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Acta literal de los debates
Martes 15 de noviembre de 2005 - Estrasburgo Edición DO

27. Turno de preguntas (preguntas a la Comisión)
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  La Presidenta. De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de preguntas (B6-0339/2005).

Examinaremos una serie de preguntas dirigidas a la Comisión.

Parte 1

 
  
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  David Martin (PSE). – (EN) Señora Presidenta, me alegro de que el turno de preguntas se amplíe hasta las 20 horas, porque resulta muy fácil reducir el tiempo asignado, como se ha hecho con tanta frecuencia en el pasado.

Mi reclamación se refiere a mi pregunta nº 69, que presenté porque precisamente estaba previsto que el señor Mandelson iba a dirigirse a esta Cámara y responder a las preguntas esta noche. La pregunta versa sobre la OMC y, sin embargo, por una razón que no entiendo aparece junto a las preguntas de carácter general. ¿Me podría explicar por qué?

 
  
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  La Presidenta. La única explicación que puedo proporcionarle es que es costumbre en esta Cámara que la Comisión decida qué Comisario responde a cada pregunta. Esa es la razón por la que su cuestión ha quedado incluida dentro de la Parte 3 del turno de preguntas.

 
  
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  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Me gustaría formular una pregunta al señor Mandelson sobre el mismo tema, así que quizá esté dispuesto a responder a esta pregunta en privado.

 
  
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  La Presidenta. Esa bien pudiera ser una forma de resolver el asunto. Por lo demás, solo puedo ofrecerle la misma respuesta que ya he dado al señor Martin.

 
  
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  La Presidenta. Pregunta nº 37 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0893/05)

Asunto: Fiscalidad del tráfico aéreo de pasajeros

¿Considera la Comisión la posibilidad de impedir que medidas nacionales sobre fiscalidad del tráfico aéreo de personas, como un impuesto sobre los billetes o la gasolina de aviación, se conviertan en un obstáculo para el mercado interior?

 
  
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  Peter Mandelson, miembro de la Comisión. (EN) El tema de los impuestos sobre el tráfico aéreo ha sido objeto de un amplio debate últimamente, pero figura entre los instrumentos examinados en la búsqueda de nuevos recursos para financiar la ayuda oficial a los países en desarrollo, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.

Su Señoría sabe sin duda que el Consejo examina activamente esta cuestión y que la Comisión ha elaborado varios documentos de trabajo sobre los aspectos técnicos por encargo del Consejo. Se han considerado dos tipos de instrumentos fiscales: el impuesto sobre el carburante de aviación y un gravamen sobre los billetes de avión, llamado igualmente impuesto de despegue. El dispositivo jurídico no es el mismo para estos dos impuestos desde el punto de vista del mercado interior.

La legislación comunitaria en materia de impuestos sobre el carburante de aviación se basaría en la Directiva 2003/96/CE relativa a la imposición de los productos energéticos y de la electricidad. Aunque el carburante de aviación está en principio exento de impuestos, los Estados miembros pueden gravar el carburante usado para los vuelos nacionales. Asimismo pueden gravar el carburante para vuelos entre los Estados miembros, siempre que exista un acuerdo bilateral en este sentido. Sin embargo, en la práctica no es posible gravar el carburante utilizado por las compañías aéreas de terceros países que operan en la CE.

En relación con el gravamen sobre los billetes de vuelos aéreos, no existen disposiciones comunitarias en esta materia. Por lo tanto, los Estados miembros pueden aplicar dichos gravámenes siempre que cumplan las obligaciones que les impone el Tratado CE.

Su Señoría ha preguntado si la Comisión está buscando la forma de evitar que dichos impuestos sobre el transporte aéreo se conviertan en un obstáculo para el mercado interior. En primer lugar me gustaría recalcar que el hecho de que un producto o servicio sea objeto de un impuesto no implica que se impida su libre circulación. Solo existe un obstáculo para el mercado interior si el impuesto es superior para las transacciones entre Estados miembros que para transacciones similares dentro de un mismo Estado miembro. La Comisión hará uso de todas sus competencias para aplicar el Tratado e impedir la adopción de impuestos discriminatorios sobre los viajes aéreos, al igual que hace con todos los demás impuestos. Sin embargo, tengo entendido que los debates entre los Estados miembros en estos momentos se centran especialmente en los gravámenes sobre los billetes de aviación. A este respecto debo subrayar que, a falta de normas comunitarias, esta es una cuestión que atañe en primer lugar a los Estados miembros que actúan dentro de su soberanía fiscal.

No obstante, la Comisión ha señalado en los documentos de trabajo de sus servicios que no hay motivo alguno para preferir un planteamiento común en relación con los gravámenes sobre los billetes. Asimismo, la Comisión ha declarado que está dispuesta a colaborar sobre los aspectos técnicos con los Estados miembros que desean optar por esta solución. De esa forma se garantizará su compatibilidad con las obligaciones que contempla el Tratado.

Quiero señalar que la Comisión sigue con gran atención el funcionamiento del mercado interior. Los impuestos como los que menciona su Señoría en su pregunta todavía son muy raros. Si la Comisión observara un problema estructural en relación con los impuestos sobre el transporte aéreo, ya sean impuestos sobre los carburantes o gravámenes sobre los billetes de avión, podría en última instancia hacer uso de su derecho a proponer la legislación correspondiente.

 
  
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  Manuel Medina Ortega (PSE). – (ES) Señor Mandelson, aprovechando que está usted aquí, y teniendo en cuenta que es responsable del ámbito exterior de la Unión Europea, ¿es usted consciente de que a quien más perjudicaría un impuesto sobre los billetes de avión, en beneficio de la globalización, sería a los países del tercer mundo, que dependen en gran parte del turismo para salir adelante, siento este último, además, una de sus pocas actividades?

Y, en segundo lugar, un impuesto sobre los billetes de avión o sobre las gasolinas de aviación perjudicaría a aquellos Estados que tienen una estructura insular o peninsular. Dicho impuesto está pensado exclusivamente desde una perspectiva continental y, de hecho, supondría una auténtica restricción al tráfico entre las regiones continentales de la Unión Europea y las regiones y países de carácter insular, sobre todo aquellos de carácter ultraperiférico o más alejados del centro de la Unión Europea.

Espero que pueda transmitir al Comisario Kovács la preocupación de este diputado.

 
  
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  Peter Mandelson, miembro de la Comisión. (EN) En respuesta a su primera pregunta acerca del turismo le diré que el aumento de la fiscalidad del transporte aéreo podría provocar teóricamente una reducción de la demanda. Sin embargo, debemos considerar el aumento del precio de los billetes de avión en el marco de los costes generales de un paquete turístico –es decir, gastos de viaje, alojamiento y ocio– en los que estos representan generalmente una parte menor. Las posibles repercusiones sobre el turismo deben compararse con la tendencia general de fuerte crecimiento de la demanda turística. Por lo tanto, existen motivos para pensar que el efecto general sobre el turismo será moderado.

En respuesta a su segunda pregunta acerca de las regiones alejadas y periféricas, debe señalar que el incremento del precio del transporte aéreo podría tener mayores consecuencias en aquellas regiones que dependen mucho de este modo de transporte. Sin embargo, puesto que los impuestos sobre los billetes de avión son primordialmente competencia de los Estados miembros, aquellos que decidan establecer dichos impuestos tendrán la libertad de configurar sus impuestos de forma que ofrezcan correctivos para tener en cuenta las condiciones especiales de las regiones alejadas y las necesidades sociales de sus habitantes.

La Comisión ya ha declarado que está dispuesta a colaborar con los Estados miembros, como ya he dicho, en los aspectos técnicos de los billetes de avión. Dicha cooperación podría incluir el estudio de los diversos correctivos para las regiones alejadas y periféricas dentro del marco de la legislación comunitaria.

 
  
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  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Señor Comisario, estoy de acuerdo en que los Estados tomen medidas para que se pueda potenciar la política de desarrollo en esos países que, precisamente por no ofrecer oportunidades a sus ciudadanos, cada vez nos envían más inmigrantes, causándonos serios problemas en la Unión Europea.

Le quería preguntar al respecto si la Comisión ha analizado suficientemente otras alternativas para este mismo fin, por ejemplo, la propuesta realizada por el economista señor Tobin, quien planteaba la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras, lo cual no afectaría al turismo.

 
  
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  Peter Mandelson, miembro de la Comisión. (EN) Una respuesta breve a esta pregunta sería que la Comisión no está estudiando alternativas, como por ejemplo la consabida tasa Tobin, que es una propuesta muy controvertida a la que muchos se oponen.

Las propuestas que ha examinado la Comisión son las planteadas en los debates entre los Estados miembros. Estas propuestas, como ya he dicho, son objeto de documentos de trabajo de nuestros servicios. Actualmente no son objeto de una iniciativa de la propia Comisión.

Obviamente, si un gran número de Estados miembros comienzan a debatir a fondo o a promover la denominada tasa Tobin, la Comisión sin duda examinaría esta cuestión y plantearía sus puntos de vista al respecto.

 
  
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  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, todos somos conscientes de que los países en desarrollo merecen nuestra especial atención y dedicación. Pero la pregunta que siempre se me plantea es por qué no estamos dispuestos a gravar con un impuesto el gasóleo de aviación de la misma manera que hacemos con otras fuentes de energía, concretamente los combustibles de origen fósil. Volviendo al asunto de la contaminación medioambiental, quiero llamar la atención de la Cámara sobre los grandes problemas que a veces se originan en los pasillos aéreos de los aeropuertos.

 
  
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  Peter Mandelson, miembro de la Comisión. (EN) Su Señoría acaba de hacer una observación muy válida. Cabe señalar que si bien un impuesto sobre los carburantes repercutiría en los precios, de hecho podría contribuir a poner al transporte aéreo en pie de igualdad con otros medios de transporte, como el transporte por carretera, en el que se pagan impuestos sobre el carburante, y que a menudo son la única opción para los viajeros de menos recursos. Quienes se interesan por este tema tendrán sin duda en cuenta el comentario de su Señoría.

 
  
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  La Presidenta. Pregunta nº 38 formulada por Sarah Ludford (H-0896/05)

Asunto: Protección de los datos y bases de datos en la UE

En dos informes anuales consecutivos dirigidos al Consejo y al Parlamento Europeo (SEC(2004)0557 y SEC(2005)0839) sobre las actividades de la Unidad Central de Eurodac, la base de datos de la UE para los solicitantes de asilo, se afirmaba que esta unidad había registrado un número sorprendentemente elevado de «búsquedas especiales». Se trata de una categoría destinada a la aplicación del artículo 12 (apartado 2 y siguientes) del Reglamento Eurodac, concretamente para fines de protección de datos con objeto de salvaguardar los derechos del sujeto de los datos a tener acceso a aquellos que le conciernen.

