Acta literal de los debates

Miércoles 16 de noviembre de 2005 - Estrasburgo

18. Turno de preguntas (preguntas al Consejo)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día se procede al Turno de preguntas al Consejo (B6-0339/2005).

  El Presidente. Pregunta nº 1 formulada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0889/05)

Asunto: Previsión de reestructuraciones

¿Cómo evalúa el Consejo las repercusiones de los acuerdos bilaterales e internacionales y de las obligaciones de la Unión Europea en la evolución del mercado europeo en materia de deslocalizaciones y reestructuraciones de empresas, en particular en las regiones insulares, agrícolas y periféricas de la UE?

¿Existen previsiones sobre las reestructuraciones de empresas y sobre la futura evolución económica y laboral en cada sector del mercado y en cada tipo de puesto de trabajo en estas regiones?

¿Mediante qué mecanismos piensa asegurar el desarrollo sostenible de estas regiones, el mantenimiento de su tejido social, en particular la adaptación de los trabajadores a nuevos empleos, y la programación de la formación de las nuevas generaciones?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Señor Presidente, soy consciente de que al hablar a sus Señorías también lo ha hecho, sin duda alguna, a la Presidencia, y por tanto intentaré que mis respuestas tengan la brevedad apropiada, dado el número de preguntas que se nos han formulado.

En respuesta a la pregunta nº 1 diré que la evaluación del impacto de los acuerdos internacionales sobre los traslados y reestructuraciones de empresas no es competencia del Consejo. El Consejo no tiene ninguna previsión sobre la reestructuración de empresas. El Fondo Social Europeo es la principal herramienta con que la Unión Europea apoya las políticas de empleo de los Estados miembros en el marco de la estrategia europea de empleo. Creado por el Tratado de Roma, es el Fondo Estructural más antiguo.

El Fondo Estructural respalda medidas encaminadas a mejorar las oportunidades de empleo y a desarrollar recursos humanos y la integración en el mercado laboral a fin de promover un elevado nivel de empleo, la igualdad entre hombres y mujeres, el desarrollo sostenible y la cohesión económica y social.

Además, el Consejo impulsará el debate de las propuestas de la Comisión de crear un fondo de ajuste para la mundialización, que podría ayudar a los afectados por la reestructuración económica. El desarrollo rural también contribuye a la disponibilidad de financiación de la Unión Europea, paralela a la financiación nacional, para el desarrollo de las zonas rurales. Entre 2007 y 2013, este dinero se centrará en el aumento de la competitividad de la agricultura, la alimentación y la silvicultura europeas, la gestión de la tierra y el medio ambiente, la calidad de vida y la diversificación en las zonas rurales. De este modo, el Fondo Estructural Europeo y la financiación del desarrollo rural proporcionan las herramientas que ayudan a los trabajadores a ajustarse a las situaciones mencionadas por su Señoría.

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, quisiera preguntar al representante del Consejo si el fondo de reestructuración tendrá fondos específicos y si la Presidencia británica ya ha usado el método abierto de coordinación para hacer nuevas propuestas para la gestión de las reestructuraciones.

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Empezaré por el aspecto básico, que es, claramente, la supeditación del nivel de financiación a la conversación más amplia sobre la futura financiación de la Unión Europea. A lo largo de la tarde hemos celebrado un debate largo y útil que, aunque aparentemente centrado en la reunión informal en Hampton Court de los Jefes de Gobierno, en realidad ha derivado en la cuestión de la futura financiación.

Simplemente quiero reiterar los aspectos planteados por el Ministro de Exteriores cuando ha dicho antes esta tarde que nuestros esfuerzos por llegar a una conclusión en los debates sobre la futura financiación en el curso de la Presidencia británica son sinceros. No obstante, los datos específicos de programas concretos dependen naturalmente de la resolución de dicha cuestión.

  El Presidente.

Pregunta nº 2 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0892/05)

Asunto: Fiscalidad del tráfico aéreo de pasajeros

¿Qué incidencia puede tener sobre el mercado interior la adopción de medidas nacionales divergentes sobre fiscalidad del tráfico aéreo de personas y qué medidas cabe adoptar para armonizar esas medidas?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Los datos relativos al efecto sobre el mercado internacional de las medidas nacionales para fiscalizar el tráfico aéreo de personas son limitados.

Si los Estados miembros aprobaran medidas nacionales para fiscalizar el tráfico aéreo de personas que fueran incompatibles con el mercado interior, la Comisión podría proponer medidas y el Consejo aprobarlas previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, de acuerdo con el artículo 93 del Tratado por el que se establece la Comunidad Europea. Sin embargo, sigue siendo un derecho de los Estados miembros establecer tipos impositivos de acuerdo con sus propias circunstancias nacionales.

  Manuel Medina Ortega (PSE). – (ES) Gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo, por su contestación. La pregunta, sin embargo, versa sobre la incidencia que la introducción de cualquier tipo de fiscalidad sobre el tráfico aéreo de personas va a tener en el mercado interior. Usted es de una isla, yo también; esta medida, aunque no afectaría a los países que solo tienen una estructura continental, sí afectaría, y muy negativamente, a las regiones insulares y, sobre todo, a aquellas que están muy alejadas del núcleo central de la Unión Europea. Por tanto, este es un tema que probablemente merezca la consideración del Consejo, de acuerdo con la Comisión.

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Sin duda no quiero dejar la impresión en esta Cámara de que de alguna manera el Reino Unido por su geografía está aislada del núcleo central de la Unión Europea. De hecho, espero que muchos de nuestros esfuerzos durante el curso de la Presidencia hayan desmentido esa impresión.

Tal y como propuse en mi respuesta inicial, los Tratados prevén que la Comisión adopte medidas cuando lo estime necesario. Sin embargo, sigue correspondiendo a los Estados miembros individuales adoptar decisiones en relación con la fiscalización, como he intentado declarar. Si su Señoría sugiere que es preciso adoptar más medidas en el ámbito de los Estados miembros o escala europea, no estoy seguro de que esto se refiera necesariamente a cuestiones de fiscalidad distintas de otras soluciones políticas posibles de los problemas que dice haber detectado.

  Joseph Muscat (PSE). – (MT) Gracias, señor Presidente. Creo que sería un error que siguiéramos examinando esta cuestión estrictamente desde el punto de vista de los impuestos; también debemos mirarla desde la perspectiva de la libre circulación de personas y servicios, dos de las libertades esenciales de la Unión Europea. Permítame poner como ejemplo mi propio país, Malta. Comprar un billete de Malta a Bruselas cuesta unos 104 euros si se consigue un buen precio; los impuestos y recargos ascienden a 126 euros, es decir, el 121 % del precio; entre Malta y Londres, el 200 % del precio son impuestos y otras «cargas». Tenemos que tomarnos esto en serio, no es posible que viajar, especialmente desde lugares remotos y aislados, se considere en modo alguno una forma de lujo. Si no podemos ir al «continente Europa» en coche, ¿qué podemos hacer entonces, nadar? Esto significa que tenemos que examinar esta cuestión desde la perspectiva de la libre circulación.

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Simplemente quiero reiterar la cautela que he destacado antes respecto de la competencia legítima del Consejo en esta materia. Como he dicho, está previsto que la Comisión adopte medidas en circunstancias especiales, y el señor Muscat tiene razón al reconocer que la libre circulación de servicios es un elemento del Tratado de Roma original.

No obstante, a fin de contrarrestar la interpretación bastante negativa que ha hecho de la posición actual con respecto a las tarifas aéreas en un Estado miembro en particular, es importante reconocer que algunas de las medidas adoptadas en el ámbito de la Unión Europea en los últimos años han propiciado caídas muy drásticas del precio de los billetes que se cobran a los ciudadanos de la Unión Europea para viajar a cualquier lugar de la Unión Europea. Esta mañana he tenido la oportunidad de viajar a Budapest para conocer de primera mano que actualmente existen diecisiete vuelos diarios entre una serie de aeropuertos regionales del Reino Unido y Hungría. Esto habría sido inconcebible hace unos años, y la Unión Europea merece un reconocimiento por su contribución a la creación de nuevas oportunidades de viajar que se brinda a muchos ciudadanos, que las han disfrutado en los últimos meses y años.

