Acta literal de los debates

Martes 15 de noviembre de 2005 - Estrasburgo

6. Presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas - 2004

  El Presidente. De conformidad con el orden del día se procede a la presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas para 2004.

  Hubert Weber, Presidente del Tribunal de Cuentas. (DE) Señor Presidente, me gustaría darle las gracias, en nombre de los Miembros del Tribunal de Cuentas Europeo, por la invitación al debate del informe del Tribunal, que hace el número 28, relativo al ejercicio fiscal 2004, que presenté ayer por la noche a la Comisión de Control Presupuestario. En este mi primer año como Presidente del Tribunal, me complace estar presente al comienzo del proceso anual de aprobación de la gestión del presupuesto de la UE.

Entre las principales fuentes para el informe anual se encuentran las auditorías y los controles financieros sobre la legalidad y la regularidad llevados a cabo por el Tribunal. Por el contrario, la práctica general es publicar los resultados del Tribunal sobre la solvencia financiera en informes especiales.

El ejercicio fiscal 2004 vino marcado por la adhesión de los 10 nuevos Estados miembros, lo que significó que las estimaciones de pagos aumentaron de 98 000 millones de euros en 2003 a 105 000 millones en 2004. las mejoras introducidas en la planificación y la gestión hicieron posible un marcado aumento del uso de los fondos en comparación con ejercicios anteriores. El excedente de 2004, cifrado en 2 700 millones de euros, fue significativamente menor, alrededor de la mitad, que el de 2003.

A continuación abordaré los principales mensajes contenidos en la declaración de fiabilidad del Tribunal, también llamada «DAS», comenzando con la declaración de fiabilidad de las cuentas. A la hora de examinar el ejercicio de 2004, el Tribunal llegó a la conclusión de que los estados financieros consolidados reflejan fielmente los ingresos y los gastos del ejercicio, así como la situación financiera al final del mismo, con la excepción de la partida relativa a los «deudores diversos». Como en el pasado, el sistema contable utilizado para la elaboración de las cuentas anuales de 2004 no es adecuado para la tarea de registrar la totalidad de los activos y pasivos en el balance, aunque hay que decir que la Comisión ha realizado progresos significativos en relación con la introducción de la contabilidad basada en el principio de devengo para el ejercicio para el año 2005. Sin embargo, el Tribunal observó, en el momento de su fiscalización, que aún debían realizarse esfuerzos adicionales ya que, los ordenadores de pagos de la Comisión no habían validado las cifras necesarias para el establecimiento de los saldos de apertura de 2005. De no tomarse las medidas adecuadas antes del final de este ejercicio, las insuficiencias identificadas por el Tribunal podrían comprometer la fiabilidad de las cuentas de 2005.

Con respecto a la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, el Tribunal manifestó, en su declaración de fiabilidad, que del examen del ejercicio de 2004 se pudo concluir que los sistemas de supervisión y control implementados funcionaban con eficacia y que las operaciones subyacentes, por lo que respecta a los ingresos, los compromisos, el gasto administrativo y la estrategia de preadhesión como parte de los créditos de pago, eran en general legales y regulares. Por lo que atañe al resto de créditos, como son el gasto agrícola, las acciones estructurales y tanto las políticas internas como las acciones exteriores, el Tribunal, una vez más, no puede emitir una confirmación sin reservas. Los sistemas de supervisión y control todavía no se aplicaban plenamente ni funcionaban con eficacia y los pagos siguen afectados de manera significativa por errores.

No obstante, el Tribunal puede informar por primera vez de que los esfuerzos realizados por la Comisión y los Estados miembros para aplicar el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), que abarca el 59 % del gasto agrícola, han tenido una incidencia positiva. De hecho, el SIGC, cuando se aplica correctamente, es eficaz para limitar, en un grado aceptable, el riesgo de que se produzcan gastos irregulares.

A continuación me detendré en las observaciones específicas de cada ámbito de actividad que abarca la declaración de fiabilidad. El Tribunal llegó a la conclusión de que las operaciones relativas a los ingresos se realizaron de forma legal y regular, pero se detectaron defectos sistemáticos en la gestión de la RNB a efectos de los recursos propios, tanto en la Comisión como en los Estados miembros.

Como en ejercicios anteriores, el Tribunal halló pruebas de que los gastos efectuados en el marco de la política agrícola común, en conjunto, se encuentran todavía afectados por errores endémicos. Si bien el Tribunal observó que el SIGC es eficaz cuando se aplica de manera adecuada, los gastos agrícolas no cubiertos por este sistema, o a los que no se aplica este correctamente, presentan un mayor riesgo de irregularidad debido a debilidades en los sistemas de control.

El Tribunal, tras haber llevado a cabo controles sobre el terreno en relación con los programas estructurales, volvió a identificar puntos débiles en todos los sistemas de administración y de control en los Estados miembros. En la fiscalización llevada a cabo en los Estados miembros, el Tribunal volvió a encontrar carencias como la falta de realización o de documentación de los controles, la falta de control de los criterios de acceso a las subvenciones y la falta de pruebas de prestación de los servicios cofinanciados.

Las declaraciones de gastos de los Estados miembros, en las que se basa la Comisión para efectuar sus pagos, revelaron errores frecuentes. El Tribunal examinó una muestra de 167 proyectos y detectó una amplia variedad de problemas, entre los que se encontraba un gran número de casos de declaraciones de gastos de proyectos no subvencionables.

En el ámbito de las políticas internas, gestionado directamente por la Comisión, el Tribunal observó, pese a los progresos realizados en determinados aspectos, que los sistemas de control y supervisión no funcionaban de modo adecuado y detectó una elevada incidencia de errores en las operaciones subyacentes.

La complejidad de las normas constituye una causa frecuente de errores y es probable que persista el elevado riesgo de errores mientras no se modifique el marco jurídico y se simplifiquen los procedimientos. La situación, que no presenta una mejora notable con respecto a ejercicios anteriores, se debía en gran medida a unas declaraciones excesivas de gastos no subvencionables o a la ausencia de documentación, como las pruebas de la prestación de los servicios realmente prestados.