No obstante, estas búsquedas especiales se han realizado sin que las autoridades nacionales de supervisión pudiesen confirmar que se trataba realmente, en estos casos, de personas que solicitaban el acceso a sus propios datos. ¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para verificar la situación de estas búsquedas especiales? ¿Ha cumplido la Comisión su promesa de continuar supervisando la aplicación del Reglamento Eurodac a este respecto y con qué resultados?

 
  
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  Olli Rehn, miembro de la Comisión. (EN) Su Señoría, la baronesa Ludford, pide una explicación respecto a las búsquedas especiales en Eurodac y las medidas adoptadas por la Comisión. Tengo el placer de responder a una pregunta que pertenece al ámbito de competencias del Vicepresidente de la Comisión, el señor Frattini.

En primer lugar, se dice que una búsqueda es especial si no pretende determinar qué Estado miembro es responsable de una solicitud de asilo, sino garantizar a cada persona el ejercicio de los derechos que le confiere la Directiva de protección de datos.

El artículo 18 del Reglamento Eurodac establece los procedimientos para ejercer el derecho a la información y para acceder, corregir o eliminar datos personales procesados en Eurodac. Estos datos están consagrados en la legislación comunitaria en materia de protección de datos y tienen por objeto garantizar la protección de la vida privada de las personas. De hecho, de conformidad con el apartado 2 del artículo 18 del Reglamento Eurodac, cualquier persona que resida en un Estado miembro tiene derecho a obtener en cualquier Estado miembro los datos relativos a su persona registrados en la base de datos central y transmitidos por dicho Estado miembro a la Unidad Central. Posteriormente puede pedir al Estado miembro en cuestión que corrija los datos inexactos o que elimine los datos registrados de forma ilícita. Cabe señalar que solo unos cuantos Estados miembros han enviado tales búsquedas a la Unidad Central.

De conformidad con el sistema que establece la legislación en materia de protección de datos de la Unión, las autoridades encargadas de dicha protección en los Estados miembros y el supervisor europeo de protección de datos son las autoridades competentes para verificar la legalidad de las actividades de procesamiento de datos personales que lleva a cabo Eurodac. Durante una reciente reunión de usuarios de Eurodac, la Comisión recordó a estos sus obligaciones legales. En otra reunión, organizada por el Supervisor Europeo de Protección de Datos, la Comisión puso de relieve ante este y ante las autoridades nacionales de supervisión el gran número de búsquedas especiales inscritas en la Unidad Central de Eurodac.

La Comisión sigue muy de cerca esta cuestión, ya que considera importante dejar claro si las actividades que realizan las autoridades en el marco de Eurodac se ajustan a las normas establecidas en materia de protección de datos.

 
  
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  Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Le doy las gracias, Comisario Rehn, hasta cierto punto. Lo que acaba de decir es que la Comisión desconoce, al igual que las autoridades nacionales de supervisión en materia de protección de datos, la razón por la que se efectúan estas búsquedas especiales. Este tema es sumamente importante porque la demanda de acceso a las bases de datos de la UE crece a un ritmo muy acelerado.

En el caso de Eurodac, ¿cómo podemos saber que estas búsquedas especiales no constituyen un acceso no autorizado por parte de organismos nacionales, disfrazadas de búsquedas en nombre de personas que desean verificar sus propios datos? Si la Comisión desconoce la respuesta a esta pregunta, ¿que confianza podemos tener en su función de vigilancia, a medida que la protección de datos es objeto de crecientes presiones? Le recuerdo que la Comisión es responsable del cumplimiento de las normas que recoge este Reglamento.

 
  
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  Olli Rehn, miembro de la Comisión. (EN) En primer lugar, transmitiré al Comisario Frattini sus preocupaciones. En segundo lugar, la Comisión ha pedido explicaciones más detalladas a un Estado miembro en el que se observó un gran número de búsquedas en un período muy reducido.

Su Señoría debe comprender que en estos momentos y sin conocer los motivos precisos de estas cifras, no deseo mencionar ni culpar a ningún Estado miembro en particular. Repito que, aunque es cierto que estos números nos sorprenden, no existen pruebas en este momento de que el Reglamento Eurodac se haya aplicado indebidamente.

 
  
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  La Presidenta. Pregunta nº 39 formulada por Giorgos Dimitrakopoulos (H-0904/05)

Asunto: Kosovo

¿Se ha asegurado la participación de la Unión Europea en las negociaciones sobre el futuro régimen de Kosovo? ¿Se ha preparado la lista de los temas y problemas en los que la Unión Europea, en particular la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, podrían contribuir de forma sustancial, especialmente teniendo en cuenta que en los textos existentes de las instituciones de la UE en relación con Kosovo se hace referencia de forma explícita a la perspectiva europea?

 
  
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  Olli Rehn, miembro de la Comisión. (EN) Permítame empezar diciendo que la responsabilidad en última instancia de la decisión de facilitar el proceso político destinado a determinar la futura condición jurídica de Kosovo está en manos del Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad con la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad.

La Comisión está satisfecha con la reciente recomendación del Secretario General de las Naciones Unidas, aprobada posteriormente por el Consejo de Seguridad, en la que se propone la continuación de las conversaciones sobre la futura condición jurídica de Kosovo. Asimismo, la Comisión acoge con agrado el nombramiento del Presidente Martti Ahtisaari, el 1 de noviembre de este año, como representante especial o enviado del Secretario General de las Naciones Unidas para presidir las conversaciones sobre el futuro de Kosovo. La Comisión apoya plenamente los esfuerzos que llevan a cabo la comunidad internacional y el Presidente Ahtisaari para elaborar y consolidar un acuerdo equilibrado y sostenible en Kosovo, y no cabe duda de que colaboraremos estrechamente con el Presidente Ahtisaari para alcanzar este objetivo. En relación con la participación de la UE y el papel de la Comisión, me gustaría destacar cuatro aspectos.

En primer lugar, debemos asegurarnos de que el resultado sea compatible con la perspectiva europea para Kosovo y abarque toda la región de los Balcanes Occidentales.

En segundo lugar, debemos dar más competencias a las autoridades locales, nuestros futuros interlocutores, y al mismo tiempo mantener una presencia internacional racionalizada como garantía de la seguridad en Kosovo.

En tercer lugar, y estoy seguro de que el Parlamento Europeo coincide conmigo en este punto, nuestro objetivo común debería ser una «condición jurídica con normas». Es sumamente importante proteger los derechos de las minorías y de los centros culturales e históricos a fin de lograr un acuerdo sostenible que facilite la estabilidad y la perspectiva europea para toda esta región.

Y, por último, el desarrollo económico es crucial para el futuro de Kosovo. En breve presentaré, junto con Javier Solana, un documento conjunto sobre la política general de la UE en relación con Kosovo. En ese documento esbozaremos la forma en que facilitaremos este proceso con recursos financieros adecuados, tema en el que la Comisión desearía colaborar estrechamente con el Parlamento. Cuento con el apoyo de sus Señorías para esta tarea tan importante.

 
  
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  Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE).(EL) Señora Presidenta, quiero dar las gracias al señor Comisario y a su equipo por su respuesta y cooperación, y solo deseo reiterar dos puntualizaciones.

Primero, es muy importante apoyar las perspectivas europeas de Kosovo, tal como manifiesta el embajador de las Naciones Unidas, señor Eide, en varios párrafos de su informe.

Segundo, es muy importante, dado que se va a elaborar un informe conjunto con el señor Solana, según ha dicho el señor Comisario, que la Unión Europea cuente con tácticas de negociación específicas respecto de ciertos aspectos, de manera que podamos contribuir a resolver los problemas que surjan y, al mismo tiempo, para que todo esto conjuntamente pueda conformar sus perspectivas europeas.

 
  
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  Olli Rehn, miembro de la Comisión. (EN) Me gustaría dar las gracias al señor Dimitrakopoulos por su pregunta inicial y suplementaria. Puedo asegurar a su Señoría que tenemos el objetivo común de que el futuro de Kosovo sea la perspectiva europea.

Estoy de acuerdo en que este aspecto se destaca ampliamente en el informe del embajador Eide sobre las normas en Kosovo. Considero que el informe Eide es muy profesional, de muy alta calidad, así como muy objetivo y realista. Asimismo destaca la necesidad de garantizar tanto las normas como la condición jurídica a medida que avance este proceso de negociación. Puedo asegurar igualmente que, en el documento conjunto con el señor Solana, describimos nuestro objetivo que es un acuerdo equilibrado y sostenible.

 
  
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  Bart Staes (Verts/ALE). – (NL) Señora Presidente, no puedo estar más de acuerdo con el señor Comisario cuando afirma que hay que ofrecer una perspectiva europea a Kosovo. Incluso las autoridades locales están de acuerdo en que va a resultar necesaria una presencia militar tan pronto como se haya obtenido la independencia. Quiero preguntar al señor Comisario si esto significa que, a su debido tiempo, cuando se haya alcanzado esta situación de independencia, las tropas de la KFOR van a ser retiradas y van a ser sustituidas por efectivos europeos. En caso afirmativo, ¿tiene alguna idea de cuánto le va a costar a la Unión Europea, y están dispuestas la Unión Europea y la Comisión a garantizar la disponibilidad de fondos suficientes?

 
  
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  Olli Rehn, miembro de la Comisión. (EN) El Presidente Ahtisaari acaba de iniciar su labor y lleva a cabo una activa diplomacia entre Belgrado, Pristina y la comunidad internacional. Por consiguiente, no me gustaría adelantarme a los hechos y avanzar la propuesta que hará el enviado de las Naciones Unidas, el Presidente Ahtisaari. En mi opinión es preferible dejarlo trabajar, que consulte a las distinta partes y, a continuación, cuando llegue el momento, intentar llegar a una solución con la firmeza necesaria. Por ello no creo que sea oportuno adoptar una posición en este momento sobre la continuación de la K-For en Kosovo y la forma que esta adoptaría.

Quiero decir dos cosas. Antes que nada, es necesaria una presencia internacional en el futuro, como garantía de seguridad. En segundo lugar, hemos comenzado a evaluar las necesidades de financiación en Kosovo a fin de apoyar la labor de la comunidad internacional y del Presidente Ahtisaari.