  Philip Bradbourn (PPE-DE). – (EN) El mes pasado formulé una pregunta para esta sesión del Turno de Preguntas al Consejo sobre un asunto relacionado, el impuesto sobre el queroseno en la Unión Europea. En respuesta a la pregunta de cuál era la posición del Consejo con respecto al impuesto sobre el queroseno en la Unión Europea, se me dijo que, como no se había recibido propuesta alguna de la Comisión, el Consejo no podía adoptar una posición. Tengo aquí pruebas documentales de que la Comisión ha presentado propuestas al Consejo. Al final, la cuestión se debatió en el Consejo bajo la Presidencia de Luxemburgo, antes de la Presidencia británica, debate al que seguramente asistieron los Ministros británicos. ¿Podría la Presidencia del Consejo, por favor, decirme si se trata de un caso de incompetencia o es que existe un plan secreto para introducir un impuesto sobre el queroseno?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Puedo asegurar a su Señoría que no existe ningún plan secreto por mi parte. Por otro lado, si quisiera compartir conmigo la información que hoy ha esgrimido ante esta Asamblea, examinaré sin duda alguna la cuestión que ha planteado y me aseguraré de que se le haga llegar una respuesta.

  Presidente.

Pregunta nº 3 formulada por Sarah Ludford (H-0895/05)

Asunto: Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos

¿Por qué no han firmado todos los Estados miembros de la UE el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, en el que se alienta a considerar a las personas objeto de la trata principalmente como víctimas en lugar de como inmigrantes ilegales?

¿Está ofreciendo el Reino Unido, como país que ocupa la Presidencia, un buen ejemplo?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) El Consejo no está en condiciones de facilitar información sobre la situación de las decisiones de los Estados miembros individuales con respecto a la firma de la Convención del Consejo de Europa relativa al tráfico de seres humanos. Hasta la fecha, cinco Estados miembros de la Unión Europea han firmado la convención: Austria, Chipre, Polonia, Portugal y Suecia. Ningún Estado miembro ha ratificado la convención. Es preciso señalar que parte de la convención es competencia de la CE y, por tanto, la CE tendrá que firmarla y ratificarla.

Actualmente, el Consejo está estudiando un plan de acción sobre el tráfico de seres humanos para desarrollar un enfoque exhaustivo y estratégico de la Unión Europea a este respecto. El plan de acción se basará en la conferencia celebrada los días 19 y 20 de octubre, «Abordar el tráfico de seres humanos: política y buenas prácticas en Europa», organizada por la Presidencia del Reino Unido, la Comisión y Suecia.

  Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Esto no es suficiente. La reciente Comunicación de la Comisión decía que la protección de las víctimas es la máxima prioridad, pero los Estados miembros tienden a meter en el mismo saco el tráfico y la inmigración ilegal, y prefieren condicionar la protección de las víctimas a su actuación como testigos. Por esto no les gusta la convención.

El consejo que mis colegas y yo recibimos de la policía es que las víctimas cooperarán con la policía voluntariamente cuando ellos y sus familias estén seguros. La policía teme que una política de deportación de víctimas como inmigrantes ilegales o de condicionamiento de la asistencia socave la posibilidad de un procesamiento judicial efectivo de los traficantes. Hace poco, el señor Blair dijo que se necesitan motivos de peso para girar la cabeza y decir «no» a la policía. ¿Por qué 17 Primeros Ministros de la Unión Europea, y ahora me dice usted que en realidad son 20 Primeros Ministros, incluido Tony Blair, dicen que «no» a la policía al negarse a firmar esta convención?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) En primer lugar, quiero repetir a su Señoría la cuestión que he planteado al principio de que no me corresponde a mí, que represento a la Presidencia hoy en este debate, hablar sobre la toma de decisiones de esos 20 Primeros Ministros que ella menciona. Sin embargo, malamente puede sugerir que existe una refundición entre la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos cuando la conferencia que he mencionado sobre este importante asunto del tráfico de personas se tituló «Abordar el tráfico de seres humanos: política y buenas prácticas en Europa». Este asunto, como ya he dicho, lo planteó la Presidencia británica y, por tanto, la acusación que parece lanzar de que de alguna manera existe una profunda y perpetua confusión entre la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos parece, sobre todo por el título de la conferencia, insostenible a la vista de las pruebas.

  Elizabeth Lynne (ALDE). – (EN) Al hilo de este asunto, creo que el motivo de por qué mi colega ha dicho lo que ha dicho es porque la Presidencia del Reino Unido parece considerarla una cuestión de seguridad y estabilidad en lugar de una cuestión de derechos humanos.

Además de lo que ha dicho el Presidente en ejercicio del Consejo, ¿podría intentar garantizar que los debates del Consejo sobre el plan de acción de la Unión Europea en torno al tráfico sean de dominio público, ya que en estos momentos no disponemos de ningún dato al respecto? ¿Podría, además, asegurarnos que el plan de acción de la Unión Europea contenga al menos las normas mínimas que recoge la Convención de la Unión Europea contra el tráfico?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Permítanme asegurarle a su Señoría que los objetivos de la Convención relativa al tráfico de seres humanos cuentan con un amplio respaldo y que los Estados miembros de la Unión Europea desean que una acción concertada aborde de raíz lo que es sin duda un comercio detestable, para proteger y apoyar a las víctimas que ha mencionado ella y llevar a los responsables ante la justicia.

Puedo asegurar a su Señoría que para el Reino Unido, que ahora ejerce Presidencia de la Unión Europea, su tarea prioritaria es combatir el tráfico de seres humanos, y que el Plan de Acción de la Unión Europea de buenas prácticas, normas y procedimientos para combatir e impedir el tráfico de seres humanos ha constituido el centro de nuestros esfuerzos. No hemos celebrado una, sino dos conferencias sobre este asunto Ese plan de acción, se lo aseguro, aborda todo el ciclo del tráfico de seres humanos y, específicamente, reconoce la importancia de un enfoque basado en los derechos humanos y centrado en la víctima. Por tanto, espero que con la única respuesta que he sido capaz de ofrecer, algunas de sus preocupaciones en torno al enfoque que ha adoptado la Presidencia británica en torno a esta importante cuestión resulten ser infundadas.

  El Presidente.

Pregunta nº 4 formulada por John Purvis (H-0897/05)

Asunto: Impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol

La Comisión Europea y el Parlamento Europeo son favorables a la eliminación de las directrices relativas a las cantidades de tabaco y alcohol procedentes de otro Estado miembro que los consumidores pueden introducir en su propio país para uso personal. ¿Qué esfuerzos está realizando la Presidencia para convencer al Consejo de que elimine estas directrices y permita a los compradores ejercer plenamente sus derechos en el mercado interior?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) La supresión propuesta de las cantidades indicativas de productos de tabaco y de alcohol constituye uno solo de los elementos de la correspondiente propuesta de la Comisión por la que se que se modifican los acuerdos sobre productos sometidos a impuestos de consumo. La cantidades indicativas son un indicador importante de si la cantidad de productos sujetos al impuesto que se cruzan las fronteras va a utilizarse con fines comerciales o son de consumo privado por parte de personas no sujetas al impuesto. Por sí mismas no constituyen un obstáculo a los derechos de los compradores transfronterizos.

Desde que se transmitió al Consejo, la propuesta de la Comisión se ha discutido en varias ocasiones en los organismos pertinentes, sin que haya indicios que los Estados miembros vayan a pactar la abolición de los niveles mínimos indicativos. Por tanto, la Presidencia no cree que seguir hablando de esta cuestión sirva para algo.

  John Purvis (PPE-DE). – (EN) ¿No está el Presidente en ejercicio del Consejo de acuerdo conmigo en que un mercado único de la Unión Europea, donde los productos, las personas, los servicios y el capital pueden circular tan libremente entre fronteras europeas como lo hacen en los Estados miembros, es un objetivo político vital? ¿Estará de acuerdo conmigo en que deberíamos preferir la competición fiscal entre Estados miembros a la armonización de tipos impositivos en toda la Unión Europea? Sí está de acuerdo, ¿puede ver alguna justificación de límites o directrices con respecto a cuántos productos sujetos a impuestos pueden llevarse nuestros ciudadanos cuando cruzan nuestras fronteras?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Es alentador escuchar en esta Cámara un punto de vista tan diferente de algunas de las acusaciones normalmente lanzadas en contra de los británicos y la Presidencia británica.

