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Debates
Lunes 12 de diciembre de 2005 - Estrasburgo Edición DO

16. Ley Reguladora de la Actividad Urbanística
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  El Presidente . De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A6-0382/2005) de la señora Fourtou en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre las alegaciones de aplicación abusiva de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y sus repercusiones para los ciudadanos europeos (Peticiones 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 y otras) [2004/2208(INI)].

 
  
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  Janelly Fourtou (ALDE), ponente. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, desde hace muchos años la suavidad del clima, la belleza del paisaje, unos precios atractivos y la cálida acogida de los habitantes incitan a miles de europeos a adquirir propiedades en la región española de Valencia.

Para hacer frente a una demanda que crece vertiginosamente y luchar contra la especulación, el Gobierno autónomo de Valencia adoptó en 1994 una ley de ordenación del territorio, la llamada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Desde entonces, el Parlamento Europeo ha recibido miles de peticiones contra la aplicación precisamente de esa ley. Los peticionarios se quejan de la usurpación abusiva, a su juicio, de sus derechos de propiedad debido a proyectos de equipamiento urbano y de ordenación del territorio. Las críticas se refieren tanto al fondo –legitimidad jurídica, económica y ambiental de los proyectos– como a la forma –información deficiente, falta de transparencia, plazos de impugnación y presentación de propuestas demasiado cortos e indemnizaciones demasiado bajas. Se sienten impotentes ante una situación por lo demás muy compleja, pues hay que recordar que la responsabilidad jurídica y política está compartida en este caso entre el Gobierno español en lo que respecta a la normativa relativa al suelo, la Comunidad Valenciana por lo que se refiere a la legislación local en materia de normas de planificación, y los municipios, que, basándose en la legislación española y regional, llevan a cabo los programas que consideran legítimos.

Para conocer la situación sobre el terreno, la Comisión de Peticiones envió dos delegaciones, en 2004 y 2005, para recabar información de todas las partes implicadas. En mi calidad de ponente formé parte de la segunda delegación y me impresionó mucho el elevado número de peticionarios; no solo me emocionó lo que dijeron, sino también su confianza en la espuesta de Europa. Asimismo aprecié la atención que nos prestaron las autoridades valencianas y su disposición a cooperar.

Por lo demás, la Comunidad Valenciana es consciente de los problemas y en estos momentos está elaborando una nueva ley, la llamada Ley Urbanística Valenciana (LUV), que abordará las quejas formuladas por los peticionarios. Además, en un espíritu de apertura, el Gobierno valenciano invitó al Parlamento Europeo a presentarle las sugerencias que juzgue oportunas.

Muy a menudo se critica a Europa por estar lejos de los ciudadanos. Tenemos aquí una ocasión de demostrar lo contrario: el Parlamento Europeo, a través de su Comisión de Peticiones, está a la escucha de los ciudadanos. El problema, sin embargo, es que no podemos rebasar nuestra autoridad, pues en modo alguno podemos crear en los ciudadanos falsas expectativas que inevitablemente serán defraudadas. Por lo que respecta a los hechos y la competencia de la Comunidad, pedimos por tanto a la Comisión Europea que siga velando por la observancia del procedimiento de licitación y vigilando cualquier incumplimiento de las directivas ambientales. De hecho, ya ha comenzado a responder a nuestros llamamientos abriendo, el pasado 21 de mayo, un procedimiento de infracción contra el Reino de España por incumplimiento de la directiva sobre contratos públicos.

Insistimos ante el Gobierno regional y ante los ayuntamientos en que presten a todas las personas afectadas por la LRAU la ayuda necesaria para incoar un posible proceso de rectificación e indemnización. Reclamamos que en todos los proyectos se tenga en cuenta la cuestión ambiental, tan crucial para el futuro de Europa.

Doy las gracias a las diputadas y diputados que han hecho gala de tanto entusiasmo por este tema y han mejorado mi informe inicial, pero tengo que recordarles que solo podemos actuar dentro de los límites de nuestras competencias comunitarias y que nuestro margen de maniobra es reducido. Nuestra respuesta depende, y ha dependido, de nuestros temperamentos y nuestros compromisos. Unos tienden a hacer montones de cosas, otros a quedarse cortos; por mi parte, he intentado tomar el camino de en medio, y con ese espíritu el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa presentará algunas enmiendas destinadas únicamente a reorientar nuestros esfuerzos.

Me siento tentada de decir a los ciudadanos europeos afectados por la LRAU que les hemos escuchado, que deploramos la situación y que no estamos aquí para juzgar, sino para intentar presionar a fin de que todos sean escuchados y respetados y que al final se encuentre una solución justa y equilibrada. Espero que este informe dé sus frutos, que la situación haga finalmente justicia a todos y que la Comisión de Peticiones demuestre una vez más que somos un eslabón importante de la cadena de relaciones entre los ciudadanos y el Parlamento Europeo.