 
  
  

Parte 2

Preguntas al señor Michel

 
  
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  La Presidenta. Pregunta nº 40 formulada por Bart Staes (H-0894/05)

Asunto: Efectos del plan de acción FLEGT para la protección de los derechos sociales y del medio humano en los países en desarrollo

El plan de acción Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) para frenar la tala ilegal se centra principalmente en los aspectos jurídicos de la misma, mientras que la gestión a largo plazo de los bosques apenas se aborda. No obstante, la tala legal no ofrece por sí misma ninguna garantía de desarrollo sostenible en los correspondientes países en desarrollo , ni de mejora de la situación social de la población local, ni de protección de la biodiversidad y del medio humano.

¿Considera la Comisión que, durante las negociaciones sobre las asociaciones en el contexto del plan de acción FLEGT, deberían incluirse condiciones vinculantes sobre los aspectos relacionados con el desarrollo (tanto desde el punto de vista social como del medio ambiente), para mejorar así la calidad de vida de la población local? ¿Considera la Comisión que la legalidad es una condición básica para el acceso al mercado europeo y no un fin en sí misma en el contexto del FLEGT?

 
  
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  Louis Michel, miembro de la Comisión. (FR) Señora Presidenta, Señorías, el plan de acción de la Unión Europea bautizado FLEGT –aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales– se ocupa únicamente del concepto de legalidad y no aborda las cuestiones más vastas y complejas del desarrollo sostenible de la explotación forestal. Hay una gran diferencia entre estos dos aspectos. Se puede recoger madera de origen legal de un modo perjudicial para el medio ambiente, por ejemplo mediante una roturación autorizada. Del mismo modo, madera de origen ilegal puede proceder de una fuente sostenible, como sucede con la madera recogida en el marco de los sistemas de gestión indígena, que, si bien son respetuosos con el medio ambiente, no cumplen los requisitos legales formales.

No obstante, en la mayoría de países, la legislación forestal se asienta en unos principios de desarrollo sostenible. Así pues, la mejora de la gobernanza y una mejor aplicación de la legislación acarrearán una gestión forestal más respetuosa con el medio ambiente. Los acuerdos de cooperación celebrados en el marco del plan de acción FLEGT constituirán también un medio de reunir a las partes implicadas para abordar aspectos más amplios de la gobernanza en el sector forestal y, en su caso, apoyar la aplicación de reformas legislativas reglamentarias. La Comisión espera que estos procedimientos permitan mejorar la legislación y la gobernanza en los Estados asociados y hacerlas más equitativas. Espero, pues, que comprendan que la importancia concedida en el plan de acción FLEGT a la cuestión de la legalidad no es un fin en sí mismo, sino más bien un medio de colaborar con los Estados asociados para mejorar la gobernanza en el sector forestal.

El plan de acción FLEGT de la Unión es una iniciativa que tiene por objetivo provocar cambios a través del compromiso de las partes. Por consiguiente, no es deseable imponer a Estados asociados potenciales unas condiciones sociales y ambientales rigurosas. Unas condiciones demasiado estrictas constituirían un obstáculo a su compromiso en los acuerdos de cooperación. Hay que tener en cuenta asimismo que, si bien el plan de acción FLEGT de la Unión Europea se centra en la gobernanza y la legalidad, la Unión sigue decidida a alentar la gestión sostenible de los bosques en los países en desarrollo. En los últimos diez años, la Unión Europea ha asignado más de 700 millones de euros a la gestión sostenible de los bosques en Asia, África Central y América del Sur.

 
  
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  Bart Staes (Verts/ALE). – (NL) Señora Presidenta, señor Comisario, le agradezco su respuesta y algunas de sus observaciones. Evidentemente, la cooperación con esos países asociados puede ser una buena cosa, pero todos sabemos que nada va a impedir a posibles países asociados, incluida China, por ejemplo, importar de todas formas ilegalmente madera a Europa a través de terceros países. Greenpeace he denunciado hace muy poco que había descubierto redes ilegales que se extendían desde la República del Congo a Italia, desde Papúa Nueva Guinea a China y de ahí hasta Gran Bretaña. Así pues, mi pregunta es: ¿cómo piensa la Comisión, y el señor Comisario concretamente, detener las prácticas de tal naturaleza?

 
  
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  Louis Michel, miembro de la Comisión. (FR) Evidentemente, la Comisión comprende, por ejemplo, el deseo –me han preguntado recientemente sobre este tema– de que se introduzca una prohibición unilateral de las importaciones de madera de origen ilegal. Sin embargo, debemos admitir que en la práctica este modo de proceder no resolvería el problema de la explotación clandestina de los bosques. En primer lugar, si instauramos una prohibición unilateral de importar madera de origen ilegal en la Unión, no dotaremos a nuestras autoridades aduaneras de un instrumento que les permita confirmar la legalidad del origen de la madera. En sí misma, esta prohibición no bastaría, por tanto, para impedir que entrase en la Unión madera de origen ilegal. Para poder distinguir –y este es el enorme problema que tenemos– entre la madera de origen legal y la de origen ilegal, necesitamos desde luego la plena cooperación de los países exportadores.

En segundo lugar, una prohibición a escala europea no ofrecerá un punto de acceso para abordar el problema de la gobernanza en los países productores. Por esta razón, la Comisión ha propuesto un enfoque basado en la firma de acuerdos de asociación con los países productores de madera. Esta iniciativa facilita la cooperación necesaria entre la Unión Europea y los países productores, a fin de atajar el problema de la corrupción y las lagunas observadas en materia de gobernanza que conducen a una explotación clandestina de los bosques. Si no se redoblan y conciertan los esfuerzos para erradicar la corrupción del sector maderero de los países productores, las medidas encaminadas a frenar el comercio de madera de origen ilegal asociado a la explotación clandestina de los bosques no tendrán ninguna repercusión.

En tercer lugar, el enfoque centrado en las asociaciones está focalizado y es proporcionado. Permite centrar la atención y los recursos en los países más afectados por este problema sin perjudicar los intercambios comerciales con otros países en los que la explotación clandestina de los bosques no plantea problemas graves. La mayoría de los intercambios comerciales de productos derivados de la madera no son objeto de presunción de ilegalidad.

Dicho esto, debemos ponernos de acuerdo sobre el modo de reaccionar cuando los intercambios con países no asociados sean objeto de presunción de ilegalidad. Esta cuestión se examinará con más detalle en un próximo ejercicio de evaluación. Quiero insistir en que las medidas examinadas en este ejercicio de evaluación no pretenden sustituir el enfoque voluntario preconizado, expuesto en el plan de acción FLEGT, sino complementarlo donde proceda. Quiero subrayar asimismo que se trata de un ejercicio de evaluación y que en esta fase no tenemos intención de proponer nuevas propuestas legislativas.

La Comisión se compromete a revisar y analizar la viabilidad de una legislación adicional de apoyo al plan de acción FLEGT, tal como se me pidió aquí, y, como les prometí, así se lo he comunicado al Consejo. Por desgracia, estos trabajos se han visto frenados por los retrasos en la confirmación de la participación activa de los Estados miembros y por la decisión que tomamos de concentrar los escasos recursos en la aplicación del enfoque voluntario enunciado en el plan de acción. La evaluación está en curso y se desarrolla en estrecha colaboración con los Estados miembros, dado que gran número de medidas potenciales son de competencia nacional.

Las opciones examinadas incluyen la política en materia de contratos públicos, el blanqueo de dinero, los bienes robados y la legislación anticorrupción, además de la viabilidad de los aspectos prácticos de la nueva legislación de control de las importaciones de madera ilegalmente recogida.

Concluiré dándoles una última información. Durante el poco tiempo que fui Comisario de Investigación, tuve ocasión de visitar, cerca de Milán, el Centro de Investigación de la Comisión, y vi allí trabajos muy interesantes. Vigilancias por satélite que permiten seguir de forma muy precisa tanto las deforestaciones como las repoblaciones forestales. Creo que podría ser útil estudiar si no disponemos ahí de una herramienta que al menos nos permita, en nuestro diálogo político con los países, conseguir que se muestren más proclives a ayudarnos. Es un medio tecnológico que nos permitiría presionar más y seguir más de cerca la evolución de la situación. No sé si han tenido ocasión de visitar este Centro, de ver qué puede hacer, pero puedo asegurarles que me quedé muy impresionado. Es perfectamente posible ejercer una vigilancia relativamente precisa de la evolución, en ocasiones dramática, en ocasiones algo más optimista, de la situación.

 
  
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  John Bowis (PPE-DE). – (EN) Señor Comisario, estoy seguro de que el Parlamento desea apoyar las medidas que adoptará sobre la base del informe que debía presentarse, en virtud del Plan de acción, en 2004.

Una forma en que podemos apoyarle es pedir que se adopten medidas en virtud del tan bien acogido acuerdo en la cumbre que firmamos con China en septiembre. ¿Podría el Comisario indicar cómo pretende contribuir al lavado de madera en China y esa región?

 
  
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  Louis Michel, miembro de la Comisión. (FR) Señor Bowis, lamentablemente todo lo que puedo decirle es que estoy adoptando un enfoque activo y que esta cuestión estará en el orden del día cuando debatamos con nuestros socios. Únicamente puedo ofrecerle mis buenas intenciones. Me gustaría que ocurrieran dos cosas. En primer lugar, me gustaría que los Estados miembros, es decir, el Consejo, también mostrasen un comportamiento un poco más activo al respecto. Creo que nos ayudaría, por ejemplo, que no se obstaculizase el examen de las peticiones que formulamos, porque yo no me opongo en absoluto, sino todo lo contrario, a una legislación más estricta. En un momento dado habrá que pasar por ello de todos modos.

Después he mencionado un enfoque que yo calificaría de técnico, que al menos nos permitiría presionar a los Estados asociados y también, por supuesto, a los Estados miembros. Lo que necesitaríamos, en realidad, es un medio, digamos científico, de identificar y calificar el origen de la madera. Hemos conseguido hacerlo técnicamente con los diamantes, por ejemplo. Hoy existen medios muy precisos para certificar la procedencia del diamante. Es un poco por esta vía por donde debemos buscar.