La libre circulación de productos y servicios, por supuesto, está reflejada en los Tratados originales de la Unión Europea, y uno de los objetos de nuestro trabajo durante nuestra Presidencia ha sido la culminación del mercado interior. Hemos intentado, y seguimos intentándolo, avanzar en materia de servicios. En efecto, los países que a veces en el pasado han puesto en duda nuestras credenciales proeuropeas han estado entre las voces más críticas con nuestros esfuerzos por avanzar en los debates relativos a la cuestión de los servicios.

En cuanto a la cuestión concreta que ha planteado el orador en relación con la compra transfronteriza, permítanme decir simplemente que la Presidencia apoya plenamente los derechos de los compradores transfronterizos. Sin embargo, al mismo tiempo estamos comprometidos con el control de quienes abusan de las libertades que, de lo contrario, disfrutarían los ciudadanos de toda la Unión Europea. Estamos decididos a abordar los abusos que se hagan de las libertades en el mercado único por parte de quienes se dedican a actividades ilegales, como el contrabando. Por tanto, es esencial establecer niveles orientativos para ayudar a las autoridades aduaneras a distinguir entre verdaderos compradores transfronterizos y contrabandistas.

En cuanto al asunto más general con el que ha concluido su intervención, el buen ejemplo dado esta tarde por el Ministro de Exteriores con respecto a los límites de armonización en la Unión Europea es un reflejo elocuente de la opinión que tiene el Gobierno británico sobre el equilibrio apropiado entre armonización y competición en la Unión Europea.

  David Martin (PSE). – ¿Estaría de acuerdo el Presidente en ejercicio en que las directrices son precisamente eso, directrices, y que si las personas pueden demostrar que la cantidad importada es para consumo privado, entonces, aunque rebasen las directrices, no estarán incumpliendo la ley? Además, ¿estará de acuerdo en que las directrices existen para garantizar que el mercado único funcione en este ámbito y que, si no tuviéramos las directrices, el mismo objetivo que persigue el señor Purvis se debilitaría, porque las directrices sirven para poner coto a los abusos que ha mencionado el Presidente en ejercicio del Consejo?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Puedo asegurar a su Señoría que nos hemos tomado en serio el tipo de abuso del que habla con tanta elocuencia. Desde el punto de vista del Reino Unido, más que desde el de la Presidencia, en el Reino Unido contamos con los niveles orientativos más exigentes de todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Al igual que todos los Estados miembros, imponemos sanciones a quienes introducen productos sujetos a impuestos que no están destinados al consumo privado con la intención –justamente la que menciona su Señoría– de esquivar el impuesto que de lo contrario deberían pagar. En mi opinión, estas sanciones son proporcionales a la naturaleza del delito. Por tanto, tiene razón al reconocer que las directrices son justo eso.

  El Presidente.

Pregunta nº 5 formulada por Elspeth Attwooll (H-0898/05)

Asunto: Esposas sin fronteras

El Gobierno del Reino Unido intenta obligar a muchas mujeres británicas a abandonar el país para reunirse con sus cónyuges a los que se ha denegado el derecho de residencia. Se les dice que es seguro vivir en países como Iraq, Irán, Afganistán, Congo y Burundi que el Ministerio de Asuntos Exteriores británico o el Departamento de Estado de los EE.UU. consideran peligrosos para visitantes occidentales y en los que se violan los derechos humanos.

¿En qué medida es compatible esta práctica con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, especialmente el derecho a una vida familiar, con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y con el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) El Consejo nunca ha debatido esta cuestión y no es competencia suya.

  Elspeth Attwooll (ALDE). – (EN) He de decir que la falta de justificación jurídica desde el punto de vista del derecho de la Comunidad Europea y la Convención Europea de Derechos Humanos es penosa. Poco es lo que me tranquiliza con respecto al bienestar de mis electores.

El Presidente en ejercicio del Consejo sabrá que, desde febrero de 2005, las personas que no son nacionales de la Unión Europea ni del Espacio Económico Europeo han de obtener un permiso del Ministerio de Interior para poderse casar en el Reino Unido. Por tanto, estamos hablando de un número limitado de parejas.

¿Estaría dispuesto el Presidente en ejercicio del Consejo al menos a transmitir a las personas que trabajan en el Ministerio de Interior mi petición de que se garantice la amnistía a dichas parejas, por lo menos cuando se reconozca que es una relación auténtica y duradera, y de que se renuncie al requisito de viajar al país de origen a fin de solicitar la suspensión de la residencia conyugal?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Puedo asegurar a su Señoría que me preocupan el bienestar y los intereses de sus electores, sobre todo porque compartimos algunos de ellos, siendo como soy representante de los electores de Paisley y Renfrewshire South de Escocia.

Respeto su experiencia, sobre todo en el ámbito del derecho constitucional, pero simplemente quiero mencionar lo que me parece una cuestión obvia, es decir, que mis responsabilidades de hoy no consisten en explicar o articular la posición del Gobierno británico con respecto a esta cuestión política concreta, sino, en su lugar, perfilar la posición de la Presidencia de la Unión Europea que en estos momentos está en manos del Reino Unido.

Por tanto, me quedaría plenamente satisfecho si su Señoría deseara escribirme sobre una base bilateral en torno a los aspectos específicos que ha planteado a fin de que podamos garantizar que se remita una respuesta al Ministerio de Interior del Reino Unido. Pero no quiero profundizar más, dado que realmente no es el objeto apropiado de nuestros debates en esta Cámara esta tarde.

  Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Me he dado cuenta de que con respecto a la cuestión de las directrices sobre el alcohol, el Ministro ha mencionado la práctica del Reino Unido, por lo que estoy segura de que puede hacer lo mismo en torno a esta cuestión: ¿no desentona esta práctica del Reino Unido con las normas de libre circulación de la Unión Europea con respecto al concepto en gestación de la ciudadanía europea?

Si una de mis electoras, amparada por la nueva ley y cuya boda ha sido aceptada por el Gobierno, se marcha a Francia, tendría derecho a trasladarse junto con su marido. Así, el extraño efecto que produce es que las parejas consiguen una protección mayor de su derecho a la vida familiar en cualquier país de la Unión Europea antes que en el suyo propio. En todo esto hay una gran dimensión europea, por lo que considero válido pedir al Ministro del Reino Unido que responda como Presidencia.

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Bien, señor Presidente, ha sido un valiente intento en las preguntas suplementarias de conducirnos a un debate sobre la política interior de Gran Bretaña, pero creo que la respuesta apropiada, y verdaderamente respetuosa con esta Cámara, es centrarnos en las cuestiones que han sido planteadas al responder como Presidencia.

Ya he hecho una oferta a una colega parlamentaria de su Señoría de que si desea escribirme directamente a mí haré que la carta se transmita al Ministerio de Interior del Reino Unido, pero creo que, sobre todo por el tiempo limitado de que disponemos durante el Turno de Preguntas, es importante que nos centremos en las preguntas al Consejo en esta fase, en lugar de seguir lo que es un debate apropiado dentro del Estado miembro en cuestión.

  El Presidente.

Pregunta nº 6 formulada por Frank Vanhecke (H-0900/05)

Asunto: Censura de Internet en China

El 25 de septiembre de 2005, el Ministerio de Información chino publicó disposiciones sobre la difusión de información por Internet. Dicha información no ha de incitar a la participación en reuniones ilegales, ni a la pertenencia a las mismas, ni a la participación en demostraciones ilegales que perturben el orden público.

La nueva legislación afecta tanto a los sitios web como al correo electrónico. Se trata de evitar la difusión de toda información (noticias, comentarios) que no hayan sido revisados y filtrados por el régimen. Los portales Internet tienen la obligación de sacar todas las noticias y comentarios de las fuentes oficiales. En lo que al correo electrónico respecta, todas las agrupaciones privadas y los particulares deben registrarse previamente como «organización informativa», y sólo entonces pueden proceder a la difusión de noticias y de los análisis de las mismas.