 
  
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  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, la ponente, la señora Fourtou, y sus colegas de la Comisión de Peticiones, han trabajado arduamente sobre este informe, una iniciativa de esta Cámara en respuesta a los miles de peticiones recibidas por la comisión. Quiero dar las gracias a todas las personas que han participado en esta labor y han contribuido a este difícil y delicado debate. Es realmente una preocupación que afecta a muchos ciudadanos de la UE, como muestra el número de peticiones recibidas.

Se enviaron dos misiones de investigación a Valencia, que dieron a los miembros de la comisión la oportunidad de conversar con representantes de todas las partes afectadas y tener conocimiento de primera mano de la situación. Sus Señorías saben mejor que nadie lo que está en juego.

El informe de la señora Fourtou alude a una serie de materias clave que han atraído la atención política de esta Cámara. La Comisión, dentro de los límites de sus competencias, ha examinado este asunto principalmente desde un punto de vista de mercado interior. En concreto, hemos analizado el aspecto de la contratación pública en el derecho español. En ello voy a centrarme.

La Comisión parte de que la aprobación de programas de acción integrada en el marco de la legislación urbanística valenciana abarca la adjudicación de obras y servicios públicos. La Comisión ha considerado desde las primeras fases de este proceso que la legislación urbanística valenciana suscitaba problemas con la normativa de contratación pública de la UE. La adjudicación de contratos se hacía sin transparencia ni publicación de anuncios en el Diario Oficial de la UE. No había selección objetiva ni criterios de adjudicación, ni cláusulas de precios adecuadas, ni igualdad de oportunidades para todos los interesados en las oportunidades de negocio. Por eso, la Comisión decidió incoar un procedimiento de infracción contra España en esta cuestión y enviar una carta de notificación formal el 21 de marzo de 2005.

Desde entonces hemos estado colaborando con las autoridades competentes para corregir los defectos detectados en la aplicación de la ley vigente. Sin embargo, el nuevo proyecto de ley presentado a mis servicios no subsana todas las imperfecciones. Además, la situación práctica no ha cambiado: las autoridades públicas siguen adjudicando contratos sin seguir unos procedimientos de licitación adecuados. A la vista de la falta de progresos, tengo previsto enviar una carta en los próximos días a las autoridades competentes de España instándoles a tomar las medidas oportunas para remediar la situación.

Puede ser muy complicado combinar las exigencias de la planificación con las leyes de contratación pública, pero eso no puede ser una excusa para no aplicar la normativa europea vigente. Se trata de normas que benefician a las autoridades públicas al aumentar sus competencias en los contratos y al disminuir el precio de las obras, suministros y servicios. Por eso, cuentan sus Señorías con mi compromiso de asegurar que se respeten las normas de contratación pública de la UE, tanto en la letra como en los hechos, sea cual sea la normativa que se apruebe en el futuro.

El informe de la señora Fourtou también alude a muchas otras materias de relevancia, pero la Comisión no está en condiciones de evaluarlas al situarse fuera del ámbito de competencias de la Comunidad.

 
  
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  Marie Panayotopoulos-Cassiotou, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EL) Señor Presidente, como miembro de la segunda delegación parlamentaria que visitó a las autoridades españolas en Madrid y a las autoridades regionales y locales de la Comunidad Valenciana en junio de 2005, y que se reunió con grupos de peticionarios, me veo obligada a manifestar públicamente que los principales implicados demostraron una excelente predisposición para cooperar con los diputados al Parlamento Europeo y expresaron su comprensión y preocupación por las legítimas reivindicaciones de los ciudadanos, pero no por las de carácter ilícito.

Nuestra ponente, la señora Fourtou, ha hecho una proeza elaborando el informe en nombre de la Comisión de Peticiones, y ha empleado de forma magistral toda su capacidad de abstracción a fin de quedarse con lo más relevante para reflejarlo en el informe que esta Cámara ha de votar, ateniéndose a las normas del procedimiento y a sus obligaciones legales y sin excederse en ellas.

Lamentablemente, cuando se votó el informe Fourtou en la Comisión de Peticiones, se colaron ciertas enmiendas en el texto que afectan al principio de subsidiariedad, además de reclamaciones no acompañadas de la correspondiente prueba.

Por eso, nosotros respaldamos las enmiendas de la ponente y de su Grupo destinadas a eliminar ciertos detalles. Estas enmiendas recuperan la dignidad del texto no legislativo, que, desde luego, carece de repercusiones. Además, con nuestra serie de enmiendas pretendemos corregir la inaceptable didáctica y el tono imperativo, sobre todo en los apartados 6 y 11, que son insultantes para un Estado miembro. La enmienda al apartado 11, sobre todo, destaca el problema más general de la excesiva urbanización de las costas mediterráneas en su conjunto, poniendo el acento en la naturaleza común de la protección del medio ambiente.

