

  Hannes Swoboda, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, si la declaración fue expresada verdaderamente en esos términos, se trata por supuesto de algo inaceptable para cualquier diputado a esta Cámara y no podemos pasarla por alto en silencio. Este asunto exige una respuesta apropiada, por lo que, en nombre de mi Grupo, deseo expresar mi más firme apoyo a la idea del señor Poettering de incluir esta cuestión en el orden del día del próximo periodo parcial de sesiones.

  Silvana Koch-Mehrin, en nombre del Grupo ALDE. – (DE) Señor Presidente, si realmente se han realizado estas declaraciones, nosotros también las consideramos inaceptables, escandalosas y peligrosas. Es increíble que un Presidente se dirija a una conferencia con el tema de «Un mundo sin sionismo» y que se exprese en tales términos. Esto es absolutamente inaceptable, y apoyamos la propuesta de someter a debate este asunto en esta Cámara.

  El Presidente. Se ha tomado nota de sus propuestas, al igual que su intención de plantear esta cuestión, en su momento, en órganos como la Conferencia de Presidentes.

2. Presentación de documentos: véase el Acta

3. Actividades del Defensor del Pueblo Europeo (2004)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0276/2005) del señor Mavrommatis, en nombre de la Comisión de Peticiones, relativo al informe anual de actividades del Defensor del Pueblo Europeo durante el año 2004 (2005/2136(INI)).

  Nikiforos Diamandouros, Defensor del Pueblo. (EN) Señor Presidente, quiero agradecerle esta oportunidad de dirigirme al Parlamento y de presentar el informe anual de 2004, mi primer año completo de mandato.

El año 2004 fue enormemente significativo para la Unión Europea: un año de ampliación histórica, elecciones europeas, una nueva Comisión e intensos debates sobre la Constitución. Estos acontecimientos y la atención popular que atrajeron tuvieron importantes consecuencias para el Defensor del Pueblo, como explicaré en un minuto.

El informe anual registra los progresos que hemos realizado en la tramitación de las reclamaciones, en la promoción de la buena administración y en los esfuerzos para que los ciudadanos conozcan mejor al Defensor del Pueblo. En total se recibieron 3 726 reclamaciones, un aumento del 53% en comparación con el año anterior. El aumento de las reclamaciones no es consecuencia del empeoramiento de la gestión administrativa por parte de las instituciones; más bien, refleja el aumento de conciencia general de los ciudadanos de las cuestiones europeas y un conocimiento cada vez mayor de sus derechos y del modo de ejercerlos.

Como he mencionado, 2004 fue un año en el que los temas europeos tuvieron un lugar destacado en los titulares de toda la Unión. También realicé enormes esfuerzos por informar a los ciudadanos de su derecho a realizar reclamaciones al Defensor del Pueblo europeo y a hacer correr la voz respecto a los resultados positivos alcanzados. Con todo, di más de 30 conferencias y presentaciones públicas y sostuve más de 150 reuniones con defensores del pueblo, funcionarios públicos y otros interlocutores en los Estados miembros y países candidatos.

Durante el año 2004 pude ayudar a casi un 70 % de las personas que me presentaron reclamaciones. La ayuda se dio en una de estas tres formas: abrir una investigación, transferir el caso a un organismo competente o aconsejar sobre dónde acudir para lograr una solución rápida y eficaz al problema. Concluí 251 investigaciones durante el año. En el 45 % de los casos, la investigación no reveló una mala gestión administrativa. Dicho resultado no siempre es negativo para el reclamante, que al menos tiene el beneficio de una explicación completa del organismo institucional en cuestión respecto a sus acciones. Además, incluso cuando no hay una mala gestión, a veces también puedo identificar una oportunidad para que el organismo institucional mejore la calidad de su administración en el futuro. En ese caso, subrayo este aspecto en otra observación en la decisión final.

Cuando existe una mala gestión, intento, si es posible, lograr un resultado positivo que satisfaga tanto al reclamante como a la institución. En el 28 % de los casos, mis investigaciones tuvieron como resultado o bien la resolución del caso para satisfacción del reclamante o un arreglo amistoso. Cuando no es posible un arreglo amistoso, cierro el caso con una observación crítica o elaboro un proyecto de recomendación.

Un ejemplo de proyecto de recomendación aceptado en 2004 fue un caso en el que la Comisión concedió una compensación ex gratia a una pequeña empresa a la que no se le había concedido tiempo suficiente para preparar una propuesta para un contrato de investigación y desarrollo.

Si un organismo institucional comunitario no responde de manera satisfactoria a un proyecto de recomendación, la última arma del Defensor del Pueblo es un informe especial al Parlamento Europeo. En 2004 solo se elaboró un informe especial, tras la negativa de la Comisión a reconsiderar sus normas respecto a la graduación de funcionarios de prensa en sus delegaciones. Realicé el proyecto de recomendación en este caso porque la Comisión no proporcionó una explicación coherente y convincente de las variaciones en su práctica actual, a pesar de haber tenido oportunidades suficientes para hacerlo durante mi investigación.

En mi opinión, es importante que las instituciones europeas estén dispuestas a repensar las cosas, y no dar la apariencia de que actúa de modo arbitrario. Agradezco el apoyo del Parlamento en esta importante cuestión de principio, tal y como se expresa en el apartado 11 del informe del señor Mavrommatis.

A lo largo del año concluyeron dos investigaciones de propia iniciativa que abordaban cuestiones sistémicas con resultados positivos. La Comisión aceptó la necesidad de mejorar la administración de las escuelas europeas y se comprometió a cooperar con los padres. Animé a la Comisión a que trate de garantizar que las propias escuelas reconozcan la necesidad de otorgar poderes a los padres y ganarse su confianza. La Comisión también aceptó y ejecutó un proyecto de recomendación para introducir un procedimiento interno de reclamaciones para expertos nacionales en comisión de servicios.

Ahora me gustaría decir algunas palabras sobre mis prioridades para el futuro. La primera prioridad es promover un enfoque dirigido al ciudadano por parte de las instituciones y organismos de la UE en todas sus actividades. Con este fin, buscaré cualquier oportunidad de manera sistemática para llegar a las instituciones a fin de fomentar las mejores prácticas y promover soluciones amistosas. La cooperación activa de las instituciones y organismos es esencial para el éxito del trabajo del Defensor del Pueblo para los ciudadanos. El informe anual incluye muchos ejemplos de actuaciones rápidas por parte de las instituciones para resolver casos que les fueron planteados y de respuestas positivas a mis propuestas y recomendaciones.

Durante las visitas a las instituciones y organismos, subrayé el valor de reaccionar de manera rápida y constructiva a las reclamaciones. Nuestro objetivo final debe ser garantizar el mejor servicio posible para el ciudadano. Seguiré presionando para lograr poner fin a la confusa situación actual en la que las distintas instituciones y organismos aplican códigos distintos de buena administración.

El Parlamento ya aprobó el 6 de septiembre de 2001 el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa. Ese texto incluye las normas y principios que deberían aplicarse a todas las instituciones y organismos de la Unión. El Código ha sido reconocido ampliamente a escala internacional, en los Estados miembros y países candidatos, en el Consejo de Europa y en el resto del mundo. Es, según todas las informaciones, un gran acierto europeo del que tanto el Parlamento como el Defensor del Pueblo pueden estar con razón orgullosos.

Me animó la positiva reacción del Presidente de la Comisión respecto a este punto cuando me reuní con el Colegio de Comisarios en mayo de este año. Con la cooperación de la Comisión, creo que sería posible la adopción de un código común en 2006.

También tengo intención de retomar la cuestión del estatuto del Defensor del Pueblo. Mi objetivo principal es garantizar que los ciudadanos tengan plena confianza en el poder del Defensor del Pueblo para encontrar la verdad al escuchar a testigos o inspeccionar documentos. Asimismo, me gustaría cooperar con el Parlamento para garantizar que las reclamaciones de los ciudadanos respecto a las violaciones de los derechos fundamentales incluidos en la Carta puedan ser planteadas ante el Tribunal de Justicia si una cuestión de principio importante no puede resolverse de ninguna otra manera. El Parlamento también tiene derechos plenos como institución para someter asuntos al Tribunal. En ese contexto, podría ser útil para el Defensor del Pueblo tener poder para intervenir en dichos asuntos; un poder, apunto, que ya se ha concedido al Supervisor Europeo de Protección de Datos, con quien mantuve una reunión muy amistosa y productiva la semana pasada.

Una tercera prioridad es profundizar mi estrecha cooperación con los defensores del pueblo de los Estados miembros mediante la Red Europea de Defensores del Pueblo. La red permite la transferencia rápida de casos, compartir las mejores prácticas y promover un flujo libre de información acerca de la legislación europea y su aplicación en el ámbito nacional, regional y local. El objetivo es promover una buena administración en todo el territorio de la Unión para que los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos de acuerdo con la legislación europea. Me complace que, tras una valiosa propuesta contenida en el informe De Rossa el año pasado, la Comisión de Peticiones participe en la red como miembro pleno y estuviera representada en la reunión de Defensores del Pueblo nacionales, que tuvo lugar en La Haya en septiembre.

Quiero dar las gracias a los miembros de la Comisión de Peticiones, y especialmente al ponente de este año, el señor Mavrommatis, por su apoyo y propuestas constructivas tal y como se reflejan en el informe del Parlamento.

Ya he mencionado hoy muchas de las cuestiones sobre las que el informe formula sabios consejos, al menos al Defensor del Pueblo. Respecto a otros puntos, ya me he comprometido a solicitar una comparecencia ante la Comisión de Peticiones cuando estime conveniente y necesario presentar un informe especial a esta Cámara tras el rechazo de una solución amistosa o un proyecto de recomendación.

A principios de este mes presenté dos informes especiales a la Comisión de Peticiones. El primero versaba sobre el trato financiero del personal de la Comisión cuyos niños no pueden asistir a las Escuelas europeas por su grado de discapacidad. El segundo informe revelaba que el Consejo no ha alegado ningún motivo válido para seguir legislando a puerta cerrada. El Consejo podría modificar fácilmente su Reglamento para poder celebrar reuniones legislativas públicas.

También propugno firmemente la mejora de la información a los ciudadanos respecto a los servicios prestados por los miembros de la Red Europea de Defensores del Pueblo. Pretendo introducir una guía interactiva en nuestra página web para ayudar a los reclamantes a que encuentren al Defensor del Pueblo apropiado para tratar su asunto, ya sea a escala europea, nacional o regional.

Hace unas semanas celebramos los diez primeros años del Defensor del Pueblo Europeo. Para la ocasión publicamos un volumen que relata la historia de la institución. También hemos organizado una serie de actos conmemorativos con éxito, incluido uno para el Parlamento Europeo el 27 de septiembre de este año. Se celebrarán más actos en las próximas semanas tanto en Estrasburgo como en Bruselas.

Creo que las relaciones de buena voluntad, confianza y comprensión que se han construido en la última década son un valioso recurso para mejorar la calidad de la administración pública en Europa en beneficio de los ciudadanos. El Parlamento Europeo y su Comisión de Peticiones son socios fundamentales para el Defensor del Pueblo Europeo a este respecto.

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE), ponente. – (EL) Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Diamandouros por su colaboración, que tanto apreciamos, en la elaboración y redacción de este informe. También quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Comisión de Peticiones, al señor Libicki, a todos mis colegas que se encuentran hoy aquí, a sir Robert Atkins y a todos aquellos que han contribuido a este informe.

Señor Comisario, señor Diamandouros, Señorías, el Defensor del Pueblo es una institución independiente y un mecanismo para controlar la administración de la Unión Europea. El informe que nos presentó el señor Diamandouros en la reunión de la Comisión de Peticiones en Estrasburgo constituye una referencia fundamental para la redacción del informe anual por parte del Parlamento Europeo sobre las actividades del Defensor del Pueblo.

Es un hecho que las reclamaciones aumentaron un 53 % en 2004 en comparación con el año anterior. Aunque se suponía que la ampliación sería la causa principal del aumento del número de reclamaciones recibidas por el Defensor del Pueblo, solo el 51 % de dicho aumento procedió de los 10 nuevos Estados miembros. No obstante, el aumento de las reclamaciones no significa necesariamente que haya más casos de negligencia administrativa por parte de las instituciones de la Unión Europea. Significa que los ciudadanos están mejor informados de sus derechos. Esto se debe principalmente a la intensa actividad del Defensor del Pueblo. Sus numerosas visitas a los Estados miembros y a terceros países, las conferencias públicas, entrevistas de prensa y otras reuniones celebradas a lo largo de 2004 han contribuido a informar a los ciudadanos del papel de esta institución y de su derecho a reclamar. Sin embargo, a pesar de la actividad del señor Diamandouros para informar a la opinión pública, sigue reinando la confusión en lo que se refiere a los ámbitos de competencia del Defensor del Pueblo Europeo. Para concretar, en el año 2004, el 74,8 % de las reclamaciones recibidas por el Defensor del Pueblo Europeo no eran de su competencia. Por consiguiente, como Parlamento Europeo, también nosotros debemos contribuir a una clara diferenciación de las competencias de las instituciones comunitarias a las que pueden recurrir los ciudadanos para ejercer sus derechos.

También quiero comentar ciertas estadísticas que aparecen en el informe anual del Defensor del Pueblo. En el año 2004 se cerraron 251 investigaciones, de las cuales 4 habían sido abiertas por iniciativa suya. Se propusieron 12 soluciones amistosas, 36 casos dieron pie a observaciones críticas, incluida una al Parlamento Europeo por no tomar medidas adecuadas para promover el cumplimiento básico de las normas sobre el consumo de tabaco en sus edificios, se elaboraron 17 proyectos de recomendación y se presentó un informe especial.

Un factor importante de la eficacia de la institución del Defensor del Pueblo es su cooperación con las instituciones de la Unión Europea y el Parlamento Europeo en general. A título de ejemplo me referiré a las informaciones y reuniones regulares entre el señor Diamandouros y la Comisión de Peticiones y su presidente, así como su reunión del 25 de mayo de 2005 con el Colegio de Comisarios. Las conclusiones de dicha reunión subrayan la genuina comunidad de intereses existentes entre la Comisión y el Defensor del Pueblo Europeo a la hora de garantizar que tanto el aspecto correctivo como intervencionista de la tarea del Defensor del Pueblo se lleven a cabo con éxito.

Es un hecho que la mayoría de las reclamaciones están relacionadas con casos de negligencia administrativa. De acuerdo con el informe anual del Defensor del Pueblo de 1997, se produce mala administración cuando un organismo público no obra de conformidad con las normas o principios a que ha de atenerse obligatoriamente. El 22 % de los casos de mala administración se basaron en la falta de transparencia y la denegación de información, el 19 % en la discriminación y el 12 % en retrasos evitables. Además, el 9 % se referían a procedimientos insatisfactorios, el 7 % a agravios comparativos o abusos de poder, el 6 % a negligencias y el 5 % a errores jurídicos.

Así pues, teniendo en cuenta estas estadísticas, el Defensor del Pueblo debería definir el concepto de negligencia administrativa en referencia a las instituciones y órganos a los que se aplica y a las cuestiones que pueden ser objeto de reclamación.

Señor Presidente, señora Wallstöm, quiero señalar también, como menciono en mi informe, que sería muy útil para el Defensor de Pueblo estar presente en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para debatir todas las formas de rechazo por parte de la institución o para entablar una solución amistosa. El informe anual del Defensor del Pueblo también demuestra, entre otras cosas, los esfuerzos que está realizando el Defensor del Pueblo para extender e impulsar la red de defensores del pueblo nacionales y regionales mediante el intercambio de información y de mejores prácticas.

La participación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en esta red podría facilitar la cooperación práctica entre las instituciones europeas y los defensores del pueblo nacionales y regionales y permitiría aumentar los contactos regulares con las comisiones de peticiones de los Parlamentos nacionales y con los defensores del pueblo de los Estados miembros.

El hecho de que el 69 % de las reclamaciones estuvieron dirigidas contra la Comisión es un dato particularmente interesante. Por su parte, la Comisión Europea debería examinar las reclamaciones relativas a infracciones en un plazo de tiempo razonable, para garantizar que las reclamaciones de los ciudadanos se examinen inmediata y efectivamente.

Por último, un punto de referencia en la elaboración de mi informe fue el documento de De Rossa del año pasado sobre el informe del Defensor del Pueblo Europeo de 2003. Si comparamos los informes del Defensor del Pueblo Europeo de los años 2003 y 2004, los resultados fueron positivos y nos llevan a concentrarnos en los puntos de especial interés para la Comisión de Peticiones. Por otra parte, de este modo podemos observar el avance sustancial que se ha producido en un año.

Para concluir, quiero dar las gracias a todos ustedes y, por supuesto, a la secretaría de la Comisión de Peticiones, así como a todos mis honorables amigos que han contribuido con sus enmiendas a la redacción de este informe.

  Margot Wallström, Vicepresidenta de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias al ponente, el señor Mavrommatis, por su informe, que es un documento muy útil. Permite a la Comisión tomar en consideración las opiniones del Parlamento Europeo acerca de una serie de asuntos importantes planteados por el Defensor del Pueblo en su informe anual de 2004.

Déjenme decir que, a mi juicio, la relación de la Comisión con el Defensor del Pueblo estriba en comprometernos firmemente para garantizar la buena administración y la franqueza y, en último término, la democracia. Lo mismo cabe decir de nuestras relaciones con la Comisión de Peticiones del Parlamento. Para mí, el Defensor del Pueblo Europeo tiene la función esencial de tender puentes entre los ciudadanos y la Unión Europea. Sus actuaciones contribuyen a mejorar la interacción y la comunicación de la Comisión con los ciudadanos. Así pues, la Comisión continuará explorando diferentes vías para promover aún más su cooperación y su compromiso con el Defensor del Pueblo Europeo.

Según señala acertadamente el informe del señor Mavrommatis, el número de quejas sobre instituciones y órganos europeos atendidas por el Defensor del Pueblo aumentó el 53 % durante 2004. Coincido con el informe anual del Defensor del Pueblo en que este dato refleja la creciente percepción por parte de los europeos respecto del Defensor del Pueblo Europeo, una evolución que deberíamos acoger con satisfacción.

A la luz del empeño de la Comisión de seguir mejorando y promoviendo su colaboración con el Defensor del Pueblo, quiero aprovechar esta ocasión para subrayar la reciente reforma de los procedimientos internos de la Comisión. La reforma se propone reforzar las garantías de firme responsabilización política por parte de cada Comisario o Comisaria en lo relativo a las consultas del Defensor del Pueblo dentro de su respectiva cartera.

La Comisión ha decidido sustituir la habilitación actual–que ahora solo ostenta el Presidente– por la autorización al Comisario a cargo del asunto objeto de la consulta dirigida al Defensor del Pueblo. Paralelamente, la Secretaría General de la Comisión refuerza su función de guardiana de la coherencia y homogeneidad política y administrativa de las respuestas finales de la Comisión al Defensor del Pueblo. Esta reforma entrará en vigor el 1 de noviembre de 2005.

Además, la Comisión tiene que redoblar sus esfuerzos por aceptar las soluciones amistosas propuestas por el Defensor del Pueblo Europeo. Es necesario tomar en cuenta con prontitud las recomendaciones para que la Comisión haga un seguimiento de determinados aspectos a fin de resolver problemas revelados por diferentes casos. Una de las principales herramientas con que cuenta el Defensor del Pueblo consiste en proponer soluciones que satisfagan tanto a los ciudadanos como a la Administración.

Hay que subrayar una vez más que las consultas del Defensor del Pueblo a menudo no solo producen resultados positivos para los reclamantes, sino que contribuyen a mejorar la calidad de nuestros servicios administrativos.

El informe del señor Mavrommatis hace referencia al tema de la transparencia, incidiendo concretamente en la puesta en práctica del Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativo al acceso a los documentos, un derecho fundamental de los ciudadanos. El informe señala asimismo que el Reglamento nº 1049/2001 es aplicable ahora a las Agencias comunitarias.

Podemos confirmar igualmente que analizamos las solicitudes de acceso a los documentos con sumo cuidado y que las derogaciones del derecho de acceso se aplican sobre la base de cada caso individual.

La función del Defensor del Pueblo en este ámbito es verdaderamente importante. Hemos realizado un progreso notable hacia una mejor y mayor transparencia. Es el caso concreto del acceso a los documentos en procedimientos de infracción. Es fundamental que la Comisión disponga del margen de maniobra necesario para llevar a cabo su procedimiento de forma totalmente independiente. En estos casos es preciso encontrar un equilibrio entre el principio de transparencia y la confidencialidad. La Comisión ha revisado sus prácticas relativas a los procedimientos de infracción cerrados y, en principio, los documentos están ahora disponibles.

La Comisión procura aplicar procedimientos que permitan al Defensor del Pueblo desempeñar su tarea. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo tiene ahora la posibilidad de inspeccionar los archivos. Eso le permite verificar la integridad y exactitud de la información facilitada por la institución u órgano comunitario involucrado. Por consiguiente, constituye una garantía importante para el reclamante y para el público que el Defensor del Pueblo pueda efectuar una investigación exhaustiva y completa.

La Comisión concede gran importancia al tema del Código de buena conducta administrativa, con efecto vinculante para todas las instituciones y órganos de la UE. Enfocamos este asunto con una mentalidad abierta.

El Código propio de la Comisión entró en vigor en noviembre de 2000. Comunicaremos a los órganos afectados los resultados de nuestras deliberaciones al respecto. La reciente creación de la Escuela Europea de Administración realza la importancia de este asunto.

La propuesta de un nuevo Tratado Constitucional proporcionaría a la Unión un fundamento jurídico específico para actuar en este terreno. Sin embargo, dada la situación, hemos de enfocar el tema de manera diferente. De todas formas se puede llegar a una conclusión positiva sobre este asunto y espero que podamos alcanzar el resultado planteado por el Defensor del Pueblo y el ponente.

Permítame decir unas palabras acerca del Estatuto del Defensor del Pueblo. Durante su visita al Colegio de Comisarios, el 25 de mayo de 2005, el señor Diamandouros informó a la Comisión de que había solicitado al Parlamento Europeo que revisara determinados aspectos del Estatuto del Defensor del Pueblo. Deseaba, concretamente, que se le autorizara a intervenir en vistas ante el Tribunal de Justicia en casos relativos a supuestas vulneraciones de los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Es preciso señalar que, en este tema, es el Parlamento Europeo quien tiene el derecho de iniciativa y actúa por votación mayoritaria, previa aprobación del Consejo, limitándose la Comisión a emitir una opinión. La Comisión analizará cualquier iniciativa nueva a este respecto con la máxima atención y apertura de miras.

Nuestra voluntad de cooperar con el Defensor del Pueblo no solo es nuestra obligación, sino que resulta además muy importante para mejorar la administración. Esta es la razón por la que acogemos con satisfacción su informe. Permítanme asegurarles que seguimos empeñados en que la Comisión trabaje aún más estrechamente con el Defensor del Pueblo y con la Comisión de Peticiones del Parlamento.

  Richard Seeber, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, señor Diamandouros, acojo con satisfacción el informe del Defensor del Pueblo y quiero, además, expresar mi más sincera enhorabuena a mi colega, el señor Mavrommatis, por su texto.

Hay pocas dudas de que el Defensor del Pueblo es uno de los medios más importantes para proteger la posición de los ciudadanos en su trato con las instituciones. Siempre que los ciudadanos se relacionan con grandes unidades administrativas, resulta indispensable contar con supervisor externo, decidido y, sobre todo, libre e independiente. Creo que no es ninguna casualidad que fueran los Estados escandinavos los que se dotaran de este instrumento en un momento muy temprano. En la Comunidad se pensó en establecer dicha oficina ya en los años setenta, cosa que finalmente se logró con el Tratado de Maastricht.

La idea original era que el Defensor del Pueblo Europeo fuera un comisario parlamentario que ofreciera asesoramiento y actuara de supervisor, pero en la práctica las cosas han evolucionado rápidamente y esto ha llevado a que el Defensor del Pueblo ejerza en la actualidad de supervisor externo de la administración pública europea y saque a la luz los abusos recurrentes.

Observen las cifras relativas a las reclamaciones y verán que han aumentado de manera constate, aunque, desde mi punto de vista, la lectura principal que debemos hacer no es que la administración europea haya empeorado, sino que cada vez hay más ciudadanos dispuestos a reclamar sus derechos. Esto quita hierro al hecho de que las reclamaciones inadmisibles se hayan mantenido en un nivel elevado y constante, que en promedio es del 70 al 75 %. Lo que sí indican es que hay personas que creen haber sido víctimas de un trato injusto y quieren hacer algo al respecto.

Si estas cuestiones no se plantean de modo constante en la vida diaria, encontrar la forma adecuada no siempre resulta fácil, y los ciudadanos se hacen preguntas como: «¿He facilitado una descripción completa de los hechos de este caso?» «¿Qué me hace pensar, en términos reales, que tengo una reclamación?» «¿Qué derecho ha sido vulnerado?» «¿Qué institución debería intervenir?» Deberíamos considerar las reclamaciones inadmisibles como una oportunidad para pensar cómo crear sistemas que ofrezcan al público una respuesta clara y convincente, o el comienzo de una solución, tanto con rapidez y como sin burocracia.

Por todas estas razones, los esfuerzos del Defensor del Pueblo por crear redes más estrechas entre las oficinas de reclamaciones nacionales y entre dichas oficinas y la suya merecen nuestro pleno apoyo, del mismo modo que sus esfuerzos por mejorar la comunicación. Únicamente por esta vía llegaremos a la ciudadanía en el punto en el que se encuentra actualmente y podremos disipar algunos de sus temores en relación con una Comunidad que, por desgracia, aún sigue siendo principalmente una entidad sin rostro. Definitivamente, hay asuntos que corresponde a la UE abordar a este respecto; tiene que mejorar la administración, aumentar la transparencia, acelerar los trámites, facilitar el acceso a la justicia, incluso mediante instrumentos no judiciales como el propio Defensor del Pueblo y, por supuesto, la Comisión de Peticiones de esta Cámara.

También por esa razón no estoy enteramente satisfecho con la parte del borrador del informe titulada Reflexiones sobre la evolución del papel del Defensor del Pueblo Europeo», donde se hace referencia al «contexto actual de reflexión sobre el déficit pedagógico por parte de las Instituciones europeas y los gobiernos nacionales respecto a los pueblos de la Unión, tras el doble fracaso de los referendos, en Francia y en los Países Bajos, sobre el Tratado Constitucional europeo», entre otras referencias.

¿Qué se quiere decir con esto? De lo que se estamos tratando aquí, sin duda, no es tanto un déficit pedagógico como la cuestión de cómo podemos mejorar las comunicaciones y políticas de la Comunidad. No se trata de hacer una proclamación didáctica desde lo alto sobre cuestiones que la población en su mayoría no apoya.

En este sentido, lo que este informe nos presenta es tanto un análisis de inventario como una misión, no solo para establecer normas mejores que cuenten con el apoyo del público, sino para garantizar al mismo tiempo el debido cumplimiento de las mismas, a la vez que se dota a uno de estos instrumentos, a saber, el Defensor del Pueblo, de los poderes y responsabilidades que necesitará para poder desempeñar su papel de supervisor de modo independiente, sin remitirse a los tribunales, a título gratuito y de manera fácilmente accesible a los ciudadanos.

  Proinsias De Rossa, en nombre del Grupo del PSE. – (EN) Señor Presidente, acojo con satisfacción el informe del señor Mavrommatis y, de hecho, doy la bienvenida al Defensor del Pueblo Europeo aquí hoy en el Parlamento Europeo. La figura del Defensor del Pueblo constituye un vínculo directo entre los ciudadanos y Europa; permite a estos expresar sus preocupaciones acerca de la mala administración a escala europea.

La comisión de la que soy miembro y que ha elaborado este informe, la Comisión de Peticiones, también es un vínculo directo con el ciudadano, pero posee una función diferente por cuanto permite a los ciudadanos asegurar que las autoridades de los Estados miembros cumplan las normas, reglamentos, financiaciones, etc. europeas. Por tanto, el Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo son, en cierto sentido, complementarios entre sí.

La existencia de la figura del Defensor del Pueblo ya es de por sí, a mi juicio, un factor de disuasión de la mala administración, y el décimo aniversario de su creación merece una revisión del estatuto. Espero que este Parlamento, en quien recae esta responsabilidad, aborde dicha tarea en el transcurso de los próximos 12 meses.

La oficina del Defensor del Pueblo ha resuelto sin duda muchos problemas, pero no ha podido solucionarlos todos. Efectivamente, el hecho de que el 75 % de las reclamaciones que recibe la oficina del Defensor del Pueblo no guarden relación directa con instituciones de la Unión Europea y problemas internos de las mismas no es necesariamente, a mi juicio, algo malo. Demuestra que los ciudadanos son conscientes de que existe un órgano capaz de ayudarles, y el hecho de que la Oficina del Defensor del Pueblo le remita al lugar adecuado, donde le pueden brindar una solución a su problema, constituye un servicio importante.

Quiero mencionar aquí una serie de temas; uno de ellos se refiere a las escuelas europeas. Se está elaborando un informe acerca del tema de la subvención de las escuelas europeas para permitir que atiendan a niños con necesidades especiales, lo mismo que se atiende a todos los niños que asisten a las escuelas europeas, de forma gratuita con escolarización obligatoria. Es un asunto que debe abordar la Comisión, y de manera específica el Comisario responsable del presupuesto para las escuelas europeas. A menos que la Comisión presente un análisis detallado del dinero necesario para permitir a las escuelas cumplir debidamente su misión, ya sea impartiendo la educación para las necesidades especiales dentro de las escuelas o facilitándola fuera de dichos centros, estaremos fallando como Unión y, de hecho, como empresa que da empleo a los padres de estos niños.

El otro tema al que quiero hacer referencia es el Código de buena conducta administrativa. Como ya se ha dicho, ha sido aprobado por este Parlamento; este Parlamento funciona ajustándose a él, lo mismo que el Consejo. No existe ninguna razón por la que la Comisión no deba asumir dicho Código de buena conducta administrativa, de manera que contemos con un código común para las tres instituciones. Quiero instar a la Comisaria Wallström a que estudie ese tema y lo plantee en el seno del Colegio de Comisarios.

La observación final que quiero hacer se refiere al informe especial más reciente, una pieza singular –los informes especiales del Defensor del Pueblo son poco habituales– relativa a la necesidad de que el Consejo se reúna en público cuando legisle. Su esfuerzo, señora Comisaria, por promover el Plan D –debate, democracia y diálogo– está siendo boicoteado por el hecho de que el Consejo sigue negándose a legislar en público. No aceptaríamos tal cosa por parte de este Parlamento o de cualquier Parlamento nacional; no debemos permitir que el Consejo se salga con la suya.

  Luciana Sbarbati, en nombre del Grupo ALDE. – (IT) Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias al señor Mavrommatis por su excelente informe, así como al Defensor del Pueblo.

La institución del primer Defensor del Pueblo de Europa se remonta a 1809 y tuvo lugar en Suecia. No obstante, como ciudadana italiana, quiero recordar que fue Giuseppe Mazzini –del que este año se celebra el bicentenario de su nacimiento– quien instituyó la petición que permite a los ciudadanos presentar, tanto individual como colectivamente, peticiones conforme al artículo 10 de la Constitución de la República Romana de 1849. Fue él quien tuvo la idea de una asociación política de los pueblos europeos en una Europa integrada por Estados nacionales libres, federados entre sí: los precursores de la noción de Europa que un siglo después adquirió forma y sustancia en el núcleo inicial de la Unión actual.

El informe anual de nuestro Defensor del Pueblo, que hoy examinamos, nos da una idea del deseo que tienen los ciudadanos de comunicarse con las instituciones comunitarias. Sin embargo, el dato sobre el que debemos reflexionar es que el 72 % de las 3 726 denuncias recibidas se sitúan fuera del marco de su competencia. Es significativo también que el 51 % de los casos sean comunicados por ciudadanos de los países de la ampliación. Esto quiere decir que la percepción que tienen los ciudadanos de la Unión y de sus representantes todavía es confusa y que es innegable que el ciudadano comunitario es muy consciente de sus derechos y que, a través de las denuncias, quiere ejercer su ciudadanía. Pero también es cierto que no consigue identificar bien al destinatario de sus reclamaciones.

La figura del Defensor del Pueblo y la petición han tenido éxito. Este es un hecho que no se puede ignorar. Sin embargo, hay que profundizar en las razones de los errores y de por qué se recurre a ellos de forma equivocada. A mi entender, habría que hacer un esfuerzo también en materia de los plazos necesarios para el examen de las denuncias –como se indica en el informe Mavrommatis–, optimizando en lo posible el intercambio de información y la colaboración entre las instituciones.

Señorías, el cargo de Defensor del Pueblo Europeo fue instituido por el Tratado de Maastricht como parte de la ciudadanía europea, que es una cuestión que todavía está pendiente y que reclama nuevos derechos a resultas de la ampliación, de la complejidad del fenómeno migratorio y de la mundialización. Considero que nuestro Defensor del Pueblo ha cumplido plenamente los tres objetivos que se había comprometido a alcanzar: promover el Estado de Derecho; buena administración y respeto de los derechos humanos; ampliación –y por tanto acercamiento– de todos los ciudadanos, incluida una relación constante con los defensores del pueblo a escala europea. El análisis político de los datos demuestra, sin embargo, que los europeos reconocen y por tanto recurren a las instituciones comunitarias pasando de hecho por encima de las instituciones nacionales. Por tanto, si bien los ciudadanos tienen una percepción de Europa como una entidad diferente –que imaginan dotada de poderes y competencias–, a menudo esto no se puede hacer realidad. A nosotros nos corresponde encaminar mejor a los europeos hacia nuestras instituciones, aceptando el mandato popular de reclamar a los Gobiernos que sean más abiertos y transfieran ámbitos de soberanía para que la acción europea sea más incisiva.

Como se ha señalado, el Defensor del Pueblo es un órgano independiente e imparcial. Debe cooperar con todas las demás instituciones y creo que lo hará lo mejor que pueda, con nuestra colaboración y con la de todas las instituciones.

  David Hammerstein Mintz, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (ES) Señor Presidente, en primer lugar, quisiera agradecer al ponente su excelente informe, y al Defensor del Pueblo Europeo, el trabajo que está realizando día a día y su Informe anual.

Señora Comisaria Wallström, aunque su llamado Plan D para acercarse a la ciudadanía europea, para abrir las puertas de esta Institución y para fomentar el diálogo, merece nuestro apoyo, ello no excluye el derecho de queja ante el Defensor del Pueblo, ya que es él quien ofrece a los ciudadanos un análisis independiente en caso de que éstos quieran presentar una queja por mal gobierno o mala conducta de las instituciones europeas.

Sin duda alguna, una de las conclusiones que pueden extraerse de los referendos de Francia y Holanda es que la ciudadanía no quiere ser considerada como mero espectador pasivo, sino como actor dinámico en el proceso de construcción europea, que quiere más transparencia y más vías para participar.

Yo creo que el Defensor del Pueblo realiza un trabajo muy bueno. Pero quisiera mencionar algunos de los problemas que hemos tenido, uno en particular: me gustaría expresar mi preocupación y desaprobación por el modo en que la Conferencia de Presidentes ha tratado el reciente y muy importante Informe especial del señor Diamandouros.

Este informe contiene un asunto de gran relevancia para la ciudadanía: la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), supuestamente, no cooperó plenamente con el Defensor del Pueblo, cuando éste estaba investigando una queja contra dicha Oficina.

Por ello, la Comisión de Peticiones, —la Comisión adecuada— decidió redactar un informe y escuchar tanto al Defensor del Pueblo como al Director de la OLAF.

Debo mostrar mi sorpresa y mi asombro por el modo en que los máximos líderes de los dos grandes grupos políticos bloquearon el informe y no dejaron que esta audiencia tuviera lugar. Y lo que es aún peor, la Conferencia de Presidentes, ante la insistencia de los dos grupos principales, prohibió a la Comisión de Peticiones escuchar al Defensor del Pueblo y al Director de la OLAF, para lo que, desde mi punto de vista, el Reglamento del Parlamento no la autoriza.

Yo creo que las razones que se dieron —que estábamos inmersos en el proceso de elección de un nuevo Director de la OLAF— no eran aceptables y que esta Cámara debería examinar este asunto, porque esto no beneficia la vía de la transparencia ni que los ciudadanos encuentren una respuesta a sus reclamaciones.

En mi opinión, estas acciones conllevan un daño colateral: el debilitamiento del papel del Defensor del Pueblo, lo que es totalmente irresponsable.

Para reaccionar ante ello, he presentado, de acuerdo con el ponente, señor Mavrommatis, varias enmiendas en su informe, para que el Parlamento responda al Defensor del Pueblo siempre que éste se dirija a nosotros con un Informe especial.

Como las enmiendas presentadas fueron apoyadas por mis colegas de la Comisión de Peticiones, forman ahora parte del informe que se someterá al Pleno. Obviamente, corresponde al Parlamento decidir si está de acuerdo o no con las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

Ahora bien, lo que es inaceptable es que no se adopte posición alguna, dañando y debilitando el papel tan crucial, tan importante, del Defensor del Pueblo Europeo.

  Mario Borghezio, en nombre del Grupo IND/DEM. – (IT) Señor Presidente, Señorías, el informe del Defensor del Pueblo Europeo correspondiente a 2004 no contiene, a nuestro entender, una visión de conjunto de los principios implicados, por mucho que su necesidad se hiciera sentir sin duda alguna. En efecto, como han subrayado muchos de los oradores que han intervenido, el resultado de los referendos, que hizo naufragar el proyecto de Constitución europea en algunos países importantes de gran tradición democrática, demuestra que hay un fuerte sentimiento de impaciencia e insatisfacción entre los ciudadanos europeos con respecto al carácter democrático de las instituciones europeas.

A ojos de la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos, la Unión Europea se presenta como un monstruo, y el Defensor del Pueblo habría debido percibir la necesidad de dar voz a este sentimiento, que se ha expresado de un modo tan claro. Sin embargo, el informe que se nos presenta parece un documento de una oficina de estadísticas: es estéril y no trasluce nada sobre una lucha en torno a los principios y las motivaciones que subyacen a los temas tratados.

Basta pensar, por ejemplo, en la delicada cuestión de las subvenciones y la financiación pública, que representan quizás el aspecto más importante de la impresión de falta de transparencia que tienen los ciudadanos europeos en las instituciones europeas. ¿A quién puede dirigirse el ciudadano europeo que, al ver el cartel de una obra gigantesca, tal vez inútil, con la mención «financiada por la Unión Europea», piensa en el dinero de los impuestos que ha pagado? ¿Cómo no han pensado nunca en pedir que, allí donde se expongan carteles similares o se ejecute una obra financiada por la Unión Europea, se indique de qué modo el ciudadano –el hombre de la calle– puede dirigirse a la institución que debería tutelar su deseo de transparencia?

Si pienso en todo lo que aflora cada vez que la Comisión antimafia de mi país indaga sobre la utilización de los fondos europeos en determinadas regiones, me pregunto qué pensará un honrado ciudadano de Sicilia, Apulia, Calabria o Campania cuando ve que se llevan a cabo semejantes obras públicas tal vez con contratos poco transparentes.

Creo que la institución del Defensor del Pueblo Europeo debe cambiar de rumbo y que aborde la temática esencial y delicada del papel de una democracia moderna en Europa. En el informe se habla genéricamente de contactos con los colegas defensores del pueblo nacionales, sin especificar cuál es la temática de dichos encuentros, ni explicar cuál ha sido el espíritu de dicha colaboración. Aunque esta red sin duda es útil y la acogemos con agrado, tampoco se explican las ramificaciones de la labor que puede llevar a cabo a través de la presencia en cada uno de los Estados de los defensores del pueblo nacionales.

La idea del papel del Defensor del Pueblo Europeo que se desprende del informe es un poco «superburocrática», para variar. Señor Diamandouros, su declaración de intenciones para los cinco primeros años de actividad es muy general: se limita usted a decir que los ciudadanos deben conocer sus derechos, sin aludir al hecho de que actualmente se está aplicando una medida que supone un grave peligro para la libertad de los ciudadanos, como es la orden de detención europea. ¡Defendamos pues la libertad de los ciudadanos europeos!

  Marcin Libicki, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, me complace enormemente tomar la palabra en este debate, ya que lo hago junto a personas por las que siento un gran respeto. Me refiero al Defensor del Pueblo, el señor Diamandouros, con el que la Comisión de Peticiones, de la que soy presidente, coopera de forma muy estrecha; al ponente, el señor Mavrommatis, que es uno de los miembros más activos de nuestra comisión, y a la Comisaria Wallström, con quien nuestra comisión mantiene contactos estrechos y amistosos.

Creo que un defensor del pueblo ha de tener tres características para poder desempeñar bien su trabajo. La primera es ser profesional y competente, y el señor Diamandouros posee estos atributos en muy alto grado. La segunda es ser objetivo e imparcial, y no cabe duda de que también se le pueden atribuir dichas cualidades. No nos consta que nadie lo haya acusado nunca de no cumplir sus obligaciones objetivamente, y lo habríamos sabido si se hubiera dado el caso. Lo repito: nunca hemos sabido de acusaciones de ese tipo. La tercera característica es algo que no se menciona con tanta frecuencia, a saber, realizar su labor con dignidad. El profesor Diamandouros ha demostrado una gran dignidad en el desempeño de sus obligaciones. El papel de defensor del pueblo también requiere una cierta habilidad para hacer suya la tarea. Esto ha quedado reflejado muy claramente en el planteamiento activo del profesor Diamandouros, y nos complace que así sea.

Todos los funcionarios deberían gozar del respeto de los demás, y esto es así en el caso del profesor Diamandouros. Personalmente, soy muy consciente de esto, ya que mantengo un estrecho contacto con los defensores del pueblo nacionales, que son los mejores jueces. El profesor Zoll, el defensor del pueblo polaco, siempre ha expresado su respeto por las actividades llevadas a cabo por el profesor Diamandouros, lo cual constituye una prueba inequívoca de su buena labor. Después de todo, nuestra Comisión de Peticiones es plenamente consciente del alto nivel de la labor del profesor Diamandouros, que además ha sido reelegido por una amplia mayoría. Queremos dar las gracias al profesor Diamandouros por todo ello, al igual que al ponente.

  Jean-Claude Martinez (NI). – (FR) Señor Presidente, señor Diamjandouros, este año se celebra el décimo aniversario del Defensor del Pueblo Europeo, como recuerda nuestro ponente, el señor Mavrommatis, en su informe muy completo y agradable.

Perdóneme que le diga, señor Diamandouros, que usted solo es competente en los asuntos de mala administración. Así, en el asunto del queso feta de mis amigos griegos no se le reconoce la competencia con respecto al queso feta que se elabora en Lozère con leche de cabra del sur de Francia.

Por otro lado, sí es usted competente en materia de violación de los derechos fundamentales, en el propio Parlamento Europeo, lo que representa el 10 % de su actividad. Por ejemplo, el derecho fundamental a hablar en la propia lengua: los 35 diputados no inscritos no disponen de servicios de interpretación en las reuniones de Grupo. ¿Por qué? Porque entre el mono y el homo sapiens político, el no inscrito es el eslabón perdido del género humano. Por tanto, entre los no inscritos, para comunicarnos, nos rascamos las axilas, sacamos la lengua y proferimos gruñidos. ¡Por eso evidentemente no tenemos necesidad de intérpretes!

Segundo ejemplo: todo el mundo tiene derecho a un alojamiento, agua y aseos, aquí en el Parlamento. Pues bien, nosotros, los no inscritos, tenemos despachos sin aseos ni agua. Por esta razón, pedimos la aplicación de las Convenciones de Ginebra sobre los derechos de los presos políticos, en particular el derecho a ir al baño. Por esta razón propongo, señor Diamandouros, su candidatura al premio Sajarov del año si que viene denuncia usted la violación de los derechos humanos de los 35 diputados privados de su derecho de ir al aseo.

Sin duda la llegada de los turcos arreglará las cosas para los no inscritos, pues quizás tengamos derecho a baños turcos. Esto demuestra que los caminos del Señor son inescrutables. Resulta que la llegada de Turquía será la que permita, al fin, garantizar el respeto de las minorías políticas, los no inscritos, en el Parlamento Europeo...

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señora Vicepresidenta, señor Diamandouros, señor Mavrommatis, permítanme que comience expresando mi gratitud por el informe realizado por la Comisión de Peticiones y el señor Mavrommatis. El aspecto que lo convierte en un informe tan satisfactorio es que revisa los problemas más importantes que menciona el Defensor del Pueblo en su informe y trata de hallar soluciones a los mismos.

En el curso del año pasado, la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo han colaborado de forma muy satisfactoria. Creo que esta manera de trabajar debería considerarse un modelo a seguir, no solo para la cooperación entre el Defensor del Pueblo y la Comisión, sino también –y este es un punto sobre el que volveré más adelante– para la cooperación entre el Defensor del Pueblo y el Consejo. Aunque en la gran mayoría de los casos de 2004 esta relación de trabajo se vio marcada por una firme voluntad de cooperación, hay que decir que hubo una serie de casos en que los resultados podrían haber sido mucho mejores.

Las funciones de un defensor del pueblo, institución que ha sido abolida en el Estado del que provengo, tienen una importancia fundamental en la Unión Europea, ya que se comunica directamente con los ciudadanos y, de este modo, los acerca a sus instituciones. Pese a todas las dificultades mencionadas por el señor Seeber, esto ha permitido ya conseguir muchas cosas, pero deberíamos seguir intentando convencer a la ciudadanía de las ventajas que puede ofrecer el Defensor del Pueblo para sacar a la luz los abusos de la administración europea, que son bastante más graves que el caso que acaba de describir el señor Martínez, y para hacer el seguimiento de los problemas.

Con su labor, el Defensor del Pueblo garantiza el cumplimiento de los más estrictos criterios administrativos dentro de la Unión Europea, así como en sus instituciones y órganos. Incluso en los 113 casos –de un total de 251– en que no ha sido posible establecer una mala administración, el trabajo del Defensor del Pueblo ha sido útil, ya que la institución en cuestión –por ejemplo, la Comisión– puede indicar formas de mejorar la calidad en el futuro. En casos concretos, el Defensor del Pueblo puede evitar que la institución reciba críticas injustificadas, pues, como agente externo, puede reclamar absoluta objetividad.