 
  
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  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, las operaciones forestales de carácter familiar en Europa constituyen un ejemplo contundente de prácticas forestales sostenibles que benefician a la economía en su conjunto. Quiero preguntar al señor Comisario si piensa si sería posible proporcionar apoyo sobre el terreno a los países que estamos sometiendo a debate en forma de asesoramiento técnico, a fin de evitar tener que reaccionar una vez más a toro pasado. Usted ha mencionado la investigación y eso me lleva a un aspecto inmediato, a saber, que en el futuro la madera seguirá siendo una materia prima utilizada en la fabricación de otros muchos productos.

 
  
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  Louis Michel, miembro de la Comisión. (FR) En todos nuestros programas de desarrollo, está claro que la acción que usted sugiere en su pregunta entra en la categoría de proyectos de desarrollo. Además puede acogerse sin problemas a proyectos similares, como obtener ayuda técnica, implantes y una serie de otras medidas. Por supuesto, prestamos una gran atención a este aspecto. La cuestión que le preocupa con respecto a los proyectos de desarrollo es de hecho cada vez más transversal. Los proyectos de desarrollo que afecten a países, regiones o zonas, pueden acogerse perfectamente. De hecho, algunos ya están en marcha.

 
  
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  La Presidenta. Pregunta nº 41 formulada por Othmar Karas (H-0902/05)

Asunto: Cooperación al desarrollo

Sigue vigente la reclamación de que se incremente la ayuda oficial al desarrollo (AOD) de los países donantes hasta un 0,7 % de su producto interior bruto. De este modo podrían lograrse los Objetivos de Desarrollo del Milenio dentro del plazo previsto, para 2015. A tal fin, la AOD nacional debería alcanzar los siguientes niveles: para 2006 un "incremento sustancial", para 2009 un 0,5 %, y para 2015 un 0,7 % del PIB.

No obstante, en muchos países se incluye en el cálculo de dichos porcentajes la liquidación de deuda, a consecuencia de lo cual no se dispone de dinero adicional, que sería, sin embargo, urgentemente necesario para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Qué otros componentes se incluyen en el cálculo del 0,7 % citado? ¿Cómo puede intentarse encontrar una base uniforme de cálculo al respecto? ¿Cómo puede determinarse una responsabilidad jurídica de los Estados miembros en esta cuestión?

 
  
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  Louis Michel, miembro de la Comisión. (FR) Señora Presidenta, Señorías, está muy claro que los recursos financieros para el desarrollo deben incrementarse de forma considerable para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015.

Como saben, la Unión Europea se toma muy en serio los desafíos que plantea la movilización de los fondos presupuestarios necesarios para la reducción a la mitad de la pobreza de aquí a 2015. Por esta razón, la Unión se fijó ya en 2002 un primer objetivo intermedio para el aumento de la ayuda al desarrollo en 2006. Colectivamente, la Unión quiere alcanzar un nivel de ayuda oficial al desarrollo equivalente al 0,39 % del producto nacional bruto.

El pasado mes de mayo, el Consejo aprobó la propuesta de iniciar una nueva etapa para alcanzar conjuntamente el 0,56 % en 2010, y el objetivo del 0,7 % del PNB en 2015. Son objetivos ambiciosos, lo sé, pero son realistas. No han sido fijados al azar. Celebro que cuatro Estados miembros hayan alcanzado ya este nivel de ayuda. Otros seis han indicado que desean alcanzarlo mucho antes de 2015.

Existe una definición precisa de los elementos que engloba el término «ayuda oficial al desarrollo». Fue elaborada por la OCDE y está reconocida a escala internacional. Según dicha definición, la reducción de la carga de la deuda se considera ayuda al desarrollo. La justificación es que la reducción de la deuda libera fondos antes reservados al servicio de la deuda para ponerlos al servicio del desarrollo de los países pobres.

Desde la Conferencia de Monterrey sobre la financiación del desarrollo, los flujos de ayuda de la Unión Europea han registrado un aumento con vistas a alcanzar el objetivo intermedio en 2006, y una parte considerable de ese aumento se debe a operaciones de reducción de la deuda.

No obstante, el espíritu del consenso de Monterrey dicta que la iniciativa de reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados, y cito: «debe ser financiada íntegramente con recursos adicionales». Así, en 2005, en el informe de seguimiento anual de los compromisos de la Unión en Monterrey, la Comisión indica que conviene examinar detenidamente las repercusiones que puedan tener los esfuerzos en materia de reducción de la deuda sobre los flujos de ayuda. Evidentemente, seguiremos prestando atención a ello en nuestros futuros informes de seguimiento anual. A este respecto, quiero recordar que la Unión Europea se comprometió a movilizar anualmente en torno a 66 000 millones de euros a partir de 2010. Son, pues, 20 000 millones de euros más que lo previsto para 2006. A la luz de los volúmenes de ayuda previstos, el efecto de la reducción de la deuda sobre el aumento de la ayuda oficial al desarrollo será limitado a corto y medio plazo.

 
  
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  Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Señor Comisario, observo que usted da por hecho que vamos a alcanzar el objetivo intermedio en 2006. Quiero preguntar entonces cuándo va a poder presentar usted un informe sobre este tema, y cuáles van a ser las consecuencias para aquellos países que no alcancen este objetivo, ya que si no llegamos el primer objetivo, poco podremos avanzar para alcanzar el segundo. ¿Qué proyectos adicionales, y me estoy refiriendo a proyectos financiados conjuntamente por la UE, tiene intención de proponer para ayudar a los países a alcanzar estos objetivos, y cuál será su principal foco de atención?

 
  
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  Louis Michel, miembro de la Comisión. (FR) Quizás he sido un poco confuso en mi primera intervención. Quería decir que en 2006 no solo se alcanzará lo prometido, sino que se superará: en 2006 lo haremos un poco mejor de lo que prometimos. Por decirlo de otro modo, vamos un poco adelantados con respecto al programa. Para no perder este dinamismo, que es relativo, he propuesto fijar un nuevo objetivo para 2010. Creo que lo he dicho: no es muy realista pensar que alcanzaremos el objetivo de 2010. Por desgracia, no dispongo de ningún medio de coerción para obligar a los Estados a respetar sus compromisos.

Dicho esto, creo con todo que existe hoy una cierta toma de conciencia del hecho de que el desarrollo es una política absolutamente fundamental y, en todo caso, que ya no tenemos excusa para no respetar los compromisos. Con respecto a los compromisos contraídos en el marco del Milenio, tampoco tenemos excusa. Si queremos, podemos encontrar los medios financieros. La voluntad política existe, creo. Falta traducirla en actos.

Entonces –y esta es la pregunta que usted formula– ¿cómo encontrar otros recursos? Como saben, cierto número de países han decidido ya proceder a una exacción o imponer un impuesto sobre los billetes de avión. Como saben, se habla y se ha hablado de la tasa Tobin sobre las transacciones financieras, aunque en este tema no se ha podido llegar a ningún consenso que permita seguir adelante.

Desde el punto de vista personal, debo decirles que desde luego estoy abierto a cualquier idea nueva al respecto. En un momento dado, también yo lancé la idea de un impuesto sobre el mercado de armas. No obstante, se plantea un pequeño problema moral a este respecto. El mercado legal del armamento representa un billón de dólares al año, mientras que el mercado ilegal se cifra en más de dos billones. Se plantea pues un problema: ¿vamos a gravar el mercado legal de armamento, cuando, por desgracia, el mercado ilegal escapará a ello?

Como saben, dentro de unos minutos, uno de sus colegas, el señor Rocard, debería formular una pregunta relativa a la creación de una lotería mundial. Estoy muy abierto a esa idea. Como saben también, el fruto de las multas pagadas a la Comisión por inobservancia de las normas de la competencia es tema de conversaciones. ¿Por qué no reservar esos importes al desarrollo? Hay toda una serie de opciones cuya viabilidad técnica estamos estudiando.

Créanme que tengo aún otras ideas, pero es necesario que los Estados miembros acepten ponerlas en práctica. En efecto, la mayoría de esas ideas no serán útiles o no serán realmente eficaces si solo las aplican tres, cuatro, cinco o seis países. Es necesario que el movimiento sea mucho más generalizado. En conclusión, tengo la impresión de que deberíamos poder aumentar considerablemente la ayuda al desarrollo en los próximos años.

 
  
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  La Presidenta. Pregunta nº 42 formulada por Marie-Hélène Aubert (H-0934/05)

Asunto: Elecciones en la República Democrática del Congo

En un contexto en el que la celebración de elecciones libres sigue todavía planteando tantos problemas en África debe observarse de cerca el proceso electoral en la República Democrática del Congo. En efecto, nos llega información alarmante sobre la credibilidad de las futuras elecciones: falta de transparencia del censo electoral, fraudes masivos organizados con motivo de las inscripciones en las listas electorales, inseguridad alimentada para limitar el acceso a los centros electorales esencialmente en el Este del país, y exclusión de franjas importantes de la población, en particular, de los congoleños que viven en el extranjero (de los cuales hay más de 3 millones en la Unión Europea). Estas irregularidades tendrán como consecuencias inevitables la negativa de las fuerzas políticas democráticas a participar en las elecciones y el previsible cuestionamiento de los resultados.

La Unión Europea, que apoya activamente la celebración de estas elecciones, tiene el deber de prestar atención a lo que pasa en la República Democrática del Congo. ¿De qué informaciones dispone la Comisión sobre la organización de las elecciones en la República Democrática del Congo? ¿Qué apoyo prevé prestar a su buen desarrollo? ¿Qué medidas adoptaría en caso de fraudes masivos?

 
  
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  Louis Michel, miembro de la Comisión. (FR) Señora Presidenta, la Comisión, junto con toda la comunidad internacional, sigue muy de cerca la marcha del proceso electoral en la República Democrática del Congo y la organización del mismo por parte de la comisión electoral independiente. A finales del mes de agosto de este año llevé a cabo personalmente una misión de supervisión del censo electoral para comprobar en qué condiciones se estaba efectuando. A pesar del estado ruinoso de las infraestructuras del país, el número de electores censados hasta hoy ha superado la cifra de 21 millones. Esta cifra es muy acorde con las proyecciones demográficas efectuadas sobre la base del último censo general de la población, que en la actualidad sigue siendo la base estadística más fiable para trabajar.