Por lo que respecta a los gastos relativos a las acciones exteriores, el Tribunal constató que en las delegaciones se habían mejorado los sistemas y se detectaron solo unos pocos errores en las operaciones subyacentes. Sin embargo, en las operaciones encargadas de la ejecución de los proyectos se volvieron a detectar debilidades en los sistemas de control interno y una incidencia de errores relativamente elevada.

En general, el Tribunal pudo emitir un veredicto favorable sobre la estrategia de preadhesión, ya que las operaciones subyacentes se consideraron legales y regulares. Los sistemas de control y supervisión de los servicios centrales de la Comisión, de las delegaciones y de las autoridades certificadoras son, en lo esencial, sólidos y funcionan en la práctica. No obstante, a nivel nacional el Tribunal identificó debilidades en los sistemas de las organizaciones encargadas de la ejecución de los proyectos en Bulgaria, Rumanía, Turquía y otros países Sapard.

En el ámbito de los gastos administrativos, las operaciones subyacentes eran en lo esencial legales y regulares y los sistemas de control y supervisión funcionaban, por lo general, de modo adecuado.

¿Cuáles son los principales mensajes que pueden extraerse de todo lo anterior? El Tribunal ha constatado que gran parte de los créditos de pago vuelve a estar afectada por errores de legalidad y de regularidad en las operaciones subyacentes. Esto puede atribuirse a los riesgos inherentes a las propias operaciones y a unos sistemas de supervisión y control que no permiten mantener con eficacia el riesgo de irregularidad en un nivel adecuado.

No obstante, las mejoras en los sistemas eran evidentes, en particular en el SIGC, que constituye el sistema más importante de control y supervisión del gasto agrícola en los Estados miembros, y también en los sistemas en la Comisión, donde el proceso de reforma iniciado en 2000 ha dado buenos resultados. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, en especial en los Estados miembros.

La legislación, las normas y los procedimientos que rigen los gastos siguen siendo con frecuencia demasiado complicados. En cualquier caso, gran parte del gasto entraña un riesgo intrínseco, cuya única prueba puede encontrarse en las declaraciones de los beneficiarios. Hay que decir que la propia Unión ha cambiado y aumentado de manera considerable desde la introducción de la DAS en 1994.

En el transcurso de estos once años, los pagos anuales han aumentado de 60 000 millones a 100 000 millones de euros, y el número de Estados miembros ha pasado de 12 a 25. De esto se desprende que la gestión también ha aumentado y se ha hecho más compleja, al incrementarse el número de autoridades y organizaciones participantes, exigiendo unos sistemas de control y supervisión cada vez más eficaces.

En su Dictamen nº 2/2004 sobre el modelo de auditoría única, el Tribunal propuso la creación de un marco de control interno comunitario que abarcara todos los niveles de la administración: las instituciones comunitarias y los Estados miembros y los países beneficiarios. El dictamen del Tribunal sobre la auditoría única ha contribuido al debate político sobre la mejora de la gestión y el control de los fondos comunitarios. La Comisión ha ido incluso más lejos al adoptar lo que ha venido a llamar una hoja de ruta para un marco de control interno integrado, que servirá de base para ampliar la reforma a la gestión de todos los tipos de fondos, en particular a todos los ámbitos de la gestión compartida con los Estados miembros. En este punto la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros es de una importancia crucial.

El Tribunal acoge de buen grado esta iniciativa de la hoja de ruta de la Comisión. Como auditor externo de la UE, el Tribunal seguirá de cerca los progresos realizados y evaluará el impacto de estos cambios en la gestión financiera y en el control de las finanzas de la UE en los años venideros.

Hay que decir que la posición del Tribunal con respecto a la financiación, gestión y control futuros de la política agrícola común y las acciones estructurales en el futuro debería tenerse en cuenta a la hora de finalizar la formulación de esta importante legislación. Las disposiciones relativas a la retención de documentación contenidas en el actual proyecto de Reglamento sobre las acciones estructurales impedirían al Tribunal fiscalizar parte de los gastos afectados.

El Tribunal es consciente de la necesidad de continuar mejorando y aprovechando al máximo sus recursos en el contexto de una Unión que cambia constantemente. Nuestro compromiso es ser plenamente eficaces y eficientes en pos de los intereses de la Unión Europea.

Hay quien considera que el Tribunal debería evitar dar más argumentos a aquéllos que tienen interés en crear una imagen negativa de la Unión. Sin embargo, creo firmemente que los intereses de los ciudadanos están mejor satisfechos por una institución de auditoría externa objetiva e independiente que sea capaz de emitir mensajes claros y equilibrados basados en pruebas objetivas.

Los acontecimientos recientes –el rechazo del proyecto de Constitución por los votantes en los referendos de dos Estados miembros y las dificultades para alcanzar un acuerdo sobre las perspectivas financieras del período 2007 a 2013– son reveladores, para algunos, de un sentimiento de desconfianza hacia la Unión y sus instituciones por parte de los ciudadanos. Creo firmemente que la legitimidad de la Unión Europea solo quedará asegurada a través del buen funcionamiento de nuestras instituciones y de una gestión de elevada calidad, tanto de la política como de su ejecución. Los Estados miembros, por su parte, deben asumir sus responsabilidades en la administración y el control de una parte importante del presupuesto de la UE. El Tribunal de Cunetas desempeña un papel crucial a este respecto: facilitar una visión independiente, profesional y objetiva de la gestión financiera de la UE y contribuir a fomentar el cambio en beneficio del interés público.

(Aplausos)

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias al Presidente del Tribunal, el señor Weber, por la presentación equilibrada del informe anual de 2004, y a sus Señorías por darme la oportunidad de transmitir la primera reacción de la Comisión.

El informe del Tribunal es justo y ecuánime. Afirma que la Comisión está introduciendo con éxito mejoras tangibles en sus sistemas de gestión, pero que aún quedan muchos aspectos por mejorar.