En cuanto al considerando I, nuestra enmienda subsana el confuso tono del texto y recuerda los procedimientos de infracción ya ejercidos de acuerdo con el artículo 226 del Tratado y la legislación europea, tal como ha mencionado el señor Comisario, y por eso pedimos a los que voten a favor del informe que voten también a favor de estas enmiendas. En cuanto a si sus Señorías desean votar a favor del informe, que hagan lo que les parezca.

 
  
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  Proinsias de Rossa, en nombre del Grupo del PSE. – (EN) Señor Presidente, debo comenzar disculpándome por la ausencia del señor Cashman, que no puede participar en el debate de esta mañana por problemas de transporte. De no ser así, él intervendría en este debate en nombre del Grupo del PSE.

Este informe es extremadamente importante por diversas razones: porque pretende demostrar a los ciudadanos de Valencia que el Parlamento Europeo no es solo un órgano legislativo –que lo es, por supuesto–, sino también una voz del pueblo europeo cuando siente amenazados sus derechos. También quisiera decir que el Grupo del PSE no aceptará enmiendas a este informe encaminadas a debilitarlo. En sí mismo ya es un informe de compromiso y no es tan enérgico como sin duda a mí me hubiera gustado.

No se puede consentir que los habitantes de ciertas zonas de Valencia deban tolerar la expropiación de sus bienes por la corporación local para el consiguiente enriquecimiento de los constructores. Es de primordial importancia insistir en la aplicación de las directivas que recaen en otras competencias de la Comisión distintas del mercado interior. Me refiero en concreto a la directiva 2001, que trata de las evaluaciones estratégicas de impacto ambiental, y la directiva 2000, que trata del uso prudente y de la protección de los recursos hídricos, todo ello materia de esta queja. También es importante que busquemos vías de presión para que el Gobierno valenciano imponga una moratoria sobre los nuevos proyectos hasta que se haya puesto en marcha una legislación que cumpla satisfactoriamente los requisitos de la Unión Europea.

También es esencial que se respete el derecho de los ciudadanos a una indemnización y que no se les oculten las propuestas que afecten a su propiedad, tanto si están comprándola como si ya les pertenece. No es correcto que los ciudadanos sean unilateralmente desposeídos de la propiedad de que disfrutan.

En referencia a otro asunto, estoy seguro de que mi colega no desaprobará que llame la atención del Comisario McCreevy sobre el hecho de que el pasado viernes cien mil personas se manifestaron en Irlanda para expresar su ira contra la directiva Bolkestein, de la cual actualmente él es responsable. Ya que se encuentra hoy aquí, deseo que tenga en cuenta la preocupación expresada por esos ciudadanos europeos.

 
  
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  Diana Wallis, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presiente, felicito a mi colega, la señora Fourtou, por su ecuánime informe. En el Grupo ALDE prestaremos nuestro apoyo, por supuesto, a nuestras propias enmiendas, pero no a otras enmiendas que pretendan debilitar aún más el informe.

Se trata de los derechos de los ciudadanos. Y, lo que es quizá más importante, se trata de un derecho que está en el núcleo de lo que es la Unión Europea. La libertad de circulación en la Unión Europea es un auténtico logro, y cuando nuestros ciudadanos deciden ejercerlo viviendo –a menudo jubilándose– en otro Estado miembro, merecen toda nuestra protección y apoyo. Muchos de ellos hacen la mayor inversión económica de su vida para la compra de su propiedad inmobiliaria.

Eso es lo que ha sucedido con algunos ciudadanos en cierta región de un Estado miembro. Se han dirigido por millares a nosotros para relatarnos algo que se está haciendo de forma desastrosa. El valor de sus propiedades se ha visto derrumbado por una ley de control del desarrollo que no parece funcionar. Creo que hemos elaborado un informe ecuánime que contribuirá a ejercer presión sobre las autoridades de Valencia.

Hay tres objetivos que debemos lograr: tenemos que asegurarnos de que usted, señor Comisario, siga imponiendo la legislación comunitaria en el marco de sus poderes; debemos asegurarnos de que los ciudadanos que han acudido a nosotros se beneficien de alguna forma de compensación o indemnización, y a tal fin debemos seguir presionando a las autoridades españolas.

Y también he de pedirle una cosa más, señor Comisario: invitamos a nuestros ciudadanos a que se desplacen y vayan a vivir en otros lugares, y no queremos volver a ver este tipo de situaciones. De modo que sin interferir en la normativa urbanística de cada Estado miembro –que es asunto suyo–, ¿es posible que prestemos algún asesoramiento o información a nuestros conciudadanos que vayan a adquirir una propiedad en otro Estado miembro?

No queremos que esto vuelva a suceder. No pretendemos caer en el paternalismo, pero hemos de apoyar a nuestros ciudadanos cuando ejercen el derecho a la libre circulación, tan valioso para todos nosotros.