Como ha señalado el señor Mavrommatis, en los últimos años las cifras vienen dibujando una curva ascendente constante. Estoy seguro de que esto refleja la confianza depositada en usted. Sin embargo, deberíamos aspirar a un vínculo más estrecho entre la representación de los intereses de aquellos ciudadanos que acuden a sus diputados al Parlamento Europeo y la labor del Defensor del Pueblo, ya que esto nos permitiría gestionar mejor y más eficazmente sus problemas.

Hay otra cuestión por la que quisiera expresarle mi más sincera gratitud, a saber, su respuesta positiva a la pregunta de la Junge Union alemana –de la que sigo siendo miembro–, formulada por el señor Brok. Quiero aprovechar esta oportunidad para señalar que el Consejo, objeto de mis críticas a este respecto, sigue distinguiéndose por su lamentable ausencia. Celebrando sus reuniones a puerta cerrada, el Consejo no contribuye en nada a lograr el objetivo de la Constitución Europea en cuya adopción participó, y que tiene que ver con el enfoque más abierto posible para defender los intereses de la ciudadanía y hablar por los ciudadanos y habitantes de Europa. De hecho, es un signo positivo que una institución europea pueda tener una visión crítica de las acciones de otra y guiarse en esto única y exclusivamente por los objetivos de la Constitución Europea. Por ello, señor Diamandouros, quiero darle las gracias de todo corazón.

  Alexandra Dobolyi (PSE). – (HU) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias tanto al Defensor del Pueblo como al señor Mavrommatis por su excelente informe, y deseo comenzar haciendo una observación personal. Soy diputada de un nuevo Estado miembro y cuando el año pasado debatimos el informe anual del Defensor del Pueblo, no tenía ninguna experiencia personal con la Comisión de Peticiones o con la institución del Defensor del Pueblo.

Sin embargo, como menciona el señor Mavrommatis en su informe, en el transcurso de las actividades del Defensor del Pueblo del año pasado y gracias a su campaña en los nuevos Estados miembros, un gran número de ciudadanos húngaros han sabido que tienen derecho a presentar una petición a la Unión Europea. Me satisface ver que realmente están ejerciendo también ese derecho y, aunque las peticiones enviadas no siempre cumplen las expectativas de la Unión y no siempre sabemos qué hacer con ellas, ayuda bastante a los ciudadanos poder contar con otro foro al que dirigirse.

Como ha señalado la señora Wallström en su discurso, la Comisión tiene un plan de reforma para ayudarnos en nuestros esfuerzos. Los ciudadanos europeos esperas, con razón, que las instituciones públicas actúen de manera eficaz y abierta. Espero que en el futuro la Comisión ponga en práctica las promesas de reforma formuladas en el discurso.

Haciéndome eco de las opiniones expresadas por muchos de mis colegas en el transcurso de este debate, yo también quiero pedir al Consejo –como ha hecho el Defensor del Pueblo en su informe especial– que examine la posibilidad de abrir todas las sesiones del Consejo al personal de las demás instituciones de la UE. Sin embargo, si el Consejo insiste en tomar decisiones políticas a puerta cerrada, al menos el procedimiento legislativo debería ser transparente para nosotros y se nos debería permitir estar presentes cuando se tomen este tipo de decisiones. El año pasado, el señor Diamandouros elaboró un material que dio pie a una cooperación aún más estrecha entre el Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones, creando además la llamada Red Europea de Defensores del Pueblo, a la que hace alusión en su introducción. Esto también debemos acogerlo con satisfacción, y me complace que este año los delegados de la Comisión de Peticiones hayan podido participar asimismo en la reunión de esta red.

Resumiré mis observaciones señalando a todos que, en los últimos diez años, la actividad del Defensor del Pueblo ha sido un verdadero éxito, pero aún queda por abordar un gran número de tareas. Y todos nosotros, así como todas las instituciones y órganos de la UE, debemos centrarnos en estas tareas, de manera que la ciudadanía europea sienta que trabajamos por ella, por sus derechos y por encontrar soluciones a los asuntos públicos en su interés.

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN).  – (PL) Señor Presidente, señor Diamandouros, quiero dar las gracias al Defensor del Pueblo por la detallada exposición de sus actividades durante el año 2004. Este año ha sido muy significativo a causa de la ampliación de la UE a diez nuevos Estados miembros. También quisiera rendir homenaje al señor Mavrommatis y darle las gracias por su excelente informe.

El Defensor del Pueblo Europeo se ha referido a los tres retos a que se enfrenta. Entre ellos se encuentra el de hacer valer los derechos de los ciudadanos, establecidos en la legislación de la UE, aplicando los más estrictos criterios administrativos y garantizando que las medidas tomadas en nombre de los ciudadanos sean eficaces y de la máxima calidad. El profesor Diamandouros ha respondido positivamente a todos estos retos cruciales. Por tanto, quiero rendirle homenaje, especialmente por tratar de ayudar a la ciudadanía en casos que no entran dentro de su jurisdicción.

El hecho de que esta institución exista desde hace 10 años constituye un excelente ejemplo de la creciente conciencia de los derechos de la ciudadanía en nuestra Comunidad. Digo esto como representante de Polonia, que es un nuevo Estado miembro y que ha adquirido experiencia en este campo a través de las instituciones del Defensor del Pueblo polaco y del Defensor de la Infancia polaco. Todos estos factores contribuyen a crear una sociedad europea que es consciente de sus derechos y obligaciones, y este es un punto que quiero destacar.

No hace falta decir que aún queda mucho por hacer. Sé que los jóvenes en particular conocen la existencia de la Carta de los Derechos Fundamentales y del Código de Buena Conducta Administrativa, lo cual significa que tenemos razones para ser optimistas. Es crucial que se cumpla el principio de transparencia siempre que sea posible.

Hay una pequeña cuestión que quiero señalar al Defensor del Pueblo. En mi opinión, fue un error que se refiriera al Tratado Constitucional, ya que este documento no tiene fuerza jurídica, y todos conocemos la situación actual tras los dos referendos. Creo que las disposiciones actuales contenidas en el Tratado de Maastricht aún siguen siendo válidas. Por último, sería bueno que esta institución llegara a ser superflua por haberse logrado el pleno cumplimiento de la legislación. Si me lo permiten, también quiero felicitar al señor Diamandouros por su cumpleaños y desearle ad multos annos.

  Ryszard Czarnecki (NI).  – (PL) Señor Presidente, señor Diamandouros, Grecia, país del que procede el Defensor del Pueblo, ganó el campeonato europeo de baloncesto hace algunas semanas por primera vez en más de diez años. Menciono este hecho porque la propuesta de resolución del Parlamento afirma que el Defensor del Pueblo prestó una asistencia eficaz en casi el 70 % de los casos que le fueron remitidos. Puedo asegurarle al Defensor del Pueblo que sus compatriotas, que son los mejores jugadores de baloncesto de Europa, le dirían que una proporción de encestes del 70 % en los lanzamientos de dos o tres puntos es inaudita, y quisiera darle la enhorabuena por este logro. Asimismo quisiera felicitarlo por el hecho de que haya aumentado el número de reclamaciones, ya que esto demuestra que la ciudadanía se toma en serio esta institución y cree que es realmente necesaria.

No estoy de acuerdo con la afirmación de que solo la mitad de dicho aumento se debe a los 10 nuevos Estados miembros, como indica el proyecto de resolución. La palabra «solo» en esa oración debería sustituirse por nada menos que», ya que la institución del Defensor del Pueblo Europeo es un concepto muy nuevo para la ciudadanía de los nuevos Estados miembros. El Defensor del Pueblo no debe tener ninguna duda de que con el tiempo lo bombardearemos con nuestras reclamaciones.

  Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Señor Presidente, en primer lugar, permítame dar la enhorabuena a mi colega y ponente del informe, el señor Mavrommatis, que ha revisado con gran detenimiento el informe anual de las actividades del Defensor del Pueblo en 2004, sometido ahora al Parlamento Europeo. Yo también apoyo la estrecha cooperación del Defensor del Pueblo con la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, porque esto permite que las reclamaciones de los ciudadanos lleguen directamente a los responsables de la toma de decisiones del Parlamento Europeo, aportando una información directa sobre la eficacia de la legislación de la UE.

El informe anual de 2004 elaborado por el Defensor del Pueblo desvela que el número de reclamaciones recibidas aumentó un 53 % en 2004 con respecto a 2003. Un dato aún más sorprendente es que solo la mitad de dicho aumento procede de los diez Estados miembros que acaban de entrar en la UE. Dicho de otro modo, parece que la ciudadanía europea y las empresas de los nuevos Estados miembros tienen menos reclamaciones de la UE, o son menos proclives a quejarse.

Como representante de uno de los nuevos Estados miembros, les puedo decir por experiencia que ninguna de esas dos explicaciones es cierta. Aunque es verdad que la mayoría de los diez nuevos Estados miembros enviaron menos reclamaciones en proporción a su número de habitantes, la razón principal de este hecho es que están relativamente menos familiarizados con la institución del Defensor del Pueblo Europeo, y no que tengan menos reclamaciones.

Por desgracia, la escasa información, junto con un condicionamiento negativo enraizado y el miedo de realizar reclamaciones debido a experiencias del pasado, sigue estando presente en los ocho Estados postsocialistas que acaban de unirse a la UE. Es un hecho desafortunado que hasta hoy los ciudadanos sigan poniéndose en contacto con nosotros, sus diputados al Parlamento Europeo, para hablarnos de las discriminaciones sufridas en las instituciones europeas. Por lo tanto, sé por experiencia que es difícil, incluso para nosotros, convencerlos de que formulen sus reclamaciones al Defensor del Pueblo.

Como diputado al Parlamento Europeo, no como empleado europeo, a menudo sigo viendo situaciones de discriminación incluso un año y medio después de la adhesión. Un ejemplo que podría mencionar es la práctica del Parlamento en la que las preguntas que realizamos por escrito solo se traducen a nuestra lengua materna y las lenguas de los 15 Estados miembros más antiguos, mientras que las respuestas que recibimos solo se dan en nuestra lengua materna, inglés y francés.

En concreto, quisiera llamar la atención del señor Diamandouros sobre un fenómeno discriminatorio que experimentamos durante la admisión en las instituciones europeas. Una de las condiciones de los exámenes de admisión anunciadas a los 25 Estados miembros es que el examen se realizaría en dos de las 15 lenguas de la UE. Estos significa que mientras un candidato procedente de los antiguos Estados miembros podía hacer el examen en su lengua materna y una lengua extranjera, un candidato de un nuevo Estado miembro no podía utilizar su lengua materna.

Todos los días se reciben innumerables reclamaciones de este tipo. El Parlamento debatió el asunto Vaxholm de Suecia el martes, pero también podemos observar situaciones discriminatorias similares en contra de algunas empresas de los nuevos Estados miembros. Permítanme que mencione el código del caso llamado Soko Bunda y Soko Pannonia, en relación con la exclusión de varias docenas de empresas húngaras del mercado alemán con métodos que finalmente fueron considerados indebidos incluso por los tribunales. Por cierto, mi colegas diputados al Parlamento Europeo y yo también nos hemos puesto en contacto con el Comisario competente en relación con esta cuestión.

En vista de estos asuntos, creo que es sumamente importante informar continuamente a los ciudadanos. Me complació mucho leer que la ciudadanía de los Estados miembros es cada vez más consciente de su derecho a acudir al Defensor del Pueblo en relación con cualquier irregularidad administrativa que haya experimentado. En concreto, creo que es muy importante señalar que la institución del Defensor del Pueblo no es solo una de las muchas autoridades superiores o una oficina que hace cumplir la ley, sino que es una institución especial establecida para asistir a los ciudadanos en sus preocupaciones y reclamaciones. Otro punto positivo del informe del Defensor del Pueblo del año 2004 es que, además de presentar casos e investigaciones, contiene un análisis temático del trabajo realizado. Me siento especialmente satisfecho por el hecho de que el Defensor del Pueblo asuma un papel público activo para informar a la ciudadanía.

  Genowefa Grabowska (PSE). (PL) Señor Diamandouros, como Defensor del Pueblo, usted representa a los 450 millones de ciudadanos de la Unión Europea. Es así tanto cuando le escriben a título individual como cuando actúan de forma colectiva. La ley establece que todo ciudadano de la UE y toda persona física que resida en un Estado miembro le puede remitir una queja. Además de los adultos, que pueden proteger sus propios intereses, este derecho también se aplica a la ciudadanía europea que aún no es mayor de edad, es decir, a los niños. Su informe contiene ciertas indicaciones de que su institución se interesa por esta cuestión, pero yo quiero hacer una pregunta más general. ¿Hasta qué punto se siente responsable personalmente de la representación de los ciudadanos más jóvenes de la UE y de la representación de sus intereses y necesidades en su trato con las instituciones de la UE?

Antes de formular mi segunda pregunta al Defensor del Pueblo, quiero darle la enhorabuena por su aplicación coherente del Código de Buena Conducta Administrativa. Este Código ha sido adoptado por las administraciones de los Estados miembros, y está ganando popularidad en toda Europa, incluso en mi país, Polonia. Sin embargo, una buena administración comienza con una adecuada selección del personal, y con la contratación y empleo de funcionarios de manera completamente no discriminatoria, respetando plenamente el principio de igualdad. En este contexto, por lo tanto, quisiera pedirle su opinión acerca de los procedimientos para contratar a ciudadanos de los nuevos Estados miembros en las instituciones de la UE. ¿No cree que es discriminatorio el hecho de que se contrate a pocos o a ningún ciudadano de estos países como funcionarios, sobre todo de altos cargos de la UE?

Señor Diamandouros, nuestro objetivo es una UE más cercana a sus ciudadanos, y usted ha dado el primer paso en esa dirección. Usted es quien se encuentra más cerca de la ciudadanía europea, y dicha ciudadanía lo necesita y lo aprecia. Le doy la enhorabuena por ello.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). –  (PL) Señor Presidente, el Defensor del Pueblo Europeo desempeña un papel extremadamente importante en la sociedad democrática europea. Es un punto de contacto directo para los ciudadanos, que le envían quejas sobre casos de negligencia administrativa en el seno de las instituciones europeas. Aunque la gran mayoría de las reclamaciones, el 75 % para ser más exactos, se refieren a asuntos que no son de su competencia, esto indica que a menudo se considera al Defensor del Pueblo como el último recurso en la lucha contra la incompetencia de las autoridades nacionales. Ante este hecho, tendría que ser prioritario facilitar información fiable y detallada a los ciudadanos sobre sus derechos y sobre el papel del Defensor del Pueblo Europeo.

El profesor Diamandouros merece un gran reconocimiento por su labor hasta la fecha como Defensor del Pueblo, lo cual incluye la elaboración y distribución de informes anuales y una firme presencia pública en materia de información a la ciudadanía. No obstante, es absolutamente esencial que se sigan realizando esfuerzos por lograr que estas actividades sean más efectivas. El Defensor del Pueblo debería ser un guardián de la buena administración dentro de las instituciones europeas, y debería cooperar de forma aún más estrecha con sus homólogos locales y regionales. Las reclamaciones de los ciudadanos deben ser gestionadas de manera rápida y eficaz y, por lo tanto, el Defensor del Pueblo debería recibir apoyo en su esfuerzo por alentar a las instituciones europeas a que tramiten las reclamaciones con mayor celeridad. Estas reclamaciones están relacionadas, entre otras cosas, con negativas al acceso a documentos. El acceso público a la información relativa a las instituciones europeas prueba que las acciones de estas son abiertas y transparentes y, por lo tanto, nuestro objetivo también debería ser garantizar este derecho a todos los ciudadanos de la Unión Europea. Después de todo, estas instituciones trabajan para esos ciudadanos.

En particular, yo propondría en primer lugar que la Comisión Europea dejara de negarse a distribuir sus documentos, y en segundo lugar, que se adoptara el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa sin más demora. Esto pondría fin a la situación actual, en la que las instituciones europeas aplican códigos de práctica distintos.

(Aplausos)

  Nikiforos Diamandouros, Defensor del Pueblo. (EN) Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias a los diputados al Parlamento Europeo por sus cordiales observaciones acerca del trabajo del Defensor del Pueblo a lo largo del pasado año. Agradezco profundamente la atención y los comentarios tan atinados y constructivos. Constato que muchos de los comentarios han provenido de los nuevos Estados miembros, cosa que aplaudo sinceramente como una muestra de su compromiso con esta institución. Acojo con satisfacción el tono, la naturaleza, el ímpetu y la intencionalidad de los comentarios de la Vicepresidenta de la Comisión, la señora Wallström. Me encanta oírle anunciar formalmente la reforma que la Comisión está a punto de adoptar a partir del 1 de noviembre, que va a permitir que las reclamaciones sean abordadas a un nivel más elevado, con un mayor grado de responsabilidad y coherencia.

Aprecio el compromiso de la Comisaria cara a una mayor cooperación, sobre todo las alentadoras palabras relativas a la revisión propuesta del Estatuto. Por último, apunto que podemos esperar un Código vinculante. Lo deduzco de sus comentarios positivos y me declaro muy agradecido por la voluntad política que usted ha demostrado en temas relacionados con el Defensor del Pueblo. Ese es exactamente el tipo de cooperación que espero por parte de la Comisión. Por eso quiero dar públicamente las gracias a la Comisaria.

Con relación a los distintos comentarios de los diputados, permítanme hacer una breve mención a los del señor Seeber. Efectivamente tenemos un porcentaje elevado de reclamaciones inadmisibles, pero hemos conseguido ayudar al 70 % de quienes acuden a nosotros y cuyas reclamaciones no son admisibles. Encuentro que se trata de un porcentaje satisfactorio de ciudadanos a los que podemos ayudar, aun cuando caigan fuera del mandato.

Quiero dar las gracias al señor De Rossa por sus comentarios. En la última reunión de los Defensores del Pueblo nacionales celebrada en septiembre en La Haya, adoptamos decisiones concretas sobre cómo habilitar, a través de la red, mecanismos para acelerar el tratamiento de asuntos fuera del ámbito de nuestra jurisdicción. Espero poder adoptar medidas adicionales para reducir el número de reclamaciones inadmisibles.

En cuanto a las apreciaciones del señor Hammerstein Mintz, por las que le doy las gracias, el informe al que ha hecho referencia corresponde a 2005. Por tanto, no forma parte de mi informe acerca de este órgano para 2004; es un informe relativo a la OLAF, que será sometido a examen el año que viene. Por lo que a mí se refiere, he cumplido con mi obligación de cara al Parlamento y he presentado un informe especial. Corresponde ahora a este respetable órgano decidir cómo desea seguir avanzando.

Aprecio los comentarios del señor Borghezio y el señor Martinez, pero tengo que señalar que el Defensor del Pueblo, a diferencia del Parlamento, no es un órgano político. Por consiguiente, cae fuera del ámbito de mi mandato implicarme en el tipo de actividades políticas que me pide. Me temo que, si lo hiciera, este órgano –al que debo rendir cuentas en última instancia– se opondría a que tomara iniciativas políticas que se hallan al margen de mi mandato.

(FR) Soy consciente, señor Martinez, del problema derivado de su calidad de diputado no inscrito, pero, una vez más, me atengo al contenido de sus observaciones. Ahora bien, sus observaciones se salen del ámbito de mis competencias, pues se refieren más bien a cuestiones políticas.

(EN) Quiero dar las gracias al señor Libicki por su colaboración en su condición de Presidente de la Comisión de Peticiones. También deseo expresar mi agradecimiento a todo el personal de la comisión por su ayuda, y espero que esta cooperación continúe.

Las apreciaciones de la señora Dobolyi y el señor Olajos han sido muy constructivas. Permítanme solo decir al señor Olajos que en estos momentos estoy dedicado a un caso relativo a la discriminación en candidaturas lingüísticas. He solicitado información adicional. Ese caso concreto todavía se encuentra en estudio y espero poder informar a este órgano acerca del resultado el año que viene.

Por último, permítanme decirle a la señora Grabowska que, como es sabido, soy muy sensible a los temas concernientes a los niños. Uno de mis informes especiales a este órgano en el año en curso tenía que ver con las necesidades de educación especial para niños con discapacidades graves. Así pues, constituye un motivo de enorme interés para mí y será una satisfacción tomar en consideración cualquier otra reclamación. De hecho, no he recibido ninguna otra reclamación referente a niños. Ni tampoco tengo conocimiento de haber recibido reclamación alguna acerca de la contratación y dotación de posiciones de alto nivel. Sin embargo, puesto que recibo gran cantidad de reclamaciones referentes a las contrataciones, estaré muy atento a dicho tema.

Finalmente, sé que existe un caso relativo a una contratación que se halla pendiente en el Tribunal de Primera Instancia. Eso queda, por tanto, automáticamente fuera de mi ámbito de jurisdicción y tendré que esperar la sentencia de las autoridades judiciales.

Quiero dar las gracias de nuevo a los diputados al Parlamento y a la señora Comisaria por sus comentarios y su apoyo.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas.

(La sesión, suspendida a las 11.25, se reanuda a las 11.30 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. VIDAL-QUADRAS ROCA
Vicepresidente

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Señor Presidente, quiero decir algo de conformidad con los artículos 142 y 143 del Reglamento. Muchos diputados a esta Cámara se sorprendieron al observar que el debate de ayer sobre el presupuesto finalizó un poco después de las once de la mañana, a pesar de que se le hubiera asignado tiempo hasta el mediodía. Esto pudo deberse a que no se calculó bien el tiempo, y se da la circunstancia de que algunos diputados al Parlamento Europeo no aparecieron y de que algunos, como por ejemplo la Comisión y el Consejo, realizaron intervenciones de una brevedad inesperada.

Sin embargo, quiero pedir a la Mesa que considere si tal vez no sería posible responder con mayor flexibilidad en tales circunstancias, sobre todo dando la palabra a aquellos diputados al Parlamento Europeo que se encontraban presentes en la Cámara hasta el final del debate –esto es, siempre que lo deseen– o permitiendo que sus intervenciones sean más largas. En lugar de eso, los diputados al Parlamento Europeo tuvieron tan solo un minuto para dirigirse a la Cámara y así desperdiciamos casi una hora en la que no se trató ningún otro asunto.

¿Podría establecer la Mesa una norma que contemple esta posibilidad, para que este debate pueda llevarse a cabo de forma flexible y aprovechar al máximo el tiempo?

(Aplausos)

  El Presidente. Muchas gracias, señor Swoboda. Tomamos buena nota de su petición.

4. Derechos humanos en el Sáhara Occidental

  El Presidente. Señorías, antes de comenzar el turno de votaciones debo someter a la consideración de la Cámara un asunto concreto: en su reunión de ayer, la Conferencia de Presidentes decidió proponer que, excepcionalmente, el debate sobre los Derechos humanos en el Sáhara Occidental no se cerrara con la votación de una propuesta de resolución, con el fin de no perjudicar la visita que la Delegación ad hoc realizará a esta región del 11 al 15 de enero del año próximo.

De conformidad con nuestro Reglamento, debo someter al Pleno esta decisión excepcional de la Conferencia de Presidentes y doy la palabra para una intervención a favor y una en contra de esta propuesta.

  Hans-Gert Poettering (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, quisiera defender que se someta a votación la resolución. En la Conferencia de Presidentes creí oportuno argumentar que no debería haber ninguna resolución y, desde mi punto de vista, la justificación es que deberíamos esperar a conocer las conclusiones de la delegación antes de redactarla.

Como presidente de mi Grupo, por supuesto dependo del apoyo del mismo, por lo que les he notificado esta cuestión esta mañana. El Grupo opina unánimemente que, de hecho, deberíamos redactar una resolución hoy mismo. Esto significa, y no me avergüenza admitirlo, que la opinión del Grupo difiere de la mía.

(Aplausos)

Tengo la obligación de actuar de acuerdo con la votación del Grupo, y por lo tanto, como buen demócrata, estoy a favor...

(Exclamaciones)

... sí, ojalá otros hicieran lo mismo y dijeran que aceptan lo que el Grupo requiere que haga su presidente. La opinión de nuestro Grupo es que no deberíamos esperar las conclusiones de la delegación, sino que deberíamos dar a conocer nuestras opiniones en relación con el tema ahora mismo. Por esta razón, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos está a favor de que tomemos hoy una decisión sobre una resolución.

(Aplausos)

  Francis Wurtz (GUE/NGL). – (FR) Señor Presidente, la situación ha cambiado, puesto que el señor Poettering, miembro del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, se ha adherido finalmente a la posición de su Grupo, posición que yo mismo había defendido en la Conferencia de Presidentes. Consistía en decir que ninguna consideración táctica debe impedir al Parlamento expresarse sobre la urgencia de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental

(Aplausos)

y que, antes de enviar una delegación tendría más sentido que el Parlamento expresase su posición, en particular sobre las recientes y muy graves revelaciones que implican el descubrimiento de fosas comunes, para arrojar luz sobre esta cuestión e invitar a las autoridades marroquíes, y de hecho a todo el mundo, a que colaboren con el nuevo representante de las Naciones Unidas. Acojo con agrado, por tanto, la posición que acaba de expresarse y que será sin duda la del conjunto de nuestra Asamblea, a saber, la de defender que se celebre una votación al término de nuestro debate esta tarde.

(El Parlamento rechaza la propuesta de modificación del orden del día)

5. Turno de votaciones

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.

6. Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea - Ejercicio 2006

- Antes de la votación:

  Giovanni Pittella (PSE), ponente. – (IT) Señor Presidente, antes de proponer algunos ajustes técnicos, permítame que dé las gracias a todos los diputados por el excelente debate –conciso y ceñido al tema– que mantuvimos ayer y por su leal colaboración hasta este momento, que, espero, mantendrán en el curso de la votación y en las fases subsiguientes.

Como cada año, antes de pasar a la votación, pediré que se acepten algunas adaptaciones técnicas. Por lo que respecta a la línea 15 06 06, relativa a acontecimientos anuales especiales, hay que suprimir del segundo guión de texto las palabras «al nuevo museo de Europa». En la línea 19 03 06, relativa a los representantes especiales de la Unión Europea, por coherencia con el título, la palabra «enviado» del comentario debe sustituirse por la palabra «representante». La parte restante del comentario de la misma línea aparece tachada debido a un error técnico; por consiguiente, esa parte de texto no debe suprimirse.

En la enmienda 771 del bloque 4, el importe total de los compromisos de pago de la línea presupuestaria 22 02 01 01 debe inscribirse en la línea y, por último, en las partidas relativas al Fondo Europeo de Desarrollo hay que introducir un recordatorio a fin de restablecer el anteproyecto de presupuesto. Esto afecta concretamente a las líneas 21 03 01 a 21 03 015.

(El Parlamento aprueba las modificaciones técnicas propuestas por el ponente)

- Antes de la votación de las enmiendas 779 y 231:

  Catherine Guy-Quint (PSE). – (FR) Señor Presidente, lo que voy a hacer no es una práctica habitual. En la rúbrica siguiente tenemos dos enmiendas. Una enmienda que fue votada por la Comisión de Presupuestos y otra relativa a los medicamentos huérfanos, que presentó la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Tenemos que votar a favor de la enmienda propuesta por la Comisión de Presupuestos. En cuanto a la enmienda siguiente, solicita un millón más para los medicamentos huérfanos, que necesita la Agencia Europea de Medicamentos. Quisiera saber si nos sería posible votar sobre la enmienda 231, para que la Agencia pueda trabajar este año con todos los recursos que precisa.

Como comprenderán, técnicamente no es un procedimiento correcto. Estoy de acuerdo. Pero sucede que después de la votación en la Comisión de Presupuestos, hemos conocido detalles adicionales. Si fuera posible votar a favor de la enmienda 231, que añadiría un millón de euros aún disponible en el margen presupuestario, podríamos mejorar considerablemente las condiciones de trabajo en este terreno, que es tan importante para nosotros.

(Aplausos)

  El Presidente. Si hemos comprendido bien, usted desea que se someta a votación primero la enmienda 231 y después la 779.

  Catherine Guy-Quint (PSE). – (FR) Señor Presidente, podemos votar también a favor de la enmienda 779. Sin embargo, quisiera que pudiéramos votar, además de la enmienda 779, a favor de otorgar un millón de euros más a la Agencia Europea de Medicamentos para los medicamentos huérfanos. Quiero decirle que si alguien no está de acuerdo con esto, nos veremos obligados a aceptar su objeción.

  El Presidente. ¿Hay alguna oposición por parte de los Grupos políticos?

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE). – Señor Presidente, preferimos atenernos a los principios del procedimiento. Por tanto, es preferible la distribución orginal de la lista de voto.

  El Presidente. Entonces procedemos como estaba previsto.

- Antes de la votación de la enmienda 446:

  Giovanni Pittella (PSE), ponente. – (IT) Señor Presidente, Señorías, si se aprueba esta enmienda, pido que se apruebe también la expresión común que hemos utilizado para todas las enmiendas similares, es decir, «una parte de la dotación se destinará a», porque no podemos hacer una reserva de fondos específicos.

- Antes de la votación de las enmiendas 74 y 223:

  Giovanni Pittella (PSE), ponente. – (IT) Señor Presidente, Señorías, a fin de evitar confusiones durante la votación, propongo votar sobre la enmienda 74 para los comentarios y la enmienda 223 para los importes.

  El Presidente. ¿Hay alguna oposición?

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE). – Señor Presidente, volvemos a lo mismo, preferimos el orden de votación establecido en el procedimiento. No entendemos estos cambios en el último momento.

(Aplausos)

  Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE). – (EN) Señor Presidente, en las enmiendas que nos ocupan no hay ningún cambio en las cantidades. No vamos a someter a votación las cantidades. Solo hay un comentario al respecto. Ese es el único cambio. Vamos a votar solo el comentario. Votaremos sobre las cifras más adelante.

  El Presidente. Tiene usted toda la razón. Vamos a proceder como estaba previsto.

- Antes de la votación de la enmienda 292:

  Giovanni Pittella (PSE), ponente. – (IT) Señor Presidente, Señorías, para esta enmienda vale también lo que he dicho antes: de ser aprobada, habrá que incluir la expresión común, porque no podemos hacer una reserva de fondos específicos; por tanto, «una parte de la dotación se destinará a».

  El Presidente. Habiendo tomado nota de esto, procedemos a la votación de la enmienda 292.

- Antes de la votación de las enmiendas 473 y 475:

  Valdis Dombrovskis (PPE-DE). – (LV) Señor Presidente, señoras y señores, en relación la sección sobre «otras instituciones» del presupuesto de 2006, es necesario hacer la siguiente corrección técnica. Debería eliminarse de las notas la fecha que aparece en las enmiendas 473 y 475 (31 de octubre de 2005) e incluirla en la exposición de motivos.

(El Parlamento aprueba las modificaciones técnicas propuestas por el señor Dombrovskis)

7. Proyecto de presupuesto general 2006 (Sección III)

- Después de la votación final:

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – (ES) Señor Presidente, hay un problema: en esta línea no tenemos traducción, y tampoco servicio de micro. Es toda la línea.

  El Presidente. Pido a los servicios técnicos que acudan para resolver ese problema técnico.

8. Proyecto de presupuesto general 2006 (Secciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII)

- Antes de la votación:

  Valdis Dombrovskis (PPE-DE) , ponente. – (EN) Señor Presidente, debido a problemas técnicos, voy a hablar en inglés para que los diputados que también los padecen puedan entenderme mejor.

A raíz de la votación sobre el proyecto de presupuesto general, deben efectuarse los siguientes ajustes técnicos. Primero, en el apartado 5, la cantidad debe ser de 7,7 millones de euros. En el apartado 41, la cantidad debe ser 3 398 000 euros. Además, la fecha mencionada en los apartados 17, 23 y 25 debe ser sustituida por la del 30 de noviembre de 2005.

  Francesco Enrico Speroni (IND/DEM). – (IT) Señor Presidente, Señorías, el señor Dombrovskis ha hablado en inglés en vez de polaco. Soy consciente de que muchos colegas conocen mejor el inglés que el polaco, pero todas las lenguas tienen la misma condición y, por consiguiente, la interpretación debe estar disponible para todas o para ninguna.

  El Presidente. Ha sido un problema técnico, ajeno a la voluntad de la cámara y el señor Dombrovskis ha tenido la gentileza de colaborar con sus compañeros.

9. Situación en Azerbaiyán en vísperas de las elecciones

10. El proceso de Barcelona renovado

11. Actividades del Defensor del Pueblo Europeo (2004)

  El Presidente. Con esto concluimos el turno de votaciones.

12. Explicaciones de voto

- Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea - Ejercicio 2006

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, hoy, en la primera lectura del presupuesto general, he votado en contra de las enmiendas 543, 301, 344 y 345 porque no establecen ninguna distinción entre los animales destinados a la cría, los destinados a la producción y los destinados a ser sacrificados. No hablo solo en mi nombre, sino también en el de Austria, al decir que me opongo a la exportación de ganado para su sacrificio, pero al no existir diferenciación en la valoración de los animales de cría y los que son sacrificados, la abolición de los subsidios a la exportación equivale a destruir la producción europea y el medio de vida de los ganaderos.

En segundo lugar, he votado a favor de la enmienda 99 debido a que la Organización Común del Mercado del tabaco sigue existiendo y se encuentra en vigor.

  Jan Andersson, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Deseamos que el presupuesto contribuya a un desarrollo social, económico y ambiental sostenible para la UE de acuerdo con la Estrategia de Lisboa. En la votación hemos decidido apoyar las enmiendas que dan prioridad a la investigación, al desarrollo y a la educación. Sin embargo, no deseamos apoyar las enmiendas que permitirían asignar más fondos a las ayudas directas a la agricultura, ya que dichas ayudas ya son desproporcionadas y conducen a una agricultura ineficaz que daña el medio ambiente y que, mediante el dúmping de excedentes, contribuyen a aumentar las diferencias entre los ricos y pobres del mundo.

Tampoco deseamos destinar más dinero a las ayudas para el cultivo de tabaco, ya que esto contribuye de manera directa a agravar los problemas de salud pública. Creemos que estas ayudas deberían ir reduciéndose de forma paulatina con vistas a eliminarlas por completo en no demasiado tiempo. El dinero que se ahorre con ello debería gastarse, por ejemplo, en medidas destinadas a reducir el consumo de tabaco y la dependencia de muchas personas. Queremos una reforma de las ayudas directas a los productores de azúcar, ya que a largo plazo no podemos apoyar una producción que es en su mayor parte superflua. No obstante, no queremos que los productores de los países en desarrollo pierdan su medio de vida, por lo que hemos votado a favor de las ayudas transitorias para compensarlo hasta que puedan pasar a otras formas de producción.

  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio cree que el presupuesto de la UE debe limitarse al 1,00 % de la renta nacional bruta media de los Estados miembros y, por lo tanto, apoya en principio la posición del Consejo. El presupuesto de 2006 es el último presupuesto de las actuales perspectivas financieras, razón por la cual es todavía más desafortunado que el Parlamento Europeo intente promover sus propias posiciones antes de las próximas negociaciones, proponiendo aumentos de forma precipitada. Por lo tanto, hemos decidido votar en contra de todos los aumentos propuestos por el Parlamento Europeo, a la vez que hemos acogido con satisfacción los pocos ahorros propuestos en forma de enmienda por una u otra de las comisiones presupuestarias o por diputados individuales.

Hay más líneas presupuestarias desafortunadas, pero la Lista de Junio lamenta la gran cantidad de ayudas destinadas a la política agrícola de la UE, al Fondo de Cohesión y a la industria pesquera, al igual que aquellas líneas que destinan ayudas a varios tipos de campañas de información.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito.

Enmienda 263:

Esta línea presupuestaria habría autorizado el uso de fondos para comunicar las ventajas del euro. Dado que Escocia, actualmente parte integrante del Reino Unido, no es miembro del euro, me he abstenido porque no es de mi incumbencia.

Enmienda 440:

Esta línea presupuestaria habría ampliado los equipos de traducción de la asamblea ACP para dar cabida a todas las lenguas, en vez de las actuales lenguas de trabajo de dicha asamblea. Aunque en principio podría apoyar la ampliación de la traducción sobre la base de que todas las lenguas merecen igual consideración, los costes de tal extensión a un número tan amplio de lenguas resultarían prohibitivos. Sospecho que además sería innecesario, toda vez que el sistema actual ha funcionado suficientemente bien hasta ahora.

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. Es una auténtica lástima que el Parlamento haya votado hoy a favor de mantener las subvenciones al tabaco. Medio millón de ciudadanos de la UE mueren anualmente de forma innecesaria por culpa de enfermedades relacionadas con el tabaco. Solo a través de una acción concertada podremos luchar contra la industria del tabaco y proteger la salud pública.

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE), por escrito. – (NL) Por la presente declaro que he votado a favor de la enmienda 446 sobre el CIES relativa a la línea presupuestaria 04030302.

- Informe: Pittella (A6-0309/2005)

  Richard James Ashworth (PPE-DE), por escrito. (EN) La política conservadora británica defiende firmemente que los compromisos presupuestarios no superen la contribución del 1,0 % de la RNB. Nos gustaría ver una UE que gaste de forma sensata el dinero de los contribuyentes en iniciativas de apoyo a los objetivos de Lisboa, al tiempo que erradique el fraude, la mala gestión y el derroche, como las subvenciones al tabaco.

Por estas razones, hemos votado en contra de las enmiendas o propuestas que quebrantan el techo del 1,0 % sin contribuir, a nuestro juicio, al fomento del crecimiento sostenible y los puestos de trabajo en Europa. Sin embargo, apoyamos los proyectos que alientan el desarrollo y el suministro de soluciones energéticas de nueva generación.

  Niels Busk y Anne E. Jensen (ALDE), por escrito. (DA) Los diputados al Parlamento Europeo por el Partido Liberal de Dinamarca han votado en contra de la enmienda 7, presentada por el señor Bonde en nombre del Grupo Independencia y Democracia. El Partido Liberal se opone a la exportación de animales vivos y ha votado en contra de la línea presupuestaria 05 02 13 04. La propuesta del señor Bonde, sin embargo, no puede aplicarse en la práctica y debe considerarse no realista y poco elaborada.

  Proinsias De Rossa (PSE), por escrito. Apoyo el informe Pittella, incluidas las enmiendas 3004 y 3005, que reintegran 12 millones de euros, destinados a la financiación de 2006 para PEACE II, a la línea presupuestaria de asistencia técnica/acciones innovadoras. Los Estados miembros tienen que garantizar que la flexibilidad presupuestaria requerida no ponga en peligro, en ningún caso, la plena subvención sostenida a PEACE II, tal como se previó el año pasado cuando se garantizó la financiación de dicho programa hasta 2006.

El Grupo Socialista ha desempeñado un papel vital a la hora de garantizar 108 millones de euros para el programa PEACE II de Irlanda para 2006 y continúa brindando su apoyo total al programa. John Hume, antiguo miembro del Grupo Socialista, fue el artífice del programa PEACE y su contribución a la reconciliación ha sido enorme. Para lograr unir las comunidades procedentes de ambos lados de la divisoria sectaria, resulta vital la subvención sostenida al programa PEACE.

Tenemos que apoyar igualmente la campaña del partido socialdemócrata y laborista en favor de un programa PEACE III, reservando 200 millones de euros en el presupuesto 2007-1013. Espero que el Ministro Noel Tracy se haga cargo de esto urgentemente y que todos los Estados miembros garanticen una administración fluida de las disposiciones para concretar la subvención de PEACE II, así como que garanticen la financiación sostenida de un programa PEACE III para 2007-2013.

  Ana Maria Gomes (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor de eliminar el tabaco de los subsidios a la producción. Creo que la producción de tabaco, componente esencial de la industria tabaquera, no debería recibir más subsidios. Los efectos dañinos del consumo de tabaco sobre la salud pública (más de 500 000 muertes al año a causa de enfermedades ligadas al consumo de tabaco) y, a su vez, sobre las economías de los Estados miembros y la UE, me lleva a concluir que los más de 100 000 euros que se han gastado en subsidios a estos productores a través de la PAC es moral, política y económicamente indefendible. Desde mi punto de vista, la producción de tabaco y la industria tabaquera no solo deberían perder nuestro apoyo, sino que deberían eliminarse de forma gradual, aunque rápida. El Parlamento debe ejercer presión sobre los Estados miembros y la Comisión para que hagan efectivo dicho cambio a través del presupuesto comunitario que apruebe.

Naturalmente, soy sensible al problema de los 3 500 empleos que dependen de la producción de tabaco en Portugal. Por lo tanto, creo que deben duplicarse los esfuerzos para transformar esta industria, con el fin de garantizar puestos de trabajo y la supervivencia económica de los productores portugueses y de todos los países europeos productores de tabaco. En este sentido, apoyo todo el respaldo económico que se les proporcione por parte de las instituciones comunitarias o nacionales. Perseverar en la política de los subsidios europeos, sin embargo, representa...

(Explicación de voto acortada de conformidad con el artículo 163 del Reglamento)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) El objetivo de esta explicación de voto es condenar la hipocresía de la mayoría del Parlamento, la cual, habiendo adoptado previamente determinados planes para establecer un «programa comunitario» con «recursos suficientes» para el sector textil y de la confección, «especialmente» concebido para ayudar a las «regiones más desfavorecidas», con apoyo a la «investigación, innovación, formación profesional y las PYME», ahora rechaza una propuesta clara destinada a poner en práctica dicho programa al amparo del presupuesto comunitario de 2006. Dicho de otro modo, la mayoría del Parlamento es culpable de una vergonzosa incoherencia.

Desde nuestro punto de vista, estamos enormemente decepcionados ante el rechazo de las propuestas que presentamos y que contaron con el apoyo de varios diputados al Parlamento Europeo. Estas propuestas estaban encaminadas a:

- lanzar un proyecto piloto de acción en el sector textil y de la confección con vistas a crear en el futuro un programa comunitario;

- crear planes de recuperación para los recursos pesqueros, en vista del impacto social y económico de las temporadas de veda;

- promover el plurilingüismo, sobre todo en las asambleas parlamentarias ACP-UE.

Asimismo, hemos defendido la aprobación de otras propuestas que presentamos, y que estaban destinadas a la reforestación y a la prevención de fuegos en los bosques, la conservación del patrimonio cultural y el apoyo a la cooperación entre PYME.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) En la votación sobre el presupuesto me he pronunciado a favor de la reforma de la PAC, de los recortes de las subvenciones al tabaco, de poner fin al transporte de animales vivos durante más de 8 horas, en contra de los recortes en el programa PEACE de Irlanda del Norte y a favor de la ayuda a los productores de plátano y azúcar de los países ACP.

  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de la rúbrica 3 en la votación del presupuesto hoy, porque deseo añadir no menos de 200 millones de euros en créditos de pago para una serie de líneas presupuestarias relativas a la Estrategia de Lisboa, que el Consejo había reducido en primera lectura.

Los principales ámbitos que podrían incrementar la competitividad de la UE incluyen aumentos para programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo para el sexto programa marco de investigación. Los pagos a programas de educación también se han incrementado, en 35 millones de euros para Sócrates, en 20 millones de euros para Leonardo da Vinci y en 3 millones de euros para e-Learning, cosa que apoyo plenamente.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) He votado a favor de suprimir esta línea presupuestaria porque no creo que, en los tiempos que corren, debamos subvencionar la exportación de animales vivos, a menudo en condiciones horrorosas. En consecuencia, he votado a favor de poner fin a esta práctica.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El Partido Comunista de Grecia se opone categóricamente al antipopular anteproyecto de presupuesto de la Unión Europea para 2006.

Su aprobación por los miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y demás marca la intensidad de los ataques antipopulares de la Unión Europea y los Gobiernos nacionales de los Estados miembros contra las clases trabajadoras y de base, para aumentar los beneficios de la eurounificación de las grandes empresas.

Es un «séquito» del plan de acción antipopular y reaccionario que se está discutiendo en la cumbre informal de Inglaterra para extender la reestructuración capitalista en el marco de la Estrategia de Lisboa, recortar drásticamente las prestaciones sociales, la producción agrícola y las pequeñas y medianas empresas y transferir recursos para fortalecer los mecanismos capitalistas militares.

Los cultivadores de tabaco están en la línea de fuego con recortes de 1 000 millones de euros. Con el pretexto de identificar el cultivo del tabaco con la campaña antitabaco se declara peligrosa a la comunidad tabaquera e «inocente» el tabaco importado. Estas decisiones de la UE sobre la reforma antipopular de la PAC están pisoteando también la limitada ayuda para la agricultura hasta 2013.

Mientras que el paro y la pobreza crecen exponencialmente y hay grandes necesidades de educación y sanidad públicas y demás, el capital se transfiere a la política de comunicaciones para camuflar el carácter imperialista y antipopular de la UE.

La lucha del movimiento obrero contra el anteproyecto de presupuesto ha de incluir toda la política antipopular de la UE.

- Informe: Dombrovskis (A6-0307/2005)

  Niels Busk y Anne E. Jensen (ALDE), por escrito. (DA) Los diputados al Parlamento Europeo por el Partido Liberal de Dinamarca han votado en contra de la enmienda 4, presentada por el señor Bonde en nombre del Grupo Independencia y Democracia. El Partido Liberal está a favor de reformar el reembolso de los gastos de viaje, de manera que se devuelvan todos los gastos de viaje razonables y necesarios. La propuesta del señor Bonde es, sin embargo, absurda y no podría aplicarse en la práctica.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Quiero dejar constancia de que me he abstenido respecto de las enmiendas referentes a las dietas de viaje al coste, porque creo que eso ya está contemplado en el Estatuto de los Diputados.

  Mechtild Rothe (PSE), por escrito. (DE) Aunque los diputados a esta Cámara que pertenecen al SPD están a favor de una declaración del gasto de viaje que refleje el coste en el que se ha incurrido realmente, no vamos a pactar ninguna enmienda que pida al Presidente que quebrante las normas de la Cámara.

- Informe: Jäätteenmäki (A6-0280/2005)

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), por escrito. – (FR) Dentro de un mes, en Barcelona, la Asociación Euromediterránea tiene que reformarse radicalmente sobre la base de una serie de ideas firmes.