La Comisión celebra la opinión positiva del Tribunal sobre la transparencia de las cuentas, que reflejan fielmente los ingresos y gastos de las Comunidades en el año y su situación financiera al final del ejercicio. El Tribunal tiene una sola reserva, que ha sido resuelta mediante la introducción del sistema de contabilidad basado en el principio de devengo en 2005. Esto significa que las cuentas han cumplido su principal objetivo y que han sido elaboradas de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Financiero vigente.

El Tribunal valora positivamente las cuentas, los ingresos, los compromisos, la ayuda de preadhesión y los gastos administrativos. Asimismo, está satisfecho con la ayuda al desarrollo del FED, unos 2 400 millones de euros al margen del presupuesto.

El Tribunal también ha notado dos sustanciales mejoras respecto al año anterior: en gran parte de la Política Agrícola Común y en la ayuda a los países candidatos a la UE. El sistema empleado para controlar buena parte del gasto en la Política Agrícola Común –el Sistema Integrado de Administración y Control– se considera un sistema de control eficaz para limitar el riesgo de gastos irregulares, si se aplica como es debido. Este sistema se aplicará a un porcentaje aún mayor del gasto agrícola en los próximos años.

Para simplificar mucho, además de las diversas evaluaciones positivas que he mencionado, el Tribunal está ahora razonablemente satisfecho con los sistemas de control y gasto en una proporción cada vez mayor del presupuesto de la UE, que puede cifrarse en un tercio del presupuesto. Esto es un avance palpable y cuantificable hacia una declaración de fiabilidad positiva.

Las conclusiones del Tribunal no siempre han sido bien comprendidas por la opinión pública y los medios de información. Me ha gustado mucho la observación del Presidente del Tribunal, en que deja claro que la opinión cualificada del Tribunal en ciertos aspectos no puede ser interpretada en el sentido de que todas las transacciones del presupuesto de pagos de 2004 sean erróneas, ni tampoco un indicio de fraude. Todos debemos comprender la naturaleza integral de este magno ejercicio de aprobación de la gestión presupuestaria. Este procedimiento demuestra que la Comisión responde ante los diputados al Parlamento elegidos por sufragio directo.

Esta puede ser la undécima declaración de fiabilidad consecutiva en sentido no positivo, pero espero haber dejado claro en mis observaciones iniciales que esto no implica que no haya progresos. Sus Señorías han señalado repetidamente que la Comisión por sí sola no puede «producir» una declaración de fiabilidad positiva. La resolución de aprobación de la gestión de 2003 marcó orientaciones muy útiles para seguir mejorando y estamos trabajando en este sentido. Como saben, esta Comisión ha propuesto un «plan de trabajo para un marco integrado de control interno», y busca el respaldo del Parlamento y el Consejo.

Aunque estoy muy agradecido al Parlamento por su apoyo al plan de trabajo, la declaración del Consejo ECOFIN del 8 de noviembre no fue tan radical como esperaba la Comisión; las declaraciones políticas de ámbito nacional no fueron aceptadas. Pero no es imposible lograr una cascada de declaraciones de gestión operativa por las agencias pagadoras y similares, aunque sería más complicado conseguir un informe de síntesis nacional sobre cada sector, similar al que la Comisión redacta a través de los informes anuales de actividad de sus directores generales.

Seguiremos adelante con nuestras propuestas. Nuestro plan de acción a favor de un marco integrado de control interno será publicado el mes que viene. Se basa en los resultados de la evaluación de la brecha existente entre el marco de control que se aplica a todos los tipos de gasto presupuestario y los principios generales definidos por el Tribunal en su dictamen nº 2/2004 sobre un único modelo de auditoría. Esperamos que la legislación que se está ultimando para la nueva serie de programas a partir de 2006 refleje el nuevo planteamiento. Las revisiones propuestas del Reglamento Financiero y de las normas de aplicación también lo reflejan.

Los ejemplos aportados por el Tribunal revelan errores sustanciales que, desde luego, deseamos reducir al mínimo. Para ello, estamos concentrando nuestros esfuerzos en los procedimientos de gestión del riesgo de irregularidad. Esa es la manera de asegurar, partiendo de unos recursos limitados, que el coste de unos controles adicionales genere beneficios añadidos al reducir el riesgo de error.

En este punto quisiera citar especialmente dos fragmentos de la intervención realizada por el Presidente del Tribunal: «En cuestiones estructurales, el Tribunal ha hallado debilidad en los sistemas de gestión y control de los Estados miembros en todos los programas»; y: «En el campo de la política interna, el Tribunal advierte que los errores a menudo derivan de reglas complicadas».

Realmente, estoy de acuerdo con esas afirmaciones. La necesidad de simplificar las normas ha sido reiterada ayer en la reunión de la Comisión de Control Presupuestario, pero si busco a las personas concretas responsables de la profusión y de la complejidad de los programas y de las normas, difícilmente las encontraré. Todo el mundo habla de la necesidad de simplificar, pero cuando se entra en detalles, ya no es tan fácil. Gran parte de la complejidad a menudo no se debe a los funcionarios, sino a los clientes, a los responsables políticos de los Estados miembros y de los diputados al Parlamento Europeo. Muchas veces, los mismos agentes se han resistido a los cambios.

Aprovecho esta oportunidad para apelar a los responsables políticos para que, cuando planteen nuevos objetivos, planes y programas, contemplen de forma crítica los aspectos de gestión fiscal y la necesidad de controlar y auditar dichos programas.

Habría mucho más que hablar sobre esto, pero el proceso de aprobación de la gestión presupuestaria acaba de empezar y, a lo largo de los próximos meses, sus Señorías tendrán todas las respuestas a sus preguntas. El Parlamento y la Comisión colaborarán para llevar a término el proceso de aprobación de la gestión del presupuesto europeo de 2004.

  José Javier Pomés Ruiz, en nombre del Grupo del PPE-DE. – Señor Presidente, asistimos por undécima vez a una declaración de no fiabilidad de nuestras cuentas.

Ya no sé si decir que esto es escandaloso; es lo habitual. Se reconocen esfuerzos por doquier, pero, al final, esta es una meta inalcanzable después de 11 exámenes de las cuentas por nuestro Tribunal de Cuentas.