 
  
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  David Hammerstein Mintz, en nombre del Grupo Verts/ALE. (ES) Señor Presidente, estamos realmente ante una cuestión profundamente europea, una cuestión de derechos: no podemos aplicar la legislación europea sin tratar el escándalo urbanístico en el Mediterráneo. Ni siquiera podemos aplicar el Tratado en relación con los derechos humanos, ni podemos aplicar las directivas de contratación pública, la Directiva marco del agua, la Directiva de evaluación ambiental estratégica, sin enfrentarnos a lo que el Presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos ha denominado esta misma mañana un horror urbanístico: ha dicho que el litoral mediterráneo está colmatado, que el territorio está sufriendo una masificación importante y un impacto irreversible que dejará una huella ecológica demasiado dura.

Tenemos que acabar cuanto antes con este horror, que está vulnerando los derechos de las personas: miles y miles de personas —la gran mayoría son valencianos— están sufriendo esta situación.

No es compatible un medio ambiente sostenible con este modelo. Yo creo que estas vulneraciones de directivas europeas han de tener una respuesta europea fuerte y rápida.

Y, en ese sentido, hemos hecho un informe entre todos, gracias a un trabajo ejemplar de dos años de la Comisión de Peticiones, que adoptó este informe de forma unánime. Y, ahora, unas personas que votaron a favor en la Comisión de Peticiones quieren deteriorar, quieren debilitar de forma irreversible este informe. No creo que sea demasiado honesto. Yo creo que los intereses medioambientales de los ciudadanos van por delante de los intereses del ladrillo y del cemento, que quieren cubrir toda la costa del Mediterráneo.

 
  
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  Graham Booth, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, aunque comprendemos perfectamente a los ciudadanos que se encuentran en esa penosa situación, en el Partido por la Independencia del Reino Unidos pensamos que lo que sucede en Valencia con las expropiaciones de terrenos se debería haber resuelto mediante acuerdos bilaterales entre España y los países afectados. En lugar de eso, me temo que el Parlamento Europeo esté una vez más matando moscas a cañonazos.

La planificación urbanística es una materia que debe permanecer en el nivel local para que las necesidades de cada lugar sean atendidas como es debido. Una política centralizada serviría para agravar los problemas, en vez de resolverlos. Es algo que vemos una y otra vez en los llamados proyectos europeos. Les recordaré algunos ejemplos.

El primero, la Política Pesquera Común, con su sistema de cuotas sumamente perjudicial. Aclamado como proyecto respetuoso con el medio ambiente, ha causado un daño irreparable en las poblaciones de peces. Un gran número de plantas de procesamiento de pescado se han visto abocadas al cierre en el Reino Unido y la economía pesquera local ha quedado devastada. Y, hablando de desastres, no podemos dejar de mencionar la PAC, que ha generado ríos de vino y montañas de mantequilla y ahora está dando tantos quebraderos de cabeza al Comisario Mandelson como a los agricultores de los países en desarrollo. Chirac, en esencia, al proteger al pequeño agricultor francés, tiene secuestrado al mundo entero. En vez de estabilizar los precios de los mercados de productos primarios, la UE está perjudicando a muchas personas a las que dice querer ayudar.

La situación que afecta a esos ciudadanos no españoles en Valencia, incluidos muchos británicos, debe abordarse entre los Gobiernos implicados. Lamento que el Gobierno británico no haya llegado a un acuerdo bilateral con España en esta cuestión. Lo que sucede, por el contrario, es que los tentáculos de la burocracia de la UE vuelven a aprovecharse de la desgracia privada para arrebatar soberanía a los Estados miembros.

 
  
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  Marcin Libicki, en nombre del Grupo UEN (PL) Señor Presidente, quisiera comenzar expresando mi sincera gratitud a los que han participado en esta historia de éxito, cuyo último capítulo debe ser la aprobación del informe. Sobre todo me complace que los peticionarios hayan depositado su confianza en la Unión Europea y en la Comisión de Peticiones, que tengo el honor de presidir. También estoy muy contento de que el Defensor del Pueblo de la región de Valencia haya ofrecido su apoyo durante la elaboración del informe y durante nuestra fructífera búsqueda de una solución. Asimismo, me satisface que el trabajo realizado por los miembros de nuestra misión, que visitaron la región en junio, fuera tan productivo. La misión estuvo encabezada por el señor Cashman, vicepresidente de la Comisión de Peticiones, y contó también con la presencia de la señora Fourtou, a quien debo agradecer la elaboración del informe. Otro miembro de la misión fue la señora Panayotopoulos-Cassiotou, a quien también quiero dar las gracias, y quien dirige la secretaría de nuestra comisión. La notable labor realizada ha dado su fruto en este informe.