En primer lugar, en la lucha contra la pobreza, es preciso elaborar y financiar una versión mediterránea de los Objetivos de Desarrollo del Milenio e impulsar unos mecanismos de solidaridad similares a los de la política regional europea.

La promoción de la democracia y los derechos humanos debe situarse en el centro de la asociación, aplicando concretamente el artículo 2 de los Acuerdos de Asociación y ampliando el uso de las subcomisiones de derechos humanos.

La lucha contra la discriminación de las mujeres y a favor de la igualdad de género debe ser objeto de una política específica y prioritaria de la UE. Las mujeres van a ser los vehículos de una auténtica aproximación de los diferentes pueblos y culturas alrededor de la cuenca mediterránea.

Tenemos que dar respuestas comunes a la cuestión de la inmigración. Pongamos coto a la hipocresía y el cinismo. No pensemos que podremos mantener las manos limpias dejando que nuestros socios de la orilla meridional hagan el trabajo sucio. Debemos sentar las bases para una gestión común de los flujos migratorios, mediante un enfoque generoso y solidario de la cuestión de la circulación de las personas en la zona mediterránea.

Necesitamos una «zona de desarrollo sostenible» en el Mediterráneo, con un programa encaminado a eliminar la contaminación del mar Mediterráneo de aquí a 2020, acompañado de un calendario preciso de su puesta en práctica.

(Explicación de voto acortada de conformidad con el artículo 163 del Reglamento)

  David Martin (PSE), por escrito. Acojo con agrado este informe. Me gustaría que el proceso de Barcelona y las estructuras se utilizaran en mayor medida para favorecer el diálogo y la interacción (económica, sociocultural, educativa, técnica, etc.) entre Israel y sus vecinos. Estoy seguro de que constituye la única vía para que los pueblos de esta región puedan vivir en paz. No puede existir seguridad detrás de las barreras.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Recientemente, en el curso de una noche, más de 1 000 africanos negros intentaron asaltar la frontera de Melilla para entrar en la «tierra prometida». El intento costó la vida a un número incalculable de ellos, mientras muchos otros se entregaron a las despiadadas garras de los traficantes de personas que, como siempre, les tientan con la perspectiva de Europa, la tierra de leche y miel con la que sueñan.

De esta manera, esta gente desesperada se encuentra irremediablemente en una situación sin esperanza alguna, sin que a menudo ni siquiera tengan la posibilidad de volver a casa. Hay que decir, sin embargo, que los que toman las decisiones en el ámbito local deben aceptar su cuota de responsabilidad en la tragedia, en cuanto fomentan estos sucesos al conceder subrepticiamente la residencia en masa a inmigrantes ilegales.

Una actitud excesivamente liberal e ingenua hacia la inmigración ilegal, lamentablemente ejemplificada entre otros por el reciente «asunto Kiev», lejos de ayudar a nadie, no hace sino crear más problemas, fundamentalmente al beneficiar a los traficantes de personas y a otros que se dedican al crimen organizado.

El crecimiento incontrolado de la población aumentará más el flujo de refugiados económicos a las fronteras de Marruecos y a las costas de Italia y Malta, lo que no solo exige un enfoque del problema a escala de la UE, sino también medidas para disipar las imágenes irreales del paraíso de Europa en los países de los que vienen los refugiados, con el fin de que podamos liberar los recursos para mejorar las condiciones de vida sobre el terreno. Es precisamente por esta razón por la que es tan importante recordar el proceso de Barcelona como un medio de combatir la pobreza y de insistir en el desarrollo de los planes de acción específicos de cada país.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El propósito de la cumbre de Barcelona fue servir de punto de inflexión en las relaciones entre la UE y sus vecinos del sur y, a cambio, de marco para un desarrollo concertado y de ayuda mutua de los países mediterráneos.

Cuando la cumbre celebra su décimo aniversario, es preciso ajustar y reforzar su aplicación para ayudar a la asociación a enfrentarse a los retos actuales y adaptarse a un entorno regional e internacional distinto.

Al combinar niveles bilaterales y regionales de diálogo económico y social, así como oportunidades de interacción, la cumbre de Barcelona ayuda a estrechar lazos y a cimentar la confianza entre los pueblos.

Me parece que el punto más pertinente es la propuesta de establecimiento de una zona euromediterránea de libre comercio, prevista para 2010 y que comprenderá unos 40 países y aproximadamente 700 millones de consumidores.

No me cabe duda alguna de que una relación basada en una zona de libre comercio ampliada será más efectiva. Además, el impulso que van a recibir las economías de los países del sur debe contribuir al desarrollo de la región y, de este modo, ayudar por ejemplo a evitar el tipo de tensiones migratorias que hemos visto recientemente.

Voto a favor del informe Jäätteenmäki.

- Situación en Azerbaiyán (B6-0558/2005) e Informe Jäätteenmäki (A6-0280/2005)

  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Creemos que la UE tiene un importante papel en los países de su entorno inmediato para la promoción de la democracia y los derechos humanos. Las dos resoluciones tienen que ver, sin embargo, con países y zonas que no puede considerarse que sean de la vecindad inmediata de la UE. Sin duda, el objetivo es promover el papel de la UE en la esfera de la política exterior y de seguridad. Otras organizaciones –por ejemplo, las Naciones Unidas, la OSCE y el Consejo de Europa– ya sirven para estos fines. A estas últimas dos organizaciones hay que darles prioridad en materia de supervisión de las elecciones y protección de los derechos humanos en Europa.

A la vista de lo anterior, decidimos abstenernos en la votación final sobre las dos resoluciones. Hemos optado, sin embargo, por apoyar varias propuestas que, desde nuestro punto de vista, no están relacionadas con la política exterior y de seguridad de la UE. Estas incluyen las propuestas de establecer una zona de libre comercio entre la UE y la región mediterránea para 2010 y de desarrollar la cooperación haciendo hincapié en la protección social y ambiental.

- Informe: Mavrommatis (A6-0276/2005)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Aunque este informe se refiere a la labor del Defensor del Pueblo anterior durante el mandato que ha finalizado, nos satisface la manera en que la ha llevado a cabo. Ha intentado llevar las reclamaciones de los ciudadanos a la atención de las instituciones y, en algunos casos, ha conseguido resolver esas reclamaciones.

También ha presentado propuestas encaminadas a garantizar que las instituciones europeas en cuestión respondan con mayor prontitud, cosa que si se acepta puede aumentar la capacidad del Defensor del Pueblo para actuar y resolver los problemas de los ciudadanos.

Además, estamos de acuerdo con el ponente en que tiene que haber una mayor cooperación entre el Defensor del Pueblo Europeo y la Comisión de Peticiones del Parlamento, y que hay que esforzarse por dar una mayor importancia a los derechos de las personas.

De ahí nuestro voto a favor.

  David Martin (PSE), por escrito. Acojo con agrado este informe que elogia merecidamente al Defensor del Pueblo durante 2004. El Defensor del Pueblo ha demostrado prontitud y energía para atender las reclamaciones de los ciudadanos comunitarios con respecto a las actividades de las instituciones de la UE. Se está revelando como un auténtico valedor de los derechos de los ciudadanos en lo referente a un trato justo y abierto por parte de las instituciones.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Europa afronta una crisis de diálogo con sus ciudadanos. El Defensor del Pueblo Europeo sigue recibiendo reclamaciones que no entran en el ámbito de su mandato.

Así pues, me parece fundamental que se restablezca el diálogo con los ciudadanos, explicando lisa y llanamente las competencias de las instituciones.

El Defensor del Pueblo Europeo ha tomado iniciativas al respecto y debe continuar haciéndolo. Además, al proponer intensificar la cooperación con sus homólogos nacionales o regionales y las medidas para promover las normas más elevadas de las administraciones públicas europeas, el Defensor del Pueblo actual ha demostrado que es muy consciente de su papel.

Por último, quiero señalar que es crucial mantener la imparcialidad de este órgano prestigioso, que actúa como conciliador entre la administración pública europea y los ciudadanos y ofrece soluciones extrajudiciales.

Por consiguiente, voto a favor del informe Mavrommattis.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La institución del Defensor del Pueblo Europeo se decidió en la cumbre de Maastricht y existe desde hace 10 años. Su propósito es investigar las reclamaciones por mala administración de las instituciones de la UE y de los Gobiernos de los Estados miembros.

Está claro que esta institución responde a la necesidad de embellecer la UE a los ojos de los ciudadanos y sirve para desviar las reacciones a la política antipopular a canales inofensivos; en otras palabras, a determinar si se administra bien o mal la privatización de todo, la abolición de los salarios y los derechos sociales de los trabajadores, el control y la represión de los sindicatos y la acción política y todo lo demás.

La buena administración y la política antipopular y antidemocrática son irreconciliables.

No subestimamos el sufrimiento de los trabajadores por los casos de mala administración o el valor de facilitar sus relaciones con la «burocracia de Bruselas» o los Gobiernos de los Estados miembros. Sin embargo, la institución tiene poco que ver con las amplias clases populares, no se creó para resolver sus problemas y se utiliza para amortiguar la insatisfacción con la misma política antipopular y con los medios administrativos que se utilizan para imponerla.

Con objeto de allanar el camino para resolver los crecientes problemas de los trabajadores, hay que redoblar la lucha del movimientos obrero y popular contra la política antipopular de la UE.

13. Correcciones de voto: véase el Acta

(La sesión, interrumpida a las 12.55 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. DOS SANTOS
Vicepresidente

14. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

15. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 115 del Reglamento)

16. Derechos humanos en el Sáhara Occidental

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre los derechos humanos en el Sáhara Occidental⁽¹⁾.

  Karin Scheele (PSE), autora. – (DE) Señor Presidente, aunque creo que el proceso de sacar adelante la resolución sobre derechos humanos en el Sáhara Occidental ha sido tan difícil que todos los que han participado en él deben de estar completamente exhaustos, me complace que esta cámara haya resistido la presión de Marruecos y que el Pleno haya resuelto hoy, casi unánimemente, que este asunto deba seguir en el orden del día en lugar de ser suprimido del mismo, que es lo que decidió ayer la Conferencia de Presidentes. Esto es muy importante desde el punto de vista de la confianza en nosotros mismos y de la imagen que presentamos al mundo de un Parlamento que confía en sí mismo.

Una cosa importante de esta resolución es que pide la liberación de los presos políticos saharauis, entre ellos a la más destacada, Aminatu Haidar, quien, gravemente herida, fue detenida el 17 de junio en El Aaiún y arrojada a la denominada «prisión negra» de allí. El Parlamento adoptó con anterioridad una iniciativa en su apoyo, ya que en julio 178 diputados al Parlamento Europeo firmaron una petición de que fuera liberada. Lo mejor de este texto, sin embargo, es que destaca el auténtico problema, que es que el Derecho internacional todavía no se aplica en el Sáhara Occidental y que no se ha encontrado una solución política a este conflicto.

Me parece muy bien que estemos por lo menos intentando incluir referencias a las materias primas en esta resolución, ya que sabemos que una razón del conflicto en el Sáhara Occidental es la riqueza de la región en materias primas y pescado. El Parlamento tiene también la misión de explicar claramente las razones de este conflicto si quiere ayudar a mejorar la situación.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), autor. – (ES) Quisiera empezar lamentando el incomprensible intento que hemos vivido estas últimas horas de impedir que esta Cámara se pronunciase en relación con un tema tan importante como éste de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

De haber tenido éxito esta iniciativa para impedir el presente pronunciamiento, se habría sentado un precedente claramente preocupante de cara a futuros debates y resoluciones de urgencia sobre otros temas relacionados con los derechos humanos.

Por lo tanto, celebro que, finalmente, haya vuelto la cordura y me felicito por que hoy estemos, no solamente debatiendo, sino también aprobando —espero— una resolución importante.

Una resolución que, además, es urgente, precisamente por algunas de las razones que ya ha mencionado mi colega Karin Scheele y en las que quiero insistir, porque creo que debemos aprovechar esta oportunidad para reclamar, también, a la parte marroquí que desempeñe un rol importante en el proceso de resolución de este conflicto.

En estos momentos, varias personas se encuentran en las prisiones marroquíes en condiciones completamente inaceptables, aspecto que ha sido señalado, criticado y denunciado por informes de Amnistía Internacional y de la Organización Mundial contra la Tortura.

Además, en agosto se produjo la liberación de muchos presos políticos, de centenares de presos de guerra marroquíes, por parte del Frente Polisario. Ése era el momento oportuno para que Marruecos demostrara su buena voluntad en relación con la gestión de este conflicto, haciendo un gesto positivo, liberando a presos e informando acerca del trato que éstos reciben en las cárceles de Marruecos.

Y no se ha hecho así. Por ello, esta Cámara —el Parlamento Europeo— tenía que pronunciarse, por ello, esta resolución es importante y, por ello, es urgente hablar alto y claro, precisamente, en aras de la mejora de las relaciones Unión Europea-Marruecos, para poder solucionar —insisto— no solamente el problema específico de las personas que se encuentran detenidas, sino, de una vez por todas, el conflicto en el Sáhara Occidental.

  Simon Coveney (PPE-DE), autor. – (EN) Señor Presidente, me complace y tranquiliza tener la oportunidad de hablar a favor de la resolución común. Quiero dejar muy claro mi rotundo rechazo a los intentos del Presidente del Parlamento y de la Conferencia de Presidentes de dejar a un lado esta propuesta de resolución sobre la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental hasta después de la visita y conclusión de alguna futura delegación de la UE. Se adoptó la decisión de avanzar con esta urgencia en el tema del Sáhara Occidental a través de los canales normales y apropiados. Se han sometido a debate propuestas de diferentes Grupos y se ha acordado un texto común de compromiso, que se somete a la decisión del Pleno. Los intentos de última hora de arrinconar la propuesta de resolución, sin consulta, amenazaron con sentar un precedente peligroso que, a mi juicio, habría dañado seriamente la credibilidad tanto del procedimiento de urgencia como quizá, y de forma más notable, la labor del Parlamento en materia de derechos humanos en general.

En cuestiones de derechos humanos, los aspectos políticos del tema deberían quedar relegados a un segundo término respecto de la necesidad de exponer problemas y críticas –si están justificadas– basadas en hechos fehacientes. El aspecto político del tema del Sáhara Occidental es complejo y quiero centrar mis comentarios, sobre todo, en los derechos humanos, aunque, como es obvio, ambos aspectos se solapan.

Esta moción aplaude y reconoce la liberación de prisioneros de guerra marroquíes, pero exige que las autoridades de Marruecos dejen libres a los defensores de los derechos humanos. También solicita la liberación de los prisioneros políticos saharauis y la colaboración de las autoridades para resolver el problema de los desaparecidos. Hacemos un llamamiento a ambas partes para que colaboren plenamente con la Cruz Roja Internacional en el tema de los desaparecidos desde el inicio del conflicto.

La propuesta de resolución insiste en la protección de la población del Sáhara Occidental en general y en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre todo en el ámbito de la libertad de expresión y de circulación, y exige que cualquier resolución política definitiva se ajuste al Derecho internacional y la pertinente resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Por último, la propuesta exige el acceso libre a todos los territorios del Sáhara Occidental para los observadores independientes, las ONG y los medios de comunicación libres. Me complace apoyar esta propuesta y pido a la Cámara que vote a favor.

  Marios Matsakis (ALDE), autor. – (EN) Señor Presidente, en primer lugar quiero añadir mi voz a la de los anteriores oradores y manifestar lo maravilloso que ha sido constatar que los intentos realizados por algunas personas de impedir que el Parlamento aprobara hoy una resolución común sobre el Sáhara Occidental han resultado infructuosos. Que sirva de precedente y de advertencia para el futuro: la hipocresía y las tácticas falsas y pretenciosas jamás deberían constituir un obstáculo a nuestra firme voluntad de expresar la condena de las violaciones de los derechos humanos en cualquier parte del mundo.

Los refugiados gozan de protección por parte de diferentes resoluciones, protocolos y convenciones de las Naciones Unidas. En algunos casos, esta protección es efectiva y en otros muchos sirve para salvar la vida. En otros, por desgracia, la situación no es como debería ser y la población civil inocente padece hambre, malos tratos, enfermedades e incluso la muerte.

Tal es el caso actual de un gran número de refugiados en el Sáhara Occidental. Informaciones fidedignas hablan de que cientos de personas han sido sometidas a un trato inhumano por parte de las autoridades marroquíes en las regiones de las denominadas plazas españolas de Ceuta y Melilla, donde muchos emigrantes han muerto por disparos al intentar entrar en territorio español. Ahora bien, la razón de que exista un territorio español en Marruecos es otra historia. Es una razón similar, supongo, a la de que haya suelo británico en Chipre, o que haya –o haya habido hasta hace poco– suelo francés en lejanos territorios transoceánicos.

Tal vez no haya tocado totalmente a su fin la colonización moderna, pero entonces, ¿quién está dispuesto a hablar de temas tan delicados? Al fin y al cabo, algunas de las antiguas potencias coloniales –sobre las que se nos llama la atención continuamente en esta Cámara– constituyen espléndidos ejemplos de campeones de los principios de la democracia, la libertad y el respeto de los derechos humanos. Esto es así.

Volviendo al asunto objeto de esta resolución, y resumiendo, esta resolución común deja meridianamente claro al Gobierno marroquí, así como a todas las partes interesadas, que no esperamos nada menos que hagan cuanto esté en sus manos para salvaguardar los derechos de los refugiados en el Sáhara Occidental.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), autor. – (PT) Quiero expresar en primer lugar mi regocijo por el hecho de que los intentos de echar por tierra la resolución sobre el Sáhara Occidental hayan fracasado. En nuestra opinión, este debate debería concluir con una muestra de solidaridad con la justa lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas. Como señala la propuesta de resolución, una solución justa y duradera debe implicar el fin del dominio colonial del que es víctima el Sáhara Occidental, y la creación de un Estado saharaui soberano, independiente y viable.

A pesar de los arduos esfuerzos, las concesiones unilaterales y los gestos de buena voluntad hechos por el Frente Polisario, legítimo representante de los intereses del pueblo saharaui, como la reciente liberación de todos los prisioneros de guerra, el proceso sigue obstaculizado por la intransigente actitud del Gobierno de Marruecos –aunque este sea el menor de sus crímenes–, que se niega a conceder derechos fundamentales al pueblo saharaui. Por consiguiente, hay que tomar medidas urgentes y efectivas con el claro propósito de completar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Hay que lanzar asimismo iniciativas para condenar la represión del pueblo saharaui en los territorios ocupados y pedir la liberación de los patriotas saharauis en poder de las autoridades de Marruecos.

Además, hay que asegurar al pueblo saharaui unas condiciones de vida decentes; todos los que están en campos de refugiados requieren una ayuda sustancial en forma de alimentos, tratamientos sanitarios y educación.

  Bernd Posselt, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, también a mí me complace que tengamos este debate hoy; que sea un inconfundible cañonazo de advertencia para el Presidente y la Conferencia de Presidentes, ya que en su defecto se hubiera creado un peligroso precedente. El jueves, la Conferencia de Presidentes dijo que en su opinión el Sáhara Occidental era uno de los tres problemas de derechos humanos más apremiantes que teníamos que tratar, y no había disconformidad al respecto ni siquiera el lunes.

Entonces un embajador apareció por aquí y, poco después, resultó que venía una delegación. Esto habría sentado un precedente. El episodio siguiente podría haber sido que un asunto de derechos humanos se hubiera suprimido arbitrariamente del orden del día a raíz de una cena con el señor Putin, y la siguiente vez habría sido a raíz una comida con el cónsul general chino u otra razón por el estilo, y así sucesivamente. Esto es algo que ningún Grupo de esta cámara puede tolerar.

Permítanme que vaya al grano. Soy muy amigo de Marruecos y creo en efecto que ambas partes comparten responsabilidades en este conflicto. Tanto Marruecos como el Sáhara Occidental fueron víctimas del colonialismo, ya que las potencias coloniales trazaron sin más sus fronteras en el desierto con una regla, y esta es la razón por la que la cuestión es problemática y únicamente puede resolverse a través de la negociación y el acuerdo mutuo. Interesa a ambas partes que nuestra delegación pueda hacer su trabajo allí sin trabas ni cortapisas; es verdaderamente lo mínimo y debería darse por supuesto. Es una barbaridad que se pueda amenazar con que puede que no se le permita hacerlo. Aunque respetamos a ambas partes, y queremos aportar nuestro granito de arena al establecimiento de la paz, debe quedar muy claro que la paz solo es posible sobre la base de la ley, que, en este caso, significa el Derecho internacional, con referencia especial a los derechos humanos. No puede haber negociaciones de paz sin respeto incondicional de los derechos humanos o sin que sean liberados todos los presos políticos. Esta es la razón por la que estamos dispuestos a ser socios e intermediarios; esta es la razón por la que nuestros buenos oficios están a disposición de las partes. No vamos a ponernos de uno u otro lado –el Partido Popular Europeo sin duda no va a hacerlo–, pero no vamos a andarnos con remilgos al expresar nuestro punto de vista de que los derechos humanos son derechos humanos, que los presos políticos son presos políticos, y que si hay un auténtico deseo de resolver este espinoso problema, debe hacerse en libertad y sin trabas ni condiciones.

  Luis Yáñez-Barnuevo García, en nombre del Grupo PSE. – (ES) Señor Presidente, voy a relativizar un poco las opiniones precedentes, entre las que se encuentran las de buenos amigos míos, con los que comparto muchas cosas de todo tipo: valores, ideas y objetivos.

Mi larga experiencia política, sobre todo en política exterior, me indica que, a veces, no es el que más grita, o el que hace resoluciones más contundentes, el que obtiene mejores resultados. Cuando se toma una determinación, hay que tener en cuenta muchos factores. Estamos discutiendo un tema procedimental, pero nadie ha dicho que lo que se va a ver desde fuera es la hipocresía de la votación en un Parlamento: 600 diputados dicen que tienen que haber debate ¯y yo así lo he votado, y aquí estoy¯, pero luego resulta que solo estamos 20 en el debate, y en la votación habrá 70. ¿Eso tiene realmente valor, o solo nosotros mismos nos creemos la importancia de estos debates los jueves por la tarde? Hay que ser un poco más realista y tener en cuenta todos esos factores.

Estoy de acuerdo con la Resolución conjunta y con el objetivo de apoyar al pueblo saharaui en sus reivindicaciones y, sobre todo, en su reivindicación de la autodeterminación ¯aún no lograda después de treinta años¯, pero también en que este tema siempre hay que balancearlo con el problema de seguridad y de estabilidad que tenemos en la frontera sur de la Unión Europea, y en que hemos de tener en cuenta el factor Marruecos, un país de 30 millones de habitantes, donde está latente el peligro de una involución islámica.

Tenemos que contribuir, con nuestra acción, o con nuestra inacción, a que haya una reforma política y un proceso democrático en ese país.

  Alyn Smith, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (EN) Señor Presidente, quiero respaldar incondicionalmente los anteriores comentarios de mi compañero de Grupo, el señor Romeva i Rueda, y expresar mi propio escepticismo por el hecho de que la situación en el Sáhara Occidental continúa tan mal como claramente parece al cabo de todos estos años de angustia y pretendida implicación por parte de Europa. La situación actual sigue siendo tan grave como lo ha sido durante muchos años. El indecoroso y ramplón debate de la Conferencia de Presidentes de ayer fue una muestra de la peor cara de Europa.

Cuando los europeos nos ocupamos de los procedimientos, de la política interna, del análisis de nuestra propia situación interior, aparecemos débiles y divididos. Si tenemos presentes nuestros principios esenciales en cuanto a promoción de la democracia, los derechos humanos, la supresión de la tortura y, sobre todo, la libertad de diálogo, podemos pronunciarnos con una voz rotunda y clara. Esta propuesta de resolución apunta en cierto sentido en esta dirección.

Hemos de tomar partido en torno a la propuesta de resolución que nos ocupa hoy, porque de lo contrario, ¿para qué está este Parlamento? La propuesta es respetable y válida y espero que la delegación de nuestro Parlamento se pronuncie con una voz suficientemente clara sobre esta cuestión cuando visite la región.

  Jaromír Kohlíček, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (CS) En África hoy no hay colonias, ni restos de ellas; esa es, por lo menos, la teoría defendida a menudo en el Parlamento por algunos diputados conservadores a esta Cámara. La realidad es por supuesto totalmente diferente. Los dos enclaves de Ceuta y Melilla permanecen bajo dominio colonial, y el Sáhara Occidental, la antigua colonia española de Río de Oro, sigue ocupado por Marruecos desde hace 20 años. En la resolución que se nos presenta, el Parlamento apoya el referendo sobre el futuro del país, que ha estado en la mesa de negociaciones durante bastante tiempo. No olvidemos, Señorías, que será necesario no solo apoyar la realización del referendo propiamente dicho, sino también determinar detalles técnicos como quién tiene derecho a votar.

Apoyo la decisión, anunciada hoy, de acordar que una delegación del Parlamento visite el país el próximo enero. Creo que los diputados que formen parte de la delegación no deben perder de vista el hecho de que se trata de una tierra desértica, que es rica en yacimientos de fosfato, y deben abordar todos los aspectos del problema con representantes del Frente Polisario, el Gobierno de Marruecos y los otros dos países que comparten sus fronteras, especialmente Argelia. Esa es la única manera de que podemos garantizar una visión equilibrada de toda la situación. También sería útil tener en cuenta las opiniones de la Unión Africana.

Es importante establecer las reglas para tomar parte en el referendo. Hay una gran comunidad de inmigrantes procedentes de Marruecos que viven en el país, por ejemplo, mientras que muchos habitantes de la antigua colonia española permanecen fuera del territorio. Esto encierra una serie de cuestiones adicionales, todavía no aclaradas, y creo que cumplir las exigencias establecidas en la resolución puede facilitar el camino para que se aborden esas cuestiones y, a su vez, para que se encuentre una solución del asunto de la descolonización del Sáhara Occidental.

  Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, 1975-1991 fue un período de conflicto sangriento en el Sáhara Occidental entre Marruecos y el Polisario, al que puso fin un alto el fuego auspiciado por las Naciones Unidas, que exigía un referendo sobre la independencia –que he de decir que aún está por celebrar–, supervisado por la MINURSO. La República Árabe Saharaui Democrática cuenta actualmente con el reconocimiento de setenta y seis países.

En 2001, James Baker propuso un periodo de autonomía de cinco años dentro de Marruecos antes de la celebración del referendo, pero el Polisario lo rechazó, concretamente por la cuestión de quién tendría derecho a votar. Por ello, desde el punto de vista jurídico, el Plan de Arreglo de 1991 de las Naciones Unidas permanece vigente. Entretanto, Marruecos ha continuado su represión, incluidas las alarmantes denuncias recientes sobre arrestos arbitrarios, malos tratos de prisioneros en cautiverio e incluso supuestas torturas.

Argelia está disfrutando ahora de los enormes beneficios, caídos del cielo, debidos a los pingües ingresos derivados del petróleo y, por tanto, se encuentra en condiciones de rearmar al Polisario. Eso resulta enormemente peligroso, ya que podría producirse un resurgir de las hostilidades. Hemos de impedir los enfrentamientos y evitar un nuevo estallido de la guerra a toda costa.

  Iratxe García Pérez (PSE). – (ES) Señor Presidente, hace unos meses, en este mismo lugar, debatíamos sobre la necesidad de atender, mediante ayuda humanitaria, a la población saharaui. Ya en aquella ocasión aprovechamos para recordar que esta situación es consecuencia de un conflicto político que, hasta el momento, hemos sido incapaces de resolver.

Hoy hablamos de una situación grave y preocupante, relativa a la violación de los derechos humanos de la población saharaui: sus derechos a la libre expresión, a la manifestación y a la libertad de movimiento, que, en estos últimos meses, hemos podido constatar tanto a través de organizaciones de derechos humanos como de los propios medios de comunicación.

Por ello, hoy, desde el Parlamento, hacemos un llamamiento firme a las autoridades marroquíes, para que procedan a la liberación de los detenidos políticos saharauis. Asimismo, consideramos de vital importancia la visita de esta delegación del Parlamento Europeo, para obtener de primera mano la información real sobre la situación que se está viviendo en estos momentos en los territorios del Sáhara.

Sin duda alguna, este conflicto necesita la intervención decidida, tanto de los organismos internacionales como de la Unión Europea, para poner fin a tres décadas de injusticia y sufrimientos. La designación por parte de las Naciones Unidas del nuevo representante para la MINURSO es una buena señal. Ahora es el momento de posibilitar que se den las condiciones para la resolución de este conflicto y que se reconozca la aspiración legítima de los saharauis a determinar su propio futuro.

Señorías, el de hoy no puede ser un debate más, ni la resolución de hoy solo una más de todas las que hemos tenido sobre este tema. Por los derechos humanos y por la justicia social, tenemos la obligación de trabajar en esta dirección.

  Olli Rehn, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, la Comisión continúa respaldando plenamente el papel de las Naciones Unidas y sus esfuerzos por encontrar una solución política al conflicto en el Sáhara Occidental.

Compartimos la esperanza de que el nuevo enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Van Walsum, así como el nuevo Representante especial, el señor Bastagli, aporten nuevo ímpetu a la búsqueda de una solución política. La Comisión anima a todas las partes implicadas y a la comunidad internacional a que cooperen plenamente con ellos en la consecución de este objetivo.

La Comisión aplaude asimismo la liberación de 404 prisioneros de guerra marroquíes por parte del Frente Polisario. Se trata de una medida muy positiva, que indudablemente ayudará a encontrar una solución.

En cuanto a las recientes tensiones en el Sáhara Occidental, la Comisión hizo un seguimiento de las demostraciones, detenciones, juicios y huelgas de hambre del mes pasado y continúa vigilando la situación.

La Comisión, a través de su delegación en Rabat y en colaboración con los Estados miembros, ha entablado gestiones de alto nivel con las autoridades marroquíes y otras partes implicadas, expresando su preocupación y solicitando información directa acerca de la situación y de las medidas que se van a adoptar. Además, la Comisión continúa trabajando con denuedo en el tema de los derechos humanos, ya que el respeto de los mismos constituye un principio esencial de las relaciones exteriores de la Unión Europea.

Dentro del contexto de nuestras relaciones bilaterales con Marruecos se ha creado una subcomisión de derechos humanos, democratización y gobernanza. La fecha de su primera reunión quedará fijada probablemente en el Consejo de Asociación con Marruecos en noviembre. Esta subcomisión va a permitir a la Comisión abordar el tema de los derechos humanos como un conjunto homogéneo, incluida la libertad de expresión y de reunión.

Estos temas –derechos humanos, democratización, reforma política e institucional– también están contemplados en el plan de acción acordado entre la Comisión y Marruecos dentro del marco de la Política de Vecindad Europea.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar hoy a las 16 horas.

(1) {0>See Minutes.<}100{>Véase el Acta.<0}

17. Uzbekistán

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre los derechos humanos en Uzbekistán⁽¹⁾.

  Józef Pinior (PSE), autor. – (PL) Señor Presidente, Uzbekistán es el hogar de más de 20 millones de personas y fue allí donde nació el legendario Tamerlán. Se halla en la ruta de la seda y, siempre al tanto de su herencia histórica, desempeña un papel geoestratégico fundamental en el punto en el que Europa se encuentra con Oriente Próximo y Asia. Los uzbekos y la rica herencia cultural del país implican que este está destinado a desempeñar un papel fundamental en el establecimiento de un orden político internacional basado en la paz, la democracia y el respeto de los derechos humanos.

El régimen autoritario de Islam Karímov ahoga las ambiciones democráticas del pueblo uzbeko. Viola derechos humanos fundamentales y fue el responsable de la masacre de Andizhán. El pasado sábado, 22 de octubre de 2005, fue detenido un líder de la oposición, el empresario Sanjar Umarov. Ha habido informes alarmantes de su abogado, Vitaly Krasilovsky, sobre el trato humillante de que ha sido objeto el señor Umarov durante su periodo de detención. El señor Krasilovsky está preocupado por el bienestar de su cliente, ya que solo se le ha pemitido visitarle en prisión durante unos minutos, y el señor Umarov fue incapaz de dar respuestas coherentes a sus preguntas en ese tiempo. Esa es una de las muchas violaciones de derechos humanos por el régimen de Karímov.

La Unión Europea no puede permanecer impasible ante la situación en Uzbekistán. Nuestras acciones deben dirigirse a la sociedad civil uzbeka, y deben servir para establecer buenas relaciones con el pueblo uzbeko, así como ayudar a los que han sufrido persecución política por el régimen autoritario. Una visita de representantes del Parlamento a Uzbekistán sigue siendo un asunto de importancia fundamental. Las autoridades uzbekas deben aceptar nuestra visita a Andizhán y la celebración de reuniones con representantes de los medios, la oposición y ONG. Si puedo, quisiera expresar mi esperanza de que las buenas relaciones entre la Unión Europea y Uzbekistán continúen creciendo, ya que esas relaciones potenciarán el desarrollo y la prosperidad del pueblo uzbeko. También promoverán el avance de la democracia y los derechos humanos en Uzbekistán y en el conjunto de Asia Central.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), autor. – (SV) Señor Presidente, el Consejo adoptó una buena decisión el 3 de octubre a favor del embargo de armas. Uzbekistán no necesita armas, que pueden usarse para oprimir a su propia población. Es bueno que pidamos ahora que se lleve a cabo una investigación independiente de lo que ha sucedido en Andizhán.

Los medios de comunicación están estrechamente controlados y la oposición y los miembros de los movimientos populares tienen prohibido reunirse. Las peticiones que hacemos al Presidente Karímov no deberían de ser tan difíciles de cumplir. Únicamente tiene que cumplir con la constitución de su propio país, que declara que las libertades de circulación, asociación y reunión deben prevalecer y que los tribunales deben ser independientes. No es insensato pedir que un Presidente cumpla la constitución de su propio país, y eso es lo que pedimos hoy en esta Cámara.

  Simon Coveney (PPE-DE), autor. – (EN) Señor Presidente, pido disculpas. Debería haber saludado, desde luego, la presencia del Comisario en mi última intervención, así que lo haré ahora.

Me complace tener la oportunidad de hablar brevemente acerca de la propuesta de resolución sobre Uzbekistán. Uzbekistán es un país grande y muy influyente en Asia Central. Su estabilidad influye directamente en toda la zona y la UE ha intentado, acertadamente, establecer contactos y una relación con este vecino geográficamente próximo e importante. Sin embargo, esta propuesta de resolución tiene a mi juicio un objetivo principal: preguntar una vez más qué ocurrió en Andizhán el pasado mes de mayo y hacer un nuevo llamamiento en favor de una investigación diáfana e independiente. Parece existir la opinión de que, al exigir que se esclarezca la verdad, de alguna forma estamos tomando partido contra las autoridades uzbekas. Los derechos humanos y el Derecho internacional se hallan en el corazón del sistema de valores de la UE, y constituye nuestra responsabilidad buscar la verdad en esta tragedia.

Por ahora existen tres versiones de la «verdad». Primero, la versión oficial uzbeka y del Presidente Karímov, según la cual las muertes fueron «una respuesta comedida a un levantamiento islamista en la que perdieron la vida 187 delincuentes». Luego está la versión de los medios de comunicación y las ONG, que describe un baño de sangre en el que mujeres y niños fueron abatidos por policías armados, y los cuerpos fueron arrastrados a una escuela cercana, donde permanecieron tirados hasta el día siguiente, algunos todavía con vida, para ser trasladados luego a un hospital. Ni siquiera sabemos el número de muertos. Las informaciones oscilan entre 500 y 1 500 personas. En tercer lugar, están los nativos de Andizhán, la mayoría de ellos mudos o afectados de amnesia, fundamentalmente aterrorizados de hablar, ya que algunos de los que lo han hecho han desaparecido.

La UE debe insistir en una investigación independiente y hemos de emprender acciones que garanticen que, si ésta se nos deniega, conlleve implicaciones en cuanto a la relación entre Uzbekistán y la Unión Europea.

  Ona Juknevičienė (ALDE), autora. – (LT) El Presidente de Uzbekistán, Islam Karímov, hace abierta y descaradamente caso omiso del deseo de la comunidad internacional de que revele toda la verdad sobre lo que sucedió en Andizhán en mayo de este año. Está creando su propia versión de la verdad. El Presidente Karímov está creando su verdad violando abiertamente los derechos humanos, borrando las huellas de asesinatos y neutralizando a los testigos y a sus familiares. Parece que solo puede haber una verdad en Uzbekistán: la que está totalmente censurada por las autoridades. Terrorismo y delito económico: esas son las dos vagas etiquetas que se usan para encubrir el trato visible y violento de los denominados enemigos del Estado. Sin embargo, creo que tiene que haber una clara línea divisoria entre la garantía de la seguridad y la represión. Desde que está prohibida, la oposición se ha radicalizado. La injusticia social y la represión de la diversidad de opiniones fomentan el extremismo religioso. Es sabido que Uzbekistán es un objetivo atractivo para los extremistas islámicos; sin embargo, esas acciones de las autoridades no paran el radicalismo islámico, ya que solo la democracia y un poder judicial independiente pueden ayudar a luchar contra el radicalismo, no la represión. Señor Presidente, Señorías, les animo a votar hoy a favor de la resolución, ya que creo que es un paso adelante para intentar fomentar la diversidad de opiniones entre los ciudadanos de Uzbekistán, junto con la libertad de expresión y los derechos humanos. Este es el auténtico camino hacia la democracia.

  Erik Meijer (GUE/NGL), autor. – (NL) Señor Presidente, no fue solo en Ucrania, Georgia o Kirguistán donde los regímenes autoritarios tomaron el poder después de la caída de la Unión Soviética, sino que ese fue también, y especialmente, el caso en Belarús, Turkmenistán y Uzbekistán. Allí no triunfó la democracia, sino más bien un grupo de personas que habían adquirido experiencia en el viejo aparato de Estado y los servicios de inteligencia. Sin más objetivo que permanecer en el poder, esas personas convierten las empresas estatales en su propia propiedad privada, manipulan los resultados electorales, conceden el menor espacio posible a los grupos de oposición, entorpecen las organizaciones libres, restringen la prensa y, si es necesario, usan la violencia contra su propio pueblo.

Uzbekistán está dispuesto para el cambio radical, pero el ímpetu inicial en este sentido de los manifestantes fue cortado de raíz el 13 de mayo, con una fuerza brutal que costó cientos de vidas. Desde entonces, el mundo exterior ha permanecido llamativamente en silencio. ¿Puede que esto tenga algo que ver con sus intereses económicos y militares? ¿Se va a dejar que permanezca la dictadura en Uzbekistán porque ha demostrado ser útil para la intervención militar en Afganistán? ¿Vamos a dejar a sus habitantes en la cuneta? Europa no debe dejar que los derechos y libertades de los uzbekos se supediten a otras consideraciones. El proyecto de resolución nos ayuda a adoptar la postura necesaria.

  Marcin Libicki (UEN), autor. – (PL) Señor Presidente, es una desgracia que el histórico avance que llevó en Polonia a la formación de un Gobierno democrático en 1989, y que posteriormente provocó la caída del muro de Berlín y la desintegración de todo el bloque comunista dirigido por Moscú, no condujera al nacimiento de un régimen democrático respetuoso con los derechos humanos en todos los países del antiguo bloque comunista. Las transformaciones de que hemos sido testigos en Polonia, Eslovaquia, la República Checa y Hungría, durante las cuales se han establecido sistemas basados en el respeto de los derechos humanos, no tuvieron lugar inicialmente en Ucrania. Estamos esperando todavía esas transformaciones en Belarús, y por desgracia tampoco hay signos de ellas en Uzbekistán.

Se puede decir que los sucesos de 13 de mayo de 2005 fueron una medida de las condiciones imperantes en Uzbekistán. La actitud del Gobierno, que se niega a permitir que observadores extranjeros investiguen las causas de las numerosas muertes, así como la intimidación de periodistas y la prevención del control externo, significa que el Parlamento debe adoptar una postura firme en este asunto. Por esta razón es por lo que pedimos que se lleven a cabo investigaciones en todos estos asuntos, y que la democracia se establezca en Uzbekistán.

  Bernd Posselt, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, Uzbekistán es un antiguo paisaje cultural que, habiendo dado a luz a Estados como los kanatos de Bujará y Kokán, cayó víctima de un colonialismo agresivo. Hoy hemos discutido el colonialismo europeo en África, pero en este caso el colonialismo era de carácter soviético y comunista, siguiendo los pasos del colonialismo zarista en Asia Central. Solo en 1989, con el derrocamiento del régimen comunista en Europa Central, llegó el final de este colonialismo, cosa que me gustaría decir en beneficio del señor Kohlíček.

Estamos obligados a considerar la situación allí de manera realista. A estos países se les castigó al imponerles el monocultivo, fueron saqueados y explotados despiadadamente, y ahora se han puesto en marcha por el difícil camino de la estatalidad. Hay que tener cierta compasión por su situación, y también necesitan toda la ayuda intensiva que les podamos ofrecer. Eso no significa, sin embargo, que podamos hacer la vista gorda ante los abusos de los derechos humanos.

Lo que pedimos es claro e inequívoco: pedimos que el Gobierno uzbeko deje de obstruir las investigaciones que ya llevan retraso, que libere a todos los detenidos y garantice los derechos humanos fundamentales. Si vamos a hacer aquí cualquier progreso, sin embargo, será por el diálogo y no tratando a la otra parte como a un niño.

Tenemos que ser conscientes de la presencia de elementos desestabilizadores y terroristas en toda la región, por no mencionar la continua influencia de Moscú, que ha suministrado recientemente a Uzbekistán grandes cantidades de minas antipersonales, que han sido a menudo tema de debate en esta Cámara, y que están destinadas, entre otras cosas, a fortificar más las fronteras. Las tropas rusas están todavía presentes, actuando como si este fuera todavía un territorio colonial Esto no podemos aceptarlo sin más, ya que es una región en la que chocan los intereses vitales geoestratégicos de las potencias, entre otros en el sector energético.

Así que digamos en voz alta y para que todos nos entiendan que, en este terreno, hay dos elementos contrapuestos: por un lado los derechos humanos y la asociación abierta y justa, y por otro el colonialismo de cualquier tipo o forma.

  Karin Scheele, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, la resolución de hoy condena la negativa del Gobierno uzbeko a ser transparente en relación con la investigación de los sucesos de mayo de 2005, y subraya lo importante que es que haya una comisión de investigación internacional e independiente que pueda sacar dilucidad los detalles sin demora y observar los procesos en curso sin interferencias.

Precisamente el número de personas que perdieron sus vidas esos días de mayo en Andizhán es algo que el público mundial no ha sido capaz de averiguar hasta ahora. Las cifras de las organizaciones de derechos humanos varían entre 500 y 1 000, mientras que el Gobierno uzbeko fija el número de víctimas en 176. Una y otra vez, el Presidente Karímov utiliza el islamismo como un instrumento contundente con el que poner fuera de juego a sus oponentes políticos de todos los colores. Por eso es fundamental que presionemos a favor de la puesta en libertad de los activistas de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política que todavía están en prisión.

  Tobias Pflüger, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, cualquiera que haya observado las brutales violaciones de los derechos humanos en Uzbekistán esperaría críticas mordaces al régimen de Uzbekistán, y no las críticas aguadas que acabamos de oír en boca del señor Posselt. En lugar de ello, Uzbekistán mantiene la más estrecha cooperación posible con un Estado miembro de la UE. Ese Estado miembro es Alemania, que, en Termes, gestiona una base militar de crucial importancia geopolítica, especialmente para las operaciones militares en Afganistán. La OTAN me dice que no es una de sus bases, aunque la utilizan Estados de la OTAN, además de los Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, el Reino Unido, Francia, Grecia y España, todos ellos Estados miembros de la UE.

Alemania concede a Uzbekistán una amplia ayuda económica y militar, que se dice que asciende a 2 000 millones de euros, junto con fábricas de armas, armas antiguas y demás. La política de derechos humanos de la UE es hipócrita cuando, por un lado, critica con razón las brutales violaciones de los derechos humanos, mientras que por otro permite por consideraciones geopolíticas que el régimen de Uzbekistán reciba ayuda militar y económica.

  Urszula Krupa, en nombre del Grupo IND/DEM. – (PL) Señor Presidente, en el periodo previo a las elecciones parlamentarias de Uzbekistán, que han sido convocadas para diciembre, el Parlamento Europeo está debatiendo una vez más sobre las violaciones de los derechos humanos.

Uzbekistán es una antigua república soviética, en la que, aunque ha conseguido una independencia parcial del régimen comunista, se sigue ejerciendo el poder de la misma manera. Islam Karímov, ex Secretario General del Partido Comunista y ahora Presidente, ha demostrado ser un dictador. Intenta apaciguar los poderes rivales de Rusia, Europa y los Estados Unidos; este último ha mantenido bases militares en el país hasta hace poco. Uzbekistán es una región de importancia estratégica, política y económica tanto para Rusia como para los Estados Unidos, por lo que la situación en la república es todavía más compleja. Desde 2001, el país ha sido uno de los aliados fundamentales de los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo en Asia.

Junto con Rusia, Uzbekistán es también miembro de los Cinco de Shanghai, un foro destinado a combatir el terrorismo en Asia. Moscú utiliza la amenaza del fundamentalismo islámico para asustar a Uzbekistán y obligarlo a permanecer en su esfera de influencia.

Uzbekistán es un país con abundantes recursos naturales, inclusive petróleo y gas. Debido fundamentalmente a la ayuda estadounidense, ha conseguido cierto éxito económico. Es también un país en el que poblaciones étnicamente diversas de fe islámica, ortodoxa y católica convivían antes en paz. Recientemente, sin embargo, entre otras cosas a raíz de los choques entre las presiones exteriores y las prácticas autoritarias de Karímov, el país ha sido testigo de violaciones de los derechos humanos y persecución de la oposición, en particular la islámica.