Se mejora, pero no lo suficiente. ¿Cuál es la consecuencia política de esta declaración de no fiabilidad? Pues, para dentro de nuestra casa, para los funcionarios que tienen que tomar decisiones, una gran desmotivación. Es un esfuerzo baldío intentar cumplir las normas, porque nunca se llega a una declaración positiva. Hay una ausencia de voluntad para asumir responsabilidades y la tentación de todos los funcionarios es no gastar, no sea que haya alguna duda y tengan algún problema. Por tanto, desmotivación interior.

¿Y fuera? Un gran descrédito. ¡Qué van a pensar los ciudadanos europeos si nuestro Tribunal de Cuentas, por undécima vez, dice que las cuentas aquí no se gestionan bien! Un escándalo. Más de lo mismo. Muy mal.

Resulta que cambia el Parlamento, cambia la Comisión, cambia la composición del Consejo y seguimos igual. Podemos, incluso, recordar la Comisión Santer, que tuvo que dimitir por estos problemas: da igual, todo sigue igual de mal.

¿Y los Estados miembros? ¿Dónde está la Presidencia británica? El Consejo gasta el 80 %. ¿Dónde está la Presidencia británica? No está: eso sí que es escandaloso, porque el Consejo gasta 4 de cada 5 euros y ni siquiera está presente aquí en la presentación de las cuentas. Esto sí que es escandaloso.

Los Estados miembros están contentos. Mientras sus tribunales nacionales aprueben sus cuentas, no les compete que la casa común, el dinero de todos los europeos, esté bien o mal gestionado. Incluso puede haber algún Estado que tenga una pequeña alegría y diga «mi dinero llega a los agricultores, aunque no cumpla exactamente los requisitos que me pide el Tribunal de Cuentas». Lo tienen a gala. Ni siquiera están presentes.

Señor Presidente del Tribunal de Cuentas, como usted sabe, en la anterior aprobación de la gestión, este Parlamento Europeo pidió las declaraciones nacionales de conformidad por parte de los Ministros de Hacienda. El objetivo era ayudar al Tribunal a publicar una declaración positiva de fiabilidad. El ECOFIN del 8 de noviembre, como bien ha dicho el Comisario Kallas, ha rechazado tales declaraciones nacionales.

Me permito preguntarle, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, sobre lo que usted piensa acerca de la utilidad de estas declaraciones en su trabajo, sobre sus relaciones con las autoridades nacionales y sobre el futuro sin tales declaraciones.

Por último, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, no nos sirve que diga que en una clase de 25 miembros la media es un suspenso. Díganos –y esto le ayudará– cuáles son los tres Estados miembros mejores y cuáles son los tres peores.

  Dan Jørgensen, en nombre del Grupo del PSE. – (DA) Señor Presidente, gracias por darme la palabra. También deseo dar las gracias al Tribunal de Cuentas por su constructivo informe anual. Uno de los aspectos en que la UE tiene especiales problemas de imagen es precisamente la forma en que se administra el dinero comunitario. Numerosos estudios de opinión revelan que las poblaciones europeas no confían mucho en que su dinero –es decir, el que pagan con sus impuestos– se administre como es debido. Esta desconfianza está en parte justificada y, en parte, basada en malentendidos. Agradezco al Tribunal de Cuentas su informe anual porque nos ayuda a los diputados al Parlamento Europeo a cumplir dos objetivos: en primer lugar, la erradicación de los malentendidos y, en segundo lugar, la formulación de buenos consejos y la ayuda a resolver los problemas que verdaderamente existen, porque sin duda hay problemas.

Con respecto a los mitos y malentendidos, cualquiera que se tome la molestia de leer de verdad el informe anual del Tribunal de Cuentas verá que las historias de terror difundidas por la prensa y por quienes se oponen a la UE en este Parlamento no son verosímiles. Se dará cuenta entonces de que todos esos cuentos se basan en mitos y malentendidos y que las cosas no están tan mal como pueden sugerir las frecuentes historias de terror. En concreto, al resaltar el sector agrario, en que hemos llegado a administrar correctamente en torno al 60 % de los recursos, el informe anual deja constancia de que ha habido mejoras significativas. Sin duda, eso es positivo. Es justo felicitarse, porque se han hecho progresos. Dicho esto, hay que subrayar, por supuesto, que el mero hecho de que se estén introduciendo mejoras en determinados campos no significa en absoluto que podamos contentarnos con la situación general. Sencillamente, esta no es suficientemente buena. Estoy de acuerdo con el anterior orador, el señor Pomés Ruiz, que dice que es escandalosa.

Esto me lleva a la segunda tarea. La primera era derribar los mitos. La segunda es, evidentemente, más importante, pues consiste en encontrar la manera de resolver esos problemas. También estoy plenamente de acuerdo en que en este asunto la situación está muy clara. En las áreas en que hay una administración compartida –es decir, en que los Estados miembros tienen el mismo grado de responsabilidad en la gestión de los fondos– es donde reside el verdadero problema. Los Estados miembros simplemente no cumplen sus responsabilidades y no hacen lo suficiente. Estoy de acuerdo en que debemos profundizar aún más en la recomendación que se hizo el año pasado en cuanto a la necesidad de las llamadas declaraciones políticas de los Ministros de Hacienda de cada país individual todos los años. En los próximos meses habremos de debatir el informe anual con más detalle e iniciar el procedimiento de aprobación. Ahora ya comprendo que la responsabilidad de los Estados miembros es uno de los asuntos en que más debemos centrar nuestros esfuerzos.

  Jan Mulder, en nombre del Grupo ALDE. – (NL) Señor Presidente, deseo sumarme al agradecimiento al Presidente del Tribunal de Cuentas por su informe. Solo puedo hacerme eco de la preocupación ya expresada por otros oradores en el sentido de que es muy lamentable que, por undécima vez consecutiva, no se haya conseguido una declaración de fiabilidad positiva, y esto quedará grabado en la mente de los ciudadanos. Debemos trabajar para lograr una DAS positiva, y a mi entender la raíz del problema reside en los Estados miembros.