Antes de que se adoptara dicha legislación, Zheng Yichun fue condenado el 22 de septiembre de 2005 a siete años de cárcel por haber abogado por Internet en favor de reformas políticas.

¿De qué manera piensa abordar el Consejo esta nueva violación por parte del Gobierno chino del derecho fundamental a la libertad de expresión? ¿Planteará el Consejo en detalle el caso de Zheng Yichun para insistir sobre su liberación?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) En respuesta a la pregunta nº 6, el Consejo comparte las preocupaciones de su Señoría en relación con las restricciones de la libertad de expresión, incluso en Internet, en China. Hace poco la Unión Europea expresó estas preocupaciones en el contexto del diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea y China, que se celebró en Pekín los días 24 y 25 de octubre de 2005. La Unión Europea también ha planteado repetidamente esta cuestión en otras reuniones bilaterales, incluso en el más alto nivel.

Con vistas a que China firme e inicie el proceso de ratificación del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, es muy importante que se garantice la libertad de expresión de acuerdo con las normas internacionales. Por tanto, el artículo 19 de dicho Convenio ha sido el tema de un reciente seminario jurídico de académicos y profesionales de la Unión Europea y China que tuvo lugar en Pekín en junio de 2005 en el contexto de este diálogo. Las recomendaciones conjuntas que salieron de ese seminario se entregaron a China durante el último diálogo.

En el marco del diálogo y en el contexto de las directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos, la Unión Europea ha planteado a las autoridades chinas una serie de casos de personas encarceladas por expresar pacíficamente sus opiniones, solicitando más datos sobre su futuro y presionando a favor de su liberación.

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, aunque estoy por supuesto agradecido al Consejo por esta respuesta, no me puedo quitar de encima la impresión de que el Gobierno chino, al margen de algunas declaraciones benévolas, hace muy poco en concreto. Tengo la impresión de que el Consejo y la Unión Europea están, hasta cierto punto, aplicando un doble rasero y que a China le consienten muchas cosas a cuenta de su fuerza numérica y de nuestro claramente enorme interés económico en ella.

Creo personalmente que el Consejo debe adoptar una política más dura, más basada en fuertes principios y más valiente, en la que se tengan en cuenta los derechos humanos fundamentales y la libertad de expresión, y quisiera pedir, si es posible, que se revise el caso específico que he mencionado y quizás, en este caso específico, se contacte con las autoridades chinas.

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) La pregunta complementaria va más allá de ese caso concreto y de la preocupación por la censura en Internet y plantea si existe una respuesta efectiva a las peticiones de la Unión Europea y sus conversaciones con China en relación con los derechos humanos. Nos enfrentamos a la decisión fundamental de si el aislamiento de un país con el que discrepamos en lo que se refiere a la protección de los derechos humanos es la forma correcta de proceder.

La Unión Europea ha opinado siempre que la mejor forma de promover el tipo de cambio que estoy seguro que todos los diputados al Parlamento Europeo desean ver, es por medio del diálogo estructurado y la participación. Por ejemplo, gracias al diálogo se ha conseguido que China participe más en los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, como con la ratificación en marzo de 2001 del Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. China recibió al Representante Especial de Educación de la Unión Europea en 2003 y al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias en 2004, y todos esperamos que este año reciba al Ponente Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura.

Puedo asegurar a su Señoría que el diálogo es muy fluido y muy franco y que, como he querido reflejar en mi respuesta inicial a esta pregunta, se trata de un diálogo que está teniendo lugar no solo entre funcionarios, sino también con contactos del más alto nivel entre la Unión Europea y China.

  El Presidente.

Pregunta nº 7 formulada por Richard James Ashworth (H-0901/05)

Asunto: Informe anual del Tribunal de Cuentas

En el transcurso de esta semana, el Tribunal de Cuentas deberá presentar su Informe Anual sobre las actividades del Presupuesto de la UE. En los últimos diez años, el Tribunal de Cuentas no ha sido capaz de otorgar una declaración de fiabilidad (DAS) satisfactoria. Esto es inadmisible.

¿Qué medidas adoptará la Presidencia del Reino Unido para rectificar esta situación nada satisfactoria? ¿Garantizará ahora el Consejo que para el próximo ejercicio se podrá contar con una declaración de fiabilidad positiva para las actividades del Presupuesto de la UE?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) El Consejo comparte la preocupación expresada por su Señoría respecto al hecho de que en los últimos 11 años el Tribunal de Cuentas Europeo no haya sido capaz de otorgar, en sus informes anuales, una declaración de fiabilidad como garantía razonable de la legalidad y la regularidad de la mayoría de las transacciones subyacentes. Ahora bien, en lo que respecta a las cuentas de 2004, el Tribunal sí que ha podido asegurar la legalidad y regularidad de las transacciones correspondientes a las ayudas de preadhesión, así como a los recursos propios y la administración. Por primera vez, el Tribunal ha podido concluir que el Sistema Integrado de Administración y Control (SIAC) ha reducido el riesgo de cometer errores en la mayor parte del gasto agrícola hasta un nivel aceptable.

Puedo asegurar a la Cámara que el Consejo ha dado siempre una gran importancia a esta cuestión y ha expresado reiteradamente su preocupación por el número de errores en las transacciones subyacentes a los pagos y por las deficiencias del sistema de control.

Como sabrán sus Señorías, el Consejo ha examinado la reciente comunicación de la Comisión sobre un plan de trabajo para crear un marco integrado de control interno, que forma parte del proceso para conseguir una declaración de fiabilidad positiva. El panel de expertos creado por la Presidencia británica y la Comisión ayudó a elaborar un primer documento con las conclusiones del Consejo sobre esta cuestión. El Consejo aprobó dichas conclusiones el 8 de noviembre de 2005, confirmando que la obtención de una declaración de fiabilidad positiva es el objetivo de la Unión Europea y ofreciendo una serie de recomendaciones para la acción a la Comisión y a los Estados miembros. El Consejo considera que esas conclusiones constituyen un paso importante hacia la obtención de una declaración de fiabilidad positiva y seguirá apoyando los esfuerzos de la Comisión para contribuir activamente a mejorar la gestión financiera de la Unión Europea a todos los niveles, pero la decisión corresponde en última instancia al Tribunal de Cuentas.

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), suplente del autor. – (EN) Acepto que en su respuesta reconozca usted que se han realizado algunas mejoras, pero espero que la Presidencia acepte también que a pesar de tantas recomendaciones para la acción como ya hemos tenido, esa acción ha sido más bien escasa.

Muy brevemente, la nota informativa del Tribunal de Cuentas Europeo dice en su página 7 que se han retrasado las adaptaciones y validaciones necesarias para asegurar la plena aplicación del nuevo marco contable. ¿Por qué y por cuánto tiempo? En la página 8 concluye que el gasto de la PAC sigue viéndose materialmente afectado por errores. ¿Por qué? Añade también que en política interior persistirá el riesgo de errores salvo que se modifique el marco jurídico. ¿Se modificará dicho marco y cuándo?

Todos debemos reconocer que esos problemas no son culpa de la Presidencia. ¿Pero aceptará la Presidencia que tiene la responsabilidad de presionar para que se actúe sobre la base de esas recomendaciones y sería posible que me respondiera por escrito a las cuestiones concretas que acabo de formular?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Puedo asegurar a su Señoría que nos tomamos muy en serio estas cuestiones. En efecto, en su intervención ante esta Cámara, mi colega el Ministro de Asuntos Exteriores ha dejado claro esta tarde que la falta de aprobación de las cuentas por undécimo año consecutivo es un hecho lamentable que afecta al clima de debate en todos nuestros países. Así que en todos los niveles del Gobierno británico y durante nuestra Presidencia hemos reconocido la necesidad de trabajar y avanzar en esta cuestión. Por eso hemos trabajado con la Comisión para mejorar la gestión financiera y el control presupuestario.