Las peticiones, presentadas inicialmente por Charles Svoboda en nombre de la asociación Abusos Urbanísticos No, radicada en Valencia, y por las señoras Schuckall y Perret, fueron posteriormente firmadas por más de 10 000 personas. En un principio, no era ocioso preguntarse si las peticiones merecían un estudio más detallado, pero pronto se hizo patente que sí. La razón no era solo que se hubieran infringido los principios de protección del medio ambiente y las normas de licitación pública, sino, sobre todo, que se hubiera conculcado un derecho fundamental de las personas: el derecho a la propiedad, y, más aún, el derecho a la propiedad de personas cuyas condiciones en muchos casos eran muy precarias y que no querían nada más que pasar el resto de sus vidas en las pequeñas casas que se habían construido ellas mismas.

Las conversaciones mantenidas con los peticionarios, tanto durante la misión de investigación como durante nuestras reuniones, nos revelaron toda la magnitud de la tragedia que afligía a unas personas a quienes se había arrebatado una parte tan esencial de sus bienes. Al encontrarse con que su patrimonio les había sido confiscado sin su conocimiento y con que sus derechos fundamentales habían sido gravemente vulnerados, tuvieron una experiencia realmente desgraciada.

Nuestra comisión aprobó por unanimidad el informe Fourtou, con una sola abstención. Ese informe fue el resultado de un compromiso y de los debates sobre las enmiendas dentro de la comisión. Por eso, creo que el informe debe ser aprobado ahora por el Parlamento sin más enmiendas que puedan distorsionar su significado. Puesto que ya ha sido aprobado por unanimidad una vez, me complacería enormemente que esta Cámara también lo hiciera.

Señorías, nuestra intención es que Valencia apruebe una nueva ley. Ya ha prometido que lo hará, lo cual atestigua la eficacia de la labor del Parlamento y de su comisión. Dicha nueva ley debe tener en cuenta los derechos humanos y las normas de licitación pública relacionadas con el medio ambiente. La compensación de las partes afectadas es otro asunto que debe ser atendido. Por ese motivo, estamos instando al Gobierno valenciano a que registre los datos de cada caso individual y, si es necesario, les ofrezca una adecuada compensación.

Espero que el Comisario McCreevy, que está aquí en nombre de la Comisión Europea, haga todo lo posible por que no se repitan las injusticias y se corrijan los errores del pasado.

 
  
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  Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, lo primero que tengo que hacer, como no puede ser de otra manera, es agradecer a la señora Fourtou la elaboración de este informe, un informe —como hemos dicho— muy debatido y trabajado; un informe que ―como también se ha dicho aquí― ha tenido, no lo olvidemos, un antecedente poco común en la Comisión de Peticiones: el hecho de que dos delegaciones parlamentarias hayan visitado la Comunidad Valenciana para hablar y tratar sobre este tema.

Pero creo que, hoy, este tema llega a su fin y, además, que, con este informe, se va a poner en entredicho el modelo urbanístico socialista que existía en la Comunidad Valenciana, que los socialistas pusieron en marcha cuando gobernaban. En mi opinión, se puede aplicar el refrán de que «aquellos polvos trajeron estos lodos». Por eso, me congratulo, como decía el señor Libicki, de que, a partir de ahora, con este nuevo informe, que, imagino, se va a aprobar en este Parlamento Europeo, este va a aplaudir, entre otras cosas, la iniciativa de que el actual Gobierno valenciano tramite y elabore una nueva ley que sustituya a la anterior ley socialista.

Y, sobre todo, quiero subrayar y recordar que esta nueva ley, que se podrá tramitar y aplicar, va a tener, entre otros, dos puntos fundamentales: primero, que esta nueva ley se aprueba en ejercicio de las competencias que, en materia urbanística, tiene el Gobierno valenciano en exclusiva, y, segundo, que el informe también aprueba una serie de recomendaciones para que el Estado de Derecho pueda atender las reclamaciones que, por aplicación de la antigua LRAU, hubiera o haya habido, es decir, ahora se van a salvaguardar todos los derechos de los ciudadanos que se han dirigido a esta Comisión de Peticiones.

Señor Presidente, Señorías, estoy seguro de que la solución justa vendrá con la desaparición de la LRAU creada por el anterior Gobierno socialista, y estoy convencido de que esa solución justa va a conseguirse con la aplicación de la nueva ley que el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad Valenciana tiene previsto crear.

 
  
  

PRESIDENCIA DEL SR. OUZKÝ
Vicepresidente

 
  
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  Joan Calabuig Rull (PSE). – (ES) Señor Presidente, en primer lugar, quisiera agradecer a la señora Fourtou el trabajo que ha realizado en la Comisión. Ha tenido un talante abierto, hemos podido discutir muchas enmiendas de compromiso, y sabemos, además, que ha tenido un trabajo difícil, porque este es un tema en el que no pueden ustedes imaginarse la cantidad de intereses que se mueven y, por tanto, las presiones que hay.