El censo electoral se rige por una ley específica, que establece las condiciones para poder inscribirse de forma voluntaria. Además, la Comisión electoral tomó medidas para garantizar que todos los centros de inscripción se trataran del mismo modo y que ninguna región o zona se viera penalizada por retrasos en la apertura del centro. Para darles una idea de la magnitud de las dificultades técnicas, les diré que ha habido que repartir más de 10 000 kits de registro por todo el territorio del Congo, cuando en algunos lugares ya no hay pistas, no hay carreteras, y ha habido que utilizar helicópteros. Imaginen pues la magnitud de la tarea.

Por otra parte, a fin de evitar al máximo los riesgos de doble inscripción y fraude masivo –pues esto se menciona en la pregunta–, la Comisión electoral optó, con el aval de la comunidad internacional, por el registro de los electores sobre la base de datos biométricos, la emisión inmediata de la tarjeta de elector, la exposición pública diaria de las listas de inscritos en cada oficina del censo, el empleo de tinta indeleble y la depuración de las listas de electores sobre la base de los datos biométricos. La Comisión apoya la organización del proceso electoral con una considerable aportación de 149 millones de euros, a través de un fondo fiduciario gestionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A este respecto, participa activamente en el comité de pilotaje del proyecto de apoyo al proceso electoral, que supervisa las actividades llevadas a cabo por la Comisión electoral en el marco del proyecto.

A fin de garantizar la celebración de unas elecciones conformes con las normas internacionales, la Comisión acaba de decidir el envío de una misión de observación electoral, cuyos trabajos se iniciarán con el referendo constitucional del próximo 18 de diciembre y se desarrollarán hasta el final del proceso electoral.

En esta fase, nada permite suponer la existencia de fraudes masivos en la organización y la celebración del proceso electoral. Evidentemente, al decir «masivos», debo precisar que hay que situarse en el contexto de 22 millones de inscripciones. Tengo cifras, que he recibido este mediodía, que indican que se han observado fraudes, que algunos son deliberados, que otros no se sabe si son deliberados y que también se han cometido errores. Las personas que trabajan en este tipo de registro son por lo general ciudadanos y ciudadanas congoleños que han recibido una formación por parte de la empresa suministradora de los kits y es evidente que, cuando se codifican millones de personas, hay que esperar un porcentaje de errores simplemente técnicos, errores de manipulación. Cuando se produce una equivocación en un nombre, una vez que la máquina lo ha registrado, no es posible retirarlo de inmediato. En cambio, esto se puede hacer desde el centro. Por tanto, es ahí donde se van a eliminar todas las duplicaciones entre esos 22 millones de personas que se han registrado hasta hoy. Cabe estimar, pues, que, una vez expurgadas las duplicaciones, nos encontraremos con unos 21 o 22 millones de electores legalmente inscritos, sin ninguna duplicación.

Si la misión de observación electoral comprobase la existencia de irregularidades de una importancia tal que pusiera en peligro la transparencia, la credibilidad y la representatividad del proceso, conforme a las disposiciones del Acuerdo de Cotonú, la Comisión estaría dispuesta a entablar un diálogo político reforzado para buscar medidas correctoras. Pero esto ya no es actualidad, estamos más avanzados. Voy a darles las cifras.

De hecho, los resultados de la desduplicación –para utilizar este término bastante poco elegante– en la zona operativa de Kinshasa se han presentado hoy en la reunión del comité técnico sobre el proceso electoral. De un total de 2 963 101 electores inscritos en Kinshasa, se detectaron 150 000 casos de duplicación. Hay 18 587 casos de duplicaciones técnicas –como acabo de decirles, errores de manipulación–, 10 490 casos de fraude y unos 121 000 casos de fraude potencial. El total de duplicaciones representa, pues, en torno al 5 % del total del censo.

Por lo que respecta al porcentaje de duplicaciones fraudulentas, hay que tener en cuenta que una vez localizada una duplicación, cada caso no engloba ya a una persona, sino al menos a dos. Así, incluso sumando los casos de fraude y los de fraude potencial, obtendremos un máximo del 2 % de fraude en el total del censo. Las cifras relativas a los casos de fraude potencial se conocerán la semana próxima, así como el resultado de la desduplicación en el Bajo Congo. Por tanto, todo va a depurarse de forma centralizada y se debería disponer así de una lista electoral general totalmente correcta, sin fraudes, o que en todo caso permita decir que estas elecciones, si tienen lugar, se llevarán a cabo sobre una base correcta por lo que se refiere a los electores inscritos.

También he podido comprobar sobre el terreno cómo funcionaba el proceso y debo decirles que era bastante impresionante. Todas esas personas que acababan de inscribirse y que querían inscribirse, que estaban muy contentas de hacerlo, de hecho tenían por primera vez la oportunidad de gozar de una condición jurídica con respecto a su Estado. Recibían por primera vez una tarjeta de elector, que en cierto modo hacía las veces también de documento de identidad, lo que era nuevo para ellos, que nunca habían tenido auténticos papeles. Era impresionante ver todo esto, y el hecho de haber podido registrar en las condiciones que sabemos a más de 22 millones de electores –no se ha acabado aún, todavía faltan algunos días– representa un éxito enorme, un éxito también para la comunidad internacional y, más especialmente, para la Unión Europea, que ha puesto todo su empeño en ello.

 
  
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  Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE).(FR) Gracias, señor Comisario, por sus precisiones más bien alentadoras y sumamente técnicas. Sabe usted muy bien que la ayuda al desarrollo no puede ser realmente eficaz si no reina un mínimo de democracia y de Estado de Derecho.

Por otra parte, quería formular una pregunta complementaria relativa a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Observamos una serie de acontecimientos que acreditan la existencia de importantes dificultades en este terreno, que afectan a periodistas y a cierto número de miembros de la oposición que intentan expresarse. Así pues, las listas electorales son una cosa, pero la libertad de expresión es otra. ¿Podría darnos una información más amplia sobre qué haría la Comisión si se comprobase que se están cometiendo abusos?

 
  
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  Louis Michel, miembro de la Comisión. (FR) El nivel de diálogo político que hemos alcanzado con las autoridades congoleñas nos permitiría, si fuera necesario, intervenir y sin duda convencerlas de que cambiaran de rumbo.

Por lo que respecta a la libertad de prensa, señora Aubert, no sé si ha tenido ocasión de seguir la prensa congoleña sobre el terreno. Si quiere, puedo facilitarle algunos periódicos, incluso todos los periódicos que aparecen diariamente en Kinshasa y en otras ciudades. He de decirle que la prensa congoleña se caracteriza, en su conjunto, por una libertad de expresión y una libertad para formular acusaciones contra quien le plazca –a veces a expensas mías, por cierto– que se encuentran en pocas democracias. Así pues, si hay un ámbito en el que realmente ha habido progresos muy considerables, es el de la libertad de prensa, aun cuando haya muchas otras cosas que decir, en especial sobre la gobernanza. Los periodistas, en Kinshasa y en otros lugares, gozan de plena libertad de expresión. Debo decir que sus posturas particulares no importan. Se acusa absolutamente sin ningún fundamento y, por tanto, no digo que toda la prensa sea así, pero puedo decirles que la prensa puede dar rienda suelta sobre cualquier cosa, ya sea el Presidente u otras personalidades. Por tanto, en lo que respecta a la libertad de prensa en el Congo, pienso que no plantea problemas. Hay otros problemas, enormes problemas, por lo demás, pero con toda honestidad, no tengo la impresión de que, al menos en este aspecto, haya problemas.

Por lo que se refiere a los miembros de la oposición, debo decirles que, por mi parte, no conozco, aquí y ahora, y desde hace no poco tiempo, a ningún oponente al que se le haya impedido participar en unas elecciones o, por ejemplo, crear un partido político, evidentemente siempre que cumpla los criterios. No lo creo. Ahora bien, lo que digo no debe interpretarse como si todo fuera perfecto. Simplemente, hay que medir el progreso realizado.

Yo, que sigo el problema del Congo desde hace muchos años, en particular debido a mi otro cargo, debo reconocer que nunca en los últimos años hemos estado tan cerca de poder conducir este país hacia unas elecciones democráticas y libres, y aportarle así una estabilidad. Deseo absolutamente que la Constitución se ratifique a finales de diciembre y que las elecciones se celebren en marzo o abril, a fin de respetar el último plazo prescrito. No he dicho que caiga en un optimismo beato. Digo, simplemente, que nunca hemos estado tan cerca de unas condiciones mínimas para devolver la estabilidad al Congo.

Y es cierto que estoy muy comprometido con este tema, porque considero que la estabilidad en la República Democrática del Congo sería un elemento muy importante para la estabilidad en toda la región. De todos modos, hay que comprender que África Central tiene casi la dimensión de un continente. Cuando se piensa en el número de muertes acaecidas desde 1994, cuando se piensa en los progresos realizados en Ruanda, en las elecciones que permitieron una alternancia sin problemas en Burundi –cosa bastante inesperada–, cuando veo los primeros gestos y los primeros actos del Presidente El Nkurunziza en Burundi, por ejemplo, espero que en el Congo se pueda registrar dentro de unos meses el mismo tipo de evolución.

 
  
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  La Presidenta. Las preguntas nº 43 a 45 se contestarán por escrito.(1)

Preguntas al señor Mandelson

 
  
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  La Presidenta. Pregunta nº 46 formulada por Sajjad Karim (H-0906/05)

Asunto: Mayor transparencia y responsabilidad en las negociaciones de la OMC

El comercio es una cuestión de competencia exclusiva de la UE, lo que hace esencial que los diputados europeos, como representantes elegidos, puedan llevar a cabo una supervisión completa y democrática de la política comercial de la UE. El recurso a un comité reservado no elegido, como el que se menciona en el artículo 133, que informa al Consejo de Ministros, para formular la política comercial, erosiona la autoridad legítima de los diputados al Parlamento Europeo para actuar en nombre de sus electores. Teniendo en cuenta que incluso los partidarios más fervientes del AMPA de la OMC, como el Gobierno británico, están teniendo dificultades para probar que el comercio "libre" realmente satisfará su retórica, tanto en materia de pobreza como de sostenibilidad, y las críticas del Defensor del Pueblo Europeo concernientes a la transparencia de los debates y las negociaciones comerciales, ¿qué planes tiene la Comisión para mejorar el acceso público a las negociaciones de la OMC? En particular, ¿piensa la Comisión llevar a cabo evaluaciones completas de impacto en todas las áreas de AMPA, incluidas las áreas sensibles, como la pesca y los bosques, y dar a conocer los resultados de las mismas?

 
  
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  Peter Mandelson, miembro de la Comisión. (EN) La Comisión está a favor de aumentar la transparencia y la responsabilidad de la OMC, a fin de reforzar la legitimidad de esa institución.