Es deplorable que el Presidente no se haya tomado la molestia de estar hoy aquí. Los demás escaños están también excepcionalmente vacíos de representantes de los Estados miembros esta mañana. No sé si esto es sintomático del interés por el control financiero en conjunto. Considero que lo esencial sigue siendo la resolución del año pasado, en que insistíamos en que la máxima autoridad financiera de cada Estado miembro –y me complace que nos estén escuchando tan atentamente– debería responder anualmente del uso de los fondos. A eso se oponen la mayor parte de los Estados miembros.

Y esta Cámara, creo, debe continuar trabajando en este terreno. La sugerencia formulada en el informe del Tribunal de Cuentas de que se establezcan organismos certificadores para todos los componentes del presupuesto distintos de la agricultura requiere a mi juicio un examen más profundo.

Celebro que pueda emitirse una declaración de fiabilidad positiva con respecto a la ayuda de preadhesión. En 2004 aún no se había tenido en cuenta la experiencia en los nuevos Estados miembros. Esperamos que en el futuro los mecanismos de control también se mantengan en los nuevos países. Acojo con satisfacción la revisión por homólogos, que el Presidente del Tribunal de Cuentas no ha mencionado esta mañana, pero que anunció ayer, acerca del funcionamiento mismo del Tribunal de Cuentas. Ninguna institución debe ser ajena a las críticas, a las críticas constructivas que se formulan. Si se pudiera evaluar la labor Tribunal de Cuentas en los últimos años, en mi opinión eso redundaría en beneficio de todo el funcionamiento del Tribunal de Cuentas en Europa.

  Bart Staes, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (NL) Señor Presidente, este debate es el pistoletazo de salida para el procedimiento de aprobación de 2004. Una primera lectura rápida del informe anual nos dice que la Comisión se ha organizado a sí misma con mayor eficiencia desde la caída de la Comisión Santer y desde el inicio del proceso de reforma. La buena noticia es que el gasto del presupuesto europeo ha mejorado por tercer año consecutivo. La mala noticia es que, por undécima vez consecutiva, el Tribunal de Cuentas ha emitido una declaración de no fiabilidad. Por eso no hay certeza acerca de la fiabilidad de las cifras.

La razón es simple: los sistemas de vigilancia y control no se han aplicado o son ineficientes, o bien los pagos encierran errores de gran magnitud. Estamos hablando de la política agraria y estructural y de la política interior y exterior, que absorben más de cuatro quintos de todo el presupuesto europeo de 105 000 millones. A este respecto, es un problema crucial que entre el 80 y el 85 % de la gestión y supervisión sean compartidas con los Estados miembros. Los Ministros de Hacienda se resisten a aceptar su parte de responsabilidad, lo cual es absolutamente lamentable. Quieren el dinero de Bruselas, pero no la responsabilidad que comporta.

Una vez más, el informe anual llama la atención sobre el problema de las restituciones a la exportación, que ascienden a 3 600 millones de euros, es decir, el 7,5 % del presupuesto agrícola. Sin embargo, en términos de valor, suponen el 26 % de las irregularidades notificadas a la Comisión. Los Estados miembros deberían comprobar físicamente el 5 % de los expedientes de restitución a la exportación, pero también en eso incumplen clamorosamente. Me complació ver que el punto 4.30 y la nota 20 del informe anual contenían la recomendación de que la inspección tuviera lugar en el nivel de los beneficiarios finales, y cito: «Tal cobertura representaría una cadena de responsabilidades con respecto a los gastos de la PAC».

Por eso quisiera hacer otra llamamiento urgente para que se hagan públicas las listas de los beneficiarios finales. Eso es precisamente lo que han hecho Estonia, Dinamarca, el Reino Unido y los Países Bajos. Flandes y Bélgica, en cambio, han preferido burlarse de la transparencia acumulando todas las cifras, lo que hace imposible un análisis objetivo. No obstante, podemos sacar muchas conclusiones de esas tablas en cuanto a anomalías en nuestra política agrícola. Por ejemplo, a lo largo de los últimos cinco años Philip Morris, el gigante del tabaco, ha recibido 6,5 millones en los Países Bajos por añadir azúcar a los cigarrillos. Se le ha compensado el alto precio del azúcar en el ámbito de la UE.

Análogamente, el servicio de comidas de KLM ha recibido 646 000 EUR por utilizar azúcar, productos lácteos, verduras y frutas en los vuelos fuera de la Unión Europea. Se consideran exportaciones y, por tanto, pueden acogerse a la restitución. Probablemente suene disparatado, pero es solo la punta del iceberg. Europa, la Unión Europea y la Política Agrícola Común solo serán aceptables para sus ciudadanos si se cercenan estas excrecencias del sistema. Deseo mucho éxito a todos los ponentes del procedimiento de aprobación, en especial al señor Mulder, y espero que en los próximos meses podamos realizar nuestro trabajo con eficacia y emitir claros informes de aprobación en el período parcial de sesiones del mes de abril del año que viene.

  Jeffrey Titford, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, más de lo mismo. Tomé la palabra aquí hace casi un año para hablar del décimo aniversario de la negativa del Tribunal de Cuentas a convalidar las cuentas de la UE. Dije entonces, y seguiré diciendo, que es el momento de admitir que esta forma de gobernar Europa es un abyecto error y que debe ser abolida. Los Estados nacionales harían mucho mejor velando por sus propios intereses. Yo personalmente no confiaría en que la Comisión Europea, pasada o presente, cuidara de la calderilla de mis nietos. Hace tres semanas intervine en esta Cámara para pedir que se rechazara el presupuesto de 2006 porque este Parlamento no tiene legitimación para autorizar nuevos gastos cuando cargamos con la vergüenza de una década de dudosas cuentas sin aprobar.

Este año ya van once, y la ignominia no puede continuar. El último informe del Tribunal es una nueva letanía de los errores burocráticos de la Comisión. Se nos prometió que un nuevo sistema informático cubriría todas las lagunas. Y la realidad es que las cuentas siguen siendo tan impermeables como un colador.