Quiero decirles y dejar claro que, en primer lugar, en la Comunidad Valenciana residen desde hace décadas miles de ciudadanos europeos, millones nos visitan cada año y que estas personas se muestran satisfechas de vivir en nuestra Comunidad y de los servicios de alta calidad que, en general, reciben en su vida diaria. Por tanto, nos referimos a una Comunidad acogedora. Para la mayoría de los que están allí y de los que quieren venir es una suerte poder compartir su vida con nosotros.

También hay que decir que la mayoría puede resolver con normalidad los problemas que tiene ante los tribunales y ser atendida por determinadas autoridades locales en muchos sitios. Pero otros no ven solucionados esos problemas, y en estos momentos nos estamos encontrando con una cantidad muy importante de gente que no ve resueltos estos problemas. Por eso, me siento consternado por el hecho de que, en estos últimos tres años, hayan aumentado de manera muy notable las reclamaciones por abusos urbanísticos.

Como ciudadano europeo, nacido y residente en la Comunidad Valenciana, lamento sinceramente que tengamos que celebrar este debate, pero hay que recordar que, si esto es así, se debe a que las reclamaciones presentadas en este Parlamento han sido efectuadas por miles de ciudadanos europeos que se sienten víctimas de abusos urbanísticos. Estamos, y hay que decirlo claramente, ante un hecho excepcional en España y en el resto de Europa, que, además, hay que recordar, provocó la protesta formal de diecisiete embajadores de la Unión Europea.

Otras regiones españolas disponen de leyes parecidas a la LRAU; incluso la titular de la Secretaría Autonómica de Territorio y Medio Ambiente vino aquí a decir que aquella ley estaba muy bien. Pese a tener leyes parecidas, evidentemente no han tenido nunca un problema de esta magnitud.

Por tanto, quiero decirles que es justo que atendamos a los ciudadanos; además, creo que las autoridades pidieron a la delegación que fue allí que hiciera propuestas, y creo que esto es lo que ha hecho la Comisión. Me parece necesario que exijamos el respeto de los ciudadanos frente a grupos económicos que tienen un poder enorme, y ante los cuales muchas veces los ciudadanos quedan indefensos. Creo que está en nuestras manos contribuir precisamente a lo que planteaba el señor Iturgaiz: que no tengamos que repetir este debate y que podamos acabar con esta situación. Si ahora no impulsamos estas soluciones, es evidente que en el futuro, desgraciadamente, tendremos que afrontar nuevamente aquí este problema.

Y, como les decía, como ciudadano de la Comunidad Valenciana, deseo que se resuelvan esos problemas y que la incompetencia de un Gobierno regional no deteriore nuestra imagen, como lo está haciendo ante muchos ciudadanos europeos, porque nuestra Comunidad no se merece eso.

 
  
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  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – (ES) Señor Presidente, permítame ante todo felicitar a la ponente, señora Fourtou, por el trabajo que hizo, lamentando que ese trabajo fuera después alterado en el proceso final de aprobación de determinadas enmiendas, desnaturalizando lo que era en su origen un informe razonable.

Porque, finalmente, lo que nos trae hoy aquí, Señorías, es una mezcla de populismo poco responsable por parte de diputados que quieren satisfacer, a toda costa, a sus conciudadanos residentes en España y por parte de diputados españoles que han decidido hacer política local o regional desde el Parlamento Europeo —de un lado o de otro; lo acaban de ver ahora mismo—.

Esa mezcla de populismo irresponsable de un tipo y de otro lleva a aberraciones como las que se pueden votar aquí si este texto no se modifica. Es triste ver el Parlamento Europeo convertido en legislador regional, pervirtiendo totalmente el principio de subsidiariedad y diciéndole a una Comunidad Autónoma qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cómo tiene que legislar, cuándo puede conceder licencias urbanísticas y en qué condiciones.

Yo comprendo y comparto las críticas a esta Ley, sin duda, y comparto, por supuesto, las críticas a su aplicación por el Gobierno valenciano —a la Ley y a su aplicación—.

Pero, Señorías, el Parlamento Europeo no es el Santuario de Lourdes, al que se acude cuando se ha perdido toda esperanza en cualquier otro ámbito. Esta es una Institución seria y lo único que se consigue trayendo aquí una resolución de este tipo es crear una falsa imagen ante los ciudadanos, puesto que se aprueban resoluciones que serán absolutamente estériles, porque es en las Cortes valencianas donde este tema será resuelto, y se crea una reputación que en nada contribuye a reforzar el trabajo de esta Cámara ni a reforzar el respeto que les pedimos a los ciudadanos por nuestro trabajo.

Por tanto, las críticas que pueda tener la situación urbanística en Valencia las hago absolutamente propias: las críticas a la Ley y las críticas al Gobierno. Su tratamiento en esta Cámara equivale a protestar aquí por los retrasos en el metro de Londres. Creo que el Parlamento Europeo no es el sitio adecuado para ello y lo que estamos haciendo, con la aprobación de un documento como este, es pervertir el propio sistema institucional.