La UE ha avanzado una serie de propuestas para mejorar el funcionamiento de la OMC, en particular las relativas a la preparación y gestión de las conferencias ministeriales con el fin de que las negociaciones y la toma de decisiones entre el creciente número de miembros resulten más fáciles y eficientes. Por ejemplo, podría definirse mejor a corto plazo la función del país de acogida de las conferencias ministeriales. De modo similar, es necesario mejorar la capacidad de negociación de las delegaciones más pequeñas y no residentes en el proceso de Ginebra y en las reuniones ministeriales.

En cuanto al control parlamentario, la Comisión está a favor de conceder al Parlamento Europeo mayores competencias en materia de política comercial. Es por ello que ha apoyado la propuestas que sitúan al Parlamento Europeo en pie de igualdad con el Consejo por lo que se refiere a la elaboración de la política comercial en la Convención sobre el futuro de Europa.

Entretanto mantenemos al Parlamento Europeo plenamente informado sobre el desarrollo y conclusión de las negociaciones internacionales mediante una participación periódica en las reuniones tanto formales como informales del Parlamento, y a través de la transmisión de documentos al Parlamento al mismo tiempo que al Consejo, así como por medio de consultas al Parlamento sobre la principales orientaciones de la política comercial.

Sin embargo, la Comisión debe ajustarse al marco que establece el Tratado. El Comité del Artículo 133, que está formado por representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, no es un órgano decisorio, sino consultivo. La principales decisiones las adoptan en el Consejo los Ministros elegidos democráticamente.

En cuanto a la transparencia hacia el público en general, la Comisión lleva a cabo una activa política de comunicación, consistente, entre otras cosas, en la publicación de la información pertinente en su sitio en Internet, en el diálogo regular con la sociedad civil y en responder a las solicitudes de acceso a documentos formuladas por los ciudadanos.

Por lo que se refiere a las evaluaciones de impacto de sostenibilidad, estas se realizaron en 2002 y 2003 para el primer lote de los sectores NAMA, es decir, productos textiles y confección, productos farmacéuticos y metales no ferrosos. Los resultados se publicaron en el sitio web de la Universidad de Manchester en 2003, junto con propuestas de ajuste en aquellos segmentos en que se observaron desequilibrios, tanto internos como en terceros países.

Asimismo se ha elaborado un estudio sobre previsiones, cuyos resultados se han publicado en el mes de junio de 2005. Se ha iniciado un segundo lote de estudios sobre otra serie de sectores NAMA que incluirá el sector de la pesca. Los resultados de este segundo lote se publicarán probablemente durante el primer semestre del año próximo.

 
  
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  David Martin (PSE). – (EN) Me alegro que el Comisario tenga la intención de mantener el Parlamento informado. ¿Se compromete a mantener plenamente informado a la Delegación del Parlamento para las negociaciones de Hong Kong a medida que se desarrollen las conversaciones en el seno de la OMC, de modo que pueda desempeñar un papel activo en dichas conversaciones y sirva de conducto para transmitir información al publico y garantizar una total transparencia?

 
  
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  Peter Mandelson, miembro de la Comisión. (EN) Eso es muy importante. Se han creado amplios dispositivos para la Delegación del Parlamento Europeo, no solo para que nos acompañe a Hong Kong, sino para que nos reunamos diariamente y para mantenerla informada. De hecho, acabo de escribir una carta al Presidente de la Comisión de Comercio Internacional en la que le informó que habrá sesiones informativas cada mañana.

Es muy importante señalar que el proceso de Hong Kong no será oscuro y abstracto. Influirá en la vida cotidiana y las oportunidades de empleo de miles de millones de personas. Nuestra tarea es asegurar que el público comprenda y apoye lo que estamos negociando en esta reunión ministerial tan importante.

 
  
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  James Hugh Allister (NI). – (EN) Señor Comisario, podría pedirle que centrara su atención durante un instante en un aspecto importante de las conversaciones en el marco de la OMC, a saber, la idea que muchos tienen de que la agricultura será el chivo expiatorio en estas conversaciones.

La reforma de la PAC se presentó como un medio de proteger los aranceles agrícolas de nuevos ataques. Se nos dijo que la agricultura estaría segura en la OMC. Y ahora resulta que usted ha hecho una oferta, con cierta precipitación, para reducir dichos aranceles en un porcentaje considerable. Me pregunto si se ha tenido en cuenta el grave peligro que correrá la agricultura en muchas regiones, como la mía, que usted conoce bien, si continúa este proceso.

 
  
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  Peter Mandelson, miembro de la Comisión. (EN) Resulta demasiado tentador decir que si su Señoría convenciese a todas las personas con que negociamos en la OMC que estamos recortando drásticamente nuestros aranceles agrícolas, les convencería mucho mejor que yo del peso de nuestra oferta en materia agrícola. Por supuesto hemos presentado una oferta perfectamente creíble y seria respecto a los aranceles agrícolas, que va acompañada de las propuestas que hemos hecho en relación con los subsidios internos y la eliminación de las subvenciones a la exportación. Estas propuestas son proporcionadas y están firmemente arraigadas en el paquete de las actuales reformas de la PAC y no abandonan ese ámbito. Representan lo que se nos pide que hagamos. Aceptamos el mandato original de Doha, y a continuación firmamos el acuerdo marco el verano pasado, en el que se nos invita a adoptar medidas que mejoren considerablemente el acceso al mercado de los productos agrícolas. Y considero que eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, no estamos corriendo riesgos y no ponemos en peligro ni amenazamos el modo de subsistencia de los agricultores y las comunidades de agricultores de Europa. Lo demás son tonos alarmistas a los que no me puedo unir.

 
  
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  Paul Rübig (PPE–DE). – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, si las negociaciones que se van a celebrar en Hong Kong según el sistema multilateral fracasan –lo cual es una posibilidad real, aun cuando sea lo último que todos deseamos– ¿cree usted que resultaría más sencillo o más difícil establecer una zona de libre comercio entre Europa y los Estados Unidos de América?

 
  
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  Peter Mandelson, miembro de la Comisión. (EN) No puedo imaginarme nada más difícil y quizá más doloroso que negociar una zona de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. No obstante, estoy plenamente convencido que tenemos margen para derribar algunos de los obstáculos no arancelarios que impiden el crecimiento del comercio y la inversión entre ambos lados del Atlántico.

Como sabe su Señoría, este tema me interesa sobremanera. Me preocupan en particular las diferencias reglamentarias, la falta de convergencia y los obstáculos interpuestos debido a las diferencias y la frecuente incompatibilidad entre los distintos ordenamientos jurídicos de Europa y los Estados Unidos. Sin embargo, ambos ordenamientos jurídicos se basan en la tradición, en prácticas anteriores, y sospecho que los europeos no tendremos más éxito si decimos a los estadounidenses cómo deben reformar sus ordenamientos jurídicos que si ellos vinieran a decirnos cómo deberíamos gestionar los nuestros. Sin embargo, espero que con un diálogo paciente y la negociación podremos introducir algunas mejoras necesarias e importantes que beneficiarán a nuestras empresas y, por consiguiente, al empleo y a los modos de subsistencia a ambos lados del Atlántico.

 
  
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  La Presidenta. Pregunta nº 47 formulada por Hélène Goudin (H-0909/05)

Asunto: Reducciones arancelarias aplicadas al camarón procedente de Tailandia

La Comisión ha introducido reducciones arancelarias del 12 % al 4,2 % aplicables al camarón procedente de Tailandia. Estas reducciones estaban previstas en un principio para el 1 de julio del año en curso, pero se adelantaron al 1 de abril como consecuencia de la devastación del tsunami. Se trataba de ayudar a Tailandia mediante dichas reducciones a recuperarse desde el punto de vista meramente económico. Anteriormente, el Consejo había acordado que la ayuda de la UE a los países víctimas del tsunami debía contribuir a reducir la vulnerabilidad ante otras posibles catástrofes naturales futuras. Se critica que las reducciones arancelarias aplicables al camarón procedente de Tailandia son contrarias al acuerdo del Consejo. El motivo es que los cultivadores de camarón están talando bosques de mangle cercanos a las playas para preparar el terreno para el cultivo de camarón. Los bosques de mangle suponen una importante protección contra tormentas, inundaciones y tsunamis. La asociación sueca para la protección de la naturaleza, Svenska Naturskuddsföreningen, ha afirmado que las consecuencias del tsunami habrían sido menos graves si no se hubieran destruido los bosques de mangle en favor del cultivo de camarón.

¿Piensa la Comisión que las ayudas al cultivo de camarón en forma de reducciones arancelarias son conformes con el acuerdo del Consejo arriba mencionado? ¿Ha analizado la Comisión las consecuencias del cultivo de camarón en Tailandia, en lo que respecta a la devastación de bosques de mangle?

 
  
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  Peter Mandelson, miembro de la Comisión. De conformidad con el Sistema de Preferencias Generalizadas vigente –SPG, el sistema de concesiones arancelarias unilaterales concedidas a 180 países en vías de desarrollo que se aplicará hasta el 1 de enero de 2006, las importaciones de productos pesqueros, incluidas las gambas y langostinos procedentes de los principales competidores de Tailandia, Indonesia, Malasia y Brasil– gozan de un derecho reducido del 12 % al 4,2 %. Tailandia quedó excluida de las preferencias del SPG para los productos pesqueros a partir del 1 de enero de 1999 debido a la gran competitividad que tienen estos productos en el mercado de la UE.

El nuevo SPG que el Consejo adoptó el 27 de junio de 2005 se basa en criterios distintos y es más generoso con todos los beneficiarios del SPG, incluyendo con los países afectados por el tsunami, como Tailandia. De este modo, Tailandia volverá a beneficiarse a partir de enero de 2006 de derechos reducidos para sus productos pesqueros en virtud del nuevo SPG. Este cambio se debe al deseo de la Comisión y del Consejo de ayudar a los países afectados por el tsunami.

La Comisión tiene conocimiento de las objeciones que se hacen al cultivo de langostinos en el Sudeste Asiáticos y es conciente de los efectos que tiene la destrucción de los manglares para crear lagunas. Por ello, la Comisión apoya el desarrollo sostenible de la gestión de las zonas costeras de Asia a través de la transferencia de buenas prácticas y de soluciones medioambientales de Europa a Asia.