Los diputados a esta Cámara deberían sentirse en deuda con los contribuyentes de Europa, pues es su dinero lo que se está escurriendo por los agujeros del colador. El Gobierno británico tiene la obligación de gastar prudentemente el dinero de los contribuyentes, y en cambio sigue firmando mansamente los cheques para la Unión Europea.

No se confundan, yo seguiré siendo la conciencia de esta institución. Continuaré denunciando este desastre. Mi conciencia está tranquila. ¿Lo está la suya? A propósito, para mí la asistencia de diputados aquí hoy es una indicación de la importancia que otorgan a la gestión del dinero de los contribuyentes por la Unión Europea. Sobran las palabras.

  Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Señor Presidente, lo que Europa realmente necesita, y más en las actuales circunstancias, es un Tribunal de Cuentas que actúe con la agilidad del tigre, corriendo por la pradera y cazando donde haga falta. En cambio, este informe anual vuelve a mostrar que lo que tenemos es quizá no tanto un depredador como un ser desdentado y encerrado en una jaula. Desdentado porque es imposible que tenga dientes una institución así. Si se comparan las competencias del Tribunal de Cuentas Europeo con su homólogo bávaro, se ve que pertenecen a mundos diferentes. Solo conozco un órgano constituido como tribunal de cuentas que esté aún peor dotado de competencias y recursos que el europeo, y es la Oficina de Auditoría de Viena. Siempre que el debate trata de cómo actuar en el plano supranacional, se oye el mismo comentario: «Les aseguro que el Tribunal de Cuentas acoge con agrado todo debate sobre las posibles mejoras del procedimiento de auditoría».

Lo que yo sugiero es que sean ustedes constructivos. Presenten un memorando, declaren que, como Tribunal de Cuentas, les es imposible cumplir con sus obligaciones porque carecen de competencias, porque hay muchas cosas que no pueden hacer y porque mediante la actual forma de selección del personal –lo que, políticamente hablando, hace que las cosas marchen– es imposible que desempeñen ustedes sus funciones. Si lo hacen, estarán prestando un auténtico servicio a Europa. Sería un primer paso hacia la transparencia y hacia una supervisión posible del gasto, cosas que realmente necesitamos para devolver la credibilidad a esta Unión.

  Alexander Stubb (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, cuando oigo al Partido por la Independencia del Reino Unido decir que la Comisión no es capaz de manejar la calderilla de sus nietos, debo decir que yo preferiría que lo manejara la Comisión antes que el Partido por la Independencia del Reino Unido. En cualquier caso, quisiera apuntar tres aspectos: primero, uno de carácter general, y después, dos dedicados a la Comisión y al Consejo.

Mi primer comentario de carácter general es que creo que es un buen informe. El objeto del informe es mejorar el entorno de control respecto a su situación actual, utilizar el dinero de forma más transparente y comprensible y acabar con el fraude y la mala gestión. Ha habido ciertas mejoras, pero, como muchos han dicho, aún quedan otras muchas por hacer. Dicho esto, no creo que ninguna empresa pudiera recibir una declaración de fiabilidad positiva utilizando el método que aplica el Tribunal de Cuentas.

Mi segundo comentario es que quisiera felicitar a la Comisión. Sé que recibe muchas críticas por la forma en que emplea los recursos de que dispone, algunas de ellas justificadas, pero en su mayor parte no. Ha introducido numerosas mejoras. Me gusta lo que ha conseguido al establecer un plan de trabajo para conseguir una declaración de fiabilidad positiva y lo que ha hecho en la contabilidad.

Mi último comentario es una crítica al Consejo, no solo por el hecho de que hoy no esté presente aquí, sino porque, igual que el Partido por la Independencia del Reino Unido hace unos segundos, está tratando de generar la ilusión de que todo es culpa de la Comisión o de las demás instituciones de la UE. Sencillamente, no es así. El ochenta por ciento del dinero empleado en la Unión Europea se gasta en los Estados miembros. Por eso condenamos el hecho de que hace dos semanas, en el Consejo ECOFIN, los Ministros de Hacienda volvieran a rehusar la firma de una declaración de fiabilidad. Creo que podríamos ir mucho más allá en todo este proceso de gestión financiera si los Ministros de Hacienda asumieran su responsabilidad.

En resumen: uno, estamos mejorando el sistema; dos, el problema no es la Comisión, sino los Estados miembros, y tres, soy optimista y creo que en el plazo de cinco años tendremos una declaración de fiabilidad positiva.

  Szabolcs Fazakas (PSE). – (HU) Señor Presidente, 2004 fue el año de la ampliación, de modo que el informe anual de 2004 es el primero que se refiere a los 25 Estados miembros. Esa es otra razón por la que necesitamos que el presente informe nos dé una visión positiva, realista y equilibrada de cómo se gasta el dinero en la Unión Europea, tanto en los antiguos como en los nuevos Estados miembros.

Los Informes Anuales del Tribunal de Cuentas relativos a 2004 muestran el efecto de las reformas emprendidas el año pasado. Tal era la finalidad del informe elaborado por mi colega, ferry Wynn, y aprobado ampliamente por el Parlamento; también es la finalidad de la administración integrada y del sistema de control anunciado por la Comisión Europea y su Vicepresidente, Siim Kallas.

La reforma se basa en la confianza mutua y la estrecha cooperación entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Tribunal de Cuentas. Además de estos, para llevar a cabo la reforma el Consejo habría de intervenir introduciendo las declaraciones sobre la fiabilidad a escala nacional, pero parece que sigue habiendo resistencia al respecto. Sin embargo, sin ello no podremos seguir adelante. También es necesaria una declaración de fiabilidad por parte del Consejo.

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – (LT) A la vista de los resultados de la auditoría de las cuentas financieras comunitarias de 2004, me complace comprobar que la evaluación de los auditores respecto a la administración de los fondos de preadhesión asignados a mi país, Lituania, ha sido positiva.