 
  
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  Bernat Joan i Marí (Verts/ALE). (EN) Señor Presidente, con mi intervención no pretendo expresar ningún tipo de menosprecio por la autonomía del País Valenciano. En cualquier caso, creo que es una autonomía insuficiente a la vista de las verdaderas necesidades en esa zona de los Países Catalanes.

Dicho esto, creo que es necesario plantear la introducción de un concepto común europeo de planificación territorial y de protección del medio ambiente. En mi opinión, los especuladores inmobiliarios se están aprovechando de la débil autonomía valenciana. Este es un caldo de cultivo para la corrupción a gran escala. Hace falta un consenso a escala de la UE para impedir las políticas que pongan en peligro una planificación racional europea y el medio ambiente. Los Estados, las regiones y las comunidades autónomas deben participar en la definición de tal consenso. Si no se avanza en este sentido, sucederá que regiones como el País Valenciano y las Islas Baleares, donde la construcción es la principal actividad económica, verán sus territorios completamente hipotecados. Ya es una grave anomalía que el sector de la construcción sea la actividad más rentable en nuestra parte del mundo. Si no se pone coto a esta situación, algunos se van a enriquecer a costa de crear grandes problemas sociales, ecológicos y económicos en un futuro próximo.

 
  
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  Richard Seeber (PPE-DE). (DE) Señor Presidente, señor Comisario, quisiera recordar, antes que nada, que sobre este tema ya se emitió un informe en mayo de 2005 por parte de la Comisión de Peticiones, en que se informaba de graves vulneraciones de los derechos humanos y de infracciones de la normativa comunitaria con referencia a casos reales.

En junio de este año, una delegación del Parlamento Europeo viajó al lugar para recoger información y habló con diferentes partes, particulares, residentes y representantes del Gobierno regional y del Tribunal Constitucional.

Hemos de tener presente que la actual ley del suelo en España concede a los propietarios el 90 % de los derechos de construcción y, debido al peculiar carácter de la ley en cuestión –la Ley de expropiación forzosa–, los propietarios están obligados a ceder sin compensación el 10 % de su terreno a cualquier corporación local que tenga un proyecto de urbanización del mismo. También hemos de tener en cuenta que muchos propietarios han sufrido una merma real de su patrimonio a causa de estos procesos de urbanización y que algunos proyectos urbanísticos han tenido efectos devastadores sobre el medio ambiente y el equilibrio ecológico de muchas zonas costeras, sobre todo en lo relativo a las futuras perspectivas de abastecimiento de agua, cuestión que es constituye aspecto que preocupa a la Unión Europea.

Por consiguiente, celebro que la Comunidad Valenciana haya reformado su legislación y ya haya aprobado una ley nueva en sustitución de la anterior. Tenemos que vigilar, sobre todo, que esta nueva norma incorpore una inequívoca definición del interés público para que no vuelva a suceder que en las expropiaciones prime el interés privado sobre el público.

También deben establecerse criterios vinculantes para el cálculo de las indemnizaciones por la expropiación de terrenos, criterios que deben sustentarse en los principios y pautas reconocidos en la jurisprudencia del TJCE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero también hemos de tener cuidado, en este caso particular, de no dar desde el Parlamento Europeo a los ciudadanos demasiadas esperanzas que después no puedan cumplirse.

 
  
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  José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, quisiera realizar dos puntualizaciones previas antes de entrar a fondo en el debate.

En primer lugar, las reclamaciones que estamos examinando aquí se dirigen contra una ley legítima, aprobada por un Parlamento regional en uso de sus competencias y no invalidada por el Tribunal Constitucional.

En segundo lugar, los juicios que aquí estamos emitiendo en ningún caso se refieren a actos ilícitos: España es un país garantista, con un sistema jurisdiccional abierto, que culmina, por cierto, en los tribunales europeos, y a ellos corresponde juzgar la ilicitud moral según el principio claro del Derecho penal nullum crimen nulla poena sine lege.

Entiendo las reflexiones que ha hecho el señor Guardans y no hubiese tolerado yo una invasión de competencias ni del Parlamento regional ni del Parlamento nacional ni de los tribunales españoles.

Sí corresponde a este Parlamento, y lo ha hecho con elegancia sin par la señora Fourtou, atender las peticiones de los ciudadanos y formular recomendaciones; recomendaciones, por cierto, que con enorme generosidad e inteligencia ha recogido el Gobierno actual de la Comunidad Valenciana.

Lo que no puede este Parlamento es intentar sustituir la planificación urbanística que corresponde a las autoridades regionales, que es lo que me ha parecido entender del discurso —creo que en inglés— de mi compatriota Joan i Marí.

En segundo lugar, tampoco puede establecer una moratoria, porque eso corresponde al Parlamento regional.

En tercer lugar, no puede este Parlamento establecer indemnizaciones: no puede una autoridad administrativa pagar indemnizaciones sin una sentencia judicial o una resolución administrativa sin incurrir en el delito de malversación de fondos.