En enero de 2005, la Comisión introdujo un nuevo sistema de contabilidad que debería proporcionar al Tribunal de Cuentas mejor información como base para emitir un dictamen favorable sobre la presentación de las cuentas. El nuevo sistema, según tengo entendido, se utilizará para presentar las cuentas de 2005. La Presidencia ha conseguido también el apoyo de los Estados miembros en el Consejo ECOFIN del 8 de noviembre a un paquete de nuevas propuestas para mejorar la gestión y el control financieros, el llamado –como ya dije en mi anterior respuesta– plan de trabajo que la Comisión ha presentado.

Así que puedo asegurar a su Señoría que no se trata simplemente de una cuestión que preocupe a la Presidencia británica, sino de una cuestión en la que, durante esa reunión del Consejo ECOFIN y en apoyo a los redoblados esfuerzos de la Comisión, hemos decidido avanzar. Es usted generoso al reconocer que este problema, porque es un verdadero problema para la Unión Europea, es muy anterior a la Presidencia británica. Espero que en el curso de los seis meses de Presidencia británica podamos contribuir a resolver un problema que viene de largo, que no contribuye al prestigio de la Unión Europea y para el que espero que se pueda encontrar una solución en los próximos meses y años.

  David Martin (PSE). – (EN) ¿Reconoce el Presidente en ejercicio que en Bruselas hay pocas personas, si es que hay alguna, que se estén llenando los bolsillos de dinero? ¿Reconoce también que la mayoría de las quejas que plantea el Tribunal de Cuentas se refieren a sistemas y procedimientos y no a fraudes en el sentido estricto del término, y que si se produce algún fraude suele ser en los países donantes o, de hecho, a veces en los Estados miembros de la Unión Europea?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Su Señoría hace bien en reconocer que aunque el informe del Tribunal de Cuentas Europeo se refiere al presupuesto de la Unión Europea, el 80 % del gasto de dicho presupuesto lo aplican en realidad los Estados miembros a través de los fondos agrícolas y estructurales. Ahora bien, no debemos limitarnos a esgrimir este argumento cuando se nos critica por dormirnos en los laureles ante el reto que tenemos delante. Solo quiero reiterar la puntualización que ha hecho antes el Ministro de Asuntos Exteriores, y es que, en manos de los que se muestran hostiles hacia la propia idea de la Unión Europea, el hecho de no aprobar las cuentas por undécimo año consecutivo es un arma que debemos tratar de quitarles en los próximos años.

Es muy cierto que hay que tomar medidas en cada Estado miembro y no simplemente en el plano burocrático de Bruselas, pero eso no debe ser en ningún caso una excusa para no tomar las medidas que otros diputados han reclamado tanto en Bruselas como en los Estados miembros.

Todos los que queremos conseguir y mantener el apoyo de los ciudadanos europeos a la Unión Europea y a sus esfuerzos tenemos un gran interés en que se resuelva este problema que viene de tan largo. Para ello habrá que tomar medidas en los Estados miembros, pero también llevar a cabo el tipo de trabajo importante que conseguimos avanzar en el Consejo Ecofin y que, me complace decir, cuenta con el apoyo de la Comisión Europea.

  Christopher Beazley (PPE-DE). – (EN) Quiero proseguir con la observación del señor Martin a la Presidencia del Consejo, porque el Presidente en ejercicio ha utilizado la expresión «no contribuye al prestigio de la Unión Europea», como si la Unión Europea fuera una institución diferente de nuestras instituciones nacionales. Solo quiero recalcar que el motivo por el cual el Tribunal de Cuentas no ha querido aprobar las cuentas no es porque exista corrupción en la Unión Europea –como entidad diferenciada de los Estados miembros–, sino porque los Estados miembros no ayudan a la Unión Europea a presentar el tipo de contabilidad válida que exigen el Tribunal de Cuentas y las instituciones de la UE.

Quiero pedir al Presidente en ejercicio del Consejo que asegure a los ciudadanos que, por supuesto, tenemos que ser escrupulosos; pero la culpa de esto no la tienen otros: la culpa es de nuestros Estados miembros.

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Con el máximo respeto por su Señoría, discrepo de que la mejor forma de afrontar este problema que existe desde hace once años consista en exigir responsabilidades, dando a entender que uno es mejor que otro, o viceversa.

El reto, desde luego, es reconocer que existe un problema común. Sería poco sincero de mi parte sugerir que esta cuestión no representa un riesgo muy importante para el prestigio de la Unión Europea, sobre todo por la forma en que se ha presentado en la prensa de algunos países de la Unión Europea el hecho de no haberse otorgado una declaración de fiabilidad positiva por undécimo año consecutivo, en lugar de ponernos a discutir quién tiene razón y quién está equivocado.

El reto está en encontrar soluciones que reflejen las respectivas responsabilidades de la Comisión, la burocracia de Bruselas y los Estados miembros, pero la respuesta adecuada al hecho de que durante 11 años no se haya podido otorgar una declaración de fiabilidad no consiste simplemente en decir que se trata de un problema de los Estados miembros y que, por tanto, no existe ninguna responsabilidad colectiva de encontrar una solución. Existe una responsabilidad compartida por todos los que queremos ver declaraciones de fiabilidad en el futuro para poder tomar las medidas prácticas que contienen las propuestas de la Comisión y que, celebro poder decir, hemos avanzado durante la Presidencia británica en la reciente reunión del Consejo Ecofin.

  El Presidente.

Pregunta nº 8 formulada por Richard Corbett (H-0903/05)

Asunto: Comitología

¿Podría indicar el Consejo cuál es el estado de los trabajos en relación con su revisión de la propuesta de Decisión sobre Comitología de 1999?

¿No considera el Consejo que la propuesta revisada de 2004 de la Comisión, con ligeras modificaciones, sería un punto de partida aceptable para encontrar una solución duradera a la controversia sobre la comitología?

¿Consideraría el Consejo la modificación de dicha propuesta para evitar que la Comisión mantenga sin modificaciones una medida de aplicación que haya sido rechazada por el Consejo o el Parlamento?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Celebro la pregunta que ha formulado su Señoría, quien sé que tiene desde siempre un gran interés por la cuestión de la comitología. Sabrá, por tanto, que los debates sobre las propuestas modificadas de la Comisión no se reanudaron hasta septiembre, por lo que espero que entienda que es demasiado pronto todavía para que pueda darle una respuesta definitiva a esta pregunta en nombre del Consejo.

El grupo de trabajo que examina la propuesta modificada de la Comisión sobre comitología se ha reunido tres veces hasta ahora y se reunirá dos veces más durante la Presidencia británica. No obstante, tengo entendido que los debates avanzan a buen ritmo.

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Quiero agradecer a la Presidencia su respuesta y le insto a que persevere. Si logramos encontrar una solución a esta cuestión que lleva años atribulando a la Unión Europea, estaremos haciendo una importante contribución a nuestros compromisos de legislar mejor. Ahora lo que queda son tres lecturas en el Parlamento y otras tantas en el Consejo que realmente deberían delegarse en el poder ejecutivo. Pero no delegaremos salvo que recibamos garantías de que podamos, en caso necesario, volver a plantear la cuestión, de la misma forma que puede hacerlo el Consejo. La igualdad entre el Parlamento y el Consejo es la clave de todo esto. Si existen más oportunidades de escrutinio, nosotros estaremos a cambio mucho más dispuestos a delegar.

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Quiero ensalzar como es debido tanto la experiencia como los conocimientos de su Señoría en esta cuestión. Comparto su opinión, tanto en lo que se refiere a la importancia de esta cuestión como al hecho de que tenemos que perseverar. Puedo asegurarle que, desde el punto de vista de la Presidencia, estamos perseverando en esta importante cuestión y así lo seguiremos haciendo.

Por último, solo quiero reiterar que, a pesar de que estos debates no se reanudaron hasta septiembre, celebro poder decir que ya se ha conseguido en ellos un verdadero progreso. Soy optimista respecto a la posibilidad de seguir progresando en las dos reuniones que se celebrarán en lo que queda de Presidencia británica.

  El Presidente.

Pregunta nº 9 formulada por Sajjad Karim (H-0905/05)

Asunto: Falta de coherencia en los planteamientos de algunos ministros del equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos.