El 13 de mayo se reprimió violentamente una manifestación en Andizhán, y se piensa que pueden haber muerto cientos de civiles. A pesar de las protestas, los responsables de la masacre no han sido capturados, y la prensa ha pasado de puntillas por encima de la tragedia. Los informes de los observadores extranjeros, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, hablan de torturas salvajes y sin precedentes, perpetradas en prisiones uzbekas contra los opositores al régimen, de violaciones de los derechos humanos y de la persecución de los periodistas independientes y activistas políticos que destaparon la verdad sobre los sucesos del 13 de mayo. En la estela de varios intentos infructuosos en su vida, el Presidente Karímov tacha ahora a los críticos musulmanes de fanáticos y terroristas, justificando así la persecución de los pensadores políticos independientes de la oposición.

El Santo Padre, Juan Pablo II, nos recordaba que la libertad es siempre un reto. Decía también que el poder es un reto para la libertad, y que solo puede ejercerse sirviendo a los demás. La comunidad internacional y los que desempeñan funciones de poder deberían dar siempre preferencia a la dignidad humana y a los derechos humanos sobre los intereses económicos. Por esta razón, pedimos que acabe la persecución, que se respete la dignidad humana y se cumplan las obligaciones básicas derivadas de la Carta de los Derechos Fundamentales y los principios democráticos.

  Olli Rehn, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, a raíz de la matanza de Andizhán y el rechazo contumaz por parte de Uzbekistám de una investigación internacional independiente de tales sucesos, la Unión Europea ha adoptado una postura muy firme respecto de Uzbekistán mediante la aprobación de las conclusiones del Consejo de 3 de octubre, subsiguientes a las primeras conclusiones aprobadas a partir de mayo.

El paquete de medidas restrictivas incluye la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación y Cooperación, el embargo de armas, la supresión selectiva del visado, así como el estudio de acciones dentro del marco de las Naciones Unidas y la OSCE. Todo ello constituye una señal política muy clara y rotunda de la Unión hacia Uzbekistán.

La Comisión respalda plenamente a los Estados miembros en lo referente a la imposición de la supresión del visado, cuyos trámites de puesta en práctica están ultimándose ahora. La Comisión apoya con la misma rotundidad la ejecución del embargo de armas y ha elaborado la legislación para el Consejo con miras a su inmediata entrada en vigor.

En cuanto al Acuerdo de Asociación y Cooperación (AAC), la Comisión ha suspendido inmediatamente cualquier nueva reunión técnica con Uzbekistán. Eso significa que hemos suspendido las Subcomisiones de Comercio e Inversión y de Justicia, Libertad y Seguridad, junto con la Comisión de Cooperación.

Aunque la iniciativa de cara a la reunión del Consejo de Cooperación corresponde a los Estados miembros, la Comisión opina que se podría mantener la reunión a fin de no cercenar totalmente nuestro diálogo político con Uzbekistán.

La Comisión toma nota de la decisión de aplazar la sexta reunión de la Comisión de Cooperación Parlamentaria UE-Uzbeksitán y lamenta que no se haya autorizado a la delegación a viajar a la región de Andizhán, ni a tener libre acceso a los miembros de la oposición, las organizaciones no gubernamentales y a los medios de comunicación independientes.

Con relación a la asistencia comunitaria, la Comisión ha aprobado una reducción y un reajuste de la asistencia de la UE de 11 millones a 9,25 millones de euros durante este año, y de 9 millones a 7,25 millones de euros en el próximo. A pesar de estos recortes, creemos firmemente que debe preservarse la asistencia concreta de la UE. Debería centrarse en la reducción de la pobreza en el valle de Ferganá y el desarrollo de una sociedad civil, así como en las reformas jurídicas y judiciales y en el desarrollo de la educación superior.

Quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar que la situación de los derechos humanos que existía antes de los sucesos de mayo ya era muy sombría y motivo de honda preocupación para la Comisión. Por nombrar solo una de las causas de preocupación, la Comisión acogería con sumo agrado una compromiso público en apoyo de la condena de las torturas por parte del Presidente Karímov.

Además, la Comisión continuará presionando a los uzbekos para que establezcan una moratoria inmediata para todas las sentencias de muerte antes de la supresión de la pena capital en 2008. La Comisión está igualmente preocupada por los informes sobre la detención y persecución de personas, incluidos defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas locales que han puesto en duda la versión de los sucesos facilitada por las autoridades.

La Comisión proseguirá sus esfuerzos dentro de la lucha contra el tráfico de drogas, la mejora de la gestión de las fronteras, las redes energéticas y las de transporte. La exclusión de Uzbekistán de tales programas regionales perjudicaría más a los vecinos de este país que al propio Uzbekistán.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar hoy a las 16 horas.

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18. Caso de Tenzin Delek Rinpoche

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre el caso de Tenzin Delek Rinpoche⁽¹⁾.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), autora. – (PL) Señor Presidente, uno de los últimos grandes lamas tibetanos, Tenzin Delek Rinpoche, ha pasado los últimos 20 años luchando por proteger la cultura tibetana. Siendo la principal figura religiosa en el Tíbet, ha desempeñado también un papel activo en asuntos económicos, culturales y sociales. Este lama tibetano ha sido durante mucho tiempo una espina para las autoridades chinas, aunque nunca ha participado en manifestaciones políticas.

Como líder espiritual que propugna incondicionalmente importantes medidas sociales como la construcción de escuelas para niños huérfanos, hospicios, carreteras locales y la ayuda a los ancianos, es un destacado defensor de la paz, cuyas acciones no son para nada agresivas. Sin embargo, su popularidad le ha llevado a ser etiquetado de amenaza para las autoridades locales chinas, que lo detuvieron so pretexto de que había ayudado supuestamente a organizar varios atentados. Se le acusó de terrorismo y se le condenó a muerte, sin ninguna prueba ni juicio justo. Se le ha mantenido en condiciones inhumanas durante muchos meses esperando la ejecución, y su pobre estado de salud actual es consecuencia directa de la tortura prolongada.

En vista de lo anterior, pedimos a las autoridades chinas que mejore las condiciones en las que se encuentra. También pedimos al Gobierno chino que haga esfuerzos por mejorar las condiciones en que se encuentran otros prisioneros, prohíba la tortura y, sobre todo, suprima la pena de muerte. Como parte de la comunidad internacional tenemos que dejar muy claro que no permitiremos que se encarcele a las personas si no se ha probado su culpabilidad. China debe respetar las normas internacionales sobre derechos humanos, la dignidad humana y las libertades civiles. Quiero por consiguiente pedir también a las organizaciones internacionales que presionen a China para que acepte un diálogo constructivo con vistas solucionar el asunto del Tíbet de una vez por todas.

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE), autora. – (DE) Señor Presidente, Señorías, no es la primera vez que tenemos que discutir el terrible caso de Tenzin Delek Rinpoche y tomar nota de la falta de voluntad de China para emprender el camino de la reconciliación. Ni mucho menos: no tiene garantizado más que antes un juicio transparente y justo, y lo peor aún es que la tortura y las condiciones inhumanas en las que está encarcelado –sin, nótese bien, un auténtico procedimiento legal– le han llevado al extremo de que su vida está en peligro, y esto es algo sobre lo que realmente tenemos que hablar, y no por primera vez.

En esta Cámara estamos obligados a actuar ahora, porque ya hemos pedido un trato justo para este hombre que casi está a punto de morir, y cuyo único delito ha sido ser un querido profesor y guía espiritual. Ahora es el momento de que emprendamos acciones y presionemos de nuevo con nuestras exigencias al Gobierno chino.

Lo que hace todo esto más necesario es que parece que, cuanto más apetecen los Estados miembros y sus Gobiernos el mercado chino, más prudentes son a la hora de plantear cuestiones de derechos humanos a los socios chinos con los que dialogan. En un momento como este y en un contexto como este, estamos obligados a defender nuestros valores. Somos nosotros, los diputados a esta Cámara, quienes debemos hacer lo que nuestros Gobiernos no hacen.

En una situación en la que el Tíbet es autónomo solo sobre el papel y no en la realidad, en la que el diálogo con el Dalai Lama, que empezó de manera tan prometedora, o bien no continúa o se aplaza una y otra vez, y en la que China no garantiza todavía los derechos humanos, tenemos que hablar más alto y sin miedo, pidiendo que se ponga fin a este estado de cosas y se restaure el orden.

  Thomas Mann (PPE-DE), autor. – (DE) Señor Presidente, las resoluciones que adoptamos el 18 de noviembre de 2004 y el 13 de enero de 2005, combinadas con las masivas protestas diplomáticas y las acciones de las organizaciones de derechos humanos dieron algunos resultados, ya que consiguieron la conmutación de la pena de muerte dictada contra el respetado lama Tenzin Delek Rinpoche por la cadena perpetua. Las autoridades chinas le consideran un criminal, acusándole de socavar la seguridad del Estado, y –sin prueba alguna– de estar implicado en atentados con bombas. Continúan negándole un juicio justo con observadores internacionales presentes.

En lo que coincido totalmente con los dos oradores anteriores es que la auténtica razón de su encarcelamiento es su gran influencia en el pueblo tibetano y su apoyo al Dalai Lama. La pena de muerte puede haberse anulado, pero parece que se está aplicando por otros medios; al haber soportado la tortura y el confinamiento solitario, ahora no puede hablar ni moverse, y su vida pende de un hilo.

Todas las agrupaciones políticas de esta Cámara piden a los chinos que no retrasen más la mejora de las condiciones en las que se encuentra y cumplan estrictamente los términos del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Trato de Prisioneros. Insistimos en que Manfred Nowak, el Ponente Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, tenga libre acceso a Tenzin Rinpoche; llegará a China en una misión de inspección dentro de tres semanas.

La Comisión Europea, el Consejo y los Estados miembros deben establecer una estrecha relación entre el destino actual de los presos políticos en China y el mantenimiento del embargo de armas impuesto a ese país. El embargo debe mantenerse, sin ninguna relajación, tanto tiempo como continúen los abusos de los derechos humanos. La Embajada china en Bruselas ha intentado intervenir, alegando que eran asuntos internos, y que ni organizaciones externas ni nadie a título individual tenían derecho a entrometerse. Estas expresiones opresivas constituyen sin embargo otro ejemplo del resultado insatisfactorio de la cumbre UE/China del 5 de septiembre y la falta de resultados tangibles del diálogo sobre derechos humanos. El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos quiere subrayar la necesidad de que se mantengan los valores y las normas internacionales.

Lo que envía una poderosa señal a todos los que sufren persecución por razones políticas, religiosas o culturales es la insistencia de la Unión Europea en condicionar la cooperación con cualquier país –sin ninguna excepción– a su respeto de los derechos humanos. Los que quieren que la confrontación ceda paso a la cooperación deben apoyar los derechos humanos y abstenerse de violarlos, ya que los derechos humanos son universales en su aplicación.

(Aplausos)

  Elizabeth Lynne (ALDE), autora. – (EN) Señor Presidente, no nos corresponde a nosotros decir si Tenzin Delek Rinpoche es inocente o culpable. Sin embargo, sí es de nuestra incumbencia denunciar las violaciones de los derechos humanos siempre que las detectemos. Existe una seria preocupación acerca de su detención, juicio y condena, que a mi parecer constituyen un error de la justicia.

En un boletín de noticias del 24 de octubre, el Gobierno chino afirmaba que era un asunto interno de China y que no teníamos ningún derecho a intervenir. Si se trata de un asunto de derechos humanos, tenemos todo el derecho a intervenir; es nuestra obligación. No está claro si el inculpado ha tenido pleno acceso a asistencia letrada a lo largo del proceso judicial. Los chinos afirmaron que contaba con dos abogados. Mis fuentes sostienen que no ha tenido ningún abogado defensor. Mis fuentes afirman igualmente que no reconoció ni jamás ha reconocido el delito que se le imputa, a pesar de la tortura a la que al parecer fue sometido durante varios meses antes de su juicio. Cuando fue juzgado hace tres años, se produjo un clamor internacional y creo que, por aquellas fechas, el Gobierno chino prometió una nueva vista en el Tribunal Supremo. Eso no ha ocurrido. Ha de ser sometido a un juicio justo acorde con todas las normas internacionales en la materia, o ser liberado de inmediato. No cabe ninguna otra alternativa.

  Erik Meijer (GUE/NGL), autor. – (NL) Señor Presidente, la opresión en el Tíbet está a menudo en el orden del día de esta Cámara. China ve a ese país prácticamente como un lienzo en blanco que tiene que ser colonizado y hecho accesible, después de lo cual puede seguir desarrollándose a la manera china moderna. Por el momento, todo se centra en la disciplina y el crecimiento económico, sin ningún margen para opiniones diferentes. Esto es ajeno a la cultura, las tradiciones y los intereses de los tibetanos, que han aprendido a sobrevivir en su país inhóspito y quieren que se les deje en paz.

Este problema también se refleja dentro de China entre otros pueblos con diferente lengua y cultura, como los uigures, relacionados con los pueblos turcos de las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, pero, desde que el Dalai Lama huyó a la India, la mayor parte de la atención se ha centrado en el Tíbet.

Realmente no podemos ver mejora alguna en la manera en que China trata a los tibetanos. Aunque nuestras declaraciones en esta Cámara no hayan tenido definitivamente los resultados que pretendíamos conseguir, sigue siendo necesario que continuemos sin descanso. No se debe dar a China la impresión de que Europa ha aceptado el status quo en beneficio de sus propios intereses económicos.

Finalmente, la pena de muerte en China tiene que abolirse, al igual que en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Tenemos que defender esta cuestión en todas partes y luchar por los derechos humanos.

  Marcin Libicki (UEN), autor. – (PL) Señor Presidente, señor Comisario, el Tíbet es una vez más tema de debate en esta Cámara. En el debate de hoy tenemos que preguntarnos si las medidas adoptadas por el Parlamento y la Comisión han sido efectivas. Por desgracia, el hecho de que tengamos otro debate sobre este asunto parece indicar que no.

Algunos diputados a esta Cámara han alegado que estas cuestiones son asuntos internos de China, y esta es realmente la línea adoptada por la Embajada china de Bruselas. No es este el caso, sin embargo. El concepto de asuntos internos, que se utiliza para justificar todos los crímenes contra la propia nación, es una doctrina apoyada solo por tiranos, y que jamás se ha mantenido en la Europa civilizada. En siglos pasados, la Iglesia Católica y otras religiones pedían que se tratara bien a los ciudadanos, y se oponían al concepto de que los gobernantes podían hacer lo que quisieran con sus propios ciudadanos. Hoy en día, las organizaciones internacionales no dejan de hacer hincapié en el hecho de que los asuntos internos que violan principios morales fundamentales conciernen a toda la humanidad.

Hemos de tener claro que este asunto trata de algo más que de un monje. Trata nada menos que de la destrucción del Tíbet y de la cultura y nación tibetanas, sin otra razón que la existencia de esta pacífica nación. La existencia de una nación que difiere de la suya en términos culturales, históricos y sociales es razón suficiente para que las autoridades chinas intenten destruirla. En lugar de alegrarnos por la finalización de una línea de ferrocarril entre el Tíbet y China, tenemos que alarmarnos por esta novedad, ya que uno de sus propósitos es destruir más el Tíbet inundándolo de ciudadanos y empresarios chinos.

El Parlamento se muestra muy activo en este terreno, y su Intergrupo para el Tíbet tiene un presidente muy dedicado y enérgico en la figura del señor Mann. Tenemos que hacer más, sin embargo. Quiero recordar al Comisario que ya es hora de que la Comisión dé pasos decisivos para solucionar los problemas en China de una vez por todas, ya que su posición como institución poderosa de la UE significa que está indudablemente en condiciones de hacerlo. Su primer paso debería ser ir al rescate de este pobre monje tibetano.

(Aplausos)

  Olli Rehn, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, la situación de los derechos humanos en el Tíbet constituye un motivo constante de preocupación para la Unión Europea y ocupa un lugar preferente en el temario del diálogo sobre derechos humanos entre la UE y China. En ese contexto, la Unión Europea siempre se ha preocupado de los derechos de las minorías, especialmente en el Tíbet, y solicita a las autoridades chinas que preserven la identidad cultural, religiosa y lingüística del pueblo tibetano.

En el transcurso de este diálogo, regularmente se ha llamado la atención de las autoridades chinas sobre el caso del monje tibetano Tenzin Delek Rinpoche. Además, la troika de la UE se ha dirigido en tres ocasiones al Gobierno chino, dos veces el año pasado y otra a principios de este, cuando la troika se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores chino, Tang Jiaxuan.

En todas estas ocasiones, la Unión Europea ha planteado su demanda urgente en favor de la supresión de la pena de muerte en China, ha expresado su esperanza de que no fuera ejecutado Tenzin Delek Rinpoche y ha solicitado información acerca de las circunstancias de su detención y su estado de salud. Al tiempo que acoge con satisfacción la decisión de las autoridades chinas el 26 de enero de 2005 de conmutar este año la sentencia de muerte de Tenzin Delek Rinpoche por la de cadena perpetua, la Unión Europea continúa sumamente preocupada por las dudas constantes que rodean su juicio y la severa pena impuesta. La Unión Europea tiene la firme voluntad de seguir muy de cerca este asunto en el marco del diálogo UE-China sobre derechos humanos.

En un plano más general, como parte de su política global sobre el Tíbet, la Unión Europea ha propugnado durante muchos años, y continuará haciéndolo, el establecimiento de un diálogo directo entre el Dalai Lama y las autoridades chinas como única forma realista de encontrar una solución duradera al problema del Tíbet. La tercera visita de los enviados especiales del Dalai Lama a finales del año pasado constituyó una medida alentadora que debería tener continuidad.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar hoy a las 16 horas.

DECLARACIÓN POR ESCRITO

(ARTÍCULO 142 DEL REGLAMENTO)

  Filip Andrzej Kaczmarek (PPE-DE).  – (PL) Estoy a favor del libre comercio, pero tenemos que preguntarnos si debemos comerciar libremente con un país que no respeta libertades de otro tipo. No creo que la diversidad cultural justifique en modo alguno las acciones de China. La pena de muerte es inaceptable en cualquier cultura, ya que es un insulto a la misma naturaleza de la humanidad. China está orgullosa de su nueva línea de ferrocarril al Tíbet, que es la de mayor altitud del mundo. Merece la pena señalar, sin embargo, que las inversiones en infraestructuras no son el único signo de una gran civilización.

Si China puede construir ferrocarriles de ese estilo, entonces también puede mejorar las condiciones de vida de sus prisioneros. Todo lo que necesita es la voluntad política de hacerlo. Es muy importante que el embargo de armas contra China se mantenga, porque el destino de Tenzin Delek Rinpoche demuestra ampliamente que el país no ha aprendido la lección de los sucesos de 4 de junio de 1989. Es una fecha significativa tanto para los ciudadanos de Polonia como de China. Es un símbolo de esperanza para la primera, ya que fue la fecha de las primeras elecciones parlamentarias parcialmente libres.

En China, sin embargo, esta fecha se ha convertido en símbolo de represión, ya que es el aniversario de la tragedia de Tiananmen. Volviendo a 1989, yo llevaba una insignia con las palabras chinas de libertad y democracia. Estos dos valores son los que deseo hoy al pueblo tibetano y al chino.

  Carl Schlyter (Verts/ALE). – (SV) Señor Presidente, durante cinco veces al menos en este periodo parcial de sesiones, los auriculares –y por consiguiente el servicio de interpretación– de toda la fila detrás de donde suelo sentarme no han funcionado. Tampoco ha funcionado el micrófono, así que no ha sido posible quejarse de la situación al Presidente. Hemos demostrado una gran flexibilidad durante las votaciones y hemos continuado con ellas en la fila afectada. La próxima vez, sin embargo, tenemos que tratar muchos asuntos importantes, incluido REACH, así que necesitamos garantizar que la tecnología funcione. De lo contrario, el periodo parcial de sesiones puede verse interrumpido de la manera más inoportuna. Espero, por tanto, que pueda resolver este problema el próximo mes.

  El Presidente. Por desgracia, este es un problema recurrente. Lo investigaremos en detalle y confiamos en que no suceda en el siguiente periodo parcial de sesiones.

(1) {0>See Minutes.<}100{>Véase el Acta.<0}

19. Turno de votaciones

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.

(Para el resultado de la votación y otros detalles: véase el Acta)

20. Derechos humanos en el Sáhara Occidental

21. Uzbekistán

22. Caso de Tenzin Delek Rinpoche

  El Presidente. Con esto concluye la votación.

23. Correcciones de voto: véase el Acta

24. Composición del Parlamento: véase el Acta

25. Composición de las comisiones y delegaciones : véase el Acta

26. Declaraciones por escrito inscritas en el registro (artículo 116 del Reglamento): véase el Acta

27. Decisiones relativas a determinados documentos : véase el Acta

28. Transmisión de textos adoptados durante la presente sesión: véase el Acta

29. Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta

30. Interrupción del periodo de sesiones

  El Presidente. Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.

(Se levanta la sesión a las 23.45 horas)

El reciente brote de poliomielitis en Indonesia se sigue extendiendo y se podría seguir extendiendo en otras partes y plantear una amenaza sanitaria mundial, según la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia Unicef.

Unicef también advierte de que el brote, que representa un grave contratiempo para los planes de las Naciones Unidas de eliminar esta enfermedad que se trasmite a través del agua para finales de 2005, podría extenderse más fácilmente durante la estación húmeda, que suele comenzar en octubre.

Además tan sólo cinco enfermedades –a saber neumonía, diarrea, malaria, sarampión y sida– provocan la mitad de todas las muertes de niños menores de cinco años, según el último informe de las Naciones Unidas, que señala que 11 millones de niños al año, es decir, 30 000 niños mueren al día antes de alcanzar la edad de cinco años, a causa de enfermedades que se podrían prevenir o tratar. La mayor parte de estas vidas podrían salvarse con la extensión de programas existentes que fomentan soluciones sencillas y de bajo coste.

¿Está de acuerdo el Consejo con las conclusiones de las Naciones Unidas y asumirá el compromiso de tomar todas las medidas concretas y positivas que sean necesarias para garantizar que las soluciones sencillas y de bajo coste existentes se apliquen en la práctica sin nuevos retrasos innecesarios?

(EN) Agradezco a su Señoría que nos haya recordado el constante horror que representan la pobreza y las enfermedades infantiles en el mundo en desarrollo. El Consejo comparte sin duda esta preocupación.

Es evidente que los niños forman un aspecto esencial de la política de desarrollo de la UE, y el Consejo tiene la intención de reflejarlo en la Cumbre de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de septiembre de 2005, al formular la futura política comunitaria en materia de desarrollo y durante el examen de la futura comunicación de la Comisión sobre este tema.

En sus conclusiones del 24 de mayo de este año, el Consejo apoyó firmemente el programa de acción para la lucha contra el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis mediante acciones externas que la Comisión le presentó a finales del mes de abril de 2005. Este programa prevé que la atención se centre en los derechos de los niños y en las necesidades de los huérfanos y menores vulnerables, así como en la seguridad en las escuelas, sobre todo para las niñas. La Comisión presta una ayuda considerable a través del Fondo Mundial para el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, con el fin de prestar apoyo y asistencia financiera a los planes nacionales de servicios esenciales para la salud infantil. Asimismo, la Comisión presta apoyo a la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, que se dedica a ayudar a los países a mejorar la inmunización de los niños contra la enfermedad. Tenemos previsto llevar a cabo una acción común de la CE y los Estados miembros, con la colaboración de las principales organizaciones internacionales del sector, y del personal docente y las asociaciones de padres y madres de familia en los países asociados.

La declaración conjunta de noviembre de 2000 sobre la política de desarrollo es objeto actualmente de una revisión. Las tres instituciones adoptarán en breve una nueva declaración interinstitucional sobre la futura política de desarrollo de la UE. El Consejo ha identificado la protección infantil como uno de los numerosos temas que puede constituir una prioridad temática.

Por último, la Comisión tiene intención de presentar en 2006, a petición del Consejo, una comunicación sobre los niños en el marco de la política de desarrollo, a fin de abordar de forma coherente todas las cuestiones relativas a los niños en los países en vías de desarrollo, incluida la reducción de la tasa de mortalidad.

Israel ha dado recientemente instrucciones para ocupar más territorio palestino en las proximidades del mayor asentamiento judío en Cisjordania. Según el Ministro de Justicia israelí, el Gobierno proyecta utilizar estas tierras para continuar construyendo el controvertido muro de Cisjordania, alrededor del asentamiento de Maale Adumim.

En julio de 2004, la Corte Internacional de Justicia emitió un dictamen consultivo en el que se declaraba que el muro erigido por Israel en Cisjordania era ilegal porque estaba siendo levantado en territorio ocupado y que se debería poner fin a su construcción. Teniendo esto en cuenta, ¿puede el Consejo hacer algún comentario sobre la evolución reciente de los acontecimientos?

(EN) En diversas respuestas a preguntas recientes formuladas por diputados al Parlamento Europeo, el Consejo expresa la posición de la UE respecto al Muro y la Opinión Consultiva del Tribunal Internacional de Justicia sobre las «Consecuencias legales de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado».

El Consejo y sus Presidencias han exigido en repetidas ocasiones a Israel que detenga la construcción del Muro en el territorio palestino ocupado, así como dentro y en torno a Jerusalén Este, y que destruya las partes del mismo ya edificadas. Además, el Consejo y sus Presidencias han hecho otro tanto con las órdenes israelíes de confiscación de tierras, que su Señoría menciona en su pregunta.

Lograr una enseñanza primaria universal es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

No obstante, en el informe anual de 2005 sobre los ODM, publicado recientemente por la Naciones Unidas, se señala que en el África Subsahariana menos de dos tercios de los niños asisten a un centro de enseñanza primaria. En otras regiones, incluidas el Asia Meridional y Oceanía, falta también mucho por hacer. En estas regiones y en otras partes, la política de una mayor escolarización debe ir acompañada de esfuerzos destinados a asegurar que todos los niños siguen asistiendo a la escuela y que reciben una enseñanza de alta calidad.

¿Está de acuerdo el Consejo en que sin educación no puede haber un progreso real en los países afectados? Por otra parte, ¿tiene ideas el Consejo sobre cómo puede seriamente mejorarse y acelerarse la situación?

(EN) El segundo Objetivo de Desarrollo del Milenio consiste en «Lograr la enseñanza primaria universal» y pretende que «de aquí a 2005 todos los niños y niñas puedan terminar un curso completo de enseñanza primaria».

La opinión del Consejo sobre este tema se encuentra claramente plasmada en la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros denominada «La contribución de la educación y la formación a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo», adoptada el 30 de mayo de 2002.

En dicha resolución, el Consejo recordaba su firme compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que incluyen asegurar la enseñanza primaria universal de aquí a 2015 y eliminar las diferencias de género en la enseñanza primaria y secundaria, preferentemente en 2005, y en todos los niveles de enseñanza a más tardar en 2015. Asimismo, el Consejo reiteró su compromiso con el Marco de Acción del programa Educación para Todos, adoptado en el Foro Mundial de la Educación celebrado en Dakar, y con las metas que recoge.

Además, el Consejo de Ministros ACP-CE decidió el 24 de junio de 2005 en Luxemburgo asignar un importe indicativo de 63 millones de euros de los 1 000 millones condicionales del Noveno Fondo Europeo de Desarrollo, como contribución a la iniciativa de vía rápida «Educación para todos». La mayor parte de la ayuda comunitaria a la educación en los países ACP se canaliza a través de programas nacionales, y cada vez más en forma de ayudas presupuestarias.

Tal y como sabe el Consejo, a principios de año soldados de Uzbekistán dispararon a un grupo de unos 10 000 manifestantes pacíficos. Human Rights Watch, el Institute of War and Peace Reporting y la OSCE coinciden en señalar que el número de víctimas mortales civiles fue superior a 500.

Teniendo en cuenta que Uzbekistán ha celebrado un Acuerdo de colaboración y cooperación con la Unión Europea, ¿podría señalar el Consejo si este asunto se ha debatido en su seno y, en caso afirmativo, cuáles son las conclusiones a las que ha llegado?

(EN) Puedo confirmar que el Consejo ha debatido esta cuestión, la última vez el 3 de octubre.

El Consejo ha manifestado su profunda inquietud por los acontecimientos ocurridos en la parte oriental de Uzbekistán y ha condenado firmemente el excesivo y desproporcionado uso de la fuerza por parte de las autoridades uzbekas. El Consejo ha hecho un llamamiento a las autoridades uzbekas para que respeten sus compromisos internacionales en materia de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos, y para que permitan una investigación internacional independiente de los hechos ocurridos en Andizhán.

Como probablemente sepa su Señoría, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores adoptó el 2 de octubre una serie de conclusiones sobre Uzbekistán, en las que se detallan las medidas que deben aplicarse, incluida la suspensión de todas las reuniones técnicas programadas en el marco del AAC, un embargo de armas, una prohibición selectiva de conceder visados, así como el uso de los mecanismos pertinentes de la OSCE y de Naciones Unidas para lograr una investigación independiente de los hechos ocurridos en Andizhán.

¿Puede indicar el Consejo qué opina de la detención de inmigrantes en las prisiones de los Estados miembros? In Irlanda, los inmigrantes irregulares están detenidos en la prisión de Cloverhill. Durante una visita reciente a esta prisión de una delegación de diputados al PE, éstos observaron que los detenidos son tratados correctamente y que los servicios que reciben también son adecuados. Sin embargo, los diputados se preguntan si una prisión es un lugar adecuado para detener a los inmigrantes irregulares.

¿Qué opina el Consejo de la detención de inmigrantes irregulares y de los distintos niveles de calidad de las instalaciones en los diferentes Estados miembros de la UE?

(EN) El Consejo señala a su Señoría que no tiene competencias para responder a su pregunta, ya que las condiciones en las que son detenidos los inmigrantes ilegales no forma parte actualmente de la legislación comunitaria, salvo en lo referente a los solicitantes de asilo.

El Consejo aún no se ha pronunciado sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las normas y procedimientos comunes de los Estados miembros para la expulsión de nacionales de países terceros, que propone una custodia temporal, incluso si el Estado miembro debe recurrir al alojamiento en prisiones.

La dimensión del género ocupa un lugar importante en la cooperación de la UE y representa uno de los valores fundamentales y un importante objetivo de toda actividad dentro de la Unión. Debe impregnar todos los ámbitos políticos de la UE. La integración de la perspectiva de género es una obligación no sólo para los Estados miembros de la UE sino también para las instituciones comunitarias. ¿Qué hace la Presidencia para garantizar la integración de la perspectiva del género en todas las instituciones de la Unión y, en particular, en el marco de la actividad del Consejo?

(EN) El Reino Unido colabora con el Consejo, la Comisión Europea y este Parlamento para avanzar en la integración de las cuestiones de género en las políticas comunitarias a lo largo de su Presidencia. La Ministra del Reino Unido para la Mujer y la Igualdad, Meg Munn, se dirigió a la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo el 13 de julio de 2005 para exponer los planes de la Presidencia en materia de igualdad de hombres y mujeres, entre los que destacaban las siguientes iniciativas:

La Presidencia organizó una reunión el 30 de septiembre del Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre integración de las cuestiones de género, que está formado por representantes de todos los Estados miembros. El primer punto de debate fue la preparación del Tercer Informe Anual sobre la Igualdad de Género, que será presentado en marzo de 2006 al Consejo Europeo de primavera.

Los días 8 y 9 de noviembre, la Presidencia celebrará una reunión informal de los Ministros encargados de la igualdad de género en la ciudad de Birmingham. Los Ministros centrarán sus deliberaciones en la Estrategia de Lisboa de la UE, en el contexto de «lo que funciona a favor de las mujeres». Intercambiarán modelos de buenas prácticas en cuestiones que van desde la educación y cualificaciones para mujeres, pasando por la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, hasta el espíritu de empresa y la creación de empresas para mujeres.

La Presidencia británica presentará igualmente una declaración sobre igualdad de género en el Consejo de Empleo y Asuntos Sociales que se celebrará los días 8 y 9 de diciembre. En ella expondrá los avances realizados para su aplicación con ocasión del décimo aniversario de la Plataforma de Acción de Pekín.

La Presidencia está satisfecha con lo que la UE ha alcanzado en el ámbito de la igualdad de género, y considera que dichos avances han trascendido el simple marco legislativo. Por ejemplo, la integración de la igualdad de género en las políticas de empleo de los Estados miembros en virtud de las Directrices de Empleo 2005-2008 constituye un paso positivo, pues pide «una actuación decidida para incrementar la participación femenina y reducir las diferencias existentes entre hombres y mujeres en materia de empleo, desempleo y remuneración», así como «una mejor conciliación de la vida familiar y profesional y la provisión de servicios accesibles y asequibles de asistencia infantil y cuidado de otras personas dependientes».

No obstante, la Presidencia reconoce que queda mucho por hacer y seguirá intentando alcanzar nuevos avances en este ámbito en colaboración con el Parlamento Europeo y la Comisión.

Los dirigentes reunidos en la Cumbre mundial de las Naciones Unidas se comprometieron a garantizar un acceso universal, antes de 2010, a medicamentos retrovirales, que pueden ser vitales, para todos aquellos que los necesiten. Sin embargo, se ha indicado que los compromisos financieros reales pueden quedar muy por debajo de lo necesario para lograr dicho objetivo. El Gobierno del Reino Unido anunció en agosto que duplicará su contribución al Fondo Mundial para la lucha contra el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria.

¿Ha debatido el Consejo esta cuestión? ¿Qué acciones ha tomado para que los otros Estados miembros de la UE aporten una mayor ayuda financiera en este ámbito?

(EN) La lucha contra el VIH/sida es una prioridad absoluta para la UE en general y para el Consejo en particular, tanto en el marco de la reducción de la pobreza (que es el objetivo global de la política de desarrollo de la UE) como en el contexto de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Consejo Europeo acordó, en el marco del Programa Plurianual Estratégico adoptado en diciembre de 2003, dar prioridad a la mejora de la eficacia, coherencia, coordinación y complementariedad de las ayudas a fin de prestar apoyo al objetivo primordial consistente en reducir la pobreza. Esta prioridad abarca la lucha contra enfermedades como el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria.

En mayo de 2005, el Consejo adoptó, sobre la base de la comunicación de la Comisión denominada «Un marco político europeo coherente para la actuación exterior en la lucha contra el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis», un amplio Plan de acción para diversos ámbitos de intervención, que comprende propuestas para la aplicación, seguimiento y coordinación de la acción de la UE para hacer frente al VIH/sida y las demás enfermedades relacionadas con la pobreza.

En lo relativo a la financiación, todos los Estados miembros contribuyen al esfuerzo de la UE por luchar contra las enfermedades relacionadas con la pobreza. En el mes de mayo de 2005⁽¹⁾, el Consejo adoptó un nuevo objetivo colectivo para la Unión a fin de que la AOD⁽²⁾alcance el 0,56% del PIB de aquí a 2010. Esto representa 20 millones de euros más al año en Ayuda Oficial al Desarrollo, parte de la cual se destinará sin duda a la prevención, tratamiento e investigación del VIH/sida.

Los Estados miembros y la Comisión Europea son miembros fundadores del Fondo Mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, creado en 2001, y la Unión Europea es actualmente el mayor donante de este Fondo. Hasta ahora, la UE ha desembolsado más de 2 000 millones de dólares estadounidenses para el Fondo. En la Conferencia de Reaprovisionamiento del Fondo Mundial celebrada el 6 de septiembre de 2005 en Londres y presidida por el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, los Estados miembros de la UE y la Comisión Europea se comprometieron a desembolsar 2 300 millones de dólares más durante 2006 y 2007, con lo que la contribución europea al Fondo durante ese período se elevará al 60 %.

Según datos recientes, el año pasado el número de visitantes de yacimientos arqueológicos y, en particular, de museos, disminuyó considerablemente. En efecto, en los 30 000 museos estatales y no estatales de Europa se registró un total de 500 millones de visitantes menos que en años anteriores. Según datos de Eurobarómetro sobre las actividades culturales de los europeos, la visita a museos se sitúa en los últimos lugares de la clasificación, ya que en la correspondiente escala el indicador se sitúa cerca de la respuesta «casi nunca».

La Presidencia británica ha incluido entre sus prioridades en el ámbito de la cultura la promoción de iniciativas destinadas a facilitar a los museos la organización de exposiciones mediante intercambios de objetos culturales. ¿Se presentarán, en este marco, propuestas concretas con ocasión del Consejo de 14 y 15 de noviembre? ¿Piensa pedir el Consejo a la Comisión un estudio sobre el número de visitantes en los museos europeos, con indicadores cualitativos y cuantitativos, para contrarrestar los factores que disuaden a los europeos de visitar museos (papel de las oficinas de turismo, consecuencias de las amenazas terroristas, controles minuciosos, falta de modernización de las instalaciones, presentaciones interesantes, etc.)? ¿Tiene intención de favorecer con medidas concretas una amplia consulta de los Estados miembros y las autoridades competentes y una política de orientación en los 25 Estados miembros para atraer al público a los museos europeos?

(EN) El Consejo toma nota con interés de la pregunta formulada por su Señoría, y le remite en principio al informe denominado Lending to Europe - Recommendations on Collection Mobility for European Museums (Los préstamos en Europa: Recomendaciones para la movilidad de las colecciones de los museos europeos), que elaboró un grupo de expertos independientes en el marco del Plan de trabajo para la cultura, contemplado en las conclusiones del Consejo sobre educación, juventud y cultura del mes de noviembre de 2004.

Este informe hace referencia a estudios que muestran que los programas activos de exposición y las exposiciones temporales suelen incrementar el número de visitantes. En vista de ello y de que tan solo 300 de los 30 000 museos que existen en Europa celebran exposiciones temporales importantes de forma periódica, es evidente que la movilidad de las obras de arte, colecciones de arte y exposiciones se ha convertido en un tema importante para la Unión Europea.

En la reunión del Consejo de Educación, Juventud y Cultura celebrada los días 14 y 15 de noviembre de 2005, el Consejo deberá llegar a un acuerdo político parcial –dejando para más tarde los aspectos presupuestarios– sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el programa Cultura ⁽¹⁾. Uno de los tres objetivos de esta propuesta de instrumento legislativo es «fomentar la circulación transnacional de obras y productos artísticos y culturales».

Asimismo, el 28 de noviembre de 2005 se celebrará una Conferencia sobre la movilidad de colecciones en Manchester, donde expertos en museística y administradores de la cultura de toda Europa se reunirán para elaborar amplios planes a fin de establecer contactos y generar confianza, intercambiar mejores prácticas y colaborar en el desarrollo de normas comunes para los acuerdos de préstamo, los seguros y los planes públicos de indemnización. Esta conferencia debería contribuir a contrarrestar la preocupante tendencia que menciona su Señoría.

El Centro Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y la Democratización es la única institución educativa activa a nivel europeo que tiene mandato explícito para reforzar y difundir valores comunitarios clave como son el respeto de los derechos humanos y la democracia. Las Comisiones CULT, AFET y LIBE del Parlamento Europeo han pedido que la Unión Europea continúe financiando este Centro, incorporando para ello en el informe del Parlamento Europeo sobre el aprendizaje permanente referencias a la integración del Centro en el programa de acción sobre el aprendizaje permanente.

¿Va a garantizar el Consejo que, independientemente de que el presupuesto del Centro Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y la Democratización se asigne con cargo a Educación o RELEX, se siga financiando en su totalidad? ¿Va a apoyar a este fin el Consejo la reintegración del Centro en el artículo 42 del programa integrado de acción sobre el aprendizaje permanente?

¿Se va a comprometer el Consejo a garantizar que el continuo compromiso de la Unión Europea con importante principios como son los derechos humanos y la democracia no se vea minado por el litigio que enfrenta a los Comisarios Figel y Ferrero-Waldner sobre el origen de la financiación destinada al Centro Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y la Democratización?

(EN) El Consejo ha tomado nota de la inquietud que manifiesta su Señoría en relación con la financiación del Centro Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y la Democratización (CIEDHD). Esta cuestión forma parte de los debates que tienen lugar actualmente en el Consejo acerca del presupuesto general de la UE.

La invasión y ocupación norteamericana de Iraq han sido calificadas por los EE.UU. de liberación de Iraq y del pueblo iraquí. A pesar de ello, y como cabía esperar, los derechos humanos en Iraq se han visto reducidos.

La nueva Constitución, al incluir una declaración de culto, ha impuesto tremendas limitaciones de los derechos de la mujer y, en lugar de defenderlos, coloca a las mujeres en un estado de semiesclavitud. Paralelamente, las mujeres que, en algún momento, tuvieron una vida relativamente independiente y activa, ahora ven, tras una guerra violenta en nombre de la ampliación de sus derechos, cómo su voz ha sido silenciada y sus libertades recortadas en lugar de incrementadas. Esto es lo que se desprende del informe de Human Rights Watch de julio de 2003.

¿Cómo piensa contribuir la Presidencia del Consejo a mejorar la situación de los derechos de la mujer en Iraq, habida cuenta de que éstos siguen siendo violados por un régimen impuesto por las fuerzas de ocupación estadounidenses?

(EN) No es cierto que los derechos humanos hayan sido restringidos en Iraq desde la caída de Sadam Husein. Actualmente, los ciudadanos gozan de libertad de expresión y de acción, y el proyecto de constitución ofrece una protección significativa de los derechos de la mujer. Contiene asimismo disposiciones concretas que garantizan la igualdad de oportunidades para todos los iraquíes, tanto hombres como mujeres, entre las que figura la participación obligatoria de un 25 % de mujeres en el nuevo Parlamento.

La UE siempre plantea en sus relaciones bilaterales con terceros países, así como en los foros multilaterales y regionales, la ratificación y aplicación de los instrumentos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, entre otros, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, en la que Iraq es parte desde 1986.

La Presidencia se encargará de plantear la importante cuestión de la protección de los derechos de la mujer en todos los niveles del diálogo político entre la UE e Iraq, en el marco de las deliberaciones sobre la protección de los derechos humanos en general.

Teniendo en cuenta la inestabilidad que se registra en la actualidad en relación con los precios del petróleo, ¿podría señalar el Consejo cuál es su posición con respecto a la introducción de un impuesto de la UE sobre el queroseno en el sector de la aviación?

(EN) El Consejo no ha recibido propuesta alguna de la Comisión sobre este tema, por lo que no puede pronunciarse al respecto.

Habida cuenta de la reconocida necesidad de disciplina fiscal implícita en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ¿hasta qué punto está de acuerdo la Presidencia en que los países que hayan rebasado el límite de déficit presupuestario del 3% del PIB estén sujetos a sanciones? ¿En qué medida considera apropiadas la Presidencia las sanciones actualmente vigentes?

(EN) El artículo 104 del Tratado CE y los Reglamentos que regulan el procedimiento de déficit excesivo establecen un marco jurídico muy claro. Dicho procedimiento culmina con la aplicación por parte del Consejo de las sanciones contempladas en el apartado 11 del artículo 104. Los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro no pueden ser objeto de sanciones o multas.

Si bien la Comisión tiene derecho a recomendar la aplicación de sanciones, el Consejo tiene la última palabra en los procedimientos de déficit excesivo. En las negociaciones que condujeron a la reciente revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ninguno de los Estados miembros cuestionó este equilibrio entre los poderes discrecionales del Consejo y la claridad del marco procedimental.

En la reciente revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se confirmaron tanto las sanciones existentes como el valor de referencia del 3 % del presupuesto, y el Consejo ECOFIN adoptó por unanimidad su informe en el mes de marzo de este año.

Por consiguiente, la Presidencia estima que el ordenamiento vigente es el adecuado y que el Consejo debe seguir ejerciendo sus poderes discrecionales en el marco de dicho ordenamiento.

Dado que se solicitó a los Estados miembros que presentaran a la Comisión sus propuestas con miras a simplificar y reducir la legislación comunitaria para mediados de octubre, ¿piensa procurar el Consejo que dichas propuestas estén disponibles libremente en Internet, en aras de la transparencia?

(EN) Como señala acertadamente su Señoría, el Comisario Verheugen escribió una carta al Consejo de Ministros de Competitividad de abril en la que pedía que los Gobiernos nacionales contribuyeran a la siguiente etapa del programa de simplificación de la Comisión. [Su Señoría seguramente sabe que la Comisión anunció esta semana (25 de octubre) su intención de continuar con estos trabajos].

Los Gobiernos presentaron sus contribuciones directamente a la Comisión. Corresponde a la Comisión y a cada uno de los Estados miembros decidir si desean hacer pública esta información.

El proyecto de simplificación es un aspecto importante de una campaña de mayor amplitud destinada a mejorar el entorno normativo europeo. Legislar mejor es una prioridad de la Presidencia. Esperamos seguir colaborando con el Parlamento, la Comisión y los demás Estados miembros para realizar avances sustanciales en este programa de trabajo, tanto durante nuestra Presidencia como después de esta.

¿Por qué razón la Presidencia no ha avanzado para llegar a un acuerdo unánime en el seno del Consejo con miras a renovar o dar carácter permanente a la Directiva 1999/85/CE⁽¹⁾, que permite a los Estados miembros aplicar un tipo reducido del IVA sobre los trabajos de renovación y mantenimiento de las propiedades residenciales? ¿En qué medida este régimen de incentivos consistente en reducir el tipo del IVA aplicable a los trabajos de renovación y mantenimiento de las viviendas particulares y de construcción de edificios eficaces desde el punto de vista energético contribuiría al éxito de la Estrategia de Lisboa, a la creación de empleo y al objetivo de la UE de reducir las emisiones de carbono al tiempo que se maximiza la eficacia energética? ¿Conviene la Presidencia en que estas disposiciones deberían contemplar también los trabajos necesarios para adaptar los edificios a las necesidades especiales de grupos vulnerables como las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad? ¿Qué medidas provisionales se van a proponer en el marco de la Presidencia actual y la próxima para garantizar que no se impondrá a los propietarios de viviendas ni a las empresas de construcción un IVA adicional en el caso de que el Consejo no logre llegar a un acuerdo antes de la expiración de la Directiva el 31 de diciembre de 2005?

(EN) El Consejo y sus órganos han debatido varias veces desde julio de 2003 la cuestión de los tipos reducidos del IVA, sin haber llegado a un consenso a pesar de los esfuerzos realizados por las cuatro últimas Presidencias.

