El Presidente. Señoras y señores diputados, creo que es una buena ocasión para que el Presidente les haga una declaración relativa a la pena de muerte. Digo que es una buena ocasión porque, como ustedes saben, el 10 de diciembre —hace dos días— celebramos el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Entre estos derechos, hay uno fundamental: el derecho a la vida.
Sin embargo, lamentablemente, pocos días antes tenía lugar, en los Estados Unidos, la ejecución del condenado a muerte número 1 000 desde que esta pena se reinstauró en 1976. La magia de las cifras redondas —1 000— y su coincidencia en el calendario con el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos dan a esta circunstancia una especial relevancia.
Pero no sólo en los Estados Unidos tuvo lugar una ejecución, también en Singapur, el mismo día, era ejecutado otro condenado.
Es un buen momento para recordar que la Unión Europea combate la pena de muerte, porque la considera contraria a nuestros valores. La abolición de la pena de muerte es una condición sine qua non para la adhesión de cualquier país a la Unión Europea.
Afortunadamente, la abolición de esta pena progresa en el mundo: en 1977, 16 países habían abolido la pena de muerte y, hoy, ya son 84.
Pero en 76 países todavía se mantiene esa pena, y, en 24 países, aunque está abolida de hecho, puesto que no se practican ejecuciones desde hace 10 años, subsiste en el código legal.
Aunque ha disminuido el número de países que aplican esta pena, el número de ejecuciones es dramáticamente elevado. Según Amnistía Internacional, en el año 2004, 7 400 personas fueron condenadas a muerte y en 25 países se ejecutó a casi 3 800 personas.
Por lo tanto, no nos centremos sólo en el número 1 000, de los Estados Unidos, y retengamos una visión global de lo que ocurre en el conjunto del mundo: 3 800 personas ejecutadas en el año 2004.
Sin embargo, el 95 % de estas ejecuciones, prácticamente la totalidad, se produjeron en China, en Irán, en Vietnam y en los Estados Unidos. Así, los Estados Unidos son el único país democrático que todavía aplica de forma significativa la pena de muerte; en sus cárceles, hay 3 400 personas condenadas, esperando su ejecución.
Un hecho significativo es que 120 personas condenadas a muerte han sido liberadas antes de su ejecución porque su inocencia ha sido probada.
Ésta es la situación. Una situación que, sin embargo, permite atisbar una luz de esperanza, porque la sociedad estadounidense evoluciona en contra de la pena de muerte, así como los jurados populares, y el Tribunal Supremo ha abolido su aplicación para los menores y los discapacitados mentales. En doce Estados federados está abolida; en otros 20, ya no se ejecuta.
Pero, desgraciadamente, China es el país que tiene el récord absoluto de ejecuciones capitales. Parece ser que habría unas 6 000 ejecuciones al año, aunque Amnistía Internacional las cifra en 3 400.
Quiero recordarles esta situación, porque creo que nosotros, parlamentarios, tenemos que trabajar para convencer a nuestros homólogos de todos los países de que la pena de muerte ha de suprimirse, porque, para nosotros, los europeos, la vida es un derecho inalienable y nadie pierde el derecho a ese derecho cualesquiera que sean sus culpas. Eso es lo que quiere decir inalienable: que no depende de la responsabilidad de cada cual, sino de su propia existencia y esencia como ser humano.