En el plazo de solamente dos semanas hemos recibido mensajes contradictorios de dos ministros del Gobierno del Reino Unido, país que ostenta actualmente la Presidencia del Consejo. En su prefacio al Informe anual de la Unión Europea sobre los derechos humanos - 2005, publicado el 3 de octubre, Jack Straw, Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, citaba a Kofi Annan: «no disfrutaremos del desarrollo sin seguridad, no disfrutaremos de la seguridad sin desarrollo y no disfrutaremos ni de uno ni de otra sin el respeto de los derechos humanos». El Sr. Straw también afirmaba que «es esencial que sigamos adelante, no solo para reafirmar estos valores, sino para insistir en su validez». Sin embargo el 26 de septiembre, en el New Statesman, se citaba a Charles Clarke, Ministro del Interior británico, quien manifestaba que «teniendo que elegir entre la seguridad y el Convenio de los Derechos Humanos.... [su] primera responsabilidad es la seguridad nacional». ¿Puede el Consejo conciliar estas declaraciones aparentemente contradictorias? En caso contrario, ¿cuál de ellas se aproxima más a la opinión del Consejo? Si fuese necesario elegir entre la seguridad y los derechos humanos, ¿cuál sería su prioridad?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Todos los Gobiernos se enfrentan al reto que supone la actual amenaza sin precedentes del terrorismo internacional. Pero no hay elección posible entre seguridad y derechos humanos. Sin seguridad no hay derechos humanos y sin derechos humanos no hay seguridad.

Tras los atentados de Londres, el 7 de julio de este año, el Consejo celebró una reunión extraordinaria el 13 de julio. En ella se aprobó una declaración sobre la respuesta de la Unión Europea a esos terribles atentados con bomba. El Consejo dejó claro, y cito textualmente, que «los atentados constituyen una afrenta contra los valores universales en los que se basa la Unión Europea. En el centro de esos valores está el compromiso con unas instituciones democráticas y abiertas y unas sociedades regidas por el Estado de derecho en cuyo seno puedan vivir, trabajar y prosperar juntas personas con todo tipo de creencias y orígenes. Los terroristas que rechazan este compromiso y quieren utilizar la violencia para imponer sus ideas serán derrotados». A continuación añadía que la Unión Europea está reforzando, y vuelvo a citar textualmente, «su compromiso de combatir el terrorismo y defender los principios fundamentales de libertad, seguridad y justicia».

  Sajjad Karim (ALDE). – (EN) Muchas gracias por su respuesta. Reconozco que se trata de una cuestión en la que debería haber más opciones y se trata de conseguir un equilibrio adecuado.

Lo que quiero saber es: ¿de qué forma la detención de personas sin acusación, la negativa a facilitar información significativa sobre el motivo de la detención y la supresión del derecho de un abogado a emprender las diligencias oportunas en esos asuntos reafirman esos valores o confirman su validez?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Diría con todos mis respetos que su Señoría está tratando de tentarme para que discuta los planteamientos adoptados o sugeridos por un Estado miembro u otro, cuando mi responsabilidad hoy es hablar en nombre del Consejo. Puedo asegurarle que desde el punto de vista de la Presidencia, la declaración que he citado ante el Parlamento y que fue acordada por los miembros del Consejo el 13 de julio constituye una buena base para que podamos luchar, en un frente unido, contra la amenaza del terrorismo internacional. Seamos muy claros: los terroristas quieren quitarnos no solo la vida, con sus horribles atentados sin precedentes, sino también nuestra forma de vida. Por eso creo que la declaración realizada por el Consejo el 13 de julio refleja perfectamente los sentimientos paneuropeos de cómo debemos hacer frente a esos retos.

  El Presidente.

Pregunta nº 10 formulada por Hélène Goudin (H-0908/05)

Asunto: Presupuesto de defensa de los países de la UE

Los medios de comunicación suecos informaban el 14 de octubre de 2005 de que el ministro de Defensa británico, John Reid, había declarado públicamente que los Estados miembros de la UE debían aumentar los créditos asignados para los respectivos sectores de defensa. Según los mismos medios, el ministro de Defensa afirmó que un nivel razonable de créditos de los Estados miembros destinados a la defensa sería aproximadamente el 2,5 % del PNB, lo que corresponde a la asignación en Gran Bretaña para defensa. Los gastos suecos para defensa ascendieron el año pasado al 1,7 % del PNB del país.

¿Es la opinión general de la Presidencia que los países de la UE deben asignar créditos para la defensa al mismo nivel que Gran Bretaña? ¿Considera la Presidencia que los países de la UE que destinan menos del 2 % de su PNB a financiar los gastos de defensa deben aumentar las dotaciones destinadas a este sector? ¿Considera la Presidencia que se trata en primer término de una cuestión común de la UE, o se debe dejar a los propios Estados miembros decidir qué porcentaje de su PNB consideran oportuno destinar a la defensa?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) El Consejo no ha debatido el nivel de los presupuestos de defensa de los Estados miembros, por tratarse de una competencia nacional.

En cuanto a las capacidades de defensa, se están buscando formas de mejorarlas aumentando los niveles de gasto en investigación, así como la colaboración en materia de investigación, para suplir las deficiencias existentes en capacidad y formación. Por ese motivo y como continuación de lo hablado en la reunión informal de Jefes de Gobierno en Hampton Court, la Presidencia ha solicitado al Alto Representante, en asociación si procede con la Presidencia actual, la futura Presidencia y la Comisión Europea, que siga trabajando en este ámbito en particular. En colaboración con la Presidencia, el Alto Representante presentará un resumen de sus recomendaciones iniciales antes del Consejo Europeo de diciembre.

  El Presidente.

Pregunta nº 11 formulada por Dimitrios Papadimoulis (H-0912/05)

Asunto: Consecución de un acuerdo sobre las perspectivas financieras 2007-2013

Una de las primeras prioridades de la Presidencia, tal y como se le presentaron al Parlamento Europeo el 23 de junio de 2005, es el avance en la cuestión de la financiación e la UE y las perspectivas financieras 2007-2013. Teniendo en cuenta que un acuerdo de última hora perturbaría una adecuada programación y la correcta aplicación de los programas plurianuales de la Comunidad, ¿puede indicar el Consejo en qué fase se encuentran las conversaciones sobre este tema? ¿Qué medidas piensa tomar el Consejo para conseguir llegar a un acuerdo antes del fin de la Presidencia del Reino Unido?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Señor Presidente, la Presidencia es plenamente consciente de la importancia de alcanzar un acuerdo sobre las nuevas perspectivas financieras antes de que finalice el año y hará todo lo que pueda por facilitarlo. Ese ha sido un tema recurrente en los debates celebrados esta tarde en la Cámara. Para ello, el Consejo realizó una serie de consultas bilaterales con los Estados miembros durante el verano y los debates sobre esta cuestión se reanudaron en el Consejo el 7 de noviembre y continuarán, por supuesto, en el Consejo de Asuntos Generales que se celebrará el lunes, 21 de noviembre. La Presidencia seguirá trabajando para alcanzar un acuerdo, pero hasta que no esté preparada para presentar al Consejo una propuesta de compromiso global, no puede comentar lo que dicha propuesta podría o no contener.

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – (EL) Señor Presidente, ¿tiene intención de notificar al Parlamento Europeo, antes de la cumbre de diciembre, el texto de compromiso elaborado por la Presidencia?

Dado que el Reino Unido desempeñó un papel destacado en junio para anular el acuerdo, ¿desea sinceramente la Presidencia cambiar para que pueda llegarse a un acuerdo entre los Veinticinco?

¿Han considerado en el Consejo que la Presidencia británica corre el peligro de convertirse en una de las más ineficientes y fracasadas en la historia de la Unión Europea?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Mi colega, el Ministro de Asuntos Exteriores, ha recordado que esta es la cuadragésima séptima comparencia de un Ministro británico durante la Presidencia ante este Parlamento. Puedo asegurar a su Señoría que volveré a ocupar mi lugar habitual en las futuras sesiones plenarias de este Parlamento. Nuestro Primer Ministro se ha comprometido a volver a comparecer ante el Parlamento Europeo. Con independencia de otras posibles críticas o escepticismos dirigidos contra la Presidencia británica, la ausencia de debates con el Parlamento Europeo es posiblemente una de las críticas que menos peso tienen.