La Presidencia es plenamente consciente que la expiración, el 31 de diciembre (de 2005), de los tipos reducidos aplicables a los servicios de gran intensidad de mano de obra, que incluyen la renovación y reparación de viviendas particulares, hace aún mas urgente que el Consejo alcance un acuerdo sobre este expediente.

La Presidencia asegura a su Señoría que ha asumido el compromiso de hacer todo lo posible para facilitar un acuerdo unánime sobre los tipos reducidos del IVA, y que está tomando todas las medidas necesarias a tal fin. El Coreper ha estudiado el expediente, que será debatido por los Ministros de Hacienda durante el Consejo ECOFIN del 8 de noviembre.

En la próxima reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE se examinará el futuro del modelo social europeo. Dadas las elevadas tasas de desempleo y los bajos índices de crecimiento en Europa, ¿qué lecciones considera la Presidencia que pueden extraer los Estados miembros del fracaso del modelo social europeo en sus esfuerzos por promover la Agenda de Lisboa?

(EN) Como seguramente recordará su Señoría, uno de los tres retos que Tony Blair destacó en su discurso ante este Parlamento en el mes de junio [y una vez más hoy], era cómo responder al reto de la globalización, sobre todo la necesidad de modernizar el Modelo Social Europeo.

Como subrayó el Consejo Europeo en su reunión del mes de marzo de 2005, los resultados resultan contradictorios cinco años después de la puesta en marcha de la Estrategia de Lisboa. Junto a los innegables avances se observan graves deficiencias y un retraso en la realización de los ambiciosos compromisos en materia de reformas en Europa. Basta echar un vistazo a las cifras sobre el crecimiento y la productividad potenciales para comprender la magnitud de este desafío. Los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE acordaron en marzo que es necesario actuar y se comprometieron a relanzar con renovado vigor la Estrategia de Lisboa, haciendo especial hincapié en «el empleo y el crecimiento». La presentación de los Programas Nacionales de Reforma por parte de cada uno de los Estados miembros constituye una demostración importante de la renovación de este compromiso.

Es de suma importancia concentrarse en obtener los resultados que importan a nuestros ciudadanos. En vista de los 19 millones de parados en Europa, la mitad de los cuales son de larga duración, resulta evidente que queda mucho por avanzar. A este fin necesitamos un esfuerzo concertado entre los Estados miembros, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Necesitamos identificar con precisión los ámbitos en que es necesario actuar a escala europea, y en qué ámbitos los mejor situados para llevar a cabo los cambios requeridos son los Gobiernos nacionales e incluso regionales. Como pone de manifiesto el documento de la Comisión para la reunión informal de los Jefes de Gobierno de mañana, «gracias al crecimiento y a unos puestos de trabajo más productivos, podemos alcanzar resultados que respondan a las expectativas y los valores europeos»... «la modernización es fundamental si queremos mantener en Europa los elevados niveles de prosperidad, cohesión social, protección medioambiental y calidad de vida que ha arrojado históricamente».

¿Por qué ha dado la Presidencia tan pocas facilidades y tratado con tal negligencia a los periodistas durante las reuniones ministeriales celebradas en el Reino Unido desde el 1 de julio de 2005? ¿En qué medida le resulta embarazosa tal situación a la Presidencia? ¿En qué medida ha repercutido negativamente en la imagen y en la percepción públicas del Reino Unido y de su Presidencia de la UE? ¿En qué medida refleja ese trato la tibieza europea que los medios de comunicación achacan al Gobierno británico? ¿Qué medidas ha adoptado la Presidencia para velar por que se prodigue un trato más amable a los periodistas y por que se les ofrezcan más facilidades durante el resto de la Presidencia del Reino Unido?

(EN) Las reuniones informales que se celebran en el país de la Presidencia son gestionadas exclusiva y directamente por la administración de la Presidencia.

Vista la difícil acogida que recibiera el Presidente en ejercicio del Consejo de Agricultura en su comparecencia ante el Parlamento Europeo, ¿cree realmente la Presidencia británica que puede tratar eficazmente el dossier agricultura, en particular a la vista de los intentos de retrasar los procedimientos relativos a algunos sectores clave, tales como la reforma del régimen europeo del azúcar, las nuevas directrices de desarrollo rural y la gripe aviar, con objeto de que las decisiones finales sobre estas propuestas legislativas las adopte la Presidencia austriaca?

(EN) El Consejo asegura a su Señoría que tiene la firme intención de avanzar en toda una serie de expedientes agrícolas en curso de examen con la colaboración del Parlamento Europeo.

En cuanto al azúcar, la Presidencia pretende mantener el ritmo de los preparativos a fin de que la UE esté en condiciones de presentar una posición clara en esta materia en la Ronda de Doha, y pueda adoptar el paquete legislativo tan pronto como el Parlamento Europeo emita su dictamen. Es de suma importancia que se adopten rápidamente decisiones sobre las propuestas de reforma de la Comisión, ya que el régimen vigente expira el 1 de julio de 2006.

En relación con las directrices estratégicas comunitarias para el desarrollo rural, el examen técnico de la propuesta por parte de los diversos órganos del Consejo se encuentra muy avanzado. Por ello, la Presidencia prevé que el Consejo debatirá este punto en el mes de noviembre. Espera que la Decisión del Consejo se adopte a continuación, tras recibir el dictamen del Parlamento Europeo.

En cuanto a la gripe aviar, los trabajos dentro de los órganos competentes del Consejo se encuentran igualmente muy avanzados. La Presidencia tiene la intención de poner fin a los trabajos sobre este expediente durante el Consejo de Agricultura del mes de diciembre. Lógicamente, el Consejo ha puesto en marcha el procedimiento de urgencia y ha pedido al Parlamento Europeo que emita su dictamen durante su período parcial de sesiones de noviembre en Bruselas, a fin de que el Consejo pueda adoptar la Directiva relativa a la gripe aviar en diciembre de 2005.

La Comisión Europea ha emprendido el desarrollo de una base imponible común consolidada para las empresas (CCCTB), a pesar de la oposición de una serie de Estados miembros entre los que se encuentra el Reino Unido. La Comisión ha declarado que no existen planes para armonizar los tipos impositivos y que, en lugar de ello, se trata de crear un sistema más transparente y que facilita las comparaciones al respecto. ¿Cuáles son las objeciones más importantes de la Presidencia a las propuestas de la Comisión?

(EN) La Comisión no ha presentado ante el Consejo propuestas legislativas para la adopción de una base imponible común para el impuesto sobre los beneficios de las empresas, que menciona su Señoría.

La Presidencia en ejercicio del Reino Unido ha declarado que quiere reducir la burocracia. En este sentido, ¿qué objetivos porcentuales específicos para la reducción de las 80 000 páginas del acervo comunitario piensa proponer el Consejo a la Comisión y con qué plazos? ¿Qué progresos ha realizado el Consejo respecto al establecimiento de objetivos para la reducción de la costosa carga de la legislación europea y cuándo se publicarán dichos objetivos?

(EN) Su Señoría sabe perfectamente que el programa Legislar mejor –que incluye la simplificación de la legislación vigente, un mayor uso de las evaluaciones de impacto y la reducción de las cargas administrativas de las empresas– constituye una de las prioridades del Consejo y de esta Presidencia. El Consejo de Competitividad celebrará un debate político sobre le programa Legislar mejor en su reunión de los días 28 y 29 de noviembre, y examinará la [reciente] Comunicación de la Comisión sobre la simplificación y el resultado del ejercicio de examen realizado por la Comisión. A la espera de este debate, el Consejo no está en condiciones de fijar los objetivos exactos de la simplificación del marco normativo. Sin embargo, es obvio que el Consejo se ha comprometido plenamente a desempeñar su papel. Esperamos seguir colaborando con este Parlamento y con la Comisión para producir una legislación de mayor calidad, de aplicación más sencilla, menos onerosa para los operadores económicos y, por ende, más eficaz.

La Comisión está prestando ayuda para la organización de las elecciones al Consejo Legislativo Palestino previstas para enero de 2006. En junio de 2004, la UE incluyó a Hamás, organización terrorista que reiteradamente ha hecho llamamientos para la destrucción del Estado de Israel y fuerza en auge entre el electorado palestino, en la lista de organizaciones terroristas. En el pasado, la UE ha dejado claro que la actividad armada no puede formar parte de un proceso electoral.

¿Qué medidas van a adoptar concretamente la UE y la Misión de la UE para la observación de las elecciones a fin de evitar que Hamás pueda conseguir un poder político oficial y de qué manera la UE y la Misión de la UE para la observación de las elecciones van a coordinar sus esfuerzos con las autoridades israelíes?

(EN) El Consejo y la Comisión están estudiando la forma en que la UE prestará asistencia a las próximas elecciones al Consejo Legislativo Palestino, que su Señoría menciona en su pregunta.

La UE apoya sin reservas la posición del «Cuarteto» según la cual quienes deseen participar en el proceso político no deben llevar a cabo actividades armadas.

Tras las tomas de posición de los pescadores y de sus organizaciones representativas sobre las consecuencias que acarrea para el sector de la pesca el incremento del precio de los combustibles, el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de los días 19 y 20 de septiembre, una vez más y de manera incomprensible, sólo «tomó nota» de la situación y no decidió ninguna medida que dé respuesta al problema.

Como llevan anunciando los pescadores, el incremento del precio de los combustibles está causando grandes dificultades al sector, con lo que, si no se toman medidas inmediatas, como, por ejemplo, una ayuda financiera que minimice el incremento del coste de los combustibles, quedará cuestionada la viabilidad de muchas embarcaciones.

Cabe señalar que el incremento del precio de los combustibles viene a agravar la ya de por sí difícil situación por la que atraviesan muchos pescadores del sector de la pesca artesanal, que no cuentan con ninguna ayuda que contribuya a paliar las consecuencias de los sucesivos incrementos de precios.

Independientemente de otras acciones a largo plazo, ¿qué medidas inmediatas de ayuda al sector, principalmente a la pequeña pesca artesanal, piensa adoptar el Consejo?

(EN) El Consejo es consciente de la importancia que reviste este tema para la industria pesquera. Sin embargo, el Consejo no puede tomar decisiones en relación con el aumento de los precios del carburante para los pescadores sin una propuesta de la Comisión que aborde este problema. No obstante, los Ministros del Consejo de Agricultura y Pesca celebraron un útil intercambio de puntos de vista sobre dicho tema en su reunión del mes de septiembre.

Las autoridades británicas dispusieron el pasado 8 de octubre la detención por fuerzas especiales de Sean Garland, presidente del Partido de los Trabajadores de Irlanda, en un céntrico restaurante de Belfast. La persecución política sobre la base de acusaciones falsas y sin fundamento dirigida contra el líder del Partido de los Trabajadores, conocido por su acción antiimperialista, y su detención durante el Congreso del Partido vienen acompañadas de la amenaza de su extradición a los EE.UU. a causa de las acusaciones falsas, vertidas por algunos servicios secretos a los medios de comunicación, sobre una conspiración comunista para debilitar el dólar estadounidense.

¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo para que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales, cesen las persecuciones y maquinaciones políticas contra Sean Garland y se obstaculice su extradición sin motivo a los EE.UU.?

(EN) Esta cuestión no compete al Consejo, sino a los Gobiernos del Reino Unido y de los Estados Unidos.

Se ha vuelto a secuestrar un buque con ayuda alimentaria en Somalia. Es la segunda vez en un plazo de pocos meses que se secuestra un buque con ayuda de emergencia. La mercancía es propiedad de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO). Esta organización califica de escandaloso el robo de la ayuda por un pequeño grupo de aprovechados que priva de estos bienes a sus propios compatriotas somalíes necesitados.

Como se sabe, la totalidad del territorio somalí está en manos de bandas armadas y las víctimas son las capas pobres de la población. ¿Cuál es la reacción del Consejo frente a dicho secuestro? ¿Ya ha tenido lugar una concertación con las Naciones Unidas para evitar tales actos en el futuro? ¿Se están adoptando medidas? ¿Se va a adaptar a esta situación el programa de ayuda de emergencia para Somalia?

(EN) El Consejo considera que los recientes secuestros de buques que llevaban ayuda alimentaria a Somalia solo pueden evitarse con la instauración de una paz duradera en Somalia y el restablecimiento de un Estado que funcione. Esta meta solo puede conseguirse a través de un proceso pacífico e incluyente, dirigido por los propios somalíes.

Por ello, la UE sigue prestando todo su apoyo al proceso de paz y reconciliación en Somalia y a las Instituciones Federales Transitorias, y sigue trabajando arduamente en favor del diálogo y el consenso entre todas las partes en Somalia.

El mes próximo, los Jefes de Estado de la Unión Europea se reunirán con sus homólogos mediterráneos con ocasión del décimo aniversario del Proceso de Barcelona, que celebrará la Asociación Euromediterránea. En septiembre de 2004, la Comisión presentó un Reglamento por el que se establece un instrumento europeo de vecindad y de asociación.

¿De qué manera ha previsto el Consejo relanzar el Proceso de Barcelona sin pérdida de su visibilidad y de su contenido en el marco más amplio de la política de vecindad? En este instrumento de vecindad, se presta una atención particular a la cooperación entre regiones. Como numerosas regiones de Europa, estoy convencido de la necesidad de una política que se inspire en el modelo de la política de cohesión regional y que sea complementaria de las intervenciones de la nueva política de vecindad. En este instrumento se prevé igualmente que el FEDER cofinancie el componente de la cooperación transfronteriza.

¿Que papel prevé atribuir el Consejo a las regiones en el relanzamiento del proceso? ¿Qué apoyo técnico y financiero podría aportar la Unión Europea a las acciones conjuntas de las regiones de las dos orillas del Mediterráneo?

(EN) El Consejo espera que con la celebración, por vez primera, de una Cumbre Euromediterránea de Jefes de Estado y de Gobierno los días 27 y 28 de noviembre, el Proceso de Barcelona adquirirá mayor visibilidad. Con este acto se celebrará el décimo aniversario de la Declaración de Barcelona y se enviará una señal firme en apoyo de dicho Proceso. La intención es adoptar una Declaración de compromisos y un programa de trabajo quinquenal que recoja compromisos concretos a medio plazo en materia de reformas económicas, educativas, administrativas, de lucha antiterrorista y de migración. De este modo se contribuirá a hacer que el Proceso adquiera mayor visibilidad e importancia, y resulte más atractivo para los ciudadanos de la región. La próxima Cumbre ofrecerá igualmente una oportunidad de destacar que es necesario reforzar el diálogo en todos los niveles, incluso entre las administraciones regionales y locales.

La Conferencia Ministerial Euromediterránea que se celebró en Luxemburgo los días 30 y 31 de mayo de 2005 reconoció la necesidad de acercar la cooperación mediterránea a los ciudadanos y reconoció la importancia de las ciudades y regiones de la zona, ya que las autoridades locales y regionales deben participar más estrechamente en los intercambios de experiencias y buenas prácticas, y hacer un inventario de sus problemas comunes.

La Política Europea de Vecindad deberá dar un nuevo impulso al Proceso de Barcelona, basándose en sus realizaciones e incluyendo medidas destinadas a desarrollar su dimensión regional y nacional. En relación con la asistencia técnica y financiera de la UE a la región euromediterránea, la Comisión ha presentado una propuesta de Reglamento por el que se crea un IEVA (Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación). El Consejo está estudiando en estos momentos esta propuesta.

En un recurso interpuesto ante el Consejo de Estado, el Ministerio de Orden Público de Grecia pide que se revoque la decisión del Supervisor de Protección de Datos, que permite, en determinadas condiciones, el funcionamiento de cientos de cámaras de captación de imagen y sonido, sólo para el tránsito, y solicita que todas las posibilidades que ofrecen estas cámaras y los datos que se recojan, incluso los que sean estrictamente personales, sean utilizados por las autoridades policiales y judiciales para la prevención y detección de los actos punibles cometidos en el transcurso de concentraciones, manifestaciones de masas, etc. Tal y como ha puesto de manifiesto un estudio específico elaborado por el Ministerio del Interior del Reino Unido, este tipo de medidas no contribuye a reducir la delincuencia, sino que lo que hace es reducir, e incluso suprimir totalmente, derechos fundamentales como son el derecho a la vida privada y social.

¿Considera el Consejo que unos controles policiales asfixiantes y la conversión de todos en sospechosos representan medidas eficaces para mejorar la vida de un pueblo? ¿No considera que la vigilancia y la grabación de las concentraciones populares constituyen una clara violación de los derechos democráticos fundamentales?

(EN) En virtud del artículo 33 del Tratado de la Unión Europea, las medidas destinadas a mantener la ley y el orden público, así como la salvaguardia de la seguridad interior, son competencia de los Estados miembros. Al adoptar medidas en materia policial, todos los Estados miembros deben cumplir las normas comunes sobre derechos humanos que recoge el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos.

Como señaló el Ministro del Interior británico en su discurso pronunciado ante el Parlamento Europeo el 7 de septiembre, todos debemos asegurarnos de que exista un equilibrio adecuado entre nuestra seguridad colectiva y nuestros derechos colectivos.

El 15 de septiembre de 2005 se estrelló en Lituania un avión de caza ruso equipado con misiles con destino a Kaliningrado. En esta ocasión no se resgistraron víctimas ni daños importantes. No obstante, se trata de un incidente muy preocupante que se inscribe en un contexto más amplio que incluye violaciones por parte de Rusia del espacio aéreo de distintos Estados miembros de la UE a pesar de los compromisos explícitamente adoptados por Rusia y por la UE por escrito y los principios internacionales que preconizan el respeto de la integridad territorial de todas las partes.

¿Qué piensa el Consejo sobre la desmilitarización de la región de Kaliningrado? ¿No cree que habría que desmilitarizar esta región, fuertemente armada y fortificada, con vistas a aumentar la seguridad en la región del Báltico y evitar este tipo de accidentes en el futuro?

(EN) El Consejo confirma que tiene pleno conocimiento de este incidente. El Consejo no se ha pronunciado sobre el incidente del avión caza o la desmilitarización de Kaliningrado.

La estrategia i2010 de la Comisión es un instrumento fundamental para lograr la consecución de los objetivos de Lisboa en materia de empleo y crecimiento. El objetivo primordial de la estrategia es garantizar que en Europa se produzca una preparación del entorno de actividad que haga posible el florecimiento del mercado de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a la vez que

se garantizan los intereses sociales y de los ciudadanos. Estos objetivos únicamente se conseguirán si se les asignan los recursos suficientes.

¿De qué manera tiene previsto el Consejo alentar las acciones concretas de los Estados miembros para lograr los objetivos de Lisboa y, en particular, los objetivos propuestos en la estrategia i2010 en materia de inversión en investigación y desarrollo de productos, relacionados con la tecnología de la información y las comunicaciones, el mayor sector en crecimiento en Europa?

¿Qué tipo de respaldo político tiene previsto dar el Consejo a la iniciativa i2010? ¿Cómo piensa tener en cuenta el Consejo el punto de vista del Parlamento sobre la materia? ¿Cómo tiene previsto el Consejo propugnar la aplicación de los objetivos i2010? ¿Puede confirmar el Consejo que estos puntos de vista se tendrán en cuenta cuando se adopte una decisión sobre los marcos de financiación?

(EN) El Consejo Europeo de primavera, celebrado en el mes de marzo, confirmó que el conocimiento y la innovación son los motores del crecimiento sostenible y elementos destacados para dar un nuevo impulso a la estrategia de «empleos y crecimiento» adoptada en Lisboa. El empleo de las TIC figuran entre las directrices integradas de Lisboa y debería formar parte de los Programas Nacionales de Reforma de muchos Estados miembros.

La iniciativa i2010 es un aspecto importante de la labor que desarrolla la UE en el sector de las TIC. La Presidencia organizó una conferencia en el mes de septiembre, a la que asistieron representantes gubernamentales y del sector privado de toda la UE, así como de otros países, como Corea del Sur, Japón y Suiza, con el fin de explorar y contribuir a definir la estrategia en materia de TIC de la iniciativa i2010. Nos gustaría una iniciativa i2010 orientada al futuro que conduzca a la UE a desarrollar una Sociedad de la Información competitiva, incluyente e innovadora que contribuya a la consecución de los objetivos de Lisboa. Acogemos con agrado la contribución a este importante proyecto.

El Consejo está estudiando actualmente la propuesta de la Comisión relativa a la iniciativa i2010. Por supuesto, la financiación de dicha iniciativa deberá inscribirse en el presupuesto acordado para las siguientes perspectivas financieras (2007-2013).

Según un informe de las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional, miles de menores de 18 años purgan penas de prisión a perpetuidad en cárceles de los EE.UU., pues en 42 estados se permite imponer la pena de cadena perpetua a los menores de edad. De los 2 225 jóvenes con condenas a cadena perpetua recluidos en la actualidad en cárceles estadounidenses, el 16% había delinquido a una edad de 13 a 15 años, mientras el 59% fue condenado a cadena perpetua sin derecho a la suspensión de la misma, a pesar de tratarse de su primer acto delictivo. En el mismo informe se menciona que el número de jóvenes de color condenados a penas de esta índole es diez veces mayor que el de jóvenes blancos.

¿Está el Consejo al corriente de esta vergonzosa situación jurídica y real vigente en los EE.UU., que vulnera toda idea de Estado de Derecho? ¿Ha considerado las consecuencias que entraña la transmisión de datos a las autoridades de los EE.UU., cuando este país aplica leyes que vulneran de modo flagrante los derechos fundamentales y originan burdas discriminaciones? ¿Se propone adoptar iniciativas a escala internacional para que se condenen actuaciones semejantes y se protejan los derechos de los niños y la dignidad humana?

(EN) El Consejo tiene conocimiento de estos informes. Cada dos años, la UE celebra consultas sobre derechos humanos con los Estados Unidos. Durante dichas reuniones, así como durante las reuniones en el seno de las Naciones Unidas y otras organizaciones competentes, la UE suele plantear la ratificación y aplicación de las normas internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención sobre los derechos del niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. La UE presentó una carta amicus curiae ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre la abolición de la pena capital para menores de edad, la cual fue aceptada, tras lo cual el Tribunal dictaminó, el 1 de marzo del año en curso, que la ejecución de delincuentes juveniles constituye una «pena cruel y poco habitual», prohibida por la Octava Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

¿Cómo evalúa el Consejo la evolución de las jubilaciones de los funcionarios de la Comisión Europea, en particular, en lo que afecta a la jubilación anticipada? ¿Ve el Consejo a ese respecto motivo de preocupación?

¿Es cierto que, con arreglo al artículo 23 del Anexo XIII de su Estatuto, los funcionarios de la UE pueden ya jubilarse a los 50 años y permitiría de nuevo el Consejo, desde la perspectiva actual, una decisión semejante?

(EN) Las medidas en materia de jubilación que menciona su Señoría se incluyeron en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas que entró en vigor el 1 de mayo de 2004.

Dichas medidas forman parte de una profunda reforma del régimen de jubilación de los funcionarios, la cual incrementó la edad de jubilación de los 60 a los 63 años, y la edad mínima para la jubilación anticipada de los 50 a los 55 años. Estas decisiones no se aplican únicamente a los funcionarios de nuevo ingreso, sino también a aquellos que ya estaban de servicio antes de la entrada en vigor de la reforma con medidas transitorias.

Los únicos funcionarios que se beneficiarán de estas medidas transitorias que les permiten retirarse a los 50 años serán aquellos que tenían al menos 45 años de edad el 1 de mayo de 2004. Además, las medidas transitorias comprenden igualmente penalizaciones para quienes decidan retirarse antes de los 65 años.

La Reforma del Estatuto fue la parte más importante de los trabajos para modernizar las instituciones de la UE que llevó a cabo la última Comisión. El paquete de compromiso acordado incluía muchos elementos importantes, como la modernización del sistema de remuneraciones e indemnizaciones, así como la revisión del sistema de pensiones.

La Tierra está sometida a un cambio climático derivado tanto de factores naturales (órbitas terrestres, volcanes) como exógenos (meteoritos). Los factores antropogénicos de los últimos 2000 años no han podido cuantificarse con exactitud hasta la fecha. En estudios recientes se calcula que los efectos de todas las medidas de respuesta adoptadas se reflejarán en los próximos 100 años en un descenso de la temperatura de 0,1 ºC.

¿Son las medidas obligatorias de la UE destinadas al ahorro energético (con las consecuencias que de ellas se derivan en cuanto a desventajas económicas y carga burocrática) razonables a la vista del descenso real de temperatura que puede lograrse?

¿Qué proyectos ambientales y de infraestructura tiene la Comisión para preparar a la humanidad para la modificación de las zonas climáticas que definitivamente se está produciendo?

(EN) El cambio climático ya está teniendo lugar. Un amplísimo consenso científico señala que viene provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por actividades humanas. Este hecho ha sido aceptado y reiterado por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, por última vez en la reunión del Consejo Europeo de primavera de este año. El Consejo Europeo reconoció que es probable que el cambio climático tenga importantes repercusiones negativas a escala mundial sobre el medio ambiente, la economía y la sociedad. Confirmó que, a fin de conseguir el objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el aumento de la temperatura media de la superficie del planeta no debería ser superior a 2 ºC respecto a los niveles preindustriales.

Un primer paso para alcanzar este objetivo es el contemplado en el Protocolo de Kyoto. La UE se ha comprometido a cumplir el objetivo que le impone este Protocolo mediante una serie de políticas de mitigación económicamente asumibles, como el sistema de comercio de emisiones de la UE. La Comisión presentó hace poco un Libro Verde sobre eficiencia energética, en el que recoge una serie de opciones para reducir considerablemente el consumo de energía en la UE. Dichas políticas tendrán igualmente otros beneficios importantes, como el de fortalecer la seguridad del abastecimiento energético de la UE. La Comisión revisará, en el marco de la nueva fase del Programa Europeo sobre Cambio Climático, los avances logrados y estudiará nuevas medidas para aprovechar opciones para reducir de forma rentable las emisiones.

La UE mantendrá su liderazgo en el ámbito de las políticas relacionadas con el cambio climático. Sin embargo, la UE pedirá en los debates sobre el futuro régimen internacional relativo al cambio climático una amplia participación internacional basada en la responsabilidad común, pero diferenciada, a fin de garantizar que dicho régimen sea eficaz.

Asimismo, la UE tiene que adaptarse a la inevitabilidad del cambio climático. Los Estados miembros ya están adoptando diversas medidas. La Comisión estudiará el papel que debe desempeñar la UE en las políticas de adaptación en vista de que es necesario integrar plenamente dicha adaptación en las políticas de la UE correspondientes a la nueva fase del Programa Europeo sobre Cambio Climático (PECC), que comenzó⁽¹⁾ con la Conferencia de las Partes Interesadas del PECC en Bruselas.

El sebo animal (grasa animal) derretido está incluido en la Directiva 2000/76/CE⁽¹⁾ relativa a la incineración de residuos (DIR) y, a partir de diciembre de este año, deberá incinerarse en condiciones muy estrictas. Actualmente, se usa como combustible en las calderas de vapor en los desolladeros y en la producción de biodiésel. No obstante, las condiciones de la DIR parecen excluir su uso para estos propósitos. ¿No es esto incoherente con la política de medio ambiente de la Comisión consistente en fomentar fuentes energía alternativas competitivas y eficaces?

(EN) La Comisión está en condiciones de confirmar que la Directiva relativa a la incineración de residuos⁽²⁾ no tiene por objetivo poner freno al uso de residuos como fuentes alternativas, competitivas y eficientes de energía, y está de acuerdo en que sería deseable que no tuviera tal efecto. De hecho promueve todos los usos de residuos que puedan contribuir al desarrollo sostenible. A este respecto, la finalidad de la Directiva es prevenir o limitar en la medida de lo posible efectos negativos sobre el medio ambiente que tiene la incineración de residuos o de residuos mezclados con otros materiales, en particular la contaminación provocada por las emisiones a la atmósfera, el suelo, las aguas superficiales y subterráneas, y los riesgos resultantes para la salud humana.

La Directiva solo se aplicará a la quema de sebo si esta tiene lugar en una planta de incineración o coincineración, y el sebo se considera un «residuo» con arreglo a la definición que recoge la Directiva marco sobre residuos⁽³⁾. En la práctica, corresponderá a las autoridades competentes de los Estados miembros evaluar si el sebo es o no un residuo.

La Comisión ha recibido recientemente una serie de declaraciones que señalan que el coste de aplicar la Directiva en las plantas de extracción de grasas y mataderos es superior a las ventajas que ofrece e impedirá el uso del sebo como combustible. Desgraciadamente, esta cuestión se ha planteado hace poco, cuando solo falta poco tiempo para que se cumpla el plazo de aplicación, a pesar de que el Consejo y el Parlamento adoptaron esta Directiva hace cinco años, pero sin embargo deberá ser estudiada. La Comisión reconoce que existe un problema que debe ser investigado detenidamente. En este contexto, los servicios de la Comisión han recibido instrucciones de proceder a nuevos análisis.

La estrategia temática sobre prevención y reciclaje de residuos contemplará medidas para mejorar la aplicación de la definición de residuo. De este modo se abordará la cuestión de los productos derivados y se determinará en qué momento un residuo determinado deja de ser un residuo.

La correcta y mejor aplicación de la legislación en materia de medio ambiente a escala tanto mundial como europea constituye una prioridad para hacer frente con eficacia a los desafíos ambientales. Dadas la magnitud y gran fragmentación del acervo comunitario en materia ambiental y la necesidad de que tanto las autoridades responsables de los Estados miembros como los ciudadanos europeos lo conozcan y apliquen del modo más claro y completo posible, la demanda de codificación de la legislación europea vigente resulta de mayor actualidad y urgencia que nunca.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿se propone la Comisión proceder a unificar, codificar y reformular la legislación vigente de protección ambiental? ¿Cuándo se propone hacerlo? ¿Persigue la Comisión mejorar y simplificar la legislación pertinente, evitando todo tecnicismo superfluo que dificulte su comprensión y utilización y, por consiguiente, reduzca en parte su eficacia?

(EN) Durante los últimos cuatro años, la UE ha puesto en marcha una amplia estrategia destinada a mejorar el entorno normativo y ofrecer de este modo un ordenamiento más efectivo, eficiente y transparente en beneficio de los ciudadanos y para reforzar la competitividad, crecimiento y desarrollo sostenible como contribución para alcanzar los objetivos de Lisboa.

En el mes de junio de 2002, la Comisión propuso un Plan de Acción para «Simplificar y mejorar el marco regulador»⁽¹⁾ y en el mes de febrero de 2003 presentó un ambicioso plan de simplificación destinado a simplificar y poner al día la legislación comunitaria vigente y reducir su volumen⁽²⁾.

En marzo de 2005, la Comisión adoptó una comunicación titulada «Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea»⁽³⁾ para contribuir al relanzamiento de la Estrategia de Lisboa, y anunció que tenía la intención de poner en marcha una nueva fase de su programa de simplificación a partir de octubre de 2005, basándose en un planteamiento sectorial y con una amplia participación de las partes interesadas.

La Comisión concede gran importancia a la correcta aplicación de la legislación en materia de medio ambiente. Ha iniciado un programa continuo de codificación y consolidación que abarca, entre otras cosas, la legislación ambiental de la Comunidad. Desde el mes de octubre de 2005 se lleva a cabo la codificación de los actos en ámbitos como la protección del agua y la conservación de la naturaleza.

Sin embargo, más allá de la codificación y lo que podría considerarse un planteamiento retrospectivo, la Comisión, como ya se ha señalado, se ha comprometido a mejorar el proceso legislativo mediante una evaluación de las repercusiones de las nuevas propuestas, la celebración de consultas públicas y la comprobación de que las opciones políticas pueden ser aplicadas sobre el terreno. La Comisión tiene la intención de seguir desarrollando este planteamiento. Este compromiso se demuestra especialmente en la elaboración de las siete estrategias temáticas para el medio ambiente, las cuales llevan a cabo una gran contribución para modernizar la política y legislación en materia de medio ambiente. La Comisión adoptó la primera estrategia temática el 21 de septiembre de 2005, la cual se refiere a la calidad del aire. Dicha estrategia permitirá, entre otras cosas, refundir cinco actos vigentes de la legislación en una amplia Directiva sobre la calidad del aire ambiente. La próxima estrategia temática sobre prevención y reciclaje de residuos entrañará igualmente la refundición y revocación de cuatro Directivas en materia de residuos. Se emprenderá un ejercicio similar en los próximos años en el ámbito de las emisiones procedentes de plantas industriales. Estas iniciativas formarán parte, junto a otras, del programa permanente que la Comisión adoptará en principio el 25 de octubre de 2005.

Las personas que viven en la región del Mar Báltico no pueden seguir pescando como lo hacían antes. Este verano pasado, tampoco pudieron bañarse en el mismo mar a causa de la proliferación de algas. El agotamiento de la pesca y la contaminación del agua son sólo dos de las muchas amenazas ambientales que debe afrontar la UE. Las encuestas del Eurobarómetro muestran que los ciudadanos comunitarios tienen grandes expectativas en que la UE lleve a cabo una política medioambiental ambiciosa. Por eso resulta bastante preocupante que se haya frenado el trabajo de la Comisión en la nueva legislación medioambiental.

¿Por qué motivo no ha sido capaz la Comisión de respetar el calendario, entre otras cosas, para las estrategias temáticas que había prometido? ¿Cuándo piensa la Comisión presentar las estrategias temáticas, incluidas la estrategia para el desarrollo sostenible que había prometido?

(EN) Nuestro medio ambiente es objeto de amenazas y presiones de gran importancia. La Comisión mantiene su firme compromiso de continuar con las tres dimensiones del desarrollo sostenible, incluyendo su componente ambiental, de una manera integral y equilibrada, y respetando plenamente los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Este compromiso se refleja en el programa de trabajo para este año.

La revisión de la estrategia de desarrollo sostenible está en curso y el Programa Legislativo y de Trabajo de la Comisión para 2005 prevé que todas las estrategias temáticas contempladas en el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente se adoptarán este año. No se ha adoptado decisión alguna para eliminarlas del Programa de trabajo ni para retrasar intencionalmente su adopción.

En vista de que la revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible y las Estrategias Temáticas constituyen iniciativas importantes que comprenden medidas que deben adoptarse en varios sectores (por ejemplo, agricultura, industria) e influyen directamente sobre los ciudadanos de la Unión, la Comisión desea considerarlas con todo detenimiento. Por ejemplo, la Comisión celebró un debate orientativo sobre las Estrategias Temáticas durante el mes de julio, en el que se puso de manifiesto un apoyo generalizado para mantener objetivos ambiciosos pero realistas en el ámbito del medio ambiente. La revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible ha adoptado un enfoque gradual y una amplia consulta de las partes interesadas durante 2004 y 2005, así como una primera Comunicación de la Comisión, publicada en febrero de 2005, acerca de las principales orientaciones de la revisión y la adopción en el mes de junio de una declaración del Consejo Europeo sobre principios orientativos.

Actualmente nos encontramos en la fase final. La Comisión adoptó el 21 de septiembre la primera Estrategia Temática sobre contaminación atmosférica. La adopción de la Estrategia Marina está prevista para este mes y contribuirá a resolver algunos de los problemas que preocupan a su Señoría.

En los meses de noviembre y diciembre se adoptarán otras cuatro estrategias. La Estrategia de Plaguicidas que está pendiente se adoptará en 2006, ya que dos medidas esenciales mencionadas en la Estrategia –la revisión de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios y la propuesta de Eurostat sobre estadísticas sobre plaguicidas no estarán listas en 2005. Conviene esperar a que estas propuestas estén listas a fin de presentar un único paquete de medidas.

La Comisión prevé adoptar la Estrategia de Desarrollo Sostenible revisada en el mes de diciembre. La Comisión espera recibir un amplio apoyo del Consejo y del Parlamento, así como la aprobación de los Jefes de Estado y de Gobierno durante el Consejo Europeo del mes de junio.

¿Qué razones puede dar la Comisión para fundamentar su decisión de retrasar la presentación y consiguiente aplicación de las estrategias temáticas medioambientales, en el ámbito del Sexto Programa de Acción en materia de medio ambiente? Dado el incumplimiento de los plazos previsto en el Programa de trabajo de la Comisión Europea para 2005, en materia de medio ambiente, para la presentación de las citadas estrategias, ¿cuándo prevé la Comisión que podrá presentar sus propuestas?

(EN) El Programa legislativo y de trabajo de la Comisión prevé la adopción de todas las Estrategias Temáticas durante 2005. No se adoptado decisión alguna para retrasar su adopción.

Al contrario, en vista de que las Estrategias Temáticas constituyen iniciativas importantes que comprenden medidas que deben adoptarse en otros sectores (por ejemplo, agricultura, industria), la Comisión celebró un debate orientativo sobre este tema en el mes de julio. En este debate se puso de manifiesto un amplio apoyo para mantener objetivos ambiciosos en materia de medio ambiente. Por eso, la Comisión confirmó que era necesario hacer avanzar las Estrategias Temáticas en 2005.

Los planes vigentes prevén la adopción de seis de las siete Estrategias en 2005. La Comisión adoptó el 21 de septiembre la primera Estrategia Temática sobre contaminación atmosférica. La adopción de la Estrategia Marina está prevista para este mes. Las cinco restantes se adoptarán en los últimos meses del año. La Estrategia de Plaguicidas se adoptará en 2006, ya que dos medidas esenciales mencionadas en la Estrategia –la revisión de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios y la propuesta de Eurostat sobre estadísticas sobre plaguicidas– no estarán listas este año.

En la reunión del 19.9.2005 del Comité de expertos del Consejo, Francia incluyó en el orden del día (Documento ENV/05/11) un debate relativo a la interpretación que ha de darse al artículo 25 de la Directiva 2001/18/CE relativo a la confidencialidad de los datos de un expediente de OGM. Por otra parte, la Comisión francesa de acceso a los documentos administrativos emitió un dictamen el 8 de abril de 2005 en el que se precisa que sólo pueden considerarse protegidas por la obligación prevista en el artículo 25 las informaciones relativas al procedimiento de obtención de OGM o a su comercialización y cuya divulgación sería susceptible de perjudicar la posición competitiva de la empresa que ha solicitado la autorización. La decisión del Tribunal de Justicia de Münster, del 20 de junio de 2005, de obligar a la sociedad Monsanto a publicar su estudio toxicológico «confidencial» relativo al maíz OGM MON 863 va en el mismo sentido. Consideramos que los estudios toxicológicos y medioambientales elaborados en el marco de la evaluación de los riesgos de un OGM deben ser comunicados al público en virtud del apartado 4 del artículo 25 y del anexo II, apartado C.2 de la Directiva 2001/18/CE⁽¹⁾.

¿Comparte la Comisión Europea nuestra opinión? En caso negativo, ¿por qué razones jurídicas y políticas? En caso afirmativo, ¿está de acuerdo la Comisión en poner inmediatamente a disposición del Parlamento Europeo y de los ciudadanos los estudios toxicológicos y medioambientales relativos a todos los OGM aprobados por la Unión y aquéllos que están en curso de examen para su aprobación en la Unión?

(EN)La Directiva 2001/18/CE sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente establece que serán las autoridades competentes de los Estados miembros y no la Comisión las que decidan, previa consulta al notificador del producto modificado genéticamente, qué información de la notificación debe mantenerse en secreto. La Directiva especifica igualmente la información que no puede mantenerse en secreto en ningún caso. Aparte de ello, las autoridades competentes del Estado miembro deben cumplir la legislación nacional en este ámbito y proteger la posición competitiva del notificador en sus decisiones en materia de confidencialidad.

Actualmente los Estados miembros no están de acuerdo en si la publicación de determinados documentos, como los estudios toxicológicos, puede ir en detrimento de la posición competitiva de un notificador, por lo que deberían tratarse de modo confidencial. Por este motivo, Francia planteó esta cuestión en la reunión del 19 de septiembre. Es muy importante que los Estados miembros y la Comisión intercambien información sobre este tema a fin de que sus decisiones resulten coherentes. En principio, la Comisión estima que es preferible adoptar la mayor transparencia posible y limitar la confidencialidad a aquellos aspectos de la notificación que representan un verdadero riesgo para la posición competitiva del notificador. Asimismo considera que los documentos necesarios para realizar una evaluación de riesgos deben ponerse a disposición del público.

La Comisión ha pedido a los Estados miembros que presenten por escrito los principios que aplican en la práctica en materia de confidencialidad en relación con la Directiva 2001/18/CE. A continuación se celebrará un debate más completo durante la siguiente reunión de las autoridades competentes, prevista de modo provisional para el 8 de noviembre de 2005.

El Pinios es un río de una importancia vital para la conservación y el desarrollo del ecosistema de Tesalia. Las últimas mediciones efectuadas indican que es uno de los ríos más contaminados de Europa, con las consecuencias negativas que ello implica para el ecosistema. Las causas de esta situación son el vertido de desechos por fábricas, mataderos, tintorerías, etcétera, así como de basuras por diversos municipios, y los residuos de pesticidas y fertilizantes.

¿Tiene intención la Comisión de apoyar medidas que impidan que aumente la contaminación de este río y contribuyan a la rehabilitación del ecosistema?

(EN) La pregunta de su Señoría acerca de la contaminación del río Pinios se refiere a la aplicación de la legislación comunitaria en materia de protección del medio ambiente. La legislación comunitaria en esta materia ya cuenta con diversos instrumentos que los Estados miembros pueden utilizar para reducir la contaminación de los ríos y mejorar la calidad de los ecosistemas relacionados con estos. Por ejemplo, la Directiva marco sobre política de aguas exige que las todas las aguas de los Estados miembros alcancen una buena calidad de aquí a 2010. Para ello, los Estados miembros deben adoptar un enfoque gradual que consiste, en primer lugar, en el análisis de las presiones e impactos, en segundo lugar, en la identificación y elaboración de las medida necesarias para que todas las aguas alcancen una buena calidad, y por último, en la aplicación de tales medidas. De forma similar, se espera que la aplicación de otras Directivas resulte importante en este contexto. Por ejemplo, la Directiva relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, la Directiva sobre nitratos y la Directiva sobre hábitats.

Así pues, ya existen instrumentos legislativos comunitarios adecuados en este ámbito. Los problemas que menciona su Señoría en su pregunta se deben a que la legislación vigente no se ha aplicado correctamente.

A este respecto, a la Comisión le preocupa especialmente que Grecia sea uno de los dos Estados miembros de la UE que no han dado aún el importantísimo primer paso contemplado en la Directiva marco sobre política de aguas, a saber, la evaluación de las presiones e impactos sobre el medio ambiente.

Por ello, la Comisión ha iniciado una acción legal contra Grecia por el incumplimiento de las disposiciones correspondientes de la Directiva. Hace pocos días, el 18 de octubre de 2005, la Comisión envió la advertencia final a Grecia –así como a Italia y España– por no cumplir las disposiciones fundamentales de la Directivas sobre políticas de aguas de la UE. La designación dentro del plazo previsto de las cuencas fluviales, que debería haberse llevado a cabo en el mes de junio de 2004, es uno de los principales requisitos para que todos los recursos hídricos alcancen una buena calidad.

Estas acciones legales complementan el examen en curso de la aplicación de la Directiva sobre la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura y de la Directiva sobre hábitats. Respecto a esta última, la Comisión remite para más información a su respuesta a la pregunta escrita E-1700/05 formulada por Dimitrios Papadimoulis.

Paralelamente, la Comisión desea recordar los amplios instrumentos de financiación disponibles para la protección de las aguas y para ayudar a la aplicación del acervo comunitario en aquellos casos en que se cumplen las condiciones de financiación. En particular, el Reglamento relativo al Fondo de Cohesión y el Reglamento sobre desarrollo rural en el marco de la nueva Política Agrícola Común.

Con ocasión de la Cumbre de las Naciones Unidas de Nueva York recientemente concluida se decidió, a iniciativa de una serie de ministras de Asuntos Exteriores, la creación de una comisión de consolidación de la paz para ayudar a los países a gestionar la transición de una fase de conflicto a otra de paz sostenible. La experiencia demuestra que la participación de las mujeres en las acciones de consolidación de la paz reviste una importancia fundamental. ¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para que mujeres europeas y representantes de las organizaciones de mujeres de los Estados miembros de la UE participen en estas acciones?

(EN) La creación de la Comisión de Pacificación es uno de los principales instrumentos de las decisiones adoptadas por los más de 170 Jefes de Estado y de Gobierno que se reunieron en Nueva York para la Cumbre de Naciones Unidas celebrada en el mes de septiembre de este año.

Esta Comisión entrará en funciones a finales del presente año. Este es un paso positivo, pues la Comisión de Pacificación viene a colmar una de las lagunas del sistema de las Naciones Unidas, ya que permitirá a la comunidad internacional responder a las necesidades de los países que salen de un conflicto de manera más eficaz y coordinada, así como una mejor transición de la asistencia inmediata tras el conflicto al desarrollo de estrategias para un desarrollo pacífico y sostenible a más largo plazo.

Los europeos podemos ofrecer orientación y competencias técnicas a la Comisión de Pacificación, gracias a nuestra larga experiencia en materia de pacificación en todo el mundo.

En relación con la pregunta de su Señoría, la Comisión desea subrayar en este contexto que está plenamente de acuerdo en la importancia de que tanto los hombres como las mujeres participen en las tareas de pacificación. Es necesaria la participación no solo de las mujeres y organizaciones europeas en este proceso, sino también –y esto es sumamente importante– la de las mujeres del país que lucha por su reconstrucción tras un conflicto.

La igualdad de género es un principio fundamental de la Política Exterior y de Seguridad Común y de la política de relaciones exteriores de la UE. En este contexto, la UE se ha comprometido a la plena aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de octubre de 2000 relativa a la mujer, la paz y la seguridad. El Consejo reiteró dicho compromiso este año (Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de febrero). Cabe señalar que varios órganos del Consejo están elaborando recomendaciones concretas para la aplicación de esta Resolución en la práctica en el marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa.

¿Qué papel prevé la Comisión para el Parlamento en política exterior?

(EN) La Comisión concede una gran importancia a la contribución que hace el Parlamento para dar forma a la política exterior de la Unión. Junto con otros Comisarios RELEX, el Comisario encargado de las Relaciones Exteriores lo dejó claro durante las audiencias de confirmación de la actual Comisión, y esta valora los constructivos intercambios bidireccionales que mantiene con el Parlamento en este importante ámbito político.