Por desgracia, no podemos decir lo mismo de la evaluación general del estado de cuentas de la UE. Se ha producido una situación paradójica en los casos en que los beneficiarios no pueden acceder a los fondos que necesitan debido a la complejidad de las múltiples exigencias de supervisión en relación con el beneficio obtenido, mientras que los auditores sostienen que tales requisitos no son base suficiente para el debate.

Es evidente que el actual sistema contable de apoyo impide la consecución del principal objetivo fiscal de la UE: utilizar de forma transparente y eficaz los fondos del presupuesto comunitario. Por eso quisiera apelar a la Comisión Europea y a los auditores a que insten la urgente implantación del plan de reformas y traten con mayor decisión de los problemas que generan unos recursos enormes e inagotables. Soy optimista y creo que las reformas y un sistema de control interno integrado pueden ayudar a resolver los problemas pendientes.

  Nils Lundgren (IND/DEM). – (SV) Señor Presidente, comenzaré formulando una protesta por tener que debatir el informe del Tribunal de Cuentas sin haber tenido acceso a él por anticipado, cosa que nos deja en clara desventaja. Por suerte, más o menos podemos comprobar que es como el del año anterior. Quizá podríamos haber leído el informe del año anterior y haber expresado las mismas opiniones. Estamos ante los mismos problemas y ante las mismas deficiencias contables, y creemos que los problemas van a continuar. Se nos ha dicho que el Tribunal de Cuentas «no puede garantizar», etc. Estamos hablando de transacciones arriesgadas, deficiencias de los sistemas de supervisión y múltiples errores. Hay un plan de trabajo para crear un sistema de control interno, que celebro sinceramente, pero las cosas están básicamente como antes, es decir, mal.

Sin embargo, deseo señalar que las instituciones europeas están siendo auditadas por el Tribunal de Cuentas Europeo, mientras que los sistemas nacionales están siendo auditados por diversos organismos nacionales. Como en tantos otros terrenos, también aquí se aplica la regla de la relación 80/20, en que una quinta parte del flujo de caja se ha de controlar aquí y el resto en los Estados miembros. Es sumamente importante que presentemos una propuesta sobre el modo de lograr una cooperación estructurada en esta materia. De lo contrario, la labor del Tribunal de Cuentas seguirá siendo imposible en la práctica.

Los principales problemas que detectamos proceden de la Política Agrícola Común, de los Fondos Estructurales y del Comité de las Regiones. Hay sobrados motivos para abolir la política agrícola, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. Son instituciones que pertenecen a otra época y que no tienen utilidad en la UE de hoy. Por el contrario, parte de los Fondos Estructurales deberían comenzar a fluir directamente a los Estados miembros más pobres. Si lo hiciéramos así, desaparecerían gran parte de los problemas que nos ocupan.

  Simon Busuttil (PPE-DE). – (MT) Ahora que Europa no pasa por un buen momento en la opinión pública, no es sencillo explicar a la sociedad que la Unión Europea, que para muchos es un modelo de cómo hacer bien las cosas, no solo no es perfecta, sino que aún debe hacer mucho por asegurar que el dinero que le llega sea utilizado como es debido. El presente informe es un auténtico déja vu: nos ha vuelto a decir que el Tribunal no puede estar seguro de que todo el dinero se haya gastado de forma totalmente regular, si bien observa que se ha hecho algún progreso en un sector problemático como es la agricultura, que en definitiva se lleva una enorme proporción del presupuesto. Sin embargo, sería un error dejar de perseguir un sistema más efectivo de control presupuestario. Por una parte, nos invade la tristeza cuando escuchamos que aún hay muchos defectos en el sistema de control, pero, por otro lado, nos frustramos ante la sensación de que todos buscamos una mayor perfección, una perfección representada por el sistema de DAS y una perfección a la que –como nos damos cuenta año tras año–, aunque podamos acercarnos, probablemente nunca llegaremos. Ahora podemos interpretar el papel de los que pretenden pintar todo de negro o, sencillamente, admitir que nadie es perfecto y que cada cual cargue con sus responsabilidades. Esto va por nosotros, el Parlamento Europeo, y por la Comisión Europea, pero también por los propios Estados miembros.

  Herbert Bösch (PSE). – (DE) Señor Presidente, deseo felicitar sinceramente al Tribunal de Cuentas por este informe. El breve tiempo que ha estado a nuestra disposición ha sido suficiente para poder comprobar que contiene muchos datos capaces de aportarnos excelentes criterios para la que es, en último término, nuestra tarea: aprobar o rechazar las cuentas.

Se ha repetido una y otra vez que los Ministros de Hacienda deben firmar sus cuentas, pero veamos los ámbitos en que la Comisión es la única responsable del gasto: allí veremos cosas terribles. En el apartado de la política interna, seis de cada once directores generales son incapaces de dar una garantía incondicional. Díganme qué Ministro de Hacienda haría eso en su cargo. Yo nunca me he encontrado con ninguno.

Este magnífico informe me lleva a transmitir al Tribunal de Cuentas la urgencia por centrarnos en el gasto directamente gestionado y tratar de hacerlo de forma absolutamente correcta. Si lo logramos, tendremos mucho más éxito en nuestras relaciones con los Estados miembros que ahora.

  Markus Ferber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, señor Comisario, Señorías, reitero lo dicho por el señor Bösch. Creo que estamos simplificando demasiado las cosas al decir que el 80 % de los fondos los administran los Estados miembros y que a ellos les corresponde verificar que todo esté en orden.

Realmente, hemos tenido problemas en los últimos años, y es cierto que llevaron al cese de la Comisión en 1999, pero ninguno de ellos tiene que ver con los recursos gestionados a escala nacional: por el contrario, fueron gestionados por la propia Comisión.