La Oficina de Cooperación EuropeAid de la Comisión ha destinado hasta ahora fondos para tres proyectos destinados a rehabilitar manglares en las zonas afectadas por el tsunami de Indonesia, Sri Lanka y Tailandia por medio de un programa Asia Pro Eco posterior al tsunami. Además, este programa contribuirá a proteger la producción de gambas –que es uno de los sectores que pueden acogerse al programa–, pues está destinado a desarrollar la gestión ambiental en las zonas costeras dedicadas a la acuicultura.

 
  
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  La Presidenta. Pregunta nº 48 formulada por Ilda Figueiredo (H-0930/05)

Asunto: Dificultades en el sector del calzado

Como es sabido, el sector del calzado está atravesando una época de graves problemas derivados de la liberalización del comercio internacional, lo que afecta sobre todo a los países de economía más frágil, como Portugal, cuyas zonas del Norte se ven amenazadas por un fuerte desempleo y por el estrangulamiento de su desarrollo, como he podido verificar recientemente. Ha resultado particularmente grave la eliminación del sistema de cuotas a las importaciones provenientes de China, uno de cuyos indicios más claros es la reducción del precio medio de importación en aproximadamente un 50 %.

¿Puede informar la Comisión de las medidas que piensa tomar, en particular respecto a la investigación antidumping solicitada por la Confederación Europea de la Industria del Calzado?

 
  
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  Peter Mandelson, miembro de la Comisión. (EN) La Comisión es consciente de la evolución reciente de las importaciones de calzado procedente de China y Vietnam a la Comunidad. En ese contexto, la Comisión recibió este año diversas reclamaciones de la industria comunitaria del calzado, en las que se recogían datos convincentes que indicaban que dicha industria estaba siendo afectada por los efectos adversos provocados por los precios de dúmping de las importaciones de calzado a la Comunidad.

La Comisión actuó con presteza e inició dos investigaciones antidúmping. La primera se refiere a las importaciones de calzado provisto de puntera originarias de China e India. La segunda se refiere a las importaciones de calzado con empeine de cuero procedentes de China y Vietnam.

El objetivo de dichas investigaciones es determinar si estas importaciones se realizan por debajo del precio de coste y tienen repercusiones negativas para la situación económica de la industria del calzado de la Comunidad. Estas investigaciones evaluarán igualmente las consecuencias y posibles efectos negativos de las medidas que puedan tomarse sobre los demás operadores económicos de la Comunidad.

Estas investigaciones han dado algunos resultados. Actualmente la Comisión está analizando la cuestión del tratamiento de economía de mercado de estos exportadores, la definición de las diferentes categorías y modelos de estos productos, si se trata de un caso de dúmping, los efectos que tienen estas importaciones sobre la industria del calzado de la Comunidad y la posición de los distribuidores, minoristas y consumidores. Todo ello está en marcha. Como no podía ser de otra forma, se trata de un caso sumamente complejo. En vista de los enormes problemas técnicos que plantea la existencia de cientos de operadores económicos y un producto que tienen miles de modelos diferentes, es demasiado pronto para pronunciarse sobre el posible resultado.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Son muchas las pequeñas y medianas empresas que ya están cerrando o a punto de hacerlo. Esto agudiza el problema del paro en las zonas en cuestión –como en mi país, por ejemplo, y en una serie de otros países europeos meridionales– y dificulta seriamente el desarrollo en dichas zonas. Si el proceso no avanza pronto, tal vez sea demasiado tarde. Por tanto, quisiera preguntarle cuánto tiempo tendrán que esperar las zonas afectadas de forma más severa, antes de que se habiliten medidas prácticas y eficaces, como la cláusula de salvaguarda.

 
  
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  Peter Mandelson, miembro de la Comisión. (EN) La investigación concluirá en el plazo establecido, aunque no puedo decir cuándo lo hará. La Comisión puede adoptar medidas provisionales en un plazo entre dos y nueve meses a partir del inicio de la investigación.

Quiero recalcar que se trata de una cuestión sumamente compleja, mucho más de lo que se preveía en un principio, cuando comenzó la investigación. Debemos evaluar con precisión y detenimiento no solo el efecto sobre los intereses de la Comundiad, sino también los efectos que tendrían las medidas antidúmping sobre diversos productores y operadores económicos de este sector. Algunos productores comunitarios producen igualmente fuera de la Comunidad.

Algunos productores comunitarios han mantenido sus actividades de investigación, diseño y desarrollo en la Comunidad, pero adquieren productos de diversas fuentes, como China y Vietnam, pero también Rumanía, Bulgaria y Brasil, así como Italia, Eslovaquia y otros Estados miembros. Estos productores dan trabajo a un número considerable de personas a través de estas otras actividades económicas.

Así pues, esto deja claro que debemos ser muy cautos en nuestra evaluación, y podría mencionar otros elementos que complican aún más este tema. No tenemos una serie de productores europeos homogéneos que tengan una serie de intereses claramente identificables y cuantificables. Los productores tienen diversos intereses y nosotros tenemos que garantizar, tras evaluar si se trata de prácticas de dúmping, qué consecuencias tendrían las posibles medidas sobre los intereses de los distintos productores.

 
  
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  David Martin (PSE). – (EN) Me complace y me reconforta escuchar la respuesta del Comisario, pues conozco la posición de los minoristas europeos que han invertido cantidades considerables en Asia, han mejorado las condiciones de salud y seguridad, así como las condiciones de trabajo en países asiáticos y ofrecen ventajas económicas tanto a los trabajadores asiáticos como a los minoristas europeos. ¿Señor Comisario, está usted de acuerdo en que no sería justo que estas empresas se vieran obligadas a pagar derechos antidúmping?

 
  
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  Peter Mandelson, miembro de la Comisión. (EN) Su Señoría ha mencionado uno de estos tipos de productor europeo cuyos intereses debo tener en cuenta. Sin duda no será fácil encontrar una solución equilibrada y justa a esta situación tan compleja y, hablando francamente, la Comisión necesitará mucho ingenio y flexibilidad para resolver este caso de un modo aceptable para los Estados miembros y los operadores económicos.

Ahora bien, los Estados miembros recibirán en breve una propuesta de mis servicios para que no concedan trato de economía de mercado a los exportadores vietnamitas, ya que entre estos todavía se encuentran muy extendidos la intervención pública, los subsidios y otras distorsiones de la competencia. La Comisión no ha llegado a resultados por lo que respecta a China.

 
  
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  Anne E. Jensen (ALDE). – (DA) Señora Presidenta, yo también quiero dar las gracias al señor Mandelson por salir en defensa del libre comercio y manifestarse en favor de aquellas industrias que se benefician del mismo. En relación concreta con este asunto, me gustaría saber por qué la investigación antidúmping también incluye el calzado deportivo, que ha estado exento del cumplimiento del Reglamento 467/98 y, con carácter general, ha estado exento de todas las restricciones a la importación durante muchos años. Da la impresión de que la Comisión se ha asustado al verse sometida a esta presión por las fuerzas en la UE que temen a la libre competencia. ¿Puede confirmar el señor Comisario que eso no es así?

 
  
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  Peter Mandelson, miembro de la Comisión. (EN) Su Señoría ha puesto el dedo en la llaga. No debe suponer que se impondrán derechos antidúmping a estos productores de prendas deportivas. Primero tengo que estar seguro de que existe un competidor comunitario directo que produzca dichas prendas. Por consiguiente, no estoy seguro de cuál es el interés comunitario que se está viendo afectado en ese segmento del sector. Sin embargo, la investigación prosigue. Espero que en breve podamos llegar a una conclusión respecto al sector al que menciona su Señoría.

 
  
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  La Presidenta. Las preguntas nº 49 a 53 se contestarán por escrito.(2)

Preguntas al señor Špidla

 
  
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  La Presidenta. Pregunta nº 54 formulada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0890/05)

Asunto: Previsión de reestructuraciones

¿De qué medios se sirve la Comisión para prever las reestructuraciones de empresas y la futura evolución económica y laboral en cada sector del mercado y en cada tipo de puesto de trabajo, en particular en las regiones insulares, agrícolas y periféricas?

¿Influyen en estas previsiones las obligaciones y acuerdos bilaterales e internacionales de la UE?

¿Mediante qué mecanismos piensa asegurar la Comisión el desarrollo sostenible de estas regiones, el mantenimiento de su tejido social, en particular la adaptación de los trabajadores a nuevos empleos, y la programación de la formación de las nuevas generaciones?

 
  
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  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) Señora Presidenta, Señorías, las actividades de la Comisión en el campo de la reestructuración se ejecutan a escala paneuropea. No dispone de instrumentos especiales para predecir la reestructuración de empresas y los desarrollos económicos y laborales futuros en cada sector del mercado y en cada tipo de trabajo en regiones insulares, rurales y periféricas. Si bien cada Estado miembro tiene acceso a instrumentos para controlar los diferentes sectores y su propio mercado laboral, la Comisión solo puede controlar sectores o regiones específicas a escala individual. La comunicación de la Comisión de 31 de marzo de 2005 sobre reestructuración y empleo brindó a los interlocutores sociales la oportunidad de exponer a la Comisión sus opiniones sobre este asunto. Además, en su comunicación de 5 de octubre sobre política industrial, la Comisión hacía referencia a determinados sectores industriales en los que podrían producirse cambios estructurales en el transcurso de los próximos años. Por consiguiente, tenemos que ser capaces de adelantarnos a estos cambios y facilitarlos a nivel regional, nacional y europeo. El sector terciario puede resultar también afectado por la reestructuración y se precisan estudios en profundidad sobre este tema.

La Comisión está trabajando con el Observatorio Europeo del Cambio (EMCC), con sede en Dublín, y está participando activamente en sus proyectos, enfocados a diversos sectores y a controlar la reestructuración. Los compromisos adquiridos por la Unión Europea y los tratados que ha firmado con carácter bilateral e internacional tienen un impacto sobre determinados aspectos clave de la reestructuración, como el grado en que se realiza la apertura de los mercados, el acceso a los mercados, la innovación tecnológica y la posibilidad de compartir la tecnología, así como las cláusulas sociales en este tipo de tratado. La Comisión dispone de ciertos instrumentos para promocionar el desarrollo sostenible de las regiones, incluida sobre todo la Estrategia Europea para el Empleo, el Fondo Social Europeo en el caso de la inversión en capital humano y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el caso de la inversión en infraestructura, la inversión productiva y el desarrollo de potencial endógeno.