El papel formal del Parlamento en la Política Exterior y de Seguridad Común y la Política Europea de Seguridad y Defensa está definido en los Tratados. Sin embargo, el Parlamento ha hecho pleno uso en la práctica de sus competencias de consulta y supervisión.

La Comisión considera la política exterior en un sentido amplio que abarca todas las acciones externas de la Unión Europea, incluidas la política de desarrollo y la política comercial. Algunas otras políticas pertenecientes al primer pilar, como las relativas al medio ambiente, la energía, la investigación y el transporte, revisten igualmente una dimensión externa importante, y el Parlamento ejerce competencias importantes en su calidad de colegislador y de órgano de la autoridad presupuestaria. Aparte de ello, la Comisión es consciente de que necesita el consentimiento del Parlamento para la adhesión de nuevos Estados miembros y la celebración de determinados convenios internacionales. De hecho, en el Acuerdo marco revisado entre nuestras dos instituciones, la Comisión ha renovado e incluso reforzado su compromiso de mantener informado al Parlamento sobre la negociación y celebración de convenios internacionales.

La Comisión considera que el Parlamento es un actor valioso para proyectar los valores europeos en todo el mundo. Esto lo lleva a cabo a través de su labor en las Misiones de Observadores Electorales, en las que la Comisión ha mantenido la tradición de designar a diputados al Parlamento para ocupar el puesto de Jefes de Misión; mediante el diálogo constante con los Parlamentos del todo el mundo que llevan a cabo las delegaciones interparlamentarias y por medio de la participación de diputados al Parlamento en calidad de observadores en conferencias internacionales, como la reciente Cumbre de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York, ocasión en la cual, como ya se ha expresado antes, la Comisión valoró altamente la contribución de la Delegación del Parlamento.

Por último, la Comisión considera que el Parlamento tiene que desempeñar un papel sumamente importante en la política exterior y en las relaciones exteriores, y sigue pensando que una buena relación de trabajo con el Parlamento y sus comisiones reviste una importancia crucial para desarrollar una política exterior europea firme y eficiente.

Tras la decisión, el 27 de mayo de 2005, del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los cinco ciudadanos cubanos detenidos en los EE.UU. —Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Sabañino y René González—, que consideró que «el juicio no se celebró en un clima de objetividad e imparcialidad», el Tribunal de Apelación del Distrito 11 de Atlanta (EE.UU.) decidió por unanimidad, el pasado 9 de agosto, anular el juicio celebrado en Miami y, por consiguiente, revocar las condenas a estos cinco ciudadanos cubanos, ordenando la celebración de un nuevo juicio.

Sin embargo, hasta el momento los cinco ciudadanos cubanos (Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Sabañino y René González) permanecen en prisión, y la Administración estadounidense sigue denegando los visados a las esposas de René González y de Gerardo Hernández, impidiéndoles visitar a sus maridos.

¿No considera que, ante esta situación, la Administración estadounidense debería liberar de inmediato a estos cinco ciudadanos cubanos, en prisión desde hace casi siete años, después de que el Tribunal de Atlanta haya anulado el juicio en el que se les condenó?

¿No considera inadmisible que se impida a las esposas de René González y de Gerardo Hernández visitar a sus maridos?

(EN) La Comisión ha tenido conocimiento de este asunto a través de la prensa.

Sin embargo, considera que carece de fundamento jurídico o de otro tipo para opinar sobre las acciones legales de las que son objeto estas cinco personas o sobre las condiciones de las visitas penitenciarias de este caso.

Aunque la Unión Europea respeta estrictamente los derechos humanos, sigue concediéndose ayuda exterior a países que ignoran de forma reiterada normas internacionales como las establecidas en la Convención de Ginebra. Si bien la ayuda exterior se destina en ocasiones a proyectos específicos tales como viviendas para refugiados y suministro de alimentos a los necesitados, dado que los países más pobres del mundo adolecen con frecuencia de elevados niveles de corrupción, ¿cómo asegura la Comisión que los fondos públicos ayudan a la protección y promoción de los derechos humanos en todo el mundo?

(EN) El respeto de los derechos humanos constituye un elemento esencial de todos los acuerdos de asociación y colaboración entre la UE y terceros países. Los derechos humanos son asimismo un tema muy importante en los planes generales y de acción conjunta que hemos establecido junto con nuestros países asociados en el marco de la Política Europea de Vecindad, que ha introducido un elemento de condicionalidad. A través del Plan de Acción de Vecindad hemos establecido con algunos países, como por ejemplo, Túnez, un subcomité de derechos humanos que se encargará de evaluar y seguir la aplicación de los compromisos asumidos en esta materia.

En general, en todos estos acuerdos con terceros países figuran mecanismos de consulta y de diálogo político. En algunos casos, las violaciones graves de los derechos humanos y de los principios democráticos han provocado la suspensión o limitación de la cooperación entre la UE y el país interesado, como en los casos de Zimbabue y Myanmar, en los que la cooperación de la CE con el Gobierno ha sido suspendida y solo se siguen financiando los programas que benefician directamente a la población.

La corrupción es otro de los temas del diálogo político con los terceros países. Por ejemplo, en el Acuerdo de asociación de Cotonú entre la UE y los países ACP⁽¹⁾, los artículos 9 y 97 contemplan disposiciones concretas para la consulta entre las partes en casos graves de corrupción que puedan acarrear las medidas correspondientes, siendo la suspensión de la cooperación el último recurso. La lucha contra la corrupción es uno de los temas considerados a la hora de elaborar y aplicar todos los programas comunitarios de cooperación al desarrollo. En todos los acuerdos de financiación que la Comisión celebra con los países beneficiarios se incluye una cláusula en materia de lucha contra el fraude y la corrupción.

La política comunitaria de desarrollo considera que la gobernanza (y por ende, la protección de los derechos humanos) es un tema de carácter general, por lo que se tiene en cuenta de forma sistemática a la hora de elaborar y aplicar los programas de cooperación de la Comisión.

El apoyo a los derechos humanos y a la democratización es un ámbito prioritario de la cooperación de la UE con terceros países. Durante el período 2000-2005, la Comisión destinó más de 1 000 millones de euros a programas en países en vías de desarrollo y países en transición hacia la economía de mercado en forma de asistencia técnica y financiera en los siguientes ámbitos: democratización, derechos humanos, Estado de Derecho, elecciones, asistencia a los Parlamentos, asistencia al sistema judicial y gobernanza.

En el marco del Proceso de Barcelona, cuyo décimo aniversario se celebrará el próximo mes, desearía formular unas preguntas sobre el nuevo instrumento europeo de vecindad y asociación. Dicho instrumento constituye uno de los seis futuros instrumentos de relaciones exteriores de la UE que se aplicarán a partir de 2007. Si bien es cierto que se imponía una racionalización de los instrumentos existentes, cabe preguntarse si el instrumento que propone la Comisión, destinado a un grupo de países heterogéneos y miembros de asociaciones diversas, podrá ser realmente eficaz. En efecto, ¿cómo piensa responder la Comisión a las necesidades específicas de los países socios mediterráneos cuyos problemas económicos y retos demográficos son evidentes? ¿Cómo logrará mantener unas financiaciones apropiadas para la lucha contra la pobreza dentro del instrumento? En efecto, algunos países que participan en el instrumento de vecindad son asimismo países en desarrollo que ya no serán elegibles en el marco del nuevo instrumento de financiación de la cooperación al desarrollo europeo y de la cooperación económica. Mas concretamente, ¿mencionará este instrumento la ayuda que ha de facilitarse necesariamente a dichos países para alcanzar los Objetivos del Milenio? ¿De qué modo, en concreto, piensa integrar la Comisión dichos Objetivos en el instrumento?

(EN) La UE pretende promover, a través de la Política de Vecindad Europea (PVE), un espacio de estabilidad, prosperidad y buena vecindad con nuestros vecinos tanto orientales como meridionales.

La PVE se basa en Planes de acción bilaterales que recogen las prioridades de actuación. Los Planes de Acción se elaboran de mutuo acuerdo con cada socio y se adapta a sus necesidades y capacidades.

El Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA), que comenzará a operar en 2007 y sustituirá tanto el Instrumento de Cooperación que financia la asistencia a los países del Mediterráneo meridional (MEDA), como el programa de Asistencia Técnica a la Comunidad de Estados Independientes (Technical Assistance to the Community of Independent States - Tacis), es un instrumento político concebido para apoyar la PVE y la aplicación de los Planes de Acción de esta última.

La experiencia nos ha enseñado que un vínculo más estrecho entre asistencia y políticas incrementa la responsabilidad y los efectos.

Muchos países vecinos son países en desarrollo (y no solo del otro lado del Mediterráneo). Así pues, entre los objetivos explícitos del IEVA se encuentra el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza.

La «reducción de la pobreza» y otros Objetivos de Desarrollo del Milenio son prioridades de este Plan de Acción y formarán parte de nuestro diálogo político y contarán con el apoyo de la asistencia comunitaria.

Las necesidades y condiciones específicas de cada país, que ya se reflejan en los Planes de Acción de la PVE en la que han sido adoptados, tendrán plenamente en cuenta nuestros programas nacionales.

La Comisión ha propuesto en el marco del IEVA un aumento considerable del presupuesto de ayuda a los países vecinos, y contamos con el apoyo del Parlamento para conseguirlo.

La Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia se reunió en Kaliningrado hace dos semanas. Esta ocasión permitió a los diputados al Parlamento Europeo profundizar su conocimiento del enclave y de los retos que presenta. Se puso de manifiesto que se están abriendo más posibilidades para la cooperación de la Unión Europea con este enclave de la Federación de Rusia. La Duma rusa adoptará muy pronto una ley concerniente a una zona económica especial en el enclave de Kaliningrado, que debería abrir más las puertas a los inversores de la UE. G. Boos, un influyente político de la Federación de Rusia, ha sido nombrado Gobernador del enclave y Rusia ha empezado a mostrarse más receptiva a un "proyecto piloto" de cooperación entre la Unión Europea y la Federación de Rusia en este enclave.

¿Cómo piensa la Comisión aprovechar las nuevas circunstancias para que la cooperación de la Unión Europea con el enclave de Kaliningrado se convierta en un ejemplo para toda la Federación de Rusia y para que los habitantes del enclave puedan viajar con mayor facilidad a los países vecinos y a otros países de la Unión Europea? ¿Seguirán obteniendo los ciudadanos lituanos y polacos visados gratuitos para entrar en el enclave de Kaliningrado después de que sus países se hayan adherido a los Acuerdos de Schengen? ¿Se aplicarán las mismas condiciones a los habitantes de Kaliningrado que visiten Lituania y Polonia?

(EN) La Comisión sigue estando interesada en colaborar con Rusia para promover el desarrollo de Kaliningrado en beneficio de toda la región báltica. A tal fin se han hecho esfuerzos considerables, incluso en el ámbito de la asistencia. La Comisión señala con satisfacción que los recientes indicadores económicos y comerciales muestran que Kaliningrado se desarrolla con rapidez. Kaliningrado hace buen uso de las oportunidades económicas que ha generado la ampliación de la UE.

Kaliningrado es una región única que merece y es objeto de una atención especial por parte de la UE. Todos estamos de acuerdo en que Kaliningrado debe convertirse en un ejemplo del éxito de la cooperación entre la UE y Rusia. Sin embargo, difícilmente se convertirá en un «proyecto piloto» de dicha cooperación. El desarrollo de la legislación regional debe ajustarse a la legislación de la Federación Rusa. Las ventajas fiscales concedidas a Kaliningrado no pueden extenderse al resto de Rusia. Y la ampliación de una asistencia comunitaria de cuantía similar a otras regiones de Rusia resultaría imposible desde un punto de vista financiero.

En cuanto a la libre circulación de personas, el Acuerdo sobre facilitación de visados recientemente rubricado facilitará los viajes y contactos personales entre la UE y Rusia mediante la simplificación de diversos procedimientos para la expedición de visados de corta duración. Tras la entrada en vigor de este Acuerdo, sus disposiciones serán de aplicación a los residentes de Kaliningrado, Lituania y Polonia, incluso después de la adhesión de estos dos países al Acuerdo de Schengen.

Estos últimos días han tenido lugar una serie de hechos importantes en relación con la situación del Sáhara Occidental y que, desde la perspectiva de la UE, deberían entenderse como una nueva oportunidad para desbloquear definitivamente el contencioso que en relación con esta región viven las autoridades de Marruecos y el Frente Polisario. Teniendo en cuenta, por un lado, la liberación de los presos marroquíes retenidos hasta entonces en los campamentos saharaouis en Argelia, y, por otro, la delicada situación que viven los presos saharaouis en las prisiones marroquíes de El Aaiún,

¿Piensa instar la Comisión a las autoridades marroquíes a que liberen a los presos políticos saharaouis retenidos en El Aaiún? ¿Piensa adoptar la Comisión alguna medida de presión en el caso de que Marruecos no acepte llevar a cabo tal liberación?

La Comisión ha seguido de muy cerca los acontecimientos que se han dado en el Sáhara Occidental durante los últimos meses. También ha participado activamente en los debates en el seno del Consejo que han dado lugar a varias gestiones de alto nivel con todas las partes. Para este tipo de aspectos políticos, la Comisión no dispone de otro marco jurídico que el de las gestiones de la Unión Europea, y, en este contexto, seguirá apoyando una solución que garantice el respeto de los derechos humanos.

A la espera de que todos los esfuerzos desplegados por los distintos participantes puedan propiciar una evolución rápida y positiva del asunto de referencia, la Comisión mantiene, no obstante, una posición abierta en cuanto a la incorporación de dicho asunto al orden del día del próximo Consejo de Asociación, en función de los debates que puedan tener lugar en el seno del Grupo de trabajo Magreb-Mashreq del Consejo.

Como bien sabe la Comisión, Rusia se niega a firmar acuerdos fronterizos relativos a la frontera exterior de la UE con dos Estados miembros de la Unión Europea, Letonia y Estonia.

Es evidente que la firma de los tratados fronterizos entre dichos países y Rusia es indispensable para la UE, dado que se trata de las fronteras exteriores más orientales de la UE. Para evitar que diferentes regiones de la UE tengan diferentes niveles de seguridad y, en particular, de seguridad transfronteriza, esta cuestión debe gozar de suma atención por parte de la UE y formar parte del diálogo UE-Rusia, especialmente ahora que se están celebrando negociaciones entre la UE y Rusia sobre concesión de visados y readmisión.

Tanto mis colegas del Parlamento como yo misma quedamos sorprendidos y decepcionados al oír afirmar a funcionarios del Consejo y de la Comisión (por ejemplo, la Sra. Ferrero-Waldner y el Sr. Solana) que los acuerdos fronterizos Letonia-Rusia y Estonia-Rusia son cuestiones bilaterales.

¿Es cierto que la Comisión considera que esta cuestión es bilateral y debe ser tratada por los Gobiernos nacionales de Letonia y Estonia? ¿Cuáles son los planes y propuestas de la Comisión con relación a las futuras medidas que habrán de adoptarse para lograr la conclusión de los acuerdos fronterizos Letonia-Rusia y Estonia-Rusia?

(EN) La UE tiene un interés evidente en promocionar la firma y ratificación lo antes posible de los acuerdos fronterizos entre Letonia y Rusia y entre Estonia y Rusia, ya que afectan a las fronteras exteriores de la UE. Por este motivo, la firma y ratificación de dichos Acuerdos tienen carácter prioritario en el plan de trabajo del Espacio Común de Libertad, Seguridad y Justicia entre la UE y Rusia que fue adoptado en la Cumbre entre la UE y este país celebrada el 10 de mayo de 2005. Esta cuestión fue evocada recientemente por el Vicepresidente de la Comisión responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, así como por la Presidencia, en la reunión del Consejo Permanente de Asociación entre la UE y Rusia sobre Justicia y Asuntos de Interior celebrada el 13 de octubre. Ambos expresaron con toda claridad la posición de la UE, según la cual la seguridad jurídica de las fronteras es una condición necesaria para mantener una relación estable entre la UE y Rusia, y para mejorar la cooperación en la frontera común. La Comisaria encargada de Relaciones Exteriores planteó personalmente esta cuestión en la reunión que mantuvo el 12 de octubre con el embajador ruso, en la que le expuso la necesidad de llegar a una solución flexible y pragmática. La Comisión aprovechará todas las oportunidades que se le presenten para promover una rápida solución de esta cuestión.

El 4 de diciembre de 2005 se celebrarán elecciones presidenciales en Kazajstán. El Presidente Nursultán Nazarbáyev ha confirmado la determinación de Kazajstán de tratar de conseguir la Presidencia de la OSCE en 2009. Las próximas elecciones deberían ser una prueba decisiva de la determinación de este país y de su objetivo a largo plazo de alcanzar la Presidencia de la OSCE.

¿Sigue la Comisión Europea los progresos en Kazajstán en el ámbito de los derechos humanos y de las libertades fundamentales así como de la libertad de los medios de comunicación? ¿Realiza la Comisión un seguimiento de las evoluciones recientes registradas en Kazajstán durante la campaña electoral? ¿Qué opina la Comisión sobre la Ley de partidos políticos de Kazajstán, en particular, si es conforme a las normas democráticas internacionales?

(EN) En el marco de nuestro diálogo político con ocasión de las reuniones anuales del Consejo de Cooperación UE-Kazajstán contemplado en el Acuerdo de Asociación y Cooperación, así como en el Subcomité de Justicia y Asuntos de Interior, se tratan frecuentemente temas relacionados con los derechos humanos y la democratización.

Los avances realizados por Kazajstán en materia de democratización y protección de los derechos humanos han sido mucho más lentos que los alcanzados para el establecimiento de una economía de mercado.

Algunos temas particularmente preocupantes son la excesiva acumulación de poder en la persona del Presidente y el sistema institucional del país, la gran dependencia del poder judicial con respecto al poder ejecutivo, el excesivo control sobre la sociedad civil que ejercen los servicios de seguridad y la corrupción sistemática.

Sin embargo, podemos señalar igualmente algunos aspectos positivos, como la introducción de una moratoria indefinida en la aplicación de la pena de muerte y la creación de la institución del Defensor del Pueblo. La Comisión ha invitado a las autoridades de Kazajstán, entre otras cosas, a abolir completamente la pena capital y a reforzar la figura del Defensor del Pueblo.

La Comisión sigue con gran preocupación, a través de su Comisión en Almaty, los recientes acontecimientos ocurridos durante la campaña electoral, y tiene conocimiento de lo que está sucediendo en este país.

La situación de los medios de comunicación ha empeorado con el cierre de varios periódicos en virtud de resoluciones judiciales sospechosas, la retirada forzosa de la circulación de periódicos debidamente autorizados y la presión sobre los comerciantes privados y distribuidores de medios de comunicación.

Las libertades políticas se han deteriorado debido a las numerosas detenciones de representantes de la oposición democrática, la dispersión de demostraciones pacíficas, un caso de incendio provocado en una oficina local del señor Tuyakbai, uno de los candidatos a la presidencia de la oposición, y el empleo de recursos públicos para obstruir la difusión de los materiales de campaña e ideas de los partidos de la oposición.

Se han señalado diversas visitas de inspección a los locales de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de los movimientos de oposición por parte de órganos policiales y judiciales. Algunas fuentes independientes han confirmado la existencia de amplias presiones sobre los funcionarios públicos y los estudiantes para que voten a favor del Presidente actual.

La Comisión ha subrayado en diversas ocasiones que Kazajstán solo podrá presidir la OSCE en 2009 si celebra elecciones libres y equitativas de conformidad con los compromisos que ha asumido en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). La UE solo se planteará dar su apoyo a la candidatura de Kazajstán a la Presidencia de la OSCE si se cumple esta condición.

La Comisión desea poner en conocimiento del Parlamento y en particular de las diputadas y diputados que asisten en calidad de observadores a procesos electorales, el principal problema en relación con las elecciones presidenciales kazajas. Se espera introducir un sistema de votación electrónico en un 20 % de los colegios electorales del país, mediante el cual podría votar hasta un 35 % de los votantes. Este sistema carece de posibilidades manuales de control, no deja un registro impreso en papel y ofrece amplias oportunidades de abuso. Además, la opinión predominante es que dicho sistema viola el secreto del voto. Es necesario resolver la cuestión de las normas internacionales aceptables para el control y la verificación de elecciones, y acordar normas satisfactorias en esta materia.

La Comisión conoce perfectamente la Ley de partidos políticos que Kazajstán adoptó en julio de 2002. Entre otras cosas, esta Ley aumentó el número mínimo de miembros que debe tener un partido de 3 000 a 50 000. Cabe recordar que la población de Kazajstán es de unos 15 millones de personas. Esta Ley sigue representando una amenaza para el pluralismo político y un obstáculo para el pleno desarrollo de los partidos políticos.

La Comisión apoya a la OIDDH (Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos) de la OSCE, que emitió un dictamen de expertos sobre la nueva Ley de partidos políticos, en el que llegaba a la conclusión de que los nuevos procedimientos de inscripción imponen «una limitación considerable a la libertad de asociación y al derecho de los ciudadanos de constituir partidos políticos», y por consiguiente, «limitan la participación de los ciudadanos en los procesos políticos y democráticos».

Sin embargo, cabe señalar que ha sido precisamente esta Ley la que ha obligado a la oposición a unir fuerzas. El bloque unificado de la oposición «Por un Kazajstán justo» ha postulado un único candidato a la Presidencia a resultas de esta Ley.

Los contactos con responsables y líderes políticos en Kosovo y el estudio de los análisis de eminentes observadores de la situación en Kosovo evidencian la imperiosa necesidad de un estatuto definitivo para Kosovo. Para invertir la pésima situación socioeconómica, con una tasa de desempleo del 70%, sólo un estatuto puede proporcionar el impulso imprescindible en aras de la reactivación económica. Las jóvenes instituciones kosovares no disponen de un poder decisorio real en materia de presupuesto y fiscalidad, que constituyen la esencia del proceso democrático. Las instituciones han de estar ligadas a un estatuto. La mejor norma para un Estado es un estatuto. Normas y estatuto han de ir a la par. En caso de fracaso peligraría la estabilidad de la región de la Europa Sudoriental. Las últimas elecciones en Kosovo han demostrado el deseo masivo de independencia.

Teniendo en cuenta todo eso, ¿qué iniciativas va a desarrollar la Comisión para conceder rápidamente a Kosovo una independencia condicional, tal como lo recomienda también el Parlamento Europeo?

(EN) La responsabilidad en última instancia de la decisión de facilitar el proceso político destinado a determinar la futura condición jurídica de Kosovo está en manos del Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad con las orientaciones que recoge la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad.

Seis años después de la adopción de esta Resolución, la Comisión se siente muy satisfecha por la reciente Recomendación (de 7 de octubre) del Secretario General de las Naciones Unidos para que se inicien las conversaciones sobre el futuro de Kosovo. La Comisión confía en que el Consejo de Seguridad apruebe esta recomendación y el proceso pueda comenzar antes de que termine el año en curso.

La Comisión ha notificado a las Naciones Unidas que existe un objetivo común en todos los Balcanes Occidentales, incluido Kosovo, que es la adhesión a la Unión Europea. Espera que la futura condición jurídica de Kosovo contribuya a la estabilidad a largo plazo de Kosovo, Serbia y Montenegro y de toda la región en su acercamiento a la UE.

Asimismo, la Comisión ha dejado claro a todos los países de esta región, incluyendo Serbia y Montenegro (mediante una referencia expresa en el informe de viabilidad de un Acuerdo de estabilización y asociación (AEA), que espera que colaboren estrecha y constructivamente entre sí para hacer realidad su perspectiva europea.

Hasta que se resuelva esta condición jurídica definitiva, la Comisión hace todo lo que está a su alcance para que Kosovo se mantenga firmemente dentro del Proceso de Estabilización y Asociación (PEA).

Se ha asegurado de que nuestros instrumentos políticos y financieros⁽¹⁾ se refuercen mutuamente y sean coherentes con la aplicación de las normas de Kosovo, con la óptica de acercamiento a la UE a largo plazo, a fin de contrarrestar la idea de que una vez iniciadas las conservaciones, las normas dejarán de ser necesarias.

La Comisión esta igualmente dispuesta a desempeñar su papel dentro de la contribución de la Unión Europea a los esfuerzos consentidos por la comunidad internacional en apoyo del Enviado Especial de las Naciones Unidas para las conversaciones sobre la condición jurídica de Kosovo y para la aplicación de cualquier medida basada en la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad. Apoya la idea de una presencia internacional racionalizada y de traspasar todas las responsabilidades que sea posible a las autoridades locales, que serán nuestros interlocutores directos en el futuro.

El martes 13 de septiembre de 2005, el periódico The Guardian informaba de que una empresa china de cosmética utiliza piel de cadáveres de ajusticiados para desarrollar productos de belleza destinados a la venta en Europa. Agentes de dicha empresa han señalado a los posibles clientes que están desarrollando un colágeno para tratamientos de labios y de arrugas a partir de piel de presos ajusticiados. Los agentes dicen que algunos de los productos fabricados por la empresa se han exportado al Reino Unido (y muy probablemente a otros Estados miembros de la UE), y que la utilización de piel de condenados es algo «tradicional» y que no hay «por qué escandalizarse». Los médicos y los políticos dicen que este descubrimiento pone de relieve los peligros derivados del creciente número de personas que tratan de mejorar su aspecto. Dejando de lado las consideraciones de carácter ético, existe también un riesgo potencial de infección. A la vista de estas alarmantes revelaciones, ¿qué tiene intención de hacer la Comisión para introducir normativas destinadas a controlar los tratamientos cosméticos como el colágeno y a poner fin a este comercio atroz?

(EN) La Comisión se siente consternada por la información que avanza su Señoría según la cual la piel procedente de los cuerpos de reos ejecutados podría utilizarse para desarrollar productos cosméticos de venta en Europa.

En primer lugar, la legislación comunitaria no considera que el colágeno humano para el tratamiento de los labios y las arrugas sea un producto cosmético. La Comisión desea señalar igualmente que, en todo caso, la legislación comunitaria prohíbe el uso de células, tejidos y productos de origen humano para la fabricación de productos cosméticos debido al riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas.

Por consiguiente, estos productos entran en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre tejidos y células.

La Unión Europea adoptó esta Directiva en el mes de marzo del año pasado, y en ella se establece la calidad y los requisitos de seguridad que deben cumplir los tejidos y células de origen humano. Esta Directiva no permite prácticas como las descritas en los medios de comunicación para obtener colágeno para fabricar productos de belleza.

La Directiva (2004/23/CE) garantiza que el creciente número de pacientes que son tratados con tejidos y células en Europa puedan confiar en la seguridad y la buena calidad de dichas sustancias.

La Directiva sobre tejidos y células recoge normas, entre otras cosas, para la donación de tejidos y células de origen humano. Asimismo establece los requisitos para autorizar su adquisición y para la autorización de los establecimientos que llevan a cabo actividades contempladas en la Directiva.

La Directiva recoge una disposición que regula la importación de tejidos y células de terceros países. Esta Directiva establece con toda claridad que los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para que todas las importaciones de tejidos y células procedentes de terceros países sean realizadas por establecimientos autorizados a este fin. Los Estados miembros y los establecimientos que reciben estas importaciones deben asegurarse de que estas cumplan normas de calidad y seguridad equivalentes a las previstas en la Directiva.

La Directiva establece, como principio general, que los programas de aplicación de tejidos y células deben basarse en la donación voluntaria y gratuita, el altruismo del donante y la solidaridad entre este último y el receptor. Su artículo 13 establece que «Solamente se autorizará la obtención de células y tejidos humanos cuando se hayan cumplido todos los requisitos sobre consentimiento o autorización que sean obligatorios y estén en vigor en el Estado miembro de que se trate».

Esta Directiva debe trasponerse a derecho nacional a más tardar el 7 de abril de 2006.

Una vez entre en vigor, la Directiva responderá expresamente a las inquietudes que su Señoría manifiesta en su pregunta.

Sin embargo, los Estados miembros no pueden eludir su responsabilidad consistente en aplicar desde ahora los elementos clave de la Directiva, en particular los de carácter ético.

La Comisión asegura a su Señoría que seguirá examinando la información recibida.

En la propuesta general de negociación de la UE presentada a la OMC se subraya la importancia que reviste velar por que la liberalización del comercio no mine los esfuerzos de la UE por mejorar el bienestar de los animales. En este contexto, ¿tiene intención la Comisión de incluir el bienestar de los animales entre los criterios de definición de los productos sensibles europeos que deben protegerse en el contexto de esta liberalización?

De la encuesta Eurobarómetro publicada recientemente sobre el bienestar de los animales de granja se desprende que en la UE las personas preocupadas por el bienestar de las aves son más que las preocupadas por el de otras especies y que la Directiva de la UE sobre las gallinas ponedoras (1999/74/CE)⁽¹⁾ supone un gran avance en este sentido. No obstante, estos avances corren peligro como consecuencia de la importación de ovoproductos en polvo y líquidos procedentes de gallinas criadas en peores condiciones en terceros países. ¿Tiene intención la Comisión de incluir a los ovoproductos en la lista de productos sensibles en las negociaciones de la OMC sobre un acuerdo en materia agrícola?

(EN) En su pregunta, su Señoría pide que el bienestar de los animales sea criterio para la selección de productos sensibles en el marco de las negociaciones comerciales sobre agricultura que tienen lugar en Doha.

Los productos sensibles son un concepto introducido en el Acuerdo marco adoptado el 1 de agosto de 2004, en el que se establece un trato distinto para los productos sensibles, pero que no recoge referencia alguna al bienestar de los animales. El hecho de que el trato de producto sensible sea mejor para los productos mencionados por su Señoría depende de las modalidades que quedan por acordar en Ginebra.

Sin embargo, y en relación con la marcha de las negociaciones de Doha, la Comisión puede asegurar a su Señoría que ha contraído el firme compromiso de alcanzar un acuerdo equilibrado en los tres pilares de las negociaciones sobre agricultura, que tenga en cuenta los problemas no relacionados con el comercio durante la reunión ministerial que se celebrará en Hong Kong en diciembre de este año. Como bien sabe su Señoría, aún queda mucho por hacer para alcanzar en Hong Kong un acuerdo completo en materia de modalidades, como el número y carácter de los productos sensibles, cuestión que reviste una gran importancia para la UE.

En nuestros días el comercio prevé a menudo un porcentaje de aumento para las mercancías. Ello implica ventajas negativas en el plano de la competencia para las mercancías de un grupo determinado con precio de compra elevado. Así pues, la competencia es difícil para los productos de calidad elevada. Un aumento en forma de «coronas, euros, etc.» ofrecería por el contrario condiciones mejores y más equitativas en el plano de la competencia. He aquí un ejemplo:

Los tomates cultivados de manera tradicional costaban la semana pasada 8 coronas el kilo a precio de compra, mientras que el precio correspondiente a los tomates ecológicos se elevaba a 14 coronas. Un porcentaje de aumento del 100% da un precio respectivo de 16 y 28 coronas. La diferencia de precio entre los tomates pasa de 6 a 12 coronas. Dado que el coste de manutención es aproximadamente el mismo, un aumento superior no se justifica. El IVA tampoco debería tener tales efectos.

¿Existe una posibilidad para los agricultores ecológicos de afirmar que tal práctica distorsiona la competencia y es contraria a las disposiciones legislativas en vigor en la medida en que se ven desfavorecidos ante los agricultores tradicionales?

¿En qué medida es posible para los agricultores y comerciantes de un país determinado llegar a acuerdos sobre aumentos fijos y no en porcentaje para los diferentes grupos de mercancías sin que ello sea contrario a las normas sobre competencia?

(EN) Su Señoría se muestra preocupado por los aumentos supuestamente fijos que el comercio minorista aplica a los productos agrícolas. Cita algunos casos en los que las prácticas de los comercios minoristas tienen por resultado precios más elevados (en términos absolutos, por ejemplo, en euros) para los productos biológicos. Pregunta si dichos precios más elevados son contrarios a las normas de la competencia y si los productores y comerciantes minoristas de un país pueden celebrar acuerdos para fijar precios en euros o coronas por grupo de productos con arreglo a las normas de la competencia.

Las normas comunitarias en materia de competencia no impiden a los comercios minoristas marcar los precios que deseen.

En el presente caso, los precios más elevados por productos biológicos pueden reflejar la alta demanda de dichos productos y no un intento de discriminarlos.

La legislación comunitaria no contempla la aplicación de los mismos precios para los productos convencionales y los biológicos, ni un porcentaje, ni cantidades a tanto alzado.

La letra a) del apartado 1 del artículo 81 del Tratado prohíbe fijar directa o indirectamente los precios de compraventa o cualquier otra condición comercial. Por consiguiente, los acuerdos en materia de precios entre particulares pueden constituir un infracción de la legislación comunitaria, si dichos acuerdos afectan al comercio entre los Estados miembros.

Sin conocer los pormenores del caso y de los productos de que se trata resulta imposible dilucidar si determinados acuerdos entre particulares en materia de precios constituyen una fijación de precios prohibida en el apartado 1 del artículo 81 o una infracción de la respectiva organización común de mercado.

El alza del precio del petróleo, la lucha contra la contaminación atmosférica, el incendio del túnel del Fréjus, la seguridad vial, los costes ocasionados por la degradación de las infraestructuras debido al transporte por carretera, son todos factores que abogan hoy en día por que se dé prioridad absoluta al desarrollo del transporte de mercancías por ferrocarril, a fin de luchar contra la congestión de las carreteras.

Ahora bien, la actualización del Libro Blanco sobre los transportes de 2001 se inicia bajo muy malos augurios. No sólo los grandes proyectos de infraestructuras ferroviarias se encuentran en punto muerto, por falta de financiación, sino que además, el 12 de julio, el Sr. Barrot participó en una reunión de la patronal del transporte por carretera que privilegiaba abiertamente, en la perspectiva de una revisión del Libro Blanco, la carretera en detrimento del ferrocarril.

Así, el Sr. Barrot habría declarado en esa reunión que estaría más vigilante sobre la pertinencia de las inversiones ferroviarias y que no sería hostil a que los nuevos Estados miembros inviertan en autopistas, señalando al mismo tiempo que la tarificación de los peajes para los camiones de más de 3,5 toneladas debía ser muy razonable.

¿Va a impulsar realmente la Comisión por fin una política voluntarista de desarrollo del transporte de mercancías por ferrocarril, basada en una cooperación entre las grandes empresas europeas de servicio público de ferrocarril?

(FR) La Comisión está revisando el Libro Blanco, cuya publicación está prevista para principios de 2006, revisión que conlleva un amplio proceso de consulta de todos los sectores y partes interesadas.

Esta consulta no socava de modo alguno los objetivos del Libro Blanco ni el compromiso político de la Comisión de contribuir al desarrollo del transporte ferroviario. La adopción del primero y segundo paquetes ferroviarios dan fe de los avances realizados. La Comisión mantiene su compromiso de adoptar el tercer paquete. Sin prejuzgar los resultados de la revisión a medio período, consideramos que esta cuestión presenta dos aspectos destacados:

El primero es la mejora de la infraestructura, en particular de la del transporte ferroviario. Cabe recordar que de los 30 proyectos prioritarios de las Redes Transeuropeas, 22 son proyectos ferroviarios, es decir, un 80 % de las inversiones previstas. La Comisión ya ha demostrado el carácter activo de sus políticas al proponer en las perspectivas financieras para 2007-2013 un presupuesto comunitario que permita un apalancamiento suficiente. La decisión está en manos del Consejo y del Parlamento. El Vicepresidente encargado del transporte no tardó en designar, en el mes de julio, a los coordinadores que supervisarán cinco proyectos de especial complejidad y fomentarán la interoperabilidad a través del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (European Rail Traffic Management System - ERTMS). En este contexto, el Vicepresidente asistió a la inauguración del primer ERTMS transfronterizo entre Viena y Budapest, tras la comunicación de 4 de julio en la se exponían los problemas que plantea la interoperabilidad para el desarrollo del transporte ferroviario.

El segundo aspecto se centra en un uso más eficiente de la infraestructura existente. A este respecto conviene recordar que ya existe una competencia eficaz en varios países. Por ejemplo, en el Reino Unido y Alemania, donde el mercado se liberalizó en 1995, el transporte de mercancías por ferrocarril aumentó un 60 % y un 40 %, respectivamente, entre 1995 y 2004.

Los nuevos Estados miembros tienen necesidades específicas que la Comisión no debe pasar por alto, y es sumamente importante mejorar la infraestructura ferroviaria y, al mismo tiempo, prestar atención a la mejora del transporte de carretera, sobre todo en lo referente a la seguridad del mismo. Después de todo, la protección de los ciudadanos y de los trabajadores no debe limitarse a un único medio de transporte.

Independientemente de la revisión del Libro Blanco, el desarrollo del transporte de mercancías por ferrocarril en Europa seguirá siendo una prioridad para la Comisión, que tiene previsto publicar en 2006 una comunicación sobre el desarrollo de corredores dedicados a dicho transporte.

En el marco del Consejo Europeo de los días 16 y 17 de junio de 2005, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea decidieron iniciar un período de reflexión sobre la ratificación del Tratado Constitucional. En su Declaración, se afirma que todas las instituciones comunitarias deben aportar su contribución al amplio e intenso debate que tendrá lugar sobre esta cuestión y que, en este contexto, la Comisión desempeñará un destacado papel.

¿Puede indicar la Comisión al Parlamento Europeo qué medidas ha adoptado durante estos tres meses o piensa adoptar a lo largo del período de reflexión que concluirá el primer semestre de 2006 según establece la Declaración del Consejo Europeo?

(FR) La Comisión tiene muy en cuenta la declaración que adoptaron los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la UE el 18 de junio de 2005 sobre la ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Como indicó el Presidente de la Comisión ante el Parlamento el 27 de septiembre de 2005, la Comisión está a favor, en las circunstancias actuales, de un período de profunda reflexión sobre el futuro del proyecto europeo y está dispuesta a desempeñar el papel que se espera de ella durante dicho período.

Hace poco, la Comisión presentó su contribución al período de reflexión, que adoptó la forma de una Comunicación al Consejo, al Parlamento y a las demás instituciones y órganos de la Unión. Esta Comunicación propone un Plan D dirigido a fomentar «el diálogo, el debate y la democracia» y recoge una serie de medidas para los debates nacionales, medidas cuya aplicación corresponde primordialmente a cada uno de los Estados miembros. A continuación enumera una serie de medidas que la Comisión debe adoptar a escala comunitaria, como visitas de grupos de Comisarios a los Estados miembros, la celebración de mesas redondas sobre la democracia y el apoyo a grupos de ciudadanos europeos. La Comisión espera que estas iniciativas se realicen, en la medida de lo posible, conjuntamente con otras instituciones y, en primer lugar, con el Parlamento.

¿Está informada la Comisión de que el Club de Fútbol Europeo está siendo utilizado para blanqueo de dinero?

Si la Comisión no está informada de este asunto, ¿tiene intención la Comisión de ponerse en contacto con la UEFA?

Si la Comisión está informada de este asunto, ¿qué medidas ha adoptado para investigar la acusación?

(FR) Debido a la atracción que el deporte ejerce sobre una gran parte de la población, los intereses financieros que están en juego en el deporte profesional adquieren cada vez más importancia, sobre todo los relacionados con la publicidad que rodea los eventos deportivos y los derechos de emisión por televisión. Está tendencia se encuentra especialmente desarrollada en el caso del fútbol, deporte en el cual un creciente número de clubes importantes se han convertido en sociedades por derecho propio cotizadas en los mercados de valores. Además, algunos partidos son objeto de apuestas, lo que viene a acrecentar los intereses financieros en juego. En vista de esta evolución, el deporte no puede considerarse en modo alguno inmune a la amenaza que representa el blanqueo de dinero por parte de la delincuencia organizada.

La eficacia de las medidas destinadas a luchar contra el blanqueo de dinero, ya sea a nivel de la Unión Europea o a escala internacional, depende de la participación de los órganos y personas implicados (entidades financieras y algunas personas activas en el mundo empresarial y profesional), los cuales, debido a su contacto con este tipo de delitos, tienen la obligación de aplicar medidas más estrictas para evitar y detectar el blanqueo de dinero.

Las disposiciones adoptadas por la Comisión en contra del blanqueo de dinero representan una respuesta a la necesidad de crear obstáculos insalvables contra la infiltración de todos los sectores económicos por parte de la delincuencia organizada. Por lo tanto, corresponde a los Estados miembros aplicar las normas establecidas en los textos comunitarios en la materia. La primera Directiva contra el blanqueo de dinero (1991), modificada por la segunda Directiva (2001), fue adoptada justamente con el objetivo de proteger la economía legal contra abusos delictivos. Cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) acordó revisar sus normas en junio de 2003, fue necesario poner al día la Directiva vigente con el fin de reflejar mejor las prácticas internacionales incorporadas en las Cuarenta Recomendaciones revisadas, así como el compromiso de la Comunidad Europea de luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. De conformidad con lo dispuesto en la tercera Directiva en materia de blanqueo de dinero, que el Parlamento y el Consejo adoptaron hace poco, las entidades financieras y determinadas sociedades y profesiones no financieras tienen la obligación de mostrarse vigilantes y de identificar de forma fiable a sus clientes y a los beneficiarios finales de las transacciones financieras. Aparte de ello, el papel de dichas entidades y profesiones consiste en identificar tempranamente, en el sector del deporte, al igual que todos los demás sectores, las transacciones que puedan utilizarse para el blanqueo de dinero, de modo que puedan avisar a las autoridades nacionales responsables de la lucha contra este delito.

La Comisión desea señalar que no cuenta con información que indique que determinados clubes europeos de fútbol estén siendo utilizados para lavar dinero. Y quisiera repetir una vez más que carece de competencias para efectuar investigaciones en este terreno y que compete a los Estados miembros de la Unión Europea llevar a cabo las verificaciones correspondientes, sobre todo cuando un club deportivo es adquirido por personas o con capital de origen desconocido.

¿Qué medidas está tomando y piensa tomar la Comisión en lo concerniente al marketing directo fraudulento, para garantizar la protección de los ciudadanos contra las empresas que recurren a ese tipo de prácticas, ahora y en el futuro?

A título de ejemplo, mencionaré las cartas que he recibido de algunos de mis electores y las reclamaciones formuladas por varios Estados miembros en relación con las prácticas comerciales deshonestas utilizadas por European City Guides.

European City Guides es una empresa en línea que envía formularios engañosos a las empresas solicitando información e invitándoles a inscribirse en su anuario. Los citados formularios dan la impresión de que la inscripción es gratuita. Sin embargo, una vez cumplimentados y firmados, las empresas se encuentran sujetas a un contrato que les obliga a pagar cuotas. European City Guides les envía cartas en las que les amenaza con emprender acciones legales si no efectúan los pagos y emplea a agencias de cobro de deudas para intimidar a las empresas y obligarlas a pagar. Se ha iniciado una campaña contra European City Guides y se ha presentado una petición ante el Parlamento Europeo.

(EN) La Comisión se ha comprometido a garantizar un alto nivel de protección de los consumidores en toda la UE.

En relación con la publicidad engañosa entre empresas, la Directiva en materia de publicidad engañosa⁽¹⁾ prohíbe la publicidad engañosa, inclusive la publicidad dirigida a empresas, como la estafa de la European City Guide. La aplicación de la legislación comunitaria en materia de protección de los consumidores está en manos de los tribunales y autoridades nacionales, y la Comisión tiene muy poco margen de maniobra en este terreno.

En cuanto a las medidas no legislativas relativas a las prácticas desleales en las relaciones entre empresas, la Comisión desea señalar que apoya el desarrollo y aplicación de Códigos de Conducta. Además en breve publicará un «Estudio jurídico sobre las prácticas comerciales desleales dentro de los mercados electrónicos entre empresas».

No obstante, en el caso concreto de la European City Guide, la Comisión desea informar a su Señoría de que, a pesar de no tener competencias en materia de control del cumplimiento de la legislación, el Comisario responsable de la Salud y la Protección de los Consumidores sigue muy de cerca este tema. En este sentido, escribirá personalmente a sus homólogos de los Estados miembros implicados en prácticas como las de la European City Guide, para informarles de las deficiencias en la aplicación de la legislación comunitaria en la materia.

¿Cuáles son las últimas cifras de las que dispone la Comisión sobre el total de los beneficios económicos que representa el Mercado Único europeo para los ciudadanos europeos?

(EN) En 1996 se llevó a cabo un estudio muy completo sobre todos los efectos económicos del mercado interior, que fue publicado en 1998. Dicho estudio concluyó que, en 1994, la existencia del mercado interior había significado un aumento del producto interior bruto (PIB) del 1,1 al 1,5 %. Los beneficios en materia de empleo correspondiente a ese mismo año se cifraron en más de 300 000 puestos de trabajo.

Desde entonces se han realizado evaluaciones parciales. A continuación se mencionan algunas de las más recientes:

La Comunicación con ocasión del décimo aniversario del Mercado Interior recogía una nueva ronda de estimaciones macroeconómicas sobre los efectos del programa de 1992. Según estas estimaciones, el PIB de la UE había aumentado un 1,8 %, es decir, 164 500 millones de euros, gracias al mercado interior. Además, desde 1992 se habían creado unos 2,5 millones de puestos de trabajo en la UE gracias a la apertura de fronteras entre los Estados miembros;⁽¹⁾

Un estudio elaborado por los servicios de la Comisión basado en datos contables de sociedades de la UE encontró pruebas de que el programa del Mercado Interior había tenido repercusiones importantes sobre la productividad. La eficiencia, que expresa la productividad de los activos, aumentó aproximadamente un 25 % entre 1993 y 2001;⁽²⁾

Un estudio de la Comisión estimaba los beneficios de la aplicación de las Directivas comunitarias en el ámbito de la contratación pública. Sus resultados indican que la aplicación de los procedimientos en materia de transparencia contemplados en las Directivas podía reducir el precio de los contratos de bienes, servicios y obras en un 30 % aproximadamente. Asimismo, este estudio indicó que el porcentaje de sociedades extranjeras que obtenían contratos en otros Estados miembros era similar al de las sociedades nacionales que licitaban en su país de origen.⁽³⁾

¿Qué opinión le merecen a la Comisión las próximas medidas en relación con la Directiva sobre los trabajadores atípicos?