De modo que diré una cosa muy clara: en el informe Terence Wynn se dice que queríamos implicar en el procedimiento de aprobación tanto a los tribunales de cuentas nacionales como a los regionales, si existen. A la vista de cómo han ido las cosas en el plano nacional y en el europeo, he llegado a la conclusión de que ambos son incompatibles. No me malinterpreten: me opongo a la idea de que lo que hacemos en Europa y lo que son sus funciones, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, sea traspasado al nivel nacional. En cambio, deberíamos plantearnos hacer las cosas de otra manera en cuanto al marco de control. También Europa es mejorable y podemos aprender de los Estados miembros. Hace falta que los Jefes de Estado y de Gobierno tengan la suficiente inteligencia y sabiduría como para disponer el necesario marco legal que lo haga posible.

Sé que no es su problema, señor Weber, que es un problema de los que le han nombrado a usted, que no somos nosotros, sino los Jefes de Estado y de Gobierno. También como miembro de la Comisión de Presupuestos quiero decir con toda claridad que la actitud de aquellos es censurable: no quieren pagar nada a la UE y quieren que cada uno de sus países saque de ella todo lo que pueda, y todo ello sin que Bruselas sepa lo que pasa. Esa actitud es lo que debe preocuparnos y ese debe ser nuestro punto de partida. Si lo hacemos, entonces habremos hecho algo por Europa, por su credibilidad y por sus ciudadanos.

Es importante el informe del Tribunal de Cuentas, pero no decisivo; lo que es decisivo es lo que hagamos con él en esta Cámara. Estaré pendiente de los debates en la Comisión de Control Presupuestario y en el procedimiento de aprobación que tendrán lugar el año entrante.

  Terence Wynn (PSE). – (EN) Señor Presidente, hace una semana el Consejo Ecofin rechazó la propuesta del Parlamento de declaraciones nacionales, lo que significa que no veremos una declaración de fiabilidad positiva en un futuro próximo. Las propuestas del Ecofin son un mal sucedáneo de la acción real y son fruto de una reunión de expertos durante dos días a la que yo asistí. La reunión me recordó los comentarios de Margaret Thatcher en un encuentro similar en el que ella se quejó de verse rodeada de personas que encontraban motivos para no hacer nada ni cambiar nada en vez de darle soluciones a los problemas que tenía.

El Parlamento necesita saber qué Estados miembros comparten su postura y cuáles no.

Diré con toda seriedad que no se debe pasar por alto el comentario del Partido Independentista del Reino Unido. ¿Por qué deberíamos acordar nuevas perspectivas financieras si los sistemas de supervisión y control son tan descaradamente deficientes en los Estados miembros? Este es un mensaje que debemos transmitir al Consejo con toda firmeza.

  Hubert Weber, Presidente del Tribunal de Cuentas. (DE) Señor Presidente, es un gran día para el Tribunal de Cuentas Europeo, pues podemos presentar nuestro informe ante los responsables políticos y contamos también con la presencia del Vicepresidente de la Comisión, el señor Kallas. Estamos muy agradecidos por la respuesta que ha suscitado nuestra labor entre los responsables políticos.

Nuestro informe demuestra que se han logrado considerables mejoras. Sin duda, en algunos campos quedan muchas cosas por hacer, no solo por la Comisión, sino también por los Estados miembros. La importancia de las declaraciones ya ha sido mencionada, y estoy de acuerdo con ello, pero las declaraciones tampoco lo son todo. Lo que de verdad deberíamos hacer es incidir en el origen de los errores y buscar en él el incentivo para las reformas. Hemos realizado cientos de comprobaciones y hemos examinado numerosas transacciones. Se han descubierto cientos de errores, tanto de forma como de fondo. La Comisión está al tanto de esos errores y los va a intentar resolver. También los conocen los Estados miembros. Este debe ser nuestro punto de partida.

Creo –y esto también se lo digo al señor Martin– que nuestro mandato es excelente, estamos muy satisfechos con él y no necesitamos ningún otro. En las comparaciones internacionales salimos muy bien parados. Lo que importa es que nuestras conclusiones se tengan muy en cuenta y se apliquen puntualmente. No basta con introducir un nuevo sistema: también debemos aplicarlo y hacerlo viable.

También se ha puesto en evidencia que el marco legal necesita una simplificación. En muchos campos será imposible mejorar si se mantienen procedimientos tan complicados.

Hay algo que debo decir: si aplicamos una vara de medir tan rigurosa a los organismos y departamentos que auditamos, no podemos quejarnos de que a nosotros se nos apliquen las mismas pautas. Esto ha de suceder por medio de la proyectada revisión por homólogos.

Siempre se dice que el Tribunal de Cuentas quiere hacer más controles. Al contrario, no queremos eso. Lo que queremos son controles más eficaces, más eficientes, de los cuales también puedan extraerse enseñanzas en lo sucesivo.

  El Presidente. Con esto concluye el debate sobre este punto.

(Se interrumpe la sesión durante unos instantes)

Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Véronique Mathieu (PPE-DE). – (FR) Es decepcionante y frustrante que la declaración de fiabilidad sea una vez más negativa. Esto significa que todavía no hay garantía de que los gastos sean legales y regulares y que persisten las dudas sobre la fiabilidad de las prácticas contables.

¿A quién hay que imputar la responsabilidad? ¿A los Estados miembros, por la metodología empleada y la mala aplicación del sistema de pago? ¿A la Comisión, que según el artículo 274 del Tratado es responsable de la ejecución del presupuesto europeo?

Saquemos algunas enseñanzas de las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas: es primordial responsabilizar a las administraciones nacionales, para poder rendir cuentas correctamente de los créditos europeos. Por otra parte, el Tribunal debe precisar con claridad las medidas concretas que ha de adoptar la Comisión para conseguir una declaración de fiabilidad positiva.

En el contexto actual de descrédito de Europa, no debe haber puntos débiles en los sistemas de gestión y control que permitan a los euroescépticos debilitar los principios fundamentales y las principales políticas de la Unión, encaminadas a reforzar la cohesión territorial, económica y social. La Comisión y los Estados miembros deben esforzarse más por conseguir una declaración de fiabilidad positiva; de ello depende la credibilidad de la Unión y la confianza de los ciudadanos.

PRESIDENCIA DEL SR. BORRELL FONTELLES
Presidente

(Se reanuda la sesión a las 10.15 horas)