Y, por último, no puede utilizarse, como bien ha dicho el señor Guardans, — y me dirijo al señor Calabuig— este Parlamento para un juicio político.

El señor Calabuig no ha dicho que la Ley que estamos discutiendo fue decidida por la mayoría socialista a la que él pertenece, no por la mayoría a la que yo pertenezco. No ha dicho, en segundo lugar, que él es autor de una enmienda que dice que las peticiones se concentran en los últimos tres años, período que corresponde al Gobierno del señor Camps; las peticiones son muy anteriores y él tiene la intención política de cargar ese tema sobre el Gobierno regional, porque es el Gobierno que —por cierto, por ahora con poco éxito y espero que durante mucho tiempo— pretende derribar.

En eso coincido con el señor Guardans: no es lícito, no es moralmente decente utilizar este Parlamento para ensuciar el nombre de una Comunidad, un Parlamento elegido legítimamente y un Gobierno respaldado por los ciudadanos.

 
  
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  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias a sus Señorías por sus comentarios. El gran número de personas que han apoyado las peticiones a que se refiere el informe de la señora Fourtou demuestra que la aplicación de la LRAU en Valencia está generando problemas.

Como he indicado al principio de este debate, muchos de los problemas planteados se sitúan fuera del ámbito del Derecho comunitario. Aunque la Comisión comprende las preocupaciones planteadas, no está en condiciones de dar una solución.

Siempre que se detecten incompatibilidades con el Derecho comunitario, la Comisión no dudará en actuar y hará lo necesario para corregir la situación. Tal es el caso de los aspectos de la LRAU relativos a la contratación pública. Ahí hemos detectado una serie de problemas y se han iniciado procedimientos de infracción contra España. Con ellos pretendemos asegurar una correcta aplicación de la normativa comunitaria en materia de contratación pública.

Colegas de distintos departamentos de la Comisión han estudiado el informe en relación con aspectos como la política ambiental, la justicia y los asuntos de interior, la defensa de los consumidores y la política regional. Sería un error despertar expectativas de que la aplicación del derecho comunitario en esos campos pueda aportar a los peticionarios una solución a sus problemas.

 
  
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  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento)

 
  
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  Jules Maaten (ALDE). (NL) Durante más de dos años, el Parlamento Europeo ha recibido decenas de miles de peticiones de ciudadanos europeos, incluidos muchos de los Países Bajos, sobre la aplicación abusiva de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) en la región de Valencia. Dicha ley faculta a los promotores a adueñarse ilegítimamente de terrenos pertenecientes a propietarios de viviendas, a los que, si se les indemniza, se hace de forma claramente insuficiente, y que además deberán volver a pagar por la construcción de carreteras, alcantarillado y alumbrado público.

Afortunadamente, el Parlamento ha afrontado este problema y mañana votará sobre el informe elaborado al respecto por la diputada liberal señora Fourtou. Con ello instaremos a la Comunidad Valenciana a que mejore la legislación –un proceso que comenzó ya tras la visita de la comisión de investigación parlamentaria– y a que establezca un procedimiento para evaluar la situación de los propietarios caso por caso, con medidas compensatorias.

En ocasiones anteriores he hablado con ciudadanos neerlandeses que habitan en la región y me complace saber que por fin se ha reconocido la urgencia del asunto. Celebro que Valencia, a petición de Europa, haya comenzado a revisar la ley, pero esas palabras ahora se tienen que traducir en hechos para evitar que otros propietarios vuelvan a ser tratados injustamente.

 
  
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  Neil Parish (PPE-DE). (EN) El derecho a la propiedad es un derecho fundamental. Los propietarios de inmuebles en Valencia han visto confiscados sus inmuebles y sus terrenos a escala masiva para construir encima por promotores inmobiliarios y autoridades locales en muchos casos carentes de escrúpulos, en connivencia con el Gobierno valenciano al amparo de la LRAU. Las peticiones al Parlamento Europeo y dos misiones de investigación son testimonio de este hecho.

Esto es inaceptable en una sociedad libre.

Debería haber una moratoria sobre todos los proyectos actuales y futuros de urbanización en la región hasta que sea aprobada por el Parlamento valenciano una ley totalmente respetuosa con los derechos de propiedad. Para los que han perdido sus inmuebles en aras al desarrollo urbanístico de las autoridades valencianas, una nueva ley debería establecer urgentemente una estructura administrativa con competencias para revisar los proyectos urbanísticos y evaluar la debida compensación a las víctimas.

Los propietarios que han salido perjudicados de la colusión entre los constructores y las autoridades locales en Valencia deben ser debidamente indemnizados.

Aunque celebro que las autoridades valencianas vayan a revisar su política de expropiación inmobiliaria, aún hay que hacer justicia a los ciudadanos que ya han perdido sus bienes.

 
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