(FR) La propuesta de directiva sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales, a la que sin duda se refiere su Señoría aún está siendo examinada por el Consejo. Este último debe adoptar una posición sobre la propuesta modificada de la Comisión, la cual incorporaba algunas de las enmiendas presentadas por el Parlamento durante la primera lectura de la propuesta original.

Al igual que con cualquier iniciativa de la Comisión, esta propuesta debe considerarse en el contexto de la evolución de la legislación. Es por ello que la Comisión declaró, en su Comunicación de 27 de septiembre de 2005⁽¹⁾, que se reservaba el derecho de volver a examinar la propuesta sobre los trabajadores temporales a la vista de los futuros debates sobre otras propuestas.

En virtud del Reglamento (CE) nº 639/2003⁽¹⁾ se rebaja de 36 a 30 meses la edad de las vacas y terneras a partir de la cual se conceden restituciones por exportación. Antes, en virtud del Reglamento (CE) nº 615/1998⁽²⁾, se concedía la restitución por exportación de animales de hasta 36 meses de edad.

Este cambio les hace la vida más difícil a los ganaderos de las regiones de montaña, que están sometidos al ciclo reproductivo alpino de partos de otoño; además, la dureza del clima en los prados de altura hace que las razas bovinas de montaña se desarrollen con mayor lentitud y que, por razones biológicas, las vacas no puedan ser cubiertas antes de alcanzar los 24 meses de edad.

¿Puede prever la Comisión una excepción a la citada normativa para que la edad de exportación del ganado de razas vacunas alpinas vuelva a situarse en los 36 meses?

(EN) La decisión de reducir de 36 a 30 meses la edad para poder optar por los reembolsos de exportación por hembras de pura raza se adoptó sobre la base de las estadísticas sobre nuestras exportaciones de cabezas de ganado vacuno de pura raza, las cuales mostraban que se exportaban principalmente hembras jóvenes de pura raza. Actualmente, entre las solicitudes predominan las correspondientes a animales menores de 30 meses.

La Comisión considera desde un punto de vista técnico que, con una edad media de apareamiento de 24 meses, las vaquillas e incluso en algunos casos las vacas jóvenes de razas de ganado alpinas pueden seguir beneficiándose de las restituciones a la exportación.

Además parece difícil, desde una perspectiva administrativa, establecer un régimen específico para las razas de ganado alpino, debido a que la nomenclatura de exportación que se utiliza para definir las categorías de animales que pueden acogerse no permite dicha especificidad. Además, algunas de esas razas son criadas fuera de las zonas de montaña, donde las condiciones de producción son distintas.

Por último, cada vez es mayor la preocupación que despierta entre el público la exportación de animales vivos con derecho a restitución. La Comisión admite que han sido principalmente las exportaciones de ganado para su sacrificio las que han sido objeto de duras críticas en el pasado. Pero también se han criticado las de animales de pura raza debido al transporte de larga distancia.

En vista de ello, la Comisión no está en condiciones de llevar a cabo el ajuste solicitado.

El Parlamento está examinando la propuesta de reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) presentada por la Comisión. El punto de partida de este examen es la propuesta presentada por la Comisión el 29 de octubre de 2003 (COM(2003)0644 final). Ahora, cuando dicha propuesta se encuentra en plena fase de examen en el Parlamento, parece que la Comisión tiene intención de presentar una nueva propuesta de reglamento. Esta manera de actuar, sin esperar al dictamen del Parlamento, es insólita. ¿Por qué razón no espera la Comisión a la primera lectura del Parlamento antes de adoptar ningún tipo de medidas?

Los medios de comunicación han reseñado que la Comisión ha elaborado una propuesta modificada de la legislación REACH sobre productos químicos. Este documento informal está fechado el 20 de septiembre de 2005. La nueva propuesta de la Comisión incorpora varios puntos de vista presentados en las comisiones de Industria y de Mercado Interior, dos de las comisiones que han examinado REACH. La actuación de la Comisión ha producido irritación en el movimiento ecologista. Se ha criticado que la Comisión, a través de esta actuación, está tratando de influir en el examen posterior de REACH por parte del Parlamento.

¿Puede la Comisión clarificar por qué ha presentado un nuevo documento sobre la legislación REACH sobre productos químicos en pleno debate en el Parlamento Europeo? ¿Cuál es la finalidad del documento?

(EN) Su Señoría puede estar seguro de que la Comisión no tiene la intención de presentar una nueva propuesta de reglamento relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos (REACH).

La Comisión desea recordar que en su Comunicación al Consejo Europeo de primavera de 2005 recalcaba, en relación con la propuesta del Reglamento REACH, la necesidad de adoptar una decisión que fuera coherente con los objetivos en materia de competitividad de las industrias europeas adoptados en Lisboa, que estimulara la innovación y que lograra una mejora sensible de la salud y el medio ambiente en beneficio de los ciudadanos europeos. La Comisión también expresó su disposición a cooperar plenamente con el Parlamento y el Consejo para encontrar soluciones pragmáticas a los principales problemas que han surgido durante el examen de REACH a fin de mejorar su viabilidad. Este planteamiento fue acogido muy favorablemente.

Durante el examen de REACH en el Consejo y el Parlamento, a menudo se ha pedido a los Comisarios competentes que indiquen cuál es su posición respecto a los principales problemas observados, y que han sido objeto de enmiendas concretas por parte de las comisiones parlamentarias competentes o de la Presidencia del Consejo.

En respuesta a dichas peticiones y con el fin de estimular un rápido avance hacia un acuerdo político en el Consejo, y una primera lectura en el Parlamento, el Comisario de Empresa e Industria, y el Comisario responsable de Medio ambiente consideraron oportuno que los negociadores de la Comisión pudiesen participar en el debate.

La Comisión solo presentará una propuesta modificada después de conocer el resultado de la primera lectura en el Parlamento.

El Gobierno griego piensa promover la titularización de deudas vencidas y obtener así ingresos públicos que cubran una parte del déficit público griego originado tras el inventario que realizó en 2004.

La titularización de deudas es una medida claramente provisional que no mejora en el fondo la situación económica real, que, por otra parte, presenta importantes divergencias de las previsiones efectuadas por el Gobierno en cuanto al volumen de los ingresos fiscales a causa del deficiente funcionamiento de los mecanismos de control y el ritmo de desarrollo.

¿En qué fase se encuentran las consultas de la Comisión con el Gobierno griego sobre la cuestión de si se acepta, o no, la titularización de deudas vencidas como mecanismo para cubrir el déficit público?

¿Qué prerrequisitos, condiciones y garantías solicitarán la Comisión y Eurostat en el caso de que se acepte dicha titularización, visto que en otros Estados miembros se había rechazado una solicitud similar o que en otros países no se habían logrado los resultados esperados?

(EN) La Comisión sabe que las autoridades griegas tienen la intención de titulizar determinadas deudas, en particular las de impuestos atrasados.

Desde un punto de vista contable, Eurostat se mantiene en contacto con las autoridades estadísticas griegas para conocer el trato que se dará a esta operación. Si bien las autoridades griegas ya han presentado una descripción más o menos general de sus intenciones, Eurostat todavía no recibe toda la documentación.

Según las normas contables, las repercusiones de la titulización del déficit presupuestario dependerán sobre todo de la transferencia de riesgos al sector privado. Para contabilizarla como una reducción del déficit, la Administración debe haber transferido la mayoría de los riesgos y retribuciones al sector privado; de lo contrario, la titulización se considera un préstamo. La evaluación de todos los elementos pertinentes (posible sustitución de activos, garantías, existencia de un precio de compra diferido, gestión de los activos, etc.) para cada operación solo puede llevarse a cabo tras un análisis detenido del contrato.

Eurostat tiene la intención, en términos más generales, de clarificar lo antes posible con todos los Estados miembros las normas en materia de operaciones de titulización en el Manual SEC 1995 sobre déficit y deuda públicos. Esto se debe a que recientemente han surgido problemas de interpretación de las normas vigentes, sobre todo en lo referente a la concesión de garantías y a las transferencias de riesgos y ventajas por parte del Estado.

El Primer Ministro húngaro, Ferenc Gyurcsány, en una conferencia celebrada en la Universidad Qinghua de Beijing el 9 de septiembre de 2005, insistió en la supresión de la obligación de visado para los ciudadanos chinos.

Según informaciones publicadas en la prensa húngara e internacional, Ferenc Gyurcsány declaró que Hungría se encuentra entre los Estados miembros de la UE favorables a la abolición de la obligación de visado para los visitantes chinos y añadió que sólo unos pocos Estados miembros de la UE desean seguir manteniendo dicha obligación.

¿Tiene previsto la Comisión suprimir la obligación de visado para los ciudadanos chinos?

¿Puede indicar la Comisión cuál es su opinión sobre las declaraciones del Primer Ministro húngaro, a la luz de la actual «construcción» de la política común de la UE en materia de visados?

(EN) La Comisión remite a su Señoría a su respuesta a la pregunta escrita prioritaria P-3399/05 formulada por la señora Gál sobre este mismo tema.

El 22 de julio, la Comisión Europea (Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad) elaboró un «Proyecto de recomendaciones sobre un código de conducta para las organizaciones sin ánimo de lucro». En este documento se afirma nada menos que hay pruebas de que hay organizaciones sin ánimo de lucro que han sido utilizadas para financiar el terrorismo y para cometer otros delitos. Aunque se reconoce que las organizaciones sin ánimo de lucro tienen un papel fundamental a la hora de desarrollar actividades y prestar servicios humanitarios a los ciudadanos en ámbitos de importancia vital, en el proyecto se expone una serie de propuestas de control que alterarían estas actividades hasta desnaturalizarlas. En el documento no se expresan las razones por las que se califica a las organizaciones sin ánimo de lucro de no inmunes al delito. Es sin duda deseable establecer transparencia y seguridad en la labor de estas organizaciones, pero la propuesta de designación de un organismo de control responsable ante los Gobiernos menoscaba toda forma de autonomía y libertad de acción de las organizaciones sin ánimo de lucro. ¿

No considera la Comisión que debería retirar la propuesta, ya que sometería de hecho a las organizaciones sin ánimo de lucro a un control que negaría la legitimidad democrática, y promover, en su lugar, un diálogo estructurado con las organizaciones sin ánimo de lucro sobre una base diferente, sin elaborar reglas unilaterales, sino compartidas por las organizaciones sin ánimo de lucro?

(EN) Su Señoría seguramente conocerá las «recomendaciones especiales» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre financiación del terrorismo. La misión del GAFI es coordinar y encabezar la campaña internacional contra el dinero procedente de actividades delictivas y contra la financiación del terrorismo. La Recomendación especial VIII pide a los Estados que corrijan la posibilidad de abusar del sector sin ánimo de lucro para la financiación del terrorismo.

Además, en las Conclusiones del Consejo Europeo del 16 y 17 de diciembre de 2004, este invitó a la Comisión a presentar a más tardar en 2005 propuestas para evitar que se utilicen las organizaciones sin ánimo de lucro para financiar el terrorismo. Aparte de ello, la Declaración del Consejo sobre la respuesta de la UE a los atentados cometidos en Londres el 13 de julio pide la adopción de un «código de conducta para impedir que los terroristas desvíen donaciones caritativas».

La Comisión prevé, en este contexto, publicar este año una Comunicación sobre financiación del terrorismo, que recogerá una Recomendación a los Estados miembros para promover el cumplimiento de los primeros principios de un Código de Conducta.

El proyecto de Comunicación de la Comisión ha sido objeto de una profunda revisión, basada en los comentarios recibidos durante la consulta pública. A través de esta Comunicación, la Comisión fomentará un diálogo estructurado con el sector sin ánimo de lucro. Esta comunicación representará el primer paso de una nueva fase del debate con dicho sector sobre este tema. La Comisión tiene la intención de organizar una conferencia en 2006 en la que participaría el sector sin ánimo de lucro y organismos públicos para lograr un acuerdo acerca del problema de la prevención y la lucha contra el abuso de organizaciones sin ánimo de lucro para financiar el terrorismo y otros fines delictivos.

Por último, la Comisión desea hacer hincapié en que esta Recomendación y el Marco para un Código de Conducta no pretenden de modo alguno socavar las importantes actividades humanitarias y de otro tipo que llevan a cabo las organizaciones sin ánimo de lucro de la Unión Europea. La finalidad de la propuesta de la Comisión es hacer que las organizaciones sin ánimo de lucro adopten medidas razonables para proteger sus puntos vulnerables a fin de que no sean utilizados para financiar el terrorismo y otras actividades delictivas.

El Consejo Europeo de Barcelona de los días 15 y 16 de marzo de 2002 acordó un nivel mínimo para las interconexiones eléctricas equivalente a un 10% de la capacidad de generación instalada en cada Estado miembro para mejorar la fiabilidad y la seguridad de las redes, la seguridad del abastecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Las interconexiones forman parte de las Redes Transeuropeas de la Energía y son un elemento indispensable para que los operadores del mercado de la electricidad tengan acceso a otros mercados nacionales.

¿Podría indicar la Comisión en qué estado se encuentra la interconexión eléctrica entre Francia y la Península Ibérica, así como las consecuencias que su reforzamiento tendría para España, Portugal y el Mercado Ibérico de la Electricidad?

(EN) La Decisión del Parlamento y del Consejo sobre las Redes Transeuropeas en el sector de la energía recoge los proyectos prioritarios «EL.3 Francia-España-Portugal», cuyo objetivo en particular es incrementar la capacidad de las interconexiones eléctricas entre estos países.

Francia y España han acordado añadir 1 200 MW de capacidad adicional a los actuales 1 400 MW con el objetivo de alcanzar 4 000 MW en el futuro. A este fin, una serie de estudios de viabilidad en curso exploran las distintas alternativas para transportar capacidad adicional a través de los Pirineos Orientales, Centrales y Occidentales. Los estudios de las diversas interconexiones entre España y Francia han recibido apoyo financiero por un importe total de 2,5 millones de euros con cargo a la línea presupuestaria destinada a las Redes Transeuropeas.

La actual interconexión de 1 400 MW entre España y Francia representa tan solo un 2,3 % de la capacidad instalada en España. Por consiguiente, la línea a través de los Pirineos Orientales se utiliza al límite de su capacidad, lo que provoca a menudo congestiones y supera el límite disponible durante la mayor parte del tiempo. Incluso la capacidad de transmisión prevista de 4 000 MW se sitúa por debajo del objetivo del 10 %.

Los Gobiernos español y portugués firmaron en 2001 un acuerdo para desarrollar un mercado ibérico común de la energía. Una nueva interconexión de este a oeste entre Sines (PT) y Balboa (ES) se encuentra en construcción, y la conexión entre Aldeadavilla (ES) y Recarei (PT) está siendo objeto de adaptaciones. Asimismo se está reforzando la conexión entre el norte y el sur en Portugal (Valdigem–Viseu–Anadia). La actual capacidad de transmisión entre Portugal y España supera el objetivo del 10 %, lo que permite que hasta un 10 % de la demanda de energía portuguesa pueda importarse de España o a través de este país.

Sin embargo, cabe señalar que a pesar de que en 2003 un 9 % de la demanda portuguesa se importaba de España, los niveles medios de congestión de España a Portugal durante el primer semestre de 2004 fueron del 25 % y alcanzaron el 66 % en julio de 2004 y el 47 % en agosto del mismo año (véase COMP.M. 3440 EDP/ENI/GDP – considerandos 80 a 83).

El anuncio de una OPA recientemente lanzada por un grupo energético español ha generado dudas sobre si esta operación podría distorsionar la competencia en el sector energético de España y Portugal y si sería compatible con los objetivos del Tratado de garantizar un entorno competitivo justo.

¿Cuáles son los plazos para la notificación? ¿Ha solicitado la intervención de la Comisión algún Gobierno u organismo de defensa de la competencia de un Estado miembro? ¿En qué fecha?

(EN) La fusión entre Gas Natural y Endesa fue notificada a las autoridades españolas de defensa de la competencia el 12 de septiembre de 2005, presumir que no tiene dimensión comunitaria. La Comisión verifica actualmente, a petición de Endesa, si esta presunción es correcta, y anunciará el resultado de su investigación lo antes posible.

De conformidad con el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento comunitario de concentraciones⁽¹⁾, «Las concentraciones de dimensión comunitaria objeto del presente Reglamento deberán notificarse a la Comisión antes de su ejecución en cuanto se haya concluido el acuerdo, anunciado la oferta pública de adquisición[...]».

Con arreglo al mismo artículo «También será posible proceder a una notificación cuando las empresas afectadas demuestren a la Comisión su intención de buena fe de concluir un acuerdo, o, en el caso de una oferta pública de adquisición, cuando hayan anunciado públicamente su intención de presentar tal oferta[...]».

Siempre suponiendo que la fusión entre Gas Natural y Endesa carece de dimensión comunitaria, las autoridades portuguesas de defensa de la competencia solicitaron el 21 de septiembre a la Comisión que evaluara las repercusiones sobre la competencia de esta concentración en su territorio nacional, en virtud del artículo 22 del Reglamento comunitario de concentraciones. El 7 de octubre, las autoridades italianas de defensa de la competencia se unieron a esta solicitud. La Comisión adoptará una decisión respecto a dichas solicitudes a más tardar el 27 de octubre de 2005.

En el turno de preguntas del mes de enero, pregunté al Comisario cuándo se iba a elaborar su propuesta. Estamos en octubre, así que la fecha prometida se ha superado con creces. ¿Para cuándo va a prometer ahora la elaboración de la propuesta? Mientras tanto, continuamos sin disponer de una imagen clara de la actividad de las bandas de delincuencia organizada a lo largo de la Unión, una laguna que es estupenda para los delincuentes pero nefasta para los ciudadanos.

(EN) Como su Señoría sabe, la Comisión se dedica a desarrollar estadísticas de alta calidad en materia de delincuencia y procedimientos penales. Este proyecto pretende reunir a medio plazo los indicadores y estadísticas existentes en los diferentes ámbitos e incrementar su calidad; a largo plazo desarrollará estadísticas armonizadas en materia de delincuencia y procedimientos penales. Estos trabajos siguen varios cauces distintos pero coordinados. La armonización de las estadísticas en materia de delincuencia y procedimientos penales requerirá grandes recursos económicos y humanos, tanto de los Estados miembros como de la Comisión, y deberá llevarse a cabo de forma paulatina en función de los conocimientos obtenidos, de modo que todos los Estados miembros puedan aceptar la utilidad de contar con definiciones y normas armonizadas y la validez de las estadísticas producidas.

En cuanto a la delincuencia organizada en general, Europol ha decidido no participar en los trabajos destinados a desarrollar medidas cuantitativas armonizadas a largo plazo, sino dedicar su energía a desarrollar información cualitativa para la Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Organizada, que se publicará por vez primera en 2006. Dicha evaluación valorará la amenaza que representa la delincuencia organizada para adoptar las medidas adecuadas.

Los enormes problemas de metodología que plantean los distintos sistemas estadísticos nacionales fueron estudiados por un grupo de expertos de doce Estados miembros convocado por Eurostat en los meses de mayo y junio de 2005. La recopilación de datos comenzará, de acuerdo con la evaluación que hizo este grupo de los datos ya existentes en los Estados miembros, a finales de 2005 con la información basada en los informes policiales y las poblaciones penitenciarias. La Comisión está contratando expertos independientes para complementar dicha recopilación.

El grupo de trabajo confirmó que actualmente no existe en los Estados miembros información cuantitativa sistemática sobre delincuencia organizada, pero la Comisión ha puesto en marcha varios estudios, con los que espera establecer directrices útiles para incluir a la delincuencia organizada en la recopilación de datos. Eurostat propondrá a más tardar en 2007 un módulo común sobre víctimas de la delincuencia para incluirlo en las encuestas nacionales con el fin de que esta información pueda compararse con mayor facilidad.

A fin de ofrecer una evaluación permanente y global del Plan de Acción sobre Drogas 2005-2008, la Comisión ha elaborado una serie de herramientas e indicadores de evaluación en colaboración con el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (OEDT) y Europol, para cada acción del Plan. Tanto el OEDT como Europol recogen periódicamente información sobre este ámbito, que ofrece una visión de conjunto de la situación de la UE en este aspecto.

El Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (OERX) es otro actor muy activo, sobre todo en el ámbito de los delitos de carácter racista. El OERX elabora informes sobre racismo y la primavera pasada presentó un informe dedicado a la violencia racista. A fin de superar los obstáculos que impiden la recopilación de datos que señala dicho informe y de mejorar la cantidad y calidad de la información disponible en materia de violencia racista, el OERX emprenderá en 2006 un estudio piloto sobre las víctimas del racismo. La Comisión apoya estas actuaciones.

Una comunicación prevista para finales de 2005 expondrá la evolución para los próximos años, y la Comisión creará un grupo de expertos, aparte del grupo operativo, para que la asesore.

¿Puede la Comisión decir si se ha elaborado un informe específico sobre las acciones concretas llevadas a cabo por la UE para combatir y erradicar definitivamente el azote del sida en los países en desarrollo?

En caso afirmativo, ¿puede la Comisión poner inmediatamente dicho informe a disposición de los diputados al PE?

(FR) En 2005, la Comisión decidió adoptar un planteamiento concertado para los principales retos derivados de las tres principales enfermedades transmisibles: VIH/sida, malaria y tuberculosis, en un marco político y estratégico coherente y coordinado. De este modo adoptó el 26 de octubre de 2004 un segundo informe sobre la marcha del Programa comunitario de acción contra el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis⁽¹⁾, que ha sido remitido entretanto al Consejo y al Parlamento.

El objetivo primordial de este informe era presentar una panorámica general de los avances y resultados obtenidos en cada uno de los siguientes ámbitos: efectos de las medidas, posibilidad de acceder a medicamentos y asistencia para la investigación y desarrollo de nuevos recursos terapéuticos para luchar contra estas enfermedades,

Si bien la Comisión destina créditos a programas sanitarios en países asociados, el importe destinado específicamente al VIH/sida no puede cuantificarse. Por consiguiente, la financiación del sector sanitario de cada país contemplada en los diversos programas ha disminuido (de un importe anual de 393 millones de euros entre 1998 y 2002 a 246,6 millones de euros entre 2003 y 2006). Aparte de las ayudas presupuestarias y sectoriales, los créditos destinados concretamente a la lucha contra estas tres enfermedades ha aumentado de modo considerable, pasando de 59,3 millones de euros anuales entre 1994 y 2002, a 235 millones anuales entre 2003 y 2006, de todas las fuentes (Fondo Europeo de Desarrollo, partidas presupuestarias específicas, Fondo de Investigación). Entre 2003 y 2006 se ha producido un constante aumento de las partidas presupuestarias para la ayuda comunitaria a países en vías de desarrollo para luchar contra estas tres enfermedades, de los créditos del fondo regional para los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y de los créditos asignados a estas tres enfermedades en el Sexto Programa Marco de Investigación (que son cuatro veces superiores a los del Quinto Programa Marco).

Durante el período 2003-2006, la Comisión ha destinado 200 millones de euros al programa EDCTP dentro del Sexto Programa Marco de investigación⁽²⁾. Este proyecto piloto, denominado Programa de Ensayos Clínicos Europa-Países en Desarrollo recibió una contribución equivalente (200 millones de euros) de los países europeos que participan en él, y se concentra en el desarrollo de nuevos medicamentos, vacunas y microbicidas que sean eficaces contra estas tres enfermedades, así como en incrementar la capacidad de investigación clínica de los países del África subsahariana. Se han destinado otros 220 millones de euros a la aplicación de numerosos proyectos de investigación fundamental y preclínica a lo largo del Sexto Programa Marco.

La Comisión ha hecho una contribución considerable al Fondo Mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria y otros programas de colaboración, como la Iniciativa Internacional para una Vacuna contra el sida (International Aids Vaccine Initiative - IAVI), la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (Global Alliance for Vaccines and Immunization - GAVI) y el Programa Internacional de Cooperación en materia de Mircrobiocidas (International Partnership for Microbicides - IPM). La contribución total de la Comisión al Fondo Mundial entre 2001 y 2005 se elevó a 432,5 millones de euros. En 2006, la contribución de la Comisión al Fondo Mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria fue de casi 90 millones de euros, de los cuales 62 millones procedían del Fondo Europeo de Desarrollo.

La Comisión reconoce la importancia de la producción de bioetanol y también que los agricultores europeos, que son los guardianes del medio ambiente rural, podrían contribuir y contribuirían considerablemente a controlar el cambio climático mediante el uso alternativo de las tierras agrícolas para la producción de recursos energéticos alternativos y renovables.

Dado que las fuentes de energía alternativas son vitales para nuestro futuro, ¿puede la Comisión hacer algún comentario sobre la utilización por los Estados miembros de los fondos europeos disponibles para la creación de proyectos europeos para los biocarburantes y si considera satisfactoria dicha utilización o no?

(EN) Gracias a la reforma de la Política Agrícola Común de 2003, los agricultores pueden cultivar ahora cualquier tipo de biomasa para la generación de energía sin perder las ayudas desvinculadas a la renta.

Con arreglo a este régimen, los agricultores no tienen que declarar la forma en que utilizan sus superficies agrícolas. Por consiguiente, la Comisión solo cuenta con información limitada sobre los cultivos energéticos en tierras que pueden acogerse a ayudas desvinculadas. Se puede obtener más información a partir de las solicitudes de los agricultores en el marco de los regímenes de puesta en barbecho y cultivos energéticos.

En virtud del régimen de puesta en barbecho, que permite el cultivo de cosechas no alimentarias en tierras de barbecho obligatorio, se utiliza una superficie de unas 900 000 hectáreas para la producción de cultivos energéticos.

Además, la reforma de 2003 introdujo una prima específica para los cultivos energéticos de 45 euros por hectárea para una superficie máxima garantizada de 1,5 millones de hectáreas. En 2004, que fue el primer año de su aplicación, la prima para los cultivos energéticos fue concedida a unas 300 000 hectáreas.

La Comisión espera que el número de hectáreas que solicitarán la nueva prima para cultivos energéticos aumentará en 2005 y años posteriores.

La producción actual de cultivos energéticos no basta para alcanzar los objetivos de la UE en materia de energías renovables para 2010.

Un informe sobre la aplicación de las primas para cultivos energéticos está previsto para finales de 2006, y vendrá acompañado, en su caso, de propuestas de modificación. Los biocarburantes deberían alcanzar una cuota de mercado del 2 % este año, y aumentar al 5,75 % hasta 2010. Los Estados miembros tenían que informar a la Comisión sobre la evolución en este terreno en 2004 y 2005, y la Comisión presentará un informe al Consejo Europeo y al Parlamento, sobre la base de esta información, en 2006. La Comisión puede proponer otras medidas si lo considera necesario para conseguir el objetivo previsto.

Los biocarburantes permiten reducir emisiones de gases de efecto invernadero de distintos ciclos de vida, en función de su forma de producción. Sería conveniente que las políticas en la materia tuvieran en cuenta este hecho y estimularan la introducción de tecnologías de biocarburantes más ventajosas.

La Unión Europea ha prestado una ayuda financiera importante durante años a la investigación y desarrollo en el sector de los biocarburantes. En el Quinto Programa Marco, los biocarburantes recibieron ayudas en el marco de los programas temáticos de Calidad de Vida y Energía. El actual Sexto Programa marco financia una serie de proyectos integrados en el sector de los biocarburantes.

La Comisión está elaborando un Plan de Acción sobre biomasa para fomentar el debate sobre los incentivos para la biomasa, entre ellos los destinados a los biocarburantes. Además, una Comunicación concreta sobre biocarburantes recogerá dicho debate y complementará las estrategias antes descritas, en particular la referente al abastecimiento de materiales para la producción de biocarburantes y el marco mundial para la política de la UE en esta materia.

La DG Competencia ha afirmado recientemente que Premier League (la primera división de la liga de fútbol inglesa) debe garantizar que los derechos de difusión en oferta constituyen una «parte significativa» accesible a una segunda empresa de difusión.

La Premier League debería ya haber mostrado a la Comisión que está aplicando «de forma realista» un acuerdo de 2003 sobre la comercialización de los derechos de difusión del fútbol. ¿Podría la Comisión confirmar que ha recibido una respuesta de la Premier League e indicar si tiene intención de emitir una declaración de oposición o no?

(EN) La Comisión puede confirmar que ha mantenido conversaciones con la Football Association Premier League (FAPL) sobre su venta colectiva de derechos de emisión en el Reino Unido y otros países. En diciembre de 2003, la FAPL propuso una serie de compromisos, los cuales preveían que ningún comprador podría obtener todos los derechos de transmisión en directo por televisión en el Reino Unido a partir de 2007. Esta serie de compromisos fue objeto de una consulta pública en 2004 y las conversaciones sobre el resultado de dicha consulta prosiguieron durante 2004 y 2005.

En junio de 2005, la FAPL presentó una propuesta revisada, que la Comisión considera insuficiente. En una reunión entre el Comisario responsable de la Competencia y la FAPL celebrada el martes 18 de octubre de 2005, la FAPL presentó una propuesta con cambios considerables que acercó a ambas partes a una solución amistosa de este asunto. La FAPL acordó en particular que los derechos se venderían al mejor postor autónomo, y que ningún comprador podría comprar todos los paquetes de derechos de transmisión en directo por televisión. La Comisión estudió esta propuesta y respondió a la FAPL el viernes 21 de octubre de 2005, pidiendo a esta que adoptara una posición clara en una serie de puntos. La Comisión está asimismo en condiciones de confirmar que recibió una respuesta de la FAPL el lunes 24 de octubre, y que en estos momentos considera detenidamente su respuesta.

Las Directivas 2003/54/CE⁽¹⁾ y 2003/55/CE⁽²⁾ establecen los criterios básicos para una adecuada liberalización de los mercados de gas y electricidad. Las Directivas contienen unos requisitos mínimos de libre competencia necesarios para alcanzar unos precios razonables, al mismo tiempo que promueven un servicio de calidad, la protección de los consumidores más vulnerables y la seguridad del suministro. Las Directivas garantizan que a partir del 1 de julio de 2007 todos los clientes domésticos pueden elegir libremente el proveedor de electricidad y gas.

¿Cuáles cree la Comisión que son los principales obstáculos en la actualidad para la creación de un verdadero Mercado Europeo del Gas y la Electricidad?

(EN) Los Estados miembros debían transponer la mayoría de las disposiciones de las Directivas 2003/54 y 2003/55 a más tardar el 1 de julio de 2004. Las obligaciones más importantes eran la apertura de la competencia para todos los clientes no particulares, la adopción de una normativa ex ante para el acceso a las redes de electricidad y gas, y la separación de los operadores de los sistemas de transmisión y distribución de las demás partes de las empresas organizadas verticalmente.

La mayoría de los Estados miembros ya han cumplido dichas obligaciones. Sin embargo, el cumplimiento por parte de varios de ellos llevaba más de un año de retraso. Siete Estados miembros no han notificado aún las medidas adoptadas para trasponer las Directivas y la Comisión ha iniciado acciones en su contra.⁽³⁾

La Comisión está elaborando un amplio informe sobre la aplicación de estas Directivas, como se prevé en los textos de las mismas (artículo 28 de la Directiva relativa a la electricidad, y artículo 31 de la Directiva sobre gas). Los trabajos sobre este informe continúan, pero aparte de los retrasos de la aplicación antes referidos, los principales obstáculos a la verdadera competencia están relacionados –entre otras cosas– con el nivel de concentración existente en muchos mercados, la falta de capacidades de interconexión entre los Estados miembros, las distintas competencias y el nivel de independencia de las autoridades reguladoras, la falta de transparencia en algunos mercados, la falta de liquidez en determinados mercados mayoristas y, quizás, la inadecuación de las disposiciones en materia de desconcentración. Se prevé que estos problemas serán resueltos gradualmente por ambas Directivas, el Reglamento relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad (1228/03) y el futuro Reglamento sobre transmisión de gas.

A fin de dilucidar las condiciones de competencia en los mercados europeos del gas y la electricidad, la Comisión inició el 13 de junio de 2005 una investigación de los sectores europeos del gas y la electricidad. Esta investigación sectorial, que es un instrumento para la aplicación de legislación europea en materia de competencia, se debe a la presentación de varias denuncias de aumentos de precios y falta de opciones para los consumidores. Los primeros resultados de esta investigación están previstos para finales de 2005, y el informe final para 2006.

A raíz de la votación final en el Parlamento Europeo, el Gobierno turco transmitirá al Parlamento de ese país el Protocolo por el que se amplía la unión aduanera a los diez nuevos Estados miembros. Una vez ratificado, el Protocolo quedará incorporado como ley al ordenamiento jurídico turco y tendrá carácter obligatorio erga omnes, es decir, dentro y fuera de Turquía, en lo que se refiere a las relaciones de este país con la UE y con terceros países. Si la ratificación se lleva a cabo según la vía establecida para la ratificación de un tratado internacional por la Constitución turca, el Protocolo tendrá carácter constitucional. En caso de que la presentación del Protocolo se acompañe de la declaración unilateral de Turquía sobre Chipre (si bien ésta, según la legislación europea, no tiene repercusiones jurídicas), la declaración unilateral tendrá la misma fuerza que la ley, de conformidad con lo señalado anteriormente.

¿Qué medidas han adoptado las instituciones europeas y, en particular, la Comisión, para evitar la presentación de la Declaración para su ratificación y para que ésta siga siendo una mera declaración política sin repercusiones jurídicas?

(EN) La Comisión se felicita de la firma del Protocolo adicional al Acuerdo de Ankara por parte de la UE y Turquía. La Comisión espera que Turquía ratifique y aplique plenamente este Protocolo de buena fe en su momento. El Comisario responsable de la Ampliación hizo hincapié en este aspecto durante la visita que cursó a Turquía a principios de octubre.

La Comisión entiende que cuando el Parlamento turco apruebe la ratificación del Protocolo, el Presidente de Turquía firmará una decisión que recogerá la aceptación por parte de la República de Turquía del carácter vinculante del Protocolo, y que este instrumento se depositará en la Secretaría General del Consejo.

La Declaración de la Comunidad Europea y de sus Estados miembros en respuesta que Turquía hizo en el momento de la firma del Protocolo adicional, deja claro que la declaración de Turquía es unilateral, que no forma parte del Protocolo y que carece de efectos jurídicos respecto a las obligaciones de Turquía contempladas en este último. El procedimiento de ratificación se refiere exclusivamente al Protocolo.

Dada la decisión de BNFL, anunciada el 30 de septiembre de 2005, de privatizar determinadas operaciones clave, incluyendo el British Nuclear Group, es decir, la empresa de mantenimiento de la seguridad de las centrales nucleares del Reino Unido:

¿Puede asegurar la Comisión que, si el sector privado se implica en ello, no habrá reducciones en materia de seguridad de la instalación de reprocesamiento nuclear de Sellafield, que tiene unas pérdidas de 470 millones de libras esterlinas, y que el tratamiento de estas cuestiones se hará con transparencia y responsabilidad?

(EN) Todos los operadores deben cumplir las normas comunitarias nacionales en materia de seguridad y protección.

En relación con las salvaguardias relativas al material nuclear, todos los operadores de instalaciones nucleares, ya sean privadas o públicas, están obligados a justificar la totalidad de sus inventarios nucleares en virtud de lo dispuesto en el capítulo 7 del Título II del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). La Comisión verifica que los operadores cumplen sus obligaciones legales.

En cuanto a la seguridad nuclear, las autoridades nacionales competentes son responsables de la aplicación de la normativa comunitaria, tal como se establece en el Capítulo 3 del Título II del Tratado Euratom relativo a la protección sanitaria, independientemente de cualquier reestructuración financiera interna del sector.

Las autoridades nacionales encargadas de la seguridad y la protección contra las radiaciones realizan los controles necesarios; la Comisión tiene el cometido de supervisar y verificar de modo independiente el cumplimiento del Tratado Euratom, incluidas sus disposiciones en materia de salud y seguridad, así como el Derecho derivado que se basa en dicho Tratado.

Por último, la Comisión ha presentado una propuesta de directiva por la que se establecen las obligaciones básicas y los principios generales en el ámbito de la seguridad de las instalaciones nucleares. El examen de esta propuesta sigue en curso.

El fenómeno de los crímenes de honor en los países de la Unión Europea sigue siendo preocupante. Según datos de organizaciones no gubernamentales, cada año 5 000 mujeres son víctimas de crímenes de honor en todo el mundo, y un importante porcentaje corresponde a Europa, concretamente a mujeres emigrantes procedentes de terceros países y pertenecientes a comunidades musulmanas.

¿Dispone la Comisión Europea de datos cualitativos y cuantitativos sobre este fenómeno y piensa adoptar iniciativas concretas para exhortar a los Estados miembros a atajar este problema en defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho en la Unión Europea?

Al parecer, como se desprende de la resolución del Parlamento Europeo sobre el papel de las mujeres en la vida social, económica y política en Turquía (P6_TA(2005)0287), estos crímenes se perpetran contra mujeres de origen turco. ¿Ha tenido en cuenta la Comisión Europea esta dimensión en las negociaciones para la adhesión de Turquía? ¿Piensa promover una política coordenada de sensibilización e información acerca de este fenómeno en los Estados miembros así como en los países candidatos?

(EN) La Comisión no dispone de datos fiables sobre el número de asesinatos por honor en Europa. Dada la falta de estadísticas de buena calidad en materia de delincuencia a escala de la UE, la Comisión se ha comprometido a desarrollar un sistema comunitario de estadísticas comparables sobre delitos y procedimientos judiciales, mediante la cooperación entre la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad y Eurostat.

La Comisión publicará en breve una comunicación sobre la creación de un sistema de estadísticas comparables sobre delincuencia y procedimientos penales, que incluirá un plan de acción a largo plazo para desarrollar estadísticas comparables. Además, con el fin de contribuir a elaborar mejores estadísticas sobre la violencia contra la mujer, los jóvenes y los niños en particular, y para lograr una recopilación de datos armonizados y comparables, la Comisión ha hecho del desarrollo de indicadores y recopilación de datos relativos a la violencia una de sus prioridades en el marco del programa Daphne.

La Comisión apoya los esfuerzos destinados a evitar y suprimir los delitos contra la mujer cometidos en nombre del honor al invitar a los Estados miembros a:

abordar las causas profundas de la violencia patriarcal con el objeto de cambiar las actitudes en las sociedades y comunidades que estimulan, aceptan o al menos toleran una conducta violenta en nombre del honor;

recopilar datos sobre la violencia relacionada con el honor y a elaborar estadísticas con ellos;

adoptar y aplicar actos legislativos basados en las resoluciones internacionales para luchar contra la violencia patriarcal;

adoptar políticas de igualdad de género;

colaborar, apoyar y aprender de la sociedad civil y de las organizaciones de base.

La Comisión puede prestar asistencia, en particular a través del programa Daphne II, a las organizaciones locales que ofrecen, entre otras cosas, educación y formación a corto y largo plazo a todos los grupos de la sociedad con el fin de evitar que se produzcan actos violentos relacionados con el honor. El programa Daphne puede asimismo prestar asistencia a los servicios sociales, en colaboración con organizaciones no gubernamentales, a fin de adoptar medidas de protección y ayuda para las víctimas mediante centros de acogida, alojamiento alternativo y orientación.

La Comisión continuará su seguimiento de las reformas políticas en Turquía y su aplicación durante las negociaciones de adhesión, y seguirá concediendo prioridad a los derechos de la mujer. El marco negociador acordado el 3 de octubre, que formará la base de las negociaciones, establece que Turquía debe «consolidar y ampliar las medidas legislativas y su aplicación» en el ámbito de los derechos de la mujer.

Turquía ya ha adoptado medidas para garantizar una mayor protección de los derechos de la mujer. Este mes inició sus trabajos una nueva Comisión Parlamentaria sobre Violencia contra la Mujer y los Menores. Dicha comisión investigará, entre otras cosas, las causas de los asesinatos en nombre del honor en Turquía y propondrá medidas para evitar dichos delitos.

La Ley nº 5251 sobre la organización y la Dirección General sobre la Condición de la Mujer de octubre de 2004 establece que esta instancia de la Administración debe «trabajar para evitar y eliminar todas las formas de violencia en contra de la mujer». La violencia contra la mujer fue objeto igualmente de una conferencia celebrada los días 26 y 27 de junio de 2005 en Elazig, que fue organizada por el Gobierno turco y la Comisión, y financiado con cargo al programa marco estratégico para la igualdad de género.

El nuevo Código Penal turco, que entró en vigor en junio de 2005, prevé penas de condena perpetua por la comisión de los delitos contra la vida motivados por «la tradición y las costumbres». La Comisión tiene conocimiento de dos resoluciones judiciales recientes, que sentencian a cadena perpetua a los autores de asesinatos en nombre del honor, de conformidad con el nuevo Código Penal.

El Parlamento finlandés ha modificado la legislación nacional en materia de policía para que con ayuda del ejército sea posible derribar aviones de pasajeros en nombre de la lucha contra el terrorismo. ¿Podría indicar la Comisión si tal destrucción de objetivos civiles es posible con arreglo a la legislación de la UE o a los compromisos contraídos por el Gobierno de Finlandia con la UE? En caso afirmativo, ¿se han comprometido todos los Estados miembros de la UE a derribar aviones civiles?

No exite legislación comunitaria ni posición común ni acción conjunta de la UE en materia de intercepción de aeronaves civiles bajo amenaza terrorista. El uso de medios militares sigue siendo competencia exclusiva de cada Estado miembro.

Ni Finlandia ni ningún otro Estado miembro se ha comprometido a nivel de la UE a adoptar en su legislación normas que permitan el uso de medios militares para interceptar aeronaves civiles en caso de atentado terrorista. Sin embargo, esta cuestión no es nueva, pues varios Estados miembros ya han adoptado disposiciones en su legislación que permiten el uso de instrumentos militares en caso de atentado terrorista, como por ejemplo Dinamarca, Reino Unido, Letonia, República Checa, etc. Este tema ha sido igualmente objeto de amplios debates en la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) y en la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (EUROCONTROL).

La colonización de Chipre por parte de Turquía constituye, con arreglo al derecho internacional, un crimen de guerra. Hay dos informes al respecto del Consejo de Europa, elaborados por el Sr. Cuco y el Sr. Laakso, respectivamente, en los que se condena la política turca en contra de Chipre y se destaca que la colonización es uno de los obstáculos fundamentales para encontrar una solución viable.

¿Está la Unión Europea capacitada y dispuesta, si se lo solicitara la República de Chipre, a asumir la supervisión y el control de un censo de población de la totalidad de la isla dirigido a averiguar el número preciso de habitantes originarios de la isla y de colonos?

(EN) En relación con el seguimiento y supervisión de un censo de población, la Comisión carece de las competencias necesarias para ello y considera que la institución adecuada para ello es el Consejo de Europa. No obstante, la Comisión ofrecerá toda la asistencia posible a esta iniciativa.

Obviamente, una solución integral del problema chipriota tendrá que resolver la cuestión de los colonos.

El 8 de septiembre de 2005, la empresa rusa Gazprom y las sociedades alemanas E.ON-Ruhrgas y BASF firmaron un acuerdo para la construcción de un gasoducto por el fondo del Mar Báltico. Este gasoducto conectará Alemania y Rusia sin atravesar el territorio de los países bálticos o de Polonia. Este último país considera que la inversión constituye una amenaza potencial para la seguridad energética del país y para los intereses económicos nacionales, entre otras cosas porque significaría la congelación de la construcción por Polonia del segundo enlace del gasoducto de Jamal.

¿Qué posición adopta la Comisión Europea con respecto a este proyecto? ¿Recibirá este proyecto ayudas con cargo al presupuesto de la UE?

(EN) Las directrices relativas a las Redes Transeuropeas de Energía (RTE-E)⁽¹⁾ definen una serie de proyectos prioritarios destinados a incrementar la seguridad de abastecimiento energético de la UE, entre las que se encuentra una nueva ruta complementaria de abastecimiento de gas desde fuentes rusas para Europa del Norte. En vista del gran aumento previsto de la demanda de gas en la UE en los próximos años, es evidente que la UE tiene interés en fomentar el desarrollo de nuevas infraestructuras para el transporte de gas.

Desde hace tiempo se delibera sobre dos posibles rutas, a saber:

Un gasoducto marítimo directo desde Rusia hasta Alemania a través del mar Báltico («Gasoducto del Norte de Europa», que podría tener ramales hacia Escandinavia y los países bálticos).

Desde Rusia, a través de Belarús y Polonia hasta Alemania siguiendo la línea del gasoducto Yamal («Yamal II»), incluyendo su variante desde Rusia, pasando por los países bálticos, hasta Polonia y Alemania («Amber»).

La ruta definitiva que seguirá el gasoducto de Yamal a Europa será decidida por los operadores comerciales participantes en la operación, previa consulta a las autoridades nacionales interesadas.

La Comunidad solo puede conceder asistencia financiera con cargo al presupuesto comunitario en el marco del programa anual de trabajo de las RTE de Energía, si se ha presentado una solicitud tras la publicación de una convocatoria de propuestas y si dicha solicitud ha sido seleccionada.

Un consorcio de sociedades europeas y rusas presentaron una solicitud, en virtud de la convocatoria de propuestas correspondiente a las RTE de Energía de 2003, para investigar la viabilidad técnica del gasoducto de Europa del Norte, así como sus repercusiones medioambientales, de seguridad y de salud. Dicho proyecto fue seleccionado para recibir financiación. Sin embargo, el solicitante no firmó el acuerdo de subvención que le ofreció la Comisión, por lo que no se puso en marcha el estudio de viabilidad. Este proyecto no presentó una solicitud en el marco de la convocatoria de propuestas de 2004. De este modo, el gasoducto del Norte de Europa no ha recibido hasta ahora financiación alguna con cargo al presupuesto comunitario.