  Esko Seppänen (GUE/NGL). – (FI) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, voy a aprovechar esta oportunidad, ya que he redactado mi propia pregunta sobre este mismo asunto, lapregunta nº 17, que puede que no haya tiempo para responder durante este turno de preguntas. Quisiera preguntar si es posible que esa propuesta de compromiso incluya también un procedimiento de cofinanciación para la agricultura, de manera que pueda alcanzarse un acuerdo, descartando la rebaja especial del Reino Unido.

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Admiro el sentido de la oportunidad de su Señoría, que ha sabido aprovechar la pregunta complementaria para plantear la cuestión que iba a plantear en la pregunta nº 17. Solo quiero repetir, aunque quizás le decepcione, mi anterior respuesta, en el sentido de que realmente no sería apropiado, dada la delicadeza y la importancia de las cuestiones que se están debatiendo y que se llevarán adelante durante nuestra Presidencia, que tratáramos de sacar un elemento particular del posible paquete de medidas en torno al cual esperamos alcanzar un consenso en diciembre.

  El Presidente.

Pregunta nº 12 formulada por Nils Lundgren (H-0916/05)

Asunto: Seguridad jurídica en la UE

En 1998 se prohibió en Polonia viajar al ciudadano sueco, Lech Sierpinski, por lo que desde entonces no ha podido abandonar el país. Como ciudadano extranjero en Polonia, durante estos siete últimos años, se le han negado derechos fundamentales tales como el acceso a la sanidad y al mercado laboral, y ya no puede seguir financiando los gastos de abogado.

Todos los Estados miembros de la UE deberían cumplir los criterios de Copenhague y son signatarios del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades

Fundamentales que, entre otras cosas establece el derecho a una protección jurídica eficaz y a un juicio justo.

Si bien soy consciente de la dificultad que supone comentar asuntos particulares, ¿podría la Presidencia indicar si considera que se puede intervenir a nivel del Consejo para influir sobre un Estado miembro de la UE que en situaciones como ésta no cumple los requisitos razonables de las garantías procesales?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Puedo responder brevemente a esta pregunta. El Consejo no ha debatido nunca esa cuestión, ni está dentro de su ámbito de competencias.

  El Presidente.

Pregunta nº 13 formulada por Chris Davies (H-0917/05)

Asunto: Transparencia y apertura

¿Qué avances se han realizado en la cuestión de la transparencia y la apertura en el Consejo desde que el Presidente en ejercicio de dicha institución respondió a mi pregunta H-0567/05(1) sobre el mismo tema?

Pregunta nº 14 formulada por Timothy Kirkhope (H-0957/05)

Asunto: Transparencia del Consejo

Tras la campaña iniciada en el Parlamento Europeo por los dirigentes políticos británicos ¿hasta qué punto ha logrado la Presidencia convencer al Consejo para que abra sus reuniones a la luz pública en aras de la transparencia y la responsabilidad?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Señor Presidente, siguiendo con el debate que se está celebrando sobre transparencia y apertura en el Consejo y el intercambio de opiniones entre la Presidencia del Reino Unido de la Unión y los diputados al Parlamento Europeo sobre esta cuestión, el 19 de octubre se celebró un primer debate en el COREPER, el Comité de Representantes Permanentes. La Presidencia está examinando actualmente, junto con las próximas Presidencias austriaca y finlandesa, una serie de posibles medidas encaminadas a aumentar la transparencia legislativa en el Consejo.

  Chris Davies (ALDE). – (EN) Doy las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo. Permítanme decir el enorme alivio que es que durante unos minutos no se debata REACH en corrillos interminables formados en este Parlamento, aunque solo sean unos minutos, me temo. Veo que el señor Kirkhope no está aquí, pero sé que ha planteado esta cuestión en un debate anterior.

Quiero agradecer personalmente al Presidente en ejercicio sus esfuerzos en esta materia. Reconozco que está haciendo todo lo que puede para promover el plan de trabajo. Tengo en mis manos una copia de una carta del señor Rasmussen, el Primer Ministro de Dinamarca, en la que dice que apoya un cambio del Reglamento. Sospecho que podrían conseguirse cartas similares de Estonia y Suecia para empezar. Sabemos ya cuál es la posición británica. Eso son cuatro votos y solo necesitan otros nueve. Sé que el Consejo prefiere hacer las cosas por consenso, pero para conseguir algo realmente sustancioso –un cambio real– ¿no debería la Presidencia someterlo a votación en el próximo Consejo de Asuntos Generales y nombrar y avergonzar a los Estados miembros que no apoyen esta posición?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Me intriga el consejo que me está dando su Señoría. La estrategia de no buscar el consenso y de nombrar y avergonzar es una curiosa línea de argumentación para avanzar, pero creo que indica la seriedad y la fuerza de los sentimientos de muchas de sus Señorías respecto a esta importante cuestión.

La posición del Gobierno británico sobre esta cuestión no se ha dado a conocer más que por nuestro Primer Ministro, quien ha hecho bien en reconocer que el Reino Unido, aunque asuma la Presidencia, no es el único actor subido al escenario. Me temo que decepcionaré a su Señoría al decir que el orden del día para el lunes está tan cargado, con la comparecencia no solo de los Ministros de Defensa, sino también de los Ministros de Desarrollo, que no podremos debatir la transparencia la próxima semana.

En los próximos días se publicará un documento de opciones, que será debatido por el Grupo Antici antes de ser debatido en el COREPER II. El COREPER I contribuirá también a ese proceso, por lo que agradezco las generosas palabras de su Señoría. Puedo asegurarle que es una cuestión en la que estamos haciendo un esfuerzo continuado, pero estamos convencidos de que la forma de avanzar no consiste en plantear el tema el 21 de noviembre en el próximo Consejo de Asuntos Generales, sino tratar de conseguir lo que será un progreso importante en esos otros foros que he descrito.

  James Hugh Allister (NI). – (EN) Señor Presidente en ejercicio, a usted le ha intrigado el autor de la pregunta. A mí me intriga su respuesta, en la que ha pretendido decir que el Gobierno británico es partidario de una mayor transparencia.

Tengo en mis manos el informe del Comité de Escrutinio Europeo de la Cámara de los Comunes publicado el 24 de octubre. Contiene una respuesta en la que se explica la posición del Gobierno británico ante la propuesta de que las reuniones del Consejo se celebren en público. Dice así: «El Gobierno cree que el Consejo Europeo no podría alcanzar acuerdos sobre cuestiones difíciles que el Consejo de Ministros no puede resolver si se viera obligado a trabajar a la luz pública.» Así pues, ¿cuál es la verdadera postura del Gobierno británico? ¿Están ustedes a favor de la transparencia, o están ustedes a favor de no tener que trabajar a la luz pública, como sugiere esta respuesta?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Responderé a su Señoría diciendo que, al menos en lo que corresponde al país que ostenta la Presidencia de la Unión Europea, la respuesta se dará de acuerdo con las propuestas de la Presidencia, porque lo que importa no es la opinión de un país, sino la opinión de los Estados miembros.

Cuando presentemos las propuestas en los próximos días, explicando a los socios las posibles opciones para aumentar la transparencia en el Consejo, puedo asegurar a su Señoría, quien ha hablado con elocuencia sobre la importancia que otorga a esta cuestión, que debatiremos este documento con las próximas Presidencias y también con la Secretaría del Consejo. Esas opciones se debatirán también en el COREPER, como he dicho antes, sobre la base del documento de opciones que se verá en la reunión de Antici este mismo mes. Esa es, en mi opinión, la forma constructiva de proceder para conseguir el resultado que tantos desean aquí.

  Richard Corbett (PSE). – (EN) ¿Es consciente la Presidencia de lo antigua que es esta cuestión de las presiones del Parlamento al Consejo para que abra sus reuniones a la luz pública cuando actúe como poder legislativo desde que fue elegido por primera vez en 1979? De hecho, la Presidencia británica en 1976, cuando estaba representada en el Consejo de Energía por Tony Benn, tomó la iniciativa de decir que el Consejo debía reunirse en público cuando tuviera intención de cambiar la legislación.