Los Fondos Estructurales proporcionan asistencia en forma de programas estratégicos a medio plazo, dirigidos a predecir y gestionar mejor los desarrollos industriales, así como a minimizar su impacto sobre los trabajadores. Con esto en mente, las propuestas de la Comisión para el período de programación 2007–2013 asignan prioridades al control y la gestión del cambio, en función de los objetivos de competitividad y empleo. El resultado de todo ello será centrar la atención en tres asuntos clave; las principales desigualdades que existen en el campo del empleo, el ritmo cada vez más acelerado de la reestructuración económica y social, provocado por la globalización y el desarrollo de una economía basada en el conocimiento, y los cambios demográficos que se traducirán en un envejecimiento de la población trabajadora.

Este Reglamento prevé, entre otras cosas, una reserva para contingencias del 1 % para las regiones de convergencia y del 3 % para otras regiones. Esto va a permitir a los Estados miembros hacer uso de los Fondos para gestionar mejor la reestructuración económica y social y manejar mejor las consecuencias de la apertura del mercado global. Adicionalmente, la Comisión ha propuesto hace poco crear un fondo de ajuste para la globalización, dirigido a subsanar cualquier efecto adverso de la reestructuración. Si se crea este fondo, servirá para apoyar a los trabajadores afectados por las crisis derivadas de la globalización.

Por lo que concierne a la educación de las generaciones futuras, los programas educativos europeos Erasmus, Sócrates y Leonardo permiten a miles de jóvenes estudiar en el extranjero. Además, los programas marco para investigación con fondos de la UE permiten financiar proyectos clave a escala de la UE, sobre todo en el campo del empleo, la educación, la formación profesional y la innovación, y estos proyectos allanarán el camino para otras medidas.

 
  
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  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE).(EL) Señora Presidenta, agradezco al señor Comisario su respuesta muy esclarecedora.

Yo quería preguntar concretamente si tiene pensado de dónde va a salir la financiación para este fondo previsto para reforzar las reestructuraciones, y si se ha pensado hacer públicas todas estas medidas auxiliares, con la idea de fortalecer la confianza de los europeos en los desarrollo y evitar que se vean sumidos en el desánimo a la vista del fenómeno de la globalización.

 
  
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  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. – (CS) Lo cierto es que los fondos de los que dispone actualmente la Comisión le permiten responder ya a determinados cambios imprevistos. Por poner un ejemplo bien conocido, recientemente han sido despedidos 5 000 trabajadores en Rover en un período breve de tiempo. La Comisión ha hecho uso de los Fondos Estructurales para intervenir, y esta intervención ha sido calificada universalmente como un éxito. Huelga decir que este caso se salía de lo normal, ya que solo afectaba a una planta de fabricación en un país. Los recientes cambios en Electrolux son un ejemplo de problemas interrelacionados, provocados por una importante reestructuración del sistema, afectando a más de un país. De momento carecemos de instrumentos eficaces para afrontar casos de este tipo, razón por la cual se ha planteado la idea de un fondo para subsanar los efectos de la globalización y la reestructuración. Su finalidad no consiste en proteger empresas no competitivas, sino permitir a las personas damnificadas por una reestructuración encontrar una nueva forma de ganarse la vida. Si se me permite recurrir a una metáfora, nuestro objetivo no consiste en salvar un barco que se va a pique, sino rescatar a la tripulación y llevarla a otro barco o a tierra firme, de manera que puedan continuar su vida.

El fondo busca promover la inversión en capital humano y en aprendizaje permanente, así como la firma de acuerdos sobre empleo y asociaciones para la innovación a nivel nacional, regional y local. También pretende subvencionar el desarrollo de sistemas e instrumentos que faciliten predecir el cambio social y económico, alentar una mayor flexibilidad de los trabajadores y las empresas afectadas por la reestructuración, y fomentar las capacidades administrativas y la productividad de todos los participantes, por ejemplo, mediante la formación de gerentes implicados en el cambio. Será posible utilizar instrumentos que ya existen a nivel nacional, como los usados por el Fondo Social Europeo, para llevar a la práctica el mencionado fondo.

 
  
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  La Presidenta. Pregunta nº 55 formulada por Joachim Wuermeling (H-0899/05)

Asunto: Libertad de circulación de los trabajadores

A finales de septiembre, en una reunión con los interlocutores sociales, el Comisario responsable de empleo, asuntos sociales e igualdad de oportunidades, Vladimir Spidla, se pronunció acerca de la libre circulación de los trabajadores. Según algunos informes, la Comisión pretende eliminar tan pronto como sea posible las restricciones para las personas procedentes de los países del Este que buscan empleo.

Sin embargo, visto que en las regiones de los nuevos Estados miembros existe un desnivel extremadamente importante en los salarios, el aplazamiento de la libre circulación de los trabajadores y servicios reviste una importancia especial.

¿Tiene ya la Comisión un plan concreto para eliminar las restricciones para las personas procedentes de los países del Este que buscan trabajo? En tal caso, ¿cuándo se eliminarán dichas restricciones?

 
  
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  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. – (CS) Señorías, cuando se firmaron los tratados de adhesión, se acordó que se adoptaría la política de «2+3+2» durante los periodos de transición. Una forma de ver estos múltiples períodos de transición, o intervalos en los que se pueden efectuar comprobaciones para decidir si tiene sentido ampliarlos, es considerarlos motivados por un deseo de firmar los tratados de adhesión y poner fin a los períodos de transición, ya que estos últimos podrían imposibilitar la consecución de la plena libertad de movimiento para trabajadores dentro de un período de tiempo lo más corto posible.

La obligación actual de la Comisión consiste en presentar un informe evaluando el impacto de los períodos transitorios en sus primeros dos años. Nuestro objetivo consiste en elaborar un informe que sea creíble y absolutamente fiable en términos de metodología, y que tenga en consideración todos las circunstancias circundantes, incluido el hecho de que algunos países comparten fronteras con los nuevos Estados miembros. Debo decir que concedo un gran valor a este informe. Además de proporcionar una base sólida para la toma de decisiones en un tema tan sensible, tiene que servir de plataforma para ulteriores tareas y evaluaciones a tres años vista. Llegado ese momento se adoptarán de nuevo decisiones en línea con el tratado, ya que habrán transcurrido cinco años desde el comienzo del período de transición, y habrá bastante menos margen de maniobra entonces que al cabo de dos años solamente. Redunda en nuestro interés, por no decir en nuestro interés supremo, conceder la debida consideración a todas las circunstancias relevantes que rodean este tema tan sensible, incluida la ubicación geográfica de los distintos países.

 
  
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  Manfred Weber (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, deseo expresarle mi más sincero agradecimiento al señor Comisario por sus comentarios, así como por su garantía de que el informe será equilibrado. Quisiera plantear la siguiente pregunta adicional. ¿Por qué las declaraciones públicas efectuadas por usted y su equipo han dado a entender que ya se ha adoptado una decisión, y por qué existe tal urgencia para conceder la libertad de movimiento?

Todos estamos de acuerdo en que la libertad de movimiento es nuestro objetivo, y nosotros también defendemos este principio fundamental de la Unión Europea. Pero el punto clave consiste en garantizar que se tienen debidamente en cuenta los intereses de todas las partes afectadas. Así pues, repito mi pregunta: ¿por qué ha adoptado ya una decisión en este asunto?

 
  
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  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. – (CS) En cierta forma ya he contestado a esta pregunta en mi anterior respuesta, pero creo que tiene una importancia tal que merece una contestación más pormenorizada. El tratado de adhesión dividió los períodos de transición en ciertas fases, sobre la hipótesis de que estarían sujetas a evaluaciones en profundidad. El objetivo implícito de estas fases intermedias consiste en poner fin a los períodos transitorios, y cuanto antes, mejor. Creo firmemente que el libre movimiento de los trabajadores es una de las principales fuerzas motrices del crecimiento económico de la Unión Europea, y con ello también me estoy refiriendo a la creación de puestos de trabajo. De todo ello se desprende que se trata de un asunto de interés público.

Por el contrario, también soy muy consciente de que es un asunto enormemente delicado. Reitero el comentario de que nuestro objetivo consiste en presentar un informe que sea considerado un documento de autoridad; me refiero a que esté por encima de toda crítica desde el punto de vista metodológico. Los distintos países adoptarán, como es natural, sus propias decisiones en línea con el tratado, y podrán decidir qué es válido para ellos sobre la base de los hechos. No es, en forma alguna, intención de la Comisión romper u ocasionar la destrucción del mercado laboral en ningún país. Sin embargo, el objetivo de los tratados de adhesión consiste en crear un mercado común y lograr el libre movimiento de los trabajadores dentro de este mercado común, ya que es uno de los cuatro valores esenciales defendidos en la Unión Europea y que sustentan el concepto de la integración europea. En vista de lo anterior, creo que debemos actuar con la debida agilidad y con el valor necesario, tras haber ponderado toda la información relevante. Huelga decir que la responsabilidad de la toma de la decisión recae en los Gobiernos.

 
  
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  Claude Moraes (PSE). – (EN) Señor Comisario, gracias por reiterar su compromiso de respetar el principio de libre circulación de trabajadores. Estoy totalmente de acuerdo con usted.

Sin embargo, me gustaría preguntarle si tiene pensado investigar o analizar, desde la perspectiva de la Comisión, la decisión adoptada por el Reino Unido y otros países de abrir sus mercados de trabajo a la libre circulación de trabajadores de forma inmediata, por oposición a aquellos países que han impuesto limitaciones a dicha circulación. ¿Tiene previsto hacer algo en este sentido y podría decirnos si se trata de una idea viable?

 
  
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  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. – (CS) No cabe ninguna duda de que la experiencia obtenida por el Reino Unido, Irlanda y Suecia constituye una valiosa fuente de información a la hora de evaluar el impacto de cualquier finalización o incumplimiento de los períodos transitorios. Es necesaria una evaluación minuciosa de estas experiencias, la cual bien puede implicar el uso de determinados estudios.

 
  
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  La Presidenta. Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas, las preguntas nº 56 a 90 se contestarán por escrito.(3)

El Turno de preguntas queda cerrado.

(La sesión, suspendida a las 20.00 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

 
  
  

PRESIDENCIA DEL SR. SARYUSZ-WOLSKI
Vicepresidente

 
  

(1) Cf. Anexo “Turno de preguntas”.
(2) Cf. Anexo “Turno de preguntas”.
(3) Cf. Anexo “Turno de preguntas”.

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