En cuanto a las otras rutas, en el marco de la Convocatoria de Propuestas para las RTE – Energía de 2004 se ha seleccionado un estudio propuesto por Polonia a fin de investigar la viabilidad de los dos proyectos alternativos «Amber» y «Yamal II». Este estudio incluye para ambas rutas la investigación de las cuestiones técnicas, económicas, financieras, jurídicas y de mercado, así como su impacto sobre el medio ambiente. Su objetivo es constituir la base para una Decisión sobre cuál de ambas alternativas marítimas es más ventajosa teniendo en cuenta todos los aspectos pertinentes. Se espera que la Comisión adopte en breve la decisión final sobre su financiación.

¿Qué medidas propone adoptar la Comisión en relación con lo servicios de pasajeros y de transbordadores en la UE que operan con pabellones de conveniencia y con unos sueldos y condiciones de trabajo por debajo de las estándares mínimos aplicados en la UE? ¿Tiene intención la Comisión de proponer una Directiva al respecto?

(EN) Por lo que se refiere a los servicios regulares de pasajeros y transbordadores entre los Estados miembros, la Comisión había presentado una propuesta para que la gente de mar de terceros países que trabaje en buques que realizan dichos servicios tenga las mismas condiciones de empleo que los ciudadanos comunitarios. Esta propuesta fue objeto de controvertidos y prolongados debates dentro del Consejo de Ministros, el cual no pudo alcanzar una mayoría al respecto. Por este motivo, la Comisión se vio obligada a retirar su propuesta en octubre de 2004.

La Comisión estudia, tras la retirada de esta propuesta, otras maneras para lograr los mismos objetivos. La Comisión delibera en el marco del Comité para el Diálogo Social en el Transporte Marítimo la forma en que los interlocutores sociales podrían contribuir a alcanzar las metas de la propuesta. La Comisión no tiene la intención de presentar una nueva propuesta sobre las condiciones de trabajo de las tripulaciones mientras duren estas deliberaciones.

¿Tiene conocimiento la Comisión de que, según un artículo publicado en el Wall Street Journal Europe de 30 de mayo, una serie de empresas con sede en los Estados Unidos, como Western Union, America Online y Wal -Mart, conceden a las autoridades judiciales de los EE.UU. libre acceso a los datos de sus clientes, entre los que hay ciudadanos de la UE? La compañía postal FedEx concede a los inspectores de aduanas acceso a su base de datos sobre transportes internacionales, donde constan los nombres y las direcciones de las compañías de transporte de mercancías, paquetes postales y envíos de mensajería.

Habida cuenta de que estos datos se refieren también a ciudadanos de la Unión, ¿no cree la Comisión que esta práctica está reñida con las garantías de discreción y protección de datos amparadas por las directivas de la Unión?

¿Qué iniciativas piensa adoptar la Comisión para poner fin a esta vulneración de la legislación de la UE?

¿Planteará la UE el asunto al Gobierno de los Estados Unidos, a los Estados miembros y, en particular, a las autoridades nacionales competentes en materia de protección de datos?

(EN) La pregunta se refiere a una noticia aparecida en la prensa sobre la cooperación de varias sociedades con sede en los Estados Unidos con organismos policiales y judiciales de ese país, cooperación que podría implicar la revelación de información personal de clientes de la UE a dichos organismos.

Para saber si la revelación de información personal sobre clientes de la UE por parte de sociedades con sede en los Estados Unidos a organismos policiales y judiciales de ese país constituye una violación de los derechos fundamentales a la vida privada y a la protección de datos de ciudadanos de la UE, garantizados por las Directivas en materia de protección de datos, es necesario realizar un análisis de cada caso. La revelación de información personal sobre ciudadanos de la UE a organismos policiales y judiciales de Estados Unidos no implica necesariamente la violación de los derechos a la protección de datos de estas personas. Para llegar a una conclusión en este caso, primero es necesario conocer los hechos y circunstancias a través de los cuales la sociedad con sede en Estados Unidos recopiló la información personal de ciudadanos de la UE.

La Comisión desea recordar a este respecto que, de conformidad con las Directivas en materia de protección de datos, el análisis de la legalidad de dichas revelaciones debe ser realizada en primer lugar por las autoridades nacionales encargadas de la protección de datos, que son los organismos competentes, entre otros, para aplicar las disposiciones nacionales que trasponen la Directiva sobre protección de datos y, en particular, para hacer un seguimiento de las transferencias internacionales de información. Para llevar a cabo esas actividades, las autoridades encargadas de la protección de datos cuentan con competencias de investigación, intervención y acción legal.

La Comisión confía en que estas autoridades ejercerán, ya sea debido a denuncias de terceros o bien por iniciativa propia, su obligación de aplicar la Directiva, en particular el seguimiento de las transferencias internacionales, a fin de garantizar la protección de los datos personales de los ciudadanos de la Unión. La Comisión no tiene conocimiento de que se hayan presentado denuncias ante las autoridades nacionales encargadas de la protección de datos ni ha sido informada por estas últimas de la existencia de problemas en la materia. No obstante, la Comisión planteará este tema ante las autoridades norteamericanas competentes en la materia.

El Centro Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y la Democratización es la única institución educativa activa a nivel europeo que tiene mandato explícito para reforzar y difundir valores comunitarios clave como son el respeto de los derechos humanos y la democracia. Las Comisiones CULT, AFET y LIBE del Parlamento Europeo han pedido que la Unión Europea continúe financiando este Centro, incorporando para ello en el informe del Parlamento Europeo sobre el aprendizaje permanente referencias a la integración del Centro en el programa de acción sobre el aprendizaje permanente.

¿Va a garantizar la Comisión que, independientemente de que el presupuesto del Centro Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y la Democratización se asigne con cargo a Educación o RELEX, se siga financiando en su totalidad? ¿Va a apoyar a este fin la Comisión la reintegración del Centro en el artículo 42 del programa integrado de acción sobre el aprendizaje permanente?

¿Se va a comprometer la Comisión a garantizar que el continuo compromiso de la Unión Europea con importante principios como son los derechos humanos y la democracia no se vea minado por el litigio que enfrenta a los Comisarios Figel y Ferrero-Waldner sobre el origen de la financiación destinada al Centro Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y la Democratización?

(EN) La Comisión reafirma su continuo y profundo compromiso con la promoción de la educación y la formación en el ámbito de los derechos humanos y la democracia. La Comisión tiene la intención de proponer un programa temático para la promoción de la democracia y los derechos humanos a escala mundial para reemplazar la actual Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos.

En cuanto al Centro Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y la Democratización, de Venecia, este se financia actualmente con cargo a la línea presupuestaria 19.04.01, que está incluida en la rúbrica de Relaciones Exteriores del presupuesto.

En la propuesta de decisión por la que se crea un programa de acción integrado en el ámbito del aprendizaje permanente que se encuentra en estos momentos en el trámite legislativo de adopción, las instituciones que propone la Comisión para recibir subvenciones para sus gastos de funcionamiento en virtud del apartado 2 del artículo 42 de la propuesta de decisión, son aquellas que tienen representación intergubernamental, ya sea en su administración o en su financiación. El Centro Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y la Democratización no satisface este criterio y, por ello, no ha sido incluido en la lista.

La Comisión desea señalar que las instituciones o asociaciones que operan en el ámbito de la educación y la formación que no figuran en la lista del apartado 2 del artículo 42 podrán recibir subvenciones para sus gastos de funcionamiento si responden a las convocatorias de propuestas, contempladas en el apartado 3 del artículo 42 y si satisfacen los criterios de aptitud y selección que figuren en dichas convocatorias.

Hace unas semanas se produjo un incidente en la Bahía de Algeciras. La gabarra Eileen vertió mas de 7 000 litros de fuel frente a las costas de Cádiz. ¿Tiene la Comisión información sobre las deficiencias de este buque, en particular las detectadas en la inspección a la que fue sometido en diciembre de 2004? Puesto que la mayor parte de la contaminación marina proviene de pequeños derrames como éste, ¿ha previsto la Comisión nuevas iniciativas para reforzar los requisitos legales de los buques más pequeños en materia de seguridad?

Por otra parte, ¿puede confirmar la Comisión si el buque monocasco Moskovsky Festival ha fondeado o ha realizado alguna maniobra de carga de fuel recientemente en la Bahía de Algeciras?

(ES) Por lo que respecta al vertido provocado por el buque "Eileen", la Comisión, sobre la base de la información disponible, no ha encontrado ninguna relación aparente entre las deficiencias notificadas en la inspección efectuada en diciembre de 2004 y la reciente contaminación frente a la costa de Cádiz. Muchas de las deficiencias se referían al equipo personal.

La Comisión comparte las preocupaciones manifestadas por su Señoría sobre el impacto global de un elevado número de derrames relativamente pequeños que ocurren, con frecuencia, durante las maniobras de los buques. En este contexto, el artículo 10 de la Directiva 2005/35/CE, relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones, prevé medidas de acompañamiento con las que se pretende ayudar a aplicar el sistema de sanciones disuasorias para prevenir mejor la contaminación causada por los buques. Estas medidas de acompañamiento se centrarán sobre todo en la búsqueda de métodos fiables que permitan atribuir la procedencia de las sustancias contaminantes encontradas en el mar a un buque concreto y la identificación temprana de los buques que efectúen descargas contaminantes incumpliendo lo dispuesto en la presente Directiva. La Comisión ha empezado ya a trabajar en el desarrollo de estas medidas de acompañamiento en la perspectiva de una entrada en vigor de la Directiva en abril de 2007.

De conformidad con la información publicada por la sociedad de clasificación Lloyd's Register, el Moskovsky Festival es un buque de doble caso. Las condiciones de operación de este buque en la Bahía de Cádiz son competencia nacional.

En el marco del acuerdo del mercado único de permitir la libre circulación de trabajadores en la UE, ¿qué medidas se propone adoptar la Comisión, y en qué plazo de tiempo, contra las autoridades educativas de Italia y Francia, que actualmente persisten en no reconocer las cualificaciones profesionales de profesores con experiencia de otros Estados miembros, lo que impide a éstos seguir sus carreras en escuelas, colegios y universidades franceses o italianos?

(EN) La Comisión supervisa constantemente que los Estados miembros apliquen las normas de reconocimiento de títulos profesionales en el sector de la docencia. Y considera que los ciudadanos europeos son su mejor aliado en esta tarea y la fuente de información más fiable sobre la forma en que estas normas se aplican en la práctica. Los ciudadanos se comunican constantemente con la Comisión para poner en su conocimiento las dificultades con las que se topan al solicitar el reconocimiento de las cualificaciones que han adquirido en otros Estados miembros.

Las medidas que toma la Comisión para abolir los obstáculos que se oponen a la movilidad laboral difieren según las circunstancias. La Comisión colabora estrechamente con las administraciones locales, por ejemplo a través del sistema SOLVIT, u otros contactos informales. No obstante, en aquellos casos en que estos contactos no producen resultados satisfactorios, la Comisión inicia procedimientos de infracción contra aquellos Estados miembros que infringen repetidamente las normas comunitarias.

Actualmente no hay procedimientos de infracción abiertos contra Francia o Italia en materia de reconocimiento de las cualificaciones para ejercer el derecho a una profesión docente. Si su Señoría posee información concreta sobre casos de mala administración por parte de las autoridades italianas o francesas en relación con el reconocimiento de títulos docentes, la Comisión no dudará en investigarla.

Sin embargo, la Comisión puede facilitar la siguiente información complementaria en relación con otras cuestiones de movilidad transfronteriza de personal docente:

En lo relativo a la contratación de profesores, la Comisión desea destacar los últimos acontecimientos en este ámbito. En el asunto Burbaud, el Tribunal de Justicia Europeo (TJE) dictaminó que la organización de concursos como medio de selección no es contraria en sí misma a la legislación comunitaria. Sin embargo, no puede exigirse que los profesionales que poseen todas las cualificaciones necesarias se sometan a procedimientos destinados a seleccionar candidatos que no poseen todas las cualificaciones necesarias para un curso de formación que desemboca en una cualificación final que es condición necesaria para acceder a una plaza en el sector público. Los servicios de la Comisión están celebrando conversaciones con las autoridades francesas a fin de ayudarles a establecer un ordenamiento legal que pueda aplicarse a dichos concurso para todas las profesiones del sector público.

La comisión ha iniciado una serie de procedimientos de infracción contra Italia por los obstáculos a los que se enfrentan los profesores de lengua cuando se presentan a concursos.

Otra cuestión es la referente a la consideración de las cualificaciones durante el procedimiento de selección (por ejemplo, mediante la concesión de puntos por cualificaciones durante el procedimiento de selección a fin de situar a los candidatos en lugares más altos de la lista de reserva). Se ha abierto un procedimiento de infracción contra Italia por esta cuestión.

Por último, la consideración de la experiencia profesional para acceder al sector público y para determinar ventajas profesionales (como por ejemplo, salario, grado) reviste una gran importancia. A la vista de la jurisprudencia del TEJ, la Comisión considera que los períodos de empleo comparable en otro Estado miembro de los trabajadores migrantes debe ser tomado en consideración por las administraciones de los Estados miembros para el acceso a su propio sector público y para determinar las ventajas profesionales de la misma manera que se aplica a la experiencia adquirida en su propio régimen. La Comisión ha abierto numerosos procedimientos de infracción contra diversos Estados miembros, entre los que se encuentran Italia y Francia. Francia ha adoptado una serie de nuevas normas para tener en cuenta la experiencia profesional con el fin de determinar la remuneración; la Comisión sigue de muy cerca la manera en que dichas nuevas normas se aplican en la práctica. En cuanto a Italia, el TJE dictaminó hace poco que las autoridades italianas habían infringido el principio de libre circulación de los trabajadores al no tener debidamente en cuenta la experiencia profesional docente adquirida por los profesores migrantes que participaron en un concurso para cubrir una plaza docente vacante en una escuela pública italiana (sentencia del TJE de 12 de mayo de 2005). Otro procedimiento de infracción está pendiente de resolución contra Italia en relación con consideración de la experiencia profesional para determinar las ventajas profesionales (asunto C-371/04).

En Grecia existe la institución de los «profesores sustitutos», que cubren necesidades en la enseñanza media y tienen titulación universitaria griega, como sus compañeros de trabajo fijos, ejercen exactamente las mismas funciones que estos y son destinados como docentes -en la gran mayoría de los casos- a regiones periféricas del territorio griego. A pesar de todo ello, se les remunera de forma injusta, pues no cobran los meses de verano en que los centros escolares permanecen cerrados ni perciben pagas extraordinarias por Navidades y Pascua (que sí reciben todos sus compañeros de trabajo fijos), al tiempo que prestan servicio en un régimen de incertidumbre especialmente desmoralizadora, ya que nunca es seguro que se les convoque a incorporarse al trabajo.

¿Es acorde con el principio de la igualdad de salarios por un trabajo igual la situación descrita? ¿Cómo puede intervenir la Comisión para que cese este peculiar "racismo" sufrido por los «profesores sustitutos» de enseñanza media?

(EN) La Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada⁽¹⁾ obliga a los Estados miembros a adoptar medidas para aplicar el principio de no discriminación entre trabajadores de duración determinada y trabajadores permanentes que efectúan labores comparables, por lo que respecta a las condiciones de empleo y períodos de servicio. Esta Directiva se aplica a los trabajadores con contratos de duración determinada que tienen un contrato de trabajo o una relación laboral conforme a la definición nacional.

Grecia ha notificado a la Comisión que los aspectos antes mencionados de esta Directiva fueron transpuestos mediante el Decreto 81/2003 y posteriormente por el Decreto Presidencial 164/2004 en lo relativo al sector público. Estos dos decretos contemplan normas para aplicar el principio de no discriminación entre los trabajadores de duración determinada y trabajadores permanentes que realizan labores comparables por lo que se refiere a condiciones de empleo y períodos de servicio. La Comisión estima que dichas reglas son conformes a los requisitos que contempla la Directiva.

Los encargados de determinar si el trato recibido por los profesores suplentes en Grecia es conforme a las normas nacionales adoptadas para trasponer la legislación comunitaria en este ámbito son en primer lugar las autoridades competentes griegas. La Comisión puede intervenir si las normas nacionales se aplican en la práctica de manera contraria a la legislación comunitaria. Cabe agregar que la Comisión no tiene indicios por el momento de que sea así.

¿Tiene la Comisión algún calendario de negociaciones de preadhesión ¯aunque sea provisional¯ con Macedonia, y posteriormente con otros países de la Europa sudoriental (Serbia y Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Albania)?. En el contexto del inicio de las negociaciones con Turquía, nuestras relaciones con la Europa sudoriental adquieren una especial significación.

(EN) No existe un calendario para las negociaciones de adhesión con la Antigua República Yugoslava de Macedonia ni con ninguno de los demás países de Europa Sudoriental que menciona su Señoría (Serbia y Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Albania).

Como recordará su Señoría, las negociaciones de adhesión no se inician hasta que el Consejo haya adoptado una decisión al respecto, previa solicitud de adhesión por parte del país candidato, de conformidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea. El Consejo adopta su decisión sobre la base de un dictamen de la Comisión.

Todos los países de los Balcanes Occidentales son candidatos potenciales a la adhesión y la Unión Europea ha declarado en repetidas ocasiones que su futuro está dentro de la UE. Sin embargo, en estos momentos, Croacia es el único país que negocia su adhesión.

La Antigua República Yugoslava de Macedonia presentó su solicitud de adhesión en marzo de 2004 y el Consejo solicitó a la Comisión en el mes de mayo de ese año que elaborara un dictamen. La Comisión adoptará su dictamen el 9 de noviembre. La Comisión no está en condiciones de adelantar su recomendación, sobre todo la relativa a la posible apertura de negociaciones de adhesión con ese país.

En el caso de Albania, Bosnia y Herzegovina y Serbia y Montenegro, estos países no han presentado solicitudes de adhesión, pues todavía no han celebrado Acuerdos de Estabilización y Asociación (AEA) con la Unión Europea. La Comisión podría presentar en un futuro próximo una recomendación sobre la celebración de negociaciones de un AEA con Albania; estas negociaciones acaban de comenzar con Serbia y Montenegro, y probablemente comenzarán en los próximos meses con Bosnia y Herzegovina.

La relaciones con Europa Sudoriental revisten una alta prioridad para la UE, independientemente de la apertura de negociaciones de adhesión con Turquía. La perspectiva europea de esta región resulta especialmente significativa a la vista de los acontecimientos que tendrán lugar próximamente en la zona, como el inicio de las conversaciones sobre la condición jurídica de Kosovo. En toda la región se han hecho importantes avances en el camino hacia la adhesión, avances que reflejan tanto las reformas efectuadas por estos países como voluntad política de nuestra parte. Sin embargo, en la mayoría de los casos queda mucho camino por recorrer. El ritmo de cada país y, por ende, el calendario para fases futuras, dependerá de su cumplimiento de los criterios establecidos para la aproximación y posteriormente la adhesión a la Unión.

¿Ha iniciado la Comisión, o se propone iniciar, algún procedimiento de infracción por violación de las medidas comunitarias en materia de seguridad aérea?

(ES) El 3 de octubre de 2005, la Comisión abrió varios procedimientos de infracción por no comunicación de las medidas nacionales de transposición de la Directiva 2003/42/CE⁽¹⁾ del Parlamento y del Consejo, de 13 de junio de 2003, relativa a la notificación de sucesos en la aviación civil.

Por otra parte, la Comisión abrió también diversos procedimientos de infracción relativos a la mala aplicación del Reglamento (CE) n° 549/2004⁽²⁾ del Parlamento y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, por el que se fija el marco para la creación del cielo único europeo, especialmente en lo relativo a la creación y notificación a la Comisión de las autoridades nacionales de supervisión previstas en su artículo 4.

Recientemente, junto con mis colegas del Grupo del PPE-DE, adopté simbólicamente a un preso político, Antonio Díaz Sánchez, que en marzo de 2003 había sido condenado a 20 años de cárcel por el régimen cubano. Representantes de la asociación ciudadana «Èlovek v ohrození» («Gente en peligro») y de la Fundación Pontis de Eslovaquia me mantienen informado sobre su situación. A comienzos de octubre recibí una carta de la mujer del Sr. Sánchez, Gisela (miembro del movimiento «Damas de Blanco» y candidata al Premio Sájarov), en la que exponía la gravedad del estado de salud de su marido y afirmaba que se le deniega constantemente asistencia médica. Las condiciones en Cuba no han cambiado desde hace mucho tiempo. ¿Podría indicar la Comisión cómo podemos intervenir diplomáticamente para asegurar que el Sr. Sánchez y otros, injustamente encarcelados por sus convicciones políticas, tengan un mejor acceso a una atención médica adecuada?

(FR) La Comisión acoge con agrado la nueva expresión de apoyo de algunas diputadas y diputados europeos a las personas encarceladas en Cuba por sus convicciones políticas. Comparte su profunda preocupación por la suerte de los presos políticos de Cuba.

Durante una visita a Cuba efectuada el mes pasado, el Comisario encargado del Desarrollo se reunió con varios parientes de los presos políticos, como la señora Gisela Sánchez Verdecia, esposa de Antonio Díaz Sánchez, y varios destacados disidentes pacíficos. Durante dicha visita, el Comisario planteó el tema de los presos políticos ante todos los representantes públicos con los que tuvo ocasión de conversar, entre ellos, el Presidente Castro. La Delegación de la Comisión en La Habana se mantiene un estrecho contacto con las familias de los presos políticos y con las organizaciones defensoras de los derechos humanos presentes en Cuba, como la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.

Desde marzo de 2003, la UE ha pedido firmemente en repetidas ocasiones a las autoridades cubanas que liberen a todos los presos políticos y que, entretanto, den un trato humano a dichos prisioneros. En su comunicado de prensa de 24 de julio de 2005, la Comisión manifestó su inquietud por la situación política en Cuba y condenó las nuevas detenciones de disidentes practicadas en La Habana. La Presidencia expresó en nombre de la Unión la misma preocupación a través de dos declaraciones, los días 15 y 25 de julio de 2005, y reiteró su petición de liberación de todos los presos políticos.

El 29 de septiembre de 2005, la UE publicó una nueva declaración en la que pedía a las autoridades cubanas «que adopten medidas inmediatas para mejorar las condiciones de detención de todos los presos políticos, condiciones que no satisfacen los niveles mínimos establecidos por Naciones Unidas para el trato de prisioneros». La mejora de las condiciones de detención comprende, lógicamente, que los presos políticos tengan acceso a una atención sanitaria adecuada.

La Comisión sigue siendo favorable a una intervención política constructiva basada en el diálogo político con las autoridades cubanas, junto con lazos más estrechos con los movimientos disidentes y los representantes de la sociedad civil. La Decisión del Consejo de 13 de junio de 2005 vino a reforzar la necesidad de utilizar este diálogo para apoyar mejoras prácticas en el ámbito de los derechos humanos. La Comisión considera que esta política de intervención política constructiva es la que más oportunidades tiene de lograr la liberación de todos los presos políticos de Cuba.

Conforme a la estrategia europea para los Balcanes Occidentales, adoptada durante el Consejo Europeo celebrado en Salónica (junio de 2003), está previsto que a partir del programa comunitario CARDS se financien proyectos comunes de hermanamiento de organismos de la administración pública de los Estados miembros y los correspondientes organismos en los países de los Balcanes Occidentales. Los objetivos son consolidar el proceso de democratización y modernizar las instituciones desde una perspectiva europea.

¿Qué proyectos han presentado las autoridades griegas durante el período 2004-2005 y cuáles se llevan a cabo en los países de los Balcanes Occidentales? ¿Qué proyectos han presentado otros Estados miembros de la Unión Europea? De forma más general, ¿en que situación se encuentra la realización del proceso de hermanamiento en los Balcanes Occidentales conforme a la decisión del Consejo Europeo de Salónica?

(EN) La Comisión inició en 2001 proyectos de hermanamiento en el marco de la iniciativa CARDS, es decir, antes de la adopción de la estrategia europea para los Balcanes Occidentales por parte del Consejo Europeo de Salónica del mes de junio de 2003.

Entre 2001 y 2005, la Comisión puso en marcha 64 proyectos de hermanamiento en el marco de CARDS y solicitó a las administraciones públicas de los Estados miembros que contribuyeran con sus conocimientos y experiencias a tal fin. Según los datos actualmente disponibles, Grecia presentó 25 propuestas de hermanamiento para dichos proyectos y la Administración griega ha sido seleccionada para la ejecución de dos de ellos.

En términos más generales se ha reconocido que el hermanamiento, un instrumento de construcción de instituciones de probada eficacia para la cooperación selectiva entre administraciones, debería ser objeto de un uso más amplio para el seguimiento de las conclusiones del Consejo Europeo de Salónica con el fin de fortalecer el proceso de democratización y estabilización en los Balcanes Occidentales. Este hecho se refleja en el creciente número de proyectos actuales y futuros de hermanamiento de la iniciativa CARDS.

En el transcurso del debate sobre la presentación, por parte de la Comisión, del nuevo marco jurídico para los pagos en el mercado interior ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, se declaró que el estudio sectorial sobre las tarjetas de débito y de crédito de la DG Competencia se presentaría el próximo año. Parece posible que se produzcan solapamientos con el nuevo marco jurídico. En ese caso, ¿aceptaría la Comisión que el Parlamento tuviera acceso a las partes pertinentes de esta encuesta cuando se examine la Directiva?

De manera más general, parece posible que puedan resultar pertinentes otras partes del estudio sectorial. ¿Puede indicar la Comisión si tiene intención de coordinar al menos respuestas provisionales a la encuesta sectorial con el nuevo marco jurídico y poner esta información a disposición del Parlamento?

(EN) Los servicios de la Comisión ha examinado detenidamente la propuesta para un nuevo marco legal (NML) para los pagos a fin de que sus efectos fomenten la competencia. La Dirección General (DG) del Mercado Interior y la DG de la Competencia colaboraron estrechamente durante la elaboración de esta propuesta. Asimismo ha sido objeto de la correspondiente evaluación de impacto.

La propuesta de NML se centra en la relación entre los proveedores de servicios de pagos y sus usuarios, y aborda importantes aspectos de la competencia, como la armonización de las condiciones de acceso a los mercados nacionales de pago y el incremento de la transparencia de los mercados para los usuarios. La investigación sectorial de la banca comercial es un ejercicio por separado que se basa en las normas de competencia. Los servicios de pago forman parte de esa investigación.

Como es natural, la Comisión comunicará al Parlamento los resultados de esta investigación sectorial apenas los tenga en su poder. Sin embargo, la Comisión no prevé que los resultados de dicha investigación modifiquen la justificación ni la evaluación de impacto en la que se basa actualmente la propuesta de nuevo marco legal (NML). Por lo tanto, la Comisión no tiene objeción alguna en debatir esta importante propuesta legislativa antes de contar con los resultados de la investigación sectorial.

Según noticias recientes, Suecia tiene al parecer la intención de establecer restricciones a la importación de licores procedentes de otros Estados miembros de la UE. En Suecia existe todavía un monopolio estatal para las bebidas alcohólicas fuertes («Systembolaget»), introducido en su momento para luchar contra el problema de alcoholismo de muchos ciudadanos suecos.

Al parecer, el Estado sueco está planeando restringir la importación de los licores que sus ciudadanos compran en el extranjero, especialmente en los Estados limítrofes. Para ello, aduce como argumento el alarmante aumento del consumo de alcohol en los últimos años. Sin embargo, esta medida parece contraria al principio de mercado interior y a la libre circulación de bienes. Los países vecinos y los productores europeos de licor serán los primeros perjudicados. ¿No opina la Comisión que el Gobierno sueco intenta resolver de esta forma un problema interno en detrimento de otros Estados miembros? ¿Tiene la Comisión la intención de permitirlo? En caso afirmativo, ¿en qué condiciones? ¿No se corre el riesgo de que los demás Estados miembros tomen represalias y se ponga así en entredicho la libre circulación en su totalidad?

(EN) La pregunta de su Señoría parece referirse a la posible propuesta del Gobierno sueco de limitar la importación de bebidas alcohólicas de tipo «licor» a Suecia por motivos de protección de la salud pública. La Comisión no tiene conocimiento de dicha propuesta, que no ha sido notificada de conformidad con la Directiva 98/34/CE.

La Comisión desea informar a su Señoría de que el 7 de julio de 2004 decidió, en el marco del procedimiento de infracción en virtud del artículo 226 del Tratado CE, denunciar a Suecia ante el Tribunal de Justicia Europeo por prohibir a los consumidores suecos el uso de intermediarios independientes para importar a Suecia bebidas alcohólicas procedentes de otros Estados miembros para su consumo privado. En cuanto al objetivo de salud público que supuestamente persigue, la Comisión considera que esta prohibición constituye un obstáculo desproporcionada a la libre circulación de mercancías, lo que contraviene los artículos 28 y 30 del Tratado CE. En opinión de la Comisión, la protección de la salud puede lograrse por otros medios, menos restrictivos para los intercambios comerciales entre los Estados miembros, como campañas de información al público y la introducción de procedimientos para verificar la edad de los compradores de bebidas alcohólicas.

Además, la Comisión desea destacar ante su Señoría la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el asunto Franzén (asunto C-189/95, Harry Franzén, sentencia de 23 de octubre de 1997). En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia Europeo confirmó que, debido a motivos de salud pública, la existencia y funcionamiento de un monopolio interno sobre la venta al por menor de bebidas alcohólicas, como el «Systembolaget», era compatible con el Tratado CE y, en particular, con su artículo 31 relativo a los monopolios de ámbito nacional. En efecto, el artículo 31 del Tratado CE no exige que se eliminen de los monopolios nacionales que tengan carácter comercial, sino que se ajusten de tal manera que no se produzca una discriminación en relación con las condiciones en que los bienes se adquieren y comercializan.

La Comisión seguirá con gran atención las posibles intenciones de limitar la importación de bebidas alcohólicas a Suecia.

La Confederación panhelénica de uniones de cooperativas agrícolas (PASEGES), por indicación del Gobierno griego, retiene a los agricultores, de modo ilícito y abusivo, de 10 a 25 euros por cada solicitud de corrección de errores cometidos por el organismo pagador y de control de las ayudas del FEOGA-Garantía (OPEKEPE) al calcular la subvención única a que tiene derecho cada agricultor en el marco de la nueva PAC. Esta retención es ilícita y abusiva, ya que los gastos de gestión de la subvención única constituyen gastos públicos y, de acuerdo con un reglamento general, queda prohibida toda retención sobre las subvenciones agrícolas y, sobre todo, porque se hace pagar a los agricultores, no errores propios, sino los cometidos por el OPEKEPE.

¿Está la Comisión al corriente de la cuestión? ¿Qué medidas piensa tomar para que cese la retención ilícita citada y se devuelvan cuantas cantidades hayan sido retenidas de forma abusiva?

(EN) La Comisión recordará a las autoridades griegas su obligación legal de pagar las ayudas directas a los agricultores en su totalidad sin deducciones para cubrir gastos administrativos. Asimismo, este importante aspecto de la aplicación del régimen de pago único se verificará en el marco de la compensación de cuentas.

Los agricultores que no estén satisfechos con la forma en que se han realizado los pagos deberán pedir explicaciones a las autoridades griegas y exigir el pago del importe total. Tienen igualmente la opción de usar acciones legales a escala nacional.

El 7 de julio, la Comisión inició una investigación antidumping relativa a la importación de "calzado con parte superior de cuero" procedente de China y Vietnam. La investigación se puso en marcha como consecuencia de una enérgica presión ejercida por una organización, que representa a las empresas responsables de casi la mitad de la producción comunitaria de la mercancía en cuestión.

El caso ya ha tenido consecuencias negativas para la parte orientada al mercado mundial del ramo del calzado y, dentro de pocos meses, estas consecuencias se harán sentir en el comercio al por menor y entre los consumidores de la UE, que registrarán un aumento de los precios ya antes de que se impongan posibles derechos antidumping.

¿Puede la Comisión confirmar que sólo propondrá la introducción de un derecho antidumping si está segura de que es en interés de la Comunidad? ¿Puede asimismo indicar cómo piensa asegurarse de que, a la hora de considerar lo que es de interés para la Comunidad, se tendrá en cuenta el interés tanto del ramo del calzado como de los consumidores?

(EN) Cualquier industria que opere en la Comunidad Europea o cualquier productor que represente a dicha industria tiene el derecho legal de presentar una denuncia antidúmping que recoja pruebas de haber sufrido perjuicios a causa de prácticas de dúmping. Si dicha denuncia contiene elementos suficientes para demostrar un dúmping lesivo, la Comisión no tiene otra opción que iniciar una investigación.

En el presente caso se recibió una denuncia firmada por más de 800 productores comunitarios de calzado, que representan a 60 000 trabajadores. Estas sociedades constituyen una parte considerable de la industria europea del calzado, en concreto más del 40 % de la producción comunitaria de calzado con empeine de cuero. Se considera que estos productores representan legalmente a la industria comunitaria del calzado.

Cabe subrayar que la apertura de una investigación no prejuzga en modo alguno su resultado. La investigación en curso determinará hay dúmping y perjuicios y algún vínculo causal entre ambos.

En caso de que las investigaciones confirmen las acusaciones de dúmping lesivo, la Comisión deberá sopesar los diferentes intereses de todas las partes interesadas, incluyendo los de los productores, importadores, distribuidores y consumidores de la UE, y determinar si redunda en interés de la Comunidad adoptar medidas.

Al igual que cualquier otra investigación antidúmping, la Comisión ha dado la oportunidad a todos los agentes económicos afectados directamente por las medidas que puedan adoptarse para que colaboren en la investigación y presenten sus puntos de vista y cualquier información pertinente para analizar hasta qué punto se verían afectados por dichas medidas. Las asociaciones de consumidores han sido consultadas igualmente.

La investigación comprenderá un análisis exhaustivo de estos comentarios a fin de garantizar que sólo se impongan medidas si se decide que, a final de cuentas, si los intereses económicos de los minoristas y consumidores no tienen un mayor peso que los de la industria comunitaria y que el efecto de las medidas correctivas. La Comisión prestará gran atención a este análisis.

¿Es cierto que, de conformidad con el artículo 23 del Anexo XIII del Estatuto, los funcionarios de la UE pueden ya jubilarse a los 50 años de edad?

(DE) De conformidad con el artículo 23 del Anexo XIII del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, los funcionarios que ya habían cumplido 45 años en el momento de la entrada en vigor de la reforma del Estatuto (1 de mayo de 2004), o que habían cumplido 20 años de servicio en dicha fecha, podían abandonar el servicio a la edad de 50 años. Sus derechos de pensión se reducirán proporcionalmente (apartado 2 del artículo 23 del Anexo XIII)fn.

(EN) Cabe señalar que esta disposición se incluyó en las medidas transitorias que se aplican al Estatuto revisado para garantizar la protección de los derechos legítimos del personal en servicio. Desde la reforma del Estatuto, la edad mínima para la jubilación anticipada ha aumentado a 55 años. Además, en la práctica, la jubilación antes de los 55 años ha sido un fenómeno muy poco frecuente en la Comisión, probablemente porque la reducción de la pensión es muy elevada en tales casos. La jubilación antes de la edad normal de jubilación (60 años) también es relativamente poco frecuente.

El año 2003 el Gobierno Español presentó a la Comisión Europea cinco proyectos para la ejecución del Trasvase del Río Ebro cuya cantidad ascendía aproximadamente a 1 200 Millones de euros. La financiación de estos proyectos procedía, en parte, de los Fondos Estructurales correspondientes a Regiones Objetivo 1 (Valencia, Murcia y Andalucía) y, el resto, de los Fondos de Cohesión. Estos proyectos fueron estudiados en la Dirección General de Política Regional.

Teniendo en cuenta que posteriormente el Gobierno Español retiró dichos proyectos, pregunto a la Comisión:

¿A qué proyectos se han destinado esos fondos, cual es su nombre y su situación administrativa? ¿Ha habido algún descompromiso automático de los Fondos implicados? ¿El Plan Agua presentado por el Gobierno Español ha sido propuesto para ser financiado por estos fondos? y en caso afirmativo ¿qué proyectos del Plan Agua y cuáles son las cifras solicitadas?

(ES) En diciembre de 2003 y enero de 2004, las autoridades españolas presentaron para financiación comunitaria los proyectos de ejecución del trasvase del río Ebro, un conjunto de cuatro grandes proyectos con un coste total de 2 728 millones de euros, y solicitaron fondos comunitarios por un importe de 1 262 millones de euros. La situación relacionada con la posible financiación por la Comunidad de los trabajos incluidos en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) español fue objeto de un intenso debate entre todas las partes afectadas, en particular, en lo concerniente a la propuesta de trasvasar 1 050 hm³ de agua al año desde el río Ebro a las regiones costeras mediterráneas españolas de Cataluña, Valencia y Murcia y la provincia andaluza de Almería. No hubo unanimidad entre las diferentes regiones españolas con respecto a este trasvase. Tras el cambio de Gobierno habido en España a resultas de las elecciones generales de marzo de 2004, las nuevas autoridades españolas declararon que el proyecto de trasvase del Ebro se retiraría y se sustituiría por otros proyectos alternativos. Las solicitudes de cofinanciación en cuestión fueron retiradas oficialmente mediante una carta de la Representación permanente española con fecha de 29 de junio de 2004.

Por tanto, los proyectos relativos al trasvase del Ebro nunca han sido aprobados por la Comisión, y nunca se han destinado fondos a la cofinanciación de los mismos.

Mediante el Real Decreto 2/2004, de 18 de junio de 2004, el nuevo Gobierno español modificó los artículos y proyectos de la Ley del PHN relacionados con el trasvase del río Ebro y propuso, para las cuencas afectadas, un conjunto de medidas prioritarias y urgentes alternativas.

Dichas medidas fueron presentadas por el Ministerio de Medio Ambiente el 2 de septiembre de 2004 bajo la nueva denominación de Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua).

Una serie de intervenciones urgentes en las cuencas mediterráneas contempladas en el marco del Programa AGUA está dirigida a suministrar a las mismas regiones, además de la provincia andaluza de Málaga, una cantidad total de 1 063 hm³ agua al año (prácticamente equivalente a la propuesta de trasvasar 1 050 hm³ al año desde el río Ebro, aunque afectando a una superficie mayor) mediante una combinación de medidas que incluyen ahorros de agua y mejoras de la gestión, la reutilización de aguas residuales tratadas y la construcción de plantas desaladoras.

El 1 de octubre de 2004, la inversión estimada para las más de cien intervenciones del Programa AGUA ascendía a 4 360 millones de euros. En declaraciones realizadas a la prensa durante la presentación del dicho Programa, la Ministra de Medio Ambiente española afirmó que España espera recibir 1 362 millones de euros de fondos comunitarios.

Según la información más reciente recibida del Ministerio de Medio Ambiente español, de los 4 360 millones de euros de inversión prevista, 432 millones de euros corresponden a 11 proyectos en fase de ejecución, 26 millones de euros a proyectos acabados, 71 millones de euros a proyectos para los que se han publicado concursos de licitación, 3 350 millones de euros a proyectos que se encuentran en fase de definición del proyecto y 481 millones de euros a proyectos sometidos en la actualidad a estudios de viabilidad.

¿Piensa comprometerse la Comisión a llevar a cabo una revisión de la Directiva relativa a los campos electromagnéticos (Directiva 2004/40/CE⁽¹⁾), en vista del consenso existente entre los principales expertos científicos en este ámbito por lo que respecta a las repercusiones negativas que dicha Directiva tendrá para el desarrollo y la prestación futuros de dispositivos médicos en la UE, sobre todo las consecuencias para la formación de imágenes por resonancia magnética (IRM), que podrían ser potencialmente desastrosas?

(EN) La Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (campos electromagnéticos) fue adoptada para proteger a los trabajadores contra la exposición excesiva a las resonancias magnéticas y campos electromagnéticos que, en opinión de los expertos, son peligrosas para la salud, al igual que otras radiaciones. Dicha Directiva fue elaborada sobre la base de los resultados y recomendaciones de la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (CIPRNI), que es una organización independiente reconocida a nivel mundial que utiliza los conocimientos y experiencias de los técnicos, científicos y médicos que trabajan en este ámbito.

El Parlamento y el Consejo acordaron (de forma unánime) en el mes de abril de 2004 que es indispensable adoptar las mismas normas para la salud y seguridad de los trabajadores en materia de campos electromagnéticos, ya que los riesgos son los mismos para las enfermeras y médicos en toda Europa. Esta Directiva fue adoptada por unanimidad y será de aplicación a partir del mes de abril de 2008.

La Comisión conoce las inquietudes manifestadas por algunos médicos y científicos por la entrada e vigor de esta Directiva. Por ese motivo, la Comisión desea recordar que el riesgo de las resonancias magnéticas es un peligro real para cualquier persona que se exponga a ellas de forma sistemática y que esta Directiva ofrecerá una firme protección a los médicos y enfermeras expuestos a ellas y no debería tener repercusiones adversas sobre la calidad de la atención sanitaria.

En cualquier caso, la Directiva prevé un mecanismo quinquenal de revisión basado en los informes sobre su aplicación elaborados por los Estados miembros. Cualquier efecto no deseado sobre la calidad de la atención sanitaria se corregirá en el marco de dicha revisión.

El transporte por carretera es uno de los mayores consumidores de energía y es además responsable de más de una quinta parte de todas las emisiones de CO2 de la Unión Europea. Una posibilidad de hacer más ecológico el transporte por carretera es utilizar los biocombustibles. Parece particularmente interesante la utilización del metilester de colza, el llamado biodiesel, obtenido a partir de la colza, es decir, de una materia prima renovable. El biodiesel contribuiría a una reducción de las emisiones de partículas. La combustión del metilester de colza generaría aproximadamente el mismo CO2 que el absorbido por las plantas durante su crecimiento. La colza puede ser producida en la UE, por lo que la utilización del biodiesel significa ser independiente de las importaciones de petróleo. Además, una mayor demanda de biodiesel, y con ello de colza, representaría también un impulso positivo para la agricultura.

¿Tiene conocimiento la Comisión de estudios sobre la utilización del aceite de colza como combustible alternativo de los que se desprenda su interés ecológico? En caso afirmativo, ¿no podría el biodiesel prestar también una contribución a la consecución de los objetivos de Kioto?

¿Qué condiciones deberían darse para que el biodiesel fuera competitivo? ¿Sería, en opinión de la Comisión, imaginable hacer que el aceite de colza resultara competitivo a través de los impuestos sobre el consumo?

(EN) La Comisión está completamente de acuerdo con su Señoría. La Unión se ha comprometido a utilizar más biocarburantes en el sector del transporte. Es cierto que los biocarburantes no son económicos (para que el biodiesel tuviese el mismo precio que los carburantes convencionales, el precio del barril de petróleo tendría que alcanzar 75 euros y, en el caso del bioetanol, 95 euros). No obstante, son una de las pocas medidas que tenemos a nuestro alcance que pueden reducir considerablemente la dependencia del petróleo que sufre el transporte y su creciente emisión de gases de efecto invernadero. Además ofrecen ventajas importantes para las actividades económicas de las zonas rurales.

La Unión ya ha adoptado diversas medidas para promocionar los biocarburantes. En 2003 adoptó varias Directivas en las que fijaba objetivos para su consumo⁽¹⁾ y para facilitar el ajuste de los impuestos especiales en su apoyo.⁽²⁾ La reforma de la política agrícola común contribuirá a la difusión de los biocarburantes al permitir a los agricultores elegir los mercados a los que irán destinados sus cultivos. Los biocarburantes reciben igualmente ayudas de los instrumentos financieros comunitarios, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Programa de Desarrollo Rural y los créditos para cultivos energéticos. Los Programas Marco de investigación y desarrollo tecnológico (IDT) prestan asistencia a la investigación de los biocarburantes de «segunda generación» elaborados con madera y residuos. Se espera que, de superarse los obstáculos técnicos que aún persisten, estos biocarburantes permitirán una mayor reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero.

La Directiva relativa a los biocarburantes fija como objetivo una cuota de mercado del 2 % para los biocarburantes al finalizar 2005. Resulta evidente que dicho objetivo no podrá alcanzarse. En el mejor de los casos, si todos los Estados miembros alcanzan los objetivos que se han fijado, dicha cuota de mercado será del 1,4 %. En vista de ello y de la creciente importancia que el aumento del precio del petróleo otorga a los biocarburantes, la Comisión examinará detenidamente lo que deba hacerse en el marco de su próximo Plan de Acción sobre biomasa. Y a principios de 2006 presentará una comunicación pormenorizada sobre los aspectos de la política en materia de biocarburantes.

En 2003 la Comisión lanzó a gran escala una denominada campaña contra la discriminación. También un número considerable de organizaciones, tanto nacionales como de la UE, como organizaciones de empresarios, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, participa activamente en la campaña. La mayor parte de las actividades de la campaña no se organiza de manera central desde Bruselas sino a escala nacional y regional en cada Estado miembro por separado.

El 13 de octubre de 2005, el autor de la presente pregunta intentó obtener información en la correspondiente página de Internet sobre los denominados socios nacionales y la campaña nacional en el Estado miembro que es Bélgica. ¡Sorprendentemente esta información sólo estaba disponible en francés! Simplemente no estaba disponible una versión en neerlandés, la lengua de los flamencos, el pueblo mayoritario de Bélgica.

¿Sabe la Comisión que los flamencos constituyen la mayoría de la población de Bélgica, Estado miembro, y que también la lengua neerlandesa, además del francés, es una lengua oficial del Reino de Bélgica? ¿No opina la Comisión que algo similar es absolutamente inaceptable en dicha campaña, que oficialmente pretende fomentar la diversidad y el respeto de los demás? ¿A quién incumbe la responsabilidad? ¿Ha facilitado Bélgica, Estado miembro, sólo una versión en francés o consideran los servicios de la Comisión que sólo es necesario incluir una versión francesa del texto en cuestión

en la página oficial de la Comisión en Internet?

(EN) El sitio web de la campaña de información titulada «Por la diversidad. Contra la discriminación» (www.stop-discrimination.info) ha sido publicado en las 20 lenguas oficiales de la UE. La información aparece, desde el índice, por lenguas y no por países. Para acceder a la información de un país concreto, todas las demás páginas del sitio van acompañadas de un menú interactivo que aparece en la columna de la derecha. Para acceder a la información acerca de la campaña belga, tanto en neerlandés como en francés, debe seleccionarse la opción Belgique/België.