¿Reconoce que hemos hecho un gran progreso juntos con la modificación gradual de nuestra Constitución, ya que ahora al menos el Consejo publica los resultados de todas sus votaciones en materia legislativa y reconoce el derecho de acceso de los ciudadanos a los documentos, pero que sería bueno que diera un paso más y que de verdad se reunieran y votaran en público a la hora de legislar?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Me remito a su Señoría por el profundo conocimiento histórico que tiene de esta cuestión, lo cual demuestra el interés que la familia Benn ha mostrado siempre por esta cuestión. Sería bueno que su Señoría supiera que he discutido este tema con el hijo de Tony Benn, porque él es ahora uno de los representantes del Reino Unido en el Consejo de Ministros de Desarrollo y, por tanto, tiene un interés directo en la posición que hemos adoptado en ese y en otros Consejos. Celebro decir que sus comentarios reflejan bien el peso de la historia que subyace tras las importantes conversaciones que estamos manteniendo con los Estados miembros en este momento.

En respuesta a la primera pregunta, quiero reiterar simplemente el comentario que nuestro propio Primer Ministro hizo en su comparecencia ante el Parlamento Europeo al inicio de la Presidencia británica: ese impulso es el que nos ha permitido avanzar en los debates celebrados en el COREPER y que ahora esperamos seguir avanzando en los próximos días.

  Timothy Kirkhope (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente en ejercicio del Consejo, me disculpo ante usted y ante la propia Presidencia por llegar tarde. Hablé justo de este tema con el señor Hilary Benn el sábado, cuando fuimos a la Misa en Conmemoración de los Caídos celebrada en Leeds.

Quiero preguntar al Presidente en ejercicio cuál es la posición respecto a lo que me dijo el señor Blair –y también respecto a lo que me ha dicho hoy el señor Straw– sobre cómo vamos a proceder con esta cuestión de la apertura y la transparencia en el Consejo. El señor Blair me dijo que podría avanzarse siempre dentro de los límites marcados por el Reglamento. El señor Straw me ha dicho esta tarde que se estaban considerando dos opciones distintas. Quisiera saber si esas dos opciones están dentro de los límites marcados por la legislación o si estamos examinando una modificación del Reglamento.

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Agradezco a su Señoría que haya reforzado la naturaleza contemporánea de estos debates entre políticos británicos. No puedo afirmar que haya hablado con Hilary Benn hace tan pocos días como él, pero puedo asegurarles que, cuando me reúna con él en el Gabinete mañana por la mañana, me enteraré de lo que le dijo a usted en la Misa en Conmemoración a los Caídos celebrada en Leeds en domingo.

En cuanto al comentario que ha hecho, tendrá que esperar un poco, porque justo antes de que volviera a entrar en la Cámara esta tarde, le estaba explicando a otros colegas el proceso que estamos avanzando ahora: como él sabe, celebramos un debate en el COREPER al inicio de la Presidencia británica. No se debatirá en el Consejo de Asuntos Generales del 21 de noviembre. En su lugar, hemos decidido elaborar un documento de opciones que publicaremos en los próximos días de nuestra Presidencia y que luego debatiremos en la reunión de Antici antes de que se debata en el COREPER II. El COREPER I contribuirá también a este proceso. Si le sirve de algo a su Señoría, puedo asegurarme de que reciba una copia del documento de opciones cuando se publique.

  El Presidente.

Pregunta nº 15 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0920/05)

Asunto: Acuerdo de pesca con Marruecos y apoyo del Consejo en las Naciones Unidas

En su respuesta a una pregunta anterior (H-0692/05(1)) sobre la celebración de un acuerdo de pesca entra la UE y Marruecos que incluye los territorios ocupados del Sahara Occidental, el Consejo declara que «apoya el proceso iniciado por las Naciones Unidas».

En lo que se refiere a las Naciones Unidas, el 11 de octubre, el Cuarto Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una Resolución relativa al derecho de los territorios no autónomos a sus propios recursos naturales. La Resolución contó con el apoyo de 137 miembros presentes, 22 de los cuales son además miembros de la UE. Francia y Gran Bretaña se abstuvieron, mientras que Dinamarca estuvo ausente.

Partiendo de la referencia anterior del Consejo al apoyo del proceso iniciado en las Naciones Unidas y teniendo en cuenta la Resolución apoyada por una mayoría de los miembros de la UE mediante votación el 11 de octubre en las Naciones Unidas, se podría extraer la conclusión de que el acuerdo de pesca negociado entre la UE y Marruecos no incluirá el territorio del Sahara Occidental. ¿Puede el Consejo confirmar que los puertos y aguas del Sahara Occidental no se incluyen en el acuerdo de pesca?

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Señor Presidente, quiero remitir a su Señoría a la respuesta del Consejo a su pregunta H-0692/05 formulada el 28 de septiembre.

En mi respuesta, decía que en el artículo 2 del Acuerdo de Pesca firmado el 28 de julio de 2005 se indica que es aplicable a «las zonas de pesca marroquíes bajo soberanía o jurisdicción del Reino de Marruecos». Esta delimitación del ámbito geográfico del acuerdo es idéntica a la delimitación que se establecía en el acuerdo previo expirado en 1999 y no perjudica en modo alguno a la cuestión del estatuto del Sáhara Occidental. El acuerdo firmado está ahora en proceso de ratificación, que se espera que concluya con su celebración formal en el primer trimestre de 2006.

  Jonas Sjöstedt (GUE/NGL). – (SV) Quiero dar las gracias al Consejo por su repuesta. El problema es que significa que la UE ha concluido un acuerdo de pesca por el que la UE pescará en las aguas del Sáhara Occidental, que es un país ocupado ilegalmente por Marruecos. Ninguno de los Estados miembros de la UE reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Por muy elegante que sea la explicación, no se puede pasar por alto el hecho de que han celebrado, o están a punto de celebrar, un acuerdo que aprueba indirectamente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occcidental, dado que el acuerdo incluye negociaciones relativas a los recursos naturales del país ocupado. Me parece que esto es sumamente inconsecuente e inmoral. Me pregunto por consiguiente si no hay una falta de unanimidad con respecto a la política del Consejo en este terreno.

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Permítanme asegurar a su Señoría que el estatuto político del Sáhara Occidental se está tratando en el marco de las Naciones Unidas. El Consejo ha ofrecido a las Naciones Unidas todo su apoyo para encontrar una solución satisfactoria al problema del Sáhara Occidental, y espera que la situación se resuelva en breve.

Como ya dije antes, el acuerdo de pesca no perjudica para nada a la cuestión del estatuto del Sáhara Occidental. Como con el anterior acuerdo, en vigor desde hace mucho tiempo, el nuevo acuerdo de pesca UE-Marruecos es aplicable a «la zona de pesca de Marruecos bajo soberanía o jurisdicción del Reino de Marruecos». El acuerdo de pesca no perjudica para nada a la cuestión del estatuto del Sáhara Occidental, como sugiere su Señoría.

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente en ejercicio del Consejo, no creo que uno pueda, como acaba de hacer el señor Sjöstedt, calificar simplemente a Marruecos de potencia ocupante. Quiero preguntarle si el problema del Sáhara Occidental no es un vestigio de nuestro propio pasado colonial europeo, y si no debemos intentar comprender a ambas partes –a los marroquíes y a las demás facciones– si queremos conseguir una auténtica solución de compromiso que tenga también en cuenta los intereses de Marruecos.

  Douglas Alexander, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Permítanme que asegure a su Señoría que estamos buscando una solución verdadera, pero reconocemos que esa solución verdadera –el estatuto político del Sáhara Occidental– se está planteando en el marco de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas disfrutan del pleno apoyo del Consejo para buscar una solución verdadera y satisfactoria al problema del Sáhara Occidental. Desde luego, esperamos que se encuentre en breve una solución a esta situación.

  El Presidente. Las preguntas 16 a 36 se contestarán por escrito⁽¹⁾.

(1) See Annex ‘Question Time’